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Etiqueta: Recursos energía y medio ambiente

Canarias, única región del mundo que dice “no” al petróleo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Canarias, y en menor medida España en su conjunto, constituye una excepción a nivel internacional, ya que, lejos de aprovechar todo su potencial petrolífero y gasístico, aun siendo éste escaso, opta por poner todo tipo de trabas y dificultades a su explotación.

De hecho, una parte de la población canaria, alentada desde el propio Gobierno de las Islas y plataformas ecologistas, rechaza frontalmente esta fuente de riqueza y empleo bajo el lema "petróleo NO, gracias". Y ello, a pesar de que esta comunidad autónoma es una de las más castigadas por la crisis económica. No en vano, su actual tasa de paro supera ampliamente el 30%.

Los detractores del oro negro arguyen, básicamente, que la prospección y explotación de crudo es una gran amenaza medioambiental, dando casi por hecho que el desarrollo de esta actividad acabará provocando un gran desastre ecológico, de una u otra forma, con el consiguiente impacto negativo sobre su principal actividad económica, el turismo. Sin embargo, este argumento no se sustenta sobre bases reales.

Tras un largo período de análisis, el Gobierno autorizó la semana pasada a Repsol la realización de prospecciones petrolíferas a unos 60 kilómetros de las costas canarias para evaluar la existencia y viabilidad de las reservas de crudo que, en teoría, alberga el subsuelo marino en esa zona. Se trata, por tanto, de un mero sondeo que, en ningún caso, implica luz verde para su posterior explotación. Lo único que se ha aprobado es la exploración del terreno tras el informe favorable de impacto ambiental otorgado por el Ejecutivo. Para poder extraer el crudo en una fase posterior, la petrolera necesitaría otra autorización expresa por parte del Ministerio de Industria.

La cuestión es que el riesgo que conlleva dichas prospecciones es, simplemente, despreciable, por no decir nulo, ya que la probabilidad de que suceda un incidente (que, además, no tiene por qué ser grave) es de tan sólo el 0,003% como máximo. El propio Ministerio de Medio Ambiente señala a este respecto que en España se han realizado más de 260 exploraciones similares hasta 2011 y no se ha producido ningún daño al entorno. Asimismo, el inversor y experto en el sector energético Daniel Lacalle indica que "en el mundo hay 650 plataformas perforando anualmente aguas de todo tipo y en tres años tan sólo ha habido dos incidentes", por lo que el riesgo real es irrisorio.


De hecho, España destaca por contar con un índice exploratorio muy bajo en comparación con otros países europeos. Los sondeos exploratorios, tanto en tierra como en mar, realizados en España en busca de petróleo y gas se han desplomado desde los años 80, tal y como muestra la siguiente gráfica, pero nunca han supuesto impactos dañinos relevantes sobre el medio ambiente.

El potencial petrolero de España

Con el tiempo, se ha ido instalando la idea de que España carece de capacidad alguna para producir hidrocarburos, pero lo cierto es que el desarrollo de técnicas de extracción alternativas, como el fracking, y el descubrimiento de nuevas bolsas en los últimos años, especialmente en Canarias, han abierto un nuevo escenario de posibilidades para la industria petrolífera y gasística a nivel nacional.

"España es un país poco explorado, pero con gran potencial para generar recursos energéticos propios, tanto en el terreno del gas convencional y no convencional, como en el del petróleo", según un informe elaborado por la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP) en colaboración con GESSAL, compañía española de referencia internacional en la exploración del subsuelo.

En concreto, según el sector, España contaría con un potencial de gas (convencional y no convencional) de 2.500 bcm (miles de millones de metros cúbicos de gas), una cifra equivalente a 70 años de consumo en España y un valor de mercado próximo a 700.000 millones de euros, tomando como base los estándares de hoy en día.

Mientras, la estimación para el petróleo asciende a unos 2.000 millones de barriles de crudo, el 20% de consumo español durante 20 años, cuyo precio de mercado superaría hoy los 200.000 millones de euros. En total, España contaría con unos recursos medios por valor de casi 1 billón de euros, equivalente a la producción total del país en un año (PIB).


Y Canarias sería, precisamente, la gran beneficiada, ya que su potencial de producción de crudo alcanzaría los 1.200 millones de barriles (60% del total) y otros 226 bcm en gas (50%). Sólo en petróleo, Canarias albergaría más de 120.000 millones de euros al precio de mercado actual, el equivalente a tres veces su PIB regional, según la estimación base que maneja la industria.

Según un reciente informe elaborado por ACIEP y la consultora Deloitte, el desarrollo de la actividad de exploración y producción de hidrocarburos en España tendría un impacto positivo y a largo plazo sobre el crecimiento del PIB y el empleo.

Así, en ausencia de impedimentos administrativos y regulatorios, este sector supondría una "aportación al PIB superior al 1% del nivel actual durante un periodo superior a 30 años" en el escenario base. Entre 2014 y 2065, el valor añadido bruto que acumularía dicha actividad superaría el billón de euros. Y, en concreto, generaría más de 40.000 millones al año entre 2036 y 2044, el período de máximo impacto, equivalente a más del 4% del PIB actual, superando en importancia a otras actividades como el transporte o el sector primario.

Asimismo, en términos de empleo, supondría generar más de 260.000 puestos de trabajo a tiempo completo el año de mayor impacto, 2033. Y a todo ello, se sumaría el impacto positivo sobre la balanza comercial, ya que España reduciría su elevada dependencia energética, sobre todo en materia de gas.

Estas estimaciones corresponden a España en su conjunto, pero teniendo en cuenta el alto potencial de crudo y gas que posee Canarias ésta sería, sin duda, la región más beneficiada en caso de aprovechar todo su potencial en este ámbito, tanto en términos de PIB como de empleo. Sin embargo, las Administraciones Públicas, tanto a nivel nacional como autonómico, han mostrado una gran reticencia a desarrollar esta actividad.

No en vano, el tema de las prospecciones canarias colea desde el año 2000, y ha sido ahora cuando, finalmente, se ha autorizado. Asimismo, cabe recordar el rechazo frontal por parte de algunas CCAA y los partidos de la oposición al fracking, pese a las ventajas energéticas que supondría para España su explotación.

En este sentido, la ACIEP se queja de que, "a pesar del cumplimiento de las compañías del sector con los protocolos estipulados por los organismos nacionales sobre la protección del medioambiente", se encuentran con "grandes dificultades" para obtener los obligatorios permisos de exploración.

"Son requeridos dilatados trámites para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, así como las dificultades que las compañías operadoras encuentran con las distintas administraciones que gestionan la tramitación de los permisos de investigación, dada la diversidad de actuación, solapes de funciones entre administraciones e interpretación del reglamento actual", añaden. Es decir, las facilidades y la imprescindible seguridad jurídica brillan por su ausencia en este campo.

Riesgo mínimo y reversible

El argumento que suelen emplear los políticos es el del elevado riesgo medioambiental asociado a la extracción de crudo. Pero, una vez más, los datos invalidan dicho argumento. En el caso de Canarias, si se encontrase crudo y el Gobierno autorizara su extracción, Repsol podría invertir más de 9.000 millones de euros en esta operación. Se estima que desde 1950 se han perforado más de 16.000 pozos petrolíferos en el mar y, sin embargo, los incidentes graves han sido escasos y, en todo caso, reversibles.

En cuanto a plataformas petrolíferas destacan, sobre todo, dos casos: el acaecido en el Mar de Timor en 2009, causada por un derrame de gas y petróleo en dos plataformas petroleras de la compañía PTTEP Australasia, y el del Golfo de México en 2010, considerado hasta la fecha como el mayor desastre medioambiental de EEUU.

Lo que se conoce menos, sin embargo, es que la petrolera BP concluyó las tareas de limpieza del vertido el pasado abril, cuyo derrame afectó a la costa este estadounidense, tras invertir más de 14.000 millones de dólares y 70 millones de horas de personal. Dicho de otro modo, la mayor catástrofe ecológica de EEUU se saldó por completo en el plazo de cuatro años.

Además, la mayoría de incidentes relacionados con el petróleo son por el choque o hundimiento de buques de transporte, no por las plataformas. El caso del Prestige, que sacudió la costa gallega en 2002, es la referencia más importante a nivel nacional, y aún así su impacto sobre la pesca y el turismo fue mínimo, tal y como se ha encargado de demostrar el paso del tiempo.

El ejemplo de otros países

La industria insiste en que la exploración y producción de hidrocarburos en España debe ser visto como una "oportunidad" de riqueza y empleo y no como una amenaza. Un número cada vez mayor de empresas, nacionales y extranjeras, están mostrando un creciente interés por invertir en España en busca de hidrocarburos, convencionales y no convencionales.

Por el momento, ya existen unos 70 permisos de exploración otorgados por las Administraciones, pero otros tantos aún están pendientes de autorización, lo que supone un incremento del 80% en los últimos cinco años, lo cual carece de precedentes.

Sin embargo, las reticencias que ofrece el propio Gobierno, junto al rechazo expreso de algunas CCAA, especialmente Canarias, arroja muchas dudas sobre su potencial desarrollo. Este tipo de trabas son algo excepcional a nivel internacional. Todos los países han apostado por explotar al máximo sus yacimientos de hidrocarburos. El siguiente mapa refleja la producción mundial de crudo en función del número de barriles diarios en los distintos países, según CIA World Factbook.

Valga como ejemplo dos casos relevantes. Por un lado, EEUU y su actual revolución energética gracias al fracking. La primera potencia mundial está transitando desde la importación de gas al autoabastecimiento e incluso la exportación gracias a las nuevas técnicas de extracción, mientras que su precio se ha reducido a la mitad en los últimos años. Además, se perfila como el mayor productor de petróleo del mundo a corto plazo, por delante de Arabia Saudí y Rusia.

Por otro, destaca Noruega, un país conocido por su naturaleza y que, sin embargo, no ha renunciado a explotar su riqueza petrolífera, sino todo lo contrario. Gracias a campos offshore (plataformas en el mar), Noruega se ha convertido en el mayor proveedor de petróleo y gas de Europa y el segundo exportador mundial de gas tras Rusia. Este sector supone cerca del 21% de su PIB y el 26% de sus ingresos fiscales, sin que ello haya perjudicado a la pesca ni al medio ambiente.

Hambre y empresas

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

La gran repercusión que han otorgado los círculos económicos progresistas a los estudios de Thomas Piketty ha puesto la"desigualdad de ingresos" en el centro del debate público estadounidense.

Sin embargo, muchas reflexiones del profesor galo y sus seguidores tienden a ignorar un factor esencial para explicar el dinamismo que caracteriza al mercado. Hablamos de la movilidad social, es decir, de los procesos dinámicos que cambian de forma continua la composición de la riqueza nacional.

¿A qué conclusiones llegamos cuando consideramos estos aspectos? Por ejemplo, consultando los estudios de Mark Rank y Thomas Hirschl, vemos que el 73% de los estadounidenses han estado entre el 20% más rico del país durante al menos un año de sus vidas. Un 56% ha llegado a figurar entre el 10% más acaudalado, mientras que el 39% ha llegado a ocupar un puesto entre el 5% más afortunado.

Llegar al 1% más rico tampoco resulta del todo inaccesible, ya que el 12% de los estadounidenses han entrado en este nivel de ingresos durante al menos un año de sus vidas. El reto, claro está, radica en permanecer en este segmento de ingresos: la movilidad social es tan alta que solamente el 0,6% de los estadounidenses acumula una década entre el 1% más rico.

Como ha explicado Mark Rank en las páginas del New York Times, "la evidencia empírica muestra que los estadounidenses se mueven hacia arriba y hacia abajo en la escalera de ingresos. Estos datos ponen claramente en duda la noción según la cual Estados Unidos presenta una estructura de ingresos rígida e inmutable".

El estudio antes mencionado, elaborado por el propio Rank y por Thomas Hirschl, siguió a estadounidenses de entre 25 y 60 años durante un periodo de casi medio siglo. A través de 44 años de datos, ambos profesores comprobaron que las tesis de economistas como Piketty subestiman el gran dinamismo de la economía de mercado.

En este sentido, ambos profesores subrayan que "la imagen de un 1% rico que permanece de forma estática en una posición privilegiada es claramente incorrecta. En vez de hablar del 1% y del 99% como si se tratase de realidades fijas, tiene más sentido explicar este tipo de datos".

El prestigioso economista Thomas Sowell ya trató esta cuestión hace años explicando que "los alarmistas de la desigualdad no hablan de gente de carne y hueso, sino de categorías abstractas como el 10% más rico o el 10% más pobre. Siempre habrá estas diferencias, salvo que todas las personas tuviesen el mismo nivel de ingresos. No obstante, estos grupos no contienen a la misma gente durante el paso del tiempo: detrás de las estadísticas sobre desigualdad están las realidades de personas que se enriquecen o se empobrecen, en un marco de continuos cambios y evoluciones".

Los datos de Mark Rank y Thomas Hirschl confirman la tesis de Sowell, pero no estamos ante un estudio aislado. Por ejemplo, acaba de publicarse otro interesante informe centrado en analizar la "movilidad social" en Estados Unidos. Lo firma el equipo del prestigioso economista de Harvard Raj Chetty las conclusiones son significativas.

De acuerdo con el documento, "hoy existen las mismas posibilidades de movilidad social que en los años 70. No es cierto que un joven que llega ahora al mercado de trabajo lo tenga más difícil para llegar a disfrutar de un nivel de ingresos superior al de su familia".

Según los autores del informe, la ratio de "movilidad social" se ha mantenido "extremadamente estable. La probabilidad de que un niño nacido en el último quintil de ingresos llegue a formar parte del 20% más rico del país es del 9% para los nacidos en 1986 frente al 8,4% que registraban quienes llegaron al mundo en 1971. De hecho, si algo ocurre es una ligera mejora de la "movilidad social en EEUU".

Pero hay más. Informes del Massachusetts Institute of Technology explicaron en 2009 que, de hecho, las tasas de movilidad registradas en los años 70 eran muy similares a las de las décadas de 1950 y 1960. Estos hallazgos fueron confirmados a finales de 2013 por los trabajos de Markus Jäntti y Stephen P. Jenkin. Por tanto, la tendencia a largo plazo que sugieren estos estudios es que apenas se han dado cambios entre 1950 y la actualidad, por lo que la movilidad social sigue siendo elevada y significativa, refutando a diario las tesis de economistas como Thomas Piketty.

Las oscuras reconversiones

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

No puedo sino dar la razón al que, airado, asegura que España es un país de chorizos. Y no me refiero al rico manjar que nos proporciona nuestra maravillosa cabaña porcina. Hemos llegado a un punto en que cuando aparece un nuevo (o viejo, pero olvidado) caso de corrupción, no es que no nos sorprendamos, es que o no nos damos por aludidos o, en el mejor de los casos, lo comparamos con el que tenemos en mente para saber si merece nuestra atención. Si cojeamos de alguna simpatía ideológica o política es bastante probable que busquemos la fuente de la información o la militancia política del presunto para luego cargar tintas contra él, ella o ello, buscar indulgencia o incluso, en el caso más extremo, justificaciones.

Uno de esos casos que no ha trascendido demasiado a los medios nacionales, quizá más preocupados en la caza mayor de los Gürtel o los ERE andaluces, es el fraude en las subvenciones a la minería. No es que estemos hablando de caza menor, ya que de momento ronda la bonita cifra de 600 millones de euros, pero es que algunos sectores gozan de simpatías sociales y de las de ciertos medios que suelen ser más indulgentes con los implicados en estos delitos: los mineros y las compañías mineras, quizá, sólo quizá, por lo duro y poco saludable que es el trabajo y porque tradicionalmente tienen mucho peso político en las cada vez menos abundantes regiones mineras.

El juez Ignacio Candal, que es titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada (León) ha imputado a doce empresarios de siete compañías mineras como presuntos autores de un fraude cuyo montante podría seguir aumentando. Para que nos hagamos una idea, sólo en 2011, una de esas empresas, la Unión Minera del Norte S. A. (Uminsa), habría recibido 53 millones de más en modo de subvenciones. La empresa habría extraído 800.000 toneladas de carbón, pero habría recibido fondos públicos por 1,2 millones de toneladas. El periodo que se investiga parte desde 2007 y llega hasta 2012 y como ya he comentado, son siete las compañías investigadas. La cifra final podría superar los 1.000 millones de euros.

Y este no es ni mucho menos un caso aislado, ha llamado también la atención el caso del carbón volatilizado, más de medio millón de toneladas que la Sepi exige al empresario Victorino Alonso y que han desaparecido del emplazamiento declarado por éste. El empresario niega haberlo vendido dos veces y se explica diciendo que se ha “volatilizado” por la lluvia. Hunosa ha litigado en la vía penal y civil, pero de momento los tribunales no terminan de aclarar el caso.

El sistema de subvenciones es una política pública que tiende a enquistar problemas que el libre mercado resolvería en un periodo relativamente corto con la menor repercusión posible, aportando soluciones o al menos vías de acción para todos los implicados. Amparándose en el argumento moral de que hay que proteger al desamparado, al sufriente o al descamisado, el Estado capta fondos de los sectores productivos, de los ciudadanos y mantiene en estado comatoso economías, sectores, empresas y trabajadores que podrían y deberían haberse adaptado a las nuevas necesidades y prioridades de la gente, pero que se empeñan en conservar un particular y costosísimo estatus fantasma.

El sector de la minería, donde la carbonífera tiene tradicionalmente un gran peso, es uno de los más subvencionados de la incierta economía española. Desde 1990 y hasta 2012 ha recibido 23.676 millones en ayudas públicas repartidas entre cuatro planes estatales, que no parecen haber sido bastantes porque sigue lleno de problemas que la voluntad política no resuelve, porque ni puede ni quiere.

La calidad del carbón no es la más adecuada para las necesidades energéticas y técnicas de nuestras centrales (tal es el caso de la térmica turolense de Andorra, de Endesa, que se ha negado a quemar el carbón de Mequinenza al demostrar que dañaría sus calderas), pese a ello, las eléctricas españolas están obligadas a quemar una cuota de este material reduciendo de esta manera la eficiencia de los procesos y haciendo más cara la energía. Regularmente, las cuencas mineras presentan conflictos laborales con violentas manifestaciones apoyadas por sindicatos que más que defender a sus afiliados, luchan por su propia supervivencia cueste lo que cueste y afecte a quien afecte. Y como se ha visto, las empresas que nacen y se hacen en torno a este despilfarro acumulan unos niveles de fraude de los más altos de España, que ya de por sí son bastante altos.

¿Dónde está la labor de vigilancia de las propias administraciones sobre sus propias políticas? ¿No se supone que el Estado es el garante de que los “derechos” de los ciudadanos se van a respetar, que su dinero se va a invertir en cosas que ellos no son capaces de “ver”, pero que unos políticos elegidos o puestos a dedo sí lo son?¿No se supone que las instituciones públicas son las que van a corregir los “errores del mercado”? Además de luchar por su propia supervivencia y crecimiento, ¿puede el Estado hacer algo de lo que dice que hace? Un ejemplo entre muchos, la reconversión en Andorra, Teruel, lejos de suponer un sustituto al carbón y una reactivación de la región sólo ha supuesto un pozo sin fondo de recursos que, recordemos, se han detraído de la riqueza de los ciudadanos para beneficiar a unos pocos y despilfarrar el resto.

La reconversión del sector minero, como otras reconversiones de sectores tradicionalmente “estratégicos” en la economía española, son una especie de dejà vu que demuestran que las planificaciones económicas no conducen a nada bueno, que terminan saliendo muy caras, no solucionan los problemas en su base, potencian el rol de víctima de algunos colectivos, derivando todo ello en un mayor estado clientelar, una política económica y social cada vez más populista y demagógica, atrayendo a personas con pocos escrúpulos que buscan su particular lucro, pero a costa de los demás, no de su esfuerzo y su trabajo. En definitiva, no permiten que la gente involucrada tenga la opción de buscar otras maneras de seguir viviendo.

¿Hay que ponerle puertas al campo?

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

"El ocaso del campo bravo". Con este significativo título, Vicente Zabala de la Serna publicaba hace unos días en El Mundo un desolador artículo sobre las dificultades que las ganaderías de toros para lidia sufren desde que comenzó la crisis. Los años de la burbuja también llegaron a la Fiesta Nacional, con ayuntamientos y promotores peleándose por llevar a las figuras a cualquier pueblo perdido y cientos de festejos que sólo se justificaban gracias a la subvención pública. Ahora, llega el momento de apretarse el cinturón y se cuentan por decenas los hierros históricos que han cerrado o sufren cada mes por mantenerse en pie.

A corto plazo, es evidente que el panorama para los ganaderos de bravo no es nada halagüeño. Pero para cualquier economista, si toma una perspectiva temporal algo más amplia, la historia del toro de lidia es un relato de éxito. Probablemente no hay en toda Europa ningún otro gran mamífero no domesticado que disfrute de la situación de las reses españolas: ningún riesgo de extinción de la raza, siguen viviendo en su hábitat natural, no son necesarias excepcionales medidas de protección para evitar su caza, ni se han tenido que crear reservas para protegerle durante su proceso de reproducción. Más allá de lo que cada uno opine sobre el espectáculo en sí, en términos de sostenibilidad (esa palabreja tan de moda), hay pocos ejemplos mejores en el Viejo Continente.

El pasado sábado, nuestra compañera Miriam Muro publicaba un cuidado reportaje sobre Pedro Medrano y la Asociación Forestal de Soria, una iniciativa pionera en el campo español dirigida a recuperar los terrenos comunales para sus antiguos dueños. La idea es tan simple como revolucionaria: privatizar el monte (a través de la propiedad colectiva) y sacarle rendimiento económico, con el objetivo de proteger ese entorno y dinamizar un medio rural que muere un poquito cada día víctima de la despoblación y la falta de oportunidades. Y para los escépticos, un apunte: está funcionando. 

Un día antes de que saliera a la luz el artículo de Zabala, era The Economist el que publicaba un interesante reportaje sobre la situación de los océanos: "La tragedia del mar" (con versión ampliada, de tres páginas, en la edición impresa). El semanario británico se preguntaba qué puede hacerse para evitar la progresiva degradación del medio marítimo, especialmente en lo que hace referencia al mantenimiento de determinadas especies. Por poner sólo un ejemplo, los autores apuntan a que los estudios independientes calculan que "desde 1950, el número de ejemplares de algunas de las grandes especies (como atún, pez espada o aguja) ha caído alrededor del 90%".

Los anteriores ejemplos son tres aproximaciones muy diferentes a un mismo problema (la gestión de los recursos naturales), pero al mismo tiempo todos apuntan en la misma dirección: para que alguien se preocupe de algo, lo mejor es que ese algo sea de ese alguien. Eso sí, en este tema es más fácil ver el problema que acertar con la solución.

En lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra y el aprovechamiento de la naturaleza, los defensores del libre mercado han incurrido históricamente en dos grandes errores. El primero ha sido la asociación de propiedad privada y propiedad individual. En esto ha tenido mucho que ver la conocida como tragedia de los comunes. La gestión de los bienes comunales no es sencilla, por no hablar de los bienes públicos, esos que se supone que son de todos y que, por no ser de nadie, acaban siendo sobreexplotados (como el mar), arrasados (como algunas especies supuestamente protegidas) o descuidados. De hecho, los países comunistas han sido precisamente los más devastadores para su propio entorno, precisamente por la falta de derechos de propiedad. En este sentido, es curioso que en la sociedad se haya instalado la idea de un capitalismo depredador de recursos naturales, cuando han sido los países más intervencionistas, de la URSS a Corea del Norte, los que con más denuedo han dañado el medio ambiente.

Pero que la gestión de la propiedad comunal sea diferente no implica que no sea perfectamente eficiente en determinados casos, como prueba el experimento de Medrano en Soria. Elinor Ostrom, la premio Nobel de 2009 conocida especialmente por sus estudios sobre el tema, estableció varias normas para lograr el éxito en la tarea: límites definidos, acuerdos colectivos, control efectivo, sanciones rápidas para los incumplidores, mecanismos sencillos de resolución de conflictos,… No es fácil, pero sí posible y, en muchas ocasiones, mucho más eficiente que cualquier otra alternativa.

El segundo equívoco reside en asociar propiedad privada y aprovechamiento inmediato de los recursos o empresarialidad. De nuevo, aunque probablemente sería la opción mayoritaria, no tiene por qué ser exclusiva. Así, cuando se habla de privatizar un bosque, la imagen que llega rápidamente a la cabeza es la de una gran maderera que se pondrá a talar todo lo que haya a su alcance. Es un doble error: primero, porque precisamente esta empresa será la más interesada en que su bosque sea sostenible. No es casual que la superficie boscosa en Europa haya crecido en las últimas décadas: sólo entre 1990 y 2005 pasó de 180,3 a 192,6 millones de hectáreas.

Pero, además, es que nadie obliga a que el propietario tenga un interés económico directo. En EEUU, algunas de sus organizaciones de conservación del medio ambiente ya lo están aprendiendo. Por eso, poco a poco, algunos ambientalistas han llegado a la conclusión de que si quieren proteger los terrenos de cría de una especie de aves o el hábitat de un insecto o simplemente un paisaje autóctono lo mejor, es simplemente, comprarlo. Y es una opción tan legítima y en cierto sentido eficiente como la de la maderera. Si un grupo valora (sea con el criterio que sea) un entorno, quiere mantenerlo intacto y paga por ello, no hay nada que la economía tenga que decir a eso.

Nada de esto es sencillo. Incluso, puede que el ser humano no haya creado todavía la tecnología que permita privatizar un pedazo de océano o un ejemplar de ballena. Pero sin duda, tener la posibilidad de aprovecharse de ello sería un enorme incentivo para los posiblesinventores.

También hay que asumir que, en determinados casos, la privatización directa y completa podría ser políticamente imposible, por muchas circunstancias (por ejemplo, seguramente, la mayoría de la población no querría que el Estado dejase de ser el propietario de sus parques naturales). Por eso, lo que se necesitan son soluciones imaginativas. Para terrenos especialmente valiosos que la sociedad quiera mantener en unas determinadas condiciones, se podría optar por concesiones a largo plazo asociadas a determinadas obligaciones. Ya existen algunos ejemplos. Imaginemos un parque natural que se le entrega a una empresa o una ONG durante medio siglo con una serie de requisitos: a cambio de mantener la flora y fauna y hacer estudios ambientales, podría organizar excursiones turísticas con un límite de visitantes al año.

No hay que olvidar que la población rural en España pasó de representar de casi el 21% del total en 1990 a menos del 18% en 2008. Y en los pueblos, el porcentaje de los mayores de 65 años supera el 22%, mientras que en las ciudades está alrededor del 15%. Es decir, que el medio rural pierde habitantes y los que quedan son más viejos. Es el eterno problema de la despoblación. Quizás, para evitarlo, una de las soluciones sea retar al dicho y ponerle, de una vez, puertas y vallas y cercas al campo.

El daño medular de nuestras instituciones de justicia

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Se estima que, cada año, entre uno y dos millones de niños en los países pobres mueren por falta de vitamina A. Muchos otros se quedan ciegos. Y es que, aunque el hambre en el mundo ha ido reduciéndose poco a poco, es aún más difícil que todos puedan acceder a una alimentación variada que incluya todos los micronutrientes esenciales para sobrevivir y no padecer ciertas enfermedades.

A finales de los años 90, dos científicos europeos, Ingo Potrykus y Peter Beyer, desarrollaron una variedad de arroz –un alimento en el que se basa la dieta en muchos países pobres– que incluía entre sus nutrientes la provitamina A o betacaroteno, un compuesto químico que nuestro cuerpo transforma en vitamina A, gracias al uso de genes provenientes de bacterias y otras plantas, como el maíz o los narcisos. Lo llamaron arroz dorado por su color, por otra parte muy apropiado para hacer una paella. Aunque originalmente su creación contenía un porcentaje demasiado pequeño de provitamina, con el paso de los años se ha mejorado hasta conseguir que 144 gramos de este arroz basten para ingerir la dosis diaria necesaria en una dieta sana.

Desde el primer momento, los grupos ecologistas se han opuesto a él, pese a los millones de vidas que podría salvar. El 8 de agosto de este año, un grupo de unos 50 activistas –inicialmente publicitados como "400 granjeros" para darle legitimidad a la acción– asaltaron una plantación experimental de arroz dorado en Filipinas y destruyeron los cultivos. La violencia contra los cultivos experimentales es una vieja costumbre ecologista que no es exclusiva del arroz dorado, que también han destruido, por ejemplo, pruebas de unas uvas resistentes a un virus que puede arrasar viñedos enteros en un par de años o un trigo con menor índice glucémico y más fibra para mejorar la salud de los consumidores de pan. Eso sí, luego una de las críticas más frecuentes que realizan contra los transgénicos es que no han sido suficientemente probados.

Las multinacionales son malas

Aunque la ciencia ha dado cumplida respuesta a las objeciones de apariencia científica de los ecologistas a los organismos genéticamente modificados (OGM), también conocidos como transgénicos, desde Greenpeace y otras asociaciones también advierten de otros problemas de raíz más económica. Según ellos, su comercialización dejaría la agricultura en manos de multinacionales como Monsanto y dejaría a los granjeros a sus expensas, arruinándoles a base de obligarles a comprar sus productos.

Al margen de la extrema debilidad de estos argumentos en general, en este caso ni siquiera son planteables. Porque el arroz dorado no pertenece a ninguna empresa sino al Instituto Internacional de Investigación del Arroz, una organización sin ánimo de lucro. De modo que el argumento se transmuta. Vandana Shiva, una ecologista india receptora de numerosos premios por todo el mundo, ha asegurado que el arroz dorado es un "caballo de Troya" diseñado para mejorar la imagen de los cultivos transgénicos y facilitar así que las multinacionales "se hagan con la producción de arroz".

En definitiva, el problema de los ecologistas con el arroz dorado es propagandístico. Tendrían mucho más difícil la condena universal a los transgénicos si se llegase a un cierto consenso de que un cultivo concreto es bueno y salva vidas. En tal caso, la discusión pasaría de desarrollarse en el campo del miedo al transgénico en general por serlo a un debate más razonado sobre las ventajas e inconvenientes de cada transgénico en particular. Un debate científico en el que el ecologismo tendría todas las de perder.

Reacción anti-ecologista

Por una vez el vandalismo ecologista podría haber resultado contraproducente, ya que ha provocado numerosas reacciones en contra de la obsesión por acabar con este cultivo transgénico. El secretario de Estado de Agricultura y Medio Ambiente del Reino Unido, Owen Paterson, ha calificado de "cruel" la oposición al arroz dorado y ha criticado que "se permita niños pequeños se vuelvan ciegos o mueran por los problemas que un pequeño grupo de gente pueda tener con esta tecnología".

Patrick Moore, cofundador de Greenpeace y en la actualidad uno de sus críticos más feroces, ha denunciado que la resistencia al arroz dorado ha podido causar unos 8 millones de muertes desde que apareció esta solución. Muertes evitables. Pese a que los ecologistas propugnan "verdaderas soluciones" como "promover la creación de huertos familiares y el desarrollo de una agricultura sostenible que garantice la seguridad y diversidad alimentaria", Moore les acusa de desoír a los "científicos y humanitarios que trabajan en el campo de las deficiencias nutricionales" y que están a favor del arroz dorado.

Muchos de ellos han decidido que ya es suficiente y han dado un paso adelante firmando un manifiesto de condena a la destrucción de los cultivos experimentales. "Es hora de que los científicos nos levantemos y gritemos: ‘No más mentiras. No más propaganda del miedo’. Estamos hablando de salvar millones de vidas", afirma una de sus promotoras, la profesora Nina V. Fedoroff.

Además, los cultivos modificados con fines humanitarios, incluyendo el arroz dorado, tienen ahora el respaldo de la Fundación Bill y Melinda Gates, que está promoviendo nuevos experimentos y luchando para que los gobiernos permitan su uso en los países pobres, especialmente en África.

Una revisión de 1.700 estudios científicos avala la seguridad de los transgénicos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Un equipo de científicos italianos ha publicado en Critical Review of Biotechnology un metaanálisis de 1.783 estudios científicos sobre organismos genéticamente modificados (OGM), publicados entre 2002 y 2012, y ha concluido que "hasta el momento no se ha detectado ningún riesgo significativo relacionado con el uso de los cultivos transgénicos".

El trabajo, dirigido por el biólogo de la Universidad de Perugia Alessandro Nicolia, ha evaluado desde la interacción de las cosechas transgénicas con el medio ambiente hasta las consecuencias de su consumo en animales y seres humanos, sin detectar riesgos relacionados con el uso de cultivos transgénicos. Los autores del estudio afirman que una mejor comunicación sobre las plantas genéticamente modificadas podría tener un impacto significativo en el futuro de este tipo de organismos en la agricultura.

"Hemos intentando ofrecer una visión equilibrada sobre aquellos aspectos que han sido debatidos, las conclusiones que se han encontrado y las novedades en el debate", afirma Nicolia. Por ejemplo, frente a las protestas ecologistas de que estos cultivos reducen la biodiversidad, este metaanálisis no ha encontrado pruebas en ese sentido; es más, los estudios indican que los cultivos tradicionales tienen peores efectos que los modificados.

En cuanto a la seguridad alimentaria, los organismos genéticamente modificados deben pasar una prueba antes de comercializarse llamada "equivalencia sustancial" que muestre que son comparables a las variantes de llas que provienen. Entre otras cosas, se comprueba que tienen aproximadamente la misma cantidad de nutrientes y que no hay moléculas potencialmente tóxicas. Tampoco el ADN en sí mismo presenta peligro, ya que no puede integrarse en las células del consumidor simplemente por ingerirlo. Las investigaciones tampoco han encontrado pruebas de que las proteínas generadas por los genes insertados en estos cultivos sean tóxicas o produzcan alergias.

Sólo una de las afirmaciones habituales de los ecologistas encuentra respaldo en la literatura científica, y es que los genes incorporados en los cultivos se extiendan a plantas salvajes, otros cultivos o incluso microorganismos. Pero aunque el análisis confirma que "la formación de híbridos entre cultivos genéticamente modificados y variantes salvajes es posible y está documentada", esto también sucede con los cultivos normales constantemente y no es necesariamente dañino.

Pese a ello, organizaciones como Greenpeace hacen una constante campaña contra los organismos genéticamente modificados y los Gobiernos, especialmente los europeos, siguen impidiendo el uso de variadades que han pasado por todas las pruebas necesarias, pruebas mucho más exigentes que las sufridas por los cultivos normales. Hace más de quince años que los seres humanos empezaron a consumir productos transgénicos, sin que hasta la fecha se haya producido ningún problema de salud por ello.

Ladrillos de verano

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Cada verano en la Liga española de fútbol se produce un culebrón en torno al fichaje de alguna estrella del balompié. Este año lo tenemos con Gareth Bale, jugador del Tottenham, deseado por el Real Madrid de Florentino Pérez y de cuyo inminente fichaje nos llevan informando varias semanas. Forma ya parte del estío, por mucho hastío que nos causen a algunos estos ejercicios de marketing y publicidad. Pero el del fútbol no es el único ladrillo que nos encontramos en los calurosos veranos españoles. Los ladrillos de Greenpeace también son interesantes.

Al igual que en Navidad, cuando los ecologistas nos recuerdan lo malos que somos por consumir camarones salvajes, salvajemente explotados por personas sin piedad y con ánimo de lucro, en verano nuestros alegres y verdes activistas de Greenpeace nos fastidian las vacaciones con sus informes sobre el lamentable estado de las costas españolas. El de 2013, recién salido del horno, nos pone los pelos de punta y el cuerpo de perfil. Por lo visto y medido:

“Entre los años 1987 y 2005 se destruyeron 2 hectáreas al día sólo en los primeros 500 metros de costa”.

¡Alucinante! Quién se iba a imaginar, en un país que vive del turismo de playa básicamente, que la costa iba a estar tan trabajada por inmobiliarias y constructoras.Y cómo no, la burbuja inmobiliaria, la culpable de todo:

En este periodo de burbuja inmobiliaria, se construyó en nuestra costa una cuarta parte de todo lo construido hasta ahora. Algunos municipios han vendido gran parte de su patrimonio natural para dar paso a una imagen de destrucción y urbanización.

Obsérvese la “sutil” identificación que se hace al final del párrafo entre destrucción y urbanización, hasta tal punto que suenan a sinónimos. Hay que reconocerles cierta habilidad en la manipulación de conceptos, habilidad que suele ser extensible a toda la izquierda.

Pero ironías aparte, en una cosa estoy de acuerdo con Greenpeace: la costa española tiene un problema, pero no es su sobreexplotación, ni su aspecto lamentable, sino el excesivo peso de las Administraciones Públicas sobre los usos (y abusos) del suelo. Ése ha sido, es y posiblemente será el problema denuestras costas.

Greenpeace propone seis medidas para regenerar la costa española:rehacer la nueva Ley de Costas; limitar o impedir las construcciones en los primeros 500 metros de terreno costero; gestionar los espacios naturales protegidos del Estado con planes de ordenación y de uso que impidan más suelo urbano; participación pública en el control y seguimiento de los planes urbanísticos, evitando así, siempre según ellos, la corrupción; ayudar a los municipios que hayan decidido conservar sus costas con compensaciones económicas, como los pagos por servicios ambientales, y la creación de una “ecotasa” turística en los municipios más degradados, que fuera finalistay que serviría para revertir el modelo de turismo masivo de sol y playa; y por último, explicar los peligros a los que se enfrentan los propietarios de las construcciones en zonas de riesgo como los lechos fluviales, torrenteras, desembocaduras, etc., siendo el Estado el responsable de los futuros riesgos y costes.

Es evidente que estas medidas, aunque se llevaran a cabo, no iban a solucionar nada. Yes que lo que Greenpeace propone se puede resumir en dos líneas de acción: más intervención y más fiscalidad. En resumen, más de lo mismo de lo que nos ha traído a la actual situación.

Limitar el uso del suelo, o cambiar el que se hace de él de manera arbitraria o según intereses particulares de lobbies o de políticos, es lo que ha permitido a los municipios y otras entidades locales y regionales financiarse durante la burbuja, extendiendo sus atribucionescon promesas a corto plazo e inviables a largo, endeudándose y llevando unos años después en muchos casos a la entidad pública a la ruina. Cambiar unos intereses por otros no tiene por qué solucionar nada.

Durante todo ese tiempo y ese proceso, los ciudadanos no han dicho nada o casi nada ante los excesos. Es más, en algunos casos han animado a las Administraciones a establecer estas políticas económicas suicidas. ¿Qué hace pensar a Greenpeace que los ciudadanos van a retomar una obligación como la eterna vigilancia, que diría el clásico? En todo este tiempo se ha enseñado al ciudadano que para vigilar ya estaba el Estado. Pero el Estado no sabe ni quiere vigilar al Estado y creo que la gran mayoría de los ciudadanos se ha “vuelto” un poco vaga.

Guste o no, muchos de estos municipios viven del turismo y de los impuestos que recaudan de dicha actividad, incluso de los que se originan en estos supuestos o reales desatinos urbanísticos. Limitar la actividad económica, según una idealización, o simplemente prohibirla para cambiar a un “modelo económico más sostenible” no sólo no solucionaría nada, sino que puede dar al traste con la economía local, reduciendo el valor de los inmuebles y de las tierras, afectando de golpe a los negocios que surgieron, reduciendo lógicamente la recaudación fiscal, lo que a la larga impediría que las entidades públicas,y qué decir de los ciudadanos empobrecidos, cuiden de su entorno, de su medio ambiente.

Durante los últimos años, el gobierno central, los autonómicos y los locales han ido incrementando los impuestos para mantener un Estado cada vez mayor. Crear ecotasas es echar más leña al fuego. Greenpeace identifica la prosperidad económica con la destrucción del medio ambiente y, lógicamente, su respuesta es simplemente limitar la creación de riqueza, en este caso a través de más cargas fiscales que no sólo no tendrían necesariamente que incrementar la recaudación, puede que incluso todo lo contrario, yademás podrían terminar con los negocios que están en el límite de la rentabilidad, haciendo que desaparezcan, con lo que espantarían inversiones futuras y terminarían invitando a los ciudadanos afectados a buscar fortuna en otros lugares menos problemáticos, empobreciendo el entorno.

Además, al transferir riqueza de municipios que la generan (los que Greenpeace identifica con negocios de sol y playa) a otros que lo hacen menos o no lo hacen,se incentiva a los que no necesitan nada más que tumbarse a esperar las rentas ajenas y se castiga a los que con su duro trabajo generan la riqueza de la que se nutre la sociedad.

No es raro que Greenpeace proponga este tipo de medidas. Al fin y al cabo, piensan como cualquier socialista de alta cuna y moral orgullosa. Lo raro habría sido que el grupo ecologista hubiera realizado propuestas basadas en los derechos de propiedad y en su salvaguarda. Si todo es de todos, que es básicamente lo que nos proponen ellos, caemos en la tragedia de los comunes y nadie se encarga de nada porque nadie tiene razones poderosas para hacerlo, salvo si por medio de la coacción se le obliga y, en ese caso, no será con buen rendimiento y eficacia.

Partiendo de que no hay un modelo perfecto de protección medioambiental (todos tenemos ideas diferentes de cómo debe ser un medio ambiente adecuado), las propiedades privadas suelen estar mejor cuidadas que las públicas, precisamente porque ese cuidado es lo que las hace rentables o paisajísticamente bellas, o medioambientalmente equilibradas o simplemente, hace que el dueño se sienta mucho mejor.

La burbuja inmobiliaria ha destruido parte del ecosistema, pues los políticos han incentivado este comportamiento con sus precios bajos del dinero y su necesidad de recursos, mientras las empresas que habitualmente trabajan con y para el Estado han aprovechado esa oportunidad, cuando no la han buscado. Es esa corrupción la que no ataja Greenpeace con sus medidas, pues lo único que promueve es el cambio de lobby o de la actividad de un lobby ya establecido.

La PAC sólo favorece a unos pocos

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Según publicó un diario local, Gabriel Mato, eurodiputado del PP, ha expresado, como si fuera un gran éxito para los canarios, que la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) ha tenido en cuenta los intereses de los productores y que salvaguarda las producciones de Canarias.

En las sociedades libres, los empresarios saben que si quieren que sus productos sean comprados, necesitan cumplir las siguientes condiciones: proveer lo que los distintos individuos de la sociedad demandan; hacerlo con la mejor calidad y precio posible; y hacer ricos a los demás.

Por esta razón, Bill Gates es el hombre más rico del mundo, y sabe que si deja de cumplir esas tres premisas, la democracia del mercado lo convertirá en un hombre pobre. El mercado, es decir, los distintos individuos de nuestra sociedad, intercambiando bienes y servicios de la manera más ventajosa posible en cada momento de tiempo, no sólo no premiará a los productores ineficientes, sino que los eliminará, porque no son buenos para el conjunto de la sociedad.

El señor Mato ha preferido ir a Europa a defender a esos productores ineficientes en vez de a los consumidores canarios, bajo la farsa de que si no existiera una economía planificada con subsidios agrícolas, cuotas de producción e importación y aranceles, se extinguiría el plátano canario y los trabajadores del campo perderían sus empleos por la competencia de los productos del tercer mundo.

Sin embargo, la realidad es bien distinta. El plátano canario casi ha desaparecido, pues como las ayudas priman el peso y no la calidad del producto, la mayoría de los agricultores se han dedicado a suplantar la platanera tradicional canaria por una que produce frutos de menor calidad pero con mayor tamaño y peso.

Esto difícilmente hubiera sucedido si no existieran las ayudas, porque el plátano canario hubiera tenido un hueco como producto de gran calidad en el mercado.

Pero no sólo los canarios somos los perjudicados, sino que además los habitantes del tercer mundo ven cómo para favorecer a unos pocos en las economías desarrolladas se les impide a ellos salir del subdesarrollo, al prohibirles vendernos productos con mejores calidades y precios, lo cual hace que tengan que emigrar a nuestros países para trabajar en nuestros campos en vez de hacerlo en los suyos. Eso sí, nuestros políticos se sienten satisfechos enviando ayudas que pagamos todos, como la del 0,7%.

Por esta razón, la frase del señor eurodiputado tendría que haber sido que «la reforma de la PAC ha tenido en cuenta los intereses de los productores canarios a costa de los consumidores de nuestras Islas, nuestros productos y la pobreza de otros países».

‘Fracking’ sí, por favor

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

 "Spain must be very rich or very stupid to reject oil and gas investments"

La energía es esencial para el crecimiento, pero debe ser competitiva, barata y abundante. El gas pizarra –shale gas– cumple las tres condiciones. En la Unión Europea lo de barata lo hemos olvidado y nos hemos disparado un tiro en el pie consiguiendo algo que parecería casi imposible: tener una energía más cara que otros países que importan más materias primas que nosotros. ¿Cómo? Hundiendo nuestra competitividad con enormes subvenciones -casi un 1,5% del PIB de la Eurozona- a todo tipo de tecnologías, alcanzando el objetivo inimaginable de tener una sobrecapacidad cercana al 30%, pero a la vez un coste inaceptable. Ineficiente, caro y de baja competitividad.

Según Eurostat, el precio medio de la electricidad y el del gas para los hogares en España se encuentra entre los seis más altos de la Unión Europea. Nuestra factura, además de unos impuestos enormes, incluye grandes costes fijos por mantener tecnologías, tanto las obsoletas como las nacientes, creadoras de sobrecapacidad y costes regulados que solo suben.

Pero, además en Europa la electricidad, según el presidente de la CE, Barroso, es un 50% más cara que en EEUU y el gas industrial, casi un 75% superior. Estados Unidos es autosuficiente en gas e importa menos petróleo que en 2007, y va camino de autoabastecerse, como vengo comentando en esta columna desde hace tiempo.

Desde que la revolución del fracking -fractura hidráulica- comenzó, el precio del gas en EEUU ha caído más de un 44%, mientras en Europa subía un 23% de media. Eso es un estímulo de verdad. No es una cuestión irrelevante. El coste de la energía supone casi el 30% de los costes totales de las industrias en Europa.

Podemos rompernos la cabeza echando la culpa a las renovables, al carbón o a la nuclear, unos y otros, que la realidad del problema es que en Europa y España no se permite la sustitución, la competencia y el desarrollo de fuentes de energía barata. No solo tenemos que dejar que funcione el mercado y que caigan las tecnologías obsoletas, como ha ocurrido con empresas de carbón, solar o viento ineficientes en EEUU. Tenemos que generar energía barata. El fracking, amigos míos, es la mayor fuente de mejora de competitividad de la economía americana (lean aquí), no imprimir moneditas.

No vale decir que una tecnología "es barata" si no consideramos todos los costes que genera, incluidos los subsidios y primas. Es engañar. Lo que importa es tener una factura final baja. Y el destrozo a la competitividad que estamos llevando a cabo mata las posibilidades de crecer y recuperar actividad industrial, puesto que las empresas se van a países más baratos.

Prohibir el fracking -la fracturación hidráulica para extraer gas- es suicida.

– La tecnología está probada y se desarrolla de manera eficiente y segura en más de 10.000 pozos anuales en EEUU. Antes de que se lancen a contarme historias de miedo de documentales -desmontados- como ‘Gasland’, y para los que quieran entrar en detalle sobre todos los riesgos y las aclaraciones a los miedos infundados, les recomiendo mi artículo con preguntas y respuestas sobre el fracking aquí.

– Ahorraría a Europa 900.000 millones en su objetivo de reducir importaciones y emisiones de CO2 a 2050 combinado con aquellas energías renovables que ya no necesitan subvención.

– En EEUU ha creado 76.000 millones de PIB y 600.000 puestos de trabajo. En Europa se estiman reservas suficientes para cubrir 90 años de demanda (156tcm de reservas de gas pizarra). En España, casi 40 años. Por supuesto, esa cifra aumenta con las mejoras de productividad, como hemos visto en EEUU. Inversiones de decenas de miles de millones que no necesitan primas, subvenciones ni historias. 

 

Europa depende en gran parte del gas ruso en invierno… pero parece preferir el riesgo de desabastecimiento si vuelve a enfadarse el Kremlin a desarrollar sus reservas de gas pizarra.

España importa casi el 55% de su gas de Argelia y depende, para tener flexibilidad, de países que cobran por su gas precios muy superiores a lo que costaría el gas pizarra. Incluso asumiendo un coste que duplicase al gas americano, $8/mmbtu, el gas nacional seguiría siendo mucho más competitivo. Casi un 40% inferior al gas licuado importado.

En España tenemos importantes reservas de gas pizarra, concentradas en regiones afectadas por un paro cercano al 30%, y que necesitan como el agua recibir inversiones y crear empleo. La industria del petróleo no solo atrae inversiones sin subvenciones, sino que crea empleo cualificado, además de traer extranjeros expatriados de alto poder adquisitivo. El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas ha realizado un excelente informe que merece la pena leerse.

 

Competitividad, un objetivo posible… con energía barata

Decía un gestor en la conferencia global de Goldman Sachs del martes pasado que "Europa decidió intentar importar menos gas y petróleo subvencionando energías que cuestan el equivalente a $180/barril, y hoy no solo importa más, sino que lo que produce es más caro". Y no me hablen de crear "industrias y tecnologías nacionales" cuando importamos la mayoría de paneles solares y turbinas de China, Alemania y EEUU.

El coste en energía es todo

Algo muy bueno debe tener el fracking cuando entre los grupos que más lo atacan se juntan las empresas carboneras, los gasistas rusos y los sectores subvencionados. Porque son los que sufren si bajan los precios del gas y se desarrolla a gran nivel.

Sí, hay que monitorizar y regular los aspectos medioambientales, pero eso se hace desde la colaboración con la industria, permitiendo la innovación, no prohibiendo. Todo tiene riesgo, pero exagerarlo es rídiculo. Sorprende, por ejemplo, la vehemencia anti-fracking de gente que defiende con uñas y dientes a la minería de carbón. Si por ellos fuera, no tendríamos ninguna industria, que también tiene "riesgo". Y para ellos, el consumo de tierras raras para sus electrodomésticos no importa, porque si contaminase lo haría en China. Que se fastidien. Hoy en EEUU ya hay empresas que ofrecen fracking sin agua -con gas- y se usa agua reciclada de manera masiva. Los reguladores medioambientales norteamericano, polaco y británico lo certifican cada mes.

Hay que seguir apostando por las tecnologías punteras. Todas. Como hace EEUU. Permitiendo la sustitución, no dando subvenciones y primas, sino deducciones fiscales –tax credits-, haciendo que sea el mercado el que determine si una tecnología es valida o no, así se previenen los ‘efectos llamada’ falsos de regulaciones excesivas y se evita la sobrecapacidad. Mostrando al consumidor el verdadero coste de la energía, no escondiéndolo en una tarifa que difiere los costes reales al infinito -como el déficit de tarifa español-…Y, por supuesto, dejando que quiebre el ineficiente.

No se puede sustituir el consumo de gas y petróleo al 100% por energías renovables. Por coste, tanto de subvenciones como por la enorme inversión necesaria en redes, que todo va a su factura. Mientras se siguen desarrollando alternativas que no cuesten hoy los ahorros de dentro de cien años, tenemos la obligación de desarrollar nuestros recursos naturales, como hace el Reino Unido, China, Australia o EEUU.

Decir que los americanos son tontos por crear riqueza y aprovechar de manera exitosa sus recursos naturales, o mejor aún, decirles a empresas petroleras privadas multinacionales que sus negocios son una burbuja y "no son rentables" -se lo juro- es de una petulancia y paternalismo de nuevo rico que no nos podemos permitir.

España necesita inversión y crear empleo ya. Rechazar capital es un lujo que no nos podemos permitir. Escondernos en el "no en mi jardín" subvencionando costes inaceptables esperando que algún día la demanda crezca y nuestro bolsillo lo pague, solo nos hunde más en el agujero de desindustrialización y falta de competitividad en el que estamos. No nos dejemos llevar por historias de miedo y soluciones mágicas. Tenemos soluciones en casa. Buen fin de semana.

Cat Wars in NZ

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Después de haberme "consagrado" como el comentarista más seguido del Juan de Mariana por mi anterior artículo (nota a la Dirección del IJM: ¿Para cuándo un sobre con algo de dinero proveniente de los cuantiosos fondos que las multinacionales del petróleo entregan al instituto a cambio de su servicio en defensa de oscuros intereses…?), salto de nuevo a la palestra.

Pero, antes de ponerme a ello, quería comentar dos puntos sobre mi efímero y relativo "estrellato" mediático que, por un momento, me hizo pensar que incluso podría acabar, cual Falete, tirándome desde un trampolín en Antena 3.

En primer lugar, mi desagrado por el uso que se ha hecho de mi artículo desde blogs de signo progre para atacar al PP… Realmente, se me ocurren argumentos mucho mejores y contundentes para ello…

En segundo lugar, mi reconocimiento a la capacidad de difusión y agitprop de dichos blogs, pues sin ellos, mi artículo hubiese quedado circunscrito a las típicas dos docenas de ME GUSTA y, más o menos, veinte tweets de media que suele tener el resto de mis comentarios, gracias a los amiguetes a quienes digo que, "porfa", me marquen la tecla en el FB y a los cuatro gatos liberales que me leen y disfrutan dándole vueltas a enfoques diferentes, provocativos y políticamente incorrectos.

Dicho esto, y aprovechando la mención felina, vamos con el tema de mi artículo, la Guerra del Gato en Nueva Zelanda, literalmente en las Antípodas de mi anterior colaboración.

Pongámonos en antecedentes.

En Nueva Zelanda, desde filas ecologistas se está planteando acabar con la presencia de gatos en las islas, considerada un peligro para la exclusiva fauna endémica. Liderados por Gareth Morgan, un economista convertido al ecologismo , desde su blog Cats to Go, los defensores de Piolín vs Silvestre sueñan con una Nueva Zelanda "cat free" en la cual el kiwi, el kakapo (ave que incluso es denigrada en un medio como La Sexta) y demás avifauna campen a sus anchas sin el peligro que representa la presencia gatuna, acusada de ser la responsable de extinguir especies como el chochín de la Isla de Stephen y de poner en peligro la biodiversidad local…

Así, se han lanzado campañas de concienciación sobre la amenaza felina dirigidas a los dueños de gatos, proponiendo su confinamiento domiciliario y castración (… de los gatos, no de los dueños). Y, ¿cómo no?, se ha invocado el apoyo del gobierno para unas medidas que van desde cuantiosas multas para los propietarios de gatos cuyas mascotas sean sorprendidas pululando fuera de su domicilio , hasta una "solución final" para acabar con los gatos ferales, valorada en 20 millones de dólares…

El problema es que muchos neozelandeses aman a sus mascotas, con sociedades de protección animal al frente… La Guerra del Gato está servida, polarizando a la opinión pública.

Sin duda, un tema complejo, que plantea dos cuestiones (… y vaya por delante mi simpatía hacia las aves).

Primera cuestión: ¿Tienen los animales nativos algún tipo de derecho exclusivo sobre las tierras neozelandesas, un derecho innato basado en "nosotros estábamos primero, evolucionamos de forma autónoma y no tenemos por qué competir con recién llegados"? ¿Vale más objetivamente la vida de un kiwi que la de un gato? No, no hay nada de ello. Es una cuestión de nuestros gustos y preferencias. Entre el partido pro kiwi y los "cat fans" solo se dilucida eso.

Unos argumentan el desastre ecológico que acarrearía la reducción de la biodiversidad, otros dicen que, sin gatos, nos comerían las ratas. Pero solo son manifestaciones de, repito, los variados deseos e intereses de nuestra especie, de cada individuo…

Segunda cuestión: ¿Tiene una de las partes, en este caso, el partido pro kiwi, derecho a que el gobierno, con el dinero de todos, amantes de los gatos incluidos, lance el programa de erradicación gatuna definitivo? ¿Tiene derecho a crear una legislación que vulnere, mediante multas y coacciones, los derechos de propiedad, de uso y disfrute felino de una parte de la población?

Sinceramente creo que no. "Die Kittenfrage" debería ser resuelta mediante los métodos propios del libre mercado, es decir, estoy absolutamente a favor de las campañas de concienciación, con fondos privados; de la creación de reservas privadas, etc.

Sin duda, más difícil, complejo y con resultados menos garantizados que cuando se cuenta con el favor del aparato de coacción estatal…, pero es que los derechos de las personas, dueños de gatos incluidos, están antes que los de los kiwis.

PD: Espero que este artículo no acabe difundiéndose bajo el título "Un think tank cercano a Esperanza Aguirre (?) defiende que los gatos extingan a los pájaros en Nueva Zelanda", pero quién sabe…