Etiqueta: Recursos energía y medio ambiente

Pensar en evitar estos seísmos es aún ciencia ficción. Sin embargo, el hombre sí puede reducir por un lado el efecto en el futuro de estos fenómenos naturales sobre las personas y sus propiedades más preciadas, y ayudar por otro a reducir el sufrimiento de los damnificados. Tanto para lo primero como para lo segundo necesitamos sociedades más libres.

No cabe duda de que la solidaridad (la renuncia voluntaria a ciertos bienes para cederlos a otras personas que los necesitan de forma apremiante) se puede ejercer desde cualquier sistema socioeconómico. Pero es en un entorno capitalista donde florece con mayor facilidad. En primer lugar porque los individuos tienden a ser más generosos y responsables en un entorno de libertades donde tu prosperidad depende de lo que aportes al resto de la sociedad que en un sistema en el que papá estado interviene y regula infinidad de aspectos de la vida diaria. En el modelo dirigido muchos viven de espaldas a las demandas sociales gracias a las subvenciones, licencias y todo tipo de privilegios estatales, mientras se le quita la mitad de la renta al ciudadano honrado con la excusa de resolver los problemas de los más necesitados.

Además, siempre será más fácil encontrar donaciones importantes en medio de la prosperidad que permite el mercado libre que entre la decadencia y el estancamiento típico de los modelos intervencionistas. Y, por si todos estos motivos fueran pocos, la ayuda rápida en caso de catástrofes es mucho más efectiva cuando quien la presta es un individuo privado interesado en que aquello que cede se emplee bien que cuando lo envían unos funcionarios que no tienen otra relación con esos fondos que la de haber ganado la lotería de un empleo público para toda la vida. Sobre todo cuando sus perspectivas de escalar puestos en la burocracia suelen estar relacionadas con el gasto de un mayor volumen de fondos.

Por otro lado, el capitalismo posibilita reducir el riesgo de futuros daños más que ningún otro sistema económico. La acumulación de capital, la competencia y el avance del conocimiento que hemos podido disfrutar desde la revolución industrial en las sociedades de libre mercado ha permitido, por ejemplo, que las edificaciones modernas se muevan con los movimientos sísmicos y no sucumban a ellos. Y esos conocimientos, una vez descubiertos, están al alcance de todos los que prosperen y ahorren en cualquier punto del planeta. Hace un par de meses tuve la oportunidad de comprobar cómo el edificio de la Universidad Francisco Marroquín se balanceaba después de que el suelo guatemalteco diera una fuerte sacudida. Al susto inicial le siguió el agradecimiento colectivo a la sociedad que ha hecho posible que grandes individuos desarrollen estas ideas geniales.

Los países más capitalistas también disfrutan del desarrollo de los seguros, unas instituciones creadas precisamente para la reducción y eliminación del riesgo. Mientras que el desarrollo del conocimiento permite evitar la destrucción, los seguros reponen el valor de los daños que no pueden evitarse. Sus beneficios rebasan con mucho la vertiente económica y entran de lleno en el lado psicológico de nuestras vidas.

Curiosamente, es esa inseguridad que reduce y elimina el mercado libre la que han aprovechado gobernantes de todos los tiempos y de todas las regiones para incrementar los impuestos, el gasto público y el aparato estatal, reduciendo así la extensión del libre mercado. Por el bien de los damnificados de los desastres naturales presentes y futuros esperemos que el liberalismo logre romper los tabúes del discurso políticamente correcto y podamos desarrollar los utensilios capitalistas contra el riesgo. Mientras tanto, la ayuda privada y responsable constituye la mayor esperanza para los individuos y familias que lo han perdido todo en el Perú.

Resulta políticamente incorrecto posicionarse contra las subvenciones y ayudas a quienes acaban de perder sus posesiones más preciadas. Los políticos lo saben y por eso Zapatero anunció todo tipo de regalos financieros a los damnificados mientras el fuego todavía  avanzaba. Sin embargo, por muy popular que sean las ayudas económicas a los afectados, a largo plazo es una de las peores soluciones posibles. Las verdaderas soluciones consisten más bien en remover las trabas al cuidado del campo, permitir la colaboración de los lugareños en las labores de extinción e introducir competencia en la gestión de los parques naturales y los sistemas de protección de los mismos.

Las ayudas, en realidad, hacen que los seguros contra el fuego se vean debilitados pues "para qué gastar cada mes un dinero en un seguro contra incendios si, cuando tenga lugar, el vecino que no ha ahorrado para este fin también recibirá dinero de las administraciones públicas". Ocurre aquí lo que pasaría con los seguros de coche si no fuesen obligatorios y el estado decidiera pagar los daños después de cada accidente. No pagaría el seguro ni el más despistado y las compañías de seguro no habrían inducido –como han hecho– al establecimiento generalizados de técnicas, instrumentos y actitudes preventivas. Con la lluvia de ayudas en el monte quemado la relación entre las aseguradoras y los sistemas contraincendio conocidos y por descubrir se pierden irremisiblemente. El incentivo a mantener un buen sistema de protección contra el fuego desde la esfera privada se diluye con las lluvias de ayudas gubernamentales. Claro que todo esto le suena a chino a los políticos y a quienes como ellos no ven más allá de los periodos de 4 años que conforman las legislaturas al uso.

¿Agencia Nacional para gestión de crisis?

Mariano Rajoy ha aprovechado el dantesco incendio para proponer la creación de una agencia nacional para gestión de crisis. Para quienes creían que la solución de los problemas mundanos a través de deificadas agencias estatales era una nota característica y exclusiva de ZP, aquí tienen una prueba con la que desengañarse. La creación de una agencia estatal sólo servirá para añadir más burocracia a los problemas de los que se supone que tiene que ocuparse la nueva organización. El conocimiento necesario para mitigar los efectos sobre el ser humano y su propiedad de las grandes catástrofes como inundaciones, incendios o terremotos suele ser de carácter subjetivo y estar disperso. De hecho, quienes lo detentan son frecuentemente los propios damnificados y las personas de su entorno. De ahí que el lema de una de la manifestación de protesta contra la dirección del dispositivo de extinción de incendios fuera "¿Quién tomó la decisión de no contar con nosotros?" Y no les falta razón. Lo ideal es que las soluciones tiendan a ser todo lo privadas y contractuales que sea posible, de modo que la valiosa información que poseen quienes se ven afectados por estos desastres se refleje vía precios y cláusulas y generen así la mayor coordinación posible en el intento de evitar o paliar los daños. Las soluciones que van en la dirección opuesta, como esta de Rajoy, son muy vistosas de cara a los telediarios pero a menudo los grupos especiales que salvan al gatito o al niño asustado en medio del desastre suelen esconder un caos de proporciones descomunales.

Todos tenemos aún en la retina las imágenes del cataclismo de la ciudad de Nueva Orleáns tras el paso del huracán Katrina. EEUU contaba con la Agencia Nacional que pide Rajoy y con asombrosos niveles de financiación estatal. Eso no impidió que el ministro Alonso declarara en aquellos momentos dramáticos que aquello no podría pasar en España por la importancia que aquí tiene el Estado en este tipo de situaciones. Menuda tontería. El gasto público de la agencia estadounidense era aquel año unas 38 veces más por habitante que las partidas presupuestarias que se destinan en nuestro país a estas crisis. Ni el descomunal gasto público ni la centralización de la gestión de este tipo de riesgos evitó uno de los mayores despropósitos acometidos en una situación de emergencia extrema. Más bien, contribuyó decisivamente a agravar el caos y el padecimiento de los ciudadanos del Golfo de México.

Si el Estado se dedica a impedir las soluciones más descentralizadas y ligadas a las propiedades y las vidas en riesgo potencial, entonces al menos debería evitar la multiplicación de organismos y la lejanía del ente respecto de las personas y bienes que se quieren proteger. Por eso la propuesta del jefe de la oposición puede tener sentido en el marco del oportunismo político pero pierde fuerza fuera de ese ámbito.

En el trasfondo de estas dos propuestas subyace un grave problema: los políticos carecen de un incentivo real para evitar situaciones como las vividas en Canarias estos días. La falta de un vínculo directo entre su acción y la de sus subordinados con la propiedad privada sujeta al peligro de quema hace que los políticos asignen los recursos de forma deficiente, primero escatimando medios y luego exagerando el gasto en recursos añadiendo burocracia. Para colmo, no quieren ni oír hablar de las soluciones más sencillas y efectivas que reclaman los propios afectados porque les impediría aprovechar el fuego para presentarse ante el electorado como los redentores sociales que les gusta creerse.

Y, una vez más, la propiedad privada se muestra como un poderoso incentivo para solucionar los problemas más acuciantes mientras que la propiedad pública de los servicios de extinción da muestras de la esperable descoordinación y falta de previsión.

En muchos sentidos no hay nadie mejor que el dueño para proteger sus propiedades de un incendio. Esto es lo que pensaron los vecinos de algunos pueblos afectados por el fuego. Así que cuando la Policía vino a sacarles de sus casas se escondieron de las fuerzas del orden público ignorando las repetidas llamadas de evacuación y esperaron a que sus pueblos quedaran semi-fantasmas para actuar armados de la idea de que "esto sólo lo sabemos salvar nosotros".

Algunos de estos valientes fueron encontrados, aporreados y detenidos por negarse a abandonar sus viviendas y muchos han denunciado el trato hostil y vejatorio que recibieron de la Policía cuando les obligaban a abandonar sus casas. Pero al menos en Tunte y Fataga, dos pueblos de San Bartolomé de Tirajana, lograron encerrarse en sus casas y burlar a la Policía la noche del día 30 de julio para tratar de protegerles del fuego.

Quienes tuvieron éxito en este juego del escondite y se quedaron desafiando a las llamas para defender sus propiedades y las de sus amigos o familiares aseguran que les movía la desconfianza en la efectividad de los equipos de extinción de incendios. Según cuentan, quienes se suponían que iban a tratar de proteger sus casas no sabían ubicar los pueblos afectados ni de dónde extraer el agua para realizar las tareas contraincendio.

Los habitantes han experimentado de una manera penosa la máxima del premio Nobel de Economía Friedrich Hayek –y que ya adelantó Juan de Mariana en el siglo XVI–, según la cuál no tiene sentido centralizar las decisiones cuando las posibilidades de coordinar distintas acciones para alcanzar una meta de manera exitosa dependen de información dispersa, práctica y, a menudo, subjetiva. Así, un tal Santiago, vecino de la zona afectada declaraba a la agencia Efe lo que está en boca de tantos y tantos canarios: "Es una pena que no se nos escuche como residentes de la zona, porque nosotros conocemos perfectamente los lugares claves para atajar este incendio". Algunos lugareños, comentan que advirtieron a las autoridades de lo que sería la evolución probable del incendio sin que nadie tomara medidas al respecto: "¡Mira que se lo advertimos! Pero como no escuchan a la gente de la zona, que es la que sabe… pasa lo que pasa."

Por desgracia, dada la naturaleza del problema, ni la propuesta del PSOE de inundar el monte con dinero público ni la de Mariano Rajoy de crear un nuevo órgano burocrático nacional para situaciones de crisis solucionará la cuestión de los penosos incentivos del sector público ni de su peor eficiencia en la gestión de estas situaciones de emergencia sino que, más bien, tenderán a agravarlos.

Ahora, a pesar de que en los últimos cinco años no se ha detectado calentamiento alguno, el Gobierno nos anuncia que pondrá en marcha toda una batería de medidas "concretas y urgentes" para lograr "un cambio de modelo social, de producción, de consumo energético y de desarrollo mucho más saludable y respetuoso con nuestro planeta".

Qué miedo. La frase parece copiada de la famosa obra del Club de Roma Los Límites del Crecimiento, que proponía el control centralizado de toda la vida socio-económica y, especialmente, de la natalidad por no ya ni recuerdo qué cataclismos que se producirían si no deteníamos el sistema capitalista de inmediato. Hoy a nadie le importa que las profecías del esos neomalthusianos no se hayan cumplido ni por asomo. Sus autores siguen siendo reconocidos como científicos de conciencia social. Parece que las predicciones erróneas no cuentan si se dan en el campo antiliberal. Claro que en el campo de lo políticamente correcto tampoco importan las contradicciones. Uno puede decir que el nivel del mar va a subir un metro y acabar con el valor inmobiliario de primera línea de la costa y al mismo tiempo comprarse un chalecito junto al mar; si se es un presidente rojo con conciencia verde no pasa nada de nada.

A los ministros de ZP ni los últimos datos ni este fresquito de julio les enfrían la cabeza. Ellos siguen en sus trece: nada de nucleares, nada de reducciones de impuestos para las tecnologías menos emisoras y todo un reguero de impuestos y regulaciones gravosas. Ahora les ha dado con meterse con el transporte, sobre todo si es privado. Que nadie se atreva a comprarse coches grandes y seguros para la vida de los ocupantes porque les van a clavar con el nuevo impuesto de matriculaciones. Eso sí, ellos van a aprovechar el rollo ecolojeta para comprarse coches nuevos con el dinero del contribuyente. Han decidido que para el año 2012 quieren que al menos el 50% de los automóviles oficiales utilicen biocarburantes, lo que representa una fenomenal excusa para cambiar de máquina. Con la cantidad descomunal de coches oficiales que debe haber en este país en el que lo primero que hace un político electo es ver qué vehículo/s le ha/n tocado y de qué color es la gorra del chofer, no me extrañaría que esto vaya a suponer una demanda record de biocarburantes que deje atrás por sí sólo el objetivo europeo de sustituir un 10% de la gasolina y el gasóleo por biocarburantes hacia 2020.

Los efectos de esta esquizofrenia colectiva no se van a hacer esperar. Primero porque en cuanto en Bruselas comprueben el éxito arrasador de la política socialista del coche oficial, todos los burrócratas de la capital belga querrán tener su carro a cargo del presupuesto comunitario. Por otro lado la reducción de campos de cultivo de trigo en beneficio del maíz va a costar una pasta. Y nunca mejor dicho: resulta que la reducción actual de la superficie de cultivo de trigo está provocando un aumento del precio del trigo y de la pasta. El trigo lo ha hecho en los últimos meses en torno al 50% mientras que la pasta se prevé que al final del verano haya subido un 20%. Y eso antes de que los políticos españoles empiecen a cambiar de coche; así que agárrense.

Al final va a resultar que la catástrofe mundial la van a provocar estos chiflados con un encarecimiento artificial de los alimentos más básicos. Esperemos que el histerismo calenturiento de políticos y ecologistas se pase con la misma rapidez con la que lo hacen las modas más extravagantes. Si no, disfrutemos al menos de este bendito cambio climático del mes de julio.