Etiqueta: Recursos energía y medio ambiente

La propaganda tiene efectos maravillosos. Puede dotar a una palabra de un contenido que nadie era capaz de concebir cuando fue creada, lo que la convierte en una herramienta revolucionaria que los grupos ecologistas han sabido adaptar a sus fines. La simple y machacona repetición de un mensaje, por muy falso, tendencioso o dudoso que sea, es suficiente para que las empresas y los gobiernos, a través de una legislación restrictiva, frenen cualquier tecnología novedosa. Los transgénicos son en la actualidad uno de los productos más perseguidos y rechazados pese a que muchos desconocen qué son o para qué se usan. El ecologismo militante ha marcado su demonio particular y los gobernantes preparan la hoguera.

Un organismo transgénico es aquel al que se ha modificado genéticamente con el objetivo de dotarle algún tipo de ventaja frente al organismo original. La agricultura y la ganadería ha venido realizando este proceso a lo largo de siglos mediante cruces entre diferentes variedades y razas de la misma especie, o incluso entre diferentes especies, de forma que el resultado de dichos experimentos permitían organismos mejor adaptados a ciertas necesidades productivas o a determinadas condiciones medioambientales, más frío, más calor, más o menos acidez, salinidad, mayor resistencia a la sequía, etc.

El desarrollo de la ingeniería genética ha permitido no sólo que este proceso se acorte –ya no será necesario cruzar varias generaciones de una especie genéticamente pura durante un periodo que dura varios años– sino que al actuar en el ADN se pueden cambiar otras propiedades que difícilmente podrían haber sido alterados mediante el cruce. Así, añadiendo determinados genes de otras especies o retirando alguno, se les dota de propiedades como la resistencias a enfermedades, a condiciones extremas como las sequías o la salinidad o a tratamientos sanitarios que se aplicarán sobre otras especies parasitarias o invasoras. También se le pueden añadir valores nutritivos adicionales o incluso sustancias que se pueden aplicar como medicinas o para investigación como los marcadores fluorescentes que tanto llaman la atención de los medios de comunicación.

Precisamente es el uso de este tipo de tecnología la que denostan los grupos ecologistas ya que, en palabras de Greenpeace, "permiten franquear las barreras entre especies para crear seres vivos que no existían en la naturaleza. Se trata de un experimento a gran escala basado en un modelo científico que está en entredicho".

Este mensaje forma parte de otro más general que viene a asegurar que sólo lo natural es moralmente aceptable y que cualquiera de las actividades realizadas por el hombre es susceptible de alterar el medio ambiente en niveles no conocidos por lo que hasta que no se sepan realmente los efectos, no deben ser producidos. Entramos por tanto en un bucle, si no producimos transgénicos (o cualquier otro productos consecuencia de una tecnología que entre en conflicto con la utopía verde), no tendremos una base experimental para saber sus verdaderos efectos sobre la naturaleza y el hombre, más allá de la teoría o de resultados de experimentos restringidos que a todas luces estarán lejos de la realidad, por lo que nunca podremos desarrollar y cultivar transgénicos.

Afortunadamente, las empresas productoras de transgénicos tienen aún suficiente maniobrabilidad para lanzar al mercado este tipo de productos pese a la oposición verde, a los que últimamente acompañan los partidarios de la agricultura y la ganadería ecológica, y a la de los reguladores estatales. Paradójicamente, este oposición ha llevado aparejada una fuerte y numerosa regulación, incluida la aprobación de los productos para consumo humano, lo que ha favorecido que, junto a los medicamentos, los organismos transgénicos estén entre los productos más seguros en los ámbitos sanitario y alimenticio, sin olvidar la obligación de etiquetar los alimentos que los tienen en su composición.

Asistimos a una batalla enconada entre los que pretenden imponer una visión restrictiva a través de las herramientas que les da el Estado, uno de los mejores amigos del ecologista, y la libertad de empresa y la búsqueda de mejores y mas eficientes productos. Es evidente que surgen muchas dudas, algunas justificadas y otras no, pero todas tienen una solución en el ámbito privado ya que éste ofrece suficientes herramientas de control, desde los implementados dentro de la propia empresa a las auditorías externas y por supuesto, siempre esta la posibilidad de la denuncia en caso de flagrante delito.

A finales de mayo, el Ministerio de Medio Ambiente remitió a las Comunidades Autónomas el borrador de la futura Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera para que hicieran las oportunas aportaciones y alegaciones. Solamente ha sido necesario una lectura superficial para comprobar que estamos ante otra regulación intervencionista, una ley que con la excusa de una atmósfera limpia, permitirá subir un escalón más hacia la sociedad limitada, hacia la sociedad controlada.

Resultaría tedioso contar las veces en las que el medio ambiente ha servido, sirve, a los políticos como pretexto para limitar la libertad. La emotividad del ciudadano ante un tema tan mediático junto a una información sesgada y el escaso conocimiento que sobre la mayoría de estos asuntos tiene buena parte de la sociedad, propicia el miedo y la desconfianza hacia determinados círculos sociales, hacia ciertos sectores industriales, desconfianza que se traduce en este tipo de normativas.

El prólogo de la ley lleva ya una carga de catastrofismo que ayuda a aceptar el trago que se nos avecina:

“La contaminación atmosférica continúa siendo motivo de seria preocupación en España” […] Aún existen niveles de contaminación con efectos significativos para la salud humana y el medio ambiente, particularmente en las aglomeraciones humanas”.

Con semejantes afirmaciones, quién no se va a sentir acongojado y va a aceptar, sino exigir, las medidas que prevé la futura Ley.

La Ley de Calidad del Aire se presenta como una ley global que afectará a una parte importante de las actividades humanas de forma directa o indirecta. De entrada se dividirá el mapa nacional en zonas contaminadas de forma que éstas deberán tenerse en cuenta en la elaboración y aprobación de planes urbanísticos y de ordenación de territorio. Si ya eran pocas las limitaciones que desde las Administraciones Públicas se imponen al urbanismo en España, la contaminación se añade a la lista. Los efectos son fáciles de prever, ya no sólo un más que posible conflicto entre las administraciones locales y autonómicas, que son las que desarrollan los planes urbanísticos, con el Gobierno central, no ya un encarecimiento de las viviendas al añadir otros factores que repercutirán sobre los costes, sino otro factor que impedirá el simple uso y disfrute de la propiedad privada como desee su dueño.

Pero la situación va más allá que el mero control urbanístico, las Comunidades y Municipios deberán articular medidas que controlen o supriman aquellas actividades que sean “significativas en la situación de riesgo, incluido el tráfico automovilístico”. Qué decir tiene que esto abre las puertas a la limitación del tráfico en los grandes núcleos urbanos o en cualquier sitio que la arbitrariedad del funcionario decida, incluso la supresión si las administraciones correspondientes son suficientemente extremistas. Entre estas medidas, se especifican algunas de carácter económico en forma de ayudas, subvenciones o beneficios fiscales que “favorezcan la prevención y reducción de la contaminación atmosférica” y que mejoren los precios de las opciones tecnológicas menos contaminantes. Tampoco debemos descartar aquí que surjan esas alianzas Empresa-Estado que tanto daño han hecho a sectores como la energía, el periodismo o las telecomunicaciones.

Ante semejante nivel de control, el Ministerio no ha podido quedar al margen. De forma periódica las administraciones autonómicas y municipales mandarán datos sobre los niveles de contaminación que nutran un nuevo organismo, un sistema nacional de información y vigilancia de la contaminación. Pero es que además Medio Ambiente creará un sistema de comercio de derechos de emisión, similar al que se ha creado con el CO₂ como consecuencia del Protocolo de Kyoto, de cualquiera de los 14 contaminantes controlados, un nuevo coste al que tendrá que hacer frente la ya poco competitiva industria española.

Quizá una de las novedades más interesante a la vez que liberticida que presenta esta ley se trata de que en este asunto de la contaminación no se libra nadie, aunque no tenga coche:

“Los particulares se esforzarán en el ejercicio de sus actividades cotidianas en contribuir a la reducción de las sustancias contaminantes en la atmósfera”.

Esta imprecisión a la hora de enunciar los deberes de la gente abre las puertas en multitud de aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos, desde cuándo, cómo y dónde puede ir un particular a cómo y cuánto puede consumir.

El miedo es libre, dice el refrán, y los ecologistas y aquellos que siguen sus preceptos lo saben. Se asegura que 12 millones de españoles respiran un aire con niveles de contaminación superiores a lo permitido, pero lo cierto es que la gente vive cada vez más y en general con una mayor calidad de vida a pesar de los achaques, más propios de nuestra longevidad que de un medio ambiente agresivo. Cierto es que queremos calidad en el aire que respiramos, pero no por ello debemos renunciar a algo tan necesario como este preciado gas, nuestra libertad. Uno de los mensajes más exitoso de los liberticidas es que ambos conceptos, calidad y libertad, son incompatibles, y este es nuestro lastre.

El mercado del agua es una quimera, no existe. El control estatal de este recurso es total, hasta la embotellada necesita una licencia para su tratamiento y comercialización. El agua, como fuente de conflictos políticos y económicos, se lo debemos en buena medida a este poder que no duda en crear problemas virtuales que luego pagamos todos. Una de las primeras medidas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue derogar parte del Plan Hidrológico Nacional que el gobierno del Partido Popular había aprobado al final de su última legislatura. El Trasvase del Ebro pasaba, de esta manera, a formar parte de ese conjunto de medidas que sólo consumen nuestros recursos y que no solucionan nada.

Pero la necesidad de agua de la costa mediterránea no es una quimera, es algo real que responde al desarrollo económico de la zona. Sostenibles o no, desordenadas o no, las necesidades de sus habitantes y visitantes, de los catalanes, de los valencianos, de los murcianos, de los andaluces son reales y cada vez mayores. Así que como con las energías renovables, el gobierno socialista se sacó de la chistera el conejo de las desaladoras, la principal apuesta de su Programa Agua (Actuación para la Gestión y la Utilización del Agua). Y como en las energías renovables, los sobrecostes que supone un negocio intervenido los pagaremos los contribuyentes.

Pero el Programa Agua no va bien. No hace muchos meses Bruselas pidió explicaciones al Gobierno español de cuál era su situación y lo que respondió Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, estaba muy lejos de sus expectativas hasta el punto de que se puso en duda que terminara llegando el presupuesto prometido. La mayoría de las desaladoras no se han empezado a construir, algunas ni si quiera están licitadas, simplemente en estudio. Los responsables autonómicos critican esta falta de iniciativa, de diligencia, de eficiencia y lo cierto es que no van desencaminados ya que en los últimos meses se han aprobado varios trasvases parciales para cubrir las demandas domésticas, que no las agrícolas.

La desalación tampoco parece la panacea, las medidas gubernamentales en torno a ellas confirman esta afirmación, demasiada ayuda y subvención. De hecho, la desalación se va a convertir en ese negocio típico que une a Estado y empresa en contra del contribuyente. El Gobierno ha hecho público el plan económico financiero que regirá las licitaciones. De entrada, las empresas no participarán en la financiación, sólo en funcionamiento de las plantas y su mantenimiento y por un plazo de 15 años. Los recursos en teoría, ya veremos en la práctica, vendrán de los usuarios finales a los que se impondrá un precio pactado, todavía por determinar, de la UE como ya habíamos visto y de la sociedad pública creada a propósito Acuamed. La Administración también se hace cargo del coste energético. La adjudicataria recibirá un canon fijo, que oscilará entre los 100.000 y los 160.000 euros y otro variable, de alrededor de 4,5 euros por metro cúbico desalado. En ningún momento se permitirá que las empresas compitan con rebajas en el canon. Todo atado y bien atado. Se presume una fuerte competencia por hacerse con tan preciadas licencias. Como suele ser habitual, la empresa, en general la gran empresa, se suele llevar muy bien con lo gubernamental.

Todas estas circunstancias invitan a hacerse unas cuantas preguntas, ¿cuál es la diferencia con otros negocios parecidos, como el urbanismo o las energías renovables, para que no se den casos de corrupción? ¿Cuál es la razón por la que no es compatible este método de conseguir agua potable con otros, incluyendo desde luego el trasvase? ¿Por qué no es posible la venta de agua entre comunidades, poblaciones deficitarias y con superávit? ¿Por qué el precio del agua debe ser igual para todos si los costes de obtención son diferentes? ¿Por qué las empresas no pueden competir entre sí en precio y sistemas para dar un servicio más a la comunidad? ¿Vamos a conocer cuáles son los costes energéticos de la desalación? Ya que el medio ambiente es tan importante para este Gobierno, ¿nos van a explicar cuáles son los impactos que sobre el va a tener la desalación? La producción de dióxido de carbono que lleva aparejada la producción energética, ¿está contemplada en las previsiones del Gobierno para cumplir Kioto? En caso negativo, ¿cuánto dinero extra le va a costar al contribuyente, último pagador de este despropósito?

El Programa Agua es tan intervencionista como el Trasvase del Ebro que proponía el Partido Popular. Nunca sabremos cuál de los dos es más caro. Si existe más de una forma de obtener y transportar agua, desaladoras, canalizaciones que la traigan de zonas con exceso a zonas donde se demande, aguas subterráneas, hasta camiones que podrían dar multitud de posibilidades de satisfacer una necesidad, ¿por qué son las Administraciones Públicas las que nos dicen cómo, cuándo y cuánto consumir? ¿Por qué matan de esta manera la iniciativa empresarial? ¿Por qué controlan así al ciudadano?

Cuando cayó el Muro de Berlín, el socialismo real entró en crisis. El capitalismo aparentemente había ganado e incluso la Unión Soviética, que en unos meses se colapsaría y desaparecería, apoyó a los occidentales en el conflicto de Irak, cuando un Saddam Hussein pletórico vio la posibilidad de incorporar a sus dominios el pequeño pero rico estado de Kuwait. Hasta alguno se apresuró a anunciar el fin de la Historia.

Pero el socialismo real simplemente mutó como ya había pasado otras veces y lo hizo donde aún resistía, en las bases de una sociedad occidental un tanto adormilada y empapada de Estado de Bienestar. En unos pocos años, multitud de movimientos alternativos surgieron de la nada, muchos de ellos bajo la marca de la antiglobalización, otros en defensa de los supuestos parias de la Tierra, desde los indígenas a los desheredados de no sé qué herencia planetaria. De entre ellos, el más exitoso y quizá más viejo, el de los defensores del medio ambiente.

La relación de los ecologistas con las tiranías comunistas ya venía de lejos, desde la Guerra Fría cuando la máquina soviética decidió socavar al enemigo desde dentro, usando los buenos sentimientos de muchos junto a su incapacidad para analizar la causalidad de los procesos históricos, sociales y económicos. Esta alianza pragmática aún continúa con los líderes del nuevo movimiento revolucionario mundial, el sempiterno Fidel Castro, el golpista Hugo Chávez y el estrenado Evo Morales, dirigentes de tres países que en el reciente IV Foro Mundial del Agua celebrado en México, presentaron un documento que pedía el reconocimiento del acceso al agua como derecho humano fundamental, un disparate como cualquier otro que se propone desde el socialismo.

El grupo Ecologistas en Acción destacó precisamente la iniciativa de estos modelos de tiranía, apoyados por la UE, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como uno de sus principales garantes:

Ecologistas en Acción considera únicamente como positivas las aportaciones realizadas por los gobiernos de Bolivia, Venezuela, Cuba y Angola, así como las realizadas por la Unión Europea (en cuya realización España ha jugado un papel fundamental), dirigidas a la consideración del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental, así como al establecimiento de criterios de sostenibilidad social y ambiental para la construcción de las grandes presas.

Este papel de Pepito Grillo, este continuo "yo acuso" es una estrategia heredera directamente del totalitarismo y todo hay que decirlo, tiene un resultado tremendamente exitoso.

El ecologismo no es un movimiento que se circunscriba a moralizar solamente sobre temas íntimamente relacionados con el medio ambiente, por el contrario, al estar todo relacionado entre sí, cualquier actividad humana es susceptible de dañar el entorno y por tanto debe ser regulada según sus criterios. Es un sistema global y su aplicación es global y esto es importante ya que muchos tienen la sensación que su vida no va a ser afectada por estos movimientos. El ecologismo y el Estado son dos aliados naturales, éste pone los medios y las herramientas mientras que el segundo aporta la base filosófica, que no científica, que justifican las acciones y los desmanes de los dos.

El ecologismo llega al sistema financiero en forma de ecotasas, de regulación de ciertos sectores mal llamados estratégicos como el de la energía, el urbanismo y las infraestructuras. El ecologismo llega al sector de la empresa en forma de responsabilidad social corporativa, una especie de sentimiento de culpabilidad ajeno a los beneficios que la propia empresa aporta a la sociedad. El ecologismo llega al mundo de la ciencia y la ingeniería en forma de principio de precaución; incluso en una disciplina como la nanotecnología, aún en pañales, los ecologistas han manifestado sus dudas al no saber cómo afectará al medio ambiente los artilugios que de ella vayan surgiendo. El ecologista no sólo nos cuenta qué debemos comer sino que nos dice cómo debemos cultivarlo, cómo etiquetarlo. Nos cuenta dónde debemos vivir y en qué condiciones. Nos dice qué tipo de ocio debemos disfrutar y cuál no. El ecologista nos limita la energía que debemos consumir y nos indica cuál debe ser su fuente. El ecologista nos dice qué podemos vestir y qué no, bien porque es tóxico, bien porque es destructivo para el medio ambiente.

Y para todo estos "consejos" y otros muchos que me dejo en el tintero necesita un aliado fuerte, un aliado que le dote de poder y ese aliado es el Estado que prefiere tenerlo como compañero que enfrentarse a él. Y tiene toda la lógica del mundo; ambos tienen ante todo una naturaleza liberticida.