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Etiqueta: Recursos energía y medio ambiente

¿Cómo preservamos la biodiversidad? (I): el modelo público

Una consecuencia del bombardeo continuo de fundamentos ecologistas, ajenos en muchas ocasiones a los principios ecológicos, nos lleva a hacernos preguntas como la que ilustra este comentario para inmediatamente adoptar los sistemas propugnados por ellos mismos, siempre tan mediáticos y populares. En esencia no dejan de patrocinar una protección bajo la tutela del Estado a través de leyes, normativas y reglamentos cuyo cumplimiento depende de los presupuestos que la Administración correspondiente quiera adjudicar. Los resultados a la larga, una vez superada la euforia inicial, suelen ser bastantes insatisfactorios para todos, lejos de los resultados esperados. Aunque a efectos prácticos, los grupos ambientalistas consiguen no poca influencia y poder en las Administraciones.

Las Administraciones, o los que aspiran a ocuparlas, son muy dados a incumplir aquello que prometen en momentos como los periodos electorales en los que esas promesas son su futuro. Por ley, en España, todos los Parques Naturales, el nivel de protección más alto de un territorio por detrás de los Parques Nacionales, deben tener aprobado y en activo un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que permite a los afectados tener una ligera idea de lo qué pueden o no pueden hacer, dónde y cuándo. A fecha de hoy, un número nada desdeñable de ellos carece del PORN correspondiente. En Madrid, la cumbre de Peñalara, protegida desde hace 75 años y Parque Natural desde el año 1990, ha visto aprobado su PORN en la Resolución 17/2003 de la Comunidad de Madrid, 13 años después.

Las Administraciones pecan en esta protección de lo mismos males que en otros ámbitos regulados. Las normativas no responden a los deseos y necesidades de la muchos implicados sino a los de unos pocos que creyéndose con la verdad, propician poco más que protestas e incluso actividades indeseables. Los presupuestos son escasos para los objetivos previsto pues los dineros son limitados por muy larga que tenga la mano papá Estado en el bolsillo del contribuyente. Muchos funcionarios, como los guardas forestales o la administración del parque, terminan desmotivados y superados por los acontecimientos. La corrupción y el amiguismo que imperan en las administraciones locales favorecen continuamente el fraude de ley hasta el punto de que se descuidan ciertas actividades esenciales, lo que propicia los desastres que vemos en los televisores. Los pelotazos urbanísticos, seamos serios, son una realidad con el Estado como principal culpable.

Los buenos motivos iniciales, que no dudo que los hubiera, terminan pervirtiéndose y, como no puede ser de otra manera, los implicados terminan pidiendo más dinero cuando lo que deben es optimizar lo que tienen, intentando añadir un poco de sentido común al problema, dándose cuenta que los recursos surgen del bolsillo de un contribuyente que poco puede hacer para luchar contra la ineficacia en la que se invierte lo que fue suyo. No pocos terrenos de titularidad pública aparecen degradados, con una presión elevada sobre las especies que allí viven. Tal es el caso de los cotos de caza públicos en cuyos terrenos los cazadores apenas si encuentran un conejo que disparar o una perdiz que levantar.

De nuevo, la propiedad se convierte en el sistema más eficiente para la preservación del medio y por tanto de la biodiversidad. Dejemos claro aquí que no hay un sistema perfecto que impida toda degradación. La naturaleza se verá presionada por la mano del hombre pero sin olvidar que, como el castor que construye presas o las termitas que levantan termiteros, nosotros formamos parte de esa biodiversidad, de la naturaleza, con nuestros vicios y virtudes. Pero también debemos dejar claro que la propia naturaleza ha desarrollado sistemas, tan viejos como las especies, que le permiten recuperarse en tiempos relativamente cortos. Estos dos aspectos son ignorados por los ecologistas que ven a ese primate que se hace llamar humano como un virus para el planeta.

Dividendos en Alaska

Hace treinta años, la explotación pública de los yacimientos petrolíferos de la Bahía de Prudhoe empezó a reportar enormes ingresos al Estado de Alaska. Automáticamente, el gasto público en ese remoto Estado se disparó. A principios de los ochenta, el Estado de Alaska gastaba por cada uno de sus ciudadanos el triple de lo que gastaba el gobierno federal por cada americano. Ante el desenfreno de legisladores, burócratas, compinches y grupos de presión, el gobernador, Jay Hammond, se empeñó en acabar con esta espiral del gasto.

Hammond temía que los ciudadanos del Estado conocido como La Última Frontera abandonaran su espíritu decidido y aventurero y se adormecieran bajo la protección de un inmenso Papá Estado. Sería terrible, pensaba, lo que les sucedería a multitud de ciudadanos dependientes del Estado el día que éste se quedara sin la gallina de los huevos de petróleo.

Así que a finales de los setenta surgió la idea de que parte de los ingresos que el Estado obtenía de los yacimientos petrolíferos fuesen entregados en forma de dividendos a cada ciudadano de Alaska. En vez de dejarlos en manos de los burócratas para derrocharlos día a día, mejor invertirlos en un fondo permanente para que cada ciudadano pudiese administrar su parte correspondiente según su propio criterio. O sea, una especie de impuesto al Estado: si recauda tanto, no por su eficiencia, sino porque se ha reservado la propiedad de tierras ricas en petróleo pero después no sabe gestionar estos ingresos, mejor que pague algo a los ciudadanos. De paso, argumentaba Hammond, los ciudadanos se sentirían más comprometidos con la gestión del petróleo a la vez que serían más reacios a subidas de impuestos.

En 1976, los votantes de Alaska apoyaron 2 a 1 la creación del Alaska Permanent Fund. En verano de 2005, este fondo rondaba ya los treinta mil millones de dólares. Obtuvo apoyos desde el principio entre los más izquierdistas porque aseguraba una distribución igualitaria de los beneficios. Igualmente agradó a muchos ecologistas pues su enfoque a largo plazo impedía el derroche de los recursos naturales. Otros observaron que el fondo se asemejaba al ideal izquierdista de una renta básica universal con la mejora de que no lo costeaba ningún ciudadano con sus impuestos. Además, puesto que sigue tratándose de un lugar remoto y por lo tanto, poco visitado, Hammond se aseguró de que los dividendos que cada ciudadano recibía fuesen aumentando a medida que uno acumulaba años de residencia en Alaska. A día de hoy, casi todos los ciudadanos de la fría región norteamericana reciben un dividendo anual de mil dólares. O más, si llevan más de un año como residentes. Y, encima, no tienen impuesto estatal sobre la renta.

El caso opuesto sería el de Nigeria. El Banco mundial estima que, con el boom del petróleo, su hacienda ingresó unos trescientos mil millones de dólares que después derrochó con creces. El resultado total fue nefasto para los nigerianos. Con este contraste en mente, ya ha habido quien ha propuesto la implantación de un fondo permanente en Irak.

Sin embargo, con todo ello el dinero que se ha conseguido apartar de las manos de los burócratas apenas representa un 5% del gasto público. Insignificante en comparación con lo que siguen manoseando, pero sería difícil encontrar regiones en todo el globo que pudiesen presumir de un porcentaje mayor. Pero es un primer paso. Una forma más contundente y seria de poner los beneficios del petróleo en manos de los ciudadanos habría sido la privatización de las tierras públicas en las que se halla el petróleo. Privatizando y desregulando el sector se habría incentivado la competencia todavía más. Y ese 5% habría crecido quién sabe cuanto.

El camino queda abierto a nuevas ideas para recuperar esa inmensa riqueza que día a día malgastan los burócratas y sus compinches.

La propiedad del agua

El agua es esencial para los seres humanos (bebida, limpieza, agricultura, usos industriales). Aunque el agua salada es abundante en mares y océanos, el agua dulce potable es un bien escaso sujeto a leyes económicas inexorables. Los problemas causados por las sequías se ven agravados por la falta de derechos de propiedad privada sobre el agua y la coacción del intervencionismo político.

Los colectivistas de todos los partidos repiten una y otra vez las mismas necedades presuntamente indudables: que el agua es un bien público indispensable y que por lo tanto la disponibilidad de agua es un derecho humano fundamental, de modo que el agua es de todos y para todos; sólo se puede debatir cómo se gestiona como recurso compartido, patrimonio común de todos los ciudadanos.

Algunos pretenden ingenuamente que el problema del agua es simplemente técnico, que basta con encargar a los expertos una solución eficiente y definitiva, un plan hidrológico nacional con la combinación racional y estratégica de elementos como tecnología, embalses, trasvases, desaladoras, depuradoras… Otros mencionan la necesidad de consenso entre todos los afectados. Se recurre a menudo a los principios de justicia y de solidaridad interterritorial para legitimar trasvasar el agua que aparentemente sobra en unas regiones a otras presuntamente necesitadas.

El problema del agua es ético y económico. El consenso universal sobre el uso de los bienes escasos es imposible: las distintas personas tienen preferencias que suelen ser mutuamente incompatibles; el derecho de propiedad sirve para evitar o minimizar los conflictos sociales. Como no existe el derecho de propiedad privada sobre el agua, abundan los conflictos (enfrentamientos entre individuos, colectivos y regiones) y todos los planes estatales de ingeniería social están condenados al fracaso porque no es posible realizar cálculos económicos sin precios de intercambio que muestren las preferencias y las capacidades de las personas. Estos precios sirven además como incentivos para economizar los recursos, produciéndolos y distribuyéndolos donde son más valorados y ahorrando cuando se considere oportuno, y no por penosas campañas de concienciación pública que son parches a corto plazo que evitan conocer la auténtica naturaleza del problema. Cada persona tiene derecho a toda el agua que quiera y pueda pagar (o conseguir por sí mismo).

Cuando alguien dice que el agua es de todos en realidad está reclamando su parte, que le quiten a otro para dárselo a él. Los bienes económicos son distribuidos en un mercado libre si los compradores pagan por ellos; en el caso del agua muchos se hacen las víctimas, pretenden que se la den gratis o a precios fuertemente subvencionados, acusan a los demás de insolidarios y luego se sorprenden de que el agua escasee o de que otros no estén de acuerdo con sus reclamaciones. Los que quieren recibir agua afirman que la sequía afecta por igual a todos los miembros de la comunidad como ente cohesionado, pretenden que los demás sufran por un problema que en realidad sólo tienen ellos. Algunos representantes de los agricultores incluso afirman con total desvergüenza que tienen derecho a agua a precios competitivos porque si no su actividad sería económicamente inviable: los demás sectores económicos pueden fracasar, a ellos se les debe garantizar la supervivencia a costa del resto porque han hecho muchos avances tecnológicos y contribuyen a la riqueza del país.

El abastecimiento de agua seguirá siendo un grave problema mientras se pretenda garantizar su suministro con ese arcaico y violento sistema tribal que es la política, y se resolverá fácilmente cuando se apliquen normas éticas de derecho de propiedad y se recurra al mercado libre y a la perspicacia empresarial: así se descubrirá qué es más eficiente, si esperar a que llueva, o reducir el consumo, o trasvasar, o reciclar y reutilizar aguas residuales, o desalar agua del mar o alguna otra idea que aún no se le ha ocurrido a nadie.

La riqueza

Hay ideas que resisten el paso del tiempo y del discurso humano sin encontrar el único destino que les aguardaría en una sociedad que busca el progreso y la verdad: el olvido. Una de las más pertinaces es la idea de que la sociedad es, en moderna expresión, un juego de suma cero. Es decir, que la riqueza es fija y que lo que se pueda ganar, por un lado, se tendrá que perder por el otro. Hay una primera versión de esta idea más inmediata y sencilla, que predice que si unos se hacen más ricos tendrá que ser “a costa” o en perjuicio de otros. Si tiramos de la manta hacia un lado, el otro quedará descubierto. Otra versión más compleja considera que si nos enriquecemos ahora tendrá que ser a costa de nuestro futuro.

En cierto sentido, es una idea muy chocante. Porque incluso cualquier bachiller español, y estamos tirando por lo más bajo, sabe que en los últimos siglos ha aumentado el número de personas en el mundo y las sociedades se han hecho más prósperas. Si indaga en la historia familiar podrá tener incluso información de primera mano. ¿Cómo es posible, entonces, que sobreviva dicha concepción?

Quizás lo que uno tiene en mente cuando piensa que la riqueza está, o incluso es fija, es que la identifica con lo material. Puesto que la cantidad de materia, y en consecuencia de bienes materiales, seguiría el razonamiento, no puede crecer más allá de un límite, la riqueza tiene que encontrarse con él, si no es que lo ha hecho ya. Por otro lado, penosamente acostumbrados a la escasez como estamos, nos repugna la idea de que la podamos vencer potencialmente sin límite. Y por último, considero que debe de haber algún elemento atávico en ciertas concepciones básicas sobre lo que es la sociedad, que habría quedado impreso en nuestro instinto a base de forjarlo durante milenios en sociedades tribales.

La idea de una riqueza fija es un error. Lo que llamamos riqueza es el valor de los medios con que nos servimos para satisfacer nuestras necesidades. Acerquémonos un poco más a lo concreto. El valor de un bien económico, por ejemplo, un trozo de terreno, depende del valor de lo que podamos producir con él. Pero con una parcela de tierra se pueden hacer infinidad de cosas distintas y qué hagamos de ella depende de la decisión que tome el dueño. Por ejemplo, puede cambiar de cultivo a otro que ha percibido que podría recibir mucha demanda ahora insatisfecha. O puede destinarlo a usos no agrícolas como un campo de golf, un centro de recreo, un edificio. El valor varía, porque su función en la satisfacción de nuestros deseos, la posición en el proceso productivo que lleva al consumo, también cambia.

En última instancia, tanto el valor de nuestras necesidades como el uso que podamos hacer de nuestros recursos para satisfacerlas, dependen de las ideas y el conocimiento. Partimos de múltiples necesidades insatisfechas, y buscamos los medios más adecuados y potentes para cumplirlas. En esa búsqueda está nuestro intento de que el uso de los recursos con que contamos nos acerquen en lo posible a la plena satisfacción de nuestros deseos; y como ese uso depende del conocimiento que tengamos de las relaciones causa-efecto entre los recursos y nuestras necesidades, la ampliación del conocimiento permite acrecentar la riqueza. Y puesto que el conocimiento y las ideas no tienen límite potencial, siempre podremos incrementar nuestra riqueza sin más que hacer mayor nuestro saber práctico (aunque tenga un trasfondo científico) que nos acerque a un uso más remunerador de los recursos. Tanto individualmente, como en relación con otros recursos, y con las instituciones sociales.

Es decir. Siempre hay un mejor uso de los recursos, porque siempre hay necesidades por cumplir. Puesto que este mejor uso depende en parte nuestro conocimiento y este es en potencia ilimitado, siempre hay oportunidades para acrecentar la satisfacción de nuestras necesidades. La riqueza, aunque tenga en parte una naturaleza material, no tiene un carácter material como siempre se ha dicho. El carácter básico de la riqueza es profundamente humano y deriva de nuestras ideas tanto sobre nuestras necesidades como de la forma de satisfacerlas.

La eterna condena de la escasez es, curiosamente, una razón para la esperanza. Porque el que siempre tengamos fines por cumplir quiere decir que siempre hay hueco para el progreso.

Biodiversidad

La preservación de la biodiversidad es uno de los mandamientos fundamentales de la religión ecologista aunque muchas veces no tengamos muy claro en que consiste. La biodiversidad podríamos definirla como la variedad de seres vivos de diferentes especies y de la misma que forman parte de un sistema ecológico. Por extensión, la biodiversidad se refiere a la todos los seres vivos de la Tierra. Pero, ¿son muchos?

Es difícil saber a ciencia cierta cuantas especies diferentes hay en nuestro planeta. Conocidas se estiman en más de un millón y medio y no estamos hablando sólo de animales, también de vegetales y hongos, aunque podríamos extendernos a protozoos, bacterias y, porqué no, hasta virus para aumentar la lista. Sin embargo, oímos con frecuencia que en estos tiempos oscuros estamos asistiendo a la mayor extinción masiva de la historia de este pedrusco que llamamos hogar y cada año desaparecen algo así como 40.000 especies (The Sinking Ark, Norman Myers). Semejante matanza nos dejaría sin compañeros de planeta en unos 40 años así que, ¿dónde esta el truco? En que la mayoría de las especies no las conocemos.

Resulta complicado entenderlo. Estiman los expertos que en el planeta hay un número de especies comprendido entre los 2 y los 80 millones pero que sólo conocemos algo más de un millón y medio lo que permite mantener este nivel teórico de extinción. Esto nos lleva a la paradoja del árbol en el bosque: si no hay nadie ahí para oírlo cuando cae, ¿hace ruido? Debemos creer que se han extinguido especies que nunca han sido encontradas, es decir, ¿debemos creernos un dato estadístico como un hecho contrastable?

Este número de especies totales, evidentemente, no sale de la nada. Los biólogos han determinado sistemas para medir su número en un lugar dado. Por ejemplo, se puede rociar una zona boscosa con un fuerte insecticida y contar todas las especies que se caen de la copa de los árboles; también se puede hacer lo mismo en un tramo de río con una corriente eléctrica y con métodos parecidos o incluso menos cruentos según la zona de estudio. Estos estudios nos llevan a extrapolaciones que se mueven en el ámbito de la estadística, e incluso en el de la estadística seria, y que nos conducen a la extensa orquilla que he comentado antes pero que sin querer o queriendo cumple un objetivo. Si suponemos 15 millones de especies, el supuesto ritmo de desaparición nos llevaría a despoblar el planeta en unos 375 años. Ni usted ni yo estaremos ahí para atestiguarlo, pero el catastrofismo que va de la mano del ecologismo gana adeptos entre los asustados y concienciados ciudadanos. Cierto es que estos cálculos se han realizado grosso modo, pero no podemos olvidar que el ecologismo es percibido por muchos de manera my gruesa.

Evidentemente, es más fácil ver un elefante que una polilla de ahí que sean estas especies de pequeño tamaño los que con más frecuencia engrosan el número de nuevas especies. De todas formas, 80 millones o 10 o sólo 5, son sólo aproximaciones. Lo que es un hecho es que desde el año 1600 hasta nuestros días se han contabilizado 1.033 extinciones (Baille y Groombridge, 1997; Walter y Gillet, 1998; May y otros, 1995; Reid, 1992), aunque es cierto que podrían ser unos cuantos más y que aún no se ha declarado su desaparición ya que se deben cumplir unos requisitos de no avistamiento. 1.033 en 400 años no son los 16 millones que deberíamos haber perdido según Myers.

También es un hecho real que desde hace unos 200 años el número de especies desaparecidas es mucho más elevado. Cierto es que hay un mayor interés por el mundo natural y la investigación de la extinción ayuda a su datación, pero sería una irresponsabilidad por mi parte desechar a priori la mayor presión del ser humano sobre sus ecosistemas. Una cosa es que no comulgue con la religión ecologista y otra es que niegue la realidad. El cómo se aborda este conflicto es otro asunto que dará para otro comentario.

Desnacionalizar el mar

Es una solución a medias, que asemeja el comportamiento del mercado, sin crear verdaderamente uno. Pero supone un enorme avance sobre la gestión puramente pública que ha arruinado muchas pesquerías en el mundo.

De forma poco advertida, pero consistente, está cambiando la forma en que creemos que se deben gestionar nuestros recursos. Es el caso de los que viven en el mar, de los que extraemos gran parte de las proteínas. El XX es el siglo del estatismo. No solo el de los socialismos más extremos, sino incluso en las democracias occidentales se ha ido sustituyendo la libre iniciativa por el ordeno y mando estatal. El caso de la pesca es uno más. La Escuela de Salamanca, en especial Francisco de Vitoria y Vázquez de Mella, asentaron el principio de la libertad de los mares, que ha sido parte del ideario liberal y del derecho internacional desde el XVI. Después de la II Guerra Mundial esa libertad cayó frente al expansionismo imperialista de los Estados. Según la “doctrina Truman”, de 1945, los Estados tenían el derecho de apropiarse de la extensión de mar frente a las propias costas, hasta un límite que luego se fijó en 200 millas. Esta política ha extendido la gestión pública a los recursos marinos. El resultado ha sido ineficacia, arbitrariedades y mala gestión.

Lo que ha ocurrido con el decreto de que las pesquerías son públicas es que se han encontrado con la tragedia de los bienes comunales, la constatación de que cuando un bien es de todos y no privado, se sobreexplota. Para evitar esta consecuencia no deseada, se han introducido reglamentaciones sobre las artes de pesca, paros biológicos y demás morralla legislativa. Todo ello hubiera sido innecesario con la privatización del mar.

Pero existe una solución intermedia, satisfactoria aunque no ideal, que es la de las ITQs. Se acerca a una propiedad privada sobre los recursos, y por tanto se acerca a la institución que permite una buena gestión de los recursos. En Islandia (país del que la mitad de las entradas de divisas depende del pescado) está funcionando desde 1979 con muy buenos resultados, tanto en la evolución de la producción, como en su sostenibilidad en el tiempo. También se ha desarrollado en Nueva Zelanda desde 1986, de nuevo con buenos resultados. Aunque fue recibido con desconfianza, el propio éxito ha borrado muchas críticas desinformadas, y hoy tiene un amplio apoyo. La experiencia australiana, más reciente, también está cosechando éxitos.

En los mismos Estados Unidos lleva tiempo funcionando, aunque de forma limitada. Allí, como en otros lugares en los que se han puesto en marcha ITQs, varias pesquerías que estaban agotadas se han recuperado. Quizás sea mucho pedir para una Unión Europea esclerotizada por la burocratitis, pero debería plantearse seguir el ejemplo de otros países que han llevado reformas pro-mercado a las pesquerías con mucho éxito. No solo se aseguraría la sostenibilidad de las pesquerías, sino que haría innecesarias varias regulaciones arbitrarias que más que solucionar problemas los han creado.

La peste de Rodríguez Zapatero

La iniquidad de José Luis Rodríguez Zapatero parece no conocer límites. En su discurso ante las Naciones Unidas dijo, nada menos: “El terrorismo no tiene justificación. No tiene justificación, como la peste; pero como ocurre con la peste, se puede y se deben conocer sus raíces; se puede y se debe pensar racionalmente cómo se produce, cómo crece, para combatirlo racionalmente.”

Según la terrible comparación zapateril, el terrorismo es como una enfermedad. Un fenómeno negativo, mortífero, sí, pero natural. Si la bacteria de la peste se le mete a uno en el cuerpo, ¿Qué le va a hacer? “Me subió la fiebre y se colocó una bomba en Madrid conmigo presente”, podrían haber dicho los autores del 11-M. “Comencé a toser y a esputar sangre, y mi cuerpo empezó a moverse hasta que se disparó la pistola alojada en mi mano”, podría decir uno de los asesinos y las asesinas de ETA. Una fiebre. Una secreción. Un síntoma.

Reacciones sin voluntad, que se producen como consecuencia de la pobreza, que Zapatero llama “injusticia”. La pobreza no es solo carencia de los medios básicos para la vida. En su código ético la pobreza es un virus que lleva involuntariamente a (pseudo)personas a matar a sus semejantes. Pseudo, porque las personas de verdad tienen voluntad, actúan según les dicta su conciencia y toman decisiones en función de lo que creen más adecuado. Zapatero cae en ese prejuicio progre de que los pobres no saben lo que se hacen y no actúan por sí mismos. Todo ello es un Insulto a las víctimas.

En otra figura utilizada por el vate Rodríguez Zapatero, la pobreza es una tierra fértil para la semilla del terrorismo. El resultado es el mismo: hacer del terrorismo no una elección personal, y por tanto sujeta al juicio de la ética, sino un mero evento desafortunado, pero escasamente evitable por quienes padecen la causa externa de su comportamiento, en este caso la pobreza. Para pobrezas, la de su pensamiento y sus palabras. Si no fuera porque las ha pronunciado ante la ONU, sumidero de discursos vanos e inmorales, sería para sonrojarse.

Catástrofe natural e intelectual

Se ha hablado y escrito mucho, con gran cantidad y variedad de estupideces, acerca de la inundación de la zona de Nueva Orleans por el huracán Katrina. Algunos han protestado porque no se dedicó más dinero estatal al mantenimiento y a la construcción de diques. A toro pasado y después de ocurrido un desastre es fácil lamentarse de un riesgo no perfectamente cubierto. Conocer a priori qué recursos adjudicar a qué asuntos es muy problemático: los medios son finitos, y añadir a alguna partida presupuestaria implica quitar de otra. Ahora hay quienes se arrepienten de no haber gastado más en diques (sin especificar cuánto más sería adecuado), pero el error siempre es posible en toda acción humana. El futuro es en general impredecible en detalle y no existen garantías completas de seguridad. Todo lo que se gaste ahora en diques no podrá utilizarse para prepararse frente a otras amenazas que quizás sucedan en el futuro.

No se trata simplemente de un problema técnico (recurrir sólo a diques puede evitar alguna inundación pero agravar problemas futuros debido a la distribución de los sedimentos transportados por el río), es sobre todo un problema económico y ético donde entran en conflicto las preferencias particulares de grandes cantidades de personas. Protegerse del alza de un río mediante diques puede trasladar el problema a otra parte del río, y esto lo saben muy bien los habitantes de zonas proclives a inundaciones: en ocasiones se ha recurrido a destruir diques en unos lugares para salvar otros. Y además el sistema de diques es especialmente vulnerable a ataques terroristas (si no se les había ocurrido antes ya deben haber tomado nota).

Los ecofanáticos insisten en culpar de todo al calentamiento global, a la actividad industrial, a la depredación de la naturaleza. Algunos han afirmado que esta catástrofe sucedida en una nación rica demuestra la necesidad de gobiernos estatales más fuertes (incluso un gobierno mundial) que nos defiendan porque todos somos igualmente vulnerables y podemos sufrir por igual las consecuencias de los desastres naturales. Pero las naciones más libres son más ricas y tienen más recursos para defenderse de los ataques de la naturaleza.

Distintos lugares son diferentes respecto a su vulnerabilidad frente a catástrofes naturales de todo tipo (terremotos, inundaciones, incendios, huracanes…): es absurdo considerarlos a todos iguales y pretender garantizar institucionalmente de forma colectiva y coactiva la reparación de los daños. Los seguros estatales los obtienen unos a costa de otros e incentivan la construcción y la población de zonas peligrosas: los individuos no tienen en cuenta adecuadamente los riesgos ya que el gobierno les va a rescatar sistemáticamente y no tendrán que responsabilizarse por sus errores. La demagogia frente al desastre es tal que se insiste en que es una cuestión de orgullo nacional el reconstruir a toda costa, y se tacha de insensible a quien ose afirmar que tal vez sea más sensato asumir las pérdidas y aprender la lección.

Los votantes culpan a los políticos que odian y lamentan que no estén los suyos en el poder. Los políticos se culpan unos a otros, se hacen las fotos y los discursos de rigor para que parezca que hacen algo. Las burocracias estatales han mostrado su incompetencia, pero esto no les preocupa gran cosa, ya que el fracaso está en su naturaleza y es esencial para su crecimiento: se cortan unas pocas cabezas como chivos expiatorios y se incrementa su presupuesto. Sin agencias estatales financiadas mediante impuestos la gente tendría más dinero disponible para contratar seguros privados o para donarlo voluntariamente a instituciones de caridad (las que realmente ayudan) y nadie tendría la excusa moral de que ya ha pagado para que el gobierno se ocupe de todos los problemas de los necesitados.

Muchos han puesto el grito en el cielo al descubrir que en los ricos Estados Unidos de América todavía hay pobres que no pudieron evacuar la ciudad (¿o quizás algunos no quisieron, porque sabían que era muy probable que es su ausencia sus viviendas fueran saqueadas?). Exigen más redistribución de riqueza y más socialismo, pero no se les ocurre pensar que entre las causas de esa pobreza pueda estar la institucionalización de los subsidios que genera una cultura de dependencia e irresponsabilidad personal.

Algunos piensan que la situación de colapso y fracaso del estado es sus funciones teóricamente más básicas de protección del orden público es equivalente al funcionamiento de un mercado libre de seguridad. Los críticos del anarcocapitalismo creen haber demostrado su causa, que sin un estado monopolista del uso de la fuerza aparece el caos, e incluso critican al mercado por no impedir los saqueos y las agresiones. Pero ese mismo estado tan necesario para algunos permitía la existencia de esta ciudad famosa por su delincuencia y corrupción. Es difícil que las instituciones sociales del mercado puedan surgir y mostrar su funcionamiento si los gobernantes deciden desalojar por la fuerza a los ciudadanos y confiscarles las armas, si se les impide defender su persona, su domicilio y sus posesiones. Además el desarrollo de instituciones sociales lleva tiempo, no surgen de la noche a la mañana, y el monopolio coactivo del estado impide su formación.

Narbona, azótanos

A pesar del pequeño escándalo mediático que provocó el asunto, a mi me pareció muy bien que Doña Cristina abrigara sus glúteos con una marta cibelina, pues su trasero, en tanto que Ministra del Reino de España, es un bien público que conviene preservar de los rigores otoñales y más en los aledaños de la sierra madrileña, conocida por sus corrientes traicioneras. Además, sensible al sufrimiento de las especies amenazadas por la industria peletera, tuvo la delicadeza de interpretar un coqueto escorzo de forma que su egregia retaguardia sólo descansara tangencialmente en la prenda, para que luego los ecolojetas la acusen de crueldad con los bichos.

Una vez al timón del ministerio, Narbona se ha dedicado principalmente a reñir a los españoles, que es lo que uno espera de las personas a las que paga el sueldo con sus impuestos. A los gallegos les ha acusado de permitir la ola de incendios desatada este verano por no practicar la sana virtud de la delación, de honda raíz socialista. En Cuba, los vecinos se espían entre sí y se denuncian mutuamente al guardián de la revolución responsable de su manzana, fórmula que convendría importar por su probado éxito: en los frondosos bosques caducifolios de La Habana jamás se ha producido un incendio.

Esta semana la ministra ha tenido la deferencia de visitar nuestra región, a pesar del riesgo que suponen para su delicada pituitaria las nutritivas aguas fecales con las que, según ella y sus técnicos, los murcianos solemos rociar cada mañana nuestros bancales de lechugas.

Pero aunque intente moderarse, a la ex-pareja del actual presidente de la logia parlamentaria europea le puede el espíritu de "dómina" que toda ministra de cuota lleva dentro. Esta vez ha estado hasta amable con nosotros, pero en actitud forzada que no logra ocultar la severidad que caracteriza a nuestra broncínea sargenta. Yo creo que en su próxima visita a nuestros pagos, el PSOE murciano debería montar un patíbulo para que Doña Cristina, con fusta y antifaz de cuero, azote públicamente a los que la Confederación Hidrosocialista haya sorprendido "desperdiciando" el agua que su gobierno nos niega. Propietarios de piscinas, plantadores de brócoli y demás delincuentes, vuestra hora se aproxima.

El campo europeo

La sequía que padecemos y que parece coincidir con el comienzo de un ciclo seco en la Península Ibérica, un demagogo Ministerio de Medio Ambiente, un inoperante Ministerio de Agricultura, la casi inevitable pérdida de fondos europeos para la agricultura española en especial y europea en general y el no menos desdeñable alarmismo de los grupos ecologistas, han potenciado el victimismo en nuestros agricultores, un victimismo no ajeno a razones pero tan habitual como tedioso. Sin embargo, era inevitable que esta situación se planteara dada la deriva de las políticas europea y española.

La Política Agraria Común, la PAC, es una herramienta maravillosa. Aparentemente, hace razonablemente competitivo el cultivo del olivo en Finlandia o la cría de la vaca lechera en Andalucía. La razón de tan maravilloso truco de magia radica en las ayudas y fondos que reciben nuestros agricultores y que, con criterio político, reducen sus costes o aumentan sus ingresos de forma que el cliente final o los intermediarios tienen la falsa sensación de que están pagando un precio aparentemente adecuado por productos de la tierra.

La realidad es otra bien diferente. La PAC nace en 1962 por la necesidad estratégica de disponer de un suministro interno y seguro de alimentos en Europa. Semejante política, que se opone claramente al libre comercio, ha tenido serias consecuencias, no sólo para los europeos sino para el resto del mundo y en especial para los países del Tercer Mundo. Primero, contenta a un sector, el primario, y a sus simpatizantes. La segunda consecuencia, es que al establecer una política de cuotas, se incrementan las producciones de productos poco eficientes para las condiciones climatológicas o regionales, productos que los agricultores tienen que cultivar cuando la cuota de los más rentables se agota o entrar en el fraude, que no es cosa rara. La tercera, se crean unos excedentes que en el peor de los casos terminan destruyéndose o que irrumpen en el mercado mundial politizando precios y perjudicando a los productores de países cuyos precios, por diferentes razones, son más asequibles para el consumidor final y que proporcionaría a ese productor unos ingresos que el poder político le arrebata.

La razón de esta política tan inadecuada como destructiva es difícil de entender si lo hacemos con criterios razonables pero es fácil si se piensa en términos políticos o de carácter emocional. El colectivo agrícola es fuente de votos, no sólo de los propios agricultores, que en Europa son cada vez menos, sino de ciertos colectivos que ven emocionalmente cercanos al campo y sus problemas, sean o no reales. Por otra parte, países como Francia tienen en los agricultores lobbies muy poderosos que no dudan en organizar huelgas y manifestaciones en cuanto que se sienten amenazados. No es extraño que nuestros grupos políticos, sobre todo los más demagogos o los que no tienen el suficiente valor para hacerles frente, se preocupen de conceder en la medida de sus posibilidades aquellas demandas.

Uno de los mayores logros a los que se puede aspirar en una Europa moderna sería a la desaparición de estas ayudas. Ello generaría seguramente un campo más eficiente, centrado en aquellos productos que puede cultivar y en aquellos que son demandados. Un campo que no tiene que tomar el dinero de los contribuyentes para ser rentable sino que puede depender de sí mismo. Un campo que se basaría en la calidad y no en la cantidad. Ese es el campo al que tenemos que aspirar y no a mantener a unos colectivos con poder que casi nunca representan a los intereses de la mayoría.