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Etiqueta: Recursos energía y medio ambiente

Réquiem por Kioto

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Cass Sunstein, escribiendo en el blog de Lawrence Lessig, expresó recientemente sus dudas acerca de la analogía entre los mecanismos de información que definió Hayek, como el lenguaje o el sistema de precios, y otros surgidos recientemente como las bitácoras, el software libre o Wikipedia. Sunstein parece tomar de Hayek tan sólo la descripción de cómo el orden espontáneo –es decir, las consecuencias no deseadas ni buscadas de la acción humana– es capaz de agregar información dispersa de una forma sorprendentemente precisa. Así pues, Wikipedia sería un gran ejemplo de “proceso hayekiano”, pues consigue centralizar el conocimiento de sus miles de colaboradores y corregir sus propios errores.

Sin embargo, Sunstein no se fija en que la agregación de contenido no es todo y quizá, ni siquiera es lo más importante de los órdenes espontáneos, como indica Todd Zywicki en el blog The Volokh Conspiracy. Lo asombroso del sistema de precios no es sólo que agregue un montón de información sobre las preferencias de los consumidores o los costes de producción en una sola cifra, sino que esa misma cifra sirve para que consumidores y productores vuelvan a cambiar preferencias y costes. Es un proceso dinámico, en el que la información generada vuelve a los agentes para que les ayude en su acción lo que termina volviendo a cambiar la información. En un proceso coordinador, que permite a las personas ajustar mejor su comportamiento a las demás. En un proceso en el que no cuentan las intenciones de los actores que participen en él, pues esta no cuenta en el resultado final.

Lo mismo cabe decir del lenguaje o de la ley, otros dos ejemplos clásicos del tipo de proceso que Hayek definió. El lenguaje va cambiando según lo van inventando las personas, que lo comunican a otras hasta que una innovación se va haciendo general en una comunidad lingüística. Según sucede, esas palabras nuevas van siendo utilizadas de nuevo para crear otras. Y todo ello sucede aunque la intención original de los innovadores fuese crear un lenguaje propio y privado, como sucedió con el lunfardo. El imperio de la ley, entendido al estilo anglosajón de construcción mediante precedentes, va cambiando las reglas de acuerdo a las actuaciones de los individuos mediante decisiones de jueces . Del mismo modo, los individuos toman nota de dichas decisiones para cambiar su modo de actuar, esperemos que generalmente para ajustarse mejor a la ley.

Visto desde ese punto de vista, es difícil considerar que un blog, Wikipedia o el software libre sean procesos. Todos agregan información dispersa (en el caso de una bitácora a través de los comentarios y de otros blogs) y ésta se centraliza pero no vuelve a dispersarse en ese proceso dinámico que hemos descrito ni tiene una función coordinadora. Los objetivos está marcados y la información se provee con ese fin. No existe, en definitiva, un orden espontáneo.

Pero, ¿y la blogosfera en general, la conversación que tiene lugar a través de Internet? El periodismo disperso permite agregar la información a través de los enlaces y las referencias que se hacen las bitácoras unas a otras. Es un proceso que permite coordinar las acciones de informadores e informantes. Es eminentemente dinámico, en el que lo que se escribe en una bitácora afecta a lo que se dirá en muchas de las demás, lo que de un modo u otro vuelve a reflejarse en el blog original; la blogosfera es una serie de conversaciones. Finalmente, permite obtener una información precisa aunque la intención de muchos de sus participantes sea ofrecer una visión partidista sobre la realidad, porque el filtro que supone la comunicación directa con lectores y los demás escritores de bitácoras permite que sea aquello de interés real lo que termine dominando la conversación. El periodismo disperso es un orden espontáneo; de ahí su poder.

Agua privada, individuos libres

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa. 1 comentario en Agua privada, individuos libres

A mediados de julio, un policía de Nueva York llamado Edward Polstein fue despedido del departamento. Llevaba ya desde octubre jubilado prematuramente. La razón principal es que mantenía un sitio web en el que tanto él como otros policías rajaban contra el departamento, sus jefes y el alcalde de forma anónima. Creado en 1999 tras considerarse relegado en varios ascensos, era lo suficientemente popular como para recibir una media de 60.000 páginas vistas diariamente, aunque tras el cese ha bajado a un tercio de lo que fue, presumiblemente debido a un cierto temor laboral de los agentes demasiado protestones.

Esta noticia vuelve a traer a la actualidad la espinosa relación entre el uso de la libertad de expresión en Internet y el empleo de quienes pretenden ejercerla. El debate surgió con fuerza cuando una azafata fue despedida por publicar en su bitácora personal unas fotos en las que aparecía con el uniforme de su empresa. Aunque no era la primera vez que algo así sucedía, lo absurdo de la razón del despido convirtió por primera vez la relación de los bloggers con su trabajo en un debate popular en Internet.

Parece que, después de un cierto número de despidos, se puede establecer que las principales razones por las que lo que escribas en Internet puede procurarte una patada en el trasero son dos: criticar a la empresa o revelar algún secreto de la misma. Ninguna de ellas resulta demasiado sorprendente. Al fin y al cabo, si decías que la compañía donde trabajas era una porquería delante de tu jefe o le contabas a la competencia (o a un periodista amiguete) algún secreto comercial, la calle era tu destino más probable; con o sin Internet, con o sin bitácoras. La única diferencia es, quizá, que en este último caso el despido va a ser más público y sus causas también, por lo que los directivos deberían pensarse más dar ese paso para que la imagen de la empresa no caiga a lo más profundo del vertedero en la red, donde todo se sabe.

Sin embargo, el despido de Edward Polstein debería abrir un debate distinto. Las empresas han de ser libres de despedir a quien quieran, por las razones que mejor le parezcan. Un contrato de trabajo es un acuerdo libre entre dos, y si uno de los dos decide terminarlo por las razones que sean, no hay más que hablar. Pero, ¿qué sucede cuando una de esas partes es una administración pública? En España es sencillo saberlo, porque despedir a un funcionario es una tarea que requiere toda la fuerza de Atlas y Hércules unida. En otros países quizá habría que andarse con cuidado. La crítica al poder es una base fundamental de la democracia y la libertad, y los datos de aquellos que están dentro del Leviatán son casi siempre la principal fuente de esas críticas. Despedir a un funcionario público que critica a la administración no debería estar permitido. Es más, en muchas ocasiones debería ser razón para un ascenso. Otro asunto es la revelación de secretos, siempre y cuando estos pongan en peligro la seguridad. Por ejemplo, revelar los detalles de la protección de un político es claramente punible. Darle a la prensa los documentos que estaban en el ordenador de un terrorista, en cambio, no lo es, como no lo sería publicarlo en el blog del funcionario implicado.

Al final, todo se reduce a un poco de sentido común. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, impide al congreso hacer leyes relacionadas con la libertad de prensa, pero no impide a las empresas hacer normas internas que limiten la libertad de expresión de sus empleados. Por eso, la azafata puede pedir su reingreso pero haría mejor en seguir con su vida y buscarse otro empleo. Sin embargo, el policía debería plantear una batalla legal. Y debería ganarla.

Nacionalización en nombre del bien común

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

A su vez, perfilamos que la globalización abre las posibilidades. La división del trabajo ya no tiene que ajustarse a los estrechos límites de un país como España, sino que la especialización puede realizarse a nivel europeo, incluso mundial, aumentando su eficiencia. Cada individuo, en cualquier parte del mundo, puede producir, tras un análisis empresarial de las necesidades de los consumidores, aquello para lo que está más capacitado, sabiendo que podrá venderlo a las más lejanas sociedades. Por último, el capital puede invertirse por todo el orbe de una manera más adecuada en atención a su productividad y a los costes asociados.

En este sentido, por ejemplo, si una guerra devastara toda la riqueza alemana, la recuperación económica sería rápida. Los alemanes estarían forzados al principio a aceptar bajos salarios, ya que sus bienes de capital habrían desaparecido y, por tanto, su productividad sería baja (unos salarios más elevados que la productividad significarían que el empresario está pagando más de lo que espera obtener vendiendo el producto). Estos bajos salarios permitirían a los empresarios españoles producir en Alemania lo mismo que en España, pero a un menor coste. Es más, podrían producir en Alemania y seguir vendiendo la producción a sociedades ricas como España o Reino Unido.

Por tanto, la inversión extranjera en bienes de capital empezaría a reconstruir todo el equipo productivo alemán que había sido destruido con la guerra, y ello, a su vez, provocaría un incremento de los salarios. De esta manera, la situación de pobreza postbélica sería rápidamente revertida. Alemania volvería a ser una sociedad rica, gracias a la globalización. Algo similar, de hecho, ocurrió tras la II Guerra Mundial.

Con todo, muchos han sido los intentos por hacernos creer que el Plan Marshall salvó a Europa de la miseria. Hong Kong, por ejemplo, era por aquel entonces una ciudad paupérrima, y no recibió ningún tipo de Plan Marshall; hoy, gracias a sus libres mercados, interiores y exteriores, es la región más rica y libre del mundo. Fueron, pues, las inversiones empresariales las que reconstruyeron la riqueza Europea, no los planes de algunos políticos iluminados.

Ahora bien, si todo esto es así, ¿por qué África sigue siendo pobre?

Propiedad privada y estabilidad institucional

En el anterior artículo aseguramos que no puede haber riqueza sin propiedad privada. Si yo no soy propietario de una trozo tierra, no podré incorporarlo a mis planes como medio hacia mis fines y, por tanto, no podré considerarlo riqueza. La propiedad común hace imposible que el individuo satisfaga sus fines y, especialmente, dificulta la consecución de fines muy lejanos.

La ausencia de seguridad jurídica sobre la posibilidad de retener los bienes, así como sus rendimientos, crea un perverso incentivo cortoplacista a saquear las propiedades comunes. Lo que es del común es del ningún, reza el refranero español. En teoría económica, a este fenómeno se lo conoce como "Tragedia de los Comunes", expresión acuñada por Garrett Hardin.

La explicación no puede ser más simple. Sin seguridad jurídica yo no puedo incluir un bien en mis planes a largo plazo, pues ignoro si tal bien habrá sido ya usado por otra persona con anterioridad. Es más, en realidad sólo podré dar algún uso a ese bien si lo utilizo antes que los demás, si lo empleo para planes muy inmediatos (ya que, en caso contrario, serán otros quienes lo empleen). Así, se produce una carrera entre los potenciales usuarios para ver quién esquilma antes el bien, es decir, quién lo integra antes en sus planes.

El resultado es la progresiva degradación de la "riqueza natural", que no llegará a convertirse jamás en "riqueza humana". No sólo eso: nadie estará dispuesto a invertir en capital si no tiene la seguridad de que podrá rentabilizarlo.

En África la gran mayoría de las tierras son comunales. Nadie acepta sacrificar su riqueza presente en unas tierras cuyos rendimientos revertirán sobre otras personas que no han invertido. La tendencia, por tanto, es a limitar al máximo el esfuerzo laboral propio para consumir los bienes obtenidos por los compañeros de trabajo. Si el reparto de frutos no depende del esfuerzo individual sino del resultado común, ¿puede esperarse otra cosa que el parasitismo?

Pero esto, a su vez, incide sobre los otros dos medios a través de los que se genera la riqueza: la división del trabajo y la acumulación de capital.

Como hemos dicho, ningún africano emprenderá proyectos empresariales de muy lejano alcance por la enorme inseguridad jurídica que rodea la retención de los medios necesarios para acometerlos. La división del trabajo es un proyecto empresarial de largo alcance; aun en su forma más simple, cada persona deberá esperar a que otros adquieran sus productos para poder consumir aquello que realmente desea. Hay que producir, intercambiar lo producido por dinero y luego comprar el bien deseado.

Sin derechos de propiedad bien definidos, el individuo ignora si podrá completar el proceso: bien podría perder la propiedad de sus mercancías o la del dinero obtenido. Por ello, cada persona tratará de proveerse de aquello que necesita directamente; no pretenderá especializarse en satisfacer las necesidades ajenas. Retrocedemos, así, a una economía de subsistencia donde la división social del trabajo y del conocimiento ha desaparecido.

De la misma manera, la ausencia de instituciones estables que garanticen el derecho de propiedad (las frecuentes guerras civiles, las férreas dictaduras y las recurrentes expropiaciones nacionalizadoras) desalientan tanto a los propios africanos como a los occidentales de invertir allí su riqueza en forma de capital. Recordemos que la inversión en capital supone sacrificar riqueza presente para obtener una renta futura que compense el sacrificio actual. La ausencia de propiedad, pues, no sólo vuelve incierta la propiedad sobre ese conjunto de rentas futuras, sino sobre la inversión de capital que da lugar a las mismas.

Sin derechos de propiedad la riqueza se esfuma, la división de trabajo se resquebraja y el capital desaparece en cuanto a tal.

El proteccionismo occidental

La responsabilidad de los africanos, y especialmente de sus políticos, es manifiesta. La ausencia de instituciones y el fomento de dictaduras anticapitalistas es la razón de fondo de la pobreza en África. Sin embargo, la inexistencia de dichas instituciones no significa que no puedan aparecer y formarse. La inversión occidental, por ejemplo, promovería el respeto por la propiedad privada, el esfuerzo individual y la iniciativa empresarial. Los africanos empezarían a imitar y copiar las provechosas conductas occidentales, aprendiendo a aumentar su propio bienestar sin atacar el de los demás.

El problema es que los africanos se han convertido en víctimas del proteccionismo occidental. En el primer artículo dijimos que el progreso económico necesitaba de libertad de movimientos de personas, mercancías y capitales, esto es, de globalización. Pues bien, a pesar de que la izquierda no deje de repetir lo contrario, la globalización se encuentra en un estadio extraordinariamente primitivo.

Los aranceles europeos y norteamericanos están matando a África (no en vano, en las pasadas elecciones europeas Coalición Liberal utilizó el contundente slogan de "La PAC mata"). No se trata, solamente, de que el proteccionismo impide a los africanos vender sus productos en los mercados occidentales a precios más elevados de los que podrían obtener en los mercados locales: el perjuicio de los aranceles va mucho más allá.

Dado que los empresarios occidentales saben que, en caso de trasladar sus plantas a África, no van a poder vender sus productos en Europa, los incentivos a la inversión occidental en África desaparecen. En otras palabras, si el empresario tiene la ventaja de producir barato en África y se ve constreñido a vender barato "en África", la razón para invertir en una zona inestable e insegura, con márgenes de beneficio similares a los occidentales, es escasa.

Así, las sociedades africanas no pueden recurrir al ahorro occidental para financiar sus estructuras de capital; al no existir libre comercio, la libertad de movimientos de capital se marchita.

Y sin ella difícilmente podrá África prosperar a corto plazo. Por un lado, porque las empresas occidentales no ejercerán su necesaria función de liderazgo, generando de manera espontánea las instituciones y comportamientos pautados previamente descritos. Por otro, porque sin el capital occidental, como ya dijimos, los africanos son incapaces de explotar su inmensa "riqueza natural". La izquierda puede frotarse las manos ante los sustanciosos recursos naturales africanos, pero sin el capital occidental son del todo accesorios e inútiles.

Pero, finalmente, y sobre todo, porque los africanos no tienen capacidad para acumular a corto plazo el ahorro necesario como para emprender inversiones en capital. Europa necesitó varios siglos para obtenerlo; a Asia, en cambio, le han bastado unas pocas décadas, gracias al excedente de ahorro occidental. África debería seguir el mismo camino, si los políticos, europeos y africanos, no distorsionaran la libertad empresarial.

Además, si recordamos las conclusiones del artículo anterior, no nos será difícil comprender algunas de las consecuencias de la política arancelaria. Dijimos que había dos opciones para conseguir aumentar el nivel de vida de los africanos: o bien los empresarios occidentales invertían en África, donde los salarios son bajos, para vender sus productos en Europa, o bien los africanos acuden allí donde los salarios son elevados.

Ante la imposibilidad de la primera opción, la segunda vía de escape aparece como el único camino. No es extraño, pues, que Europa, ante sus irresponsables aranceles, esté padeciendo enormes oleadas de inmigración. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Si el capital no puede acudir allí donde el salario es barato, el trabajo acudirá allí donde el salario es alto.

En el caso de que los políticos europeos quisieran realmente reducir la creciente inmigración que padece Europa, nada hay más urgente que eliminar los gravosos aranceles comunitarios. No ya sólo porque empobrezcan a los africanos, sino porque hacen lo propio con los consumidores europeos, forzados a pagar un precio superior al que hubieran desembolsado sin arancel.

Vemos, pues, cómo el ataque al libre comercio repercute necesariamente sobre el movimiento de capitales y la división social del trabajo. Ninguna restricción de las libertades es inocua, todas provocan una serie de acontecimientos sociales, a cada cual más nocivo: y es que los problemas de la inmigración en occidente se ven, a su vez, agravados por otra serie de políticas intervencionistas.

Para terminar con la pobreza y la inmigración descontrolada debemos reestablecer el libre comercio que caracterizó al siglo XIX, el de mayor expansión económica de la historia. Sólo así los empresarios occidentales decidirán invertir en África, facilitando la emergencia del respeto a la propiedad privada y de una clase empresarial nativa que liderará en el futuro el desarrollo de sus sociedades. El libre comercio, además, permitirá a los africanos acumular sus propios ahorros, lo que a su vez dará lugar a una clase capitalista africana.

Ninguna de estas propuestas ha sido planteada por el Live 8 y el G-8. En su lugar, hemos escuchado propuestas tan pintorescas como la Tasa Tobin, la condonación de la deuda externa, la escolarización obligatoria de la población y, sobre todo, la ayuda externa estatal a través del 0’7%. ¿Tienen estas propuestas algún viso de viabilidad o simplemente acrecentarán el problema original de la pobreza? Lo explicaremos en el próximo artículo.

Atentados terroristas y catástrofes naturales

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado que quiere comprar zonas adyacentes al litoral para su mejor preservación. Así pretende “corregir en lo posible los efectos indeseables de la ocupación en zonas muy degradadas” en la costa o con una “urbanización excesiva”.

Ministra. ¿Qué significa para usted “muy degradado” o “excesivo”? El libre mercado lo mide todo, y a todo le otorga un precio. El libre mercado no es un dictador que imponga su moral como usted hace con su particular medida. Cuando un terreno está “muy degradado” o su urbanización es “excesiva” su precio baja según las preferencias subjetivas del consumidor. Legiones de compradores y vendedores saben mejor que usted el auténtico significado de “muy degradado” o “excesivo”. Su medida es arbitraria y sólo la aplica para aumentar su fuerza, su ego y esnobismo.

Por otra parte, ministra, ¿de dónde piensa sacará el dinero para llevar a cabo su labor? Usted tiene un cargo que no es productivo. El desarrollo de sus funciones no producen ni aportan nada a la sociedad, por eso necesita financiar su puesto y toda la horda de funcionarios que le siguen con impuestos. Dicho de otra forma, necesita recurrir a la extorsión de los impuestos para financiar sus elevados fines que empresas y particulares pagan por miedo a represalias suyas. ¿Le robará el dinero al pequeño comercio? ¿A las familias altamente endeudadas? ¿Acaso a las empresas extranjeras para que se vayan a otro país?

Aparte de usurpar ilegítimamente el dinero de los españoles, ¿ha pensado que pasará con los negociantes que viven del comercio en esas zonas si reduce la dinámica comercial? El “turismo de calidad” por el que aboga su jefe se convertirá en el turismo nulo. ¿De verdad cree que los extranjeros vienen a España para ver parques nacionales, zonas verdes o una “sociedad ecológica”?

Si quiere hacer algo por el ecologismo, la sociedad y aumentar y cambiar la estructura productiva del país haga algo mucho mejor: privatice todo el terreno nacional. Sí. ¡Venda todo el terreno que ustedes, los políticos, han expropiado a la sociedad civil! Con el dinero que obtenga indemnice al pagador de impuestos, amortice la deuda estatal y elimine los derechos positivos que ha creado el estado.

La economía privada acabará de una vez por todas con los problemas, que los de su clase han creado; como la “escasez” de energía, el agua que van regalando a los campesinos y malgastan con rupestres sistemas de riego como el de inundación, incluso con los derechos de contaminación que ustedes venden según sus juegos y manipulaciones políticas.

Elimine todas las subvenciones, especialmente las destinadas a la agricultura. Nos salen carísimas, descomponen la estructura productiva, crean sectores rígidos y anticuados que no deberían existir y evidentemente perjudican a la naturaleza. ¿Quiere convertir nuestras montañas en grades terrenos verdes como en el pasado? ¿Pues qué hace regalando el dinero a agricultores? Si elimina las subvenciones a la agricultura las montañas se volverán a poblar de naturaleza y los agricultores encontrarán sistemas más beneficiosos y productivos que vivir de subvenciones estatales.

Señora ministra, usted no es la solución a ninguno de los problemas ecológicos de España, sino la amenaza. Su ecologismo contra el capitalismo y la propiedad privada lo vamos a pagar todos. Sólo la libertad de mercado —de la que usted es tan detractora— nos darán una España económicamente sostenible y próspera.

El agua no es el problema

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Allá donde miremos siempre hay agua. Los seres vivos son básicamente agua; cualquier ecosistema terrestre incluso el más seco tiene y depende del agua para trasladar energía, nutrientes, sustratos o incluso a los propios seres vivos; la atmósfera contiene ese vapor que termina en forma de nubes y precipitaciones, tan necesarias como temidas; el tiempo climatológico es esclavo del agua. A la Tierra se le llama el Planeta Azul precisamente porque tres cuartas partes de su superficie la ocupan los océanos. Si tanto agua existe en todas partes, ¿por qué la gente pasa sed, los campos se secan y las industrias se paran?

El problema del agua no es su escasez sino la necesidad de que llegue en ciertas condiciones de oportunidad, calidad y cantidad a los que la necesitan; este es el meollo del asunto. La percepción de muchos es que el agua, al ser un elemento común, es un derecho para todos y como tal debe proporcionarse a cualquier humano, incluso bajo criterios de gratuidad. Ajenos a la realidad, estas fuentes de opinión más que de conocimiento ocultan e incluso niegan la otra cara de la moneda, los costes de captación, tratamiento, y transporte del líquido elemento que necesariamente deberán ser repercutidos en el cliente final, sea particular, industria o regante. Además, tampoco explican otros costes añadidos como el que supone el tratamiento del agua contaminada.

Este largo proceso es una actividad económica y como tal puede y debe ir ligada al sistema de libre mercado, donde unos empresarios aprovecharán la oportunidad que se les brinda, creando las infraestructuras adecuadas a través de inversiones y vendiendo su producto final, el agua conducida y lista para su consumo, al cliente que le dará el uso que considere oportuno. Mediante acuerdos, contratos y arbitrajes, supervisados si fuera necesario por organismos no necesariamente estatales, se pueden hacer frente a muchos de los problemas que se podrían plantear, como el respeto de caudales ecológicos, el uso racional de los acuíferos, rápidos de vaciar pero lentos en su llenado, uso racional entre regantes, conflictos entre usuarios y cualquier otro que se pueda surgir.

El precio final será variable ya que cada zona estará condicionada por su latitud, altitud, orografía y climatología, y podrá experimentar variaciones en función de nuevas tecnologías que favorezcan la eficiencia del proceso. Al mismo tiempo, el sentido común del usuario le permitirá acometer una serie de medidas de ahorro que limiten sus gastos. Es evidente que habrá una serie de personas que podrán acceder al agua de manera casi gratuita y otros, situados en zonas más desérticas, secas o menos desarrolladas, tendrán problemas para abastecerse hasta que el desarrollo, la tecnología y la imaginación unida a la necesidad, palien el problema. Que todo el mundo tenga agua en las mismas condiciones no es nada más que otra utopía que sólo ha traído más mal que bien a los necesitados.

Esta necesidad no ha pasado ajena a los partidarios del Estado frente al libre mercado. Una vez aposentados en el poder, no han dudado en nacionalizar y expropiar los bienes de aquellos que han buscado satisfacer esta necesidad humana por sus propios medios. El Estado no sólo ha incautado los bienes sino que se ha arrogado la política hídrica de forma que estima cuáles van a ser las necesidades futuras, cuáles las industrias y actividades favorecidas y cuáles las perjudicadas y como se va a gestionar todo en los próximos años. No contento con ello, ha intervenido los precios reduciéndolos al consumidor final pero sin explicar que la diferencia entre el precio real y el pagado se restituye bien con los impuestos de todos, seamos derrochadores o no, bien con la existencia de empresas públicas estatales deficitarias cuyas deudas se incrementan año tras año sujetas, por lo general, a ingenierías financieras de difícil comprensión pero de gran oportunidad política.

En definitiva, en el mejor de los casos, no aportan nada que no puedan aportar las empresas privadas que dan servicio y en el peor, se generan una burocracias poco eficientes con infraestructuras antiguas, proliferación de averías, imposibilidad de cambiar de suministrador si el suministro es deplorable, pocas e ineficientes inversiones de mantenimiento y en algún caso, las corruptelas de siempre. Es cierto que ningún sistema es perfecto pero el sistema estatal no nos da ninguna otra opción si no estamos contentos con lo que tenemos.

Agua para el golf

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

La decisión de transvasar 82 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo a la del Segura ha provocado las protestas y la indignación de los habitantes y regantes de una y otra zona. No podía ser de otro modo. Cuando es el Estado quien controla un bien escaso, todas las decisiones que tome para su reparto serán injustas y arbitrarias. La metedura de pata de la ministra Narbona asegurando que la decisión se ha basado, entre otras cosas, en las noticias de que en al menos un caso se ha regado en Murcia con aguas fecales, viene a demostrar la poca base con la que se decide el reparto.

La propiedad privada es una institución necesaria precisamente cuando hay escasez, porque permite ir destinando el bien escaso a sus usos más demandados. Los bienes que no son escasos, como el aire, no son propiedad privada porque no es necesario. El progreso puede entenderse como la creciente apropiación privada de los recursos antes libres, porque el ingenio humano es cada vez más capaz de aprovecharlos y, por tanto, de hacerlos necesarios y escasos. Del mismo modo que el petróleo no era un bien escaso hace dos siglos, muchas hectáreas de terreno tampoco lo eran hace décadas, por la falta de fertilizantes químicos que pudieran aprovecharlas.

La irracionalidad y demagogia que dirige la gestión pública del agua se demuestra en los usos a los que se destina. España es un país seco que, sin embargo, dispone de 4 millones de hectáreas de regadío, cada una de las cuales requieren de media entre 4.000 y 5.000 metros cúbicos de agua. Cada hectárea de regadío puede suponer, como mucho, unos 3.000 euros anuales, frente a los 200.000 de la hectárea de un campo de golf. Sin embargo, la ley coloca a los campos de golf al final de la lista de destinos para el agua.

Cuando la gestión pública y la ley producen efectos tan irracionales como que el agua se destine obligatoriamente a un uso cuya rentabilidad es un 1’5% de la rentabilidad de otro uso, el resultado es inevitable y se llama mercado negro. Hay innumerables denuncias del desvío ­–muy bien pagado– del agua de usos agrícolas para regar campos de golf y jardines. Y es que su explotación resulta mucho más rentable y permite incrementar más la riqueza y el empleo. Especialmente si tenemos en cuenta que ese 1’5% se debe, en parte, a las subvenciones de la PAC.

Si Blair tiene éxito en su ofensiva para eliminar los subsidios agrícolas, el problema del agua en España se solucionará en gran medida. Muchos cultivos que son grandes consumidores de agua se mantienen sólo por la rentabilidad que ofrece la caza de dinero de Bruselas. Si, además, el ministerio deja de subvencionar el agua para uso agrícola al nivel que lo está haciendo, permitirá que ésta empiece a fluir de los usos menos demandados a los más demandados. El agua es un recurso escaso en España, por lo que debe acudir preferentemente allí donde es más rentable. No hay razón para que otros países más afortunados no nos exporten agua en forma de lechuga y tomate, mientras nosotros aprovechamos nuestra mayor capacidad para atraer visitantes. Ducharse no es derrochar el agua. Lo es seguir subvencionando una agricultura ruinosa por tantas vías distintas.

La escasez en los recursos

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Con el barril de petróleo superando los 60 dólares, reviven las predicciones del pronto e inevitable agotamiento del negro oro, al que seguirá una catástrofe sin precedentes. Este penoso resultado no habría sido previsto por el ciego capitalismo. Más que ceguera es miopía, ya que no puede ver más allá del beneficio inmediato. Nos ha dado una época de aparente riqueza, pero sobre la base del petróleo, vértice a punto de derrumbarse junto con todo el edificio.

No estamos ante un guión de una película de James Bond, ni mucho menos. Estas predicciones están basadas en un pensamiento con mucha tradición, que en cierto sentido se puede remontar a Malthus, pero que es incluso anterior. Lo cual solo es una prueba más de la capacidad humana de empecinamiento en el error. Porque este relato de los hechos previsibles tiene varios fallos.

Supongamos que en un momento descubrimos que podemos contar, con los actuales precios y la tecnología de hoy, petróleo para los próximos 60 años, pero solo para ese período, ya que no encontraremos una gota más de nuestro preciado líquido. ¿Qué ocurriría entonces, en un mundo libre? Si el precio era, por ejemplo, de 30 dólares por barril, el que históricamente ha tenido, sobre la base de que el petróleo no se agotaría pronto, ahora ante los nuevos datos aumentaría de forma espectacular. Pongamos a 180 euros. A partir de ahí ocurrirían varias cosas.

En primer lugar se reduciría el consumo del petróleo a los usos más urgentes, a los que justificaran el precio de 180 dólares el barril. En consecuencia ya no tendremos petróleo para 60 años, sino por ejemplo para 200 años. Dado que con la misma cantidad se reduce el consumo por el incrementado precio, el período de reserva aumenta. Pero esto es solo el comienzo.

Con los precios más altos pasamos a utilizar sustitutos que antes no eran rentables con la antigua estructura de precios. Y aumentan los beneficios derivados de la inversión en el uso más efectivo del recurso, en su ahorro y en el aumento de los servicios que extraemos de cada cantidad. Si doblamos la productividad del uso del petróleo, es decir, si con la misma cantidad somos capaces de obtener el doble de los servicios con la misma cantidad, es igual que si con la antigua productividad hubiéramos doblado la cantidad de petróleo.

En consecuencia, por un lado necesitaríamos menos el petróleo, ya que hemos invertido en la utilización de nuevos y económicos sustitutos y a que el uso que hacemos del petróleo es más eficiente y más productiva. Por otro lado descienden los precios del petróleo, desde los 180 dólares a 60, o 40 o los que dicte el mercado. Esa reducción de precios se alcanza porque con la misma cantidad física de petróleo hemos multiplicado los servicios que de ella obtenemos. El número de años de consumo de petróleo, en las nuevas circunstancias, no tiene porqué aumentar o disminuir, así que tendremos los 200 años antes previstos, más o menos, para alcanzar nuevas soluciones y coger nuevos caminos, adaptados a la nueva situación.

Y una sociedad libre es la que mayor número de soluciones viables puede hallar, dentro de lo humanamente posible.

Una película de buenos y malos

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

Cien años después de la apertura de las primeras salas de proyecciones cinematográficas en los EE.UU., una nueva innovación empresarial trae savia fresca a una industria cuyos días parecían contados. Se trata de la digitalización de las proyecciones comerciales. En principio, la empresa estadounidense Avica ha elegido Irlanda para llevar a cabo el desembarco y despliegue de 500 proyectores digitales que sustituirán a los clásicos cinematógrafos de 35mm.

El ingenio empresarial y la grandeza de la libre competencia aparecen una vez más cuando todo parecía decidido para la desaparición de todo un sector. La idea consiste en replicar lo que miles de individuos están realizando independientemente a través de sus ordenadores conectados a Internet y de pequeños proyectores digitales, pero con una calidad muy superior. Imaginen la diferencia entre la logística de la distribución de las bobinas de 35mm y la descarga de una película a través de una red de comunicación digital. Por no hablar del mantenimiento de un proyector mecánico de celuloide frente al que requiere un moderno proyector digital. Estos cambios suponen tal ahorro que bien puede surtir el efecto de un balón de oxígeno capaz de salvar a un enfermo que a todas luces parecía terminal.

Para sorpresa de muchos cineastas y cinéfilos, es nuevamente el espíritu empresarial, y no el estado con sus subvenciones, quien mantiene vivo el séptimo arte. El estado se limita a mantener con el dinero que le quita al consumidor algunos productos o procesos de producción cinematográficos que el consumidor no desea costear. Cuando la subvención pública va dirigida a un proceso de producción cuyo consumo de recursos escasos es considerado excesivo por el consumidor, el estado tan sólo puede hacer como hace con la minería del carbón: mantener un sector de zombis.

Por desgracia, el intervencionismo puro y duro también se han cobrado importantes víctimas en este arte. En efecto, las regulaciones medioambientales han contribuido a acelerar la desaparición una de las más preciadas aportaciones que la industria del cine trajo al mundo para disfrute de generaciones de cineastas y espectadores. Un formato revolucionario, la película sonora de Super 8mm, tanto por el tamaño y la calidad de la imagen como por las posibilidades casi profesionales que ofrecía por un módico precio, fue introducido en el mercado por la casa Eastman Kodak en el mes de abril de 1965. Desde entonces, ha sido uno de los soportes más populares de la historia del cine, con el que han aprendido la inmensa mayoría de los directores contemporáneos, con el que aún hoy se trabaja en numerosas escuelas internacionales de cinematografía y con el que se producen muchísimos videoclips musicales.

El popular Super 8 sonoro dejó de producirse a finales de los 90, lo que llevó a la autoproclamada progresía cultural a hacer campañas exigiendo el reinicio de su fabricación y acusando a Kodak por la paralización de su producción. Sin embargo, Kodak no abandonó alegremente a sus clientes. De hecho, el pasado 9 de mayo anunció, coincidiendo con el 40 aniversario de su comercialización, que ante la drástica caída de la demanda casera del Super 8 mudo sustituiría a finales de este año el actual celuloide por otro más competitivo y de similares características. Kodak dejó de producir el Super 8 sonoro, un formato que tenía más que amortizado y para cuya venta utilizaba su red de distribución de películas de fotografía, por culpa de una regulación gubernamental. La EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EE.UU.) exigió a la empresa de Rochester un cambio en la emulsión que la firma americana utilizaba para pegar la banda de sonido a la película debido a potenciales daños medioambientales. El enorme coste que hubiese exigido la investigación de un nuevo sistema de pegado unido al lento pero claro retroceso que experimentaba la demanda de películas de cine frente a la expansión del video, aconsejó a Kodak dejar de producir contra su voluntad el histórico formato Super 8 sonoro.

También en el caso del cine podemos observar como la acción empresarial de los individuos crea bienes y servicios que satisfacen al consumidor usando el mínimo posible de recursos escasos mientras que las agencias gubernamentales se dedican a destruir irresponsablemente por otro lado. Los activistas en defensa del Super 8 aprovecharían infinitamente mejor el tiempo con un ligero cambio de dirección en su táctica: enviando sus cartas de enérgicas protestas y exigencias varias a los burócratas de la EPA en vez de a los directivos de Kodak.

Anchoa y mares públicos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Pescadores del Cantábrico han protestado recientemente por las dificultades que atraviesa la pesca de anchoa. Un acuerdo con Francia repartió los derechos de captura y los españoles se sienten perjudicados, pues mientras ellos están observando una parada biológica ante los temores de que se esté sobreexplotando los caladeros del golfo de Vizcaya, los franceses no parecen sentir el mismo temor y salen a faenar. En consecuencia, salen perjudicados tanto los prudentes como la sociedad en general, que ve peligrar un recurso natural.

El mar y sus riquezas, al no pertenecer a nadie, están sometidos al problema denominado como tragedia de los comunes, que consiste en que nadie se hace responsable de la conservación de un recurso porque no pertenece a nadie. Este problema es fácilmente comprensible con un ejemplo. Es una protesta casi universal de profesores y maestros lo sucias que están las mesas de colegios e institutos, y una recriminación constante a los alumnos por no cuidarlos como cuidan sus propias casas: "seguro que no pintais las mesas de casa". La diferencia es que, en casa de cada uno, los beneficios (la satisfacción que pueda producir pintarrajear las mesas) y los costes (la insatisfacción de ver los muebles sucios y su limpieza) son asumidos por la misma unidad de decisión (la familia) y, generalmente, se decide que los costes son mayores que los beneficios. En cambio, en un centro público de enseñanza, los costes se reparten entre todos mientras que los beneficios siguen siendo individuales. En este caso, el individuo prudente que se reprime es el más perjudicado, pues sigue viendo las horribles pintadas de las demás sin tener la satisfacción de hacerlas él.

Lo mismo sucede generalmente en el mar y, más concretamente, entre pescadores de anchoa franceses y españoles. Al no haber propiedad privada sobre la pesquería, nadie tiene garantizado por sus acciones el poder seguir faenando a largo plazo pues depende de que los demás no capturen mientras tanto todo lo que puedan. Y si unos se reprimen en la captura de peces, para atenuar ese riesgo de sobreexplotación, otros se aprovechan capturando todo lo que puedan para maximizar sus beneficios a corto plazo, no teniendo incentivos para no hacerlo.

Para solucionar este problema nos encontramos con otro, el de la asignación de derechos de propiedad donde antes no los había. Ciertamente, para establecer la propiedad sobre la pesca, no basta con hacer parcelas, más que nada porque los peces tienden a no estarse quietos en el mismo sitio esperando a los pescadores. Ese mismo problema existía con el ganado y se solucionó marcando a fuego a las reses. Algo similar podría hacerse en la actualidad, salvando las distancias, empleando tecnología moderna del estilo de los radiosótopos, que podrían ser detectados desde satélites para determinar a quien pertenecen los peces antes de capturarlos.

Sn embargo, la solución que más se emplea consiste en hacer parcelas llamadas piscifactorías donde los propietarios cultivan el pescado. Así, mientras el total de las capturas se ha estancado en las últimas décadas, estimándose en 100 millones de toneladas anuales el máximo capturable en los océanos, el total de pescado obtenido de las piscifactorías ha crecido a buen ritmo, multiplicándose por seis de 1984 hasta 2003, superando el 30% del total de la producción de pescado. Y es que no hay nada mejor para aumentar la productividad que dejar actuar al mercado permitiendo la asignación de derechos de propiedad.

¿Nos salvará ZP?

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Representantes de más de cien países se reunieron la pasada semana en Bonn para empezar a diseñar lo que los cursis llaman la “arquitectura de Kyoto post 2012”. Al mismo tiempo Stavos Dimas, Comisario Europeo de Medio Ambiente, se desplaza a Washington para poner en marcha su plan de salvación para el fracasado protocolo. Su idea es sencilla. Se trata de persuadir a George Bush de que a los EEUU les conviene ratificarlo. Por lo que cuenta Chris Horner en The Washington Times, Dimas va a necesitar algo más que un milagro para alcanzar su objetivo. El protocolo no se salvará en Washington.

El contexto de la reunión de Bonn es ese, el fracaso sin paliativos de Kyoto. No por sus nefastas consecuencias económicas y su nulo beneficio medioambiental que poco importan a los políticos europeos y que ya se sabía de antemano. La razón del fracaso es que tan sólo 33 países se han comprometido a reducir las emisiones de acuerdo con el Protocolo de Kyoto y de éstos solamente unos pocos parecen estar en condiciones de cumplir con lo que han firmado. España, gracias al buen hacer de sus ciudadanos en materia productiva, no cumplirá con lo pactado.

“Las condiciones para que España cumpla no pueden ser peores”, dixit Narbona. A simple vista el reconocimiento no tiene mucho mérito porque España está unos 45 puntos porcentuales por encima de los niveles de 1990 y prevé sobrepasar los 65 puntos en el período de compromiso lo que, debido al estrepitoso fracaso europeo, significará un mínimo de 73 puntos por encima de lo que nos obliga el artículo 4 del protocolo de Kyoto como país miembro de un grupo europeo que no es capaz de cumplir. Sin embargo, el cambio de versión oficial sobre la situación española hay que recibirlo con la alegría de quien va sentado en un autobús por una carretera de alta montaña con un conductor ciego y que de repente recupera la visión. Y es que, por increíble que parezca, hasta hace unas semanas la ministra seguía afirmando que España se encaminaba a cumplir. Desde luego, se ve que este gobierno aparte de talante tiene un humor muy peculiar. La recuperación de la visión parece haber traído algo de sensatez al ministerio. Ahora Narbona dice que “el gobierno va a trabajar para tratar de reducir la factura de Kyoto” cuando hace unos meses decía que el coste no iba a ser importante. Los que nunca estuvimos cegados sabemos que en este sentido no le faltará trabajo a la ministra. A modo de calentamiento podría sentarse a analizar cómo se está liando la cosa en el sector energético donde las cuatro principales empresas españolas han tenido que desembolsar 46 millones de euros entre enero y marzo para la compra de derechos de emisión.

En medio de este fiasco monumental se produce la reunión de Bonn de la pasada semana en la que Jürgen Trittin, ministro alemán de medio ambiente papel, ejerció de machote y campeón de la insensatez. Entre otras cosas afirmó que el sistema de racionamiento y comercio de derechos de emisión “ha demostrado ser exitoso” [Sic]. Trittin y los Jemeres Rojiverdes creen ver la prueba del éxito en el desasosiego que el experimento de Kyoto empieza a producir en alguno de sus débiles compañeros de juego y en muchos ciudadanos demasiado acostumbrados al nivel de vida occidental y a las bondades del mercado libre. Así que ni corto ni perezoso Trittin se reafirma en su línea ecototalitaria y propone nada más y nada menos que el Protocolo obligue después de 2012 a restricciones hasta seis veces más elevadas que las actuales. Eso, y lo que ya se da por hecho: prohibición de compra de derechos extras a quienes incumplan en el primer periodo y multas de hasta el 30 por ciento.

¿Qué va a hacer el gobierno español ante esta situación? ¿Aprovechará el estrepitoso fracaso del Protocolo y los datos de sus nefastas consecuencias económicas para sacarnos de esta locura intervencionista en la que nos metió –no lo olvidemos– el Partido Popular, o nos terminará de asfixiar firmando un nuevo Protocolo todavía más intervencionista y más dañino para el hombre y su entorno? Confiemos que prevalezca la sensatez y que en esta ocasión José Luis Rodríguez Zapatero supere a José María Aznar como estadista. Si es así, seguro que encontrará el apoyo de todos los amantes de la libertad.