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Etiqueta: Recursos energía y medio ambiente

¡Abajo con la ciencia!

Si, ante una tormenta, alguien dijera que es cosa de brujería, nuestra primera reacción sería reírnos de él. Nosotros sabemos que las tormentas tienen causas explicables por la ciencia. Pero tampoco tenemos mucho derecho a sentirnos orgullosos al decirlo, porque resulta que cada uno de nosotros está lo suficientemente lejos de las cuestiones científicas como para que el papel social de la palabra “ciencia” no esté muy alejado del que en su momento representaba la apelación a la brujería. Esto puede parecer paradójico, pero pronto verá que es muy claro.

En una sociedad civilizada, cada uno de nosotros nos concentramos en una parte muy pequeña del conocimiento que abarca toda la sociedad, y del que nos estamos beneficiando constantemente. Eso ocurre, por ejemplo, con la ciencia. La gran mayoría de nosotros, por ejemplo, desconocemos en qué medida podemos decir que se está calentando el planeta y especialmente ignoramos las causas de ese calentamiento, si es que ciertamente está teniendo lugar. Solo sabemos de estas cuestiones por los medios de comunicación. En algún momento oímos hablar de “los científicos” y nos rendimos ante esa expresión con la misma reverencia con que tres siglos atrás nos rendiríamos ante una acusación de brujería. Nosotros sabemos hoy que la explicación de los fenómenos naturales está en la ciencia. Pero cuando entramos en materias concretas, cuestiones como la evolución del clima nos resultan absolutamente insondables. Y nos fiamos, sin mayor prueba, de lo que nos digan los medios.

El problema surge cuando la palabra “ciencia” se manipula por criterios estrictamente políticos. Es el caso del protocolo de Kyoto. Quien haya leído la entrevista de Libertad Digital con Christopher Horner se habrá sorprendido levantando las cejas y abriendo los ojos en más de una ocasión. Horner explica que los científicos que se reúnen en el IPCC, el órgano de Naciones Unidas (esa institución tan prestigiosa) para lidiar el calentamiento global, no son precisamente los mejor preparados. Patrick Michaels, él sí un climatólogo de prestigio, explicó en uno de sus libros que no más de un tercio de los científicos convocados por el IPCC son climatólogos. Los otros dos tercios hablan sobre el clima sin haberse dedicado a estudiarlo.

Tampoco es que importe mucho, porque como explica Horner, luego se cambian las conclusiones de los científicos por otras que elaboran políticos y ONGs, es decir, lobbys. Y aunque no tengan relación con las conclusiones que han alcanzado los científicos, nuestros salvapatrias nos dicen que forman parte del “consenso científico”. Total, ¿Quién se va a leer centenares de páginas con una jerga incomprensible para descubrir que los políticos nos están mintiendo una vez más?

Este mangoneo ha llegado a las revistas otrora científicas Recientemente, el diario Daily Telegraph, recogía en una noticia la censura que han recibido varios científicos por poner en duda el mantra de que el calentamiento global está causado principalmente por las emisiones de nuestra industria. Estos casos se han dado en la revista Nature, que lleva tiempo pisoteando su prestigio, perdido hace mucho tiempo, así como en Science. Esta última se está esforzando por situarse en las cumbres científicas del Reader digest.

Valga como prueba un artículo de diciembre que decía, nada menos, que el consenso científico (una expresión contradictoria, por cierto) respaldaba la teoría de que el aumento de la temperatura global estaba causada por las emisiones de gases por parte de los hombres. Este disparate lo habría basado en el análisis de 1.000 artículos científicos publicados desde comienzos de los 90’. Según el autor, tres de cada cuatro artículos aprobaban esta teoría, y ninguno la atacaba.

El resultado es de lo más sorprendente, porque muchos de los climatólogos más prestigiosos han dicho exactamente lo contrario. Que no hay respaldo científico para tal teoría. Varios de los climatólogos más prestigiosos lo han puesto por escrito en la Declaración de Leipzig. Este mismo lunes, 16 se reúnen varios de los climatólogos más prestigiosos en Madrid, y han denunciado por extracientífica la teoría de que el efecto invernadero de origen humano sea la principal causa del calentamiento global.

Un científico que sospechaba de esos datos, Benny Peiser, analizó los mismos 1.000 artículos y el resultado era el previsible: el artículo publicado en Science había mentido. Sólo un tercio respaldaba esa teoría, aunque sólo un 1% lo hacía de modo explícito. Science se ha negado a publicar este segundo artículo. ¿Porqué esta manipulación de la ciencia? Por motivos políticos. Ya Jacques Chirac dijo en noviembre de 2000, en La Haya, que el protocolo era “el primer paso hacia un gobierno mundial”. Un camino en el que la búsqueda de la verdad, a la que se dedican los científicos, no juega ningún papel.

El colapso de Zimbabwe

En el año 2000, Robert Mugabe inició en Zimbabwe una política de expolio de tierras en manos de los blancos, para repartirlas entre los negros. Esta política racista contaba, como no podía ser menos, con el vivo aplauso de parte de la izquierda internacional. Mugabe enviaba a bandas de matones a las granjas y explotaciones en manos de blancos, instaurando un régimen de terror. Más de 4.000 agricultores y propietarios fueron expulsados de sus tierras. Cuando los negros se hicieran con ellas, anunciaba el dictador, los resultados no se harían esperar. La producción se multiplicaría y los de su raza mejorarían la situación, empobrecida por la explotación de los blancos, que se habían quedado con las mejores tierras en la época colonial. Estas razones se acompañaban y aderezaban en los países del primer mundo con reflexiones sesudas, elaboradas desde el desecho teórico marxista, a cuenta del colonialismo, la lucha de clases convertida en lucha de razas y demás.

No hace mucho que el propio Mugabe ha tenido que reconocer su fracaso. De hecho la mayoría de las fincas robadas a los blancos jamás han sido ocupadas. Quien no es capaz de entender en qué consiste la riqueza se sorprende por este tipo de fenómenos. Se cree que de algún modo la riqueza simplemente “está ahí”, a la espera de alguien vaya y la recoja, como quien coge la fruta de un árbol. Pero cuando se ha intentado agarrar la riqueza ajena, ésta se ha desvanecido entre los dedos como la arena del desierto. Expulsados los “explotadores”, resulta que la fabulosa riqueza que pretendían tomar no aparece por ningún lado. Esta fue la experiencia de Allende, y desde luego esta ha sido la experiencia de Robert Mugabe. Pero como Mugabe sigue sin sospechar cómo se crea la riqueza, no sólo no ha dado un paso atrás. A la vista de que su plan de expolio y reparto resultó en fracaso ha decidido huir hacia delante y el 8 de junio de 2004 prohibió el régimen de propiedad privada sobre la tierra, que ha pasado a nacionalizar. Le espera un nuevo fracaso.

Si esperaban tomar, sin más, la riqueza y una vez expulsados los dueños de las tierras ésta no aparece por ningún lado, ¿No será que la riqueza hay que crearla? Pero para hacerlo es necesario que un régimen de propiedad privada asegure al productor que, buenos o malos, los resultados de sus esfuerzos serán exclusivamente para él. Nadie invierte en lo que no le pertenece. Las mejoras, incluso el mantenimiento del capital con el que se creaba la riqueza sobre el feraz suelo de Zimbabwe, se han detenido. No se invierte capital y el resultado es el que cabía esperar.

Zimbabwe, un país que estaba en el camino del desarrollo sobre la base del respeto a la propiedad, una moneda sana y la exportación al exterior, no es ahora capaz siquiera de cubrir sus propias necesidades alimenticias. Naciones Unidas le ofreció ayuda internacional, en forma de la comida que el país ya no producía. Pero gran parte de esa ayuda tenía procedencia estadounidense. Robert Mugabe la rechazó, diciendo que Zimbabwe era autosuficiente. Greenpeace apoyó al dictador en su rechazo, porque la ayuda de los estadounidenses contenía alimentos genéticamente modificados.

La política de Mugabe, con el apoyo de Greenpeace, ha provocado centenares de miles de ciudadanos muertos por inanición. El desastre ha sido tal que ha forzado al régimen a readmitir la ayuda internacional, sin la cual no podría sobrevivir nada menos que la mitad de la población zimbabwense. Tres millones de personas han podido huir de la falta de alimentos, de medicinas, de electricidad, de la falta de todo, hacia Sudáfrica y otros países vecinos. Ello, sobre una población de 12 millones de habitantes.

Un cuarto de millón de zimbabwenses mueren anualmente de SIDA, y hay quien reconoce a los periodistas extranjeros que “la vida es demasiado breve como para ocuparse del SIDA”. Hace veinte años la esperanza de vida en Zimbabwe era de 56 años. Ahora es de 33. Un camino de regresión que está llevando, por ejemplo, a sustituir las ambulancias motorizadas por otras tiradas por bueyes.

Por cierto, todo este desastre humanitario no ha impedido que Zimbabwe sea miembro de la comisión de derechos humanos de la ONU, organismo que llegó a votar en 2003 en contra de incluir a ese país en la lista en observación de derechos humanos. Una muestra más de que la ONU es perfectamente prescindible.

La tragedia de los bienes comunales

Lo dice certero el refrán: “lo que es del común es del ningún”. Garrett Hardin no conocía el refranero castellano, pero llegó a la misma conclusión, aunque de forma más elaborada, en su artículo The Tragedy of the Commons, (La tragedia de los bienes comunales), que he citado en mi anterior artículo. Creo que la idea es lo suficientemente importante como para prestarle cierta atención.

El razonamiento lo había adelantado, en cierta medida, Aristóteles y por Santo Tomás de Aquino. Más modernamente ha sido descubierta por los economistas Alchien y Allen y por Ludwig von Mises. Pero fue Hardin quien tuvo la suerte de unir su nombre con el trágico proceso unido a los bienes en común. Hardin ilustra su idea con “un pasto abierto a todos”. Todos los ganaderos querrán sacar provecho de él, pero con una peculiaridad. Mientras que cada uno de ellos se lleva la totalidad de su explotación del pasto, los costes que se derivan de su explotación no se le asignan a quien lo usa, sino que se divide entre todos los que tienen acceso al pasto comunal. Es decir; como explica el propio Hardin, “en claro contraste con la privatización, la comunalización privatiza los beneficios pero hace comunes las pérdidas”. En estas condiciones, el deseo de explotar al máximo el recurso no está refrenado por el coste de un uso excesivo. Como además, cada uno sabe que los demás hacen el mismo razonamiento, todos querrán llegar los primeros en sacar lo máximo posible, antes de que una sobreexplotación agote el recurso y nadie pueda ya sacar nada.

Resulta difícil exagerar la importancia de esta penosa forma de gestionar los bienes. En Inglaterra, la privatización de los bienes comunales, lo que se conoce como los enclosures, permitió un enorme aumento en la productividad de la tierra; una “revolución agraria” que precedió a la industrial y la hizo posible. Esto fue así, porque la propiedad privada, en contraste con la comunal, invita a cuidar el recurso. Incluso a aumentar su valor con el paso del tiempo.

Cuando una pequeña descoordinación de los dirigentes comunistas alemanes llevó a las masas a derribar el Muro de Berlín se abrió una grieta en el mundo comunista europeo que se fue abriendo hasta acabar destruyéndolo. Entonces se abrió a Occidente la realidad de la economía socialista y de sus consecuencias sobre el medio ambiente. Lo que se vio entonces produjo un shock no disimulado. Ni los catastróficos escenarios con que los ecologistas pintan el supuesto deterioro del medio ambiente en el mundo libre parecían suficiente para describir los daños sufridos por la naturaleza en los países socialistas.

Pero también en Occidente nos encontramos con numerosos recursos que se han sustraído a la apropiación privada, con las consecuencias que predijo Hardin. Quizás el más claro ejemplo sea el de las pesquerías, que se han ido agotando sucesivamente según los barcos han ido recalando en ellas. Esta sobreexplotación se ha intentado detener imitando el comportamiento de la propiedad privada, poniendo límites burocráticos a la explotación. Nada de eso ha funcionado. Sólo una situación ciertamente desesperada ha llevado a transigir con ciertas formas de propiedad privada que han resultado en la recuperación de las pesquerías, en ocasiones espectacular. Si uno es dueño de un caladero no sólo no lo agotará a toda prisa, sino que intentará que se regenere y aumente su capacidad de producción de pescado en el futuro.

Lo mismo ha ocurrido con otros recursos. La caza de grandes mamíferos amenazó con acabar con varias especies. La solución que se arbitró de manera general no era privatizar los comunes en que morían las preciadas especies, sino prohibir su caza y el comercio de los bienes extraídos de estos animales. Esta política perpetrada por políticos y ecologistas no ha llevado más que al fracaso, que por supuesto no han reconocido. En Zimbawe la desesperada situación del rinoceronte negro llevó a los responsables a una solución desesperada. Acabaron con los bienes comunales y privatizaron la explotación de los rinocerontes, para indignación de los ecologistas sandía (verdes por fuera, rojos por dentro). A la indignación se sumó el disgusto de comprobar que la privatización fue un verdadero éxito. Lo mismo ocurrió en ese país con el elefante, al que la propiedad privada salvó literalmente de su extinción. La experiencia del elefante de Zimbawe se ha extendido a otros países, como Zambia, Malawi, Botswana, Namibia…

Cuando veamos una especie en extinción, un recurso sobreexplotado, un bosque convertido en un páramo, un río de aguas contaminadas y muchos otros desmanes, tenemos que acordarnos de Hardin y del trágico desenlace a que llevan los bienes en común. La propiedad privada es el mejor amigo de la naturaleza.

Armagedón

Un grupo de funcionarios de Naciones Unidas han coordinado la producción de un papel que nos advierte del anhelado y temido deseo del fin del mundo, que profetas de toda laya llevan milenios anunciando. La escatología es un arma poderosa y las sectas se han valido de ella para aterrar a sus seguidores y exigir adhesiones inquebrantables y renuncias a todo lo terrenal. El mundo nunca ha acudido a la cita con su fin miles de veces invocada por iluminados de todo tipo, pero ello no ha impedido a muchos otros erigirse en el verdadero profeta. Últimamente, de forma paralela a quienes solo contaban con la pretendida comunicación con Dios, otros agoreros del fin del mundo reclaman tener el respaldo de la Ciencia para sus armagedón. Por suerte, la relación de ésta con la ciencia es a menudo tan lejana y mística como la que mantienen con Dios, aunque la función de invocar ante el público a una u Otro sea en estos casos la misma: infundir el miedo no quiero pensar con qué objetivos.

El informe, de título milenarista, tiene luces y sombras. Lo peor es el planteamiento. Alude al fantasmagórico concepto de “capital natural”, a medio camino entre una mala teoría económica y los efluvios de la new age. El capital es un concepto inseparable de los planes y la interacción humanas. Referirse a recursos que aún no han sido incorporados a la corriente productiva como capital sólo sirve para revestir de ciencia lo que no son más que prejuicios y pretensiones sin base. Sólo sirve para el ecologismo. Con ese extraño concepto se llenan titulares como “Estamos consumiendo dos tercios de los recursos del mundo”.

Esta pretensión sólo tendría alguna relación con la verdad si los recursos fueran algo estático. Si, por ejemplo, una tonelada de carbón sirviera para mover otra tonelada de peso durante un kilómetro desde el comienzo de los tiempos y hasta el fin anunciado por los ecologistas. Pero el desarrollo tecnológico y de organización propios de las economías capitalistas permiten un aumento de los servicios que podemos obtener de cada recurso. Es decir, permiten un aumento de la productividad, que en el caso citado llevaría a la tonelada de carbón llevar la carga también de una tonelada a 100 ó 1.000 kilómetros de distancia gracias al desarrollo. A ello hay que sumar que podemos encontrar sustitutos para un recurso si éste empieza a escasear. De hecho históricamente sustituimos la leña por el carbón, éste por el petróleo, y cada vez encontramos nuevas fuentes de energía, como el gas natural o la energía nuclear, la del futuro. También hemos aprendido a aprovechar la que nos ofrece el sol, o las mareas.

Todo lo cual no quiere decir que no haya problemas medioambientales, o que el informe no haga bien en señalarlos, o llamar la atención sobre ellos. Pero al menos tan importante como conocerlo es saber de dónde proceden y qué podemos hacer por ellos. No basta con señalar un problema, achacárselo sin más a la presencia humana y no mirar bajo qué entramado institucional se desenvuelve. La mayoría de los problemas que señala provienen por lo que se conoce como la tragedia de los bienes comunales. Cuando no hay derechos de propiedad que unan las consecuencias de las propias acciones con quien las hace, cuando los bienes son comunales, se produce un efecto perverso. Quien explota un bien común recibe todo el beneficio de hacerlo. Pero las consecuencias de una explotación excesiva se reparte con todos los demás, por lo que el comportamiento racional, en ausencia de propiedad privada, lleva a la sobreexplotación. Es lo que ocurre con los recursos marinos, como recuerda el informe de la ONU. Eso no ocurre donde reina la propiedad privada, porque el dueño, junto con los beneficios de la explotación, es responsable de los costes de un uso excesivo. De este modo lo que le conviene es un buen uso del recurso, e incluso aumentar su valor con el paso del tiempo.

Para hacernos una idea de cómo desarrollo y medio ambiente no sólo no están reñidos sino que van de la mano, pongamos de manifiesto que si bien el informe señala que la superficie mundial cultivada ha aumentado en los últimos años, en los países desarrollados se ha reducido. En consecuencia, en estos países, el área cubierta por árboles no sólo no se ha reducido sino que ha crecido de forma clara. En Canadá en un 28% sólo de 1976 a 1988. En Europa occidental un 143% desde 1950 a 1991. La superficie cubierta por bosque en los Estados Unidos ha aumentado un 23% de 1920 a 1994.

De este modo, si pasamos de los grandes titulares falsos a un análisis más cercanos, se ve que no es negativa cualquier actuación del hombre en la tierra. Es más, donde se respetan los derechos de propiedad los efectos más negativos se evitan y hay un buen uso de los recursos.

El negocio del miedo

La producción de miedos irreales se ha convertido en toda una industria que vive de producir y vender un bien económico ficticio gracias a una necesidad –la cual se supone que el bien o servicio ayuda a satisfacer– que es creada mediante medias verdades o completas mentiras. El objetivo de quienes llevan a cabo este timo moderno es sustituir la gestión descentralizada e individual del riesgo por su gestión estatal. Eso permite grandes trasvases de recursos que son expropiados gracias al soporte de la alarma social y que son entregados a los “lobistas”, esos amantadores profesionales del miedo artificial.

Un reciente informe del Instituto Económico Molinari muestra los siniestros efectos de esta explotación industrial del miedo artificialmente sobredimensionado o simplemente inventado. El ejemplo que ilustra las explicaciones teóricas del estudio es la prohibición del DDT gracias al desproporcionado sobresalto social causado por el libro de Raquel Carson, Primavera Silenciosa. La eliminación de ese riesgo ha conllevado la creación de uno nuevo: el riesgo, para millones de personas, de contraer malaria. Por eso una de las principales virtudes del informe consiste en mostrar que la gestión estatal del riesgo –previa expropiación de nuestra condición de gestores privados de los distintos peligros– no significa la eliminación de la incertidumbre sino, más bien, su agravamiento hasta límites insospechados.

Tanto en el caso del DDT como en el del calentamiento global o en el de tantos y tantos negocios del miedo en los que a menudo participamos debido al calculado bombardeo publicitario al que somos sometidos, el fraude suele funcionar de la siguiente manera. Primero tiene lugar la invención o magnificación de un miedo. A continuación se diseña una estrategia para la producción de noticias pavorosas. El lobby o grupo de presión –con frecuencia más verdes que las sandías– tratan de aprovechar la alarma social que ellos mismos han creado para lograr la concesión de privilegios particulares por parte del estado a costa del resto de la sociedad. Una típica forma de hacerlo es promocionando la idea de que ellos tienen la solución al gran peligro que amenaza a un gran número de individuos. Esa solución suele estar fundamentada, al menos en parte, en la acción estatal, motivo por el que al lobby no le suele costar mucho trabajo encontrar el apoyo publicitario y financiero de las administraciones públicas y de gran parte de la clase política.

Al final del proceso, no sólo sucede que los productores de miedo se han forrado a base del dinero que la gente les entrega después de tragar el anzuelo o gracias a la masiva redistribución que, en su favor, perpetran las administraciones públicas. También ocurre, y quizás esto sea aún más preocupante, que la gestión estatal del riesgo produce nuevos peligros que por surgir generalmente de una prohibición, son difícilmente eliminables. A todo esto hay que sumarle finalmente una dosis adicional de incertidumbre que proviene de la tremenda inseguridad jurídica que genera este negocio del miedo. En este, como en muchos otros casos de intervencionismo económico, el remedio es siempre infinitamente peor que la supuesta enfermedad.

Privaticemos los recursos naturales

 

En cuestión de días, millones de hogares del mundo se han familiarizado con Terri Schiavo, su penoso estado, y la batalla legal y política que se ha producido en torno a la decisión de mantenerle artificialmente la vida o dejar de hacerlo. Muchas cuestiones se han discutido, como la crueldad de la muerte que le espera si se le desconecta, la legitimidad de su marido o de los padres de tomar la última decisión, el valor de la vida, el verdadero estado de Terri o los motivos detrás de la iniciativa de George W. Bush de crear una ley para que Terri Schiavo pueda seguir enchufada a una máquina, como sus padres desean.

No obstante yo me fijaré en un aspecto al que quizá no se le ha prestado la atención que merece, y es la cascada de decisiones políticas y judiciales que han llevado el caso hasta donde está. Hablamos de algo más que la vida de Terri Schiavo, que aunque importante, incluso estando mermada, no puede impedirnos apreciar que está en juego también la salud institucional de la democracia más antigua del mundo. Quizás esto último parezca exagerado, ya que estamos hablando, al fin, de un caso privado y que afecta a un número muy limitado de personas. Pero si vemos el asunto con más perspectiva podemos entender que las implicaciones de este asunto van mucho más allá.

Los datos básicos del caso son ya de sobra conocidos. Terri lleva doce años conectada a una máquina en un estado vegetativo que para muchos, para la mayoría, es irreversible. Sus padres luchan para que no se desconecte a la mujer de 41 años, mientras que su marido, que en este tiempo ha rehecho su vida, reclama el derecho de tomar la última decisión al respecto.

La corte del Estado de Florida dio la razón al marido de Terri, Michael, por lo que ella fue desconectada en 2001, reconectada de nuevo y tras desestimarse la apelación en 2003 vuelta a desenchufar. Entonces el Parlamento de Florida aprobó la Ley de Terri que permitía al Gobernador Jeb Bush intervenir y paralizar la desconexión. Una ley que luego sería declarada inconstitucional. Es en las última semana cuando todo se ha acelerado, ya que el viernes, 18 el juez estatal de Florida falla a favor del marido y ordena que se cumpla el deseo de éste de desconectar a Terri. En un movimiento de extraordinaria rapidez, la Cámara de Representantes aprueba el lunes siguiente una ley que otorga a los padres de la mujer tomar la decisión contraria. Finalmente la Corte Suprema de Florida ha rechazado la autoridad federal, ha restituido el derecho del marido e incluso los padres han renunciado a hacer nuevas alegaciones, a la espera de que se produzca el final desenlace.

Lo que resulta preocupante de todo este asunto es, en primer lugar, el intento por el Parlamento de Florida de entrometerse en una decisión judicial (han intervenido nada menos que 19 jueces en este asunto) aprobando una ley ad hoc. Ya sufrimos en España un caso homólogo en el asalto a Rumasa. Y en segundo lugar el intento de hacer lo mismo por las instituciones federales. En este caso se añade la intromisión del gobierno central en un asunto de ámbito estatal.

El menoscabo de los derechos de los Estados a favor del poder federal ha sido una trágica constante en la historia de los Estados Unidos. Pero siempre se había operado por argucias jurídicas. Unas elaboradas desde las alturas de mentes como Hamilton con su tramposa teoría del poder implícito, o la del Juez Marshall de la Corte Suprema. La mayoría consisten en burdos intentos de retorcer el lenguaje hasta el ridículo, con tal de matar el espíritu de la ley a puñaladas literales. Como interpretar como “comercio interestatal” la producción agrícola para consumo propio. Pero, en cualquier caso, siempre se ha recurrido a algún expediente, por muy falso que resulte en principio. Aquí ni siquiera lo hemos visto, fuera del mero deseo, siempre comprensible, de salvar una vida.

Pero el Derecho no debe atender a los deseos personales. Ni debe torcerse para alcanzar ciertos resultados concretos por muy justos o beneficiosos que nos parezcan. Friedrich. A. Hayek siempre ha recordado, junto con muchos otros, que la ley, para ser justa, ha de tener un carácter general. Y que no se pueden hacer excepciones basándose en juicios sobre la mayor o menor conveniencia de que se aplique en tal o cual caso, porque de ese modo se aniquila la misma idea de la justicia. Es precisamente ese el sentido de otorgar ceguera a la justicia.

Y por lo que a los derechos de los Estados en USA se refiere, la cuestión es del máximo interés. Porque el que éstos mantengan sus poderes supone un contrapeso que frenaría la acumulación del poder en el gobierno central. Los Padres Fundadores jamás previeron el inmenso poder de las instituciones federales y de hecho nunca hubieran bendecido muchos de los poderes del gobierno central que hoy tomamos como indisolubles. Pienso en la Reserva Federal (1913), el impuesto sobre la renta (1913) u otros.

Ese aumento del poder federal ha ido paralelo al derrumbe del Estatal en derechos tan decisivos como el de anulación o el de secesión, tras la Guerra Civil. En esta materia la hipocresía de republicanos y demócratas es total, ya que los últimos se han apuntado al carro de la defensa de los derechos de los Estados, mientras que en el caso de Roe vs Wade, que instituye el de abortar como derecho federal (pese a no venir en la Constitución) han optado por lo contrario, aunque nunca del lado de la defensa de la vida.

Aunque se pueden señalar todavía más incongruencias por el lado progresista, quiero destacar la hipocresía de los conservadores que se han saltado su tradicional defensa de los derechos de los Estados por un asunto que choca con otros valores morales que también comparten. Y un último apunte. Aunque George W. Bush podría poner en marcha una auténtica revolución liberal en las pensiones que, aunque limitada, contribuiría en el futuro a reducir el peso del Estado, también ha adoptado otro tipo de medidas que en demasiadas ocasiones van en el sentido contrario y que, desde una óptica liberal, merecen ser censuradas.

Todo vale

El cuento del calentamiento global empezó allá por 1988 después de un verano inusualmente cálido en los Estados Unidos. Algunos estados las pasaron canutas aquel año y eso fue la excusa perfecta para que los enredas de siempre se pusiesen a darle a la manivela. Curiosamente, hasta ese momento lo que los catastrofistas vaticinaban era el inicio de una era glacial que dejaría Norteamérica tapizada por una generosa capa de hielo. La explicación del fenómeno era lo suficientemente gráfica para convencer a los incrédulos. Las emisiones industriales y del tráfico producían una suerte de velo atmosférico que el calor del sol no podía atravesar, esto haría que las temperaturas se desplomasen y sobreviniese el esperado armagedon. El responsable de todo era, naturalmente, el maldito capitalismo depredador.

Pero ese verano del que ya casi nadie se acuerda hizo que los expertos, ya sabe, ecologistas y científicos del sable, se replanteasen la amenaza y se afanasen en elaborar una nueva teoría radicalmente opuesta a la anterior pero con el mismo culpable. Las emisiones, ahora, no actuaban como velo sino como caprichosa pantalla que dejaba que el calor entrase pero no que saliese. Era el llamado efecto invernadero. Los más sensatos aludieron que ese efecto ya existía y, es más, era lo que posibilitaba la vida sobre el planeta, pero los nuevos profetas, inasequibles al desaliento, hicieron como que no habían oído nada y siguieron erre que erre con la parida que acababan de dar a luz. Desde entonces todo ha consistido en ir soltándolas cada vez más gordas y en ir acaparando poder, que es en la razón última de toda esta historia.

Como ni el clima ni la meteorología se comportan como los ecologistas quieren, éstos han tenido que adaptar su delirante discurso a piruetas imposibles. Y todo para que los hechos confirmen su tesis. Si hace calor, mucho calor, tanto como hace un par de veranos, es que tienen razón. Si hace frío, mucho frío, tanto como el que padecemos este invierno que no se acaba nunca es que también la tienen. Y como muestra un ministro, o, mejor, ministra. Cristina Narbona, quintaesencia del politicastro indocumentado, acaba de decir ante unos inocentes alumnos de secundaria que “el frío tan intenso y súbito” de este invierno es cosa del efecto invernadero. Ahí queda esa. ¿Pero no habíamos quedado en que el dichoso efecto lo que producía era calor? No importa que la ONU haya dicho que el cambio climático es sinónimo de calentamiento, tampoco que los sospechosos habituales del Panel Internacional para el Cambio climático hayan previsto menos oleadas de frío y menos heladas. Lo importante es mantener a cualquier precio el mantra machacón de que la tierra se calienta y su inevitable latiguillo; la culpa la tiene el hombre; el hombre occidental, claro.

Era previsible que después del frío que estamos pasando saliese alguno a apuntarse el tanto defendiendo lo indefendible. Lo único que me ha extrañado es que tardasen tanto en hacerlo. Eso sí, lo han hecho a lo grande. Nada de un pelanas charlatán de Greenpeace, eso sería una minucia en la nueva España de progreso en la que tenemos la inmensa dicha de vivir, sino la misma ministra. Era también previsible que a la confirmación de la profecía le haya sucedido su ración de miedo. Según la Narbona, España es el país europeo donde más se van a notar las perversas consecuencias del efecto invernadero. Pero no sólo eso, la ministra ha rematado su lección magistral asegurando que como en Escandinavia hará más calor, los daneses dejarán de visitar nuestras costas. Lástima de estudiantes, hace falta ser agorero y tener mala sombra. En la Grecia antigua por mucho menos hicieron beber cicuta a Sócrates.

Kioto, primer paso para el gobierno mundial

El ecologista Stephen Schneider expuso con meridiana claridad la estrategia: “Debemos ofrecer escenarios espantosos, hacer afirmaciones simplificadas y dramáticas y hacer escasa mención de las dudas que tenemos. Cada uno de nosotros debemos decidir el punto adecuado entre ser efectivo y ser honrado”. Y eso han hecho. Primero nos dijeron a) que la Tierra se estaba enfriando, b) que la culpa del enfriamiento global era del hombre (léase del desarrollo o del capitalismo) c) que ese enfriamiento sólo causaría catástrofes sin cuento, d) que el consenso científico había demostrado todo ello, y e) que quienes mostraban sus dudas estaban a sueldo de los más oscuros intereses. Se ve que la teoría del enfriamiento del planeta a quienes dejaba fríos es a los ciudadanos. Hasta que un científico de la NASA, James Hansen, dice que a lo que nos enfrentamos es a todo lo contrario. La Tierra, señores, se está calentando. Una vez sustituido el primer punto, lo ecologistas nos azotan con el b, c, d y e. A ver si ahora hay suerte.

Y la ha habido. Su calculado catastrofismo ha encontrado más aceptación diciendo que lo que le pasa al globo es un calentón de desarrollo. Y que lo que tienen que hacer los países ricos es dejar de ser ricos, todo ello bajo la atenta mirada de los científicos. Es aquí donde entra el tratado de Kioto, que entró el pasado 16 de los corrientes en vigor. Ha de quedar claro en qué consiste este protocolo, cuál es su origen y cuál su verdadera función.

Un grupo de científicos, para darle un aire vendible a la indefensa opinión pública, publican un artículo, bajo los auspicios del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que demostraría la visión catastrofista del movimiento ecologista. Los datos recogidos en el estudio, plasmados sobre un par de ejes, darían un gráfico que acaba en un subidón de temperatura del enfermo justo en el siglo XX. Claro, que el pillo de Michael Mann, principal autor, había elegido un tratamiento matemático de los datos que produce ese tipo de gráfico, ya sea la temperatura de la tierra o los puntos por partido de Rodrigo de la Fuente. Una vez cocinado el gráfico se vende en los medios de comunicación de forma adecuada, para prepararse el terreno. Y una vez madura la opinión pública, los políticos se apuntan muy serios a tomar las medidas que sea menester con tal de solucionar, ellos, los grandes problemas del mundo.

La verdad es que el susodicho gráfico, llamado del palo de hockey, no tiene base científica. Pero el asunto no se queda aquí. En caso de que Estados Unidos no fuera un país serio y hubiera firmado el protocolo; en caso de que las proyecciones sobre los efectos de adoptar el programa de reducción de emisión de gases de efecto invernadero fueran correctas, el beneficio que se obtendría sería retrasar el calentamiento previsto para 2100 hasta 2106. Todo un logro. Esas son las previsiones oficiales de las que usted seguramente no ha oído hablar. Tampoco de los costes. Los efectos de las medidas necesarias para cumplir con Kioto tendrían un coste anual de 150.000 a 350.000 millones de dólares por año. Es decir, de tres a siete veces el valor de las ayudas anuales al tercer mundo.

Entonces, todo esto ¿para qué? Todo esto para conseguir una plataforma de poder. Un poder que logre controlar la economía mundial. Si le suena a película de James Bond es porque no les ha oído. En la última conferencia mundial sobre el clima, que se celebró en Buenos Aires, los propios ecologistas declaraban, sin rubor, que Kioto no tendría efectos claros sobre el medio ambiente. Peter Roderick, de Amigos de la Tierra Internacional, decía: “creo que todo el mundo está de acuerdo en que Kioto no sirve, en realidad, de ninguna ayuda por lo que se refiere a conseguir lo que el planeta necesita”. Pero es bueno para acostumbrar a la gente a la idea de que los políticos se preocupan por nosotros: “es importante más por el mensaje político y la inspiración que está dando a la gente en todo el mundo. La gente puede decir, ‘sí, nuestros políticos se preocupan; no están interesados solamente en el poder y en su codicia y su propio dinero’”. Ah, los políticos siempre preocupados por nuestro bienestar.

Cuando cale este mensaje, cuando se haya creado la alarma, cuando la gente crea en la catástrofe, todo estará maduro para el gobierno mundial, de lo que Kioto no es sino un primer paso: “lo mejor que se puede decir de (Kioto) es que es la primera vez, con la desafortunada excepción de los Estados Unidos, que la comunidad internacional ha dicho ‘necesitamos estar unidos ante esto y necesitamos la acción internacional’. Eso es lo importante de Kioto". Jessica Coven, portavoz de Greenpeace Internacional, reconoce el mismo objetivo: “Kioto es nuestro primer intento, y debemos incrementar los recortes de las emisiones. Necesitamos todo tipo de acciones, pero Kioto es una arquitectura importante para cómo vamos a ir hacia adelante para controlar el problema del calentamiento global. Por si no ha quedado claro, el calentamiento global, como sugiere el nombre, es un problema global y necesitamos una infraestructura internacional como Kioto.”

Lo han conseguido. Y es a nuestra costa. Pero si algo hay preocupante en esta jugada es lo indefensa que, en el fondo, está la sociedad. Se ha creado una alarma para ningún fuego. Se nos ha metido miedo en el cuerpo con la misma base que la existencia de las brujas en la edad media. Y la sociedad ni es consciente de su pérdida ni tiene recursos para reaccionar. Un problema mayor que el de la evolución del clima y que debiera preocuparnos mucho más.

El monopolio de la contaminación

La semana pasada el gobierno de ZP concedió nuevos derechos para contaminar a unas empresas en detrimento de otras basándose en sus “argumentos técnicos”. ¿Suponemos que la solución a la contaminación es el chanchulleo entre políticos y empresas? No, la solución sólo es el libre mercado y la nula intervención del estado.

Según la teoría actual la contaminación es un coste social necesario para poder tener un mayor desarrollo económico. Muchos creen que el único capaz de regular el mal de la contaminación son las imposiciones del estado. Así, el estado ha nacionalizado el aire, las calles, espacio aéreo… convirtiéndose en el mayor traficante de contaminación del mundo. En otras palabras, ha tomado el monopolio de la contaminación por la fuerza, por ley.

Imagínese que usted tiene una casa y el estado, sin preguntarle, le vende a una empresa los derechos de emitir contaminación en su zona. Esto ha ocurrido en varias ocasiones y más recientemente con la creación de aeropuertos donde despegan y aterrizan aviones cerca de viviendas ocupadas. Como el estado posee el espacio aéreo, cualquier acción que usted tome para defenderse de esa contaminación, ya sea de humos y ruidos, será casi inútil.

En una sociedad libre todos los bienes que la comunidad valora y escasean son privados —aire libre de contaminación por ejemplo. Si usted compra una casa también estará comprando el espacio que le envuelve (ahora es del estado). Si una empresa se coloca justo al lado de su vivienda emitiendo contaminación invadiendo su propiedad privada usted podrá defenderse contra ella mediante demandas individuales reales (es una invasión a la propiedad privada), o si le supone un mayor beneficio, podrá vender o alquilar su espacio a la empresa según el contrato que hayan estipulado a cambio de una recompensación económica. Los problemas son innumerables, pero en una sociedad libre —a diferencia de una sociedad intervenida— las soluciones existen y benefician a las dos partes.

El libre comercio es el voluntario intercambio de títulos de propiedad privada. Usted cada día está intercambiando títulos de propiedad privada por otros: su dinero, por una barra de pan por ejemplo. Nadie le obliga a realizar este intercambio, las dos partes —comprador y vendedor— salen ganando de una forma voluntaria y pacífica. Cuando el aire puro se vuelve un bien escaso, entonces también se vuelve susceptible de ser comercializado. En realidad ya ocurre, pero a diferencia de como sería en una sociedad libre, ahora el aire puro es un monopolio del estado: los gobiernos son los únicos con derecho a “contaminar” concediendo licencias.

Las concesiones del gobierno no son trasferencias de títulos de propiedad privada, sino licencias que se sustentan en la fuerza del estado contra la comunidad: jueces, la ley y la policía. El estado se embolsa el dinero que la empresa paga por obtener la “licencia a contaminar” y ésta, a cambio, es defendida por el estado manteniendo a raya a los afectados. El resultado genera una larga lista de ganadores y perdedores netos.

Con la nacionalización del espacio aéreo, ríos, calles, el mar… el estado no sólo ha robado algo que no era suyo, sino que ha contribuido a la Tragedia de los Bienes Comunes, es decir, cuando un bien no es gestionado por medio de las valoraciones subjetivas del individuo, éste se extingue (el aire sano en nuestro caso).

La única economía sostenible es aquella que sólo contempla las acciones individuales y privadas de los que participan. Cuando por falacias económicas se nos presentan algunos problemas como agregados, de todos, y el estado entra en acción para “ayudarnos” y de paso lucrarse a nuestra costa, la insostenibilidad y mal estar socioeconómico es inevitable.

Algunos países de América del Norte y América del Sur —por otras razones— ya han empezado, o estudian, desnacionalizar las calles, “áreas públicas”… Aprendamos de ellos y vayamos más allá. Las “patentes de corsario” del estado sólo benefician al estado perjudicándonos a todos.

Desastres naturales y teorías desastrosas

El reciente terremoto que se ensañó con parte del litoral asiático y africano no sólo ha venido a poner de relieve la falsedad de las más recónditas teorías sobre la necesidad del estado. Además, parece como si trajera consigo el florecimiento de teorías económicas descabelladas. En realidad, la catástrofe bien podría destapar dos vergüenzas malamente escondidas por el nutrido gremio de economistas que las defiende, y causar estragos entre sus miembros.

La primera es una falacia que humilla a los damnificados e insulta la inteligencia de la especie humana al afirmar que a largo plazo las catástrofes son beneficiosas para la economía de la zona afectada. Con motivo del tsunami que ha anegado la vida y la propiedad de millones de personas, esta patraña vuelve a emerger y, desafortunadamente, se hace necesario refutarla por enésima vez.

En 1919 Ludwig von Mises explicó que si bien “los terremotos representan un buen negocio para los obreros de la construcción y el cólera mejora el negocio de los médicos, los farmacéuticos y los empresarios de pompas fúnebres, a nadie se le ha ocurrido hasta ahora celebrar los terremotos y el cólera como estimuladores de las fuerzas productivas en beneficio del interés general.”

Sin embargo, lo que a nadie se le hubiese ocurrido decir en 1919, se ha afirmado en innumerables ocasiones desde que el gran economista austriaco escribiera esas líneas. “Las guerras son buenas para el mercado” o “los desastres naturales estimulan la actividad económica” son penosas frases a las que nos hemos habituado a golpe de oírlas. La última marea de estas disparatadas afirmaciones nos ha llegado como consecuencia del terremoto asiático. Por poner un ejemplo del que se ha hecho eco el Mises Institute, el economista estadounidense del Instituto para la Economía Internacional, Fred Bergsten, ha defendido que en el caso de los maremotos del Índico “como en el caso de cualquier otro desastre, se produce un efecto negativo a través de la destrucción de la propiedad y la salud de las personas, pero se obtiene un estallido de nueva actividad económica para reemplazarlos que sopesados resulta generalmente bastante positiva.”

En su esencia este tipo de afirmaciones viene a decir que la destrucción de los medios con los que los seres humanos alcanzan sus fines es buena a largo plazo porque habrá que utilizar numerosos recursos en actividades que generen los bienes y servicios necesarios para volver a satisfacer aquellas necesidades. Como bien saben todas las personas bien educadas en lógica o en buena teoría económica, el timo reside en el hecho de fijarse en la reconstrucción y los empleos que posibilita, y olvidar que si nada hubiese sido destrozado, esos recursos serían empleados en satisfacer nuevas necesidades, que ahora no podremos cubrir, porque los tenemos que usar en tratar de volver a contar con lo que ya teníamos. Se trata de la vieja falacia de la ventana rota, que el gran economista francés Frederic Bastiat refutara en el siglo XIX, aplicada a las tragedias naturales.

Y es que la frase de Mises suena ingenua porque la escribía diecisiete años antes de que “la teoría general” de Keynes se convirtiera, para desgracia de casi todos –y a excepción de quienes han alcanzado cátedras y ministerios gracias a la defensa de las bondades de la expansión del gasto público y la inflación– en el texto económico más influyente del siglo XX. En esa Biblia del intervencionismo económico su autor llega a afirmar sin sonrojo alguno que “la construcción de pirámides, los terremotos e incluso las guerras, pueden servir para aumentar la riqueza […].”

Y, después de todo, el resurgimiento de estas pseudos-teorías era de esperar. La teoría Keynesiana que subyace tras estas gigantescas y vergonzantes falacias, ha dominado la ciencia económica hasta hace muy poco y, aún hoy, forma parte de esa corriente mayoritaria que suele llamarse neoclásica cuyas ideas siguen enseñándose en una aplastante mayoría de las facultades de economía de todo el planeta. Una lamentable situación que el control público de la educación tiende a perpetuar más allá de la definitiva derrota del keynesianismo tanto en la teoría como en la práctica.

Pero las falacias económicas ligadas a las catástrofes no se detienen en ese imaginario efecto beneficioso a largo plazo de los destrozos materiales gracias al impulso que inducen en la actividad económica. Llegan a profundidades verdaderamente inquietantes y raras veces reconocidas explícitamente. Y es que sugieren, ni más ni menos, que puede existir un beneficioso efecto económico de la muerte de miles de seres humanos sobre el bienestar de quienes sobreviven a la catástrofe si el valor de mercado de los destrozos materiales y del perjuicio para la actividad económica no son lo suficientemente grandes como para contrarrestar la proporción de renta que queda por habitante. Es decir, que si no fuese porque los maremotos han dañado gravemente al sector pesquero y turístico de la región, su mortífera arremetida sería, con toda seguridad, beneficiosa para el nivel de vida de quienes han sobrevivido. Peter Thomas Bauer ya denunció la implicación inversa de estos inhumanos disparates en medio del desierto académico de los años 70 cuando observaba que “mejor salud y esperanza de una vida más larga a menudo reducen las rentas per cápita medidas en forma convencional (en comparación con lo que hubieran sido de otra manera), con el paradójico y sin duda perverso resultado de que lo que claramente es una mejora, en las condiciones de la gente se presenta como un deterioro.”

Nada hay en una catástrofe natural que afecte a los logros de seres humanos que pueda ser considerada positiva para la economía o la sociedad en general. Es más, si para colmo el fenómeno natural se lleva por delante vidas humanas, el desastre económico –aparte de personal– es inmenso y, en buena medida, irreparable. El desencuentro de estas teorías con la realidad se debe a que en ellas los agregados económicos suplantan a los datos que sólo tienen sentido tratados individualmente en referencia a contextos determinados; los fines y medios de los individuos pierden su carácter subjetivo y se convierten en referentes objetivos a los que todas las personas han de dirigirse; y el individuo es sustituido por entes abstractos como el estado en su papel protagonista del proceso social. La única posibilidad de que dejemos de escuchar estas falaces afirmaciones que afrentan al ser humano como ser racional es un giro radical en la enseñanza económica de nuestros bachilleres y nuestros universitarios. Y para conseguirlo, me temo que primero habría que acometer la oceánica tarea sacar las zarpas estatales de la educación de nuestros jóvenes.