El lastre de las pensiones
Hace unos cuantos meses escribía en este mismo espacio acerca de la reforma de las pensiones propuesta por el gobierno de España. En dicha columna comentaba que aún desconocíamos el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que debía publicar el ministerio dirigido por José Luis Escrivá, ya que este sería una pieza clave a la hora de poder analizar y juzgar la reforma de las pensiones en su plenitud. Ahora que ya conocemos dicho mecanismo y las diferentes vías a través de las cuales el ministro Escrivá pretende obtener ingresos adicionales para cubrir el aumento del gasto en pensiones derivado de las tendencias demográficas y la propia reforma, debemos preocuparnos aún más por la sostenibilidad de las mismas. De hecho, siguiendo la presente reforma, la sostenibilidad de las pensiones se torna aún más compleja con el tiempo, lo cual hace que debamos preocuparnos.
En primer lugar, cabe destacar que Escrivá fía la sostenibilidad futura del sistema de pensiones al efecto que pudiera tener el sistema de incentivos para el retraso voluntario de la edad de jubilación, tratando de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Esto es enormemente variable, ya que es muy difícil predecir el comportamiento de los trabajadores ante el establecimiento del nuevo marco de incentivos.
Lo que si se puede calcular con una mayor seguridad y mucha menor variabilidad es la cuantía del aumento del gasto en pensiones derivado de la jubilación de la generación del baby boom y la propia reforma de las pensiones, que promueve un mayor gasto al, por ejemplo, indexar las pensiones al IPC, eliminar el factor de sostenibilidad o permitir la elección de los mejores 35 años de vida laboral para el cálculo de la pensión. Todo ello nos lleva a unos cálculos actuariales que permiten saber con certeza el aumento del gasto en pensiones que se podría producir a lo largo de los próximos años. La propia Comisión Europea, en su reciente Ageing Report , estima que la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013 supondría un incremento directo del coste anual del 3,5% del PIB, lo cual, en términos actuales, equivaldría a cerca de 39.000 millones de euros. Además, sumado a esto, la medida que permitiría a los trabajadores elegir los mejores años de su vida laboral como base para calcular la cuantía de su pensión contribuiría a aumentar el gasto en cerca del 0,7% del PIB, lo cual elevaría el aumento total del gasto anual en pensiones a cerca del 4,2% del PIB.
Este incremento repentino del gasto en pensiones haría que España pasara del 12% del PIB anual actual al 16% en 2050 destinado íntegramente a pensiones, lo cual causaría que nuestro país dejara de tener un gasto en pensiones en línea con la media de la Eurozona a tener un gasto tres puntos superior. Además, debemos tener en cuenta que España va más retrasada que otros países europeos en lo que respecta al envejecimiento poblacional, por lo que el efecto de inversión de la pirámide demográfica (más pensionistas cobrando pensiones más altas unido a un menor número de trabajadores en activo -mayor tasa de dependencia-) junto al mayor gasto por la reforma, generaría una elevadísima presión sobre las cuentas públicas a causa del notable incremento del déficit estructural que se generaría, poniendo en peligro la sostenibilidad no solo del sistema de pensiones, sino de la deuda nacional.
Para que la reforma de las pensiones unida a los cambios demográficos no supusiera un mayor riesgo a la sostenibilidad del sistema de pensiones, la reforma debería contemplar una serie de medidas que aseguraran que el incremento del gasto viene acompañado por uno similar de los ingresos, el cual no es el caso. Los nuevos ingresos que contempla la reforma de Escrivá no son solo inestables sino asimismo insuficientes. La recaudación adicional que generará la reforma de Escrivá no llegará probablemente al 0,4% anual del PIB, comparado con un incremento del gasto cercano al 4,2% del PIB.
Veamos cuales son las fuentes de ingresos adicionales que contempla la reforma de Escrivá. La AIRef estima que el retraso de dos años de la edad efectiva de jubilación incrementaría los ingresos anuales un 0,8% del PIB, mientras que el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección social estima que este retraso de la edad efectiva de jubilación aumentaría los ingresos tan solo un 0,2% del PIB, debido a que aunque en un primer momento se redujera el gasto debido a que el trabajador se mantendría en activo, después la pensión sería seguramente más elevada a consecuencia de las propias dinámicas que establece la reforma.
Otra fuente de ingresos adicionales deriva del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (acordada con los sindicatos) son las cotizaciones adicionales. Dicho acuerdo establece que se aumentarían las cotizaciones en 0,6 puntos anuales, lo cual tendría un impacto del 0,2% del PIB hasta el año 2033.
El incremento de ingresos por el retraso en la edad de la jubilación efectiva unido al derivado del aumento de las cotizaciones generarían unos ingresos adicionales entre el 0,4% y el 1% del PIB anual, lo cual cubriría solamente entre el 10% y el 20% del aumento del gasto anual en pensiones, con el remanente pasando a representar un aumento del déficit. Aún así, está por ver el potencial recaudatorio de estas medidas, aunque por muy positiva que sea la evolución de la recaudación, esta será insuficiente para compensar el incremento anual del gasto en pensiones, generado por tendencias demográficas y la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013.
Pese a la situación descrita en el presente artículo, lo más probable es que se siga avanzando hacia un mayor agujero de déficit del sistema de pensiones y, por lo tanto, hacia su insostenibilidad presente y futura. Es la propia tendencia de evolución demográfica -en el plano político- la que juega en contra de una adecuada y necesaria reforma del sistema, ya que los pensionistas representan cada vez una mayor proporción del electorado mientras los jóvenes resultan cada vez más insignificantes a nivel demoscópico. Esto causa que los políticos no estén interesados en reformar el sistema sino en legislar para promover beneficios inmediatos concentrados en aquel segmento de la población del cual puedan extraer un mayor numero de votos en el futuro inmediato, rentabilizando así su futuro político inmediato.
