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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

¿Por qué el AVE sale tan caro?

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

En febrero pasado tuvo lugar una de las inauguraciones más esperadas de España: la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. 16 años después de la puesta en marcha del AVE a Sevilla, las dos principales ciudades de España están, por fin, conectadas por un tipo de tren que puede mirar de igual a igual al transporte aéreo. Han hecho falta, eso sí, muchos años de obras y una multimillonaria inversión que ha corrido por entero a cuenta de los presupuestos del Estado. Los modernísimos trenes que sirven en la línea realizan un recorrido de 621 kilómetros en unas dos horas y media, atendiendo, de paso, a ciudades intermedias como Zaragoza o Lérida.

La expectación ha sido tal que durante los últimos años parecía que no existía otra obra pública en España. Sus avances y, sobre todo, las continuas incidencias, han protagonizado infinidad de portadas de prensa y han servido de arma arrojadiza en el Parlamento, sin importar quién estuviese al frente del Gobierno. A lo largo de la próxima década se irán incorporando nuevas líneas, como las del Levante o las del norte, pero si hay algo seguro es que no darán tanto que hablar ni crearán tanta polémica como la Madrid-Barcelona.

Concluida la obra y hechas las fotos de rigor antes de las elecciones de marzo, los españoles han descubierto que el AVE es rápido, cómodo y seguro, sí, pero también caro a rabiar. Si antes el tren no era competitivo por su lentitud, ahora no lo es por su precio. Se puede volar de Madrid a Barcelona por unos 50 euros en una aerolínea regular, por menos incluso si hay tarifas promocionales u ofertas puntuales. La apertura de los cielos europeos había afectado tanto a esta transitada línea –el mayor puente aéreo del mundo– que se contaban por decenas de miles las personas que cada día daban el salto de una ciudad a otra a precios siempre a la baja.

Con el AVE, del que todos esperaban que arruinase el negocio aéreo, los precios en lugar de bajar han subido, y considerablemente. La tarifa básica ronda los 350 euros ida y vuelta, algo más si lo que se pretende tomar es un tren sin paradas y cantidades astronómicas si se aspira a viajar en primera clase. Ofertas, por el contrario, hay pocas, son muy rígidas y sólo se aplican en un número muy reducido de frecuencias. ¿Por qué ha sucedido esto?

En principio el tren de alta velocidad cuenta con muchas ventajas operativas con respecto al avión. Los convoyes pueden alargarse o acortarse, cosa que los aviones no. Circula por una línea dedicada y para en estaciones dedicadas -muchas veces construidas al efecto-, mientras los aviones han de padecer los atascos en Barajas, el congestionado espacio aéreo de Madrid o el sempiterno caos de El Prat. Pero a pesar de ello Renfe, es decir, el Estado, que es quien opera la línea, ha decidido convertir su buque insignia en un producto de lujo, reservado a bolsillos pudientes y enfocado comercialmente al mercado empresarial, el más goloso y por el que tradicionalmente se han peleado las aerolíneas.

Lo ha hecho porque es dueña en régimen de monopolio de una línea que, sin embargo, se ha construido con dinero público. El monopolio tiene su contrapartida. La operadora no puede fijar libremente las tarifas como hacen Iberia o Spanair. Tiene el Gobierno que aprobarlas primero. En nombre, claro, del servicio público y del bien común. El bien común, por lo pronto, pasa por rascarse la cartera si se quiere viajar en AVE, porque el resto de servicios ferroviarios entre Madrid y Barcelona –Alvia y Altaria– han quedado suprimidos desde el día de la inauguración.

El resultado ha sido que el tren de alta velocidad ha quedado para los que pueden permitírselo y el avión para los que viajan de baratillo. Es decir, exactamente lo contrario que antes. Podría hablarse de la famosa ley de las consecuencias no deseadas pero no creo que se dé en este caso. El Gobierno, dueño del tren y, casi, casi de los que van dentro, necesita amortizar la red y suministrar oxígeno a una compañía, la nacional de ferrocarriles, que cuesta un riñón y se ve abocada a operar líneas ruinosas en los más recónditos y despoblados puntos de la geografía española. Entretanto, los que se las veían felicísimas esperando viajar en 2008 a toda velocidad de Atocha a Sants, tienen que seguir pescando por internet gangas aéreas de última hora sin un mal Talgo que echarse a la boca.

La clásica merienda de negros del "bienestar" en la que nada funciona como debiera y en la que, como decía Erhard, unos meten la mano en el bolsillo a los otros. La siguiente pregunta es si una línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona sería económicamente viable para que un emprendedor afrontase el proyecto y, si es así, en cuánto tiempo alcanzaría la rentabilidad. Eso, claro, es materia para otro comentario.

Derecho de propiedad y libertad de empresa

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Observando los países con mayor grado de desarrollo, cualquier persona con cierta capacidad de raciocinio, comprueba cómo sus leyes, usos y costumbres han permitido durante décadas el respeto de ciertas instituciones morales, independientemente del Gobierno circunstancial que legisle en cada momento.

Respecto del desarrollo socioeconómico de cada nación, son esenciales los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos por parte de los ciudadanos y de sus políticos. Con un marco normativo adecuado, la libertad de interacción de miles de empresas y trabajadores permite el libre intercambio de bienes y servicios que impulsan la sociedad hacia las mayores cotas de progreso. Cuando se ataca este ámbito de libertad de las personas, se perjudica la creación de riqueza. Por eso resulta de especial interés analizar el nivel de protección de la propiedad privada y de la libertad de empresa en la legislación española.

En el apartado primero del artículo 33 de la Constitución Española de 1978 (CE) “se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. Pero al analizar su segundo apartado, comprobamos como esos derechos no se protegen suficientemente, ya que quedan supeditados al arbitrio político al afirmar que “la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”. Para rematar la faena de legislación intervencionista, el apartado tercero permite que se pueda privar a un individuo de la propiedad de sus bienes “por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes”.

Con la anterior redacción, la Constitución permite que se perpetúen leyes como la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) que fue aprobada el 16 de diciembre de 1954. Gracias a ella, por ejemplo, una Comunidad Autónoma o un Municipio pueden expropiar una propiedad privada por su “interés social” (Art.71 LEF) para desarrollar un proyecto urbanístico que beneficie a los empresarios cercanos al partido en el poder. Más de cuatro quintas partes de las expropiaciones forzosas se realizan aplicando el “procedimiento especial” (Art. 59 LEF) por el que se tramitan administrativamente con carácter de urgencia. El ciudadano sólo puede acudir a los tribunales ordinarios cuando ya esté agotada la vía administrativa y, por tanto, haya sido ejecutada la expropiación.

Por tanto, una reforma del artículo 33 tendría que excluir estos derechos del ámbito del derecho administrativo, así como evitar generalidades que supediten su ejercicio a la “función social”, a la “utilidad pública” o al “interés general”.

Pero si defender el derecho de propiedad es esencial para fomentar la riqueza de las naciones evitando derivas intervencionistas por parte de los políticos, no lo es menos defender la libertad de empresa, que queda reconocida en el artículo 38 de la CE “en el marco de la economía de mercado”. Sin embargo, al igual que el derecho de propiedad, se supedita a la tutela de los políticos “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”, en vez de quedar bajo tutela exclusivamente judicial. Así pues, resulta necesaria una reforma similar a la planteada con respecto al derecho de propiedad, que evite la intervención estatal en la economía para favorecer a grupos sociales y empresarios cercanos al poder político, con las manidas excusas del “interés general”, la “función social”, la “ayuda al desarrollo” de sectores económicos, el fomento de la “productividad” o, incluso, la “planificación” de la producción.

Pero estas dos propuestas de protección constitucional de ciertos derechos y libertades sólo serán efectivas si existe una adecuada tutela judicial de los mismos, al quedar expresados en el apartado segundo del artículo 53 CE, que quedaría de esta forma:

Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en los artículos 14, 30, 33, 38 y, en la Sección 1ª del Capítulo II, ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Adicionalmente, habría que suprimir el apartado tercero de dicho artículo, dado que ofrece cierta tutela legal al Capítulo III que abarca los artículos 39 a 52 de la Constitución mediante “legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”. Dichos artículos permiten la tutela gubernamental de derechos que quedan ya suficientemente protegidos al garantizar la propiedad privada en el artículo 33 y, la libertad de empresa y el libre intercambio entre los ciudadanos en el artículo 38.

Supongo que, para la actual clase política que redactó la Constitución y ha dado origen a la crisis institucional que padecemos, sería un sacrilegio constitucional suprimir dicho Capítulo III. Sin embargo, muchos ciudadanos nos conformaríamos con una reforma constitucional que permita garantizar en todo el territorio español los derechos de los artículos 14, 33 y 38, de modo que los derechos y libertades individuales quedaran tutelados sólo por jueces en el ámbito del derecho privado y, por ello, deben ser expresamente excluidos del derecho administrativo.

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Trámites para abrir un negocio

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Muchas personas, cuando deciden emprender la aventura de iniciar una actividad comercial, se encuentran con innumerables dificultades que previamente no habían considerado. Por muy bien que se hubiese planificado el comienzo de la actividad, siempre parecen surgir inconvenientes que no habían sido tenidos en cuenta en sus inicios. Quienquiera que haya pasado por esta experiencia recordará, sin duda, la fatiga, nerviosismo y angustia que caracterizó el arranque del negocio. Probablemente llegó a plantearse en algún momento si les merecía la pena dedicar tanto tiempo, dinero y esfuerzo para emprender dicha actividad.

Son innumerables los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar un negocio, como la búsqueda de financiación, el trato con potenciales clientes, el contacto con proveedores de distintos bienes y servicios, la selección del personal, encontrar una ubicación donde llevar a cabo la actividad, madurar el tipo de bien o servicio que se quiere ofrecer, etc. La agenda del emprendedor queda bastante colapsada durante dicho período y las horas de sueño se ven reducidas en muchas ocasiones por la cantidad de tiempo y esfuerzo que demanda la empresa.

Sin embargo, no todos los problemas tienen que ver con la propia actividad de la empresa. Muchas veces, el emprendedor encuentra dificultades, no en los aspectos detallados anteriormente, sino en los requisitos legales que son necesarios cumplir para abrir un negocio. En España son necesarios una media de 47 días para cumplimentar los 10 procedimientos exigidos por la legislación vigente. De entre todos ellos resulta especialmente gravosa en tiempo la obtención de la licencia de apertura, que puede llevar entre 15 días y tres meses. Llama la atención que estas cifras sean muy inferiores en otros países como Australia (2 días y 2 trámites), Canadá (3 días y 2 trámites) o Bélgica (4 días y 3 trámites). No es de extrañar que en la clasificación de facilidad existente para la apertura de un negocio, España ocupe el lugar número 118, hecho que resulta especialmente grave ya que en dicho ranking sólo se tienen en cuenta los trámites generales, y no aquellos que se exigen a determinadas actividades que tienen una legislación específica y unos trámites más costosos en tiempo y dinero.

Dado que los países con mayor facilidad para la apertura de un negocio no destacan precisamente por su inseguridad jurídica ni por tener una economía poco desarrollada, cabría preguntarse por el motivo por el que resulta tan difícil abrir una empresa en nuestro país, ya que dicha carga burocrática tiene efectos negativos sobre la actividad empresarial. Todo el tiempo que los emprendedores tienen que destinar a estos trámites se deja de dedicar al propio negocio, y por tanto se quedan desatendidos clientes, proveedores, procesos productivos o la propia estabilidad financiera de la empresa. Por tanto, el empresario, en el momento de inicio del negocio, que es cuando más tiempo necesita, se ve obligado a destinarlo a actividades extraempresariales. Este hecho resulta especialmente gravoso para los pequeños emprendedores, que no suelen contar con un servicio jurídico propio y para quienes, dada su poca capacidad financiera, acudir a los servicios de una asesoría les supone un coste importante.

Todas estas barreras burocráticas no se traducen únicamente en un mayor trabajo para el emprendedor, sino que puede llevar al desánimo y a que muchas personas no se atrevan siquiera a abrir un negocio. Muchas ideas que podrían haber mejorado la vida de los consumidores quedan en el tintero al no haberse podido llevar nunca a la práctica. También muchos trabajadores han podido quedar sin contratar al no haberse iniciado la actividad o al haber desistido por el desánimo de la burocracia. Por tanto esta carga burocrática tiene su reflejo no sólo en los emprendedores, sino también en consumidores y trabajadores.

Toda esta burocracia, inexistente en otros países, está teniendo efectos perjudiciales sobre el consumo, la actividad económica y el empleo de nuestro país. Por ello resulta importante eliminar estas trabas, especialmente en tiempos como los actuales, en que la crisis existente hace que los emprendedores sean más reticentes a abordar nuevas actividades.

El hombre en la incertidumbre

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Vivimos en un mundo en el que el conocimiento del futuro es incierto. De hecho, al escribir esta primera frase, no sé exactamente cómo seguirá este artículo, y menos aún cómo acabará. Los seres humanos vivimos en una realidad social en la que impera la incertidumbre, padecemos de una ignorancia que no se puede eliminar, pero sí puede suavizarse, o reducirse. Esto es así por dos razones: en primer lugar porque la acción humana no puede conocerse de antemano de manera precisa, tal y como sucede con los fenómenos que, por ejemplo, estudia la mecánica newtoniana, y que gozan de una regularidad exacta. Y en segundo lugar, porque hay acontecimientos externos que son impredecibles y no podemos controlar.

Como dijo Javier Aranzadi citando a Bergson: "El futuro no es un porvenir sino un por hacer". ¿Cómo se va a conocer algo que no existe?

No obstante, para tratar de suavizar este panorama tan incierto, el ser humano no se ha quedado de brazos cruzados, y han surgido ciertos mecanismos que, entre otras funciones, sirven para reducir la incertidumbre sobre el futuro. Éstos podrían clasificarse en tres:

  1. Ampliar el conocimiento de la realidad y de los fenómenos naturales (como la predicción meteorológica), sociales y económicos (conocer la teoría austriaca del ciclo, por ejemplo); así como mejorar el conocimiento respecto a la relación medios-fines de los planes individuales. Un factor importante para impulsar el conocimiento del segundo tipo es no poner trabas a la función empresarial.
  2. Un mayor ahorro, renunciando a consumo presente para disponer de mayores recursos en el futuro, como motivo de precaución, es una manera de reducir la inseguridad psicológica respecto a eventos futuros. Asimismo, una mayor riqueza, tanto del individuo como de la sociedad, también puede tener los mismos efectos (las consecuencias de un terremoto en un país rico y en uno pobre son diferentes, causando más daño en el pobre).
  3. Las instituciones, entendidas como comportamientos pautados que surgen de manera evolutiva y espontánea, sin que sean diseñados deliberadamente (es decir, "resultado de la acción humana, pero no del diseño humano" como dijera Adam Ferguson) tienen un papel fundamental.

Veamos el papel de las instituciones con mayor atención, a través de diferentes tipos de instituciones. Un ejemplo muy característico es el dinero, que representa un salto cualitativo positivo respecto al trueque, dado lo embarazoso e incierto que era realizar las transacciones.

También los seguros son otro medio para reducir las consecuencias impredecibles de acontecimientos adversos y la inseguridad que eso nos puede crear, como podrían ser las catástrofes naturales. Todavía tenemos reciente el caso del Huracán Katrina, con consecuencias desastrosas y una gestión muy ineficiente por parte del Gobierno federal en lo que respecta a socorrer y ayudar a las víctimas. Recientemente se ha publicado un estudio del Mercatus Center, llamado Making Hurricane Response More Effective: Lessons from the Private Sector and the Coast Guard During Katrina en el que se muestra quiénes fueron los verdaderos héroes que acudieron en socorro de los damnificados: ¿Sean Penn y su barquita? No, la respuesta es: Wal-Mart y otras compañías privadas, y la Guarda Costera de EEUU.

Según el autor del estudio, la razón del éxito de éstos últimos fue la flexibilidad y rapidez de sus acciones (los altos líderes de Wal-Mart dejaron libertad a sus empleados para actuar según su conciencia y capacidad, tal y como les anunció uno de los altos directivos: "Tomad la mejor decisión que podáis con la información disponible que dispongáis en el momento, pero sobre todo, haced lo correcto"), y especialmente, el conocimiento e información locales de que disponían, frente a la rigidez y centralismo que caracteriza a las burocracias como la FEMA. Algo similar a los argumentos defendidos por Hayek para sostener la imposibilidad del socialismo.

Por último, otro tipo de instituciones muy importante son las normas o comportamientos pautados, los esquemas de acción en los que nos solemos mover, y que reducen el gran abanico de posibilidades de acción. Por ejemplo, las personas de bien consideramos moralmente reprobable el robo o el asesinato. Si esto no fuera así, esto es, si no siguiéramos un cierto marco de normas pautadas, se dispararía el miedo y la incertidumbre, y la sociedad sería un caos. De ahí el vital papel de la moral, de unos principios y valores que guíen la conducta, para que los planes de los individuos puedan coordinarse de manera más eficiente.

Como hemos visto, el hecho de que nos enfrentemos con una incertidumbre inerradicable no implica que no se puedan suavizar sus efectos. Para ello, el papel de las instituciones, ya sean el dinero, los seguros, o la moral, es fundamental, y su estudio no debería relegarse a un segundo plano dentro de las ciencias sociales, y en particular de la ciencia económica.

La Economía de Giro Uniforme es pobreza

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

En España, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha manifestado que ampliará sin límite el crédito a las empresas si les falta liquidez y no paran de llover críticas de los grupos de presión a la liberalización de los horarios comerciales en Madrid.

¿Se imagina que el Estado empezara a intervenir en todos los sectores económicos para lograr que nada cambiara? ¿Qué pasaría con los bancos que han hecho una gestión negligente, con las empresas que han sido incapaces de sopesar el riesgo de sus inversiones y con los comerciantes que prefieren vivir de las leyes y subvenciones del Estado que de los designios y necesidades del consumidor? Nada. Recibirían premio la ineptitud, los negocios suicidas, el parasitismo y el cortoplacismo a expensas del pagador de impuestos. La responsabilidad individual desaparece para convertirse en rentismo. Es una situación en la que no hay cambios, las empresas negligentes o que ya no sirven al cliente se mantienen con artificiales mecanismos estatales que a la vez se nutren de la extorsión que ejerce el Gobierno al hombre libre mediante el cobro de impuestos, multas, tasas, etc.

El gran economista Ludwig von Mises llamó a este tipo de situación donde nunca cambia nada Economía de Giro Uniforme. No se trataba de nada real, sino de un supuesto en base al cual, empleando la lógica deductiva, estableció qué condiciones deben darse para que algo así fuera posible Concluyó que la Economía de Giro Uniforme implica necesariamente que el hombre no tiene aspiraciones ni valora el riesgo e implicaría considerar como insolubles preguntas tan básicas como por qué el individuo trabaja, asigna precios a las cosas o valora más el presente que el futuro.

El comunismo y el fascismo fueron los primeros sistemas contemporáneos, porque antes ya había existido otros, que intentaron convertir la economía, y por lo tanto al individuo, en un mecanismo del giro uniforme. Todos los países que han abrazado cualquiera de los sistemas económicos que niegan el cambio y la libertad empresarial y de mercado han acabado muriendo, como la URSS; o han tenido que abrirse para no terminar en la más pura miseria. Incluso Cuba está cediendo.

A pesar que la lógica nos dice claramente que una Economía de Giro Uniforme contradice las bases mismas de la economía política y que, desde el punto de vista histórico, cualquier intento de alcanzar tal estado es un fracaso, los burócratas se están obsesionando otra vez en reimplantar este tipo de socialismo. Si en el siglo XIX alguna confederación de carreteros hubiese instado al Gobierno a rescatarles por su crisis de liquidez, un eufemismo para ocultar que la empresa está en pérdidas debido a su incompetencia, o hubiese exigido prohibir los coches a motor por ir en contra de los sistemas tradicionales tal y como hacen ahora los lobbies comerciales de Madrid, lo máximo que tendríamos ahora serían carretas tiradas por caballos con neumáticos de goma en lugar de seguros y rápidos autos. Si alguna agrupación del sector del vinilo hubiese pedido su rescate frente a la competencia desleal de los casetes, los CD o el MP3, ahora cuando habláramos de "bajar música" nos referiríamos a llevar el disco de la estantería al tocadiscos.

La intervención estatal, y por tanto, la imposición de una Economía de Giro Uniforme, no sólo supone riesgo moral (moral hazard), oportunismo, monopolio, retroceso innovador y económico; también que el Estado usará su poder de coacción contra nosotros para usurparnos nuestro dinero y libertad para financiar su sistema estático y de compra de votos e intereses.

Sarkozy offline

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

El inquilino del Eliseo ha decidido gastar otros 99 millones de euros en revivir esa paletada franco-alemana (ahora cien por cien francesa) llamada Quaero con el que se pretende competir con Google. El proyecto, impulsado por Chirac y Shöeder y con un gasto inicial previsto de entre 450 y 1.000 millones de euros, pareció irse al traste cuando Merkel fue nombrada canciller de Alemania. La democristiana decidió sacar a su país de esta mala y vulgar copia del buscador más popular del mundo y la idea parecía finiquitada.

Pero no, Sarko ha decidido jugar a científico loco de relato de terror y trata de revivir a la criatura muerta. Sólo que en vez de utilizar electricidad o alguna pócima de su invención, lo hace con el dinero de los contribuyentes, dándoselo a unas empresas que lo recibirán con alborozo aunque seguramente no crean en el proyecto. Y en Bruselas, encantados. Ya sabemos que todo lo que no suene a libre mercado gusta mucho en la ciudad de los eurócratas.

Lo que no parece gustarles tanto, aunque no se oponen del todo, es la otra genialidad del marido de Carla Bruni. El presidente francés pretende que la televisión pública se financie a través de un impuesto sobre las conexiones a Internet y otro sobre los anuncios que emitan las cadenas privadas. Esto último, a lo que la Comisión Europea no tiene nada que oponer, ya es de por sí demencial. No sólo se obliga a las emisoras que no son propiedad del Estado a competir con un rival tan innecesario como ineficiente. Además se pretende estropear sus cuentas (al encarecer su publicidad tendrán menos clientes o deberán rebajarla, en cualquier caso perderán dinero) para mantener vivo a ese competidor desleal. Pero al menos entra en la lógica de cualquier intervencionista tradicional.

Pero lo del impuesto a las conexiones a internet ni tan siquiera responde a dicha lógica. La única relación entre internet y televisión es que los usuarios de la red pasan menos tiempo frente a la pequeña pantalla que el resto. La idea de Sarkozy tan sólo servirá para mantener vivo a un monstruo (todas las televisiones públicas lo son) que debería desaparecer a costa del avance de internet en Francia. Al encarecer la conexión con una tasa que se sume a las ya existentes, lo único que se consigue es que los potenciales usuarios se lo piensen más antes de contratar el acceso y que alguno decida no hacerlo. Y esto es una idea del mismo que gasta el dinero de esos contribuyentes en una paletada como Quaero.

La guerra de Madrid: el eje Prado-Recoletos

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El duelo está servido. El Plan Especial Prado-Recoletos es la excusa esta vez. La Comunidad ha decidido que para estudiar el impacto medioambiental (su única arma) hay que retrasar el proyecto de Gallardón al menos un año. Así que el alcalde de Madrid ha decidido arremangarse, ponerse en jarras y dejar claro de quién es la calle. De usted, de usted, mía y de aquel, es decir, de todos los madrileños y madrileñas que, por lo visto, hemos decidido al respecto.

Esto del urbanismo participativo es una gran idea. Permite acometer reformas à la Haussmann con la diferencia de que no se le puede echar la culpa a nadie: la gente se ha expresado, la voluntad popular es la ley suprema y, recordémoslo, nunca se equivoca.

Para quien no esté ducho en historia del urbanismo, hay que recordar que el barón Eugène Haussmann, prefecto del Sena de 1853 hasta su caída en 1870, alabado (ahora, claro) por ser el artífice de la reforma de la ciudad de París a mediados del XIX, fue también el que se hundió dejando un pufo presupuestario de órdago por falta de previsión financiera para su proyecto, entre otras razones.

Émile Zola le retrató muy bien en sus novelas, en concreto en Au Bonheur des Dames y en La Curée. Apoyándose en sus alianzas con promotores corruptos y con los empresarios dueños de los grandes almacenes, que recibieron entonces el impulso definitivo, Haussmann consiguió poner de acuerdo a todos los sectores de la oposición en su contra y también arruinar París. El exceso de coste no previsto entre 1864 y 1868 fue de 900 millones de francos de la época. Una barbaridad.

Convenciendo a propios y extraños con razones de diversa índole, como hacer de ella el prototipo de la ciudad imperial, Haussmann metió a su ciudad en un plan sin plan urbanístico enloquecedor. Claro, el paseante amante de la belleza en París anda por sus calles dedicando aleluyas al barón… pero quienes vivieron entonces tenían una percepción bien distinta. Y era con su dinero y no con el nuestro con lo que se jugaba, no lo olvidemos. La razón de las razones siempre ha sido el interés común… las demás van de comparsas: la higiene, la seguridad, el aspecto moderno y luminoso son las damas de la corte, pero la princesa del castillo de las razones urbanísticas es que interesa a la sociedad. Así se abrió la Avenida de la Ópera, entre otras acometidas. Pero lo cierto es que la implementación de las llamadas Tres Redes no seguían un plan preconcebido al detalle.

A quienes consideren que tal vez esto es lo que explica el fracaso financiero de Haussmann y conserva la esperanza en la reforma gallardoniana, he de recordarles que quienes decidieron imitar el cambio urbanístico à la Haussmann, pero planificado, fracasaron en su mayoría. Y ahí está el ejemplo de Ildefonso Cerdá y el ensanche de Barcelona.

La cosa ahora no ha cambiado mucho. El interés público es decidido por un comité de sabios que amoldan la ley a su criterio. Va usted por esta parte de la calle y no, pero tres metros más para allá, pisa usted suelo de interés cultural: protección al canto.

El bienestar de la sociedad, la modernización, la ciudad del futuro, la capital de capitales, las Olimpiadas que vienen… todo eso está inventado. Lo que nos vende como novedad Ruiz Gallardón ahora es la participación ciudadana. Es decir, que usted puede entrar en la página del ayuntamiento de Madrid, y comentar qué le parece:

Una vez que la autoridad ambiental emita su pronunciamiento, y de acuerdo con el mismo, el Plan Especial se someterá durante dos meses a un nuevo periodo de información pública. Durante este período, el Ayuntamiento propiciará la máxima participación ciudadana e institucional, para seguir enriqueciendo y mejorando el Plan.

Dice la presentación del Plan que ha incorporado casi todas de las más de seiscientas alegaciones presentadas por los ciudadanos en el 2005. Y esa es la participación ciudadana. Y sobre eso se apoya el alcalde cuando afirma: "Las decisiones que competencialmente son de la ciudad, sólo la ciudad tendrá que tomarlas." Y le ha faltado añadir: "Y yo soy la ciudad".

El caso es que tampoco en eso es original Gallardón. Esa manera de utilizar a la gente de escudo tampoco es nueva. Tal y como cuenta su principal detractor, el republicano Jules Ferry, cuando se emprendieron las obras de la Tercera Red, sin la aprobación del Estado, la excusa de Haussmann para saltarse la ley fue que atendía a "una especie de clamor popular" (Ferry, J. 1869, p.73). Clamor popular… eso vale más que seiscientas alegaciones.

Esperemos que el resultado sea diferente, al menos en cuanto al agujero negro de deudas que dejó el barón… También es cierto que el tema urbanístico fue lo que precipitó la caída de Haussmann. Mejor, no deseemos nada y dejemos que suceda lo que tenga que sobrevenir. Pero, por si las moscas, ¡agarre la billetera!

Nota: La información referida a Haussmann, Zola y la reforma de París pertenece al capítulo "La reforma urbanística de París y la especulación bajo el mandato de Haussmann. Una aproximación a la obra de Zola", publicado en el libro Economía y Literatura, Ecobook, 2007.

Bajan las máquinas de afeitar y sube la leche

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Nuestro técnico tiene parte de razón, pero la gente adquiere ordenadores una vez cada cuatro años, y por esas cosas que los burócratas no acaban de entender, las personas normales compramos productos de uso inmediato, fungibles o no duraderos, varias veces al día o a la semana.

Estas características de consumo, le dirán los técnicos, están previstas en el cálculo del IPC, pero es evidente que el medidor falla, y ya no sólo por la ponderación sino por muchos otros errores de omisión como el de no incluir las variaciones de precio en la vivienda de propiedad, algunos impuestos, el arbitrario sistema de medición por números índice y otros problemas insolubles como la imposibilidad de medir la calidad de los productos respecto al precio, algo que sólo el mercado y no un burócrata puede establecer.

El desfase del IPC con la realidad ha calado últimamente entre la gente debido a la fuerte pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido sin que el índice oficial haya experimentado grandes variaciones o, al menos, variaciones similares a las de nuestra cesta de la compra. No sólo eso, sino que incluso nuestra pérdida de poder adquisitivo es superior a la europea. La inflación subyacente (alimentación y energías) ha sido un 25% superior a la nuestros vecinos comunitarios y los productos de primera necesidad, desde agosto de 2007, se han disparado. La leche ya es más cara que la gasolina, en términos interanuales ha subido casi un 30%, y en general, los alimentos básicos como el pan, arroz, pasta, queso o huevos, tienen crecimientos de dos dígitos.

A pesar de las incongruencias del sistema de cálculo, omisiones convenientes y la falta de realismo, están usando este índice para moldear nuestra vida, como por ejemplo, revisar nuestros salarios y pensiones.

En definitiva, los indicadores macroeconómicos del Gobierno ya hace mucho tiempo que no sirven como datos objetivos que sirvan para aplicar medidas en beneficio del ciudadano, sino como demostración de lo bien que gestiona el Estado. El medio se ha convertido en un fin. Algo que también hemos visto con las nuevas estadísticas de empleo, que esconden a parte de parados, o la reforma de la educación que, favoreciendo la ociosidad y el mínimo esfuerzo, sólo pretende disimular el nefasto nivel de nuestros estudiantes permitiendo que los alumnos vayan pasando cursos y mejoren así las estadísticas.

El gran problema es que por más que se repita una mentira ésta no cambia la realidad. Las consecuencias en el maquillaje de los precios siempre la acabamos pagando nosotros. Un maquillaje que cada vez es más caro.

La inmigración y nuestra economía

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La inmigración es buena para el inmigrante y para la sociedad de acogida en términos generales. Como explicó Ludwig von Mises, hay dos procesos paralelos en los que trabajo y capital rompen las fronteras para encontrarse. El primero es la salida del capital hacia lugares donde el trabajo es barato pero él sabe hacerlo productivo. Como productividad y salario van de la mano, el capital acude a los países pobres para enriquecerlos. El segundo es la búsqueda de los trabajadores pobres a las sociedades donde hay capital. Tiene gracia; los intelectuales, incluso aquellos que leen libros, echan pestes del capital en nombre de los trabajadores. Y éstos son capaces de cambiar de continente con tal de encontrarse con un capital que le emplee provechosamente.

Los países ricos exportamos riqueza (capital) e importamos pobreza (inmigrantes). Pero lo característico de las sociedades abiertas y ricas es que, gracias al capital(ismo) logran engarzar a los trabajadores que en sus sociedades trabajan largas horas para dar con una producción miserable en proyectos que sí son productivos y que enriquecen a consumidores, empresarios y trabajadores. La realidad es que transformamos esa pobreza que viene de fuera en aquello a lo que está llamado el hombre: un ser creativo y productivo.

España se ha beneficiado mucho de la inmigración. Una de sus virtudes es que amplía la división del trabajo y en España ha permitido que millones de españolas puedan trabajar en el mercado y aportar en él todo el capital humano que adquirimos en un país desarrollado como España y que, en parte, se quedaría sin emplear si prefiriesen quedarse en casa. También han contribuido a poner en marcha proyectos (en la construcción, en el campo, en el comercio…) que, de otro modo, se habrían quedado en un mero proyecto. La inmigración, además, es una importante fuente de empresarialidad, uno de los factores clave en el desarrollo económico.

La economía española se va a transformar y muchos sectores van a sufrir una reconversión forzada… por la crisis. No es mala ocasión para hacer limpieza de los sectores menos productivos y apostar por los característicos de las sociedades ricas: los de gran valor añadido, tecnologías avanzadas, gran necesidad de capital humano. Esa transformación, si llega, tendrá que reflejarse también en la inmigración. Tendremos que competir con Estados Unidos, Francia, Alemania y demás en atraer a los trabajadores mejor cualificados. Pero para eso España tiene que tomarse en serio el papel que puede jugar en la economía (mundial, iba a decir, como si hubiese otra). Y transformar su sistema educativo de la imposición a la libertad y la calidad; sus impuestos del castigo por progresar a la sencillez y la moderación. Y el destino del dinero público de las transferencias a las inversiones.

Claro, que este Gobierno que hemos elegido no está por la labor. Será que nosotros tampoco.

El mito de la seguridad laboral

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Cada vez que a alguien se le ocurre siquiera mencionar la necesidad de flexibilizar el mercado laboral español, le caen palos de todos lados, a izquierda y derecha. Y eso que el empleo tiene en nuestro país unos costes altísimos comparados no sólo con los de los celebérrimos "países de nuestro entorno" sino también con cualquier otro del mundo, como puso de manifiesto el informe Doing Business 2008 del Banco Mundial, que nos colocaba en ese apartado en el puesto 154 de un total de 178 países estudiados.

Lo que se suele defender como principal ventaja de la regulación española del mercado laboral es que proporciona una gran estabilidad al trabajador. Al saber que es difícil y caro despedirle, puede contar con sensación de seguridad en su puesto laboral que además crece de año en año, según aumenta la indemnización que habría que pagarle. Esto, naturalmente, es cierto. La cuestión es que no es lo único que sucede cuando los poderes públicos aumentan el coste del despido (entre otras trabas a la contratación libre) y muchas veces no somos capaces de conectar esas otras consecuencias con su causa correcta.

Así, un informe de la OCDE (pag. 92) explica que en los países en los que la regulación laboral es más estricta, los trabajadores tienen más miedo a perder sus empleos, incluso aquellos que disfrutan de un contrato indefinido con todos los parabienes y protecciones que el Estado ha decidido otorgarles. Los trabajadores españoles son los que tienen más temor a ser despedidos. Y no sólo los temporales sino también quienes tienen un contrato indefinido.

La razón es obvia para quien quiera verla, y es que a la hora de evaluar si te preocupa perder tu trabajo el factor más importante son las probabilidades de encontrar otro con relativa facilidad tras el despido. Y cuando los costes de contratar son más altos de lo necesario debido a la regulación del mercado laboral, es mucho más difícil emplearse de nuevo. Así, la anhelada seguridad y estabilidad del trabajador español se torna dependencia absoluta del empresario o jefe que tenga en su puesto actual.

No sé si habrán vivido ustedes en sus carnes las consecuencias de esa subordinación o conocen a quienes la padecen; yo sí conozco casos, incluso en un gremio como el informático en el que, la verdad, no hay tanta escasez de oportunidades como en la mayoría. Las horas extra impagadas, el mobbing y otros abusos son mucho más fáciles cuando el mercado laboral dificulta al trabajador encontrar otro empleo, atándolo al que tiene a pesar de los pesares.

Una de las leyes económicas de sentido común que debería saber todo ciudadano que aspire al voto informado es que las barreras de salida suponen siempre barreras de entrada. Si un Gobierno pone trabas a que una empresa deslocalice sus fábricas, otras compañías se lo pensarán muy mucho antes de establecerse en sus dominios. Si el despido sale caro, los empresarios preferirán exprimir a sus empleados actuales mediante horas extra cuando las cosas van bien para no enfrentarse a los costes de despedir a quienes pudiera contratar cuando van mal dadas.

Sin embargo, los autodenominados "agentes sociales" seguirán defendiendo un sistema que ni siquiera consigue el objetivo que se marca explícitamente. Allá ellos. El problema es que tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han sacralizado el "diálogo social" hasta tal punto que hacer una reforma sin contar con estos sindicatos sin representación parece una herejía. Sería ya hora de dejar atrás ese lastre.