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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Empresarios españoles de mentirijillas

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

La reciente reunión del Consejo de Cooperación Económica, que integra a 120 grandes empresas de Italia, Francia, Portugal y España, ha logrado que me reafirme en mi visión y que la extienda a todos esos países.

En nombre de la competitividad de la economía europea, estos empresarios y gestores de pega han hecho toda una serie de propuestas al Consejo Europeo que son para echarse a llorar o, quizá mejor, a boicotear. Dicen los señoritos que la mejora de la competitividad requiere "reforzar la represión a la economía sumergida". Yo creía que la competencia mejora quitando las barreras que hacen que muchos ofertantes tengan que desarrollar su trabajo en el mercado no oficial, pero no veo cómo aplicando represión sobre estas personas puede mejorar la competitividad; si acaso todo lo contrario.

Esta gente sigue confundiendo la mejora de sus cuentas con la mejora de la competitividad. Y lo peor es que no les importa si sus resultados mejoran como resultado de haber recibido el favor de los consumidores o no. Así que no les basta con las múltiples subvenciones que reciben para vender en el extranjero a través de las organizaciones estatales y regionales para el fomento de la exportación, sino que ahora quieren que los políticos les constituyan una agencia comercial europea. No tienen vergüenza.

Por otro lado, estos empresarios de mentirijillas parecen haberse dado cuenta de que sin un sistema energético sólido que evite los cortes de suministro a la industria será difícil mantener el actual tejido industrial y, más aún, atraer inversiones extranjeras. En esto tienen razón pero en lugar de denunciar el intervencionismo europeo y la artificial burbuja renovable en la que nos han metido políticos, ecologistas y empresarios sin escrúpulos se dedican a pedir "una diplomacia energética", que suena a algo así como un perfume para quitar el olor a mierda.

Esta gente no tiene remedio. Se han arrimado tanto y durante tanto tiempo al poder político que ya no sabe cómo subsistir sin sus ventajas, privilegios y promociones. Parece como si ya ni siquiera supieran qué es un mercado competitivo. Darían lástima si no fuera porque muchos de ellos se forran a base de cuentos chinos y dinero del contribuyente. ¿Cuánto tendremos que esperar para ver a asociaciones de verdaderos empresarios exigir libertad de mercado y eliminación de privilegios como forma de mejorar nuestra maltrecha capacidad de competir y revitalizar los fundamentos morales de un mercado asfixiado por el intervencionismo estatal?

Estamos en crisis… ¿y ahora qué?

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos meses resulta difícil adquirir algún diario en que no aparezca reproducida la palabra crisis. La inflación está en niveles que no se veían hacía años, las previsiones de crecimiento del PIB cada día son menos halagüeñas, el sector financiero está preocupado por la solvencia de sus deudores, el número de viviendas cuya construcción se ha iniciado decrece si se compara con respecto a años anteriores, el nivel de desempleo aumenta y la subida media salarial parece que se situará por debajo de la inflación.

En efecto, ninguna de las previsiones anteriores resulta esperanzadora, y parece indicado señalar que nos encontramos ante el inicio de una crisis económica que puede ser más o menos pronunciada, y con una duración que nadie parece aventurar con mucha seguridad.

Ante esta situación cabría plantearse la pregunta de qué rumbo tomar. La respuesta será distinta para cada persona, pero lo que está claro es que consumidores, empresarios y administraciones públicas tendrán que prepararse para esta eventualidad, para responder a un entorno de desempleo, inflación y pérdida de rentabilidad de determinadas inversiones.

Como individuos habrá personas que estén preocupados por la posibilidad de que sus salarios reales decrezcan, o que incluso se queden sin trabajo. Es por estas razones por lo que estas personas buscarán reducir su nivel de gastos, para responder a estas contingencias, adquiriendo menos bienes o servicios o buscando aquellos más baratos.

Ante estas nuevas demandas de los consumidores, los empresarios se encuentran frente a un doble reto. De un lado habrá quien descubra nuevas oportunidades de negocios a la hora de satisfacer a clientes que buscan adquirir bienes y servicios más baratos. Otros verán como disminuyen sus ventas por este entorno adverso. En ambos casos, se hace imprescindible adaptar la empresa, de una manera rápida, a este nuevo entorno, lo que implica, por lo general, una reducción de costes, para ofrecer lo que demanda el consumidor, productos más baratos.

Una vez detectados los principales problemas a los que se van a enfrentar tanto los consumidores como los empresarios a la hora de satisfacer las necesidades de los anteriores en un entorno de crisis, los gobernantes deberían actuar en consecuencia. Para ello debería tener en cuenta la existencia de un factor común en ambos, la necesidad de reducir los costes. En este sentido las administraciones públicas son un factor esencial en la formación de costes, ya que su actividad genera un coste común para ambos, los impuestos. Al igual que consumidores y empresarios se tienen que adaptar a un nivel de ingresos inferiores, reduciendo para ello sus costes, la administración pública debería emprender su propio proceso de reforma con el mismo objetivo, reducir costes. Ello le permitiría prepararse para una menor recaudación impositiva fruto de una peor situación económica, y, sobre todo, facilitar la adaptación de consumidores y empresas reduciendo su carga impositiva.

Otra medida que pueden tomar las administraciones públicas es eliminar la existencia de costes indirectos, derivados de legislaciones innecesariamente complicadas o con exigencias no requeridas por el mercado. Estas complejidades legales elevan tanto los costes como los tiempos de respuesta de las empresas, y acaban también afectando a los propios consumidores que ven como los bienes demandados son más caros y tienen características que ellos no han demandado y por las que tienen que pagar un precio adicional.

Por último las administraciones también influyen en el acceso a las fuentes de financiación por parte de empresarios y consumidores. Si los gobernantes realizan una reducción impositiva, sin adaptar sus costes, tendrá que buscar financiación ajena, vía deuda pública. En este caso, individuos, empresas y administraciones públicas competirían en los mercados en búsqueda de financiación, elevándose los costes de la misma.

Si el legislador opta por simplificar su burocracia y normativa, por bajar los impuestos y por acometer su propio proceso de reducción de costes de manera que no se acuda a la deuda pública, sin duda alguna la salida de la crisis estará más cerca para consumidores y empresarios. En caso contrario, si se busca “corregir” la demanda con medidas keynesianas elevando el gasto público, los impuestos e introduciendo nuevas complejidades burocráticas, empresas y consumidores verán como la crisis se acentúa, al tener costes y períodos de adaptación superiores, y una mayor dificultad para acudir a los mercados financieros.

Contra la vivienda de protección oficial

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El Observatorio de Coyuntura Económica publicó la semana pasada un informe en el que calcula que la vivienda está sobrevalorada en un 40% en España. Este precio inflado por las políticas crediticias del Banco Central tendrá que corregirse en el futuro a través de dos vías: aumentos del alquiler o rebajas de los precios de adquisición de la vivienda.

En cualquier caso, la caída del precio de la vivienda en torno al 20% parece inevitable. Las consecuencias de este desplome van a ir, sin embargo, más allá que una minoración de la riqueza familiar y la quiebra de algunas constructoras, sino que pueden atentar directamente contra la solvencia de numerosos bancos y cajas de ahorros.

Sólo la deuda hipotecaria representa en España más del 75% del PIB. Actualmente, la tasa de morosidad hipotecaria sólo alcanza el 0,8%; no obstante, en EEUU ya se ha situado en el 5,85%. Si ello sucediera en nuestro país (algo nada improbable a la vista de la evolución del paro), la banca se vería obligada a embargar viviendas por importe de 45.000 millones de euros, lo que no sólo añadiría más presión deflacionista a los inmuebles, sino que la banca incurriría en fuertes pérdidas (ya que no recuperaría el valor de sus préstamos ejecutando los colaterales) y, con ella, sus depositantes.

Ante este preocupante escenario, convendría facilitar una transición suave en el que los precios de los inmuebles no se desplomaran. En caso contrario, la contracción crediticia y todo lo que ello implica (recesión, desempleo, morosidad y quiebras bancarias) será mucho más severa de lo necesario.

Una de las medidas más urgentes a la hora de no acelerar la deflación de la vivienda es detener todas las obras de viviendas de protección oficial. Zapatero ha prometido construir 150.000 viviendas anuales, lo que debe ponerse en relación con la oferta privada que se prevé para los próximos ejercicios.

En 2007 los visados de obra nueva residencial cayeron un 24%, desde 911.000 a 690.000, pero si sólo nos fijamos en los segundos semestres de 2006 y 2007, la caída aun fue más brusca: desde 413.000 a 275.000, un 42%. En otras palabras, la construcción de viviendas se ha hundido en el segundo trimestre de 2007, lo que hace prever que para 2008 los nuevos inmuebles iniciados no superarán los 300.000.

Dicho de otro modo, Zapatero pretende incrementar la oferta privada de vivienda en, al menos, un 50% durante los próximos años. En un escenario de deflación de precios de vivienda, el incremento de la oferta de vivienda sólo ejercerá más presión bajista sobre la misma, con el consiguiente riesgo bancario que ello implica.

Pero además, semejante incremento de la vivienda de protección oficial (VPO) sólo logrará distorsionar el mercado de la construcción durante años. La teoría austriaca de los precios describe a la perfección como son los precios de los bienes de consumo los que determinan los costes de producción y no al revés. La caída abrupta de la demanda de vivienda está provocando una congelación y una caída de los precios que hace que numerosas promociones dejen de ser rentables a los costes actuales (suelo, materiales, mano de obra…).

De este modo, la caída de la demanda de vivienda debería generar una caída de demanda de factores productivos, lo que terminaría reduciendo sus precios y, al final del ajuste, restableciendo un margen de rentabilidad entre el precio de venta de la vivienda y sus costes de producción.

Es precisamente cuando este margen vuelva a aparecer y a consolidarse cuando la crisis del mercado inmobiliario habrá tocado a su fin y cuando la construcción de viviendas volverá a iniciarse.

Sin embargo, la VPO impide todo este proceso. Si bien favorece la caída de los precios de venta, al mismo tiempo sostiene la demanda de factores productivos, de modo que su coste no se reduce (o no se reduce tanto como sería necesario). Dado que el sector público no se preocupa de la rentabilidad de la vivienda (margen entre precio de venta y costes) el proceso de construcción pública puede continuar indefinidamente con márgenes negativos.

Si ello sucediera, la construcción privada de vivienda no se reiniciaría, con lo que este sector económico quedaría en manos del Estado. La demagogia antiliberal estaría servida: la empresa privada es incapaz de producir los bienes que la gente necesita, sólo el Estado está cumpliendo con esa tarea.

Las crisis económicas (quiebras y desempleo) son un contexto propicio para que las semillas intervencionistas florezcan: desajustes generalizados que claman por una recta planificación centralizada.

La VPO favorece al mismo tiempo el recrudecimiento de la crisis y los pretextos para estrangular el mercado. De ahí que resulte muy importante detener este despropósito y denunciarlo antes de que las consignas socialistas comiencen a multiplicarse.

El empresario percibido (o no) por el pensamiento económico

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Es destacable que el pensamiento económico occidental no haya valorado en sus justos términos hasta hace relativamente poco el papel fundamental del empresario dentro de los procesos de mercado. Los teóricos de la economía analizaron históricamente de manera pormenorizada los tres factores productivos tradicionales (trabajo, tierra y capital) y relegaron, en términos generales, el factor catalizador de los mismos (el emprendedor).

Los clásicos ingleses no supieron distinguir claramente su figura de la del capitalista (en aquellos tiempos normalmente entremezclados). Los clásicos franceses fueron otra cosa. Richard Cantillon, irlandés afrancesado, mercader y banquero, supo ver que la actividad del entrepreneur suponía la realización de pagos ciertos frente a beneficios futuros inciertos. El lionés J. B. Say, fabricante de hilos de algodón gratamente sorprendido por los avances tecnológicos de la industria frente a la agricultura, amplió la visión del sujeto emprendedor. Según Say, si a los factores de producción tradicionales les correspondían sus respectivas retribuciones, a saber, salario (trabajo), renta (tierra) e interés (capital), al empresario debiera corresponderle una suerte de renta completamente distinta de las anteriores en forma de beneficio ya que era el que asumía el riesgo y la organización de la producción (independientemente de que fuera o no capitalista). Turgot completó este panorama con el acertado análisis del coste de oportunidad en las decisiones empresariales.

Estos avances teóricos sobre la figura del empresario sufrieron regresiones posteriores. La visión marxista, muy influida por los clásicos –y pesimistas– ingleses, obsesionada por el capital y la imaginaria plusvalía, fue incapaz de distinguir la función del dueño de los medios de producción (capitalista) de la del empresario propiamente dicho. Los neoclásicos, por su parte, a pesar de su acertada descripción del gestor de negocios, debido a su pretensión matemática por el equilibrio general (estático) y a su teoría de la decisión (maximización), impidieron finalmente la comprensión de la motivación real del emprendedor para actuar.

Esta carencia, nimia a primera vista, tuvo consecuencias devastadoras en la comprensión de la sociedad y de los procesos de mercado. Sólo unos pocos lograron recoger el testigo de Cantillon-Turgot-Say y profundizar felizmente en la figura empresarial.

Así, en los Estados Unidos de la época dorada de desarrollo de finales del siglo XIX, despuntaron en el análisis de la función empresarial dos economistas valiosos: Francis Amasa Walker y John Bates Clark. El primero observó que el empresario con talento se las ingenia para mejorar la productividad unitaria y, por tanto, sus beneficios no eran un sobrecargo al precio sino que se generaban mediante reducción de costes (desplazando, de paso, al empresario ineficiente). El segundo relacionó el beneficio empresarial con la introducción de perfeccionamientos tecnológicos, comerciales u organizativos en el proceso económico.

Por aquellas mismas fechas en Europa surgió la portentosa escuela marginalista austríaca que, a pesar de sus muchas y decisivas aportaciones a la economía (entre otras, dejar tocada argumentalmente la entonces recién estrenada visión marxista de la economía), tanto su fundador como la primera generación de marginalistas no consiguieron mejorar la comprensión de la figura empresarial ya realizada por los clásicos franceses.

Hubo que esperar a los escritos de Hayek en torno al conocimiento y la competencia en las sociedades abiertas (1937 y 1945) y, sobre todo, a la publicación de La acción humana de Mises (1949) para que se produjera un avance definitivo en el análisis de la acción empresarial. A mediados de los setenta, Kirzner enriquecería aún más estas indagaciones.

Otra regresión, y siguiendo la tradición británica, fueron las abras de Keynes, en las que los empresarios no tenían ningún papel relevante. De hecho, al no conceder racionalidad a las actividades del entrepreneur y reducirlas a los supuestos "espíritus animales" que impulsan a ciertas personas a buscar ganancias, se invitaba a los planificadores centrales para manipular a placer la demanda agregada y otros mecanismos de intervención económica.

Tras las revelaciones teóricas de los modernos economistas austríacos supimos que el mercado contiene un vastísimo volumen de información imposible de gestionar centralizadamente y que está en permanente desequilibrio (sintiéndolo mucho por los modelos neoclásicos). Que la fuerza que mueve y coordina el mercado radica precisamente en el sujeto-empresario (actor) que persigue su lucro guiado por las inestimables fuentes de información que son los precios. Que dicho emprendedor, anticipando demandas u oportunidades de negocio inadvertidas por los demás en un entorno de rivalidad dinámica, realiza ajustes, llena los vacíos con conocimiento práctico y aproxima recursos a bienes o servicios demandados con más urgencia por las personas.

La Escuela austríaca, centrada en el individuo y en sus capacidades creativas, nos explica que el empresario no recibe en verdad salario de nadie sino que busca el premio (en forma de beneficio puro) por sus aportaciones inestimables a la sociedad cada vez que acierta a la hora de servir a sus semejantes en un entorno competitivo (el gestor de un monopolio legal no es, propiamente dicho, un empresario).

Comprender esto es de suma importancia. Cuando los gobiernos intervienen artificialmente en el mercado se está generando una serie de falsas informaciones que extravían las vitales decisiones empresariales; las que coordinan los desequilibrios del mercado y permiten el progreso. Su crucial función social deja así de cumplirse en detrimento de todos. Esta es la lección esencial de los grandes teóricos de economía sobre la figura del empresario.

El mito del pleno empleo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Los socialistas afirman que tal hito es posible aumentando el gasto público. Los escépticos afirman que, con la actual situación económica, es imposible conseguir el objetivo de pleno empleo o crear dos millones de empleos netos, lo que significa crear muchos más en términos brutos. La verdad es que no tiene nada de imposible. Aunque el presidente del Gobierno quiera diseñar una especie de New Deal, al final recurrirá a cualquier estrategia para conseguir su promesa. Zapatero podría llegar al pleno empleo mañana mismo si quisiera, sólo ha de coger a todos los desempleados y darles un trabajo aunque éste no tenga utilidad alguna para la comunidad.

Imagínese que al Gobierno se le ocurre la fabulosa idea de coger a todos los desempleados de España para enviarlos a picar piedra a cambio de un salario o los contratase para hacer zanjas y luego taparlas. Sin duda, eso es un trabajo, ¿pero qué utilidad aporta a la comunidad? Ninguna: no es más que destrucción de capital humano y dinerario. El trabajo ha de ir siempre ligado a la productividad y la utilidad. Y eso sólo puede conseguirse con la vieja fórmula de que los ingresos superen los costes generándose beneficios, es decir, el método del libre mercado, de la creatividad empresarial y los acuerdos voluntarios. En el momento que un puesto de trabajo sólo genera costes, que es la fórmula de Zapatero, no sólo no sirve para nada, sino que nos resta algo de bienestar a todos.

El trabajo en la fórmula estatal socialista deja de convertirse en una fuente riqueza para transformarse en transferencias obligatorias de una parte de la sociedad a la otra, generando pérdidas totales netas. Allí donde los costes superarán los beneficios, el trabajo sólo es una subvención obligatoria a trabajadores y empresarios, que paga la mayor parte de la sociedad a un grupo reducido y privilegiado vía impuestos o emisión de deuda.

La figura de la creatividad empresarial y la competencia desaparecen en este escenario ya que el propio Estado se autoproclama el gran dictador de la producción imponiendo en qué sectores ha de avanzar el país y en cuáles no. Si el Gobierno drena del mercado de trabajo valiosos recursos humanos y de capital, ya sea dirigiendo la economía a través de empresas privadas o con puestos públicos, sin conseguir beneficios por ello, los proyectos realmente productivos no podrán acometerse, lo que es sumamente peligroso en un mercado globalizado como el actual. De hecho, la visión laboral de Zapatero no es más que una economía planificada del mismo tipo que la soviética, donde siempre había pleno empleo, pero las personas vivían en la miseria.

El arbitrario concepto de pleno empleo sólo se puede conseguir dejando a particulares y empresas que decidan por sí mismas. Si el Gobierno no se interpone, el empresario siempre atenderá la más urgente de las necesidades de la demanda modificando continuamente la estructura productiva, promoviendo la competencia, el trabajo productivo y no parasitario, y abandonando aquellos proyectos que ya no interesan al consumidor. Y lo que es más interesante, creando beneficios totales netos y voluntarios sin que una parte de la sociedad se vea forzada a subvencionar a la otra.

Me paso el día bailando

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La lumbalgia que atormenta a la señora de Fernández debe tener carácter episódico, porque lo cierto es que en las imágenes del happening se le ve muy suelta. Y eso que lo que sonaba por los altavoces era tan sólo el tema electoral de las juventudes socialistas, porque si llegan a poner alguna de las inmortales composiciones del grupo Los Cirros (The Beatles eran conocidos en sus buenos tiempos como "Los Cirros de Liverpool"), la pobre mujer hubiera podido acabar descoyuntada de tanto mover el esqueleto.

Las lumbalgias, y en general las afecciones musculares de la espalda, suelen requerir algunas semanas de reposo, salvo que el paciente sea cónyuge de un alto cargo socialista, en cuyo caso lo que le viene bien a esos riñones doloridos es viajar en coche durante cuatro horas y nada más bajarse tirarse otra hora más de pie haciendo palmas y moviendo el culito al ritmo de la música.

Miren de nuevo las imágenes. ¿Ven a un señor con la chaqueta de pana oficial haciendo el chorra a la izquierda de Bermejinsky? Es el secretario general de los socialistas murcianos, trabajando a brazo partido por defender los intereses de la región. También le dolía la espalda, en este caso de tanto luchar por traer agua Murcia y mejorar sus infraestructuras, como sabemos todos los murcianos. Otra lumbalgia del carajo y sin embargo ahí le tienen, como un mozalbete hasta arriba de pirujas riéndole la gracia al paracaidista oficial del partido por el bien de todos sus votantes. No, si sufridos lo son un rato.

Y la señora de Bermejo, mujer sacrificada donde las haya cuya baja laboral pagamos todos los españoles, haciendo los coros a pesar también de ese tremendo dolor de espalda. Para que luego digan que el piso del ministerio no tenía humedad.

Muevo la pierna
Trinco el parné
Tapo la bajante
Cambio los bidés

Compro jardineras
Amplío el salón
Ponme aquí el jacuzzi
¡Bermejinsky es el mejor!

Bailandooooo

La desamortización de las vías pecuarias

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

A mediados del otoño pasado, unos sucesos ocurridos en un gigantesco asentamiento irregular de viviendas sobre el terreno de la antigua cañada real galiana, a las afueras de Madrid, saltaron a las portadas de los periódicos y nutrieron de imágenes espectaculares los telediarios. El foco de los medios se centró en el origen de las personas que, en cumplimiento de una orden judicial, iban a ser desalojadas de sus casas con la ayuda de la fuerza pública. A partir de esa inicial coincidencia, sin embargo, sus simpatías se dividieron entre los que atisbaron una intolerable insurrección, al modo de la intifada palestina, y aquellos que dieron pábulo a las historias más truculentas sobre la brutalidad policial ¡Como si los abusos de la policía se cometieran como consecuencia de una orden judicial y con el acompañamiento de las cámaras de televisión!

No es que esos asentamientos "ilegales" no hubieran llamado la atención de los medios de comunicación antes de esos incidentes. Muy al contrario, las crónicas de sucesos ofrecen ocasionales referencias de su existencia, sobre todo en relación al tráfico de drogas que se desarrolla en algunas de estas viviendas y los accidentes provocados por camiones que atraviesan su "avenida" principal hacia la cercana planta industrial de reciclaje de basuras de Valdemingómez.

La reacción de los políticos no se quedó a la zaga. Un inefable ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España pidió disculpas a la dictadura de Marruecos por el hecho de que policías al servicio de su gobierno hubieran intentado cumplir una orden judicial de desalojo y demolición de unas casas levantadas recientemente (¡!). También descargó toda responsabilidad de su Gobierno sobre dos políticos –rivales entre sí– que rigen el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional y que pertenecen al principal partido de la oposición. Por su parte, éstos acudieron a la socorrida "complejidad" y al carácter "heredado" del problema mientras –intuyo– esperaban que otros acontecimientos reclamaran la atención del público. No obstante, los próceres municipales recordaron que las viviendas se ubican en terrenos públicos cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid y la presidenta de ésta última objetó que los ayuntamientos tienen la competencia sobre la "disciplina urbanística" en el ámbito de su territorio y el Gobierno central sobre el orden público.

Desde mi perspectiva, todo este enredo constituye un desaguisado más de los causados por las interferencias administrativas sobre los mercados de drogas y suelo y, en definitiva, por la dinamitación del régimen jurídico liberal sobre la propiedad. Calamidad que se propagó como la peste por todos los países occidentales durante todo el pasado siglo XX. Derribado el muro de Berlín, no puede servir de consuelo apuntar a que la situación era peor en los países del "socialismo real".

En cuanto al primero de esos mercados, la penalización de su comercio ha generado unos curiosos mecanismos de distribución al detalle. Junto a auténticos vendedores ambulantes – los conocidos "camellos"– han proliferado otros que establecen en su morada auténticas expendedurías de drogas, dadas las obvias ventajas para su almacenamiento y la relativa seguridad de que gozan los vendedores mientras la policía no pida una orden judicial que permita entrar y registrar su domicilio.

En un contexto de penalización, uno de los canales de distribución de las drogas se fue desplazando hacia los arrabales de la ciudad, donde llaman menos la atención las procesiones de heroinómanos que acuden a saciar su adicción. No puede sorprender que minorías de la sociedad española relativamente poco integradas hayan desviado su ánimo de lucro hacia actividades que reportan las ganancias extraordinarias derivadas de esa penalización.

Por otro lado, en el ámbito inmobiliario existía una cierta tradición entre individuos que formaban parte de la economía sumergida, y otros que emigraron masivamente del campo a las ciudades, de levantar sus viviendas sobre terrenos declarados de propiedad pública en los suburbios. La precariedad que debían asumir al instalar sus casas sobre terrenos gestionados por las administraciones públicas era, ciertamente, relativa. En la escala de preferencias de esas personas primó –y prima– la disposición inmediata de vivienda sobre la inseguridad jurídica que comporta recurrir a la usurpación de terreno para edificarla. También ha de tenerse en cuenta para comprender esas decisiones que las restricciones al derecho de propiedad inmobiliaria y el intervencionismo brutal que introdujo la ley del suelo de 1956 trajeron como consecuencia la limitación de la variedad de la oferta de viviendas para satisfacer los diferentes tipos de demanda.

Esa era la situación a finales del franquismo y los primeros años de la democracia. Pero a lo largo del último decenio, a los tradicionales colonos de esas ciudades alternativas se han sumado muchos inmigrantes de distinta procedencia que no pueden adquirir las viviendas en el mercado libre a través del crédito hipotecario. Pensemos que muchos se encuentran irregularmente dentro del país y muchos tienen grandes dificultades para conseguir trabajos que sirvan de garantía para los bancos.

Durante este periodo el proceso inflacionario desatado por los bancos centrales –en el caso español por el Banco de España y, después de la incorporación a la Unión Monetaria, por el Banco Central Europeo– condujo a una escalada de los precios de todas las viviendas que se ofrecen en el mercado. Bien es cierto que esa burbuja inmobiliaria está a punto de estallar y es posible que se produzca una caída de los precios. Pero esa probabilidad, aparte de ocasionar otros problemas, puede suponer que se añada a los anteriores otro tipo de demandante de vivienda insatisfecho. Típicamente, se trataría de aquellos que, cegados por el abaratamiento artificial del interés del dinero, contrataron préstamos que, pasado el tiempo, no pueden devolver sino con la ejecución de la hipoteca que grava su propiedad. Ya veremos si el concomitante mercado de alquiler mitiga el problema.

Paralelamente, debe tenerse en cuenta que, una vez laminado el funcionamiento del mercado libre, las subvenciones estatales para la adquisición de viviendas de protección oficial no pueden atender todas las necesidades. Observemos el racionamiento de esas viviendas protegidas, las cuales deben venderse, cuando son de promoción privada, a un precio tasado para que sus promotores y compradores obtengan las subvenciones públicas.

Los liberales españoles del siglo XIX creyeron encontrar en los procesos desamortizadores una fórmula para fomentar la propiedad privada, el capitalismo y, por ende, la prosperidad económica. Aunque en muchos casos se confiscara a la Iglesia, a la nobleza y a los Ayuntamientos para favorecer a nuevos privilegiados en subastas amañadas. En la actualidad, la desamortización definitiva de vastas extensiones de terreno que el Estado –arrogándose el título de sucesor de la Mesta– declaró suyas, aunque no se utilicen como tales vías pecuarias ni como caminos, contribuiría a resolver no pocos problemas como los acaecidos en la cañada real galiana a su paso por Madrid. Para ello sería necesario reformar en profundidad toda la legislación estatal y autonómica sobre las vías pecuarias. Acabar con la absurda pretensión de esa legislación de garantizar la continuidad de esos caminos para una trashumancia que desapareció. A este respecto, cabe señalar que, tanto los gobiernos del estado central como los autonómicos han llegado a cambiar el trazado de la tupida red de vías para la trashumancia de ovejas que recorría la España interior recurriendo a pintorescas artimañas administrativas. Con el pretexto de que el desuso había permitido su "usurpación" por calles y edificios, obligaron a los ayuntamientos a permutar esos terrenos por otros municipales donde esas vías continuaran sin interrupciones.

Frente a la concepción civil de que las servidumbres de paso se extinguen por el transcurso del tiempo sin ser usadas, toda una farragosa legislación, la cual –¿no lo adivinan?– también procede del franquismo, ha pretendido imponer una propiedad pública del estado –luego sucedido por las comunidades autónomas– que prescinde de considerar la realidad posesoria de esos terrenos. En los últimos tiempos se ha querido revestir de una pomposa pátina de "corredores ecológicos" que no puede ocultar el intento de recuperar "bienes mostrencos", por cuya ocupación provisional los gobiernos autonómicos obtienen tasas y precios públicos. En último lugar, esas reformas deberían tener en cuenta lo acontecido en los últimos años y aplicar las instituciones clásicas de la prescripción adquisitiva –allá donde se haya producido– para respetar los derechos de propiedad de personas que asentaron sus viviendas en esos terrenos con la suficiente antigüedad. Respecto a las más recientes, tal vez los ayuntamientos debieran considerar la venta del suelo, una vez desafectado, a los que construyeron sobre suelo ajeno.

El turismo espacial es cosa de empresas privadas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

La Tierra se nos está quedando pequeña. ¿Cuánto pagaría un turista por darse un paseo en microgravedad o visitar una estación espacial y poder decir a sus boquiabiertos oyentes que los ha estado viendo desde el espacio?

Hasta hace muy poco, un viaje privado más allá de los 100 kilómetros de altura, es decir, hasta lo que se conoce como la línea de Kármán (que es donde se considera que comienza el vuelo espacial) era algo reservado sólo a los especialistas en astronáutica y su traspaso indiscriminado era propio de las novelas de ciencia ficción. Hoy ya no es así.

Por ironías del destino, la veda la abrió la agencia espacial de la antigua URSS que, por necesidad perentoria de dinero, propició la llegada de un particular por mero placer a la estación espacial internacional (ISS), en contra de los deseos de su homóloga americana, que con su presupuesto millonario todavía cree que, el espacio es su feudo particular. El primer turista espacial fue, pese a la NASA, el magnate norteamericano Dennis Tito en abril de 2001 (otro guiño más del destino, en este caso a la película basada en la novela de Arthur Clarke) por el "módico" precio de veinte millones de dólares.

Tuvo que esperarse otros cuatro años a que el siguiente turista, el empresario e informático sudafricano Mark Shuttleworth, pudiera saludar, divertido, a Nelson Mandela desde el espacio. La tercera persona fue el estadounidense, empresario en sistemas optoelectrónicos, Gregory Olsen (octubre de 2005) y la cuarta fue la empresaria en telecomunicaciones, estadounidense de origen iraní, Anousheh Ansari (agosto de 2006), frente a la cual el Gobierno iraní mostró una reacción ambigua debida a que sus esquemas mentales caducos esperaban ver a un macho de la especie ayatolá en las estrellas y, por el contrario, se toparon con una mujer exitosa del sistema capitalista que, además, publicó por vez primera un blog desde el espacio. El último turista, por el momento, en pasar sus vacaciones en el espacio ha sido el húngaro Charles Simonyi (abril 2007), cofundador de Microsoft e inventor de Word y Excel (la proporción de informáticos con inclinaciones a ser turistas espaciales empieza a preocuparme…).

No obstante, hasta la fecha, todos estos viajes, si bien pagados por bolsillos privados, están basados en la utilización de medios públicos ya existentes (tipo lanzadores rusos Soyuz y la propia ISS). La empresa privada que los ha organizado, Space Adventures Ltd., padece la severa limitación de tener que contar con el beneplácito de cinco agencias espaciales de carácter público que llevan la gestión de la ISS. Se acaba de anunciar, además, que el cupo para visitar la ISS está ya completo hasta el año 2009 y puede que no se hagan más viajes. No me extraña. Como siempre, cuando hay organismos públicos de por medio, no se atienden convenientemente las crecientes necesidades de los consumidores (somos insaciables, dirán los planificadores estatistas).

La carrera comercial hacia el espacio no ha hecho más que empezar. Han surgido ya como negocios viables las primeras agencias de viajes privadas especializadas en turismo espacial. Así tenemos, por ejemplo, Blue Origin LLC, EADS Astrium, Bigelow Aerospace, Rocketlpane, Inc. o Virgin Galactic. Esta última empresa, la más adelantada en dichos proyectos, ha anunciado la comercialización de sus vuelos suborbitales al espacio por 140.000 dólares a partir del año 2009.

Las iniciativas privadas se han puesto en marcha: la Fundación X Prize es una de las más importantes en apoyo de proyectos no gubernamentales para, entre otros objetivos, promover el desarrollo del transporte espacial. La creación de la famosa SpaceShipOne vio la luz gracias a uno de sus concursos; si bien sudó tinta para poder obtener la licencia burocrática de la FAA/AST que le permitiera ir al espacio.

Lo que no puede faltar, por supuesto, en la industria del turismo espacial son los hoteles. Ya hay unos cuantos proyectos para poner en órbita módulos habitables y estaciones espaciales comerciales con ese fin. Un ejemplo es la BA330 diseñada por la empresa de Robert T. Bigelow, a partir de módulos inflables que será operativa seguramente para el 2012. Estos viajes comerciales al espacio empezarán a competir en precio con la ISS multi-estatal. Y como de turismo se trata, hay incluso arquitectos catalanes que están diseñando hoteles en el espacio o suites galácticas en forma de racimo de uvas (ya se sabe, l’oportunitat de negoci que tan bien supieron captar los austríacos).

Algo totalmente insólito puede volverse asequible en menos de lo que podemos imaginar para el gran público. El objetivo de todos estos proyectos empresariales es poder llegar a ofrecer al común de los mortales viajes espaciales, con breve estancia incluida, en torno a los 10.000 dólares de media. El precio que el mercado finalmente fije será el que determine los costes a las empresas que rivalicen por el tour espacial. Sólo el capitalismo y la mirada empresarial pueden desarrollar planes parecidos.

Los que no entienden en absoluto cómo se genera y difunde la riqueza no tardarán en decir que es un despilfarro, que antes sería mejor resolver todos los problemas o injusticias de la Tierra que hacer beneficios con dichos viajes o bien sonarán nuevas alarmas de los eco-amigos del espacio.

Pese a todo, es probable que, si los gobiernos no lo impiden, el turismo espacial se convierta en un fenómeno de masas (low cost incluidos). Será un servicio comercial más ofrecido por el "alocado" capitalismo, como ocurre hoy con el transporte aéreo, la telefonía móvil o el acceso a internet (también utilizados inicialmente por gente selecta o profesional cuando echaron a andar).

En el futuro, mis hijos harán, tal vez, turismo espacial buscando realizar una órbita por nuestro planeta, visitar la luna, contemplar la Gran mancha roja de Júpiter o atravesar, quién sabe, los anillos de Saturno. Sólo espero que, desde el espacio, sepan apreciar mejor lo que su padre les decía acerca del liberalismo, cuando sostenía que las barreras comerciales no deberían existir en esta Tierra.

La reputación de España

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Si nuestro país le inspira cada vez menos confianza al inversor foráneo (caemos del puesto 17 del mundo al 35) y la facilidad que ofrece nuestra economía a las empresas a que accedan al capital también se degrada (del 17 al 43), es que algo va mal. España ha mantenido un alto ritmo de inversión, pero ha sido parca a la hora de proveer del ahorro necesario. Esa diferencia nos la proporcionaba el ahorro externo, que ha estado financiando el crecimiento español en los últimos años.

Ahora esa financiación nos va a salir cada vez más cara. Y si los inversores extranjeros no confían en nosotros, o lo hacen cada vez menos, sólo podremos compensarlo pagando una prima sobre lo que tengan que satisfacer, pongamos por caso, Alemania. De hecho ese es el caso, ya que la diferencia entre la rentabilidad de los bonos de nuestro vecino y los españoles se ha estado ampliando en los últimos meses. Sí, hay un riesgo país. Y es obvio que no tiene que ver con el tipo de cambio. Luego la diferencia está en otro lado. Quizás en la seguridad jurídica que ofrece España.

Ya nos avisó The Economist, que incidió en marzo del pasado año en que el brutal intervencionismo del Gobierno en las sucesivas ofertas para adquirir Endesa "no ha hecho ningún bien a la reputación de España entre los inversores internacionales".

El mercado se basa en la confianza, y ésta a su vez en la seguridad jurídica y moral. Un inversor ha de saber que tendrá el respaldo pleno de las instituciones en la protección de su capital. Si las normas son en principio justas y su cumplimento es previsible, todo es favorable. Si su aplicación depende del humor del gobierno de turno, la seguridad se esfuma y el inversor tiembla. Y con él nuestra economía.

La política cierra las puertas al inversor internacional

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Hasta ahora, España era atractiva por su ritmo de crecimiento y por ciertos sectores con alta rentabilidad, a pesar de las leyes jurásicas que todos los gobiernos de este país han impuesto a la economía.

Todos los partidos están comprando el voto del elector con favores que no harán mejorar la economía de forma sustancial; sólo son charlatanes incapaces de entender lo que necesitan la gente y su reflejo, el mercado. Un claro ejemplo es, precisamente, la manera en que los partidos afrontan la desinversión del capital extranjero en España. Ninguno ha dado soluciones reales.

Miremos esta situación con un poco de perspectiva y comparemos algunos números. Dos de los países convertidos en paradigma de la economía socialista son Suecia y Finlandia. Los socialistas los alaban por sus protecciones sociales, pero pocos saben que España es aún más rígida, intransigente y socialista que ellos. Los nórdicos, al menos, saben quién les da de comer.

En el ranking que compara el clima regulatorio y empresarial del Banco Mundial, Finlandia y Suecia se sitúan en los puestos 13 y 14 respectivamente. España está bastante más lejos, en el 38. Expresando de otra forma, nuestro país es casi 3 veces menos competitivo que los mencionados. ¿Las razones? España dista de Finlandia y Suecia en la facilidad para crear una empresa en 102 y 96 puntos respectivamente. En este sentido, hasta gobiernos como el de Etiopía, Burkina Faso, Botsuana o Zambia otorgan mayor libertad a los empresarios nacionales y extranjeros para crear una empresa que nuestros mandatarios.

El esfuerzo que ha de hacer una empresa para conseguir las licencias en España es 3 veces más alto que en Suecia. En España, cuesta hasta 6 veces más registrar una propiedad que en Suecia. En Finlandia, cerrar una empresa es 3 veces más sencillo que aquí. Cuando una empresa destina su inversión fuera de sus fronteras, lo primero que pregunta es cuánto le costará cerrarla si las cosas se ponen feas. Si el país receptor del capital exige muchos compromisos, entrarán pocas inversiones, pues preferirán irse a otro sitio. Comparativamente, estas leyes que tenemos no sólo afectan negativamente a la creación de riqueza, sino que también contribuyen al propio deterioro de la economía. La falta de competencia y alto nivel de intervencionismo que el Gobierno ha fomentado en estos años han hecho que España sea el último país de la UE en productividad. Algo así no anima a ninguna empresa extranjera a venir; de hecho, la baja productividad española ha merecido llamadas de atención de instituciones como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

Sólo hay una cosa en la que España gana por goleada a los países nórdicos con los que nos hemos comparado, ¿se imagina cuál? En la concesión de crédito, uno de los principales factores del actual derrumbe económico. Evidentemente, si esta es la diferencia con países tan anclados en el pasado como Suecia y Finlandia, no es difícil imaginar el abismo que existe entre España y otros estados de tradición más liberal como Nueva Zelanda, Hong Kong o Estados Unidos. ¿Y los charlatanes del parlamento que opinan de esto? Nada, porque con políticas serias y abiertas al libre mercado no se pueden comprar votos.