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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Responsabilidad individual para reducir el paro

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Cómo puede ser que después de tantos años de crecimiento y bonanza económica no hayamos alcanzado ni por asomo cotas de pleno empleo (lo que se considera un 5% de paro)? ¿Cómo se entiende que, según el Banco de España, más de la mitad de los apuntados al paro el año pasado no buscasen trabajo?

Todo ser humano responde a incentivos. Durante todos estos años el Gobierno ha incentivado la ociosidad, la baja producción y la irresponsabilidad laboral. Si el Gobierno se dedica a robar nuestra producción mediante impuestos (el 40% de nuestro sueldo acaba en el bolsillo del Estado), no sólo nos empobrece, sino que crea importantes residuos insalvables.

En el mundo de la seguridad ocurre algo similar. La manipulación de los incentivos puede hacer cambiar radicalmente una situación para dar los resultados totalmente opuestos a los deseados. Si por las excusas progres de siempre, los genios del Gobierno se empeñan en eximir al criminal de su responsabilidad, sólo conseguiremos incentivar el crimen. En este caso concreto, leemos periódicamente en la prensa que tal delincuente ha vuelto a la calle el mismo día de ser detenido aunque sobre él pesaban 10, 50 o más de 200 detenciones. Algo falla en la justicia cuando le dice al ladrón que no sea responsable de sus actos porque no le ocurrirá nada.

En el mercado laboral, si los burócratas creen que los trabajadores de este país son idiotas e incapaces de buscar su satisfacción material y, en consecuencia, se dedican a meter sus manos en la economía para regularlo todo y defender al trabajador, lo único que conseguiremos, contrariamente a lo que pueda parecer, es que el más perjudicado sea el propio trabajador. Especialmente, el eficiente y el dedicado. El Estado del Bienestar, curiosamente, penaliza al hombre trabajador y responsable frente al hedonista e irresponsable.

El error es creer que la ley es un incentivo por sí misma. La criminalización por parte de los sindicatos y Gobierno a las horas extras ha conseguido que España sea uno de los países de todo el mundo donde los trabajadores dedican más horas a su trabajo. La reciente Ley Caldera para crear más empleos estables nos ha llevado a que este último mes casi el 90% de los contratos sean temporales. El salario mínimo no significa que los jóvenes vayan a cobrar más, sino que menos serán contratados. El subsidio de desempleo no es una ayuda para encontrar un nuevo trabajo, sino un sueldo por no trabajar que compite con el de las empresas. Las subvenciones a las compañías, sectores o particulares no estimulan el crecimiento económico, sino el fraude y la baja calidad. Mire el cine español. Muchas películas no se llegan ni a estrenar. Las cargas impositivas a las empresas y trabajadores no nos garantizan una pensión ni más seguridad laboral, sino más rigidez en el mercado y un abanico más reducido de opciones a la hora de cambiar de empleo.

Según datos del Eurostat, casi el 40% de españoles cree conveniente cambiar de trabajo de forma recurrente. La rigidez del mercado laboral creada por el Estado del Bienestar nos lo impide. Según el Barómetro europeo 2007 sobre clima laboral de "Bienestar y motivación en el trabajo", casi el 50% de los trabajadores españoles está insatisfecho con sus condiciones laborales. ¿La ley, los sindicatos o el ministro Caldera lo arreglarán? ¿Lo han arreglado en estos últimos 30 años? Eso no se lo cree nadie. Necesitamos que las empresas se nos disputen, que nos podamos mover con facilidad de compañía a compañía o que el Estado elimine todos esos inútiles trámites e impuestos para crear nuestra propia empresa. En un mercado donde todo lo regula el burócrata y el igualitarismo, la competencia laboral desaparece y todos los trabajadores somos iguales ante la mirada del empresario. En definitiva, somos empleados cautivos.

Todas estas intervenciones del Gobierno que supuestamente favorecen al trabajador tienen el mismo efecto que la justicia cuando libera al criminal de sus actos. En ambos casos restan responsabilidad al individuo modificando sus incentivos naturales por otros artificiales y fuera de la realidad. La sobreprotección en el caso de la seguridad conduce a más delincuencia y en el caso del mercado laboral a más fraude –entre el 22% y 25% de la economía española está sumergida–, baja producción y menor competencia laboral.

Para tener un mercado del trabajo sano sólo es necesario que cada uno, empresas y trabajadores, sean responsables y consecuentes con lo que hacen, siendo ellos quienes obtengan el total de su producción sin tener que pagar tributos a un socio pasivo como es el Estado ya sea en forma de impuestos, licencias, permisos o cualquier otra forma de extorsión.

La estrategia de Ram Bhavnani

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Ram Bhavnani, multimillonario inversor de origen indio, afincado desde hace cuarenta años en Tenerife, protagonizó la información económica de la penúltima semana de noviembre. RB decidió vender el día 20 su casi 15% de Bankinter, el sexto banco español, a Crédit Agricole, embolsándose unas plusvalías superiores a 300 millones de euros. Ahora, con 650 millones de capital propio, Bhavnani tendrá oportunidad de alcanzar nuevas oportunidades de negocio, tras su paso antaño por otras entidades del sector (Zaragozano, Popular, BCH). No es menos cierto que el 18 de Noviembre RB declaraba que no quería vender Bankinter para nada; ni tampoco conviene olvidar que en un reciente libro suyo aconseja no invertir a crédito, lo contrario de lo que hace. En cualquier caso, Bhavnani es miembro distinguido de la acreditada escuela de "haz lo que yo digo, no lo que hago". Así es el juego –contradictorio, pero libre– de la perspicacia empresarial.

La vida de RB tiene algunas conexiones de interés. Arribó a Santa Cruz como inmigrante para poner en orden los asuntos familiares, convirtiéndose con esfuerzo en el mayor tendero de la ciudad. Mucho antes, en 1943, nació en Hyderabad. Hyderabad es la capital del Estado de Andhra Pradesh, el quinto por tamaño y gozne entre el Norte y el Sur de la Unión India. En Hyderabad residen dos poderosas organizaciones mundiales: Microsoft y la Compañía de Jesús. Allí trabajan –además de la corporación de Bill Gates– Wipro, Infosys, Oracle, IBM y Dell. Por otra parte, Wharton y London School of Economics son los dos grandes centros de aprendizaje. Se trata de un nuevo Silicon Valley, algo serio, una gran región en marcha de Asia. Mientras, España, atravesada con el ladrillo, dedica cuatro veces más a subvencionar el carbón que en invertir en I+D+i (un mínimo 1,07% del PIB según el Informe COTEC de Junio 2006). Alemania, Francia y Reino Unido –inalcanzables– nos cuadriplican en gasto informático.

Volviendo a Bhavnani, fue alumno de los jesuitas hasta los 17 años de edad. Es curioso, pero en India reside y enseña desde hace más de medio siglo un conocido sacerdote jesuita español: Carlos G. Vallés. No es imposible el vínculo entre éste y RB. Vallés es un adalid del ecumenismo y, estereotipos al margen, dice cosas muy razonables sobre la modernidad. Por ejemplo, respecto de la competitividad como factor de progreso personal, podría considerársele afín a la praxeología. Afirma lo siguiente: "Anoto el hecho de que somos competitivos, que buscamos la propia ventaja, que con frecuencia nos tenemos envidia unos a otros; y el caer serenamente en la cuenta de este hecho es factor esencial para que funcionemos bien en grupo… Una cosa es tener sentimientos y otra cosa es obrar según ellos. Una cosa es sentir envidia y otra cosa es ponerla en práctica… el valor de mi vida no depende del éxito de mi trabajo y, en consecuencia, el éxito de los demás no es ninguna amenaza a mi carrera, no hace sombra a mi imagen. La amistad calma la ansiedad." (Viviendo juntos, Sal Terrae, 1995)

RB, practicante del hinduismo, quizá tenga en su estrategia la ocasión de recordar con frecuencia los principios del liderazgo en Ignacio de Loyola: heroísmo, ingenio, amor y conocimiento de sí mismo. El heroísmo inspira a hacer algo más, algo más grande; hace a una persona soñadora y pragmática a la vez. El ingenio dispone no sólo a pensar sino a vivir de manera original (Bhavnani es austero, no es rico al uso; guarda formas de arzobispo de Compostela). El amor liquida los temores y aglutina en equipos a las personas que sobresalen. Por último, el conocimiento de sí mismo –la introspección– enraíza y alimenta, como un bucle virtuoso, las demás cualidades del liderazgo. Bhavnani lo sabe.

Devolver a la sociedad las puertas del cielo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Miserias aparte, el asunto es muy relevante y preocupante. Los casos parecen aumentar ligeramente, aunque quizá, como dice Wonka, nos falte perspectiva para trazar una tendencia. El aumento que se observa de 1999 (primer año para el que hay datos) hasta ahora parece deberse principalmente a un mayor número de casos de mujeres extranjeras, aunque sólo sea porque entre ellas es mucho más común y el número de inmigrantes no ha cesado de aumentar.

La justicia, que en España está pensada para proteger al delincuente frente a la víctima, de nada sirve a las mujeres que han denunciado las palizas y las amenazas ante la Policía y ante el juez, para acabar formando parte de las noticias del día y de la estadística del año. La justicia ocupa su lugar cuando el crimen se ha cometido, y la Policía puede acumular denuncias de amenazas sabiendo de antemano que de ahí no va a salir ninguna solución. ¿Una orden de alejamiento? ¿Creen que va a detener a quien está dispuesto a acabar con una vida humana?

Pero no faltan medios para lograr una defensa efectiva de las mujeres maltratadas y amenazadas. Pero, por alguna razón, cuando esa defensa la realiza un tercero nadie pone reparos, mas cuando es la propia víctima la que se defiende hay quien se lleva las manos a la cabeza. Será que la tienen ahí para eso, para sujetársela con las manos, y no para otra cosa.

Porque la autodefensa es un derecho primordial y que sirve, además, como garante de todos los demás derechos. El derecho a la vida es el derecho a defenderla; si tiene algún sentido es precisamente ese. Y hay instrumentos muy efectivos para ejercer ese derecho, desde un spray a un arma de fuego. Muchos gallitos que se atreven contra una mujer indefensa preferirán tragarse sus miserias a enfrentarse a una persona con los medios para defenderse. Y si, pese a todo, prefieren dar curso a su odio, al menos la víctima tendrá una opción de salvar su vida.

Cada una de las 69 mujeres muertas a manos de sus parejas mereció la oportunidad de haberse defendido. Sea cual hubiese sido el resultado en cada caso, hoy la cifra que ha convocado a manifestarse a la gente a la calle sería menor. Y esa oportunidad se la merecen todas las que tienen razones para sentirse amenazadas. No entiendo cómo las organizaciones de mujeres no enseñan a las personas amenazadas a defenderse. Será que lo importante es lograr que se le llame violencia "machista".

Los riesgos de la subcontratación

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Privatizar un servicio público no es lo mismo que subcontratarlo a una empresa privada para que lo gestione, aunque a menudo la gestión privada sea confundida con la privatización porque hay un poco de "privado" en ambos. Es importante mantener la distinción si no queremos perder perspectiva y llegar a conclusiones endebles.

En el caso de la privatización, el Estado transfiere íntegramente una actividad pública al sector privado. El Estado no sólo deja de producir y proveer el servicio, también deja de financiarlo a través de impuestos. En el caso de la subcontratación el Estado deja de producir/proveer el servicio, pero permanece como comprador. El Estado subcontrata empresas de titularidad privada para que gestionen un determinado servicio público. Cuando Telefónica o British Telecom fueron privatizadas, por ejemplo, tuvieron que empezar a competir por el dinero de los consumidores. Los beneficios o pérdidas de estas empresas en el mercado abierto son una función de su éxito o fracaso a la hora de servir a los consumidores. Cuando el Estado, en cambio, subcontrata la gestión de los hospitales o la recogida de basuras a empresas privadas, las empresas deben competir entre sí para hacerse con el contrato, pero los contratantes no son los consumidores sino el Estado.

La subcontratación es, por tanto, un sustituto muy pobre de la privatización. La provisión o gestión del servicio es privada, pero mientras sea el Estado el que pague la factura las empresas tienen incentivos para servir al Estado y no a los consumidores, y el Estado es quien define lo que los usuarios van a recibir. El Estado tampoco sabe lo que los consumidores desean en realidad, pues estos no pueden revelar sus preferencias eligiendo en el mercado. En definitiva, con la subcontratación no tiene lugar el proceso competitivo que lleva al descubrimiento de nuevas y mejores fórmulas de servir a los consumidores.

Pero lo mejor no debe ser enemigo de lo bueno: ¿es la subcontratación de servicios públicos un paso adelante, aunque la solución óptima sea la privatización? A primera vista eso parece, pero un examen más detenido deja entrever que hay luces y sombras.

La principal ventaja de la subcontratación es que la empresa privada tiene más incentivos que la empresa pública para reducir costes (porque así aumentan sus beneficios) y proveer un servicio decente (porque de lo contrario el Estado puede subcontratar a otra empresa). Es cierto que la empresa privada, porque responde ante el Estado y no ante sus usuarios, quizás tienda a reducir demasiado los costes y la calidad del servicio se resienta, pero en general la subcontratación tiene el potencial de ahorrar dinero a los contribuyentes o de procurarles un mejor servicio por el mismo dinero. Los ejemplos de gestión privada de servicios públicos son numerosos y parecen corroborar este punto. Se ha introducido un poco de competencia, y un poco es mejor que nada.

Otro aspecto positivo es que la gestión privada, si se demuestra más eficiente que la pública, puede allanar el camino a la privatización. Los ejemplos actuales de gestión privada pueden emplearse para ilustrar la superioridad de la empresa privada y minar los prejuicios que la gente tiene en su contra. Un aumento de la subcontratación puede abastecernos de más ejemplos (imperfectos, pero elocuentes) de que "el mercado puede encargarse de esto". La otra cara de la moneda es que si no mantenemos clara la distinción entre subcontratación y privatización la gente puede achacar las deficiencias o los fracasos de aquélla a la empresa privada (Blackwater es un caso reciente).

Dando la vuelta al argumento de la eficiencia algunos liberales sostienen que la subcontratación es peligrosa precisamente porque hace al Estado del Bienestar más eficiente, y a la postre más soportable e inmune a la crítica. Pero este razonamiento, llevado hasta sus últimas consecuencias, sugiere que debemos anhelar el Estado más ineficiente posible. ¿Queremos realmente que la sanidad pública mate a sus pacientes para que la gente vea que la privatización es necesaria? ¿Queremos que la escuela pública haga de nuestros hijos unos analfabetos para que la gente exija un cambio? ¿El fin justifica los medios? En este caso el fin es el liberalismo y el medio es hacer sufrir a las personas para que se den cuenta de que el mercado es necesario. No creo que utilizar a las personas de este modo para un fin político represente en absoluto el espíritu liberal.

El argumento de que la subcontratación es peligrosa porque hace eficiente al Estado sí es válido, no obstante, aplicado a determinados servicios que son injustos o que conllevan injustica. ¿Queremos que el Estado sea más eficiente en la guerra contra las drogas? ¿Queremos que subcontrate la recaudación de impuestos? Bruce Benson, por ejemplo, explica que la subcontratación reduciría los costes de gestionar las prisiones, pero en el contexto actual eso significa que será más atractivo para el Estado recurrir a ellas y que más gente inocente, condenada por delitos sin víctima, puede acabar entre rejas. La solución parece obvia: subcontratemos aquellos servicios que son "inofensivos" e inequívocamente útiles (hospitales, recogida de basuras, aeropuertos) y dejemos a un lado los servicios más cuestionables (policía, ejército, prisiones). El problema es que, aunque sobre el papel podamos separarlos, en la práctica la subcontratación de unos servicios quizás empuje a la subcontratación de otros.

Un riesgo importante son los nuevos vínculos que se crean entre el Estado y los empresarios. La subcontratación alinea los intereses de los empresarios (tanto los que se benefician del contrato como los que podrían beneficiarse) con los intereses del Estado. El liberalismo pierde aliados y el Estado gana socios. La frontera que separa el Estado de la sociedad civil se difumina. Hoy en día ya sucede este fenómeno en cierta medida. La subcontratación podría acentuarlo. Además existe el peligro de que en determinadas áreas la empresas subcontratadas desplacen a las empresas puramente privadas, que al no recibir sus fondos del Estado no son capaces de reducir tanto sus costes para competir (los cheques escolares tienen ese riesgo, por ejemplo).

El balance, en mi opinión, no está claro. Recibir un servicio menos nefasto a cambio de nuestros abusivos impuestos quizás sea una razón suficiente para defender la subcontratación en varios ámbitos. El problema es que la "subcontratación buena" y la "subcontratación mala" pueden venir en paquete.

Salario mínimo

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En periodos cercanos a las elecciones, uno de los temas que más suele sacar a colación la clase política es el del salario mínimo. Las leyes que lo regulan establecen un importe mínimo, por debajo del cual, está prohibido celebrar cualquier contrato de trabajo. Este concepto fue introducido en su forma actual en el siglo XIX en Australia y Nueva Zelanda, y en la actualidad la mayoría de los países del mundo lo implementan de alguna forma.

Los defensores del concepto de salario mínimo suelen ver esta medida como uno de los pilares de la llamada “justicia social”, que permite elevar el nivel de vida de aquellos trabajadores cuyos ingresos son más reducidos, y que, sin este tipo de medidas, estarían condenados a la pobreza.

Este argumento no tiene gran solidez, y la prueba la tenemos en que ni los más acérrimos defensores del salario mínimo se atreven a subir el importe de esta cifra más allá de ciertos límites. Si la retribución de los trabajadores dependiese sin más del cuerpo normativo de un país, lo lógico no sería dejar esta cifra en 570,6 euros al mes, sino elevarla a importes más elevados, como 5.000 ó 10.000 euros mensuales. Puesto que los ingresos del trabajador dependen de lo que marque la legislación, lo razonable sería incrementar esta cifra lo máximo posible.

No obstante, esto no ocurre así, y las subidas suelen mantenerse dentro de determinados márgenes, ya que los defensores de este concepto son conscientes de la poca consistencia del concepto del salario mínimo como defensor de los trabajadores con menores ingresos.

La lógica empresarial no entiende de los buenos deseos políticos y la contratación laboral se rige por otros parámetros. Cualquier persona, a la hora de contratar a otra, busca obtener un beneficio del trabajo de ésta. Así, el bien o servicio que va a ayudar a producir dicho trabajador debe valer para los clientes de la empresa más que todos los costes en que se han incurrido para elaborarlo, incluido el salario del empleado. En caso contrario la empresa no podrá sobrevivir mucho tiempo en el mercado y acabará quebrando.

En el caso de que se produzca una subida del salario mínimo pueden darse dos circunstancias, que dicha empresa siga siendo rentable o que no. En el segundo de los casos, los efectos del salario mínimo habrán sido catastróficos para los empleados que trabajaban allí, ya que, por culpa de los nuevos importes mínimos, habrán perdido su medio de trabajo. En el primero, la situación es un poco más compleja, ya que son más difíciles de medir los efectos. Si el precio de los productos de la empresa se mantiene, la subida de salario mínimo producirá un estrechamiento de los márgenes, lo que puede llevar a tratar de recuperarlos. Esto se puede producir, entre otras medidas, mediante un adelgazamiento de la plantilla, lo que de nuevo elevaría el desempleo, o una subida de precios, lo que repercutiría negativamente en los clientes de la empresa, que a su vez se verían obligados a recortar de alguna manera sus costes o a trasladar la elevación de los mismos. También podría suceder que, en lugar de buscar la recuperación de dicho beneficio, el empresario considerara dicha bajada como definitiva. Esto último traería como consecuencia el que menos empresarios se viesen atraídos a ejercer dicha actividad, por lo que se demandarían menos trabajadores y más gente quedaría desempleada.

Por lo tanto parece claro que el primer efecto de la subida del salario mínimo es que determinados trabajadores quedarán desempleados, aquellos cuya productividad no sea lo suficientemente elevada como para justificar dicho nuevo salario. Pero el efecto más perjudicial no radicaría ahí, sino en los trabajadores que carecen de experiencia y tienen una formación más reducida. Estos trabajadores aportan muy poco valor a la empresa cuando se incorporan por lo que una subida del salario mínimo puede hacer que su salario sea superior al producto que son capaces de ofrecer. Al no tener formación su productividad es muy reducida y la única forma de incrementarla, y por tanto, de ganar más, radica en la experiencia que puedan obtener. No obstante, al existir un salario mínimo no existirán empresas interesadas en contratar personas de tan baja productividad.

Por tanto se puede concluir afirmando que la mera existencia del salario mínimo perjudica a los trabajadores, por muy buena que haya sido la intención del legislador. Y es especialmente grave en el caso de los trabajadores con menores ingresos, al ser éstos los que cuentan con menor formación, que verán cómo se limitan las posibilidades de incrementar su productividad mediante la experiencia, siendo condenados a la pobreza el resto de su vida.

Guateque

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Quien esto suscribe solicitó hace 54 meses una licencia para la apertura de un local. Al cabo de un año, con una fuerte inversión muerta de risa, uno empieza a desesperar. Las visitas a urbanismo se convierten en una rutina y, en algún momento, las paredes del laberinto de Plaza Mayor te susurran al oído que puedes evitar el calvario con un empujoncito monetario. Hice oídos sordos y, claro, todavía estoy esperando respuesta de palacio.

Hace algún tiempo, un amigo que visitó Cuba me contaba consternado que la famosa sanidad cubana era un caos y que las operaciones tardaban una eternidad. Sin embargo, si pagabas por debajo de la cama a los médicos, los sanitarios de la revolución se encargaban de que fueras operado en cuestión de horas. Es lo que tienen los sistemas gratuitos y centralizados.

La operación Guateque podría convertirse en una verdadera bendición. No tanto porque detengan a unos funcionarios que además de vivir a costa de nuestros impuestos se dedican al tráfico de enchufes, sino porque muchos dejarán de pensar que lo de la corrupción urbanística es cosa de Pepito Rojo o Menganito Azul. El problema es el sistema nacional-sindicalista de urbanismo que nos impusieron en 1956 y que los socialistas de todos los partidos, que en este campo conforman la práctica totalidad del espectro político español, abrazaron con entusiasmo y desarrollaron con la llegada de la democracia.

Desde la ley del 56 hasta la de 2007, todas las leyes del suelo y de urbanismo que se han ido aprobando contienen tal grado de intervencionismo que tanto Stalin como Mussolini las hubieran aceptado con agrado. Allí donde impera la planificación centralizada y donde el propietario pierde todo poder de decisión sobre su propiedad, la corrupción está servida. El ciudadano se encuentra a los pies de funcionarios y políticos, y habría que topar con almas celestiales para que quienes nos tienen trincados por el cogote no se aprovechen de la situación.

En este sentido, las recalificaciones urbanísticas se han convertido en la corruptela más visible y conocida porque tienen glamour político. El funcionario, en cambio, no tiene acceso a estos pelotazos pero puede agilizar la tramitación de las licencias y ganarse un suculento sobresueldo. Durante estos cuatro años y medio de espera he visto cómo algunos vecinos lograban licencias similares en cuestión de semanas. Siempre me he alegrado por ellos. Lo escandaloso no es que ellos hayan podido agilizar sus trámites sino que se considere normal un sistema en el que se somete al resto a una espera indigna y empobrecedora.

Las ratas de Gallardón

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Estaba repasando estas y otras paradojas contemporáneas cuando escucho a Alberto Ruiz Gallardón, engolando el tono… ya saben, como quitándose importancia, para decir que la actuación de una veintena de personas entre "más de 20.000 funcionarios" no podía empañar la labor de todos ellos. ¿Había oído bien? ¡20.000 funcionarios para el Ayuntamiento de esta villa castellana! ¡Y los medios preocupándose de la suerte de apenas dos decenas!

Lo bien cierto es que a lo que estamos acostumbrados es al escándalo. El escándalo de que uno no pueda abrir un local sin la aprobación de un funcionario. Luego la concesión se hace lo más complicada posible precisamente para acrecentar el poder de los funcionarios sobre el ciudadano de a pie. El proceso es tan largo y costoso que está exactamente pensado para que haya quien quiera tomar atajos. La corrupción no son las coímas pagadas a docena y media de funcionarios, sino la misma idea de que el Ayuntamiento intervenga en la decisión de un particular de dedicar un local a lo que le plazca. La corrupción es, también, que Madrid haya acumulado nada menos que 20.000 personas en nómina, de las cuales una parte está dedicada, como la que se entromete en el uso de los locales, a trabajar contra el ciudadano.

Pero ¡20.000 funcionarios! ¿De verdad alguien puede pensar que son necesarios? Gallardón ha saltado con una de sus propuestas más sensatas, al proponer la subcontratación de este servicio, aunque lo mejor hubiese sido eliminarlo. La subcontratación se puede llevar tan lejos como se desee. Miren el caso de Chester Stranczek, que se convirtió en alcalde de Crestwood, una ciudad estadounidense de 12.000 habitantes, en 1969. Desde que llegó al poder decidió reducir a lo mínimo el equipo consistorial y subcontratar todos los servicios públicos, desde la gestión de las infraestructuras a la propia contabilidad del ayuntamiento. El Ayuntamiento es tan barato y tan eficaz que no ha perdido una sola elección desde el año de Woodstock. Por los 150 funcionarios que gastan las ciudades de su tamaño, él cuenta con sólo 17. Y todavía sobran, como demuestra la experiencia de Weston, una localidad de Florida de 65.000 habitantes. Tres funcionarios son suficientes para un presupuesto que supera los 100 millones de dólares.

Sandy Springs ha seguido el mismo camino. Su alcaldesa, Eva Galambos, declaró en su momento que "hemos aprovechado la energía del sector privado para organizar las principales funciones del Gobierno municipal, en lugar de crear nuestra propia burocracia. Lo hemos hecho así porque creemos que el modelo competitivo es lo que ha hecho de América tan exitosa. Y estamos aquí para demostrar que este mismo modelo competitivo se puede llevar a un Gobierno local efectivo y eficiente". La policía, los bomberos, la limpieza de las calles…

Imagínense que el Ayuntamiento de Madrid lo constituyesen tres funcionarios, Gallardón, Cobo y Ana Botella. O un par de docenas, si me apuran. Seguro que encontraban una habitación más modesta que el Palacio de Correos. Y no tendrían problemas con las ratas.

El comando antiburocracia

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Salvo que los permisos que finalmente se tramitaban no cumplieran los requisitos legales para ser otorgados, en cuyo caso sí estaríamos ante un caso evidente de prevaricación, la única actividad de este "comando antiburócrata" parece ser la de agilizar los trámites para el otorgamiento de estas autorizaciones oficiales a cambio de una cantidad de dinero. Pero si los trámites se hacían con sujeción a la legalidad, no veo dónde está el perjuicio para el ayuntamiento o para el resto de ciudadanos.

Cualquiera que solicite una licencia de apertura para un negocio sabe que tendrá que esperar varios meses antes de tener todo el papeleo en regla para poder iniciar su actividad. El tiempo es dinero, sobre todo porque los bancos no esperan a cobrar los intereses del dinero prestado hasta después que Gallardón estampa su firma en el documento oficial por el que se concede la autorización solicitada. Al contrario, los banqueros tienen la fea costumbre de exigir el pago de los réditos desde el mismo momento en que la pasta abandona la sucursal. Pero no se trata solamente de los compromisos con los bancos, sino que, además, cada mes que un negocio está cerrado por la falta de la firma en un documento, es dinero contante y sonante que el propietario deja de ingresar.

Por tanto, el soborno a los funcionarios encargados de esos trámites no es, en última instancia, más que una cuestión sobre la relación coste-beneficio. Si el pago que exigen los funcionatas es inferior al coste que la demora le va a suponer al empresario, es evidente que muchos de ellos optarán por acudir a ese mercado negro burocrático.

Hombre, el caso de los tíos estos del "guateque" gallardonita es un poco sorprendente, porque eso de establecer los precios según el tipo de negocio o los meses de tramitación que se ahorra el solicitante parece demasiado grosero. Sólo les faltó abrir una ventanilla adicional con el cartelito de "sobornos" y un listado con las tarifas vigentes.

Ahora dice Gallardón que va a privatizar el servicio de concesión de licencias, permisos y autorizaciones. Coño, pues eso mismo es precisamente lo que estaban haciendo ya sus funcionarios. De hecho, el alcalde debería otorgarles esa concesión a los creadores del sistema "guateque", por su probada eficacia a la hora de dar un servicio ágil al ciudadano. La otra solución es dejar de interferir en el proceso de creación de actividades económicas, más allá de los controles sobre el cumplimiento de normativas básicas una vez el negocio esté instalado. Pero eso supondría que los políticos perderían poder y las instituciones públicas un montón de dinero en concepto de tasas, y no parece que ningún político esté dispuesto a renunciar ni a lo uno ni a lo otro. Y Gallardón, probablemente, menos que los demás.

El poder absoluto corrompe absolutamente

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Por otro lado, como decía Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Así que trabajando en un medio totalmente intervenido como es el urbanismo sería de necios pensar que no hay corrupción. La hay a mansalva; a una escala más grande de la que la gente tiende a pensar.

El caso del urbanismo es paradigmático del efecto que tiene el poder sobre las relaciones humanas y las restricciones en la propiedad y la libertad individual. Políticos y burócratas se han erigido desde 1956 en amos absolutos de nuestras propiedades inmobiliarias. Unos y otros se han arrogado un poder sobre nuestras vidas que ya hubieran querido para sí muchos monarcas de la Edad Media. La centralización del poder urbanístico, debida primero al franquismo y luego al socialismo de ambos partidos, ha traído una marea de corrupción imparable. Los políticos, por el tipo de decisiones que nos han expropiado, cuando se corrompen suele ser en el terreno de los pelotazos de las recalificaciones. En cambio, los funcionarios suelen moverse en otro nivel: el de las licencias.

La operación Guateque parece haber encontrado una trama dedicada a lo segundo. Hasta el momento han sido detenidos 16 funcionarios en cinco departamentos distintos de la capital. Personalmente he visitado en numerosas ocasiones tres de las oficinas intervenidas por la Policía y no porque me guste martirizarme o localizar escenarios para películas tipo Brazil, sino porque hace cuatro años solicité una licencia de apertura de local comercial en la capital que nunca llega. Al parecer, la solicitud ha cobrado vida propia y deambula por departamentos del ayuntamiento en busca de firmas y sellos que están entre este mundo y uno situado en una cuarta dimensión.

Todo el que lo haya pasado por este mal trago sabe lo que es el despotismo de un burócrata cuando habla sobre tu propiedad. Es una verdadera pesadilla que no le deseo a nadie. Después de meses soportando que unos desconocidos te digan hasta el color que ha de tener tu casa o la forma de las puertas de tu local, uno empieza a desesperarse. Ese es el momento en el que alguien te susurra al oído que por qué no te ahorras esta travesía por el desierto y te reúnes con alguien que te puede ayudar a agilizar la concesión de la licencia. En mi caso, nunca me tentó esa opción. Estoy más interesado en comprobar que en este país el derecho a la propiedad privada ha sido limitado hasta extremos insospechados; que si Hernando de Soto hubiera hecho su famosa comparación sobre el tiempo que tardan en darte una licencia de apertura en Estados Unidos y en Perú pero sustituyendo al país andino por el ibérico, la diferencia hubiese sido aún mayor.

Sin embargo, me alegro profundamente por quienes, atrapados en el laberinto de la solicitud de una licencia, al menos encontraron esa vía de escape. Verse en la necesidad de pagar 20.000 euros a una red de estafadores para que te dejen usar tu propiedad puede ser una humillación moral, pero peor aún es no tener siquiera esa opción. Lo indigno es que una persona pueda estar años a expensas de políticos y burócratas hasta poder hacer algo con su propiedad. No estoy disculpando a estos chupatintas corruptos, ni mucho menos, pero no me cabe ninguna duda de que la verdadera corrupción, la madre de todas las corrupciones, es el sistema de urbanismo que ha ideado y defiende la inmensa mayoría de nuestros políticos. Sin el urbanismo socializado no habría tramas de corrupción urbanística; ni políticas, ni burocráticas.

El catalanismo como excusa para la tiranía

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Esta semana el diario Expansión entrevistaba a Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial y Obras Públicas. En la conversación le preguntaron al consejero qué piensa de la propuesta de Rajoy sobre la privatización de Aena y el Aeropuerto de El Prat en Barcelona, a lo que Nadal respondió sin pudor alguno que "el señuelo de la privatización de Rajoy es un ataque en la línea de flotación a la aspiración de Cataluña de intervenir en la gestión de El Prat, es un síndrome antiautonómico".

La pregunta es: ¿y qué tiene que ver ser patriota (catalán) con la privatización de algo? Para el catalanismo actual mucho, si no todo. En Cataluña, la causa catalanista sirve como arma y escudo para justificar el continuo atropello de los políticos contra el hombre libre. Multan a los comercios en nombre del patriotismo catalán y así los políticos se sacan los euros necesarios para financiar sus más surrealistas proyectos, además de pagarse los coches oficiales. El catalanismo también es la respuesta, como vemos en el caso de Nadal y la privatización de Aena y El Prat, a cualquier iniciativa que reste poder al monstruoso y burocratizado gobierno catalán.

Asumir una causa o sentimiento global como propio, autoproclamarse su caudillo por las buenas y usarlo como arma para defender intereses puramente partidistas, en este caso los de la misma administración catalana y más concretamente los del propio Nadal, es el inequívoco proceder de un tirano. Ningún político es el representante del catalanismo que pueda sentir un catalán. Ningún político tiene derecho a asignar o gestionar sectores y recursos como si fueran suyos por el mero hecho de que se haya autoproclamado guía espiritual y material de esa causa. Parece que aún estemos en la época feudal, donde el señor decidía qué era suyo y qué no. Y como ocurre con la cuestión de la lengua, ningún político tiene derecho a robar, aunque sea de forma legal mediante multas, a empresarios por no cumplir preceptos que no son más que caprichos electoralistas y que no representan crimen alguno.

En Estados Unidos, que van un par de siglos adelantados en algunas cosas, se puso de moda la expresión "adoro a mi país, pero odio a mi Gobierno". Para Nadal y para el resto de su horda política, no se puede sentir el catalanismo y a la vez detestar a figuras como él y las de todo su Gobierno. Está claro que cuando los políticos de la región ponen a Cataluña en crisis no es para defender a sus ciudadanos, sino que apelan a los más básicos y viscerales sentimientos de las buenas personas para defender sus propios intereses personales. Así se explica por qué en las últimas elecciones Cataluña fue la comunidad autónoma con el índice de abstención más alto de toda España, alcanzando más del 46%, que llegó a ser más del 50% en lugares como Barcelona. Y es que es lógico que al final la gente se canse de que la manipulen y la pongan como escudo de los intereses de una oligarquía política incapaz de hacer nada positivo, que, como Nadal como jefe máximo por ejemplo, vio como se hundía un barrio barcelonés, y no hizo absolutamente nada al respecto.