Ir al contenido principal

Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Fiat se hace liberal

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

John Elkann, 31 años, vicepresidente de Fiat y heredero del mítico grupo empresarial, se declara liberal sin ambages. Entrevistado recientemente por varios medios, Elkann descubre oportunidades en la globalización, defiende reglas claras para el mercado y se dispone a ejercer la empresarialidad durante largos años. Es inusual entre emprendedores palabras y hechos de esta índole. Por ejemplo, en nuestro país, la tercera generación al frente de grandes firmas no suele participar, al menos cara al público, del ideario que el descendiente de los Agnelli proclama.

Si Corea del Sur –pura montaña, lugar incómodo– se ha convertido en la décima economía del mundo, existen motivos más que suficientes, según el joven líder de Fiat, para el optimismo europeo. Elkann no cree en los "campeones nacionales": para él la italianidad no debe ser excusa que altere la calidad de servicio a los clientes. Su vocación es permanecer; no quiere involucrarse con los reguladores del mercado en operaciones tipo Alitalia o luz y gas estatales, sino con el mercado mismo.

John es hijo del escritor Alain Elkann y la pintora Margherita Agnelli, nieto por tanto del célebre Gianni, patriarca del clan. De Alain se sabe poco; de Margherita se conoce su litigio con el resto de la familia acerca del reparto de la fortuna. La llegada de John a la cúpula de Fiat es una historia rocambolesca digna de monarquía electiva al uso, pero parece incumplirse con él la ley de hierro del fin de saga familiar. Desde que en 1899 el fundador Giovanni implantara en Turín la línea de ensamblaje de Ford, la connivencia de Fiat con el poder de turno ha sido constante. Gianni, viejo zorro plateado, auténtico rey sin corona, que hizo de su vida una obra de arte, antes de su muerte enseñó al novicio John las mañas de gobernar a los hombres. Tras una década de capa caída, ahora levantan el vuelo con el modelo Fiat 500, del que guardan elevadas expectativas de éxito.

Dice el historiador David S. Landes que "cuando Fiat quiere algo, el Estado se lo cede a precio de ganga; y cuando a Fiat le sobran limones, el Estado desarrolla una predilección irresistible por el zumo de limón". ¿Qué hay de impostura o veracidad en el rumbo de Fiat? Lo veremos en los próximos tiempos. En cualquier caso, si Elkann, junto a Luca Cordero di Montezemolo, jefe máximo, pretenden consolidar Brasil y expandirse por el resto del globo, no parece que la mundialización les permita cometer demasiadas trapacerías. John fue operario durante un período en Detroit, conociendo las raíces del oficio; prefiere tener una visión más panorámica que profunda de los temas, fue valiente en su afirmación liberal. Quiere hacer cosas, no buscar rentas. Falta, desafortunadamente, mucha gente así.

Ministras para el Nobel de Economía

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

La ministra Chacón nos ha sorprendido con una vanguardista teoría económica. Hasta ahora, las teorías más certeras que daban explicación a la burbuja inmobiliaria apuntaban a que el imparable precio de la vivienda se debía a un aumento espectacular de la oferta monetaria (inflación crediticia) creada por los bancos centrales, junto a un mercado inmobiliario altamente regulado y corrompido por los políticos. Tras el gran descubrimiento de Chacón, no puedo sino concluir que todos estábamos equivocados.

Además, las ministras merecen otro reconocimiento. Como bien sabrán, la desaceleración en el precio de la vivienda no se ha producido sólo en España, sino en todo Occidente. Estas semanas las bolsas de todo el mundo se están hundiendo debido a los peligros de tal contracción. Pero España no ha sido otro país más, no; ha sucedido exactamente al revés. Según se desprende de las palabras de Chacón, la ex ministra Trujillo ha reducido el precio de la vivienda en España y, por extensión, en todo el mundo. ¿Cómo se explica si no esta coincidencia?

Según Chacón, la desaceleración en los precios se debe a dos factores. Uno, que los socialistas salieron elegidos en las últimas elecciones, sin más. Para Chacón, eso, de alguna forma y hablando en plata, acojonó a los pobres precios que en consecuencia, aunque varios años después, bajaron. Así, Chacón ha dicho que cuando los socialistas tomaron el poder hubo "un ajuste sostenido del precio de la vivienda". Nadie sabe muy bien de qué datos habla.

La segunda razón de esta "impresionante" bajada de precios, en boca de la ministra, ha sido debida a "un alza importantísima de la iniciación de la vivienda protegida en España". En economía, siempre habíamos pensado que la comercialización de un producto por debajo del precio de coste genera un efecto expulsión (crowding out) que encarece el resto de productos del mismo sector que están en el mercado libre. Según Chacón, en el caso de la vivienda ocurre lo contrario. De aquí podemos deducir que si el Gobierno "regala" los pisos, esto es, roba más dinero al pagador de impuestos, los promotores y constructores también se verán forzados a vender sus pisos a precio cero en el mercado libre ya que los obreros, trabajadores inmobiliarios, empresarios, etc. querrán dejar de cobrar por alguna razón desconocida. Desgraciadamente, no hay pruebas empíricas de algo así en toda la historia de la humanidad.

Por estas revelaciones económicas, les ruego que otorguen el próximo Nobel de Economía a las dos ministras. Recíbanlas en su país con los brazos abiertos, y ya puestos, no las suelten, que no vuelvan a España. Quédenselas y apliquen ahí también sus vanguardistas teorías económicas. Háganlas ministras de economía, vivienda o lo que quieran y verán como el precio de los pisos en Suecia también baja. El problema es que antes se incrementarán en un 150% en pocos años sin que el poder adquisitivo de los ciudadanos aumente, como ha ocurrido en España, pero eso no importa porque en la cesta del IPC la vivienda de propiedad no figura como un gasto aunque dediquemos el 40% de nuestras rentas al pago de la misma. Por tanto, aunque los ciudadanos suecos se empobrezcan, de cara al exterior ustedes quedarán como fantásticos gestores.

Un cordial saludo, y suerte con las nuevas ministras. La van a necesitar.

P.D.: No teman en tomar una decisión controvertida al laurear a las ministras. Si fueron capaces de dar el Nobel de la Paz a un asesino como Yasir Arafat o a un farsante como Muhammad Yunus, el premio a las ministras va ser una mera anécdota comparado con los anteriores.

El trujillazo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Con la legitimidad de que, como todo "es p’al pueblo" y ellos son sus representantes, nada malo podía haber en ello. Con constancia y con impunidad. "Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo", decía Ulpiniano. Y el socialismo es la constante y perpetua voluntad de quitárselo.

Junto con ostentóreo, el neologismo más genial de la democracia, o lo que sea, es corrupsoe, que se podía leer en cualquier rincón de España. La corrupción es un arte, y bien es sabido que éste no germina en cualquier jardín. Necesita un buen abono, y el de la corrupción es el poder arbitrario. Imponer, prohibir, gravar, condicionar… todo lo que quepa hacer desde el poder sin tener que dar cuenta de por qué se toma una decisión y no la contraria. Como comentó, años ha, un grueso promotor inmobiliario en una comida con funcionarios del ramo, a la que asistí: "Si decides que un terreno mío es urbanizable, me hago de oro; si decides que es para parques y jardines, me arruino". La lógica era implacable.

Arbitrariedad y poder. Un funcionario que decide que lo que puede llegar a valer 100 no permitirá que valga más de 20. Todo por el bien común, el desarrollo sostenible, los jóvenes, y el calentamiento global, que justificaciones difusas para meter mano en lo ajeno nunca fallan. A no ser, claro, que el funcionario abra la mano, permita que afloren los otros 80, y de paso se quede con una parte. Así funciona todo.

Como el mercado del suelo en España. Y así seguirá funcionando, pero peor; mucho peor. Porque la nueva Ley del Suelo, que comenzó su vigencia este julio que no ha sabido del calentamiento global, es el colmo de la combinación de poder y arbitrariedad. El sumun del socialismo. La panacea de la corrupción. La repera.

Porque ahora, con la nueva ley, puede llegar el probo funcionario de turno y expropiártela por dos duros. Lo del justiprecio siempre fue una coña marinera, porque el único precio justo es el del mercado, el que acuerdan dos partes sin otra condición que poner en común sus santas voluntades. Pero ahora es un sarcasmo brutal e hiriente. ¿Justiprecio? Me lo llevo por lo que puede valer su uso actual, y no me hable usted de futuro, que a largo plazo todos calvos, dice el probo funcionario. Que todos tienen derecho a tener su santa voluntad, aunque seas un humilde concejal de urbanismo.

El trujillazo que nos ha colado Zapatero va a llevar a España a la alianza de civilizaciones entre los funcionarios bizcochables y los halcones de los consistorios. La comisión será materia de estudio en Educación para la ciudadanía. Los concejales llevarán a Trujillo a los altares y se encomendarán a Nuestra Señora de la Comisión Perpetua. Que Dios les pille confesados.

Desde Londres

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Llevo seis meses trabajando y viviendo en Londres. Supongo que una ciudad tan rica en matices no deja a todos la misma huella, pero en cualquier caso os comento algunas de mis impresiones.

La sensación que uno tiene paseando por las calles de Londres, yendo en metro o en el lugar de trabajo, es que la diversidad (cultural, racial, religiosa) no lleva necesariamente al enfrentamiento. Londres es, con el permiso de Nueva York o Toronto, la ciudad más cosmopolita del mundo. Un 30% de sus ocho millones de habitantes ha nacido en el extranjero y una parte del resto son inmigrantes de segunda o tercera generación. Se hablan más de 300 lenguas y hay hasta 50 comunidades foráneas con más de 10.000 miembros. Para nativistas como los de VDARE esto supone poco menos que estar al borde del abismo, pero lo cierto es que existe una arraigada conciencia de “ciudad internacional” en Londres, también por parte de todos los ingleses que he conocido. La diversidad londinense no es solo algo con lo que hay que convivir, es para mucha gente uno de sus principales activos.

A mí me parece fascinante salir de copas con los compañeros de trabajo y poder charlar con gente de quince países distintos. Contra Hoppe, que sostiene que los individuos quieren relacionarse solo entre iguales y que la diversidad conduce a la guetización, Londres es la prueba de que mucha gente emigra a una gran ciudad precisamente paraexperimentar esa diversidad y de que el contacto intercultural no produce conflicto sino familiaridad.

El Reino Unido tiene un mercado laboral bastante flexible en comparación con la Europa continental. Es una realidad que se remonta a los tiempos de Tatcher y que los gobiernos sucesivos se han abstenido de alterar en lo fundamental. Así, mientras el paro en Francia, Alemania o España ronda el 10%, en UK el nivel de paro es similar al de Estados Unidos, alrededor del 5%.

Ya me dijeron desde un primer momento que encontrar trabajo en Londres is not an issue. La movilidad es altísima. En la empresa donde trabajo, en mi departamento, cada dos semanas entra alguien nuevo y sale otro. No porque lo despidan, sino porque encuentra algo mejor. Las empresas están sujetas a una fuerte competencia, saben que sus empleados tienen muchas alternativas allí fuera e intentan retenerlos con salarios altos, promociones y un buen ambiente de trabajo.

Una muestra de la flexibilidad del mercado laboral inglés es la posibilidad de salirse (opt out) de la jornada laboral de 48 horas. A diferencia de los demás países europeos, en el Reino Unido puedes firmar un acuerdo con tu empleador que te permite trabajar tantas horas como quieras. Una de las ofertas de trabajo que tanteé seriamente al principio, dado mi precario inglés y mi impaciencia por encontrar algo, fue la de asistente de cocina (eufemismo de lava-platos) en un gastro-pub. Consistía en trabajar todos los días de la semana, un total de 60 horas, por 5.5 libras la hora (que vienen a ser un total de casi 2000 euros al mes).

Para los socialistas de todos los partidos una jornada laboral de 60 horas no respeta la dignidad del trabajador y, a la francesa, debe limitarse por ley. Esta medida, sin embargo, solo hace que los empleadores contraten menos o paguen salarios más bajos, y en el margen hace que algunos negocios dejen de ser rentables y otros tantos no se creen porque la rentabilidad esperada no es lo bastante atractiva. ¿Es más digno cobrar menos o estar en el paro que trabajar más horas? Que lo decida el trabajador. Yo hubiera preferido trabajar 60 horas cobrando 2000 euros que las 35 horas francesas por la mitad.

La inabarcable oferta de bienes y servicios en Londres es reflejo de un mercado dinámico e innovador. Inglaterra tiene fama de tener una pobre gastronomía. Eso es cierto en lo que respecta a la gastronomía autóctona, pero en Londres si algo abunda es la gastronomía no-autóctona (incluidos restaurantes de tapas españoles).

Es una de las ciudades más caras del mundo, pero puedes apañártelas para comprar barato en supermercados como Tesco, el omnipresente Wal-Mart británico, o en los kilométricos mercadillos del fin de semana. Para encontrar piso (y trabajo) no hay mejor herramienta que Gumtree, una web comunitaria de anuncios que es gratuita tanto para los que postean como para los que buscan ofertas, y que es un buen ejemplo de como la sociedad no necesita del Estado para dar con soluciones imaginativas a determinadas necesidades. También puedes comparar los precios de las distintas agencias de viajes, aseguradoras, bancos y empresas de servicios en páginas como MoneySupermarket.com

Hay varios think tanks liberales en Londres. El más radical y uno de los más activos es el Libertarian Alliance. Tim Evans, su director, hace una breve valoración del mandato de Tony Blair, que recién ha abandonado el número 10 de Downing Street en favor de Gordon Brown, igual de nefasto pero más aburrido. En el horizonte, algunas sombras: el pasado 1 de julio entró en vigor una ley anti-tabaco bastante más expeditiva que la española, la Unión Europea presiona para finiquitar el opting out británico, y el DNI será introducido en los próximos años. En la arena política, los lib dems nunca se sabe de qué pie cojean y los tories parecen tan perdidos como de costumbre, y tan carentes de principios como el PP.

Sería interesante que aquellos que habéis vivido por un tiempo en Londres comentéis vuestras propias impresiones.

La teoría del valor contra la pobreza

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

La teoría económica es una ciencia compleja a la que no suelen prestar atención los profanos. Al parecer su nivel de abstracción la despoja de cualquier relevancia para el debate política actual y la recluye a un ámbito meramente academicista. Pero lo cierto es que las ideas siguen importando y que en particular la vulgarización de las malas ideas ha instalado en la sociedad una cosmovisión de sesgo antiliberal.

Un ejemplo bastante claro lo tenemos en la teoría de la imputación del valor y de los costes. En general casi toda la teoría clásica y neoclásica sostiene que los costes determinan el precio, esto es, que cuanto más costosa sea una mercancía tanto mayor será su precio.

La Escuela Austriaca, gracias a las seminales aportaciones de Menger, Böhm-Bawerk y Wieser, sostiene en cambio que son los precios los que determinan los costes, ya que éstos en última instancia no son más que los precios de los factores productivos. El empresario demandará trabajadores, maquinaria o materias primas en función de los ingresos esperados por la venta de los productos; y estos ingresos esperados dependen del precio que están dispuestos a pagar los consumidores.

En el lenguaje coloquial la teoría clásica del valor se ha importado bajo la forma del prejuicio habitual de que los más pobres serían incapaces de pagar ciertos bienes o servicios. Así, por ejemplo, la privatización de la sanidad resulta inaceptable ya que sería demasiado cara para los pobres.

Este tipo de clichés, sin embargo, sólo demuestra una falta de interiorización y comprensión de la auténtica teoría del valor. En efecto, si los costes finales no se ven influidos de ninguna manera por las valoraciones de los consumidores, siempre habrá sectores de la población que quedarán excluidos perpetuamente de ciertos productos.

Por ejemplo, supongamos que el bien X sólo puede producirse hoy a un coste medio de 5.000 unidades monetarias y que se oferta a una ciudad de mil habitantes al precio de 5.500 um. De esos mil habitantes, sólo cien están dispuestos a pagar tan elevado precio, mientras que los 900 restantes lo adquirirían si su precio fuera de 4.000 um. Sus ingresos serían 550.000 um (5.500 um x 100), sus gastos 500.000 (5.000 um x 100), sus beneficios 50.000 um (ingresos menos gastos) y el retorno sobre la inversión el 10% (beneficios sobre gasto).

En este caso tenemos una enorme parte de la demanda insatisfecha. Con una mala teoría del valor nos quedaríamos aquí: hasta que los costes no se reduzcan por algún motivo, sólo los ricos podrán adquirir el bien X. En cambio, si incorporamos la teoría del valor austriaca, la imagen de unos empresarios totalmente desinteresados por satisfacer la demanda de los más pobres cambia por entero. Si algún empresario fuera capaz de reducir los costes de producción hasta, por ejemplo, 3.000 um, podría ofrecer el producto a 4.000 um y vender mil unidades del bien X. En este caso, su retorno sobre la inversión sería del 33%, es decir, más de tres veces la anterior.

Ahora bien, no resulta verosímil asumir que la reducción de los costes medios le vendrá al empresario caída del cielo, sino que en la mayoría de los casos necesitará, a su vez, incurrir en nuevos costes (por ejemplo, para investigación y desarrollo, adquisición de nuevas máquinas o mejora de la logística).

Por tanto, es necesario calcular cuál será la cuantía máxima que estará dispuesto a gastar el empresario en reducir los costes medios para que la inversión le resulte igual de rentable que la primera (10% de retorno). Con los datos anteriores, este gasto máximo sería de 636.363 um; de modo que una vez reducidos los costes medios y el precio, los ingresos serían 4.000.000 um (4.000 um x 1.000), los gastos 3.636.363 um (3.000 um x 1.000 + 636.363 um), los beneficios 363.636 um y el retorno el 10%.

En otras palabras, el empresario estaría dispuesto a gastar sólo en reducir costes medios más de los ingresos que obtenía en el primer supuesto (550.000 um). Las razones que justifican esta inversión en reducir los costes medios son básicamente dos: el mayor margen por unidad vendida y el gran número de consumidores que pasan a ser satisfechos (lo que permite repartir los gastos de inversión entre un gran número de individuos).

De hecho, el gasto en reducir costes medios es creciente en estos dos factores. Por ejemplo, para reducir los costes medios hasta 1000 estaría dispuesto a invertir hasta 2.636.363 um (casi cinco veces más que los ingresos iniciales) y si el número de consumidores aumentara hasta 10.000, la inversión se podría multiplicar por diez.

Por tanto es completamente falaz que los empresarios se despreocupen por los más pobres. Más bien al contrario; el hecho de que no puedan o no quieran pagar los inicialmente elevados precios convierte en rentables las inversiones destinadas a reducir los costes para captar esa demanda insatisfecha. El capitalismo convierte los lujos de ayer en las necesidades de hoy: masifica los bienes y servicios y los hace accesibles a todo el mundo.

De hecho, en medio del proceso globalizador actual –donde el número de potenciales consumidores se multiplica y donde el coste de la investigación se reduce gracias a los menores salarios– los efectos anteriores son todavía más intensos.

Ahora bien, es importante darse cuenta de que esta reducción de costes medios sólo permite incrementar el bienestar de los consumidores cuando tiene lugar en el mercado. Y es que el gasto en inversión para reducir el precio del bien X tendrá que proceder o bien de un incremento de la oferta de factores productivos (por ejemplo, un individuo que decide trabajar más horas al día) o bien de una reducción del gasto destinado al producto Y.

Si el Estado se fijara como objetivo reducir los costes medios de X subvencionando la investigación en I+D o la renovación de la maquinaria, los factores productivos serían desviados hacia tareas menos valoradas por los consumidores.

Los pobres no necesitan al Estado para mejorar su situación. Una correcta teoría del valor permite comprender cómo los empresarios y los capitalistas son los más interesados en adaptar sus precios a la demanda de las masas. La teoría económica sigue teniendo su importancia en la lucha por la libertad.

Fomento socialista del empleo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Echemos un vistazo a cómo estamos. La tasa de temporalidad sigue por las nubes en España, llegando al 30% de los asalariados. Esto significa que el mundo está cambiando, nos guste o no. Ya no existe un trabajo para toda la vida. El Gobierno de Zapatero ha intentado oponerse a esta tendencia con su fomento del empleo estable, y aunque en parte ha conseguido lo que quería, al menos en apariencia, también ha logrado que aumenten los falsos despidos; la rotación de trabajo de una persona cada vez es mayor y se está acelerando. Toda esta amalgama de regulaciones nos cuesta más de 1.000 millones de euros al mes en prestaciones económicas. Curiosamente, el empleo ha crecido, pero el gasto del Gobierno para mantener los empleos –que pagamos nosotros de nuestro bolsillo– también. De hecho, ha subido un 4% en términos anuales. Expresado de otra forma, estamos financiando el empleo rotativo de otros con nuestro dinero.

Todo esto genera una contradicción en las mentes socialistas que siempre han creído que el empleo es el primer motor de la economía. El nivel de productividad del país, pese a la generación de empleo, baja día a día, lo que ha provocado reproches incluso desde Europa. El salario real medio ha descendido un 4% en los últimos 10 años y somos el único país de la OCDE que hemos retrocedido en términos de poder adquisitivo. Mientras tanto, el Estado ha obtenido un superávit de 14.359 millones en lo que va de año, el 1,38% del PIB.

Sin duda, el método socialista no es el camino. La clave para salir de esta desgracia se llama liberalización de la economía, pero no la que propone el PP, que es igual o más socialista que la del PSOE. Necesitamos medidas realistas con el mundo que nos envuelve y no políticamente correctas.

Para empezar, hay demasiada regulación. Para crear una empresa en España necesitamos el doble de tiempo que la media de nuestros países competidores y tenemos una rigidez laboral tres veces superior a la media de países industrializados. La burocracia ha de ser eliminada: sobran funcionarios, sobran trámites y, muy especialmente, sobran impuestos.

Si queremos que nuestro país salga del poco prestigioso ranking de jóvenes con mayor desempleo de la UE, el salario mínimo interprofesional (SMI) ha de ser abolido. El SMI es un coste para las empresas que sólo sufren los menos capacitados laboralmente, como los jóvenes que nunca han trabajado antes. A un alto directivo le da igual el SMI, porque su sueldo está muy por encima de ese valor. La única forma que un universitario entre en el mercado laboral es mediante un salario bajo a partir del cual poder ganar experiencia y prosperar. Si el Gobierno se lo prohíbe, muchos jóvenes se verán excluidos de entrar en el mercado de trabajo. Gran parte de los jóvenes deben su desempleo al Estado.

El Gobierno ha de meterse en la cabeza que él no es capaz de generar riqueza ni valor añadido. Cuando lo intenta, pasa lo que hemos visto. La gente necesita aumentar sus ahorros, capacidad de inversión y compra. Para eso es necesario reducir de forma valiente, o eliminar, todos los impuestos directos como el de Sociedades o IRPF. Para crear un negocio no sólo es necesario una buena idea y muchas ganas; también es imprescindible el dinero. Si quien lo tiene es el Estado, la empresa no saldrá adelante y nuestra pobreza aumentará. No es una premonición futurista, es lo que está pasando ahora mismo: el Estado obtiene superávit y nosotros perdemos capacidad de compra. En definitiva, sólo hay una solución para tener un buen porvenir, y es que el Gobierno nos lo deje construir a nosotros y se aparte de nuestra economía y vidas.

Las papelerías ganan a Amazon.es

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Existen muchos otros frenos al comercio electrónico en nuestro país, empezando por el porcentaje de españoles conectados a la red, pero el precio único es el más artificial y fácilmente eliminable. Bastaría con que se aprobara quitar los artículos 9, 10 y 11 de la infame Ley del Libro publicada el pasado sábado en el BOE y aprobada en el Congreso con los votos de PSOE y PP y, como no podía ser de otra manera, el aplauso de la diputada socialista del PP Beatriz Rodríguez Salmones.

Esta ley reforma la anterior, aprobada por el régimen franquista, y hereda de ella tanto el precio único del libro como su espíritu fascista, al ser un apaño negociado entre los sectores implicados, las "fuerzas vivas", con la notable excepción de la parte verdaderamente importante: los consumidores de libros, los lectores. Lo reconocía la propia De la Vega cuando, al presentar el proyecto de ley, afirmó que la liberalización del precio de los libros de texto aprobada "favorecerá a las familias que se beneficiarán de los efectos en el precio de un sistema libre". Si esto es así, e indudablemente lo es, ¿por qué no se han extendido esos maravillosos beneficios a los demás libros? Porque las fuerzas vivas no quieren.

Los beneficios que aportan las grandes tiendas virtuales a la cultura están bien estudiados. Los lectores pueden expresar su opinión y lo hacen con frecuencia, permitiendo al comprador tener una idea de lo que va a adquirir. La propia aplicación de la tienda puede detectar patrones de compra conjunta y hacer ofertas o simplemente informar de que aquellos que compran un libro determinado suelen comprar también otro. Al tener unos costes mínimos de inventario, pueden ofrecer una cantidad inmensa de títulos, creando lo que se ha dado en llamar la larga cola, lo que facilita la salida a libros con pocas ventas potenciales pero cuya publicación puede ser rentable al tener un canal mediante el cual vender a sus clientes dispersos.

En cambio, los beneficios que obtenemos por obstaculizar este desarrollo no están muy claros. Los defensores del precio fijo citan, sobre todo, tres. El primero es la sacrosanta defensa de los libreros pequeños e independientes. Olvidan que los lectores solemos preferir grandes superficies, que, excepto si se compara con las librerías especializadas (que dudo que tengan problemas en sobrevivir con el cambio de ley) disponen de una oferta más amplia. También que el precio fijo lo que ha conseguido, más que cualquier otra cosa, es la proliferación de papelerías en las que se venden rotuladores y el último best-seller de Dan Brown. Además, ¿qué tienen de especial esos libreros? Si imponen a sus clientes un coste extra, ¿por qué han de existir? ¿En qué se diferencian sus conocimientos a los de los propios clientes que las comunican vía Internet?

Otro motivo que se alega es que así los libros pueden venderse al mismo precio en cualquier punto de España, impidiendo la injusticia que supondría, al parecer, que quien vive en un remoto pueblo deba pagar más que quien vive en ciudad. Es una razón que también se alega en otros bienes y servicios, como por ejemplo el ADSL, y que jamás he llegado a comprender. Vivir en un pueblo tiene ventajas, sin duda, entre ellas que no tienes que vender un riñón y parte del hígado para poder comprar una casa. ¿Por qué vamos a tener que subsidiar otros bienes quienes vivimos en la ciudad? Por otro lado, este es un argumento que podría tener sentido cuando se aprobó en el 75 la ley original. Ahora, existiendo Internet, especialmente si la ley no impidiera que los libros se pudieran comprar a menores precios, no tiene mucho sentido proteger a los lectores rurales a costa de los que viven en ciudad.

Por último, también se arguye que las rentas artificialmente altas que obtienen los editores gracias al precio único les permiten arriesgarse más y publicar títulos que de otra manera no saldrían a la luz. El extraordinario tamaño de nuestra industria editorial parece dar la razón a quienes piensan así. Sin embargo, con el avance de la autoedición tampoco parece que pasar por el embudo de las editoriales vaya a ser imprescindible para publicar. Tampoco parece un gran argumento aducir que gracias a que los consumidores se ven obligados a pagar un sobreprecio, pueden disfrutar de una oferta de libros que no quieren comprar. Y tanto los imperios multimedia nacidos al calor de las editoriales como la integración vertical de los negocios de edición, distribución y venta minorista parecen indicar que esas rentas se han empleado principalmente en otros destinos que nada tienen que ver con el libro minoritario.

Internet y las nuevas tecnologías pueden revolucionar el mercado del libro español como ya lo han hecho en otros. Quién sabe si dentro de unos años nos reiremos de esta ley mientras leemos un libro electrónico descargado de una tienda en Honolulú en un dispositivo que se pueda doblar y que permita leer sin cansar la vista. Pero, por de pronto, a lo que se apuntan nuestros políticos es a subvencionar a los productores de libros a costa de los consumidores. Y luego dirán que lo hacen para "fomentar la lectura". Encima.

Ocupen su localidad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Los espectadores miran sus billetes, y levantan la mirada para llegar a la butaca correcta. ¿Es esta la fila 9, o es la de atrás? Casi todos han tomado asiento, cuando el telón sube mecánicamente, y aparece, sonriente, triunfante antes de su gran número, el prestidigitador. Político, lo llamamos por estos lares. Después de presentarse ante el público, inicia su número.

Llama al azar a un espectador, a quien le pide que le haga entrega de la factura de la luz. ¿Qué puede hacer con ella?, le pregunta el asistente, ilusionado. Este número es fácil, ha sido mil veces ensayado, y funciona a la perfección. Unas palabras mágicas “progreso, justicia social, llegar a fin de mes…”, y ya tiene el público en el bolsillo.

Como por arte de magia, convierte el precio en tarifa, es decir, el resultado de un proceso social, en un juguete para el espectáculo, en algo falso y manipulable. Dice unas palabras mágicas: “Boletín Oficial del Estado”, y de inmediato baja la tarifa lo que haga falta. El problema, claro está en que esas tarifas no responden a la realidad del funcionamiento de las eléctricas, y sus ingresos caen más de lo que debieran. Pero ¿no estamos en un número de magia, donde lo que es no se corresponde con lo que parece?

La tensión es máxima. Parece que el espectáculo se va a desplomar en plena función. Las empresas dejan de invertir porque el negocio ya no es rentable. Pero la demanda sigue en alza, y habría que atenderla con más y mejores instalaciones. Se avecina el gran apagón, y paradójicamente con él relucirá la verdad de todo el montaje. Ya pasó en California; también en las gasolineras de Nixon, con colas interminables de depósitos vacíos y con los escaparates, transparentes y vacíos, o en la época de Hitler.

Cuando el público, hechizado, se teme lo peor, llega el golpe maestro del prestidigitador. Mientras todos miraban la mano derecha, con la tarifa rebajada como por ensalmo, con la izquierda ha ido sisándole el dinero a cada uno de los espectadores, y con ese dinero cubre el hueco entre precio y los costes. Déficit de tarifa, que hasta nombre tiene el ingenio. El público se va contento con su tarifa, pero también ha pagado el déficit. Y el ticket del espectáculo.

Regulemos la inmigración con capitalismo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Nunca han destacado aquí los empresarios ni sus amigos por ser defensores del capitalismo ni la libertad individual. “Fomentar” y “adoptar medidas” sólo significa que sea el Estado quien incurra en tales costes en lugar de los propios empresarios. No es la gente (¡inmigrantes incluidos!) la que se debe adaptar a las “necesidades del país” (¿quiénes son ellos para representarlas?), sino al revés. Este tipo de empresario pretende externalizar sus costes a expensas de la sociedad para aprovecharlos como un beneficio. Su justificación es la misma que usan los falsos altruistas y demás socialistas. Se trata de proclamar una decisión partidista y esconderla tras la solidaridad a punta de pistola, la del estado: barreras de entrada, discriminación aleatoria, sumisión, fiscalización y más impuestos para mantener el Estado omnipotente.

Los inmigrantes pueden significar una fuente de prosperidad o un sinfín de problemas sociales y económicos. La diferencia entre los dos es la diferencia entre que el Estado intervenga, o en que se quede al margen.

Desde el punto de vista económico, el Gobierno de ZP ha utilizado al inmigrante para maquillar las magnitudes macroeconómicas. La reducción del paro o el superávit de la Seguridad Social —todos ellos en parte gracias a la inmigración— pueden parecer buenas noticias, pero cualquiera que observe detenidamente las cuentas advertirá rápidamente que esos magníficos datos sólo se sustentan en una economía intensiva en trabajo, que se puede volver en nuestra contra con la misma facilidad con la que ha venido. En una sociedad libre, ante una crisis, el capital humano expulsado es rápidamente canalizo hacia otras ramas de la estructura productiva. Con el Estado de por medio, es imposible que algo así ocurra porque no hay incentivos suficientes para el cambio.

Adicionalmente, los inmigrantes han descubierto que el esfuerzo personal no va necesariamente ligado a la producción ni a mayores rentas en este país. El estado del bienestar les proporciona dinero gratis por su condición, y la economía sumergida una fuente de recursos extra por su nivel de cooperación económica y productiva.

Esto nos lleva al tan nombrado “coste social” de la inmigración. Parece ser que los españoles somos muy favorables al estado del bienestar cuando nos beneficia (o eso creemos). No cesamos de alabar la igualdad, la redistribución e impuestos progresivos, pero cuando vemos cómo todo este dinero se desvía a los inmigrantes, proclamamos nuestra indignación. Los inmigrantes tienen un indudable trato de favor ante el Gobierno; nos puede gustar o no, pero eso es el estado del bienestar desde siempre. Consiste en bajar las rentas altas —la de los españoles en este caso—, para subir las rentas bajas —la de los inmigrantes. Evidentemente, sólo las declaradas. En el momento que un defensor del estado del bienestar proclama su indignación por este favoritismo gubernamental hacia los inmigrantes, le cae la careta de falso altruista para mostrar su auténtico rostro egoísta. En parte, el socialismo se alimenta de ese egoísmo forzado por el Estado. Si el aforismo “ley de la jungla” tiene alguna aplicación, es sin duda al socialismo.

El antiguo Estados Unidos, al que entonces le llamaban “La Tierra de las Oportunidades”, se creó con la fuerza de inmigrantes que venían con lo puesto y una ambición sin límite. Si no hubiese sido por la nula intervención estatal, Estados Unidos no sería más que un país del montón o seguiría en los mismos niveles de pobreza del siglo XIX. No hay que inventar nada, sólo aprender de la historia y mantener en primer lugar la libertad por encima de todo.

Llamar y aparcar el coche es ahora más caro

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

La santa indignación encabezada editorialmente por El País llevó al Gobierno a hacer como si defendiera a los consumidores aprobando una ley que obligara tanto a las empresas de telefonía móvil como a los parking a que sus tarifas se midan por unidades de tiempo más pequeñas, consideradas arbitrariamente como más aceptables. Los resultados no se han hecho esperar, y aunque las empresas hayan obedecido la ley, como no podía ser de otra manera, los precios –o más bien la percepción que tenemos de ellos– han aumentado.

La reclamación de que las llamadas de móviles se cobrasen por segundos o las estancias en los parking por minutos tomaba como excusa, a priori razonable, el hecho de que los usuarios tuvieran que pagar por algo que no consumían. Sin embargo, como argumentaba Josu Mezo, es una situación que se da en innumerables ocasiones. Sin ir más lejos, el propio diario El País obliga a los lectores a comprar el periódico del domingo con los suplementos incluidos, y Canal Satélite Digital, empresa perteneciente al Grupo Prisa, obliga a adquirir los canales en "paquetes" en los que entran varios. Las tarifas planas de conexión a la red por las que los internautas hicieron hasta huelgas tampoco cumplen ese supuesto principio de que sólo se paga lo que se consume. ¿Y los buffets libres y menús del día? ¿Acaso no tratan por igual a quienes consumen poco y de viandas baratas que a los demás?

Es más, han sido las propias asociaciones de consumidores que reclamaron la nueva ley las que han demostrado con sus nuevas protestas que la unidad de tiempo con la que se elaboraran las tarifas les importaba más bien poco: lo que querían era que bajaran los precios. Ya impulsaron un "día sin móvil" después de que las operadoras modificaran sus tarifas tras la obligación de hacerlo por segundos, como forma de protesta, pese a que lo que reclamaban era que se cobrara por segundos, y eso lo habían conseguido. Igualmente, ahora que desde el 1 de junio los parking privados (los públicos tienen de plazo hasta el 1 septiembre, con todo el morro) han de cobrar por minuto, la UCE denuncia que todos los parking privados de España violan el "espíritu de la ley" poniéndose de acuerdo para fijar una cuota de acceso. Eso de la colusión podría colar con sólo tres operadores, pero resulta mucho más difícil de creer con miles de empresarios distintos.

Los precios son un indicador que logra reducir a una simple cifra realidades muy complejas, facilitando la coordinación entre los distintos agentes de una sociedad, ya sean empresas o individuos. Tanto los múltiples costes que afronta el empresario para ofrecer un bien o un servicio como las preferencias de los consumidores tienen su peso en ese número; si los clientes no están dispuestos a pagar más de lo que al empresario le cuesta, éste tendrá que reducir costes, ofrecer algún valor añadido o echar el cierre. Cuando la ley obliga a cambiar los precios está introduciendo un palo en las ruedas del negocio; la coordinación empeorará y empresarios y consumidores tendrán más difícil llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos entre ellos.

En realidad no está demasiado claro si los parking están subiendo en la práctica los precios como no lo estaba en el caso de las empresas de telefonía móvil. La CMT concluyó que Movistar y Orange habían subido y Vodafone bajado, pero es muy posible que otro estudio honesto llegara a conclusiones distintas. Hay un motivo mucho más sencillo para que los parking cobren el acceso: que un coche entre y estacione les produce un coste que antes diluían cobrando por bloques de media hora o una hora. En Granada, por ejemplo, un aparcamiento que cobra por minutos desde 2005 también cobraba desde entonces el acceso, y no tenía entonces nadie con quien ponerse de acuerdo para hacerlo. Otros prefieren diluir ese coste en el precio por minuto normal. En resumidas cuentas, hacen lo que creen conveniente; las quejas de las asociaciones de consumidores sólo tienen una base: no quieren pagar. Lo cual me parece muy natural, pero difícilmente defendible.