Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

En una sociedad no intervenida los bienes, el capital y las personas gozarían de una irrestricta libertad de movimientos fundada en la voluntariedad y el respeto a la propiedad. No habría fronteras más allá de los límites que los individuos quisieran establecer en sus dominios particulares. La inmigración no sería subsidiada ni penalizada, cada cual podría desplazarse a escala internacional del mismo modo que nos desplazamos hoy a escala nacional. Ningún Estado se arrogaría la potestad de emplear la fuerza contra individuos cuyo único delito ha sido cruzar una línea imaginaria trazada en un mapa en un intento de buscar una vida mejor.

Algunos autores liberales, no obstante, sostienen que en tanto exista el Estado del Bienestar debe abogarse por una política migratoria severamente restrictiva. Hoppe, por ejemplo, señala que el Estado debe actuar como un "gatekeeper" o vigilante que impida la entrada en el territorio a aquellos inmigrantes que no han sido expresamente invitados. La población prefiere residir en entornos culturalmente homogéneos, prosigue el argumento, y en un contexto en el que el Estado ha usurpado el poder decisorio a los individuos con respecto al acceso al territorio, abrir las fronteras equivale a permitir la invasión foránea y la integración forzosa. Hoppe ha llegado a defender en este sentido una política migratoria notoriamente más restrictiva que la que hoy se practica en Estados Unidos o Suiza. Una postura tal, sin embargo, implica que el Estado puede usar la fuerza contra individuos que no han agredido a nadie, individuos que han penetrado en una región sin atacar ninguna propiedad privada. ¿Cabe suscribir una conclusión de este tipo desde postulados liberales? En realidad, como apunta Reisman, todo lo que se requiere para que la presencia de un inmigrante sea legítima es que posea una propiedad en el territorio o que un nativo esté dispuesto a tenerlo como empleado, cliente o inquilino. El Estado no tiene aquí ninguna función a desempeñar, puesto que el inmigrante está siendo en efecto "invitado".

Kinsella ha expuesto el argumento de Hoppe de un modo más sofisticado, pero tampoco convence. Dice Kinsella que la propiedad pública (puertos, estaciones, aeropuertos, carreteras) pertenece en justicia a los contribuyentes en general, por lo que en tanto sea pública el Estado debe proceder como si fuera un administrador de la propiedad de los contribuyentes, fijando normas de uso de acuerdo con las preferencias de estos. Como la mayoría de los contribuyentes se oponen a la inmigración irrestricta, Kinsella sostiene que el Estado puede limitar el acceso de inmigrantes a las propiedades públicas, restringiendo así de facto la inmigración en el territorio. Pero hay varios problemas con esta tesis. Para empezar, la propiedad pública no pertenece a todos los contribuyentes sino sólo a los que han sido expropiados y a los contribuyentes netos (los que reciben del Estado menos de lo que aportan), luego en todo caso son sus preferencias las que deberían tenerse en cuenta. Por otro lado, ¿legitima una estimación de las preferencias de estos propietarios el uso de la fuerza? En segundo lugar, el uso que pudieran darle los contribuyentes como votantes no tiene por qué asemejarse al que le darían como propietarios de hecho. El propio Hoppe ha señalado que si los puertos, las estaciones, los aeropuertos y las carreteras fueran privados permitirían el acceso a cualquiera que pagara el precio, puesto que su negocio es precisamente el tráfico interregional, no la exclusión de inmigrantes. En tercer lugar, ¿por qué unas mismas normas uniformes para todas las propiedades públicas si sus propietarios tienen preferencias dispares con respecto a la inmigración? ¿Por qué no considerar qué parte de los recursos del país son propiedad de los contribuyentes pro-inmigración y que otra parte son propiedad de los contribuyentes anti-inmigración, y aplicar reglas de acceso distintas que permitan, de facto, la inmigración en el país? En cualquier caso, la tesis de Kinsella sólo autorizaría a restringir el acceso de inmigrantes a la propiedad pública, pero no el arresto y la deportación de inmigrantes que de algún modo han entrado en el territorio y se encuentran en propiedades que no son públicas sin agredir a nadie.

Hay quienes arguyen que abrir las fronteras mientras existan leyes anti-discriminatorias y masivas prestaciones sociales equivale a impulsar la integración forzosa y a desangrar a los contribuyentes, pero eso no es una razón para limitar la inmigración, sino para suprimir las prestaciones sociales y las leyes anti-discriminatorias. Una opción, defendida por autores como Huerta de Soto, es reivindicar la apertura de fronteras y al mismo tiempo la abolición de las prestaciones sociales para los inmigrantes, de un lado, y la denegación del "derecho a voto" hasta al cabo de unos años, de otro. De este modo la inmigración no se estaría incentivando artificialmente ni supondría un coste para los contribuyentes, y los recién llegados no serían utilizados con fines electorales ni podrían promover políticas de redistribución de la renta. ¿Es injusto este trato desigual? Sin duda lo ideal sería que las prestaciones sociales se abolieran para todos y que las decisiones las tomaran las personas y no los parlamentos, pero es más justa y deseable esta propuesta parcial que las barreras migratorias que tenemos hoy en día.

Sea como fuere no hay visos de que vaya a implementarse una política de este tipo. En Estados Unidos el senado se plantea reforzar la seguridad fronteriza, deportar a una parte de los inmigrantes ilegales y penalizar a aquellos que les asistan. Cientos de miles de inmigrantes han salido a la calle para reivindicar su permanencia en el país y un estatus legal. Muchos estadounidenses se quejan de que los inmigrantes dañan la economía porque reducen los sueldos de los nacionales, pero lo cierto es que los inmigrantes contribuyen a una mayor división del trabajo y eso repercute también en beneficio de los propios nacionales. Como indica Boudreaux, más individuos significa más creatividad, más capacidad para resolver problemas, más conocimiento, y a la postre, más prosperidad para toda la sociedad. Por otro lado, aunque la inmigración rebaje los sueldos de algunos nacionales por efecto de la competencia, ¿por qué tendría que privilegiarse a esos nacionales frente a los inmigrantes de países menos desarrollados?

Aparte de que eliminar el proteccionismo beneficiaría a los países pobres y eso desincentivaría la inmigración, un último punto a tener en cuenta es que restringir la libertad de movimientos supone dificultar el voto con los pies que hace que los países compitan entre sí para atraer inversiones y trabajadores, reduciendo así sus niveles de intervención. En la medida en que se apliquen políticas restrictivas menos individuos podrán emigrar de Estados relativamente más opresivos a Estados relativamente menos opresivos, y menos competencia entre estos Estados se experimentará.

Un individuo tiene derecho a decidir quién puede vivir, trabajar o comprar en su propiedad, pero no tiene derecho alguno a decidir quién puede vivir, trabajar o comprar en su país. Las barreras migratorias coartan la interacción voluntaria entre personas. Debe reclamarse su supresión junto con la de las prestaciones sociales y la denegación temporal del voto político, y en todo caso demandar que el Estado no inicie la fuerza contra los inmigrantes que han conseguido sortear sus alambres de espino e intentan prosperar entre nosotros.