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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Inmigrantes políticamente correctos

En realidad, como ya apuntara Walter Block, quienes así opinan están confundiendo liberalismo con libertinismo. El liberal sólo afirma que ningún prejuicio tiene suficiente entidad como para justificar la iniciación de la fuerza, pero, a diferencia del libertino, no pretende que el individuo se ajuste a ningún patrón moral.

La diferencia es importante, porque permite que nos demos cuenta inmediatamente de que pueden existir liberales libertinos, pero también liberales no libertinos y, sobre todo, libertinos no liberales.

El Gobierno holandés nos ofreció en estos últimos días un clamoroso ejemplo de cómo se puede ser libertino y antiliberal, esto es, de cómo utilizar el pretexto de la demolición de los prejuicios puede utilizarse para maniatar la libertad. En concreto, los extranjeros que pretendan establecerse en el país tendrán que superar un "test de tolerancia"; se pretende comprobar que los inmigrantes están preparados para interiorizar las "actitudes liberales" (sic) del pueblo holandés.

El examen pretende medir la reacción del espectador ante diversas imágenes, como una mujer en topless o dos hombres besándose; si el individuo no es capaz de soportar el video, o simplemente le desagrada, no podrá residir en Holanda.

El Estado aprovecha cualquier resorte para expandir su poder tiránico. En este caso, el estandarte de la tolerancia y el libertinismo se emplea para implantar supervisiones ideológicas en las fronteras que impermeabilicen a la sociedad holandesa de individuos que piensen por sí mismos y no por delegación regia.

¿Por qué un individuo no puede abochornarse al ver a una mujer desnuda o a dos hombres besándose? ¿Acaso una mente tan "cerrada" atenta contra la libertad o la integridad de los holandeses? No. Todos los individuos tienen su cabida en una sociedad libre mientras no inicien la agresión contra el prójimo, esto es, mientras no violen su libertad y su propiedad.

Sin embargo, el Estado holandés no se contenta con el monopolio policial y judicial: está dispuesto a enjuiciar incluso las ideas mediante la instauración de un control político de los pensamientos y los valores. Lo cierto es que la sola imagen de un individuo sometido a una sucesión de videos por parte del Gobierno debería evocarnos la imagen del más deplorable adoctrinamiento totalitario.

En este caso, pues, el libertinismo se utiliza como ariete contra el liberalismo; en manos del Estado, las actitudes "abiertas" y libertinas se convierten en una apisonadora moral, en un absolutismo fascistoide.

Una cosa es no perseguir las opiniones, y otra muy distinta imponerlas. La libertad no consiste en determinar la elección, sino en permitirla. De hecho, cuando se determina la elección se elimina la libertad. Cuando se imponen ciertas actitudes morales se elimina la libertad, por muy dignas y respetables que esas actitudes pudieran parecernos.

Pero no deberíamos olvidar que la confusión entre liberalismo y libertinismo sirve al Estado holandés no sólo para buscar una homogeneidad moral interna que le permita controlar a las masas con mayor facilidad, también, y especialmente, para establecer nuevas restricciones a la libertad de movimientos.

Desde siempre, la inmigración ha representado un problema insalvable para el imperium estatal. La teoría constitucional edifica la legitimidad del Estado sobre un trípode compuesto por el territorio, la población y la soberanía. En principio, estos tres conceptos están fuertemente interrelacionados: el territorio limita el concepto de población (británico es aquel individuo que vive en las Islas Británicas), la población es el origen último de la soberanía, y ésta se extiende sobre todo el territorio. El problema surge cuando las poblaciones dejan de estar quietas y se desplazan por todo el mundo, esto es, cuando la globalización entra escena.

Cuando la población deja de estar ligada a un territorio, el trípode se tambalea. Ya no puede hablarse en puridad de una masa ciudadana asentada de por vida en un territorio ni, por tanto, de una soberanía estatal que brota de esa masa; la colectividad inmanente deja de ser el punto de referencia y su lugar lo ocupa el individuo, y la sociedad como fruto de los contratos y acuerdos voluntarios. La ubicación de las partes pasa a ser un elemento secundario en las relaciones de poder; el imperium del poder político se difumina, sustituido por la soberanía del propietario.

No es casualidad que el siglo XIX se caracterizase por un intenso progreso económico, una notable libertad individual y una libertad migratoria y comercial sin precedentes. Tampoco es casualidad que el XX se haya definido por el totalitarismo, el militarismo y el proteccionismo.

El Estado sabe que su omnipotencia peligra cuando no puede controlar quién entra y quién sale de "sus" fronteras, esto es, cuando no controla qué ideas entran y salen.

Las ideas peligrosas, los individuos incómodos no pueden tener cabida en el seno de una estructura política que pretenda perpetuar su coacción. De ahí que, aparte de restringir la libertad de movimientos, los Estados nacionalizaran en su momento los servicios postales y hoy traten por todos los medios de regular internet.

Es necesario profundizar en la globalización para que las relaciones voluntarias, el orden espontáneo internacional y el capitalismo superen a los Estados y demuestren su absoluta inutilidad. La globalización es el principal adversario del intervencionismo y del socialismo.

El Gobierno holandés lo sabe, por eso está implantando un Estado policial que vigila las ideas de sus ciudadanos; el objetivo: instaurar una moral única en nombre del libertinismo. Primero han llegado los controles del "enemigo exterior", luego vendrán las purgas internas. Una vez el talibanismo estatista se ha desbocado, sólo su colapso puede detenerlo.

La sociedad no necesita de más controles ni de un adoctrinamiento más intenso. Demos una oportunidad a la libertad, esto es, a la elección pacífica de los individuos; también cuando su moral no nos agrade.

La cobardía política no ayuda a los jóvenes

Como cualquier político, Chirac, ha tomado la peor postura, mostrarse débil y dar más ánimos a los sindicalistas y conservadores izquierdistas (aquellos que quieren conservar un tipo de sociedad herida de muerte y retrógrada) para seguir con sus alborotos en contra del auténtico bien individual y prosperidad.

Las cosas en la vida cambian constantemente, los viajes en avión bajan sus precios, aparecen ordenadores cada vez más baratos, nuevos servicios… y por ello, todos nos alegramos; pero todos estos cambios también implican una remodelación de todos los factores de la estructura productiva y, evidentemente, el trabajo es uno de ellos. La idea de permanecer toda la vida en un mismo puesto de trabajo es incompatible con las necesidades de la sociedad. En una sociedad libre, sin barreras a la competencia y consumista, esto es, en una sociedad enfocada a los gustos y deseos del cliente y consumidor (todos nosotros), las necesidades y el trabajo son ilimitados.

¿Le parece increíble o utópico que siempre haya empleos que ofrecer y nunca se agoten? A principios del siglo XX los políticos de Estados Unidos plantearon disolver la Oficina de Patentes y Marcas (OPM) creyendo que era imposible inventar más cosas o que surgieran más ideas. El mito de la escasez bajo el libre mercado no se sostiene: en los últimos seis años la OPM ha concedido en Estados Unidos más de un millón de patentes. De ellas, más de 151.000 fueron otorgadas en 2005 y 181.000 en 2004. El crecimiento año tras año es francamente espectacular.

Evidentemente el anterior ejemplo sólo es una pequeña muestra de lo que puede significar la innovación empresarial, y por lo tanto, la consiguiente creación de empleo. El secreto es mantener un mercado dinámico, libre y no un mercado rígido como el francés dominado por políticos y sindicatos. Si nos basamos en la desregulación laboral, además, la facilidad de pasarnos de una empresa a otra y mejorar, en sentido monetario o de bienestar familiar, tomará un carácter desconocido hasta ahora.

Los empresarios franceses están tan preparados como los americanos para innovar y crear, pero si el gobierno mantiene barreras a los medios de producción privados y a la prosperidad su destino será cada vez más oscuro y difícil; los últimos veinte años son una muestra evidente. El libre despido, más allá de la tibia medida del CPE francés, es un camino para avanzar y hacer frente a los países con los que competimos.

Los manifestantes franceses pueden refugiarse en el pasado tanto como quieran y seguir soñando con mundos irreales, pero esto no les dará más trabajo ni calidad de vida. Sus propuestas "conservadoras" e ingenuas, sus "logros", sólo significan un tipo de seguridad, la de no tener empleo en el futuro.

¿Qué desea para usted y sus hijos, algo similar a la triste y apagada vida de un funcionario de la antigua URSS donde su puesto, y sus escasos ingresos, siempre estaba asegurado; o un mundo de prosperidad, riqueza, gran oferta de trabajo y opciones ilimitadas donde usted sea el amo y señor de su destino y fortuna?

Ingenuidad francesa, pérdidas totales

Según un reciente informe del senado francés, el 75% de los jóvenes de Francia quieren ser funcionarios. Si la estadística es cierta, Francia tiene un problema grave. Evidentemente nadie se quiere hacer funcionario para servir a la gente, eso sólo lo hace la empresa privada. No destaca entre el personal del gobierno cualidades como la buena atención al cliente, eficiencia, empatía hacia el consumidor, la búsqueda de beneficios, ni la alta producción.

Este 75% de jóvenes tal vez creen, ingenuamente, que empleo es igual a riqueza y producción, pero el trabajo por el hecho de no hacer nada, y a esto aspira el funcionario, no da valor alguno a la comunidad. Keynes, por ejemplo, era partidario de este tipo de "producción". Afirmaba que en momentos de crisis "el estado debía estimular el trabajo aunque fuese cavando zanjas para luego volverlas a tapar".

Si gran parte de un país usa su tiempo y capacidad creativa y productora a no hacer nada, la producción útil que los consumidores y accionistas ansían para mejorar su nivel de vida –y aquí estamos todos en algún momento– se verá insatisfecha con sus lógicas consecuencias; tampoco habrá capital extranjero que venga al socorro (nadie crea empresas en países poco productivos y caros); el mercado interior será cada vez más deficiente y la esterilidad económica ahuyentará o desanimará a la persona trabajadora, productiva y ambiciosa que son el motor de la sociedad. Ahora podemos entender mucho mejor el offshoring y outsourcing (deslocalización y subcontratación) que se producen en nuestro mundo globalizado, y también podemos comprender cómo no sólo son fenómenos de costes, sino también de mejora en la productividad.

También, una parte importante de los jóvenes franceses pretenden sustituir la fuente de innovación y prosperidad que otorga el libre mercado por la decadente gestión de la burocracia gubernamental. Así funcionaban los países de la antigua Unión Soviética. La muerte del socialismo político, el comunismo, demostró, incluso a los más radicales partidarios que del totalitarismo soviético, que la gestión estatal de la economía sólo sirve para crear penurias a la gente y riqueza a los altos dirigentes políticos.

Esto no significa que ese 75% esté a favor del socialismo ni sepan siquiera las consecuencias que éste conlleva, es evidente que no. Pero para un occidental actual vivir bien significa no trabajar, algo que es una contradicción ya que si no trabajamos no obtenemos nada y por lo tanto empobreceremos. Si no producimos lo que otros ansían y trabajamos sin producir nada (al modo de Keynes), todo el sistema de alta división del trabajo, diversidad económica, prosperidad y creación y acumulación de riqueza desaparecerán. En este caso el estado no podrá suministrarnos los mínimos y menos aún proporcionarnos lujos; porque el estado vive de la gente a la que domina, y si ésta no tiene nada, el estado guardará lo que expolia a la gente para distribuirlo entre los altos burócratas y políticos.

La dificultad a la que se enfrentan los franceses no es la de un mercado laboral rígido, la negación a un contrato que pueda despedir a los jóvenes de forma libre (el CPE), el alto nivel de desempleo, ni las cuentas rojas del estado… sino la propia mentalidad francesa que es el paradigma de Europa. Si la gran mayoría de los franceses no quieren trabajar, aunque no consigan hacerse funcionarios, los resultados van a ser igual de destructivos: continuo retroceso económico. Ninguna ley les va a servir para estimular la producción. Tardará tiempo, pero Francia está a las puertas de su hundimiento.

La propiedad de las calles

El derecho de propiedad sirve para evitar, minimizar y resolver conflictos entre seres humanos: el propietario es el único legitimado para decidir qué hacer con su propiedad, y su única limitación es no agredir la propiedad ajena. Los no propietarios pueden no estar de acuerdo, o no gustarles lo que hacen los demás con sus cuerpos, sus vidas y sus cosas, pero eso no es equivalente a ser agredido, así que no tienen ningún derecho a intervenir coactivamente para evitarlo.

Existen situaciones en las cuales es difícil (aunque quizás no imposible) asignar derechos de propiedad sobre ciertos bienes a personas individuales. En estos casos las unidades de gestión más pequeñas son más adecuadas para localizar y resolver problemas, porque tienen el conocimiento y los incentivos necesarios para ello, y porque cuantas más personas estén involucradas en un asunto más difícil es llegar a acuerdos máximamente satisfactorios.

Las calles existen porque es necesario trasladarse de un lugar a otro y suelen ser públicas porque es difícil y caro cobrar a los transeúntes por su utilización. Quienes viven o trabajan en un lugar son los principales interesados en que su hábitat sea agradable y atractivo y no se degrade, e igualmente son quienes mejor conocen la problemática particular de la zona. Las unidades urbanas más pequeñas posibles (bloques urbanos, barrios, pequeños municipios) son las más adecuadas para establecer las normas de uso de los espacios comunes.

Pero no hay garantías de que no haya conflictos, ya que distintas personas pueden tener diferentes preferencias, y la tragedia de los comunes enseña que es muy humano intentar aprovecharse al máximo de algo y contribuir lo mínimo posible a su mantenimiento: si alguien obtiene un beneficio provocando un coste a otros debería pagarles por ello de algún modo, con una tasa por un aprovechamiento o con una sanción por un daño causado. Cuando los destrozos se permiten lo normal es que proliferen, ya que la destrucción es fácil y a menudo divertida (los edificios abandonados suelen tener muchas ventanas rotas y no es por accidente).

Es posible conocer algunos principios generales acerca de cómo optimizar la normativa de uso de las calles mediante la observación de cómo se comportan las personas en sus propios hogares y cuando son invitados a viviendas ajenas, y mediante el estudio de las normas de conducta en calles de propiedad privada (centros comerciales, parques de atracciones).

Parece sensato exigirle a la gente que no ensucie ni estropee la calle, y por lo tanto no defecar u orinar en ella (tampoco los animales de compañía), ni abandonar basura (cuesta muy poco utilizar las contenedores dispuestos al efecto), ni destrozar el mobiliario urbano. Si alguien no admite esto tal vez lo entienda cuando otras personas hagan sus necesidades en el pasillo de su casa, abandonen allí también su basura y además destrocen sus muebles.

Los que pegan carteles sin permiso deberían retirarlos, limpiar lo ensuciado y ser informados de que existen medios de comunicación de masas que aceptan comentarios políticos y publicidad comercial: si no quieren o no pueden pagar el precio es su problema, y tal vez a los ciudadanos no les interesen los mensajes que quieren transmitir. Las pancartas colgadas son al menos más fáciles de retirar.

Las pintadas y el graffiti, aunque a sus ejecutores les parezcan artísticos y les sirvan para dejar constancia pública de su probablemente patética existencia, no suelen embellecer el entorno (no hay mucha gente dispuesta a pagar por ello y algunos se limitan a firmar con mala letra): a estos vándalos callejeros, además de obligarles a limpiar su porquería y a devolver las cosas a su estado original, se les podría educar pintarrajeando sus caras, sus cuerpos, sus ropas y sus posesiones más queridas. A ver si les gusta.

La venta ambulante reduce mucho los costes para el vendedor: no tiene que pagar el alquiler de un local y puede desplazarse y colocarse donde más clientes potenciales haya. Lástima que al hacerlo impida el paso de los viandantes (quienes tal vez podrían hacer como si toda esa mercancía no estuviera allí y pasar por encima, ya que no tendría que estar allí). Y si uno puede hacerlo, ¿por qué no todos hasta que la circulación quede totalmente bloqueada?

Algunos comerciantes parece que no tienen suficiente con el espacio de su local e invaden parte de la acera con sus mercancías o su publicidad. Algunos quiosqueros expanden su negocio mucho más allá de su pequeño habitáculo (y seguramente más allá de lo que su licencia municipal les permite).

Los pobres pueden pedir ayuda en múltiples organizaciones de caridad; pero hay profesionales de la mendicidad que no quieren que les sermoneen o les ofrezcan trabajo, prefieren dar pena y no les importa demasiado si impiden el paso o si molestan a otros ciudadanos.

Las prostitutas pueden ejercer discretamente en domicilios particulares o burdeles, pero el contacto con el cliente es más rápido y directo en la calle; quizás no consideran que siendo su profesión tan mal vista por muchos deberían ser cuidadosas con sus vecinos, parece que a mucha gente no le gusta la prostitución callejera cerca de sus hogares, escuelas, iglesias o trabajos.

El botellón callejero es una forma atractiva para los jóvenes de pasar el rato juntos, conversar, hacer amigos, buscar pareja y entretenerse. Todo eso puede hacerse en lugares privados (o sin convertir la zona en un basurero), pero al parecer las copas son muy caras: a ninguno se le ocurre tener un poco de iniciativa empresarial y poner un bar donde sean más baratas.

Aparcar en la calle parece gratis, pero obviamente tiene un coste: esa plaza no puede ser utilizada por otros; no es descabellado exigir una tasa cuando el espacio es limitado. Dejar el vehículo mal aparcado puede entorpecer el paso de otros.

Las manifestaciones callejeras sirven para presionar políticamente a los gobernantes o para protestar por múltiples causas. Podrían reunirse pacíficamente en muchos lugares donde no entorpecerían el tráfico (estadios, parques, manifestódromos), pero parece que parte esencial de muchas manifestaciones es llamar la atención perjudicando a otros y mostrando cuántos son y cuánto daño pueden hacer si se ponen de acuerdo.

Se supone que los gobernantes organizan la utilización de los recursos comunes de modo que no se abuse de ellos, pero los políticos y los burócratas son notoriamente incompetentes en sus funciones. Y en realidad se dedican a otras cosas que quedan como ejercicio para el lector. Pero luego dicen que a los liberales no nos interesa lo colectivo.

Contra el despido libre y la creación de empleo

A primera vista debería parecernos obvio que cuanto menos se obstaculice el despido más atractivo resultará contratar trabajadores, y viceversa, cuanto más se dificulte el despido más arriesgado y costoso se tornará contratarlos. Ante la disyuntiva de dar empleo a un trabajador adicional el empresario se planteará la eventualidad de que éste no rinda lo esperado o de que sus servicios devengan prescindibles. Si el despido es libre, el empresario nada pierde por contratar al trabajador, pues puede despedirlo tan pronto como deje de considerar valiosa su contribución. Pero si no puede despedirlo libremente el individuo puede convertirse en una pesada carga y es posible que el empresario no quiera correr el riesgo de que eso ocurra y prefiera no contratarle. En otras palabras, la prohibición del despido libre hace menos atractiva la contratación, luego genera desempleo.

Los miles de jóvenes franceses que han tomados las calles y las universidades estos días en protesta por las reformas que quiere introducir el Gobierno no comprenden que la prohibición del despido libre no impide que sean despedidos, sino que sean contratados. El nuevo plan de empleo propuesto por el Gobierno de Chirac permitirá el despido libre de los jóvenes de menos de 26 años durante los 24 primeros meses de contrato. Aunque se trata de una medida tímida y parcial, cualquier paso en la dirección de una mayor flexibilización del mercado laboral (eufemismo de libertad de contrato) debe enjuiciarse positivamente. La tasa de desempleo en Francia es del 9,6%, entre los jóvenes alcanza el 23% y entre los jóvenes sin titulación sobrepasa el 40%. El despido libre permitirá que a los empresarios les salga a cuenta contratar a jóvenes poco cualificados o sin experiencia laboral que de otro modo no hubieran sido contratados.

Es preciso entender que la prohibición del despido libre, como la limitación de la jornada laboral, las cotizaciones sociales, las vacaciones pagadas o cualquier otra regulación que afecta a los trabajadores supone un coste que se carga a los trabajadores. Son costes que el empresario traslada a los empleados rebajando su salario, y en caso de que no tenga margen para rebajar más su sueldo (por la existencia de un salario mínimo o porque la contribución del trabajador se considera poco valiosa) no le resulta rentable contratarlo. Pensemos, por ejemplo, en las vacaciones pagadas que en teoría corren a cuenta del empresario. El trabajador no percibe en total más de lo que hubiera percibido si no fuera obligatorio el pago de las vacaciones. Es decir, si el empresario le estaba pagando un salario de 100 no pasa a pagarle 100 más unas vacaciones de 10, sino 90 más unas vacaciones de 10. Esto es así porque el empresario no pagará al trabajador más de lo que éste aporta con su trabajo (de lo contrario no le sería rentable), y si tiene que pagarle unas vacaciones por un lado reducirá su salario por el otro. La prohibición del despido libre comporta igualmente una reducción de la remuneración del trabajador, porque si el empresario debe asumir el riesgo de tener que indemnizarle por despido (o quedárselo sin que le sea útil) le reducirá su salario como compensación. El coste de no poder despedir libremente a un trabajador en combinación con los costes de las demás regulaciones condenará al desempleo a los individuos con una productividad menor, por ejemplo a los jóvenes no cualificados o sin experiencia laboral. Explicado de una forma más gráfica: las regulaciones como la prohibición del despido libre encarecen la contratación. ¿Y qué sucede cuándo algo se encarece? Que se compra en menos cantidad. El precio de la fuerza de trabajo sube, los empresarios compran menos fuerza de trabajo y el desempleo aumenta.

Hay que tener en cuenta también que, del mismo modo los salarios se elevan en el mercado sin necesidad de que haya salarios mínimos (la mayoría de salarios están muy por encima del salario mínimo), las condiciones laborales se ajustan paulatinamente a las preferencias de los trabajadores sin necesidad de intrusiones legislativas. Los empresarios compiten entre sí para captar trabajadores, y en la medida en que estos prefieran una jornada laboral más corta, un horario más flexible, una baja por maternidad o una indemnización por despido en lugar de una remuneración más alta los empresarios tenderán a ofrecérselo para atraerlos.

Así como los trabajadores pueden "despedir" a los empresarios cuando quieren, rescindiendo el contrato para aceptar una oferta más ventajosa, los empresarios deberían poder despedir libremente a los trabajadores cuando juzguen que les cuesta más de lo que aportan. Los manifestantes franceses creen que la prohibición del despido y en general las regulaciones laborales benefician a los trabajadores cuando lo único que hacen en realidad es recortar su libertad de elección y reprimir la creación de empleo.

La podredumbre antiliberal aflora en Francia

En concreto, el Gobierno de Villepin está intentando permitir que empresarios y trabajadores menores de 26 años puedan acogerse a un contrato donde no se penalice el despido durante los primeros 24 meses de trabajo. Sindicalistas y estudiantes aborregados han salido a la calle para exigir la retirada de este "contrato de primer empleo": la medida favorece la precariedad y el despido.

La aspiración de estos grupúsculos de intereses creados no es otra que estatalizar la empresa privada para así convertirse en una nueva casta funcionarial; quieren trabajar toda la vida en la misma empresa, y para ello defienden que se siga penalizando el despido. No se dan cuenta de que la economía no se somete a parámetros tan simples como la mente constructivista de los políticos, ni de que su oposición a tan tímida pero necesaria reforma sólo consolidará la situación de un paro juvenil que ya es más de dos veces superior a la tasa de desempleo general. Es más, como rápidamente veremos, el propio mercado se encarga de sancionar aquellos despidos arbitrarios y no fundamentados en la satisfacción del consumidor.

El punto de partida es que en el mercado –tampoco en el mercado secuestrado por el Estado francés– no pueden asegurarse puestos de trabajo permanentes; los empresarios intentan satisfacer las necesidades de los consumidores, y éstas van cambiando. No existe ni puede existir estabilidad en la economía; no existe ni puede existir un puesto de trabajo asegurado al margen de las valoraciones de consumidores y empresarios.

El despido y el cambio de puesto de trabajo sólo expresa una modificación en las necesidades de los consumidores. Y es que aun si aceptamos, a efectos dialécticos, la maldad insuperable del empresario, en un despido podemos encontrarnos sólo con dos situaciones: 1) el trabajador sigue siendo necesario en esa ocupación, pero un luciferino empresario está obsesionado con despedirlo para arruinar a su familia; 2) ese puesto ha dejado de ser necesario para satisfacer a los consumidores.

En el primer caso, el empresario ya es penalizado por el propio mercado, por lo que no es necesario que el Estado imponga sanciones adicionales. Si un empleador despide a los trabajadores que son rentables estará dejando de ganar dinero, de manera que, muy posiblemente, otros empresarios contraten a esos mismos trabajadores, consiguiendo una creciente cuota de mercado a costa de aquél. La razón es sencilla: un puesto de trabajo rentable significa que satisface a los consumidores; el empresario que despide a la gente rentable no está sirviendo a los clientes, sino a sus fobias y objetivos particulares (en este caso, arruinar al trabajador).

El capitalismo no es clemente con los malos empresarios: no hay favoritismos ni privilegiados. Sólo aquellos que satisfacen a los consumidores pueden prosperar en el mercado.

En el segundo caso, carece de sentido penalizar el despido de unos trabajadores que han dejado de ser necesarios en una empresa y que se precisan con urgencia en otra. Este tipo de políticas sólo sirven para consolidar líneas de producción que los consumidores han dejado de valorar en perjuicio de otras que sí valoran pero que no llegarán a surgir por falta de factores productivos.

En última instancia, una ocupación no rentable significa precisamente esto: que el coste de oportunidad de un trabajador (el valor de aquello que hubiera podido producir) es superior al valor de lo que actualmente produce. Su salario le permite consumir bienes y servicios más valorados que los que él mismo ha producido, por tanto deberá aceptar reducciones en su salario o buscar trabajos más valorados por los consumidores.

En otras palabras, no es necesario penalizar el despido: al hacerlo, sólo estamos privilegiando a los trabajadores que tienen un empleo en la actualidad en perjuicio de los consumidores, los empresarios y los trabajadores que todavía no han encontrado un puesto de trabajo. De ahí que el sindicalismo –que recoge en buena medida los intereses corporativos de los trabajadores ya empleados– se oponga tan furiosamente al "despido gratuito".

Lo incomprensible es que los estudiantes franceses –salvo los que viven del erario público y la coacción estatal– sigan con este disparatado juego. Tan grande es su ignorancia que no se dan cuenta de que están atrancando su contratación, y en particular su contratación indefinida.

Despidos más gravosos significan una economía más renqueante, más atrofiada y con menores posibilidades de adaptación; ni se permite reducir las líneas productivas sobrantes ni crear las necesarias. En otras palabras, más paro, menores salarios, más precariedad y, sobre todo, una deslocalización más intensa.

El Estado no puede lograr un mundo sin despidos, ya que la sociedad se caracteriza por el cambio dinámico; y, en todo caso, ese mundo de empleo inmutable no puede alcanzarse a través de la penalización del despido. La sociedad francesa no levantará cabeza hasta que comprenda que no es posible doblegar la economía a través de la Ley: por muy laico y deicida que sea el Estado francés, no puede ocupar el lugar de Dios.

Y es que, como decía Mises, podemos ignorar la ciencia económica, pero no conseguiremos suprimirla; apelando a la coacción como solución a todos los problemas sólo se logrará "destruir la sociedad y aniquilar el género humano".

Los franceses –y los europeos en general– deben despojarse del velo de ignorancia con que los han recubierto el Estado y sus ingenieros sociales. En caso contrario, la devastación de la sociedad, el cercenamiento de la libertad y el soterramiento del bienestar devendrán inevitables. Los estudiantes están construyendo el panteón de su propia miseria.

El negocio fotovoltaico

La Trujillo, que ha apadrinado ideas como los minipisos o regalar zapatillas kelifinder para fomentar el alquiler entre los jóvenes, ha parido otro plan genial para los españoles. Se trata de un nuevo código de edificación, un nuevo árbol de regulaciones que van a condicionar hasta el más pequeño aspecto de la promoción y construcción de viviendas.

Entre otras cosas, obligará a la implantación de placas solares, cuyo aporte tendrá que representar entre el 30 y el 70 por ciento de la energía, en función en función del volumen diario de agua caliente previsto, con un porcentaje mínimo de la electricidad. Colocar placas en los techos de los edificios es un lujo muy caro. Uno se pregunta cuál puede ser su utilidad bajo los plomizos cielos de Oviedo o Santiago de Compostela, pero la ley de Trujillo no entiende de matices o diferencias regionales o individuales. Placas para todos, sean o no rentables, que para eso están los ministerios. Para decidir lo que nos conviene en vez de que ejerzamos nosotros ese derecho.

La ley nos saldrá muy cara. Según constructores y promotores, entre un 3 y un 5 por ciento de la construcción de nuevas viviendas. Pero no todo son pérdidas, claro está. Esta ley, que según la vicepresidenta modernizará el sector inmobiliario, va a renovar y modernizar los bolsillos de los productores e instaladores de placas fotovoltaicas. Los beneficios serán enormes, y todo por satisfacer una necesidad falsa, creada artificialmente por una ley que obliga a todos, pobres y ricos, quienes le sacarán algún provecho y quienes no lo verán, a instalar placas. Esto de obligar incluso a los más pobres a que se gasten el dinero en lujos que alimentan las ensoñaciones energéticas de nuestros dirigentes socialistas debe de ser muy de izquierdas.

Además, es inútil. Necesitaremos más y mejor energía en el futuro, y las llamadas renovables no podrán ni de lejos ponerlo en marcha, más que en una parte muy pequeña. No son una solución; esa es la razón por la que socialistas de todas las bandas nos la quieren imponer. Les atemoriza el desarrollo de sociedades libres y prósperas, y por ellos volveríamos a la época de las velas y los candiles antes que aceptar el veredicto creador de la producción de energía por y para el mercado. Esto es, por y para la gente.

Macarena Montesinos

Ahora se opone rotundamente al expediente de regulación de empleo propuesto por la Caffarel (empresa que toca muerta es), porque dice que eso sería "firmar el acta de defunción del servicio público". Coño, pues si se trata de una noticia tan excelente, ¿por qué se opone el PP? El servicio público que pueda realizar RTVE ya está cubierto por otras muchas empresas, que además compiten en desventaja pues no tienen acceso al bolsillo de todos los españoles para esquilmarlo como ocurre con el "ente", así que lo único sensato es suprimirlo. Los sufridos contribuyentes admitiríamos incluso que ZP se lo regalara a Polanco para que así tuviera dos "ectoplasmas". Todo con tal de no tener que seguir pagando a los hombres y mujeres de la cultureta sus chorradas izquierdosas que nadie ve, como esa serie sobre la Guerra Civil que, ahora resulta, ganaron los que la perdieron, o aquella otra sobre una abuela cebolleta de izquierdas que a pesar de estar ambientada en los años setenta reunía todos los tópicos de la chorraprogresía del Siglo XXI.

Si de verdad quiere hacer un favor a sus votantes, Macarena, cállese y deje que la tele pública se autodestruya. No intente salvarla, por lo que más quiera. Déle a nuestro cuerpo una alegría, ande.

Consumidores contra el consumo de Gmail

La excusa ofrecida es que una aplicación en Google "lee" sus correos automáticamente para poner anuncios relacionados, violando así algo que llaman "confianza implícita", olvidando que siempre hay aplicaciones que leen los correos automáticamente, aunque sólo sea para enviarlos a su ordenador. Y es que el truco de estas organizaciones consiste en el añadido de "civiles", tras el que se esconden para, en nombre de la libertad con apellido, coartar la libertad sin apodos.

Un pequeño vistazo al listado de organizaciones, además de mostrarnos que algunas de esas "organizaciones" son meros individuos, nos muestra que una docena de los firmantes son asociaciones de consumidores, incluyendo nuestro pequeño grano en el culo local FACUA. ¿Asociaciones de consumidores contra la libertad de los mismos de escoger el producto que más se adecúa a sus necesidades? ¿Cómo es posible semejante desatino? El problema es que no sólo no es extraño, sino que es la práctica habitual de estas organizaciones, práctica al que la propia FACUA llama "consumerismo". Pertenecen a la escuela de Ralph Nader, el político americano de extrema izquierda que inició su carrera escribiendo el libro "Unsafe at any speed", en el que atacaba a un coche llamado Corvair por su gran inseguridad. Nader logró que se prohibiera la venta del auto, pese a que investigaciones posteriores del gobierno no mostraron que fuese especialmente peligroso en comparación con sus coetáneos. Ese libro y la campaña que le siguió le convirtieron, sin embargo, en el más famoso "defensor de los consumidores". Sin embargo, cuando publicó el libro las víctimas por accidente de coche estaban cayendo dramáticamente, sin que Nader ni las regulaciones posteriores inspiradas por él y los suyos marcaran demasiada diferencia.

La defensa de los consumidores, desde entonces, consiste en reducir las opciones de los mismos a las que ellos consideren apropiadas. El propio Nader llegó a escribir que "el consumidor debe ser protegido a veces de su propia indiscreción y vanidad". Ese es el modelo que parecen seguir todas las organizaciones de consumidores, incluyendo las españolas. Sus protestas se reducen a las empresas, bien porque no cumplen sus contratos –una causa evidentemente justa–, bien porque consideran a sus protegidos como menores de edad incapaces de elegir.

Así, si nos centramos en FACUA –esto les pasa por firmar manifiestos– vemos que en su sitio web que se ocupan de temas como los transgénicos, pese a que no han provocado problema ni riesgo alguno de salud, o la "energía sostenible para todos", algo que sin duda no deja dormir a los consumidores cuando encienden su ordenador para consultar tan "consumerista" lema para el "día de los derechos de los consumidores". Sin embargo, buscarán en vano una nota de protesta por el hecho de que la Unión Europea restrinja la importación de ropa proveniente de China, pese a que impida que los comercios del ramo se llenen de productos más baratos que los actuales, para gozo y disfrute de los consumidores de nuestro continente, a los que dicen defender.

Y es que, en su intento de lograr que las autoridades políticas restrinjan la libertad de los consumidores con la excusa de protegerlos de sí mismos, no van a molestarles cuando éstos impiden que se mejoren las opciones de los ciudadanos a la hora de comprar, no sea que se les enfaden. Es más cómodo y fácil denunciar a Google por algo que hacen todos y cada uno de los sistemas de correo existentes en la actualidad.

Los héroes de cada día

Crearon varias “zonas seguras”, en la que concentraron, para luego abandonar miserablemente a su suerte, a la población civil masacrada por las fuerzas serbio-bosnias. La ONU se mantuvo “neutral”, en estricta observancia de su posición moral frente al genocidio; una neutralidad aséptica e hipócrita.

Milosevic, como Fidel Castro y otros, es la prueba de que la caída del muro de Berlín fue una gran victoria, pero de una guerra que jamás puede ser definitiva. Milosevic encarna dos ideologías que siguen teniendo un apoyo importante entre nosotros: el socialismo y el nacionalismo; dos ideologías de poder. De poder absoluto. No son las únicas. Se llamó a sí mismo “el Ayatolá Jomeini de Serbia”, lo que le habría debido ganar un puesto de honor en la alianza de civilizaciones de Zapatero.

El problema aquí es el del genocidio. Se produce, como todo lo que hacemos, por causa de las ideas. Las malas ideas. La de que tenemos derecho de disponer de la vida ajena o de los derechos de los demás en aras de un mayor bien: la independencia nacional, la expansión territorial, el socialismo, la igualdad material… El genocidio es la aplicación práctica de la ética consecuencialista que es el núcleo del socialismo: la realidad no nos gusta, y la queremos cambiar por otra cosa, un fin que todo lo justifica.

Pero el problema del genocidio es también el de cómo detenerlo. Luchar contra socialismos y nacionalismos es necesario, pero insuficientes cuando van a caer sobre la población civil con todas sus consecuencias. Como comprobamos una y otra vez, y las guerras de Yugoslavia son solo un ejemplo más, la comunidad internacional actúa a favor de las sociedades civiles sólo en ocasiones y cuando lo hace, generalmente es tarde. Por eso es importante que la sociedad tenga medios efectivos para detener el arrase. Y no puede hacerlo cuando está materialmente indefensa, desarmada.

Los grandes genocidios del siglo XX han estado precedidos de desarmes de la población. Hitler, que tenía interés en facilitarse el trabajo, observó que “el error más tonto que podríamos cometer sería permitir a las razas sometidas la posesión de armas. La historia demuestra que todos los conquistadores que han permitido a las razas sometidas la tenencia de armas estaban preparando su caída al hacerlo. De hecho, iría tan lejos como para afirmar que proveer de armas a los perdedores es condición sine qua non para el derrocamiento de toda soberanía”. Finalmente, perdió la guerra. Pero nosotros no hemos ganado todas las conclusiones que debiéramos de ella.