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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

La dictadura del convenio colectivo

El hecho fue reciente y se cuenta de la forma más veraz posible. Durante una serie de entrevistas realizadas a lo largo de varios días por dos consultores –cuyo objetivo final era la elaboración de un análisis sobre la gestión de costes en una importante empresa maderera– llegó el turno de escuchar la opinión de un grupo representativo de operarios de la fábrica acerca del negocio para el que trabajan desde hace años. Anteriormente, se había conversado con los ejecutivos de la empresa, mostrando éstos sus esperanzas y temores ante el futuro, además de expresar en forma involuntaria sus propias fortalezas y carencias personales.

En la última hora de su jornada, el equipo de operarios se reunió para la ocasión en un ambiente libérrimo y relajado. Las conversaciones fluyeron en torno a una variedad de asuntos de relevante interés para ellos: el empleador, los directivos, el proceso de producción y el clima laboral. El elevado tono crítico, incluso la mordacidad, dominaba el encuentro. Los operarios plantearon denuncias, viejas rencillas y un largo historial de desencuentros entre la dirección y los trabajadores. Los más veteranos tenían mucho que contar, pero los jóvenes tampoco se quedaban atrás en la descripción de conflictos. Probablemente, en algunos aspectos, llevaban parte de razón. Y surgió el momento de hablar de las condiciones salariales. Y en ese preciso instante el intercambio casi frenético de opiniones se transmutó en un desconcertante silencio. Todo el mundo calló. Se cruzaron miradas resignadas. No supieron que decir. Nadie tenía opinión. Después de una eternidad de segundos, uno de los participantes susurró a modo de respuesta:

– Bueno…mira, eso es más bien cosa del convenio.

Terminada la frase, el grupo estaba dispuesto a debatir sobre cualquier otro asunto que no fuera el valor económico de sus capacidades. Punto y final a los sueldos. No había miedo a nada ni a nadie, ni mucho menos, sino más bien una gruesa mezcla de resignación y desconocimiento. Los trabajadores se asemejaron a rehenes. Entonces, cualquier observador objetivo podría haberse dado cuenta de que algo definitivamente fallaba y que la astenia de opinión de los empleados respecto del salario (más bien magro) invalidaba sus quejas en cierto grado y que los convenios colectivos son causa grande de desmotivación, desvalimiento y desidia en ésta y en otras muchas organizaciones.

El convenio colectivo es una indexación de precios del factor trabajo acerca de los cuales a la libertad se le tiene apenas en cuenta. Es el escenario propicio en el que unos pocos se encuentran cómodos malbaratando el progreso económico de muchas personas al mismo tiempo. La lucidez y el esfuerzo se enfrentan a la disculpa del convenio. Los profesionales mejores quedan atrapados en las redes de envidia igualitaria que tejen los convenios: o se pliegan a ellos o abandonan –por desacuerdo y afán de superación– el oficio sometido a ese dictado. A su vez, los mediocres no encuentran acicate para distinguirse porque siempre chocan contra ese muro normativo. Incluso la retribución variable, que nació para debilitar el igualitarismo y premiar la dedicación, adolece desde hace años de similares defectos que el burocratismo salarial, cuando no se trata de una pura farsa. El convenio debería ser un pacto laboral al que uno se incorpora libremente, si no le interesa negociar individualmente con la empresa para la que colabora las condiciones de su contrato, y nunca una especie de losa gremial que perpetúa injusticias ante la valoración que se realiza del propio empleo. La duda quedaría respecto de los trabajadores que escasamente pudieran valerse por sí mismos y fueran sometidos a abusos por parte del empleador. ¿Para éstos sería imprescindible un convenio obligatorio? Probablemente, aún en esa situación, seguiría siendo más rápido y beneficioso la contratación circunstancial de asesores que impugnen o negocien de parte de los más débiles; y no sería improbable la aparición espontánea de listas gratuitas de precios del trabajo entre profesionales imantadas por la fuerza imbatible del mercado.

Decía Mises en La acción humana: "Ni existe hoy ni jamás podrá darse un monopolio de demanda de trabajo en un mercado libre. Este fenómeno podría darse como resultado de obstáculos institucionales que entorpecieran el acceso a la condición empresarial". Quizá los convenios pueden llegar en algún momento a parecerse a dicho monopolio, cuando los denominados agentes sociales totalizan las decisiones sobre salarios. Hay demasiados operarios que en las reuniones ya no saben que contar.

El gandulazo

Cuando trabajaba en el campo me llamaba poderosamente la atención el gandul de mi pueblo. Sólo aparecía por los rastrojos los días en que había huelga, encabezando el piquete de semovientes defensores de la clase obrera y el coñac 103, que recorría las fincas amedrentando a los que estábamos en el tajo. El tío era (y es) más flojo que la mierda de pavo, pero esos días se dejaba la piel amenazando a los que íbamos a trabajar a escondidas. Se metía tanto en su papel que había momentos en que lloraba, señores, lloraba seguramente dolido por nuestra insolidaridad. Pasada la huelga se metía un mondadientes "king size" en un espacio interdental cualquiera y volvía a su rutina habitual, calentando las sillas de los bares cercanos a su casa en riguroso orden de proximidad.

El gandul endémico, el vago metafísico y el haragán contumaz, forman un arquetipo antropológico que en la España de ZP está llamado a alcanzar su máximo esplendor. Es lo suyo cuando el país lo dirige un señor que hasta la fecha no ha experimentado la sensación que el diccionario de la Real Academia define con el verbo trabajar. Una prueba cercana la tenemos en Alhama de Murcia. Espoleado por el ejemplo presidencial, el gandulazo oficial responsable de esa demarcación se ha convertido en el principal analista del desarrollo económico de la zona. Su experiencia es un aval incuestionable. Es tanta su aversión hacia el trabajo productivo, que detecta inmediatamente a las empresas portadoras del terrible virus. A estos efectos, es como el chimpancé que avisa al resto del grupo con sus gritos cuando se acerca un depredador. Con él al frente de la manada no hay peligro de que el capitalismo amenace la paz espiritual de los alhameños. Este hombre está llamado a los más altos destinos. No me extrañaría nada que en las próximas elecciones se convirtiera en alcalde por el PSOE.

Enron: el capitalismo funciona

Todo el mundo recuerda, siquiera vagamente, el nombre de Enron. Pasó de ser la primera empresa del mundo del sector de la energía, a desaparecer. ¿Cómo pudo llegar a ocurrir algo así? Por el perverso capitalismo, dijeron muchos. La empresa había estado engañando a los inversores, publicando unos beneficios en unas cuentas que, bien hechas, sólo podrían reflejar pérdidas. Y ello para engañar a más accionistas y empresas financieras y obtener de este modo algo más de aliento financiero con que continuar hasta que los tiempos fueran mejores. El capitalismo, las grandes empresas, está basados ambos en el engaño y la falta de respeto por cualquier norma moral, que se corrompe cuando se pone por delante la poderosa fuerza de la avaricia. El capitalismo es e inhumano, y su moral deleznable.

Siempre se puede responder que los ejemplos de empresas que reflejan fielmente sus cuentas son la práctica totalidad de ellas. Y que episodios como el de Enron son en realidad muy escasos, pese a que los críticos del capitalismo prácticamente no vean más allá de ellos. Pero no hay que limitarse a recordarlo. Hay que decir que Enron es la demostración más clara de que el capitalismo funciona. ¿Por qué? Para empezar porque Enron, la empresa que fue objeto de escándalo por engañar a propios y extraños, a sus clientes, proveedores, inversores y fondos, ha desaparecido. Y no a pesar de sus engaños, sino precisamente a causa de ellos, además de la mala gestión económica.

Pero esto es solo el comienzo, porque hay otra doble prueba de las virtudes del capitalismo en este caso, y es la de Arthur Andersen y la SEC. El fundador de la empresa era un hombre estricto en la aplicación de las normas contables, y su celo y honradez fue signo de distinción de la compañía desde 1913. Una reputación que no murió con su creador, en 1947. Leonard Spaceck, que había comprobado que los altos criterios morales de su antecesor eran el mismo fundamento del éxito comercial y económico de la empresa, mantuvo siempre su ejemplo. Un camino que llevó esta pequeña empresa a ser una de las cinco grandes del mercado de la auditoría.

Desde finales de los 80 algo comenzó a cambiar, porque de cuando en cuando se producían denuncias de mal comportamiento, que en otro tiempo hubieran sido considerados inconcebibles. En cualquier caso no parecían suficientes como para erosionar el prestigio asociado al nombre de la empresa, que al fin y al cabo era el de su intachable fundador. Pero el caso Enron pudo con ella. Enron se había embarcado en un engaño fenomenal, y Arthur Andersen no solo no lo denunció, sino que colaboró eficazmente con el fraude, hasta que se hizo de tales proporciones que ya nadie pudo taparlo. El resultado de la actuación de la empresa fue que, en agosto de 2002, entregó la licencia de actividad. Arthur Andersen faltó a su divisa (“piensa claro, habla claro”) y a las normas morales, que son el entramado invisible, pero imprescindible, de la convivencia pacífica, y por tanto del libre mercado. A causa de ello, desapareció. Ninguna empresa querría acudir de nuevo al sello de Arthur Andersen para demostrar la veracidad de sus cuentas.

Pero he hablado de una “doble prueba”. ¿Cuál es la segunda? La actuación pública en este asunto. El Estado tiene la pretensión de ser necesario para controlar a las empresas para evitar casos como el de Enron. Para ello crea chiringuitos como la US Securities and Exchange Comisión, SEC, del que tenemos un ejemplo español en nuestra CNMV. Si falló Enron, si falló Arthur Andersen, también lo hizo la SEC. Pero mientras que las dos empresas han desaparecido dejando atrás no más que historia, la SEC no solo no ha desaparecido, sino que se alegó que su vergonzoso fracaso en el caso Enron ¡era la demostración de que tenía que ampliar sus poderes! Es la lógica de “la verdad es la mentira” que necesita el Estado para justificarse.

La regulación en la telefonía móvil: las antenas

Resulta difícil concebir un sistema de distribución sin los canales adecuados para conducir aquello que necesite el cliente. Así, todo fluido eléctrico tiene su red, todo gas sus tuberías lo mismo que el agua y todo sistema telefónico convencional sus cables. La telefonía móvil también necesita su sistema y esta labor la hacen las antenas que las operadoras van colocando de forma que den la cobertura adecuada a sus compromisos. Sin embargo, y prácticamente desde que se empezó a colocar esta infraestructura básica, se ha generado un rechazo social basado en pruebas al menos dudosas del efecto que estas instalaciones tienen sobre la salud de los ciudadanos. Estamos ante una aplicación más del manoseado Principio de Precaución, una de las herramientas favoritas de los grupos ambientalistas y de las administraciones públicas.

Dice Bruselas que este principio debe aplicarse cuando sea “urgente intervenir ante un posible peligro para la salud humana, animal o vegetal, o cuando éste se requiere para proteger el medio ambiente en caso de que los datos científicos no permitan una determinación completa del riesgo”. La realidad es que tal como esta formulado, todo queda al arbitrio y la voluntad de la administración de turno y en no pocos casos del lobby que la controla.

El quid de la cuestión radica en que para poder transmitir y recibir, las antenas y los terminales usan una parte del espectro electromagnético y que dicha emisión tiene una determinada potencia basada en la distancia entre el emisor/receptor y la antena. Cuanto más corta sea esta distancia menos potencia se necesita. Estas radiaciones no ionizantes, no muy distintas a las que usamos para ver la televisión u oír la radio, son la razón de tantas disputas. A pesar de que según la normativa europea y española, los límites establecidos están muy lejos de los umbrales de peligrosidad, según algunos estudios y muchas experiencias, son las causantes de no pocos casos de cáncer. En España es conocido el caso del vallisoletano Colegio García Quintana, donde varias leucemias fueron achacadas a la proliferación de antenas en los edificios cercanos. Este caso fue en cierta medida el desencadenante español de este rechazo.

Lo cierto es que hay estudios que apuntan a los dos extremos, si bien lo cierto es que no hay nada demostrado con rotundidad y, dado el corto periodo que llevamos usando la telefonía móvil, todavía no se han hecho estudios suficientemente completos, al menos para los más contrarios a este sistema de comunicación. Por poner dos ejemplos recientes, la British Medical Journal publicaba un estudio en el que desmentía la influencia del uso del teléfono en el cáncer cerebral y el director del Instituto de Biología y Genética Molecular del CSIC, Juan Represa, negó que las antenas de telefonía provoquen cáncer. En el bando contrario, el Colegio de Médicos Austriacos desaconsejó hace poco que los niños usasen el teléfono móvil.

Pero más allá de estas cuestiones que, en todo caso, se deberían resolver entre técnicos, especialistas y afectados, las Administraciones Públicas no han podido dejar de meter sus funcionarios en la polémica. Así, movidos por grupos vecinales o ambientalistas, que tampoco han podido resistir la tentación, han presionado para que las antenas instaladas sean retiradas. Aprovechando el vacío legal que existía, las antenas proliferaron en todas nuestras ciudades y muchas asociaciones de vecinos vieron como sus tejados eran alquilados por las operadoras. Los municipios, alarmados, empezaron a sacar bandos y normativas que convertían en ilegales muchas de esas instalaciones. De la noche a la mañana, las telefónicas veían como una ciudad con cobertura la perdía de improviso. Tal es el caso del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz que en pocos meses puede ver reducida su dotación a solamente una antena. Sin embargo, otra Administración, en este caso la central, obliga a las operadoras a tener un nivel de cobertura y a unas inversiones y estas dependen de las antenas instaladas. Tal es la naturaleza de la concesión, porque no podemos dejar de recordar que las telefónicas actúan en virtud de unas licencias administrativas.

Estamos por tanto en una paradoja más de las muchas que se generan cuando la burocracia sustituye a la realidad. El Estado impone unas condiciones que el propio Estado se encarga de entorpecer. Se aplica el principio de precaución que en muchos casos responde a intereses electorales y a los que no escapa ningún partido, sea de derechas o de izquierdas. Las operadoras ven como se pierden millones de euros, las asociaciones de vecinos que habían llegado a algún tipo de acuerdo pierden de golpe sus ingresos y los clientes de telefonía ven como de pronto pierden cobertura y calidad en sus llamadas. La regulación y normalización se vuelve caótica ya que las normativas generales no se cumplen en los municipios. Todo este asunto no tiene visos de solucionarse en tanto las Administraciones Públicas y los partidos que las gobiernan tengan un poder de decisión que sólo debería depender de las partes implicadas, es decir empresas y vecinos. Los demás, sobran.

George Orwell en la empresa familiar

Después del Código del Buen Gobierno, ahora le toca el turno a la empresa familiar. El intervencionismo en los negocios no descansa. El proyecto de Decreto Regulador de la Publicidad de los Protocolos Familiares exigirá la exposición pública en el Registro Mercantil de la información confidencial recogida en el protocolo, documento privado de carácter voluntario. De nuevo, otra amenaza a la libertad empresarial.

Las estadísticas sobre la continuidad de empresas familiares en España suelen ser muy preocupantes y hablan por sí mismas: de cada cien empresas constituidas en la primera generación, sobreviven treinta de ellas en la segunda, y en la tercera generación el número de emprendimientos queda reducido a quince. Para evitar esa difícil situación originada por múltiples causas (desidia, corrupción, conflictos) y asegurar la prosperidad de un tipo de negocios que representan al 80 % del tejido empresarial español, surgió el protocolo familiar, útil instrumento de estabilidad en los negocios familiares durante el paso del tiempo, al igual que otras medidas; por ejemplo, los planes de sucesión que orientan la carrera profesional de los mejores candidatos hacia el futuro liderazgo empresarial familiar.

El protocolo familiar es la carta magna de los derechos y deberes para la supervivencia de la familia empresaria. El protocolo recoge los siguientes aspectos, entre otros: ámbito de aplicación, valores familiares, órganos de gobierno, acceso, permanencia y salida de la empresa, compensación salarial, papel del socio y papel del empleado, venta, transmisión y administración de acciones, reparto de beneficios, ayudas a la familia y revisiones periódicas del protocolo. Se trata, por tanto, de un conjunto de disposiciones que aseguran la conservación de la actividad emprendedora. Hay familias empresarias que prefieren que su protocolo permanezca –tras la colaboración de un experto– estrictamente en la intimidad del negocio, como también las hay que eligen que parte de ese acuerdo sea tenido en cuenta por la fe notarial a través de escritura pública para preservar una mayor seguridad jurídica.

Precisamente esta segunda opción (con escritura pública) recuerda los artificios del Código del Buen Gobierno, cuando el citado proyecto gubernamental formula al principio un falso espejismo de voluntariedad para luego exigir nada menos que la publicidad mercantil de los secretos de cualquier empresa: estrategias, reorganización, valoración de acciones en el momento de herencia o donación así como los pactos acordados sobre condiciones para acudir a posibles laudos arbitrales. La confidencialidad queda al descubierto frente a terceros en aspectos claramente sensibles.

Si el decreto prospera, los protocolos acordados sin notario tampoco escaparán a la vigilancia estatal. No deben obviarse situaciones de riesgo moral o de relación de agencia entre los partícipes de un protocolo, sin cuyo consentimiento dicho documento no podrá seguir adelante y que prefieran por motivos poco claros la publicidad registral que el decreto impone. Habrá familias que envenenarán su futuro por causa de la anunciada obligación.

En definitiva, se ha producido un efecto perverso ante la existencia de un pacto privado inspirado en la libertad y basado en el afán legítimo de perfección de negocios que generan prosperidad para muchos durante mucho tiempo. Lo que empezó siendo pura espontaneidad deviene en el enésimo instrumento de intromisión estatal.

¡Quien lo diría! Winston Smith no es sólo aquel funcionario atribulado y perseguido por su disidencia, que George Orwell noveló en "1984", sino también cualquier experimentado empresario que estará –junto a sus descendientes– en el punto de mira de este Big Brother nacido para la ocasión que cada día acorrala un poco más las decisiones empresariales. El Gran Ojo del Estado someterá a consideración administrativa los acuerdos generacionales para provecho propio y de la competencia."La guerra es la paz, la mentira es la verdad", escribía el gran escritor británico. Con el nuevo ucase aparecerá el newspeak en los protocolos familiares: la intimidad es la delación, la confianza es la ingratitud.

Cuando los niños trabajan

La pobreza es la misma condición humana, es como llegamos al mundo. Solo unas pocas personas a lo largo de la historia, y una porción del mundo recientemente, desde la extensión del capitalismo, ha logrado escapar a la miseria. El trabajo infantil es solo un aspecto de la pobreza, y es que los más pequeños dependen en gran medida de su propio esfuerzo, sin que los padres puedan ofrecerles otra cosa. Esta situación cambia cuando los padres se pueden permitir mantener a sus hijos sin la necesidad de que ellos mismos aporten recursos a la familia. Es la riqueza la que alivia el trabajo infantil, como demuestra el hecho de que haya desaparecido de los países ricos (es decir, capitalistas), mientras continúe en los más pobres.

Eric V. Edmonds, quizás el mayor experto en este problema, demostró en un estudio que los países que más comercian, los que más se involucran en el capitalismo mundial, son los que más reducen el trabajo infantil. En concreto, por cada 1 por ciento de apertura al comercio, se reduce el trabajo infantil en 0,7 puntos.

Un caso claro es el de Vietnam, donde se realizó un estudio de grandes proporciones (3.000 familias) de 1993 a 1998. En esos 5 años, en que Vietnam se incorporaba al capitalismo global, el crecimiento medio fue del 9 por ciento y el trabajo infantil cayó un 30 por ciento. Cuando las necesidades básicas están cubiertas, ese aumento de la producción explica el 80 por ciento de la reducción en el empleo infantil. Edmonds concluye que "el trabajo infantil no parece variar con el gasto per capita hasta que las familias puedan cumplir con sus necesidades alimenticias; y entonces cae de forma dramática".

Pese a que es el capitalismo el que libera a los más pequeños de tener que trabajar, los grupos antiliberales dicen llegar a la conclusión contraria. Para eso tienen que identificar el trabajo de los niños con las grandes empresas capitalistas. Pero ha existido siempre, junto con la pobreza, y generalmente ha estado atado al campo como el común de la humanidad. Es también lo que ocurre en la actualidad. La inmensa mayoría de los niños que trabajan lo hacen para sus padres en el campo. Pero eso a los antiglobalización, no les importa. Solo les preocupan los que están empleados por grandes empresas, para utilizarlos como arma contra ellas. Y ello a pesar de que los sueldos que pagan son, de media, el doble del que pueden ofrecer las empresas locales.

¿Qué ocurre cuando estos antiglobalización tienen éxito? Nos lo cuenta Radley Balko: "A principios de los 90, el Congreso de Estados Unidos estudió la aprobación de una ley (Child Labor Deterrence Act) que habría castigado a las compañías que se beneficiaran del trabajo infantil. La ley nunca se aprobó, pero el debate que generó presionó enormemente a varias compañías multinacionales, entre ellas, a un fabricante textil alemán que despidió a 50.000 niños en Bangladesh. La asociación británica Oxfam realizó después un estudio que mostró como miles de esos niños despedidos terminaron en la prostitución, el crimen o en la muerte por hambre". La hipocresía tiene un precio. Pero lo pagan los de siempre.

¡Comed democracia! (avanzada)

La empresa Polaris World, gracias a la cual debemos gran parte del desarrollo económico experimentado por la región en los últimos dos años, tenía en proyecto realizar un magnífico proyecto urbanístico en Alhama de Murcia, con doce mil viviendas y todos los servicios necesarios, incluido el abastecimiento propio de agua a través de una desaladora sufragada por la propia empresa. Cuatro mil puestos de trabajo durante la construcción, más de tres mil fijos para atender los servicios de la urbanización y numerosas infraestructuras públicas para el municipio que también iban a ser financiadas en solitario por la empresa, constituían la mayor inversión jamás realizada en la localidad. En fin, un regalo por el que muchos pueblos de toda España se darían de bofetadas, que gracias a los dirigentes socialistas en Murcia ya no se realizará.

Junto al voto decisivo de una tránsfuga del PP, que tras el escándalo de unas oposiciones a conserje municipal a las que concurrió su marido (ella era Concejala de Personal) experimentó una repentina mutación doctrinal que la obligó a irse al grupo mixto, el PSOE e IU denegaron el martes pasado los permisos para llevar a cabo ese proyecto.

El responsable máximo de la tropelía no es otro que el secretario General del PSOE Murciano, D. Pedro Saura o Perico “el huevo”, como le conocen en su pueblo natal, pues los concejales de ese partido, aunque en privado mostraban su acuerdo, cuando no su entusiasmo con el proyecto (“Meroño, esto es cojonudo”, le decían al Presidente de Polaris World) han preferido seguir la disciplina partidista a la defensa de los intereses de los ciudadanos a quienes representan.

La noche del martes pasado, mientras se votaba en el pleno municipal (el cuarto dedicado a este asunto), a las puertas del ayuntamiento se concentraban varios cientos de trabajadores de la empresa, con pancartas alusivas a la defensa de sus puestos de trabajo, frente a una decena de defensores de la humanidad (con sus melenas tremolando al viento de la sierra y sus crestas de colores, que es la estética habitual de los que se dejan el lomo trabajando a diario) gritando consignas totalitarias como el absurdo “Alhama no se vende”.

No hay razones técnicas para denegar la autorización. El proyecto cuenta con todos los permisos necesarios y había pasado todos los trámites legales a falta de la aprobación final en el plenario municipal. Los que votaron en contra ni siquiera pudieron balbucear un argumento válido para justificar su acción. La pobre concejala Rodríguez tampoco. Se trataba de votar que no para contentar a un partido empeñado en destrozar a las provincias traidoras, aun al precio de no volver al poder regional en varias generaciones y de quemar a su casta de dirigentes actuales.

En los albores de la II República, los terratenientes espetaban a los obreros aquel infame "¡comed república!" mientras les negaban el trabajo. El PSOE nos hace lo mismo a los murcianos, pero ahora el menú es la “democracia avanzada”. Son tan ilusos que creen que así perjudican a los empresarios o al PP. Pobres diablos. El PP seguirá ganando elecciones en Murcia (más que por méritos propios por los deméritos de quien tienen enfrente) y la empresa Polaris World seguirá ganando dinero, aunque a partir de ahora lo hará en otras regiones o países, acaso en Croacia, donde el estado de derecho no es una entelequia como en la España de ZP. Los perjudicados somos todos los murcianos, incluidos los hasta ahora votantes del propio PSOE. Mas si a los socialistas les da igual que España se vaya por el desagüe, ¿cómo se van a preocupar de que una pequeña región, y encima desafecta, vuelva al subdesarrollo?

¡Comed democracia avanzada! Comeremos, comeremos, dos platos si hace falta. Pero hay un detalle que se te escapa, Perico: todas las comidas tienen su postre.

Si usted fuese un malvado capitalista

La vehemencia con la que una persona critica la libertad de empresa suele ser inversamente proporcional a los esfuerzos que ha hecho por meterse en la piel de un empresario. Por eso, ante la pregunta “¿Qué haría usted si fuese un capitalista?” suelen quedarse desarmados y perplejos. Nunca se lo han planteado seriamente. Han soñado con ser voluntario, presidente, dictador o superhéroe para salvar al mundo de los taladores de árboles, de los especuladores urbanísticos y de los fumadores. Pero jamás se han planteado cual sería su comportamiento al mando de una empresa privada.

¿Dice que si dejamos el mercado inmobiliario totalmente liberalizado y desregulado, los especuladores impondrían precios prohibitivos? ¿Es lo que haría usted?

Bueno, tendría varias opciones:

Podría compincharse con todos los demás competidores para mantener los precios muy altos. Pero, ojo, aquí jugamos a lo grande, libre mercado mundial, la globalización, ya sabe. No habría forma de evitar que ni un solo competidor en todo el mundo viniese a su mercado a reventar precios. Podría usted quedarse un margen de beneficios, claro, pero cada intento por parte de usted de abusar del cliente sería una oferta en bandeja de plata para que viniese la competencia a reventarle los precios. Claro que, si fuese usted realmente malo, malo, lo que se dice malo, igual conseguiría redefinir las reglar, establecer cierta regulación del mercado, imponer unos mínimos de seguridad y estética, licencias, permisos, concesiones públicas, estándares y antes de que el incauto público se hubiese dado cuenta, ya podría usted hacer y deshacer en ese mercado nebulosamente regulado “por el bien del consumidor”.

Otra posibilidad sería el extremo contrario: podría ir a reventar precios desde el principio para acaparar mercado. Claro que correría el riesgo de quedarse sin fondos. Así que sólo lo hará si puede ahorrarse gastos. Si lo hace a costa de perder calidad es muy posible que no atraiga clientes ni mucho menos acapare el mercado, si lo hace bajando salarios puede quedarse sin trabajadores, si lo hace estrujando a los proveedores, tres cuartos de lo mismo. Podrá reducir costes y atraer clientes pero sin bajar del mínimo necesario para pagar los gastos. Por supuesto, como todo buen capitalista malvado que se precie siempre le queda el as en la manga de maquinar entre los bastidores del poder para ganarse alguna subvención. O que se graven con algún impuesto a la competencia.

Observe que lo más terrorífico para un malvado capitalista no es el tener a sus espaldas una miríada de agencias públicas que le vigilan. En absoluto, siempre puede comprarles algún favor. Lo peor es no tenerlas porque entonces sólo puede llegar a fin de mes satisfaciendo a clientes, trabajadores y proveedores. Aunque siempre le quedaría el recursos de invertir fondos en la creación de un bonito Estado del Bienestar que saque una bonita ley para proteger esto o aquello o prohibir lo otro o lo de más allá.

Ludwig von Mises y el Código del Buen Gobierno

El Código de Buen Gobierno auspiciado por la CNMV introduce la arbitrariedad gubernamental en las empresas que cotizan en Bolsa. Es posible que en muchos consejos de administración se cometan abusos contra los intereses de los accionistas, legítimos propietarios de ese tipo de sociedades; pero este Código, aunque voluntario, tiene un carácter intervencionista que puede incluso terminar neutralizando la propia función empresarial.

En el Código aparecen algunas medidas plausibles que quizá limiten la negra mano del riesgo moral, como son la divulgación de las retribuciones de los altos ejecutivos, la comunicación confidencial de irregularidades y la severidad en la responsabilidad civil de los administradores desleales. Otros aspectos son claramente inquietantes, a saber: la creación de un Foro Electrónico de Accionistas supervisado por el Estado, la recomendación de limitar la facultad de impugnar acuerdos por parte de los accionistas (art. 17 LSA), la muy delicada cuestión de la diversidad de género en los consejos y la ratificación por la Junta General –aunque no lo exija expresamente la ley– de la transformación de sociedades cotizadas en compañías "holding", probablemente con afán de entorpecer las facilidades fiscales que éstas llevan consigo.

En cualquier caso, la piedra de toque del Código es la cuestión de los denominados consejeros independientes, próxima carrera hacia el favoritismo estatal. Dice el Código que "los consejeros independientes será elegidos de entre personas de reconocido prestigio y acreditada independencia e integridad personal y profesional" y establece a continuación una serie de cautelas insuficientes que no soslayan el contenido gubernativo del proyecto. De hecho, salvo excepción, un pesado silencio, entre cómplice y resignado, domina en las sociedades del IBEX-35 acerca de este asunto. ¿Quién definirá los grados de independencia de los consejeros electos? Puesto que el Código deja a la responsabilidad de la sociedad cotizada seguir o no sus recomendaciones, pero le exige que, cuando no las cumpla, explique el motivo… ¿no pretenderán las empresas ganar la protección oficial pactando los consejeros independientes, con el fin de evitar la delación pública? ¿Será el propio Estado, junto a sus aledaños, el principal oferente en este nuevo mercado de candidatos idóneos?

Referente a la intervención administrativa en la elección del personal burocrático de las empresas privadas, Ludwig von Mises dice en Burocracy (1944) lo siguiente:

"Toda injerencia del Estado en la actividad de la empresa privada produce desastrosas consecuencias…Con la creciente intervención del Estado en los negocios se hizo necesario nombrar directivos cuya principal tarea consistía en remover las dificultades que podían poner los poderes públicos…ninguna compañía podía permitirse el lujo de tener al frente a un hombre mal visto por la administración, por los sindicatos obreros y por los grandes partidos políticos. Se consideraba a los antiguos funcionarios, directores generales y consejeros de los diversos ministerios como los más cualificados para desempeñar las funciones directivas dentro de la empresa.

Tales directivos no se cuidaban en manera alguna de la prosperidad de la compañía. Estaban habituados a la organización burocrática y modificaban en consecuencia la marcha de los negocios de la empresa.¿Para qué tomarse el trabajo de producir mejor y más barato, si se puede contar con el apoyo del Estado?”

En la citada obra, Mises explica que la diferencia esencial del Estado con respecto a las empresas es la inexistencia del cálculo económico en las actividades públicas. Por ese motivo, Mises incluso rechaza la aplicación de técnicas empresariales en la Administración, ya que no servirán para nada. Las razones del autor son clarividentes: no puede solicitarse al Estado aquello que por su naturaleza no puede dar. Los negocios vigilados por el Código se aproximarán a la motivación estatal. ¿Para qué seguir insistiendo en la perspicacia y el vigor en los negocios, si los consejeros fieles al canon pueden lograr la comprensión gubernamental, en detrimento de otras sociedades indóciles o no cotizadas? Es la hora mejor de los ventajistas. El Código del Buen Gobierno trae pocas cosas buenas. El profesor vienés lo anticipó. La empresarialidad comenzará a menguar.

Hacia el pleno empleo

Esta semana el fantasma de los despidos ha vuelto a aparecer. Ford prescindirá de un máximo de 30.000 empleados; Daimler-Chrysler reducirá su plantilla administrativa en un 20%; y en España más de seiscientos empleados de Seat resultarán afectados por el expediente de regulación de empleo. El sector del automóvil, en Occidente al menos, no parece estar muy bien; y tal vez sea la hora de dejar que otros países (o mejor, que personas de otros países) hagan este tipo de trabajo para que nosotros nos dediquemos a explotar otras necesidades.

Algo así parece de sentido común: nuestro sector deja de ser rentable y en consecuencia nos vamos a otros más lucrativos. Eso no significa que Occidente deje de fabricar coches, pero sí que empiece con algo nuevo. Pero parece tan lógico como difícil de conseguir. No es difícil porque los empresarios y trabajadores occidentales estén menos capacitados que los orientales, sino por las leyes del gobierno que trabajan contra la economía y prosperidad privada. En el estado del bienestar cuando a alguien se le despide lo tiene negro para encontrar otro trabajo, y eso no se debe a que la producción sea mayor al consumo agregado, sino que se debe al freno estatal a la innovación y libre mercado: subsidios por desempleo, restricciones de precios y producción, leyes laborales, intereses patronales y sindicales, acuerdos políticos, impuestos… Sólo los “peces gordos”, que son los que están organizados políticamente, son los únicos beneficiados manteniendo una economía corporativista y sistemas productivos obsoletos en decremento de nuestro bienestar material.

Cuando un sector empieza a ir mal, ya se haga patente por despidos o deslocalizaciones, no es una debilidad, sino una señal del mercado y una oportunidad para la economía y comunidad. Si nos enfrentamos políticamente a esta tendencia con subvenciones estatales o ayudas no privadas lo único que crearemos será un zombi que restará trabajo a otros destinos productivos que sí son necesarios. El trabajo por el trabajo no nos da riqueza, pero el trabajo por la producción real sí.

La producción real, por bien o por desgracia, sólo se puede conseguir mediante una vía, la libertad y jamás mediante la planificación central dirigida políticamente. Esta última es la que nos ha traído el desempleo continuo, precariedad y dependencia.

En la economía del laissez-faire siempre que el consumidor tenga una necesidad real, un empresario saldrá para ofrecérselo, y luego otro, y otro hasta llegar a un beneficio general casi homogéneo. Consumidores, empresarios, trabajadores, capitalistas… todos salen ganando.

El pleno empleo del laissez-faire se crea gracias a una movilidad permanente de factores productivos (y el trabajo sólo es uno de ellos) entre toda la estructura de producción económica donde los déficit de un sector desaparecen para ir a buscar los mayores rendimientos en otros, y esto es precisamente lo que las leyes laborales y agentes sociales impiden apelando siempre al bien común y al sentimentalismo socialista que hoy dominan la política izquierdista y conservadora. Sólo así nace la innovación. Amazon, Carrefour, Vueling Airlines y tantos otros no nacieron de la planificación central del estado.

Eso no significa que alguien no se pueda quedar toda la vida en una empresa, porque en el laissez-faire siempre nace la diversidad de opciones. En una economía libre, nadie está obligado a hacer ocho horas al día si no lo elige antes, tampoco nadie se ha de sentir atrapado en una empresa como ocurre hoy día, ni las barreras de entradas para los menos capacitados laboralmente son un inconveniente insuperable sino sólo temporal.

Para la prosperidad, el estado y grupos con fines políticos son parásitos. La diferencia entre el pleno empleo y la precariedad y dependencia es la diferencia entre si usted quiere ser el propietario de su destino y fortuna o permite que lo sean una panda aprovechados que viven de sus ilusiones y esfuerzo. El laissez-faire surgió precisamente de las clases pobres, no de las ricas; y surgió para acabar con un sistema similar al actual donde las elites políticas vivían a expensas de las masas. Revivamos la historia y lancemos un mensaje claro a esas lacras del gobierno: ¡largaros de aquí y dejadnos elegir nuestro futuro!