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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

El capitalismo y los trabajadores

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En este artículo veremos cómo la izquierda desconoce los principios económicos más fundamentales cuando realiza tales afirmaciones. Ni los capitalistas explotan a los trabajadores, ni los salarios se reducirían a niveles de subsistencia en caso de que el intervencionismo estatal desapareciera.

¿Qué es un salario?

Pensemos en un agricultor. Si lo que cultiva tarda tres meses en dar fruto, le será necesario haber acumulado ahorros que le permitan sobrevivir durante ese tiempo. Es evidente que al final del período el agricultor se quedará con el 100% de su producción. Ahora bien, esta producción ¿cabe entenderla como un beneficio o como un salario?

Aunque quizá algunos clasifiquen al agricultor como trabajador, si tenemos presente la definición de beneficio (el exceso de ingresos sobre los costes) veremos que, a diferencia de lo que opinaban Adam Smith y Karl Marx, la renta de aquél no es un salario, sino beneficio puro: incurre en unos costes (especialmente de oportunidad) para obtener unos ingresos que los superen.

Supongamos ahora que nuestro agricultor decide jubilarse al cabo de 20 años, y que en lugar de ir consumiendo sus ahorros prefiere contratar a otro individuo para que trabaje por él en su huerta. Sólo en este caso aparecerá la renta del salario. Así, el salario queda definido como el precio pagado por el capitalista a cambio del alquiler de los servicios de otra persona.

Nuestro agricultor tendrá que compartir una parte de sus beneficios con el trabajador; a esta porción la llamaremos "salario". No sólo eso: además, deberá abonarle el salario antes de que la producción madure. No será necesario que el trabajador espere los referidos tres meses: el empresario le otorgará su porción con cargo a sus ahorros. Es decir, el capitalista adelanta el salario al trabajador antes de obtener los beneficios.

Los salarios, pues, no son más que una porción del beneficio. No cabe afirmar que el capitalista no explota al trabajador apropiándose de su salario, como afirman los marxistas. No existe plusvalía: el salario es una minoración de las ganancias empresariales puras; y, sobre todo, es fruto de un acuerdo voluntario entre las partes y beneficioso para ambas. En caso contrario, ni uno ni otro lo hubieran firmado.

¿Cómo se determina el salario?

En principio, el salario tiene un límite máximo: los beneficios esperados en la producción. Ya que los salarios son una porción del beneficio, difícilmente pueden superarlos. Sin embargo, si nos fijamos detenidamente veremos que esta apreciación no es exacta. Hemos dicho que el capitalista adelanta el salario al trabajador, por tanto el límite máximo no puede ser el beneficio total.

Al adelantar el dinero en tres meses, el agricultor deja de percibir un interés por sus ahorros. En otras palabras, si el capitalista pagara el 100% del beneficio esperado en concepto de salario sufriría un coste por el interés dejado de percibir: mientras que el trabajador cobraría hoy todo el beneficio, el agricultor no dispondría de ese dinero hasta pasados tres meses (durante los cuales no percibirá interés). En este sentido, el límite máximo del salario del trabajador es el beneficio esperado, descontado por el interés; o, expresado en palabras más técnicas, la productividad marginal descontada del trabajador (esto es, el valor presente del fruto futuro de su trabajo).

Esto es válido tanto para el primer trabajador como para los sucesivos. El capitalista contratará a un nuevo trabajador cuando considere que los beneficios esperados se incrementarán por encima de su salario; es decir, nuevamente, el límite máximo vendrá dado por su productividad marginal descontada.

¿Y cuál es el límite mínimo? Para averiguarlo añadamos otro supuesto a nuestro ejemplo. Imaginemos que el trabajador del agricultor cobra un salario de 500 euros; en cambio, otro trabajador de la finca adyacente percibe 300 euros por una labor similar. Si el agricultor cree que éste es capaz de proporcionar el mismo rendimiento, lo contratará por un salario ligeramente superior (pongamos 310 euros) y despedirá a aquél. Así, podemos decir que el límite mínimo del salario viene determinado por la remuneración más baja de entre aquellos trabajadores que el capitalista cree que van a proporcionarle un mismo servicio. O, dicho más técnicamente, el salario del trabajador marginal.

Entre estos dos límites, productividad marginal descontada y el salario del trabajador marginal, se fijarán los salarios.

El papel del capital

Antes de continuar tenemos que referirnos brevemente al papel del capital. Ya hemos dicho que los empresarios tendrán que adelantar el salario a los trabajadores con cargo a los ahorros. Por tanto, la duración del proceso productivo quedará constreñida por las disponibilidades de ahorro. Si, por ejemplo, un capitalista dispone de 10.000 euros y cada mes tiene que pagar 1.000 a su trabajador, el período de producción no podrá ser superior a 10 meses. En caso contrario, el empresario se hallará en suspensión de pagos y no podrá pagar al trabajador.

En principio, pues, parece conveniente que los períodos productivos no sean demasiado duraderos; cuanto más cortos, mejor. No obstante, ésta es una idea primaria y equivocada, ya que se da la circunstancia de que a mayor duración del proceso productivo, mayor productividad. Por ejemplo, si antes de empezar a cultivar el trabajador se dedicara a fabricar un tractor, el período productivo se incrementaría (por la construcción del tractor), pero la producción final también sería más elevada.

Así pues, aunque sería preferible que los períodos productivos fueran muy duraderos, éstos vienen limitados por la cantidad de ahorros.

Por qué el capitalismo enriquece al trabajador

Después de esta exposición nos será más sencillo entender de qué manera contribuye el capitalismo a enriquecer a los trabajadores. Bajo el sistema capitalista el capital se vuelve cada vez más abundante con respecto al trabajo. Es decir, el trabajo se vuelve relativamente más escaso con respecto al capital.

Esto se traduce en dos efectos sobre los límites de determinación de los salarios. En cuanto al límite máximo, hay que tener presente que el incremento del capital (esto es, de los ahorros) permite extender el período productivo y, por tanto, los beneficios. Si esto es así, el límite máximo en la determinación de los salarios aumentará (cuanto mayor sea la productividad marginal descontada del trabajador, mayor podrá ser su salario). En nuestro ejemplo, si la producción del trabajador pasa de estar valorada en 10.000 euros a 20.000, el salario máximo al que éste podrá aspirar ahora será el valor presente de los 20.000 euros.

En cuanto al límite mínimo, esto es, el salario del trabajador marginal, también se verá sometido a incrementos. Cuanto más abundante sea el capital, mayor será la productividad de todas las ocupaciones de la sociedad. Así, los perceptores de salarios más bajos verán incrementada su remuneración, lo cual, además, servirá para incrementar el límite mínimo del resto de trabajadores. Trasladándolo a nuestro ejemplo: si el trabajador de la finca adyacente pasa a cobrar 350 euros, en lugar de 300, el salario del trabajador de nuestra huerta se ubicará entre 350 y 500 (y no entre 300 y 500, como antes). Es decir, el trabajador ganará poder de negociación.

No sólo eso: supongamos que, por esa misma acumulación de capital, los beneficios en nuestra finca, al introducir un nuevo trabajador, se incrementaran en 400 euros. Queda claro que estaríamos dispuestos, en este caso, a contratar al trabajador del campo vecino ofreciéndole una cantidad que se ubique entre 350 y 400 euros. Por tanto, o bien el otro agricultor le paga más de 400 euros o, finalmente, lo contrataremos nosotros.

Vemos, pues, que bajo el sistema capitalista ambos límites, máximo y mínimo, tienden a expandirse, y así también el salario (en tanto se ha de contener necesariamente entre esos dos límites).

Conclusión

Bajo el sistema capitalista (caracterizado precisamente por la acumulación de capital) el trabajo se va volviendo relativamente más escaso con respecto al capital. Ello significa que su utilidad –y por tanto su salario– es cada vez mayor. Cuanto mayores sean sus usos alternativos y mayor sea el valor de éstos, más elevada será la remuneración del factor trabajo.

La crítica de la izquierda carece por completo de fundamento. Sólo un sistema basado en la propiedad privada y la iniciativa empresarial es capaz de incrementar el nivel de vida de los trabajadores.

Las políticas intervencionistas, como analizaremos en el próximo artículo, son del todo pérfidas y dañinas para el interés de los trabajadores. Es decir, como siempre, la izquierda reprime a quien dice defender. Nada nuevo bajo el Sol.

Montilla amenaza pero no da soluciones

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando un alto burócrata del gobierno “pide” a una empresa privada que modifique sus precios no es el mismo tipo de consejo que usted pueda darle a un amigo. En el último caso, usted da el consejo desinteresadamente, y su amigo, si quiere, lo acepta o no sin represalias por parte de nadie. Sin embargo, cuando el gobierno da consejos, si no se cumplen, habrá consecuencias graves. Esta es una de las estrategias que suele seguir, por ejemplo, el Banco de España. Envía consejos a los directivos bancarios. A veces no se toman en cuenta porque tomar esa medida significaría perder clientes. La reacción del “policía bancario” es crear inspecciones para escarmentar al inspeccionado haciéndole perder dinero y tiempo. Así trabaja el burócrata contra la gente.

La regulación hace que las empresas trabajen, no para el cliente, sino para el inútil y obsoleto ente burocrático. Cuando la economía adolece de algún “problema” la solución no es más intervención, eso sería complicar el problema.

Una solución idónea para reducir el precio de la gasolina sería eliminar todos los tributos a los combustibles (casi el 60% del precio de la gasolina son impuestos en España). Pero Montilla ha dado la típica excusa de técnico mediocre: “es que eso es muy difícil por…”. Imagínese que el consumidor de una empresa privada deja de comprarle porque considera sus precios altos. ¿Serviría de algo que el presidente de la compañía dijera que no pueden bajar los precios porque los tecnicismos lo impiden? Evidentemente que no. Los consumidores se irían a la competencia sin importarle las excusas de la empresa. El fin de una empresa privada es servir a su consumidor, si el cliente está contento la empresa también porque así ganará más dinero. Así funciona el Capitalismo.

Lo que no entiende Montilla es que a los españoles poco nos importan los problemas que pueda tener él para eliminar los impuestos a la gasolina. Por eso, él como un sicario, prefiere amenazar a empresas (y a los trabajadores de esas empresas) para que reduzcan su margen y pongan en más apuros al mercado laboral del sector energético.

Pero hay más. Montilla se cree un gran empresario del sector, por eso se permite el lujo de dar “consejos” a las petroleras de cómo han de gestionar su negocio. Les ha dicho que profundicen en la modernización tecnológica mediante el aumento de inversiones en el área de refino e investigación y desarrollo (I+D). Exxon, a mediados de los ochenta, decidió invertir en energía renovables gastando hasta 1.000 millones de dólares; los resultados fueron nefastos y Exxon dijo que no volvería a pasar por eso otra vez. La empresa lo intentó, pero su cliente (el consumidor final como usted o yo) le dijo clara y abiertamente que ese no era el camino. Un político, como Montilla, puede amenazar y aprobar las leyes que quiera contra la industria petrolera y la sociedad para conseguir su plan divino, pero eso no hará un mundo mejor, sino que directamente acabará con ese sector aumentando los costes y encareciendo a la larga, más aún, el precio del producto final.

Señor Montilla, la solución es muy fácil. No intervenga nada en la economía y todo irá mejor. Deje de amenazar a las empresas y particulares y tome una solución real para los españoles: desregule totalmente el sector de la energía; elimine todas leyes supuestamente ecologistas, eso interesa a los políticos y a los histéricos grupos de presión, no al padre de familia que no llega a final de mes o al empresario que ve aumentar sus costes sin parar por culpa del intervencionismo estatal; elimine todos los impuestos a los combustibles; y sobre todo, tómese unas largas vacaciones y no haga nada; su trabajo nos hace perdedores a todos.

Bajos costes, altas tasas

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

La consigna es de una claridad meridiana: si un tren se accidenta en Inglaterra es por culpa de la privatización de los servicios ferroviarios; en cambio, si el tren se accidenta en Francia, en Alemania o en España, se debe a una mala jugada del destino que se solucionará con mas inversiones públicas. Así, cuando una unidad 125 de la Alta Velocidad británica se estrelló a la entrada de una estación londinense en 1997 causando 6 víctimas mortales todos se echaron la mano a la cabeza acusando a Margaret Thatcher de ser la responsable del desastre. Un año después, el tren de alta velocidad alemán, conocido como ICE, descarriló en un pueblo de la Baja Sajonia y se llevó por delante, además de un puente, la vida de 103 personas. Entonces no pasó nada. Nadie culpó a la Deutsche Bahn, empresa que gestiona los ferrocarriles alemanes, de la tragedia y, naturalmente, nadie puso en duda la titularidad pública de la misma. Todo lo más que hicieron los poderosos sindicatos de la elefantiásica DB fue pedir más dinero al contribuyente para garantizar la seguridad de las líneas, especialmente de las de alta velocidad, agujero negro por donde se van cantidades ingentes de dinero público.

Son los dos raseros con los que se mide un accidente y, a pesar de chocar la comparación, se siguen aplicando sin rubor. Este verano hemos asistido a tres accidentes aéreos de las llamadas líneas de bajo coste. A cada uno le ha sucedido idéntica letanía: los vuelos baratos son inseguros, los propietarios de estas empresas son unos avariciosos que juegan con la vida de sus clientes y, el corolario final e inevitable, si no se interviene ya mismo y se les prohíbe volar en los próximos años habremos de lamentarnos de más y más víctimas. ¿Qué hay de cierto en ello? Nada, absolutamente nada. Las líneas aéreas de bajo coste tienen los mismos accidentes que las demás, es decir, pocos, casi ninguno si tenemos en cuenta la cantidad de operaciones diarias en todos lo aeropuertos del mundo. De hecho, las principales low cost europeas, aerolíneas como Easy Jet, Ryanair o German Wings, jamás han sufrido un accidente aéreo y eso que, para ser rentables, han de tener sus aparatos continuamente volando. Eso, claro, no se dice, y se oculta también que los aviones más siniestrados suelen ser los transportes militares, de gestión o contratación pública.

El hecho es que, gracias a estas aerolíneas, campeonas de la eficiencia que contienen sus costes operativos hasta el extremo, millones de personas alrededor del globo pueden hacer ahora algo que antes les era, simplemente, imposible: volar. En Europa, en concreto, las compañías de vuelos baratos se han reproducido como hongos. Las contenidas dimensiones del continente y la política de cielos abiertos auspiciada desde Bruselas ha posibilitado que Madrid y Colonia se encuentren a sólo 19 euros de distancia o que viajar de Londres a Roma sea más económico que tomar un taxi en la ciudad de Támesis. Ser eficientes y, como consecuencia, llevarse a los clientes de calle les ha puesto en contra a muchas de las antiguas compañías europeas de bandera. Las Air France, Alitalia o Iberia no escatiman diatribas e insidias contra sus competidoras, simplemente porque lo hacen mejor que ellas. Luego, sin que se note demasiado, se encargan de imitarlas con desigual fortuna.

Los enamorados del Estado máximo y de los monopolios públicos se han aprovechado de la corriente y afilan sus dientes contra el emprendedor que procura, por encima de todo, hacerse rico sirviendo a sus clientes. Lo primero que sale de su boca es la vieja cantinela ecologista que culpa del calentamiento global al aumento del tráfico aéreo. Eso, lógicamente, no llega al corazón de los viajeros por lo que afinan sus argumentos recurriendo al bolsillo. Dicen que los precios no son tan bajos, que se trata de ofertas que sólo son válidas para un par de asientos. Cierto, los precios de salida son los que son, demasiado bajos, pero no lo es menos que si ahora hay dos plazas a 20 euros antes no había ninguna. Eso prefieren omitirlo. El otro caballo de batalla es la seguridad. Piden más inspectores, más funcionarios y más tasas para mantener a raya a esos “piratas” aéreos. Con tanto lloriqueo y una sostenida campaña en Bruselas a favor de sus intereses lo están consiguiendo. No es extraño ver en el desglose de un billete que las tasas son mayores que el precio del vuelo. La próxima vez que tome un avión fíjese bien dónde va su dinero, se sorprenderá al constatar que una buena parte va a parar a ociosos organismos oficiales. ¿Quién es el avaricioso?

Contra el coche y el ser humano

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Por otro lado, sin embargo, la izquierda ecologista insta al hombre a que abandone el uso de su razón. El ser humano debe vivir "en armonía" con la naturaleza, guiarse por sus instintos y, en consecuencia, no modificar el medio para adaptarlo a sus necesidades. Un canto al irracionalismo que, por ejemplo, fue denunciado en la Declaración de Hilderberg, donde se calificaba al ecologismo de "ideología irracional que se opone al progreso científico e industrial e impide el desarrollo económico y social".

Con todo, si nos fijamos, en ambos casos se exige al hombre que se pliegue ante fuerzas superiores contrarias a las decisiones que tomaría haciendo uso de su razón. En realidad, pues, tanto el hiperracionalismo planificador comunista como el ecologismo son dos especies del mismo género de irracionalismo. El abuso de la razón no tiene nada de racional; más bien al contrario, se trata de una pretensión por el conocimiento inexistente, de una completa ignorancia acerca de los límites de la propia razón.

Al fin y al cabo, tanto el comunismo como el ecologismo destruyen el progreso económico: el primero, porque elimina la propiedad privada y, con ello, el fundamento de la riqueza y del bienestar; el segundo, porque restringe los usos que puede darse a la propiedad privada y porque se opone al progreso científico.

Un buen ejemplo del irracionalismo ecologista lo encontramos en el famoso y fracasado "Día sin coches", esto es, en la ofensiva contra uno de los más claros símbolos del bienestar occidental y de la globalización.

Si nos detenemos a pensar en qué consiste la tan mentada globalización entenderemos que, en última instancia, significa que la acción humana se encuentra menos constreñida por las distancias físicas. El trabajo y las mercancías se trasladan de un lugar a otro con mayores facilidades. El empresario estadounidense ya no tiene que servir exclusivamente a sus conciudadanos, sino que puede vender en Europa o en China. El trabajador polaco no tiene por qué quedarse en su país, donde los sueldos son más reducidos que en Alemania.

Todo ello se debe, claro está, a unos sistemas de transporte y comunicación más eficientes, que permiten a los individuos abastecerse de aquello que necesitan en un tiempo mucho más corto. Los trenes, los caminos, los aviones, los barcos, las líneas telefónicas o internet permiten una inmediata comunicación y un veloz transporte.

Sin embargo, el coche emerge como una muestra palpable, visible y clara de los beneficios del capitalismo y de la globalización. El automóvil permite a cada individuo experimentar directamente y por sí mismo los sentimientos de libertad y de progreso. Un ciudadano puede no entender cuáles son los beneficios de unos trenes o camiones más veloces, en tanto que la provisión de mercancías en los supermercados parece algo automático. En cambio, es obvio que todo el mundo siente que el coche le permite desplazarse allí donde quiera y cuando quiera. No necesitamos perder ingentes horas de nuestra vida en acudir al pueblo de al lado; no tenemos por qué trabajar en el mismo vecindario; podemos acudir a las zonas festivas aun cuando se encuentren a kilómetros de nuestra vivienda.

Esta sencilla pero fundamental autonomía ha convertido el coche en objeto de culto y veneración para muchos individuos. Quieren coches más rápidos, más seguros y más bellos. Para el ciudadano occidental, el coche –junto con la comida, el vestido, la vivienda y, en cierto modo, la televisión y el teléfono– es uno de los elementos más importantes de su vida. Piensen, simplemente, en cuáles son los primeros bienes que casi todo el mundo intenta adquirir: sin duda, el coche está entre ellos.

No sólo eso, el automóvil es un producto de la ciencia y de la razón humana, usadas para mejorar la vida de los demás (a diferencia de lo que ocurre con el hiperracionalismo socialista, esto es, la razón empleada para destruir la existencia del hombre). Un producto en apariencia elitista pero que, gracias a los métodos de producción capitalistas, se ha conseguido extender a las masas.

En otras palabras, el coche es un producto de la razón y del capitalismo que amplía la capacidad de elección del ser humano y, por tanto, su felicidad.

Precisamente por todo ello, el milenarismo irracional ecologista ha situado siempre el automóvil en el centro de sus críticas. La ofensiva no proviene solamente del Día sin Coches, también de varios impuestos, dirigidos a aminorar su uso (matriculación, circulación o sobre hidrocarburos), encareciendo y alejando de las masas un bien que el capitalismo había generalizado. Las excusas son variadas –la contaminación y el calentamiento global, la histérica escasez del petróleo o su superior siniestralidad– y a la postre irrelevantes.

Los enemigos del automóvil –que a su vez son enemigos de todo lo que el automóvil representa: la ciencia, la razón, el capitalismo, la autonomía y el bienestar– insisten en que debemos cambiar nuestros hábitos y nuestra vida. El transporte público y las bicicletas han de situarse en la vanguardia.

No voy a ser yo quien diga, y mucho menos imponga, a los demás qué medio de transporte es el más adecuado para sus vidas. Mucha gente considera más sano desplazarse en bicicleta, incluso disfruta haciéndolo. Es algo totalmente comprensible y lícito: cada persona tiene unos fines, y para satisfacerlos selecciona los medios más adecuados.

El problema es que, por ese mismo razonamiento, tampoco tiene sentido imponer el uso de la bicicleta a todas aquellas personas que prefieren el coche. Repito: cada cual tiene libertad para seleccionar los fines que juzga más adecuados. Puede que una persona prefiera dormir media hora más cada día en lugar de pedalear hasta su trabajo, por muy saludable que sea este hábito. Es más, ¿se imaginan la bicicleta en un día lluvioso? ¿Se imaginan utilizar la bicicleta para cargar la compra semanal, llevar a los niños a la escuela o trasladar a un familiar al hospital?

Así mismo, es evidente que el desmedido clamor por el uso del transporte público tiene mucho de pulsión colectivista. Primero, decenas de personas se apilan como ganado en un mismo compartimiento. Segundo, el individuo pierde la capacidad de adaptar el medio de transporte a sus gustos (no podemos decorar el metro, ni poner la música que nos gusta por los altavoces). Tercero, la autonomía del automóvil no es comparable a la del medio de transporte de masas; por mucho que las rutas mejoren, es evidente que ni los trenes, ni los autobuses, ni los metros serán capaces de dejarnos "en la puerta" de nuestro destino. El transporte colectivo, por su propia naturaleza, se dirige hacia puntos comunes y de tránsito. Sólo a través del transporte individual (pies, bicicleta, ciclomotor o coche) somos capaces de trasladarnos desde esos puntos de encuentro hasta nuestros destinos particulares. Y cuarto, el transporte colectivo también reduce la privacidad e intimidad de la que podemos gozar en un automóvil: nos expone a la mirada de todos los acompañantes.

Desde luego, el transporte público puede ser muy útil (especialmente cuando la construcción de carreteras sigue siendo una tarea del Estado y, por tanto, los atascos son harto frecuentes), pero debe tratarse de una elección libre, no de una imposición moralizadora.

Afortunadamente, todos estos motivos han provocado que el Día sin Coches se convierta, año tras año, en un rotundo fracaso. Puede que una parte de la población, haciendo alarde de progresismo y "conciencia social", afirme estar de acuerdo con sus reivindicaciones últimas. Pero al final la retórica se consume entre las llamas de la necesidad. De la misma manera que nadie está dispuesto a renunciar a la lavadora o al frigorífico, el coche constituye un elemento indispensable para nuestra vida cotidiana. Eliminarlo supone un frontal ataque a nuestro bienestar y a nuestra autonomía; la mayoría de la población sigue negándose a suicidarse.

Quizá por ello, las Administraciones –como representantes de un interés colectivo que a nadie interesa– imponen su práctica cortando a la circulación los centros de la ciudad. Desde luego, esto sirve para ilustrar cómo la propiedad pública de las calles provoca comportamientos despóticos y caciquiles que, en algún momento, podrían empeorar (por ejemplo, todas aquellas leyes dirigidas a prohibir intermitentemente la circulación de los coches con matrícula par).

Vemos cómo los ecologistas no dudan en moralizar al mundo a golpe de pistola, es decir, utilizando la omnipotencia estatal para prohibir y restringir el uso del coche. No son equivocados predicadores que pretendan convencer a la sociedad de que tiene que cambiar de costumbres; lo suyo no es la persuasión, sino el uso de la fuerza.

Tengamos presente que, como hemos dicho al principio, esta ofensiva contra el automóvil es sólo un caso paradigmático de la hipocondría ecologista que recorre Occidente. Sus objetivos, en realidad, van más allá. Estamos ante una embestida contra la ciencia, la razón, la libertad y la idea misma de ser humano.

El ecologismo puja por reducir la ciencia a un catastrofismo milenarista al servicio del poder político, por impedir el uso de la razón para la satisfacción de las necesidades del individuo, por impedir la elección y el uso de los mejores medios para alcanzar nuestros fines y por subordinar al género humano a la naturaleza.

Practicando el irracionalismo más disparatado, los ecologistas pretenden que el hombre se coloque al servicio de las plantas, los insectos, las ranas o las bacterias. Como dijo Al Gore, no queda claro que la vida humana posea un valor superior al de los árboles. De hecho, muchos ecologistas ya han decidido que tiene un valor incluso inferior. El ataque contra el coche representa un ataque contra nuestro modo de vida y nuestra naturaleza humana. Un claro síntoma de la terrible enfermedad intelectual llamada "ecologismo".

El silencio de los consumidores

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

El culebrón económico del verano ha sido el bloqueo de los textiles chinos, almacenados en los puertos europeos sin poder llegar a su destino. Ropa que llenaría las tiendas del ramo de productos más baratos que los actuales, para gozo y disfrute de los consumidores de nuestro continente. Sin embargo, en las noticias que veíamos en la televisión contemplábamos las protestas de los productores locales de textil por la competencia china, pero jamás las protestas de los consumidores y sus asociaciones porque se les prohibiera consumir. Y es que jamás se ha visto ninguna protesta de las organizaciones de consumidores por los aranceles y las cuotas a los productos extranjeros, cuando son una de las principales causas de precios elevados de mucho de lo que consumimos.

Si vemos las notas de prensa de la OCU, la más conocida asociación de consumidores, veremos que durante el verano se ha mostrado tremendamente preocupada porque las compañías de móviles cobren por segundos en lugar de por fracción de minuto, y hasta por el elevado precio de las palomitas en los cines. Pero con respecto a las decisiones políticas que elevan artificialmente el precio de la ropa que llevamos no encontramos más que el silencio absoluto.

Las notas de prensa de la CECU hacen notar sus vacaciones de verano, puesto que parece que en agosto los consumidores no existan, además de la ausencia de menciones. Eso sí, como sucede con la FACUA, mucha preocupación por los transgénicos, pese a que no se tengan noticias de que hayan provocado nunca problema de salud alguno. Esta asociación parece ocuparse mucho más de los graves riesgos de… ¡Gmail! Tampoco CEACCU, ASGECO, HISPACOOP, UNAE o FUCI parecen preocupadas en lo más mínimo.

Y es que las organizaciones españolas se inquietan mucho por lo que puedan hacer las empresas y muy poco por lo que puedan hacer los gobiernos. Pertenecen a la escuela de Ralph Nader, el político americano de extrema izquierda que inició su carrera escribiendo el libro “Unsafe at any speed”, en el que un coche llamado Corvair provocaba sus ataques por su gran inseguridad. Nader logró que se prohibiera el coche, pese a que investigaciones posteriores del gobierno no mostraron que fuese un automóvil especialmente peligroso en comparación con sus coetáneos. Ese libro y la campaña que le siguió le convirtieron, sin embargo, en el más famoso “defensor de los consumidores”. Sin embargo, cuando publicó el libro las víctimas por accidente de coche estaban cayendo dramáticamente, sin que Nader ni las regulaciones posteriores inspiradas por él y los suyos marcaran demasiada diferencia.

La defensa de los consumidores, desde entonces, consiste en reducir las opciones de los mismos a las que ellos consideren apropiadas. El propio Nader llegó a escribir que “el consumidor debe ser protegido a veces de su propia indiscreción y vanidad”. Las organizaciones españolas parecen seguir ese modelo, y como para prohibir opciones a los usuarios necesitan del gobierno y la Unión Europea, no parece que las acciones de éstos en contra de los consumidores vayan a ser nunca blanco de sus ataques.

Chanchullos políticos, pérdidas totales

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Primero pongámonos en situación. La política de Kirchner en Argentina se caracteriza por el intervencionismo feroz: impone tarifas e impuestos, precios máximos, leyes contra el comercio y la sociedad, multas, crea crisis energéticas, hace aumentar la incertidumbre financiera. Incluso consiente abiertamente la violencia callejera. Esta situación ha creado la continua retirada de grandes empresas del país. La última víctima ha sido Aguas de Argentina.

Después de largas negociaciones infructuosas y del uso de una política de desgaste por parte del gobierno, Kirchner ha logrado que los principales accionistas de Aguas de Argentina se retiren del país: la empresa francesa Suez y la española Aguas de Barcelona (Agbar). Suez (que es el primer proveedor de energía y servicios industriales de la Unión Europea, décimo productor de electricidad del mundo, sexto operador de gas europeo y segundo en agua y tratamiento de residuos) dice que el intervencionismo político es inaguantable; se va de Argentina. Agbar hará lo mismo que Suez (ya que Suez es el primer accionista, indirectamente, de Agbar). Ante la desastrosa política de Kirchner y su incumplimiento de contrato, Suez probablemente presentará una demanda contra el gobierno argentino por 100 millones de dólares. Sí, el intervencionismo provoca estos resultados.

¿Y qué tienen que ver aquí los impuestos de los españoles? Kirchner y Zapatero se encontraron en Nueva York a razón de la última Asamblea de Naciones Unidas. El presidente argentino aprovechó para pedir a Zapatero que interviniese en la disputa para que Agbar no abandonase Aguas de Argentina. Kirchner también quería hablar con Dominque Villepin, primer ministro francés, pero éste, con razón, no lo recibió. Según dijo Villepin, el conflicto empresarial entre Suez y el gobierno argentino no es incumbencia del estado de Francia.

Zapatero, que antepone su esnobismo y amistades personales al dinero de los españoles, podría adquirir una participación de Aguas de Argentina a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). ¿Y qué significa esto? Que el estado español se dedicaría a regalar el dinero al gobierno argentino para mantener un mercado politizado, rígido e ineficiente. El agua en Argentina es necesaria, sin duda, pero la peor manera de gestionarla es manteniendo intromisiones políticas que sólo llevan a la miseria de todos, de argentinos y posiblemente de españoles también.

Lo que tendrían que preguntarse políticos como alias “Factor K” y “ZP” es por qué Suez y Agbar quieren irse corriendo de Argentina, y también, por qué Agbar se va a retirar de casi toda América Latina (Uruguay, Colombia, Brasil, México y Cuba) debido a las fricciones con los gobiernos locales, es decir, debido al intervencionismo.

No hace falta ser un genio: el intervencionismo causa pobreza. Piensen por qué Agbar sólo quiere permanecer en un solo país de América Latina, Chile, curiosamente el país más liberal de toda la región. ¿Tal vez la libertad de mercado, aunque discreta, es la única que nos asegura el bienestar y riqueza? Las evidencias hablan por si solas.

Corporativistas frente al mercado

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Es opinión común que los profesionales llamados liberales engloban a la amplia red de particulares que ofrecen con riesgo bienes y servicios al mercado a cambio de una remuneración, prefiriendo en su inmensa mayoría que el Estado no se entrometa demasiado en sus asuntos sin esperar de éste ninguna clase de favor. Pero abogados, notarios y contables en España, de entre el conjunto de tales profesiones, siguen perseverando en la opacidad y el privilegio para sus actividades.

Desde comienzos de Septiembre, la Comisión Europea señala a nuestro país como uno de los miembros de la UE que menos ha avanzado en la supresión de obstáculos que favorezcan la competencia en beneficio de los consumidores. Hay que señalar la importancia de los profesionales: generan el 8% del Producto Interior Bruto de la Unión y el 6,4% del empleo.

Las objeciones que plantean los corporativistas españoles son triviales, por no decir paupérrimas. Señalan que aunque desean participar en la mejora de la competitividad española, entienden que deben buscarse otras soluciones más “creativas” además de que ellos trabajan sobre conceptos sensibles difícilmente entendibles por las leyes del mercado.

Para el caso de abogados y expertos contables parece que hay un mayor avance en la aceptación de reglas que multitud de profesionales por cuenta ajena interiorizan cada día de su devenir laboral. Los abogados se muestran diligentes hacia Bruselas y los contables aceptan la liberalización a cambio de asegurar ciertos estándares de calidad.

No obstante, llama la atención el rechazo frontal de unos notarios que pretenden “excluir las actividades notariales públicas del conjunto de las actividades económicas, y por tanto de la noción misma de empresa”. Esta opinión (aunque sea aguantada por el Tribunal de Justicia Europeo y la propia Comisión) es difícilmente razonable cuando cualquier notario anuncia sus valiosísimos servicios a través de un gran rótulo a pie de calle, contrata y despide técnicos cuando le conviene y admite que cualquier ciudadano acuda al notario que le apetezca, aunque no sea él mismo. Una cosa es la imprescindible función del fedatario público, con sus cautelas y excepciones, al servicio de la seguridad jurídica de todos (el sistema continental sigue siendo superior al anglosajón) y otra cosa es que una notaría no contenga elementos propios de empresa afecta a aspectos relevantes de la economía de mercado.

Los consumidores pueden comprender un monopolio pero no la exclusividad monopolística de todas sus funciones. Dice Mises en “La Acción Humana” acerca de la armonía y conflicto de intereses: “Es cierto que el precio del monopolio, no el monopolio por sí, hace contradictorio el interés del consumidor y el del monopolista. El factor monopolizado deja de aprovecharse tal y como los consumidores quisieran. El interés del monopolista prevalece sobre el de éstos; en este campo se desvanece la democracia del mercado. Ante la aparición del precio del monopolio desaparece la armonía de intereses y se contraponen los de los distintos miembros del mercado”.

Algunos de los denominados liberales en su oficio recuerdan por su actitud el lema que pregonan los sustentadores de la dictadura china: un país, dos sistemas. La nación está en su bolsillo y exprimen todas las posibilidades privadas y públicas.

Más mercado, menos abusos

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta semana la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una demanda contra los operadores de telefonía móvil (Vodafone, Movistar y Amena) por el redondeo que aplican a sus tarifas, que, según la OCU es: una práctica abusiva.

Evidentemente, si le pregunta a cualquier consumidor si las operadores aplican “tarifas abusivas”, le dirá sin pensárselo dos veces que sí. Si le pregunta si el precio del pan es abusivo, la respuesta será la misma: sí. Y si le pregunta que el precio del café es abusivo, también le dirá lo mismo. Y es que es totalmente lógico que el consumidor siempre quiera pagar el precio más barato. Y por otra parte, también es lógico que el oferente siempre quiera aplicar el precio más caro.

La OCU no tiene ninguna superioridad moral como para acusar a una empresa, o a cualquiera, de ser “abusivo”. Más bien la que está abusando de su poder es la propia OCU que reclama usar la fuerza, con la ayuda del estado, contra estas compañías gastando más dinero del pagador de impuestos, poniendo en peligro puestos de trabajo y reduciendo los ingresos de las compañías de las que dependen accionistas, empleados, proveedores, acreedores, etc.

Pero lo que sí es cierto es que en España sólo hay tres operadoras en el mercado y esto puede causar la sensación que somos “clientes cautivos”, esto es, que los consumidores hemos de pagar más de lo que consideramos razonable por la falta de alternativas (algo que no acaba de ser cierto porque sino no pagaríamos y llamaríamos desde una cabina). Algunos le dirán, incluso, que es un fallo de mercado; pero lejos de aquí, a lo que estamos asistiendo es a un fallo del estado.

Lo que nos hemos de preguntar es, ¿por qué no abrir el mercado de las telecomunicaciones y dejar que entre y salga todo aquel que quiera? ¿Qué sentido tiene que el estado tenga que convocar concursos para conceder licencias de telefonía? ¿Es que si hay más de tres operadores aumentarán los crímenes? ¿La sociedad se descompondrá, o la economía se hundirá? ¡Evidentemente que no! Todo lo contrario: nacerán pequeñas, medianas y grandes empresas de telecomunicación, se creará más empleo, se fomentará de forma libre y natural la competencia que se traduce en precios más baratos, las malas operadoras que no satisfagan al consumidor se irán del mercado para destinar sus esfuerzos en otros ramos productivos que la sociedad valore más. ¡Abriendo totalmente el mercado sólo habrá ventajas!

Si el estado no controla ni exige dinero para lo que cada uno es libre de hacer, no nos harán falta organizaciones histéricas que presuntamente nos protegen.

A organizaciones como la OCU no le interesan los derechos de la sociedad. Los mandatos que consigue imponer por medio del estado pueden parecer que benefician al consumidor (algo bastante dudoso), pero usted también es empresario, o empleado de alguna empresa, o autónomo… Como el gobierno, por culpa de alguna organización de presión, le ponga trabas a su negocio (ya sea empresario o empleado) las consecuencias las va a pagar usted aunque mantenga muy contento a su cliente. Organizaciones como la OCU se dedican a imponer costes innecesarios a las empresas, y eso significa la liberación de cierto tipo de recursos para el tejido productivo de la economía como despidos o reducciones de beneficios

Lo único que le interesa a OCU es hacer estas manifestaciones para salir en los medios de comunicación y así justificar su sueldo. No tenemos porque complicar las cosas para que funcionen, más bien al revés: las economías con multitud de leyes, hasta el punto de contradiciéndose; con restricciones; o fuertemente intervenidas sólo crean el caos económico. La única práctica abusiva de verdad es querer distorsionar la estructura natural de la producción con falsas razones morales usando la ley y el castigo contra todos en lugar de abrir el mercado y dar total libertad a oferta y demanda. El libre mercado y el Capitalismo, son nuestro mejor defensor de facto.

Atar los precios de la gasolina

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Todo el mundo está pendiente del petróleo. La recuperación mundial y el crecimiento de China han desbordado la capacidad de extracción y refino. La situación política de varios productores, las dudas en torno al dólar; nada ayuda. Y como siempre que un bien comúnmente utilizado eleva su precio, surge la tentación de ponerle un límite. El Estado de Hawai impondrá un precio máximo a uno de sus derivados, el combustible para vehículos, a partir del primero de septiembre. No es el único sitio ni el más importante. China da un paso atrás en sus reformas, y ha tomado la misma medida.

Todo ello es absolutamente sorprendente. Porque desde las primeras civilizaciones se han puesto límites a los precios que se hubieran acordado libremente en la sociedad, una medida que se ha repetido en el bajo Imperio Romano, en la Edad Media, en la Alemania de Hitler… No ha habido época sin ejemplos de controles de precios y siempre con los mismos resultados nefastos. Hoy, además, contamos con la teoría económica, que nos describe los efectos que se producen cuando se limita el precio que pueden acordar los agentes en el mercado.

El precio libre llega al de equilibrio, que es el que vacía el mercado. Es decir, es aquél al cual los vendedores venden todo lo que querían vender y los compradores adquieren todo lo que quieren comprar. Si se impone un precio máximo, los oferentes marginales retiran su oferta del mercado, con lo que la primera virtud del precio de equilibrio no se cumple. Y muchos consumidores quedan insatisfechos porque la oferta es ahora menor, y porque, al precio fijado, hay nuevos consumidores que desean ese bien. Pero este es solo el primer efecto, luego se retira la producción marginal para un mercado que ahora es menos remunerador. Los factores que tienen usos alternativos se desvían a otros sectores y a otras áreas que no están condicionadas por los controles de precios.

Si los productores creen que los controles de precios son efectivos y permanentes, acaban sacando al mercado lo almacenado, lo que agravará la situación más adelante. Eso ocurre con los combustibles, tras haber pasado por el refino. Pero la situación con el petróleo es diferente, ya que su coste de almacenamiento es mínimo, y el coste de no sacarlo al mercado se ha reducido, porque los beneficios que se dejan de ganar han desaparecido, en parte. Los recursos minerales se pueden retirar fácil y económicamente del mercado por largos períodos de tiempo, sin quebranto para los dueños.

El precio máximo es el mayor enemigo del consumidor, porque por un lado le promete más y por otro le niega parte de lo que antes podía adquirir.

En el caso concreto del combustible, tenemos una ilustración histórica perfecta de hasta qué punto resulta destructivo limitar el precio que voluntariamente pudieran acordar gasolineras y consumidores, y es el de Nixon en los 70. Entonces, las horas de servicio se acortaban, en proporción al crecimiento de las colas frente a las estaciones. El petróleo local se destinaba a otros usos o se vendía fuera, y el producido en el exterior, en plena crisis del petróleo, no se interesaba ya por el mercado estadounidense. La expresión vaciar el mercado adquiría aquí un sentido más literal.

En Hawai los conductores se están adelantando a la medida política; llenan los depósitos de sus coches, compran latas con combustible, en largas colas. Vuelven las escaseces y el deseado producto comienza a abandonar el mercado. No aprendemos.

Tráfico y libertad

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Algunos ilusos creen ingenuamente que los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos. Puede comprobarse la falsedad de esta creencia intentando indicar a nuestros presuntos servidores qué deseamos que hagan por nosotros y en qué preferimos que no intervengan. Se escudarán entonces en el obligado cumplimiento de los deberes legales, en normas objetivas democráticamente establecidas e iguales para todos: la ley es la ley y hay que cumplirla porque sí (o tal vez por el bien común, si alguien sabe lo que es). Normas casi siempre paternalistas, coactivas y contrarias a la libertad humana, que muestran que el legislador y su ejército de autómatas burócratas incapaces de pensar críticamente por sí mismos creen saber más acerca de uno mismo que cada persona protagonista de su vida en circunstancias particulares muy complejas. Normas arbitrarias como las leyes del tráfico y el reglamento de la circulación aplicables a todas las carreteras monopolizadas por el Estado.

Si no llevas puesto el cinturón de seguridad, porque te resulta incómodo, porque se te ha olvidado, o simplemente porque no te da la gana utilizarlo (¿tal vez por rebeldía contra el sistema?), el diligente agente de la circulación aliviará el peso de tu cartera para recordarte que es por tu bien, o por reducir los costes de la sanidad pública que debes financiar sí o sí, o por reducir las cifras de víctimas que alguien ahí fuera considera inaceptables. No has agredido la propiedad ajena, pero has osado transgredir las normas y mereces ser castigado; tal vez así te des cuenta de que los que mandan no bromean.

Lo mismo pasa si no llevas el casco en la motocicleta. No importa si viajas muy despacio por una carretera desierta admirando el paisaje. Tus preferencias personales son irrelevantes, eres un irresponsable y debes ser reprendido. Si quieres hacer el favor de acercar a su casa a una amiga de noche no puedes si no tienes un segundo casco; hay que fomentar el transporte público y colectivo. De nada sirve ir con más cuidado, la ley no considera que puedas adaptarte responsablemente a las circunstancias, son normas arbitrarias que hay que cumplir; si fueran razonables y justas el poder político no tendría ninguna gracia.

Que no se te ocurra superar el número máximo de personas en un vehículo: los que sobren que se busquen la vida. Hablar por el teléfono móvil es un gravísimo pecado, tú no eres capaz de evaluar los riesgos y de decidir si la conversación es suficientemente importante. Si quieres llevar a tus sobrinitos de paseo mejor mételos en el maletero como equipaje porque si no eres padre es poco probable que dispongas de sillas de seguridad homologadas.

Recuerda que los límites de velocidad para distintos tipos de carretera son los mismos en cualquier circunstancia, aunque no haya nadie más en la carretera a quien poner en peligro, y aunque tu coche en otro país en una carretera semejante podría ir legalmente mucho más deprisa. Si has bebido algo de alcohol eres un criminal en potencia al volante incapaz de distinguir el bien y el mal. Si no has dormido en varios días, o estás enfermo o cansado, no pasa nada si no se nota mucho.

Si tu vehículo es una vieja tartana que no mantienes adecuadamente o si tu conducción es patosa o despistada, no te preocupes: el hecho de bloquear un carril por avería o accidente y causar graves pérdidas de tiempo y dinero a miles de personas puede hacerse sin ser sancionado y sin tener que compensar a los perjudicados por tu incompetencia (paraíso de misántropos). Si pierdes el control de tu vehículo y alguna persona fallece por tu culpa, pues sólo ha sido un accidente, qué se le va a hacer, las víctimas tendrán que resignarse. Si conduces sin carnet y atropellas a alguien por no respetar un paso de peatones y lo matas lo más probable es que no te pase gran cosa, no te considerarán homicida.

El reglamento de la circulación viola sistemáticamente los derechos de propiedad y la libertad contractual, se concentra en circunstancias objetivas arbitrarias que no afectan por igual a todos los conductores, e ignora la capacidad de los individuos de adaptarse responsablemente a las circunstancias. Como me recuerda la Dirección General de Tráfico en sus campañas de propaganda, no pueden conducir por mí. Obviamente tampoco pueden pensar por mí; ni siquiera pueden pensar.