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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Las regulaciones entorpecen el bienestar

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Si abril de este año fue el mes en el que los ministros de transporte de la Unión Europea atentaron gravemente contra el mercado único al aprobar la introducción de tasas al tránsito de camiones por los países de la Unión, julio ha sido el mes de la defunción del único valor positivo que le queda a la Europa unida: su supuesto mercado interior libre. Agreguen la paralización de la directiva que pretendía liberalizar el mercado de los servicios y la transmutación del pacto de estabilidad en sólido acuerdo político para endeudarnos y robarnos poder adquisitivo siempre que se le antoje a un individuo trajeado con título de primer ministro o presidente de gobierno y reconocerán que nos encontramos ante una verdadera pintura negra.

Pero centrémonos en la expiración del mercado único. Este verano el gobierno francés se ha encargado de recordarnos que la libre circulación de capitales es una fantasía. En el país vecino el control político sobre la actividad empresarial es una prioridad política y ante esa realidad no hay mercado único que valga. No importa que el gobierno sea de un color o de otro. Tampoco importa si las empresas son estatales, privadas o mixtas. Lo que importa es que el poder político pueda meter las manos en los asuntos empresariales cuando y como le plazca. Sentencias como “el gobierno hará todo lo que esté en su mano para oponerse”, “es un atentado contra la soberanía nacional” o “hay que defender Francia y lo que es francés” fueron machaconamente repetidas por las más altas instancias del gobierno sin que nadie hubiese declarado la guerra o atentado contra ese país. La razón de esas frases propias de una situación prebélica fue el simple rumor de que PepsiCo, una solvente empresa multinacional, planeaba comprar suficientes acciones de Danone como para controlar la dirección de la empresa francesa.

Ni Chirac ni Villepin han inventado el concepto de “patriotismo económico” que tanto han mencionado con los calores del verano. Se trata de la antigua idea mercantilista, enemiga de la libertad individual, del consumidor y del progreso económico en general, que tan bien desmontaran sus compatriotas Say, Molinari, Bastiat o, más recientemente, el ministro Jaques Rueff.

Mientras estos vergonzosos sucesos tenían lugar en Francia, asistíamos al destape de unos travestís políticos en Italia. Tras los gritos a coro de “viva el mercado único y la libre circulación de capitales”, altos responsables del gobierno italiano y, en especial, el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, impedían la compra de BNL por BBVA y de Banca Antonvéneta por ABN Amro mediante el eficaz poder de presión que les proporcionan los suntuosos despachos políticos. Al menos éstos tuvieron el pudor de no vociferar que había que defender Italia. Acaso porque son menos analfabetos en asuntos económicos que sus homólogos franceses y porque conocen someramente el legado de grandes autores como Bresciani Turroni, Bruno Leoni o De Vitti de Marco que, de manera palmaria, estaban profanando. Se deban a lo que se deban las diferencias de forma con el ejecutivo galo, el desprecio por la libertad es igual de mayúsculo.

Uno de los mitos contemporáneos más extendidos consiste en afirmar que las democracias son mucho más pacíficas que las sociedades no democráticas. La realidad es que las democracias nunca se han caracterizado por su pacifismo si no permitían la libre importación y exportación de capitales. Por lo tanto, es la internacionalización del mercado de capitales de un país –sea éste una democracia o no– lo que (junto al patrón oro y a libertad de comercio y de inmigración) desincentiva las aventuras bélicas de un nación y la convierte en una sociedad pacífica. Como bien explicaron los pensadores liberales antes y después de las dos guerras mundiales, cuando los políticos impiden que los capitales se muevan libremente de un país a otro, son los tanques los que cruzan las fronteras. Por mucho que los políticos europeos nos hablen de paz, su lucha contra la libre circulación de capitales es la más viva prueba de que estamos en manos de una panda de guerreros de guante blanco.

Burocracia y precio de la vivienda

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Para la izquierda, el rápido crecimiento en el precio de las viviendas tiene un nombre oscuro y desagradable, los especuladores, y una solución, la intervención pública. El asunto de Tamayo y Sáez nos permitió ver la hipocresía de quienes, como Simancas o Luis Suárez, colectan ganancias inmobiliarias con la misma facilidad con que maldicen al infame sector del ladrillo.

Quienes citan a la especulación como culpable de nuestros males inmobiliarios olvidan que esta actividad consiste principalmente en comprar barato y vender caro. Eso significa que sólo pueden hacer su labor con éxito si los precios ya suben sin su intervención y, de hecho, al realizar su actividad, tienden a hacer subir el precio cuando éste es relativamente barato y a reducirlo cuando es relativamente caro. La especulación, en definitiva, ayuda a suavizar las subidas de precios. Además, es una explicación especialmente absurda si no se dan otros factores adicionales: si tantos especuladores hay comprando viviendas y haciendo subir los precios, la oferta debería crecer para atender a toda esa demanda, porque habría más dinero que ganar. Algo habrá que se lo impida.

Si su malo resulta no serlo, quizá la solución a todos los males que propugna el intervencionismo patrio pueda ser el verdadero culpable. El control político sobre el suelo siempre se ha citado en España como el principal causante del alto precio del mismo. Pero el problema no está sólo en que los ayuntamientos puedan decidir donde, cuando y cuanto se puede construir, impidiendo que la oferta de vivienda se amplíe para satisfacer la demanda. También está en las innumerables trabas burocráticas.

Un estudio recientemente publicado por el Cato Institute demuestra que, en Estados Unidos, hay una correlación clara entre el tiempo que se tarde en lograr los permisos para construir una vivienda y lo mucho que se eleva el precio final sobre la suma del precio del suelo y los costes de producción. Cuando se compra una casa, no se paga sólo eso sino también el coste de los permisos que haya que obtener para construirla. Dado que esos costes son difícil de evaluar, Edward Glaeser y Joe Gyourko han preferido utilizar una parte de los mismos, como es el tiempo medio que se tarda en obtenerlos. Y resulta que aquellas ciudades en las que el tiempo es mayor, también es mayor la diferencia entre el precio final con respecto a los costes totales que tendrían las viviendas sin intervención pública, esa santa venerada por la izquierda preocupada por el ciudadano.

Cabe esperar que en España la situación sea aún más exagerada. Lorenzo Abadía asegura que el precio de las viviendas en los Pirineos, pese a la mayor capacidad adquisitiva de nuestros vecinos, es un 20% más barato en el lado francés que en el español. En España, además, hay que contar con el precio del kilo del concejal de urbanismo. El elevado precio de las viviendas debido a la especulación se debe, en parte, a lo que hay que pagar bajo mano para la financiación de nuestros partidos políticos. Y esos son los que luego intervienen para salvarnos.

Los empresarios del politburó

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Durante los últimos días hemos podido asistir a un cruce de declaraciones entre los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Ambos se acusan de no disponer de la suficiente representatividad y al mismo tiempo, en sus respuestas, han intentado justificar veladamente sus funciones y su existencia.

Sin embargo, se trata de dos organizaciones que dependen directamente del poder coactivo del Estado. En el primer caso, la CEOE recibe fondos y subvenciones previamente detraídos forzosamente a la ciudadanía. Y en el segundo caso, todavía peor, las Cámaras de Comercio cuentan con una cuota especial sobre beneficios anuales que las empresas están obligadas a pagar.

La existencia de ambas organizaciones supone una prueba evidente del tipo de capitalismo que disfrutamos, un sistema burocratizado en el que las relaciones contractuales entre los agentes económicos están profundamente dirigidas desde oficinas ajenas a la realidad y apoyadas en el ordeno y mando. Este sistema entorpece la función social de los empresarios con trabas y obstáculos que hacen más difícil la realización de su labor.

En realidad, los empresarios son la fuerza motriz de toda sociedad. Su principal tarea es la búsqueda de beneficios. Pero con ello realizan una función que va más allá de la que cada empresario cree desempeñar. Pues su labor es coordinadora y a la vez creadora. Cuando un empresario cree vislumbrar un desajuste o diferencia positiva entre los precios por los que podría vender una mercancía o servicio y el precio que le costaría fabricarla u ofrecerlo, descubre una oportunidad que previamente había permanecido desapercibida por los demás empresarios. Esta oportunidad vista sagazmente reportará beneficios cuyo origen proviene de la creatividad del sujeto. Por tanto, se tratan de beneficios creados de la nada, pues provienen de la perspicacia del empresario y no de ningún tipo de explotación. Asimismo, el proceso coordinador no tiene fin ya que, al crear de la nada posibilidades de negocio se están abriendo nuevas oportunidades que una vez descubiertas crearan otras ocasiones de lucro que coordinarán. Es un proceso dinámico y continuo que debido a las marañas paralizantes del Gobierno a través, en este caso, de la CEOE o las Cámaras, se ve obligado a emprender rodeos innecesarios para hacer llegar a los consumidores los bienes que más desean.

Así, los mismos que dicen representar a los empresarios son los que obstaculizan su labor mediante la negociación y posterior imposición de convenios colectivos y cuotas sangrantes que distorsionan los intercambios libres y voluntarios que de otro modo se hubiesen llevado a cabo. El proceso ve desviada su creatividad, se pierde parte de la capacidad coordinadora y se dilapidan recursos siempre fundamentales para el bienestar de la sociedad.

Estos empresarios, en lugar de ser mandatarios de los consumidores y organizar la producción eficientemente se mueven bajo intereses políticos. Son agentes del Estado y cómplices de los gobernantes. Realizan tareas obstructoras al son del buró en lugar de creadoras propias del capitalismo, y viven a costa de los contribuyentes y de los sufridos verdaderos empresarios que sí están pendientes de las necesidades de los consumidores. Por todo ello estos organismos deberían desaparecer y sus dirigentes convertirse en verdaderos empresarios al servicio del consumidor en el mercado libre. Si pueden.

Soluciones urbanas liberales

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Soluciones urbanas liberales

El gran divulgador del liberalismo, Michael Gilson de Lemos, suele decir que antes de preguntarnos si una determinada solución liberal podría funcionar debemos enterarnos de si ya se ha aplicado o se está aplicando en algún lugar. Y en el campo de la organización urbana esto es especialmente cierto. Desde el alumbrado público, el alcantarillado y la recogida de basura hasta la policía y la educación, existe un sinfín de casos en los que la sociedad civil se ha organizado para ofrecer de manera ágil y eficiente servicios que suelen reservarse irreflexivamente a las Administraciones Públicas.

Cuando la Revolución Industrial produjo su primera explosión demográfica en el Reino Unido, muchos terratenientes descubrieron que les resultaba provechoso vender sus tierras a quienes querían construirse un hogar. Otros beneficios podían conseguirse construyendo edificios en sus propiedades para después venderlos o alquilarlos. Y aunque no estaban obligados legalmente a ofrecer ningún tipo de servicio público, la enorme competencia entre los terratenientes les empujó a ofrecer, junto con los edificios, otros servicios que hicieran aumentar el valor de sus propiedades. Según ha estudiado Stephen Davies, fue así como aparecieron calles, aceras, cloacas y alumbrado cuya financiación y gestión corría íntegramente a cargo del libre mercado. A medida que este mercado fue desarrollándose, se incorporaron nuevos servicios como la estética, la protección contra incendios e incluso la asistencia sanitaria. Todo esto no sólo producía beneficios a los terratenientes mientras satisfacía las necesidades de los consumidores de todas las clases sino que permitía una enorme flexibilidad en la provisión de estos servicios.

No importa lo frívolo o caro que pueda resultar un determinado servicio, si se respetan los derechos de propiedad sobre los que opera y se deja, por lo demás, libertad para contratar los servicios, el mercado podrá ofrecerlo. Según un estudio de Sugg y Kreuter, en Zimbabwe, por poner un ejemplo rural, se ha conseguido en la última década proteger a los elefantes con el simple reconocimiento del derecho de propiedad sobre ellos. En cambio, se consideran una especie en peligro ahí donde no se reconoce este derecho.

Otro caso curioso es el de las carreteras de peaje en la Norteamérica de hace siglo y medio que ha estudiado Daniel Klein. Incluso soportando pérdidas, las organizaciones privadas construyeron millares de millas de estas carreteras. En parte porque el gobierno no lo hacía y en parte porque eran muy útiles para los otros negocios de sus propietarios. Es decir, tomadas individualmente podían resultar un negocio ruinoso pero su servicio mejoraba sustancialmente el resultado de otros negocios.

Como ha explicado David T. Beito, cuando el gobierno británico obligó a sus ciudadanos, en 1911, a financiar los seguros sociales, nueve millones de súbditos ya estaban disfrutando de los servicios que ofrecían las compañías privadas de seguros asistenciales. La pertenencia a estas llamadas “sociedades amistosas” era estrictamente voluntaria aunque sus miembros se preocupaban muy mucho de expulsar a aquellos cuyo comportamiento era inadecuado. Obrando así se aseguraban de que la ayuda fuese a quien realmente la necesitaba y de esta manera se mantenía la confianza en el sistema. Todo esto creaba unos estrechos lazos entre los miembros que dificultaban la perniciosa dependencia a la asistencia que tanto caracteriza a los programas gubernamentales.

En resumen, no hace falta recurrir a pintorescas teorías sobre la impensable privatización de ciertos servicios públicos, basta con estudiar con detenimiento los resultados que se obtuvieron allí donde se aplicó.

La sociedad pública de los alquileres onerosos

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La próxima Sociedad Pública de Alquiler (SPA) diseñada por el Ministerio de la Vivienda es otro artefacto intervencionista frente a la propiedad privada, que gravará aún más los contratos de alquiler y probablemente generará efectos perversos entre los participantes del arrendamiento inmobiliario.

Observada la función de la SPA, es razonable pensar que una de las tácticas del intervencionismo consiste en incorporar obligatoriamente a intermediarios en el proceso de libre voluntad entre particulares y dificultar en gran medida cualquier ulterior reforma cuando esas medidas administrativas puedan devenir inoperantes.

Todo el proceso de la SPA gira en torno al pacto entre la Administración y las compañías aseguradoras sobre quién es un inquilino idóneo y la contratación imperativa de pólizas que prevean los incumplimientos de éste. A cambio de un 20 % del precio del alquiler previsto –que pagará el propietario por esa protección– el Estado se convertirá en el Gran Casero que vigilará las relaciones entre contratantes e impulsará supuestamente el mercado de alquileres como alternativa a la compraventa de inmuebles.

Sin embargo, esta iniciativa gubernamental no resulta inocua y anuncia futuras arbitrariedades, buscadas o no. Al menos pueden presagiarse tres inminentes.

En primer lugar, van a quedar previsiblemente arrinconados de la SPA numerosos ciudadanos poco fiables para el baremo asegurador: jóvenes en situación laboral inestable y familias con escasos recursos; precisamente los grupos sociales más necesitados del arrendamiento.

En segundo lugar, el arrendador-propietario acrecentará seguramente la renta que desee percibir para solventar con holgura su deuda con la SPA; además la Administración le exige contratar otro seguro que, aparte de los que tenga suscritos con anterioridad, cubre percances marginales (vandalismo, incendios) en lugar de riesgos predecibles (reparaciones por uso continuado).

Y tercer supuesto, el efecto llamada, por decirlo así, de la SPA. Aunque la disposición del Ministerio es por ahora de carácter voluntario, puede preverse un cierre de filas entre comunidades autónomas, agentes de la propiedad inmobiliaria y aseguradoras para lograr la protección del Estado ante ese emergente mercado de favores mutuos y la red clientelar que lleva consigo. Estos nuevos protagonistas captarán a través de múltiples recursos la voluntad de propietarios indecisos en la forma de arrendar su vivienda y el circuito de oportunidades para alquilar al estilo SPA quedará afianzado.

El proyecto gubernamental desconfía de una más clara solución que consistiría en que los particulares ventilasen sus diferencias en los tribunales; de ahí sus filibusterismos y contradicciones respecto de los juicios rápidos para el desahucio. Si el desahucio avanzase, desde luego la SPA sería superflua. Pero no. Antes se prefiere poner en marcha otra burocracia más que invita a actores hasta ahora ajenos a participar en el cobro de un canon por la tramitación de estos asuntos y así consolidar intereses divergentes a la solución civil de carácter privado.

El agente urbanizador no es una verdadera solución

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La reciente noticia sobre la posible ausencia de la figura del agente urbanizador (AU) en la futura Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, en contraste al anterior impulso favorable a la adopción de esta figura, puede interpretarse en clave liberal: el AU sigue siendo otro instrumento jurídico más que, finalmente, coacciona la propiedad privada y no solventa los problemas de fondo de edificabilidad en esta poblada región de España.

La Administración –según el procedimiento del AU– selecciona a un particular interesado por medio de concurso público abierto a la libre competencia y le adjudica la realización del plan urbanístico. Este AU escogido no necesita ser propietario de los terrenos. Es simplemente un empresario comprometido en ejecutar las obras de urbanización, soportando los costes correspondientes, que le serán compensados bien en solares edificables, bien en metálico por los propietarios de terrenos edificables del ámbito concreto que voluntariamente cooperen aportando sus originarios terrenos sin urbanizar. ¿Y si los propietarios afectados se oponen? Respecto al proyecto madrileño los medios de comunicación no aclaran la respuesta pero, en la ley valenciana que parece ser el modelo, los disconformes son conducidos a la expropiación de sus inmuebles.

Evidentemente, la fórmula del AU sigue limitando el derecho de propiedad, a pesar de cierto rasgo dinamizador frente a las otras tres opciones mayoritarias, también imperativas según el momento: expropiación (la Administración indemniza y ejecuta el plan), cooperación (la Administración ejecuta y pagan los propietarios) y compensación (los propietarios pagan y ejecutan ellos mismos el plan).

¿Puede entenderse el AU como un tipo de intervención aceptable para las exigencias de orden liberal; es decir, que el Estado pueda entrometerse en los bienes de los demás para crear mayores condiciones de competencia? Dice Hayek en Camino de Servidumbre: “No puede, por lo demás, afirmarse que toda renuncia a un incremento de nuestro bienestar material presente, soportada para salvaguardar la libertad, vaya a ser siempre premiada. Pero el argumento a favor de la libertad es precisamente que tenemos que dejar espacio para el libre e imprevisible crecimiento”. ¿Debemos, para el caso que nos ocupa, asegurar siempre orgullosamente el libre designio sobre nuestra propiedad o aceptamos sobre la marcha una óptima indemnización por un bien que quizá no lo vale antes de que desaparezca el plazo de pago?

Es probable que las razones por las que la Comunidad de Madrid se interroga sobre la inclusión del AU en la próxima ley atiendan a criterios de respeto a la libre propiedad, de preservar la tradición de las juntas de compensación o una mezcla de ambos criterios a la vez. Lo que sí está claro es que el propietario debe conformarse ante el AU con preferir qué tipo de sujeto enajenará coactivamente su propiedad. Sin embargo, las verdaderas soluciones son otras y permanecen aún inéditas: la imprescindible catalogación del suelo protegido y no protegido (urbanizable) y la limitación de la discrecionalidad de las corporaciones locales a la hora de calificar los terrenos de su jurisdicción, origen de múltiples abusos y encarecimientos.

Hacia un mundo “discapaz”

Escrito por Jorge Bolaños Martínez en . Publicado en Análisis diario.

A finales del pasado año, Greg Perry sorprendió con un libro que rompía su ya larga y asentada trayectoria como experto en informática y nuevas tecnologías. Perry nació con una sola pierna y con varios dedos de sus manos deformados, lo que sin duda refuerza los argumentos del autor, al tiempo que despierta el respeto hacia su actitud vital incluso entre sus oponentes ideológicos.

Con la edición de su libro Disabling America (Discapacitando America), publicado en los Estados Unidos en el último trimestre de 2004, Perry persigue dos propósitos que suscribimos letra por letra.

En primer lugar, realiza una apuesta firme a favor de las libertades individuales, frente a los centenares de páginas que contienen regulaciones inspiradas por un espíritu igualitarista que busca una ficticia y asfixiante equiparación de todos los miembros de la sociedad.

Además, advierte de los efectos negativos que las leyes igualitaristas imponen a los grupos sociales a los que se pretende proteger y de los perjuicios que esparcen por toda la sociedad y por toda la actividad económica, sobre todo en forma de cierre de negocios y de destrucción de empleo.

Perry escribió su libro indignado al comprobar que, transcurridos doce años desde su entrada en vigor, la Ley de los Americanos con Discapacidades no podrá ser jamás, como se pretendía, la solución mágica para el elevado nivel de paro de los minusválidos estadounidenses. Al contrario; esta norma, que prohíbe la discriminación contra este grupo social, y regula las condiciones laborales de los discapacitados, se ha convertido en un fuerte incentivo para que éstos abandonen en masa el mercado de trabajo y se refugien en sus casas y en los subsidios estatales.

El autor nos ofrece una emocionante narración de cómo se enfrentó, junto a su familia, a la minusvalía que le acompaña desde su nacimiento. Perry da gracias por haber nacido algunas décadas antes de que la Ley de Americanos con Discapacidades entrara en vigor, y ofrece numerosos ejemplos del poder que la norma ha otorgado a los funcionarios públicos sobre las vidas de los discapacitados americanos.

Desde Europa, tenemos que lamentar que el ejemplo que se expande por nuestro continente no sea la lucha y la superación personal demostrada por Greg Perry a lo largo de su vida, ni su apego a las libertades individuales; sino las insaciables ansias intervencionistas de las administraciones públicas.

Nefastas reivindicaciones sociales

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Muchos liberales se debaten ante la cuestión del sindicalismo y reivindicaciones sociales. Todo individuo ha de tener el derecho a reunirse o crear organizaciones. Pero del derecho a la organización no se desprende, para nada, el derecho positivo concedido por el estado a la extorsión y la amenaza. Las consecuencias económicas de esta forma de actuar sólo nos llevan a mayor incertidumbre laboral y al mantenimiento de unos pocos a expensas del resto de la sociedad:

– Reivindicación de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son privilegios de un grupo de trabajadores arrancados a los productores gracias a la fuerza unilateral de la ley y el estado. Si por razones ajenas a la producción individual se eleva el sueldo nominal del resto de trabajadores, eso significa que la empresa va a tener menos capacidad de competir ya que tendrá que ofrecer precios más caros y menos empleos que ofrecer a aquellos que quieran entrar en el mercado laboral.

– Reivindicación de los derechos de la mujer. Si hiciésemos un estudio sobre quién cobra más, si los hombres con pelo rubio o moreno, el resultado sería que hay una discriminación de unos en contra de los otros. Pero a todas luces tal estudió sería ridículo. A cada persona se le retribuye por el esfuerzo y logros que consigue para la empresa por la cual trabaja. Da igual que sea un hombre una mujer, un extranjero, un rubio o un moreno. Si por ley aumentamos el sueldo a todas las mujeres (u hombres de pelo moreno) independientemente de su nivel de producción sólo haremos que las empresas contraten a menos mujeres (u hombres morenos) y estaremos incentivando el desempleo femenino (y de los morenos).

– Salario mínimo. Si establecemos una retribución mínima por el trabajo de todos por encima de la que estima el mercado, sólo incentivaremos el desempleo de los menos capacitados para trabajar; como jóvenes, gente con poca especialización, inmigrantes que escapan de su país, etc. Si los sindicatos y el estado impusieran una ley por la cual los becarios han de percibir un sueldo de 6.000 euros mensuales esto no haría ricos a los becarios, sino que los haría desaparecer del mundo laboral.

– Convenios colectivos. Los convenios sólo generan un perdedor real: el trabajador. Si un convenio establece en un sector unos “beneficios sociales” muy altos lo único que conseguiremos es que automáticamente el sector se inunde de personas con bajos niveles de producción para vivir a expensas de los beneficios del sector. Con los años todos estaremos sin trabajo.

– Condiciones de trabajo. ¿Qué son buenas condiciones de trabajo? ¿las que dicta un político o jefe sindical a cientos de kilómetros de donde trabajamos? Obligar a una empresa a gastar su dinero y la capacidad creadora de sus empleados a resolver tan inocuos temas sólo generará menos capacidad de producción y otra barrera de entrada para aquellos que quieren empezar a trabajar. La correcta posición de una silla de trabajo, o de una “buena ventilación” no nos proporciona más comodidad y seguridad, sino más precariedad laboral.

– Indemnizaciones por despido. Si obligamos a las empresas a pagar indemnizaciones, lo único que tendremos son personas demasiado acomodadas que no permitirán la entrada de jóvenes con mucho por ofrecer. Y a la vez también estaremos incentivando la ociosidad laboral, la baja producción, encarecimiento de los productos nacionales y entrada de productos extranjeros (de China, Marruecos…).

La aplicación de las reivindicaciones sociales no son un logro, sino un retroceso. Los niveles de alto desempleo y escasas oportunidades de encontrar nuevos trabajos en Europa han sido el experimento fallido del sindicalismo radical y del estado omnipotente.

El día que aprendamos que sólo cada uno de nosotros es el auténtico motor de nuestro bienestar sin depender de las reivindicaciones de los demás, conseguiremos un mercado laboral sano y próspero donde el desempleo, literalmente, desaparecerá.

El inmigrante, coto de caza de la izquierda

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero, tal como hemos ido viendo, la izquierda abjura frecuentemente de esta pretendida no discriminación para utilizar el poder coactivo del Estado en su diseño de las relaciones sociales. A la izquierda poco o nada le importa la dignidad y bienestar del inmigrante, sólo su voto tiene verdadera importancia. Es más, no dudará en acicatear la persecución de los inmigrantes a través de organizaciones de extrema derecha si así genera una situación de división que le permita asentarse como el sensato equilibrio político.

En consecuencia, los neoinquisidores deben impedir que los inmigrantes se integren; deben conseguir el odio hacia el inmigrante y el odio del inmigrante. El primero dividirá a la derecha, el segundo les concederá la oportunidad de ofrecerse como santos protectores del eslabón débil de la sociedad.

Y la manera más sencilla de prevenir su integración es impidiéndoles trabajar. No en vano, el inmigrante sale de su país, abandona a su familia y se introduce en un ambiente desconocido para encontrar un puesto de trabajo y percibir un salario. Este proceso genera una sana interdependencia entre todos los individuos de la sociedad; los intercambios y las relaciones voluntarias fomentan la cooperación, la creación de riqueza, el bienestar y el aprendizaje, abriendo las puertas a un proceso civilizador asentado en los principios capitalistas de la libertad y la propiedad privada.

Pero la izquierda, como ya hemos dicho, está interesada en dinamitar ese orden espontáneo introduciendo crispación, desajustes, miseria y conflictos. No olvidemos que la función de los políticos es solucionar los problemas de la sociedad; si esos problemas desaparecieran, la función y el modo de vida de toda la clase burocrática simplemente se esfumarían. Para el político lo prioritario no es solucionar los problemas –pues, aparte, es incapaz de ello–, sino crearlos.

La clave, el salario mínimo

¿Cómo impedir a un ser humano trabajar y parecer, al mismo tiempo, su benefactor? Para la retórica intervencionista de la justicia social, la respuesta es sencilla: el salario mínimo. No es que la única finalidad del SMI sea, obviamente, empobrecer a los inmigrantes. Pero sí resulta una de sus más directas y útiles consecuencias.

Bajo el pretexto del progreso social, los políticos aprueban unas leyes de salario mínimo consistentes en ilegalizar todas aquellas ocupaciones cuya retribución sea inferior a la determinada por la ley. En España este límite está fijado en 513 euros al mes: todos aquellos trabajadores cuya producción sea valorada por los consumidores en una cuantía inferior a ese monto, simplemente, serán condenados al paro irremisible.

Es cierto que los trabajadores experimentados y con formación perciben sueldos muy superiores a los 513 euros mensuales; en principio, para el trabajador medio no parece que el SMI suponga una seria amenaza. Sin embargo, hay dos grupos sociales que, por sus características, son especialmente fustigados por esta prohibición: los jóvenes y los inmigrantes.

Ambos acceden por primera vez al mercado de trabajo con una baja experiencia y por ello, salvo excepciones, su productividad será realmente escasa. Los jóvenes tienen que dedicarse a tareas poco relevantes antes de poder acceder a puestos de responsabilidad donde sean realmente útiles. Los inmigrantes, por su parte, en muchas ocasiones poseen una bajísima cualificación, lo que les obliga a buscar empleo en sectores como la construcción o la agricultura, donde, salvo excepciones, el valor de los productos es escaso.

El salario mínimo supone, en estos casos, un coste superior al ingreso que los empresarios pueden obtener por contratar a un inmigrante. La consecuencia ineludible es el paro.

Es curioso, pues, cómo el Gobierno de España ha estimulado simultáneamente la inmigración y los incrementos del SMI. De esta manera favorece la entrada de masas crecientes de población que forzosamente deberán permanecer desempleadas a causa de las reiteradas subidas del SMI.

Sin embargo, la propaganda neoinquisitorial, después de haber impedido al inmigrante encontrar trabajo, se dedicará prestamente a convencerle de que la responsabilidad de su ruinosa situación es el anárquico sistema capitalista, consistente en la explotación del hombre por el hombre. El SMI es un salario que todo empresario puede pagar; el hecho de que no esté dispuesto a hacerlo es símbolo de su infinita avaricia. De la misma manera, los sectores "comprometidos" de la sociedad culparán al empresario de racista y xenófobo por considerar que el inmigrante es una mercancía a la que no está dispuesto a pagar un "salario digno". Sólo la izquierda podrá llevar a cabo la necesaria labor educadora y balanceadora de la sociedad.

Al impedírsele trabajar, el inmigrante tendrá tres opciones ante sí: el mercado negro, la mendicidad o, en última instancia, la delincuencia.

Mercado negro

El empleo al margen de la legalidad (pese a ser la única salida digna para el inmigrante) está sometido a una fuerte presión ciudadana, por cuanto la propaganda gubernamental lo ha equiparado al régimen de esclavitud. Los inmigrantes encuentran trabajo, pero es un trabajo socialmente tachado de irregular. Al acudir al mercado informal, el inmigrante se siente anatematizado, incapaz de integrarse en la sociedad. Es un espécimen extraño y especial, pues el malvado empresario no quiere (cuando en realidad no puede) concederle un régimen contractual equiparable al de cualquier otro individuo. Esta situación se vuelve especialmente tensa cuando el Gobierno exige un trabajo "legal" para conceder residencias temporales. De la misma manera, grandes sectores de la sociedad consideran un vicio del capitalismo este tipo de contratación al margen de las garantías del Estado de Bienestar. Es necesario “imponer” a los empresarios su contratación regular.

Mendicidad

La mendicidad provoca tensiones análogas. El inmigrante no puede vivir de su trabajo, subsiste gracias a la caridad de los demás; sin embargo, esa situación no viene determinada por su propia incapacidad laboral, sino por circunstancias externas que, primero, lo han alentado a llegar al próspero país y, luego, lo han relegado a la esquina de una gran ciudad. Es la sociedad la que lo rechaza, sus sueños son frustrados y los demagogos políticos aseguran conocer sus problemas, para los que prometen implacables soluciones. Así mismo, la sociedad receptora juzga de manera equívoca que esas situaciones lamentables son consecuencia del corrupto capitalismo, que vuelve "a los ricos más ricos y a los pobres más pobres". Nuevamente, la izquierda debe planificar este desastroso sistema económico.

Delincuencia

Por último, la delincuencia rompe los vínculos más elementales del mercado. La propiedad se ve atacada, se hipertrofian los sistemas de seguridad (con el tremendo coste de oportunidad que ello provoca) y, sobre todo, la sociedad receptora generaliza el odio hacia el inmigrante, hacia el extranjero (en muchos casos, combinado con las circunstancias raciales, étnicas o religiosas del mismo). Se produce un rechazo creciente hacia los movimientos migratorios y los antiguos inmigrantes ya asentados empiezan a ser observados con desprecio y altanería, mientras que los nuevos son incapaces de integrarse (con lo que se reproduce el círculo vicioso inmigración-delincuencia).

Esta situación se convierte en un caldo de cultivo idóneo para los movimientos mal denominados "de extrema derecha" (nacionalismos racistas). El inmigrante no viene a trabajar, sino a robar.

Pero, paradójicamente, ante el crecimiento de la "extrema derecha", la izquierda y la extrema izquierda también engordan. Unos y otros se compenetran y se retroalimentan. La sociedad se polariza en dos facciones, cada cual más antiliberal.

No sólo eso, los inmigrantes se ven abocados a los brazos de la izquierda, de sus salvadores y protectores. Los neoinquisidores, esos que primero les negaron el pan prohibiéndoles trabajar valiéndose del SMI, les acogen ahora como hijos pródigos. Sus votos son, sin duda, siempre bienvenidos.

El salario mínimo es, por tanto, un auténtico problema para las sociedades, pues ataca los fundamentos de la concordia (una parte de la población explota a la otra), bloquea la creación de empleo y, finalmente, da impulso a un "salvífico" intervencionismo estatal. Precisamente, la situación a la que la izquierda quería llegar.

El círculo se reproduce, pues. Los neoinquisidores reprimen a aquellos grupos que dicen defender y proteger. Su objetivo final es mantenerse en el poder y remoralizar a la sociedad. En este caso, se trata de convencer a la población de que el capitalismo va unido al racismo y la explotación, mientras que la política, en cambio, significa "paz perpetua" y tolerancia a través de una grandilocuente "Alianza de Civilizaciones" planetaria. Una alianza que no en vano ha sido planteada en el seno de la Asamblea de Estados mundiales, la ONU: el embrión del Estado de Estados, de la política en su máxima expresión.

Para la izquierda, los inmigrantes son sólo un instrumento que manipular para conseguir las reacciones sociales necesarias. No pasan de peones en su particular partida de ajedrez contra la libertad. No le importa lo más mínimo los conflictos y tragedias que su actuación origine porque, inmersa en su ceguera iluminista, legitima su actuación apelando al fin superior del gobierno socialista perpetuo, esto es, al bien común. Así, incluso los propios inmigrantes, a los que se reprime prohibiéndoles trabajar y se les engaña culpando falazmente al capitalismo, agradecerán a largo plazo semejante actuación, pues todos nos veremos beneficiados por la izquierda.

Son los sacrificios imprescindibles para conservar el poder y dirigir sabiamente la sociedad. La persecución política del inmigrante por su propio bien.

Gallardongrado

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Según publica el diario El Mundo en el número 60 del suplemento Su Vivienda, el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón planea reducir la edificabilidad de las manzanas donde se ponga en marcha el plan de revitalización. El motivo es casi tan totalitario como la propuesta: el Ayuntamiento de Madrid considera que la ciudad gana en calidad y así se beneficiarán los ciudadanos.

No sé si la idea de Gallardón ha quedado clara. Reducir la edificabilidad significa que algunas personas que hoy tienen una vivienda, mañana dejarán de tenerla por obra y gracia de nuestro gallardo señor y su tan personal como colectivista visión de cómo mejorar la calidad de la vida urbana. Hablamos de confiscación, expropiación, latrocinio, robo o incautación. Que cada cual elija el sustantivo que más apropiado le parezca porque si dejamos que el edil catalogue su acción no me extrañaría que empleara los términos que un decorador de interiores utilizaría para describir su última obra.

Supongo que los creadores del plan se defenderán replicando que no se pretende incautar la casa de nadie y que, bien al contrario, se pagará a los afectados por esta reforma estética el valor de mercado de las viviendas expropiadas primero y destruidas después. Surge entonces una interesante cuestión: ¿cómo se pretende financiar tan costosa mengua de la edificabilidad? Pues, seguramente, echando gasolina a la hoguera gallardoniana, es decir, con más deuda. Todos sabemos que Gallardón nunca ha tenido problemas a la hora de endeudar a sus ciudadanos a través de compromisos que él ha ido adquiriendo en nuestro nombre y no creo que esta ocasión vaya a constituir una excepción.

Sin embargo, ese problema es una minucia si lo comparamos con otros en los que el Alcalde, como consecuencia de su simpleza intervencionista, no se habrá detenido a pensar. Y es que no hay forma de que el consistorio pueda pagar el verdadero valor de mercado de las viviendas que expropiaría a sus ciudadanos. La razón es bien sencilla y se encuentra en la raíz de la teoría económica del valor. Dado que el valor es siempre subjetivo, el precio de bien heterogéneo como la vivienda depende de las aptitudes negociadoras tanto del vendedor como de quienes están interesados en comprarla y del valor subjetivo que cada uno le otorguen. De modo que el precio de mercado de una vivienda como las que el ayuntamiento de Madrid piensa expropiar sólo puede conocerse una vez se produce un acuerdo de compra venta en el mercado, lo que precisamente impedirá el plan expropiador. Así pues, la única manera de que se pague un precio de mercado –o justo– por esas viviendas es tratando de comprárselos a sus dueños. Pero, claro, entonces el plan quedaría en parte supeditado a que los ciudadanos quisieran realmente ver reducida la edificabilidad, algo seguramente intolerable a los ojos de Gallardón. Y digo en parte porque aunque el Ayuntamiento comprase las viviendas a sus propietarios, lo estaría haciendo con el dinero que se le ha arrebatado a los ciudadanos mediante impuestos y que estos dudosamente habrían usado de esa manera.

Si el nulo respeto por la propiedad privada y la imposición de una ciudad salida de la fantasía de Gallardón siguen siendo la regla de gobierno en este consistorio, terminarán cambiándole el nombre a la ciudad y poniéndole el de Gallardongrado. Tiempo al tiempo.