Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Joan Clos, alcalde de Barcelona, ha impuesto las zonas verde unilateralmente y sin el plebiscito de los ciudadanos barceloneses para recaudar más dinero con la excusa de la congestión del tráfico. Clos en su Web dice: “un total de 1.150.000 vehículos acceden diariamente al centro de la ciudad y el 93% de éstos quieren aparcar. […] La regulación del aparcamiento en superficie se hace necesaria si no queremos llegar, pronto, a una situación de colapso.” Situación que sólo él, y su antecesor Maragall, han provocado.

Clos culpa la avaricia de aquellos que quieren aparcar porque no son respetuosos con los demás, por eso ha decidido imponer el peso de la ley y castigar a los barceloneses creando un solo ganador: Joan Clos. Él siempre tiene parking, y se lo pagamos el resto de ciudadanos.

A los barceloneses, a juzgar por la cantidad de coches que hay, les gusta tener coche, y por lo tanto necesitan calles para circular. ¡La ilógica solución del partido socialista de Barcelona ha sido ampliar las aceras! Una de las principales arterias de Barcelona, la Diagonal, se congestiona en horas punta. Solución de la alcaldía socialista: eliminar más de un carril en la Diagonal y construir un tranvía que ya se ha llevado varios coches por delante.

Las nuevas zonas verde del ayuntamiento pretenden, según sus fuentes, “disuadir” a aquellas personas que se desplazan desde fuera de Barcelona a la ciudad (no vaya a ser que aumente el comercio). Dice que quiere “potenciar” los parking de pago, y para hacerlo ha tomado otra medida fuera de toda lógica: en el mes de noviembre todos los parking subterráneos que dependen del ayuntamiento tuvieron una subida de precio del 32%. La mejor forma de potenciar un servicio es creando competencia, y eso significa que el gobernante se abstenga de intervenir, sólo así se creará más oferta y bajarán los precios.

La intención del ayuntamiento de Barcelona es el expolio del ciudadano: el año pasado recaudó casi 10 millones de euros con la zona azul y 1,7 millones con la grúa. La única misión del alcalde, como la de cualquier político, es aumentar sus beneficios y expandir el estado policial: durante este año habrá 200 burócratas más para poner multas y más 100 nuevas plazas para la Guardia Urbana. No son para aumentar la seguridad, sino para incrementar el control y la represión policial.

Cuanto más poder y dinero tengan los políticos, menos habrá para nosotros. Sólo la liberalización de las calles y la libertad de mercado nos pueden permitir una ciudad sostenible donde el empresario innove de verdad satisfaciendo a sus clientes. Una reciente iniciativa empresarial ha encontrado una posible solución llamada parksharing. La liberalización total los parking nos dará más oferta y reducciones sustanciales en los precios, la des-nacionalización del terreno dominado por el estado, la Generalidad y el ayuntamiento… ampliaría la oferta para construir más tipos de aparcamientos, la eliminación de los impuestos crearían más empresas de forma natural para satisfacer las necesidades que demandan los ciudadanos.

Si nuestra prioridad es transportarnos en nuestros vehículos privados, el empresario se apresurará para satisfacernos y sacar a la vez una recompensa económica. Aquí todos ganan: el trabajador de la empresa, el propietario, el capitalista que la hace posible, y como no el ciudadano que puede aparcar gracias la competencia y diversidad que ofrece el libre mercado.

¿Cuál es la solución a los efectos de la masificación de Barcelona? La desaparición del ayuntamiento y de los políticos, eliminar el monopolio de los transportes públicos para crear una rica competencia interurbana alternativa y dejar la ciudad en manos de los ciudadanos libres. Si los políticos nos quieren servir de verdad, que vayan a trabajar a empresas privadas.

Para Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT: “la reforma del mercado de trabajo debe apostar por la estabilidad en el empleo; no por flexibilizar el despido”. Lemas como este sólo han contribuido a un mercado laboral más rígido y, por lo tanto, de más difícil acceso para los que se encuentran desempleados.

Incluso los burócratas del Banco Mundial se han dado cuenta que el único camino para una economía próspera y rica es la no intervención tal y como plasmaron en su informe “Doing Business in 2005”: “las regulaciones laborales penalizan la inversión, el crecimiento y la creación de empleos”. Una de las principales conclusiones a las que llegó el informe es que las “regulaciones excesivas y derechos de propiedad débiles excluyen a los pobres, especialmente a las mujeres y a los jóvenes”.

No hace falta ser muy avispado para darse cuenta que las indemnizaciones por despido, contratación fija, bajas laborales… son una fuerte barrera para la creación de empleados por parte de la empresa. Eso significa, lógicamente, que cuantos más costes obligatorios se impongan a las empresas para contratar o despedir, menos empleados podrán incorporarse a sus filas.

En un mercado laboral altamente regulado, como el español, las empresas sólo podrán contratar a trabajadores cuya productividad sea mucho más alta que los altos costes impuestos por el estado, sindicatos, grupos de presión y leyes. Es decir, si seguimos manteniendo más regulaciones, sólo el muy preparado podrá trabajar e incentivaremos el desempleo general.

El camino a la estabilidad laboral, pleno empleo, o libertad de cambiar de trabajo rápidamente no es un camino intermedio de lentas desregulaciones ni un juego político entre burócratas sindicatos y patronales, sino abolir totalmente las leyes que castigan la creación de empleo y el desarrollo de la propiedad privada. Medidas como las indemnizaciones, salario mínimo, regularización de las horas extras, bajas, seguridad social, licencias, imposición de convenios o cualquier forma de colectivismo y agresión a la libertad individual sólo favorece a unos pocos a expensas del productor perjudicando a los que buscan empleo (estudiantes, gente que quiere cambiar de trabajo, inmigrantes…). Defender que incautar el dinero e imponer más costes a las empresas por la fuerza nos beneficia a todos, es un sinsentido.

Sin leyes que penalicen la propiedad privada ni el empleo, cualquier tipo de negocio y empresa podrá ser creada al único coste que decida el consumidor; y si nos esforzamos trabajando para él y para nuestro accionista, nuestro éxito estará asegurado. Nuestro éxito laboral sólo nace de nuestro propio esfuerzo y no del trabajo de “los que más tienen”.

Las consecuencias que nos traería la total abolición de las leyes sólo puede generar una explosión de oferta que, desde el punto de vista del empleado, crearía un tipo de mercado laboral desconocido hasta ahora: nuevas especializaciones, más productos y servicios para el consumidor (y mayor empleo por lo tanto), más capacidad productiva, más empresas nacionales y extranjeras donde ir a trabajar, más agilidad a la hora de cambiar de trabajo, gran aumento del trabajo para la gente joven, y como no, cualquier empleado podrá convertirse en empresario bajo su única responsabilidad y sin tener que soportar las amenazas y altos costes que imponen la ley y los sindicatos.

Si queremos mejorar nuestro presente y futuro, y asegurar el de nuestros hijos, sólo hay una solución real: eliminemos todas las leyes y regulaciones contra el trabajo.

¿Se ha preguntado hasta qué punto la intervención del estado es nefasta para la economía y sociedad?

Según fuentes del Banco Mundial (BM) si un empresario quiere montar una empresa desde cero en España necesita hacer 6 procedimientos legales de puesta en marcha, 3 para registrar la propiedad, 23 para hacer efectivos sus contratos comerciales y todo ello lleva a 4 meses de espera no consecutivos con un coste inicial superior al 16% del ingreso nacional bruto per cápita (que equivale a unos 3.000 euros sin contar los trámites subsiguientes). A partir de aquí el empresario “ya puede” alquilar un despacho, invertir en maquinaria… ¿Qué obtiene el empresario a cambio de este esfuerzo y dinero pagado por la fuerza? Menos capital para su negocio, menos producción útil y menos capacidad para satisfacer a su cliente. Hasta ahora, y antes de hacer nada, el futuro empresario sólo ha trabajado para la burocracia.

Además el empresario ha de someterse a todas las leyes del sector que sólo enriquecen al estado como altos impuestos, mantenimiento de licencias, absurdas inspecciones que nunca han servido de nada… En este sentido, el estado actúa como un señor feudal donde se le paga bajo pena de multas, cárcel… para conseguir únicamente su consentimiento sin ninguna contrapartida. La hegemonía y tiranía del estado actual es lo mismo que la hegemonía y tiranía de señor feudal medieval. ¡No es de sorprender que la economía sumergida supere el 20% del PIB en España!

Mirémoslo desde la parte del consumidor (aquel que compra a ese empresario). ¿Qué ha conseguido “de más” con la intervención del estado? Nada, más bien al revés, ha perdido: el empresario tendrá que hacer sus productos más caros en un mercado legislado y rígido, además, y según el BM también, el índice de contratación de empleados en España es muy bajo, su rigidez es de 69 puntos sobre una escala de 100, cuando la media de la OCDE de 34,4 puntos. Esto significa que universitarios, inmigrantes, gente poco cualificada… tienen una fuerte barrera de entrada al mercado laboral para poder ser contratados, a lo que se suman más barreras sectoriales creadas por los sindicatos contra los “nuevos invasores”. En una ocasión un sindicalista así me definió la inmigración, por eso se veía en la obligación moral de defender “nuestros derechos adquiridos” para que no nos “roben” el trabajo.

Imagínese lo prósperos que seríamos sin los tributos que el estado nos obliga a pagarle. Podríamos hacer lo que quisiéramos dependiendo sólo de nuestro esfuerzo y logros sin tener que mantener a ningún extorsionador.

Si comparamos los mismos datos del BM con otros países donde la opresión estatal es menor, como Estados Unidos, Nueva Zelanda… los resultados son claros: más libertad es igual a más bienestar y riqueza. Los estatistas le insistirán continuamente que eso no es cierto, ¡todo es un complot del mercado contra la gente! La realidad es todo lo contrario. Países como Alemania, Suecia, Francia… sólo son oligocracias dominadas por el estado y grupos de presión que esclavizan al ciudadano: Francia, Bélgica y Suecia ocupan los tres primeros puestos en el “Índice de Miseria Impositiva” según la revista Forbes; en Holanda cada persona ha de pagar un tributo al estado según la cantidad de basura que genera, el trabajador holandés ha de pagar parte de la cuota del teléfono móvil de la empresa al estado; Alemania obliga a pagar un canon por tener televisor; Francia ha prohibido a la industria cinematográfica extranjera anunciar sus películas; en Suecia está prohibido pintar su hogar sin una “licencia para pintar”… La lista es interminable.

Nuestra meta hacia la libertad y bienestar social pasa por la no intervención del estado. No hemos que luchar para asemejarnos a ningún país como una mera réplica. Nuestro esfuerzo ha de centrarse en que nos dejen en paz, que el estado no intervenga en nada y que cada uno sea responsable de sus propias acciones. Sólo así conseguiremos una economía próspera, creciente y libre.

George W. Bush, en su discurso sobre el Estado de la Unión, desmenuzó con propuestas los principios expuestos en su discurso de investidura. En este otro asentó la idea de que la seguridad en el interior está estrechamente ligada a la promoción de la paz y la seguridad fuera, lo que justificaría exportar la democracia y las instituciones que le acompañan a los Estados dispuestos a jugar con la llama del terrorismo, aunque ello pase por romper el Statu Quo. El multilateralismo es la primera opción, como está poniendo de manifiesto Condoleeza Rice; pero George W. Bush dejó claro que, llegado el momento, su país hará uso del poder que atesora, y que ha alcanzado no por casualidad, sino por ser la democracia más antigua del mundo. Por haber permitido, pese a varios reveses, una amplia libertad a los ciudadanos. Por haber dado contenido a la palabra ciudadano, sin más que acompañarla del adjetivo americano.

Todas estas razones ponen de manifiesto que hay una estrecha relación entre las políticas de las instituciones estadounidenses en el exterior, y las que siguen en el interior. Por ese motivo tienen tanta importancia varias de las reformas planeadas por la actual Administración, y en particular la reforma de la Seguridad Social a la que Bush dedicó especial atención en sus palabras ante el Congreso. La cualidad de ciudadano la otorgan su libertad y la seguridad jurídica. Se adquiere por la pertenencia a una sociedad en que las personas tiene el derecho de definir y buscar sus propios objetivos sobre la base de un Estado de Derecho. Pero esta cualidad se diluye cuando para salir adelante no puede confiar en su propio esfuerzo y en la cooperación voluntaria con otros ciudadanos, porque para cualquier actividad tiene que mirar al Estado. No sólo para saltarse sus trabas, sino para conseguir en parte sus objetivos personales y familiares. Entonces parte de su futuro no depende ya de sí y de lo que libre y honradamente pueda obtener por medio del propio esfuerzo y de la voluntaria cooperación con otros miembros de la sociedad, sino que depende de su posición en el juego de imposiciones, prohibiciones y prebendas en que consiste la política.

Un caso conspicuo es el de la Seguridad Social. El Estado detrae coactivamente (es decir, roba) una parte de nuestra renta para cumplir con su promesa de pagar las pensiones de jubilación. Aunque nuestra voluntad no tenga mucho que ver en todo este proceso, se quiere adquirir desde el Estado con la promesa de que en el futuro nosotros mismos nos podremos convertir en parásitos de otros, como otros lo son de nuestros esfuerzos. Se apela a la solidaridad. Pero lo que hay es justo lo contrario. Como quien acepta las novatadas al entrar en un Colegio Mayor porque sabe que en el futuro podrá adoptar con otros el papel de verdugo, la posición de uno en el juego de la Segridad Social cambia con el tiempo. Pero no la naturaleza del mismo. Y nada hay en el sistema que tenga un ápice de bueno. No puede haber solidaridad en lo que no es voluntario ni se ha elegido ni puede haber justicia en recibir lo que no se ha ganado. Las transferencias que uno ha hecho en el pasado en nada justifican la pretensión de ganarse recibir otras transferencias de terceros, porque nunca se puede tener derecho a apoderarse de los frutos del esfuerzo ajeno.

Se da la circunstancia de que esa promesa de participación en el robo futuro, con que se quiere comprar quienes son víctima actual de las transferencias coactivas, son falsas. La riqueza que permitiría sostener el sistema de Seguridad Social no está creada, y el propio sistema desincentiva su creación. Luego no es solo que la Seguridad Social sea por su propia naturaleza injusta, sino que no es viable económicamente a largo plazo.

Injusta e inviable. Pero es también innecesaria. Porque las personas tienen siempre la posibilidad de transformar su renta en riqueza (ahorrar e invertir) para, llegado el momento, tras una vida de esfuerzo, hacer todo lo contrario. Transformar la riqueza acumulada en la renta que permita una vida desahogada e independiente. Independiente porque permite a las personas sostenerse sobre los frutos del esfuerzo propio y no depender de que una promesa falsa e injusta se cumpla o no, y en qué medida. Esta independencia, la seguridad de sostenerse sobre lo que uno ha creado y acumulado, es lo que da un contenido más adecuado a la palabra ciudadano. Una sociedad de propietarios es una sociedad de ciudadanos. Por este motivo las reformas alumbradas por la Administración Bush, si bien modestas, tienen una importancia enorme, que desborda las ventajas meramente económicas.

Ante el fuerte incremento del paro alemán, el mayor desde la II Guerra Mundial, el diario El País, en una nota editorial apuntaba: “Alemania necesita hoy de medidas de estímulo para la economía; precisamente lo contrario de las dietas anoréxicas en gasto e inversión [del estado].”

¿Creemos que el estado es el encargado de gestionar la economía privada? ¿Qué sentido tiene crear un sistema artificial de producción donde el gobierno haga producir aquello que la comunidad no valora en absoluto? Semejante sistema es el que hemos tenido durante más de setenta años y sólo nos han llevado al fin contrario por el que hemos luchado: más desempleo, más socialismo, menos libertad y más dependencia.

El estado alemán está muy lejos de tener “dietas anoréxicas”, más bien son demasiado intervencionistas: un sistema de derechos laborales discriminatorio que dificulta la entrada a los jóvenes y crea un mercado rígido donde conseguir un trabajo es como caer en una trinchera donde nadie se puede mover; un mercado de fuertes privilegios estatales (subvenciones, apoyo a grupos de presión…); una expropiación impositiva que castiga a las empresas privadas y por lo tanto al empleo; monopolios públicos que impiden la competencia; leyes laborales que incentivan la no producción, el parasitismo y la dependencia de toda la comunidad hacia el estado.

Así pues, ¿qué papel juega el estado en el bienestar económico? Ninguno. Que no cree “dietas” de ninguna clase, que elimine todas las leyes socialistas que penalizan el trabajo, que retire los privilegios a patronales y sindicatos, que elimine los impuestos al consumo, inversión y ahorro. Cuanto más dinero y responsabilidad demos al estado, menos dinero y libertad tendremos nosotros: el “estado del bienestar” ha demostrado ser un fracaso en todos estos años, eliminémoslo de una vez por todas lo más rápidamente posible.

La única solución real al oscuro futuro de desempleo masivo sólo es la total libertad económica, y el camino para alcanzar este fin, sólo puede ser restaurar el sano sistema liberal de laissez-faire.

Imagínese que decide crear una empresa. Si la ha creado bajo su riesgo e iniciativa sin el uso de la extorsión ¿por qué le han de obligar a contratar o mantener a Fulano o a Mengano? ¿Por qué por cada 50 empleados ha de “contratar un 2% de discapacitados en su plantilla”? ¿Por qué ha de indemnizar a Fulano cuando le despide, pero si éste se va, él no le indemniza a usted?

Los partidarios de la represión social y económica le dirán que al crear una empresa usted automáticamente adquiere un compromiso politico–social con la comunidad. Es decir, ser empresario no significa gratificar al cliente, sino ser el esclavo de una facción de visionarios (los progres). Pero la realidad es que el empresario está sirviendo a la comunidad con su producción (pan, zapatos, coches…) bajo su propio riesgo. Si no produce lo que la comunidad pide, tendrá que cerrar. Usted, como empresario, sólo será recompensado o castigado por su capacidad para servir a los demás.

El cliente lo juzga todo. Si el producto de una empresa es caro, el consumidor irá a adquirirlo a otra; si un vendedor cae mal a su cliente, éste irá a comprar a otra empresa; y si el empresario actúa de “forma inmoral” según el cliente, éste se irá a comprar a otra empresa también. Las decisiones individuales de cada uno repercuten sobre su propia persona.

Recientemente los sindicatos se han horrorizado: “una mujer ha sido despedida por estar embarazada. CCOO presentará una denuncia contra la empresa (que es una panadería)”. Así, los sindicatos reclaman fuertes medidas contra el cruel empresario (el panadero). Su conclusión es que todos los empresarios han de ser fiscalizados por su naturaleza perversa.

Un asalariado es tan persona como un empresario, y sus acciones son las mismas. En el ejemplo de la panadería, la empleada ha tomado una decisión que no sólo le afecta a ella, sino también a los demás, pero gracias a los sindicatos, ella puede eludir su propia responsabilidad traspasándosela al empresario. Eso significa que el empresario será menos competitivo, y que siendo así, su cliente le irá abandonando bajo peligro de cerrar su negocio. Traspasar las consecuencias voluntarias del empleado al empresario —o pagador de impuestos— es un sinsentido que sólo incentiva la irresponsabilidad. De hecho, ¿por qué no ha de ser la empleada quien indemnice al panadero por dejar de producir en el futuro? Las leyes que obligan a indemnizar (al trabajador o empresario) sólo crean irresponsabilidad, desempleo y un mercado de privilegios.

Cuando el empresario o pagador de impuestos está obligado a transferir su dinero (o esfuerzo productivo) a un fin no deseado mediante el arma de la extorsión, se crea lo que siempre se ha llamado esclavitud; y quien la defiende, es un tirano: el estado, sindicatos, la ley, grupos de presión…

Si no hubiese impedimentos al trabajo (leyes), el mercado laboral no sería como una trinchera donde uno ha de quedarse quieto para sobrevivir como ocurre en la actualidad, sino que dotaría de movilidad a empresario y trabajador para crear un mercado laboral vivo. Precisamente los países que menos leyes tienen al trabajo son los que disfrutan de mayor empleo, como Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos…

Pero si lo que pretendemos es impulsar la irresponsabilidad individual, pobreza y servidumbre, inventemos cuantas más leyes mejor. En un mudo donde los recursos no fuesen escasos y no hiciese falta la economía, semejantes medidas no implicarían nada negativo, pero en un mundo donde los bienes son escasos, esa irresponsabilidad sólo crea un entorno económico y social insostenible, nadie es responsable de sus actos ya. .

Si queremos trabajar por un mundo sostenible, responsable y mejor; deroguemos todas las leyes y demos la espalda a los auténticos tiranos haciendo que cada uno sea responsable de sus propios actos.

Como en todas las grades fiestas se han disparado las alarmas sobre los "videojuegos violentos". Amnistía Internacional ha presentado un informe donde "denuncia" que "los videojuegos siguen promoviendo los abusos de los derechos humanos y, en concreto, fomentan roles y estereotipos discriminatorios hacia las mujeres ‘e incluso a veces’, se fomenta la violencia de género".

Con esto podemos extraer algunas conclusiones importantes sobre cómo actúan los grupos de presión, la autoridad represiva del estado, y su opuesto, el libre mercado.

Si lo miramos como individuos productores, el que fabrica "videojuegos violentos" tal vez se sienta más realizado haciendo puzzles educativos o estampitas de la Virgen María, pero eso no le permitiría llegar a final de mes, o conseguir el nivel de bienestar al que aspira.

Aquel capaz de advertir qué quiere la comunidad y satisfacerla actuando únicamente bajo su propio riesgo, es un benefactor. El empresario de videojuegos ayuda a los padres a mantener unidos los lazos familiares; el creador de "videojuegos violentos" también mantiene una empresa enriqueciendo a sus trabajadores, proveedores, acreedores, contratistas, intermediarios, clientes empresariales y accionistas con su propio esfuerzo y talento; no necesita subvenciones estatales, su principal sustento es el plebiscito del cliente. ¿No queremos "impulsar" el tejido tecnológico en España? Si es así, cometemos una contradicción intentando prohibir o restringir los llamados "videojuegos violentos".

Pensemos también en la educación familiar y nuestra libre elección. El responsable de la educación de su hijo no es ningún grupo de presión, ni el estado, ni ningún videojuego, sino usted. Usted elige cómo educar a su familia. Ese es el don del libre mercado: relaciones individuales, pluralidad y transacciones voluntarias entre las partes. El libre mercado satisface las necesidades de todos, ya sea del padre que quiere regalar a su hijo un puzzle educativo, una estampita de la Virgen María, un coche eléctrico, un DVD, o un "videojuego violento".

En contra de la armoniosa y pacífica forma en la que actúa el libre mercado, vemos como los grupos de presión y el estado se oponen al pacifismo comercial constantemente. Ellos no quieren diversidad, sólo desean imponer su pensamiento único, y para conseguir su elevada visión no dudan en crear leyes discriminatorias, demandas judiciales, multas e incautaciones al empresario creativo para abolir la riqueza y pluralidad de la comunidad: ¡qué todos los productores vendan "puzzles educativos", y sino, confiscaremos su negocio! Con estos mensajes y prácticas criminales le están imponiendo a usted cómo comportarse y cómo educar a su familia. Imagínese que el estado, sin preguntarle a usted (como siempre hace), decide considerar inmoral los coches eléctricos, y acto seguido restringe o prohíbe su venta. Por más políticamente correcto que pueda parecer a los grupos de presión, ¿estará de acuerdo, o lo verá como una agresión a su libre elección?

¿Por qué criminalizar algo que no daña a nadie? Los detractores de la libertad le darán mil torpes excusas; pero lo que intentan venderle es incomerciable, por eso aplican la fuerza: acatamiento, obediencia y servidumbre usando la amenaza de las leyes y castigo. A nadie le gusta ser un sirviente, por esa razón los redentores de la producción disfrazan sus ideales con la disimulada "dictadura de las buenas intenciones".

Que no le digan lo que ha de hacer ni como educar a su familia. Haga lo que usted quiera, y satisfaga a su hijo aunque sea con un "tenebroso, violento, sexista y discriminatorio videojuego". La felicidad y amor familiar no entienden de política ni histéricos prohibicionistas, si hacemos caso a estos redentores de la producción en contra de nuestra voluntad, corremos el riesgo de volvernos sus sirvientes.

Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, presentó su "Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte" asignándole un coste, en 15 años, cercano al cuarto de billón de euros.

El proyecto costará a cada familia española, tanto sean o no usuarios del "Plan Estratégico", casi 22.000 euros, o lo que es lo mismo, unos 1.450 euros anuales (muchos jóvenes tardan varios meses en conseguir ese capital). En lugar que el estado nos confisque el dinero por medio de la extorsión (o pagas impuestos o vas a la cárcel), ¿por qué no convertir todas las inversiones públicas y forzosas en inversiones privadas y voluntarias? Es decir, pague si quiere.

La pregunta es: ¿a qué quiere destinar el dinero que consigue trabajando? ¿A usted y a su familia, o a los vividores que se aprovechan de usted? En un sistema privado y voluntario usted sólo pagará lo que usa y valora. Las empresas privadas son mucho más eficientes que el estado. El ahorro de la privatización lo podrá destinar a una mejor educación para sus hijos, vacaciones más lujosas, mayores inversiones en productos financieros para su futuro, etc. Su dinero no se malgastará en financiar a esos que no aportan nada, ni contribuirá a los inflados gastos de administración del gobierno, chanchullos de los políticos, favores de éstos a las grandes empresas, impuestos varios, etc.

Pero tal vez usted crea que sin la "coordinación estatal" las cosas importantes, como las obras públicas, no se harían. Precisamente porque son importantes (lucrativas) las empresas privadas estarán encantadas de ofrecerlo al mejor precio. Si eliminamos los estorbos a la iniciativa y creatividad empresarial como las licencias, trámites legales, mantenimiento de los funcionarios, e incluso eliminamos el mismo ministerio de Fomento y sus numerosas y obsoletas ramificaciones, la competencia privada surgirá inevitablemente ofreciéndole un servicio más barato y de mayor calidad.

Si permitimos que las "obras públicas" sean totalmente privadas la seguridad aumentará de forma inevitable. Si cada carretera, por ejemplo, es de una o varias empresas, en el caso que se causen daños o accidentes podremos recurrir legalmente contra la empresa propietaria. Con esta garantía toda empresa se asegurará tener la tasa de accidentes más baja del mercado y la competencia creará sistemas más seguros para desbancar a su rival. Hoy día es imposible llegar a esta seguridad voluntaria. La única solución del estado son más leyes y más funcionarios que nos obligan a acatar normas que nosotros no hemos elegido. La privatización también es una garantía para todos. Si una persona ebria, por ejemplo, causa un accidente en la carretera de una empresa privada ésta puede denunciar al autor del accidente o a su seguro por daños a la propiedad privada. Las leyes del estado no sirven para protegernos, sino para controlarnos y sacarnos el dinero.

Si convertimos las "obras públicas" en privadas el mercado también nos brindará precios y servicios variados según el uso que queramos hacer. Igualmente, al no existir trámites impuestos por el gobierno toda clase de hoteles, gasolineras, restaurantes, áreas de servicio, etc. brotarán según las necesidades de la demanda.

Hace tiempo que el libre mercado ha llegado a ese grado donde puede ofrecer todas las "cosas importantes". Precisamente por eso usted disfruta de bienes no primordiales, como coches, varios vestidos, televisor, un DVD, un teléfono móvil, ordenador, etc. En un sistema de libre mercado podemos destinar nuestro dinero a aquello que realmente valoramos y nadie nos lo puede incautar para dárselo a aquellos que viven a expensas de los demás.