Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

En mayo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunciaba un incremento del 6,6% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se produciría en julio. Así, el SMI se elevó de 460,5 euros hasta 490. El pasado lunes, el mismo personaje sorprendió a propios y extraños con la comunicación de otra subida para el día 30 de diciembre.

Caldera ha querido jugar a Hitchcock ocultándonos la cuantía de la nueva subida hasta el día de su anuncio oficial prevista para el penúltimo día del año, o hasta su ya habitual filtración previa en un medio del grupo PRISA. Eso sí, nos aclaró que será "bastante por encima del objetivo de la inflación para 2005 con el fin de hacer justicia social". Además, según informan diversas agencias de prensa, el ministro afirmó que la subida del salario mínimo responde también a la necesidad de acercarse al sesenta por ciento del salario medio, según establecería el abominable texto que la mayoría de políticos de izquierda y derecha pretenden convertir en Constitución Europea.

Desconozco en que vericueto del texto de marras puede leerse semejante dislate y reconozco que cuando leí el proyecto de Constitución para Europa debí pasar por alto tan malhechora medida de política social(ista). Supongo que cuando uno lee textos aburridos y llenos de medidas que intervienen y violentan la vida de los ciudadanos tiende a acelerar la lectura para pasar el mal trago cuanto antes y así, claro, se le escapan a uno medidas tan trascendentes. En lo que seguro que estoy equivocado, a juzgar por las palabras de Caldera, es en que creía que el referéndum aún no se había celebrado.

Si es cierto que el pretendido texto constitucional contiene esa norma, sería la enésima razón para votar en contra de la Constitución Europea. Si, por el contrario, Jesús Caldera atribuye a la Constitución una medida que pertenece al texto de otro acuerdo intervencionista o que simplemente desearía ver cumplida, sería razón suficiente para confirmar su permanente contienda con la verdad.

Sea verdad o no que la mal llamada Constitución Europea contiene esa disposición, la elevación del SMI hasta el 60% del salario medio es un disparate de consecuencias tan catastróficas como previsibles. Y es que la nueva elevación del SMI y sus sucesivos aumentos hasta ese arbitrario 60% del salario medio sólo traerán más paro entre las personas con menos capacitación y, por lo tanto, una mayor e injusta diferencia de rentas entre ricos y pobres. Curiosamente, este análisis de lo que provoca cualquier elevación del salario mínimo por encima de la remuneración que las personas acordarían de manera voluntaria y pacífica en el mercado libre es uno de los que mayor unanimidad suscita entre la dividida profesión de economistas (en torno al 80% según una conocida encuesta económica) y, al mismo tiempo, de las más ignoradas por los políticos empeñados en hacer de la demagogia propia y la ignorancia ajena su particular caldo político.

La cuestión es tan sencilla que hasta un político puede entenderla. El hecho de que el gobierno de turno eleve el precio mínimo que ha de pagarse por los servicios laborales no garantiza que todo el mundo reciba esa cantidad sino, más bien, que todo el que no esté capacitado para producir por encima del salario mínimo deje de ser aceptado por el consumidor y, por lo tanto, por el empleador. Supongamos que el gobierno, en un entrañable acto de "solidaridad" mamífera, decida elevar el precio mínimo del alquiler de bueyes como fuerza de labranza hasta los 500 euros semanales. Todo el mundo estará de acuerdo que esta medida coactiva no conseguirá que todos los bueyes obtengan 2.000 euros mensuales sino, más bien, el que los bueyes que contribuyan a la producción agrícola en menor cuantía que el precio mínimo del arrendamiento dejarán de ser contratados porque, de lo contrario, implicarían una pérdida para el empresario. Su empleo en la labranza deja de tener sentido, y no porque haya otros usos mejores para los bueyes o factores alternativos mucho más productivos, sino porque el gobierno ha impedido por la fuerza que los bueyes menos productivos puedan realizar una contribución al proceso productivo y ser retribuidos en consonancia.

Pues lo mismo ocurre cuando el gobierno establece salarios mínimos por encima de la retribución mínima del trabajo humano que surgiría en un ámbito de intercambios voluntarios. Los jóvenes y aquellas personas que en general están menos capacitadas para aportar al proceso productivo un valor superior a la retribución mínima que ha sido impuesta, perderán su empleo o no llegarán a encontrar ninguno. Si no fuese esto así, ¿por qué iba el político intervencionista a detenerse en 600 euros al mes? ¿Por qué no elevar el salario mínimo hasta 1.000 o, ya puestos a subir, a 10.000 euros mensuales?

Privilegio para unos y desempleo para otros. Es el gran charco de la temeraria payasada social que inunda la política de hoy en día y en la que tan a gusto chapotean los políticos y tan a disgusto se desenvuelven los seres humanos que no tienen el privilegio de ser poco productivos y vivir de lo que se le quita a otros por la fuerza.

"Cómo convertir a Europa en la zona menos próspera y con más paro del planeta" debería haber sido el título del discurso pronunciado por José Borrell en Oviedo. Para el cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, la Unión Europea debe establecer un salario mínimo común para todos los países de la Unión. El motivo parece bien sencillo y bienintencionado: que no nos hagamos la competencia entre europeos, poder evitar la deslocalización empresarial y lograr que el trabajo deje de ser una mercancía.

Parece mentira que el señor Borrell haya sido profesor de economía. Si se obliga a los empleadores a pagar una misma cantidad de euros mensual en países en los que por motivos institucionales y económicos las productividades del trabajo son tan distintas, lo único que se logrará es un desempleo de proporciones dantescas en aquellos países en los que la productividad laboral esté, en líneas generales, por debajo del eurosalario mínimo.

El empleador polaco cuyos trabajadores no aportan al resultado final del producto más de 300 euros al mes no subirá el salario a 600 porque don José se empeñe en que eso es lo que se debe pagar. Lo que harán es despedir a todo aquel que no produzca más de 600 euros al mes y, en muchos casos, cerrar el chiringuito y sacarse una oposición para vivir él también de la sopa boba puesto que, faltaría más, a los funcionarios también se les subirá el salario mínimo. Luego, se lamentará que no haya espíritu empleador entre nuestros empresarios, o que los dioses nos castiguen con millones de nuevos desempleados.

Evitar la deslocalización es otra de esas bonitas canciones que provocan chaparrones, cuando no auténticos diluvios en forma de menos producción y más paro. Ay, José, que si los dueños de las empresas se van a Estonia no es porque los estonios sean tontos y se dejen explotar. Ni siquiera lo hacen por estar más lejos de la burocracia de Bruselas. Lo hacen sencillamente porque políticos como tú pervierten de tal forma la creatividad y la actividad empresarial, con mil y una marañas intervencionistas, que los empresarios deciden apagar la luz y mudarse a lugares donde sople algo más de libertad y respeto a la propiedad privada.

Además, si estas empresas no encontrasen más racionalidad y más libertad en Polonia o a la República Checa, se irán a países fuera de la Unión Europea. Y entonces, ¿qué van a hacer Borrell y sus amigos? ¿Elevar las barreras arancelarias? ¿Empequeñecer el poder adquisitivo de los europeos? ¿Prohibir, como Ceaucescu, la compra de electrodomésticos producidos en países más productivos y más libres? ¿O quizás prohibir a las empresas cerrar sus puertas e irse del país? Posiblemente esclavizar a los empresarios sea una medida apropiada para quienes no ven en la economía más que lucha de clases, pero para el común de los mortales supondría una innecesaria comprobación de esa ley de la gravedad económica que explica cómo caen los países en los que la propiedad privada no es respetada.

Pero Borrell no ve ninguno de estos problemas. Él, como mucho, alcanza a vislumbrar que gracias a sus medidas coactivas el trabajo dejará de ser una mercancía cuyo precio se mueva al antojo del cochino mercado. Parece mentira que 15 años después de la caída del Muro de Berlín, de la liberación de millones de trabajadores de las garras de sus “representantes obreros” y del batacazo irremediable de todo aquel feudo antimercado que era el bloque de países socialistas, todavía nos encontremos contestando a estas tonterías. La cantinela de Josep fue la que escucharon millones de personas antes de encontrarse en un gulag, desposeídos de la mercancía con la que comerciaban de tú a tú en el mercado como hombres libres. Cuando el trabajo deja de ser una mercancía, el trabajador pasa a ser un esclavo; o un esclavista si tienes la suerte de ser amigo de los redentores.

En el caso de Borrell no cabe la menor duda. Él pretende estar entre los esclavistas de ex-empresarios y ex-obreros en una Europa empobrecida. Empobrecida, pero armonizada. Empobrecida, pero igualada. ¡Qué parco consuelo!