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Etiqueta: Salud pública

Ley Antitabaco: paternalismo y discurso ideológico

Hace escasos días el Gobierno volvía a mostrarse implacable en su capacidad de reinvención. Quizá para desviar la atención de sus corruptelas hacia temas más banales, fue el propio Ejecutivo quién decidió de nuevo sacar al cuadrilátero una de sus cruzadas morales particulares: la nueva Ley Antitabaco.

El texto definitivo sobre la ley será presentado en los próximos meses, pero ya conocemos ciertos aspectos de la misma. Por un lado, se introduce la prohibición de fumar en playas, terrazas, campus universitarios y vehículos de trabajo. Y por otro, la ciencia –de nuevo– como aval hipotecario del cajón de sastre en el que cabe todo lo que se quiera regular. La premisa habitual de que todo lo que se hace es por nuestro bien, por supuesto.

Por si esto no fuera suficiente, diversos medios han deslizado que la nueva ley podrá venir acompañada de una reconfiguración al alza de los impuestos al tabaco… no sea que aún quede algún fumador que no haya entendido la indirecta del Ministerio de Sanidad. Mientras tanto, y en relación con esto, ciudades como Milán ya han pisado a fondo en la cuestión liberticida y desde principios de este año, se ha prohibido fumar incluso en la calle.

Al Estado ya no le basta con decirnos cómo vivir, sino que ahora también necesita controlar el cuándo y el dónde… Pero no por autoritarismo, sino por salud. Una vez más, el poder político disfraza su hambre de control y expansión de bondad, y esta vez nos la entrega como salud pública. Con palabras como “bienestar”, “prevención”, o “colectivo”. Y como no podía ser de otra manera, los valedores del bien común y los derechos autoadquiridos aplauden una medida que, de nuevo, nos trata como niños incapaces.

El Estado terapeuta y la domesticación del individuo

Llegados a los niveles actuales de expansión, el Estado no necesita castigar directamente, sino que a través de propaganda y verborrea cientificista consigue una población dócil que avala cualquier medida liberticida si ésta viene envuelta en promesas como el bien común, bienestar social o salud pública.

El psiquiatra Thomas Szasz, explicó en su libro ‘El Estado Terapéutico’ cómo hemos pasado del Estado opresor al Estado terapeuta. Y este es el fundamento principal de este tipo de leyes: el poder ya no encarcela por romper las reglas, sino que ahora nos “previene”, nos “acompaña”, nos “orienta” y nos “corrige” de ser necesario. El paternalismo sirve como correa de transmisión para los delirios estatales, y si la población no obedece, analogía del padre sobreprotector mediante, lo hará a la fuerza.

Ya sea propia o ajena, con la excusa de la salud el Estado decide qué conductas son adecuadas para el ciudadano, el cual debe evitar todo aquello que opere fuera de los márgenes estatales. Los outsiders son ahora aquellos que quieran acompañar la cerveza con un cigarro en la terraza. Los nuevos extremistas son hoy los que pretenden fumarse un cigarro en el polideportivo tras la pachanga de los domingos.

Pero como toda medida liberticida, las contradicciones e incongruencias son infranqueables; ejemplo de ello es la reciente despenalización del consumo de drogas dentro del coche por tratarse de un espacio privado, pero a la par, se pretende castigar a quien tenga la ocurrencia de fumar esperando a su hijo frente al colegio… no vaya ser que ese niño vea algo que no debe.

Narrativas estéticas, ciencia selectiva

La hipocresía estatal no conoce límites. Por un lado, se nos dice que el tabaco es un problema de salud pública, pero por otro, no se prohíbe. El Estado recauda más de 8.500 millones de euros al año gracias a los impuestos derivados de la venta de tabaco. Pero es que además, y haciendo de nuevo gala de su hipocresía, se estima que el gasto sanitario derivado del tabaco oscila en torno a los 30.000 millones de euros anuales. No se entiende entonces por qué algo tan dañino, que consume tantos recursos públicos y que produce tanta preocupación entre los legisladores no se prohíbe directamente, como ya se hace con otro tipo de sustancias. A no ser, claro, que la intención sea otra.

Y ahí está el trasfondo de la cuestión: el discurso antitabaco no responde a un interés sanitario ni económico para el contribuyente. La nueva cruzada moral solamente responde a fines ideológicos, y, tras sus rigurosos estudios de impacto, parece que ya no caben los paquetes de cigarrillos. Una batalla por la estética, impuesta por los nuevos moralistas.

Fumar, al igual que se hace con la carne roja desde sectores ecologistas y feministas, se asocia a la masculinidad tóxica. Recordemos, por ejemplo, cuando hace tres años Sandrine Rousseau, diputada de Les Écologistes en Francia, ponía el asado y la barbacoa en el centro del debate, afirmando que «tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que comer una costilla a la brasa deje de ser un símbolo de virilidad». Porque el empresario que se fuma el cigarro en la puerta de su negocio representa el neoliberalismo salvaje. En cambio, quien hace bandera de la autoaceptación y el hedonismo narcotizado, es presentado como un modelo a seguir porque vive desinhibido de las ataduras que esta vida capitalista y heteropatriarcal nos impone.

La libertad como anomalía

El Estado no señala por honestidad intelectual, sino que lo hace por conveniencia narrativa. Y de ello nace el corsé ideológico con el que se sujeta esta patraña. La ciencia nos avala, dice la ministra de Sanidad, Mónica García. Esa misma ciencia que avaló en su momento que un virus que se transmite por el aire subordinase su acción a que la persona estuviera levantada o no para fumar en la terraza del bar. Esa misma ciencia que se preocupa por el impacto sanitario del humo inhalado por los no fumadores, pero no repara en los árboles que provocan alergias a muchos ciudadanos, porque claro, los árboles sí encajan en la estética deseada.

Por último, el panfleto, en tanto que debe ser aceptado, se vende con retórica democrática. Ya no sólo se señala al fumador, sino que, además, y para reforzar su narrativa, se crean premisas incuantificables como los derechos de los no fumadores. Derechos que no se sabe muy bien de qué principio legislativo proceden, pero que terminan por cerrar a la perfección un círculo diseñado para justificar cualquier atropello a la libertad.

Y es a raíz de conceptos abstractos como estos que los Estados inventan derechos inexistentes, pero profundamente legitimadores para la masa social; pues cualquier anónimo con ínfulas de grandeza estará encantado de que el Estado fije por decreto que su libertad está por encima de la del resto.

La lucha contra el tabaco es sólo otro caballo de Troya diseñado para enfrentar y dividir opiniones entre los ciudadanos. Antonio Escohotado decía que «la lucha contra las drogas es la coartada del poder para eternizarse como tutor moral». Y si algo podemos dilucidar de estas grandes palabras de Don Antonio y su obra, es que no hay droga más peligrosa que el poder absoluto.

Fumar no es el problema

La pregunta que debemos hacernos no es si fumar es pernicioso o no para la salud. Lo es. Nadie lo discute. La cuestión es si el Estado tiene legitimidad para decidir por nosotros, por nuestra salud, por cualquier cosa que se le ocurra. Como si fuéramos seres defectuosos que deben ser orientados a la apatía, no sea que hagamos algo fuera del marco establecido y nos hagamos daño. El mundo feliz de Aldous Huxley no se ve tan lejano cuando lo que ayer fueron las drogas, hoy es el tabaco, y mañana lo será la cerveza o el azúcar…

Esto no va de salud, va de obediencia ciega sin réplica, qué es lo que el Estado necesita. Y si se obedece con el tabaco, puede que mañana también se obedezca cuando prohíban opinar. Por eso, esto no se trata de defender el tabaco, se trata de defender nuestra autonomía y asumir por nosotros mismos las consecuencias de nuestra responsabilidad.

El acto de fumar, y como tantas otras cosas del día a día, ha acabado por convertirse en un acto de rebeldía contra la expansión de la tramoya estatal. Lo más importante no es que se siga o no fumando, sino que los que no lo hacen den un paso adelante, porque la que se suprime hoy es la libertad del fumador, pero mañana, podría ser la suya.

Anomalías democráticas (III)

La protección de la salud se ha convertido en uno de los cajones de sastre con el que los Estados modernos son capaces de justificar prácticamente cualquier intervención. Desde hace algo menos de un siglo, la guerra contra las drogas tal vez sea su mayor punta de lanza. El Estado, imbuido de una guardia moral, debe determinar cuáles son las sustancias con las que es ilícito comerciar. Sobre la base de una quimérica y abstracta “salud pública”, ciertos comportamientos han comenzado a ser punibles. Como vemos, en un primer momento se ha prohibido la realización de ciertas conductas. Obviamente, esto supone un coste para la sociedad. En primer lugar, las innumerables secciones policiales dedicadas a la lucha contra el tráfico de drogas bien podrían renombrarse como “policías de la moral”.

No, las fuerzas de seguridad no deben crearse para perseguir los vicios, como ya nos previno Lysander Spooner. De hecho, un tercio de la población reclusa actual está cumpliendo penas por trasladar ciertas sustancias que el Estado considera indeseables del punto A al B1. Milton Friedman decía que, en los años ochenta, diez mil homicidios al año en Estados Unidos tenían que ver con el tráfico de drogas, una cifra evitable si el narcotráfico pasara a ser legal. Además, esta actividad se ha convertido en fuente de financiación de grupos terroristas precisamente por los crecientes beneficios como consecuencia del aumento de las prohibiciones.

El siguiente paso en el tratamiento de los ciudadanos como seres incapaces es el favorito de los Estados del Bienestar actuales: el aumento de la tributación sobre ciertos productos. De nuevo, con la misma excusa del cuidado de una salud pública, los gobiernos se han lanzado a aumentar los impuestos sobre el azúcar, la grasa o lo que consideren nocivo para la salud. Ya existe algo parecido con uno de los Impuestos Especiales, concretamente el de hidrocarburos, en teoría creado para financiar las carreteras por parte de los conductores, aunque únicamente un tercio de su recaudación se dedique a tal fin.

Pero ya hemos ido un paso más lejos. Ahora tenemos que portar ciertos objetos, como las mascarillas, o cambiar nuestros hábitos sociales con la excusa de la COVID-19. Tenemos que hacer deporte con mascarilla en el gimnasio, llevarla para no contagiar a nuestros compañeros de trabajo (aunque nos hayamos inyectado todas las veces que las autoridades sanitarias nos han permitido) o pensar en los más vulnerables. Da la sensación de que, hasta 2019, los virus respiratorios no existían. De hecho, nos pidieron un pasaporte COVID para poder acceder a ciertos locales la Navidad pasada. Convirtieron a los hosteleros en comisarios de nuestra salud, siempre por nuestro.

Ahora bien, como todo sistema impuesto desde arriba, cuenta con sus contradicciones. ¿Por qué el suministro de ciertas sustancias nocivas está penado hasta con la cárcel, mientras que otros son controlados directamente por el Estado? De hecho, hasta que se privatizó Tabacalera a finales de los años 90, el Estado controlaba directamente la producción de tabaco. Hoy únicamente controla, a través de lucrativas licencias oligopolistas, la distribución del producto. Por otro, el alcohol arruina la vida de muchas personas, pero se puede encontrar por doquier sin ningún esfuerzo, inclusive en situaciones en las que, en teoría, no podría suministrase, como la minoría de edad. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para los contagiados por COVID con una letalidad tan alta como la edad. Siguiendo este hecho científico, lo razonable sería prohibir la entrada o la socialización de las personas especialmente vulnerables por esta situación. Así, siguiendo la lógica estatal, los obesos o los mayores de sesenta años no deberían tener acceso a restaurantes, bares, cines o teatros debido a la posibilidad de contagio y de aumento del coste para el sistema sanitario.

Como acabamos de mencionar, la causa de tanta intervención suele situarse sobre el coste que dichas irresponsables acciones de algunos tiene sobre el sistema sanitario. Con un sistema de salud estatalizado, prácticamente todas las acciones realizadas por todos tienen algún coste o beneficio sobre el conjunto de la población. Si yo soy una persona deportista, que no bebe, que no fuma, que no toma drogas y que sale a correr o en bicicleta tres veces por semana, lo normal es que tenga algún descuento en mi declaración de la renta. Obviamente, esto no va a suceder porque el sistema estatal, la democratización de la sanidad, supone que los costes son impuestos al conjunto de la sociedad, no de forma individualizada. Podríamos transitar hacia un sistema en el que los derechos de propiedad estén mejor definidos, precisamente con el fin de que los ciudadanos sean los primeros en cuidar su salud, asumiendo las consecuencias de sus actos. Una deducción fiscal a los seguros privados de salud o el copago sanitario por la utilización abusiva e injustificada de los servicios sanitarios estatales podría ser un buen comienzo.

1 Casi 10.000 condenas en España por tráfico de drogas en 2020, el año que menos (aunque ya se intuye por qué). Fuente: https://www.ine.es/prensa/ec_am_2020.pdf