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Etiqueta: Salud

Ley Antitabaco: paternalismo y discurso ideológico

Hace escasos días el Gobierno volvía a mostrarse implacable en su capacidad de reinvención. Quizá para desviar la atención de sus corruptelas hacia temas más banales, fue el propio Ejecutivo quién decidió de nuevo sacar al cuadrilátero una de sus cruzadas morales particulares: la nueva Ley Antitabaco.

El texto definitivo sobre la ley será presentado en los próximos meses, pero ya conocemos ciertos aspectos de la misma. Por un lado, se introduce la prohibición de fumar en playas, terrazas, campus universitarios y vehículos de trabajo. Y por otro, la ciencia –de nuevo– como aval hipotecario del cajón de sastre en el que cabe todo lo que se quiera regular. La premisa habitual de que todo lo que se hace es por nuestro bien, por supuesto.

Por si esto no fuera suficiente, diversos medios han deslizado que la nueva ley podrá venir acompañada de una reconfiguración al alza de los impuestos al tabaco… no sea que aún quede algún fumador que no haya entendido la indirecta del Ministerio de Sanidad. Mientras tanto, y en relación con esto, ciudades como Milán ya han pisado a fondo en la cuestión liberticida y desde principios de este año, se ha prohibido fumar incluso en la calle.

Al Estado ya no le basta con decirnos cómo vivir, sino que ahora también necesita controlar el cuándo y el dónde… Pero no por autoritarismo, sino por salud. Una vez más, el poder político disfraza su hambre de control y expansión de bondad, y esta vez nos la entrega como salud pública. Con palabras como “bienestar”, “prevención”, o “colectivo”. Y como no podía ser de otra manera, los valedores del bien común y los derechos autoadquiridos aplauden una medida que, de nuevo, nos trata como niños incapaces.

El Estado terapeuta y la domesticación del individuo

Llegados a los niveles actuales de expansión, el Estado no necesita castigar directamente, sino que a través de propaganda y verborrea cientificista consigue una población dócil que avala cualquier medida liberticida si ésta viene envuelta en promesas como el bien común, bienestar social o salud pública.

El psiquiatra Thomas Szasz, explicó en su libro ‘El Estado Terapéutico’ cómo hemos pasado del Estado opresor al Estado terapeuta. Y este es el fundamento principal de este tipo de leyes: el poder ya no encarcela por romper las reglas, sino que ahora nos “previene”, nos “acompaña”, nos “orienta” y nos “corrige” de ser necesario. El paternalismo sirve como correa de transmisión para los delirios estatales, y si la población no obedece, analogía del padre sobreprotector mediante, lo hará a la fuerza.

Ya sea propia o ajena, con la excusa de la salud el Estado decide qué conductas son adecuadas para el ciudadano, el cual debe evitar todo aquello que opere fuera de los márgenes estatales. Los outsiders son ahora aquellos que quieran acompañar la cerveza con un cigarro en la terraza. Los nuevos extremistas son hoy los que pretenden fumarse un cigarro en el polideportivo tras la pachanga de los domingos.

Pero como toda medida liberticida, las contradicciones e incongruencias son infranqueables; ejemplo de ello es la reciente despenalización del consumo de drogas dentro del coche por tratarse de un espacio privado, pero a la par, se pretende castigar a quien tenga la ocurrencia de fumar esperando a su hijo frente al colegio… no vaya ser que ese niño vea algo que no debe.

Narrativas estéticas, ciencia selectiva

La hipocresía estatal no conoce límites. Por un lado, se nos dice que el tabaco es un problema de salud pública, pero por otro, no se prohíbe. El Estado recauda más de 8.500 millones de euros al año gracias a los impuestos derivados de la venta de tabaco. Pero es que además, y haciendo de nuevo gala de su hipocresía, se estima que el gasto sanitario derivado del tabaco oscila en torno a los 30.000 millones de euros anuales. No se entiende entonces por qué algo tan dañino, que consume tantos recursos públicos y que produce tanta preocupación entre los legisladores no se prohíbe directamente, como ya se hace con otro tipo de sustancias. A no ser, claro, que la intención sea otra.

Y ahí está el trasfondo de la cuestión: el discurso antitabaco no responde a un interés sanitario ni económico para el contribuyente. La nueva cruzada moral solamente responde a fines ideológicos, y, tras sus rigurosos estudios de impacto, parece que ya no caben los paquetes de cigarrillos. Una batalla por la estética, impuesta por los nuevos moralistas.

Fumar, al igual que se hace con la carne roja desde sectores ecologistas y feministas, se asocia a la masculinidad tóxica. Recordemos, por ejemplo, cuando hace tres años Sandrine Rousseau, diputada de Les Écologistes en Francia, ponía el asado y la barbacoa en el centro del debate, afirmando que «tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que comer una costilla a la brasa deje de ser un símbolo de virilidad». Porque el empresario que se fuma el cigarro en la puerta de su negocio representa el neoliberalismo salvaje. En cambio, quien hace bandera de la autoaceptación y el hedonismo narcotizado, es presentado como un modelo a seguir porque vive desinhibido de las ataduras que esta vida capitalista y heteropatriarcal nos impone.

La libertad como anomalía

El Estado no señala por honestidad intelectual, sino que lo hace por conveniencia narrativa. Y de ello nace el corsé ideológico con el que se sujeta esta patraña. La ciencia nos avala, dice la ministra de Sanidad, Mónica García. Esa misma ciencia que avaló en su momento que un virus que se transmite por el aire subordinase su acción a que la persona estuviera levantada o no para fumar en la terraza del bar. Esa misma ciencia que se preocupa por el impacto sanitario del humo inhalado por los no fumadores, pero no repara en los árboles que provocan alergias a muchos ciudadanos, porque claro, los árboles sí encajan en la estética deseada.

Por último, el panfleto, en tanto que debe ser aceptado, se vende con retórica democrática. Ya no sólo se señala al fumador, sino que, además, y para reforzar su narrativa, se crean premisas incuantificables como los derechos de los no fumadores. Derechos que no se sabe muy bien de qué principio legislativo proceden, pero que terminan por cerrar a la perfección un círculo diseñado para justificar cualquier atropello a la libertad.

Y es a raíz de conceptos abstractos como estos que los Estados inventan derechos inexistentes, pero profundamente legitimadores para la masa social; pues cualquier anónimo con ínfulas de grandeza estará encantado de que el Estado fije por decreto que su libertad está por encima de la del resto.

La lucha contra el tabaco es sólo otro caballo de Troya diseñado para enfrentar y dividir opiniones entre los ciudadanos. Antonio Escohotado decía que «la lucha contra las drogas es la coartada del poder para eternizarse como tutor moral». Y si algo podemos dilucidar de estas grandes palabras de Don Antonio y su obra, es que no hay droga más peligrosa que el poder absoluto.

Fumar no es el problema

La pregunta que debemos hacernos no es si fumar es pernicioso o no para la salud. Lo es. Nadie lo discute. La cuestión es si el Estado tiene legitimidad para decidir por nosotros, por nuestra salud, por cualquier cosa que se le ocurra. Como si fuéramos seres defectuosos que deben ser orientados a la apatía, no sea que hagamos algo fuera del marco establecido y nos hagamos daño. El mundo feliz de Aldous Huxley no se ve tan lejano cuando lo que ayer fueron las drogas, hoy es el tabaco, y mañana lo será la cerveza o el azúcar…

Esto no va de salud, va de obediencia ciega sin réplica, qué es lo que el Estado necesita. Y si se obedece con el tabaco, puede que mañana también se obedezca cuando prohíban opinar. Por eso, esto no se trata de defender el tabaco, se trata de defender nuestra autonomía y asumir por nosotros mismos las consecuencias de nuestra responsabilidad.

El acto de fumar, y como tantas otras cosas del día a día, ha acabado por convertirse en un acto de rebeldía contra la expansión de la tramoya estatal. Lo más importante no es que se siga o no fumando, sino que los que no lo hacen den un paso adelante, porque la que se suprime hoy es la libertad del fumador, pero mañana, podría ser la suya.

Anomalías democráticas (III)

La protección de la salud se ha convertido en uno de los cajones de sastre con el que los Estados modernos son capaces de justificar prácticamente cualquier intervención. Desde hace algo menos de un siglo, la guerra contra las drogas tal vez sea su mayor punta de lanza. El Estado, imbuido de una guardia moral, debe determinar cuáles son las sustancias con las que es ilícito comerciar. Sobre la base de una quimérica y abstracta “salud pública”, ciertos comportamientos han comenzado a ser punibles. Como vemos, en un primer momento se ha prohibido la realización de ciertas conductas. Obviamente, esto supone un coste para la sociedad. En primer lugar, las innumerables secciones policiales dedicadas a la lucha contra el tráfico de drogas bien podrían renombrarse como “policías de la moral”.

No, las fuerzas de seguridad no deben crearse para perseguir los vicios, como ya nos previno Lysander Spooner. De hecho, un tercio de la población reclusa actual está cumpliendo penas por trasladar ciertas sustancias que el Estado considera indeseables del punto A al B1. Milton Friedman decía que, en los años ochenta, diez mil homicidios al año en Estados Unidos tenían que ver con el tráfico de drogas, una cifra evitable si el narcotráfico pasara a ser legal. Además, esta actividad se ha convertido en fuente de financiación de grupos terroristas precisamente por los crecientes beneficios como consecuencia del aumento de las prohibiciones.

El siguiente paso en el tratamiento de los ciudadanos como seres incapaces es el favorito de los Estados del Bienestar actuales: el aumento de la tributación sobre ciertos productos. De nuevo, con la misma excusa del cuidado de una salud pública, los gobiernos se han lanzado a aumentar los impuestos sobre el azúcar, la grasa o lo que consideren nocivo para la salud. Ya existe algo parecido con uno de los Impuestos Especiales, concretamente el de hidrocarburos, en teoría creado para financiar las carreteras por parte de los conductores, aunque únicamente un tercio de su recaudación se dedique a tal fin.

Pero ya hemos ido un paso más lejos. Ahora tenemos que portar ciertos objetos, como las mascarillas, o cambiar nuestros hábitos sociales con la excusa de la COVID-19. Tenemos que hacer deporte con mascarilla en el gimnasio, llevarla para no contagiar a nuestros compañeros de trabajo (aunque nos hayamos inyectado todas las veces que las autoridades sanitarias nos han permitido) o pensar en los más vulnerables. Da la sensación de que, hasta 2019, los virus respiratorios no existían. De hecho, nos pidieron un pasaporte COVID para poder acceder a ciertos locales la Navidad pasada. Convirtieron a los hosteleros en comisarios de nuestra salud, siempre por nuestro.

Ahora bien, como todo sistema impuesto desde arriba, cuenta con sus contradicciones. ¿Por qué el suministro de ciertas sustancias nocivas está penado hasta con la cárcel, mientras que otros son controlados directamente por el Estado? De hecho, hasta que se privatizó Tabacalera a finales de los años 90, el Estado controlaba directamente la producción de tabaco. Hoy únicamente controla, a través de lucrativas licencias oligopolistas, la distribución del producto. Por otro, el alcohol arruina la vida de muchas personas, pero se puede encontrar por doquier sin ningún esfuerzo, inclusive en situaciones en las que, en teoría, no podría suministrase, como la minoría de edad. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para los contagiados por COVID con una letalidad tan alta como la edad. Siguiendo este hecho científico, lo razonable sería prohibir la entrada o la socialización de las personas especialmente vulnerables por esta situación. Así, siguiendo la lógica estatal, los obesos o los mayores de sesenta años no deberían tener acceso a restaurantes, bares, cines o teatros debido a la posibilidad de contagio y de aumento del coste para el sistema sanitario.

Como acabamos de mencionar, la causa de tanta intervención suele situarse sobre el coste que dichas irresponsables acciones de algunos tiene sobre el sistema sanitario. Con un sistema de salud estatalizado, prácticamente todas las acciones realizadas por todos tienen algún coste o beneficio sobre el conjunto de la población. Si yo soy una persona deportista, que no bebe, que no fuma, que no toma drogas y que sale a correr o en bicicleta tres veces por semana, lo normal es que tenga algún descuento en mi declaración de la renta. Obviamente, esto no va a suceder porque el sistema estatal, la democratización de la sanidad, supone que los costes son impuestos al conjunto de la sociedad, no de forma individualizada. Podríamos transitar hacia un sistema en el que los derechos de propiedad estén mejor definidos, precisamente con el fin de que los ciudadanos sean los primeros en cuidar su salud, asumiendo las consecuencias de sus actos. Una deducción fiscal a los seguros privados de salud o el copago sanitario por la utilización abusiva e injustificada de los servicios sanitarios estatales podría ser un buen comienzo.

1 Casi 10.000 condenas en España por tráfico de drogas en 2020, el año que menos (aunque ya se intuye por qué). Fuente: https://www.ine.es/prensa/ec_am_2020.pdf

El lenguaje económico (VI): La sanidad

La sanidad, como ya vimos el mes pasado con la biología, es otro de los ámbitos favoritos de la retórica económica. Así, cuando creemos que la economía funciona según nuestra idea de lo que es correcto la adjetivamos como «sana» o, si se aleja, como «enferma». Algunos ejemplos son: «sanear» la economía», una industria o una empresa; tener una moneda sana», etc. Otro uso metafórico fue la histórica «fiebre» del oro, movimiento migratorio de 300.000 trabajadores hacia California, entre 1848 y 1845, para dedicarse a la minería del oro y negocios auxiliares. Vemos algunos de los tropos más empleados en economía.

1. El médico

Cuando decimos que algo está «enfermo» resulta inevitable la aparición de un «médico». Eminentes economistas (Samuelson y Nordhaus, 2006: 34) afirman que: «En todos los casos, las fallas de mercado provocan producción o consumo ineficientes y el Estado puede contribuir significativamente a curar la enfermedad». Es decir, el libre mercado sufre supuestas enfermedades —externalidades, gorrones (free riders), monopolios, competencia imperfecta, etc.—, pero por fortuna tenemos un excelente galeno —el gobierno— dispuesto a remediarlas. La analogía del médico y el enfermo sirve espuriamente al intervencionismo económico. Los economistas Austriacos han refutado sobradamente todos los mitos —fallos de mercado— que integran la Teoría de los bienes públicos: «Es un razonamiento erróneo, ostentoso, montado en contradicciones internas, incongruencias, apelando a interpretaciones basadas en prejuicios y creencias populares asumidas, pero sin mérito científico alguno» (Hoppe, 2013: 83). El gobierno, más que a un médico, se asemeja a un pésimo curandero.

2. La salud no está en venta

Con frecuencia, colectivistas y personas con elevada «sensibilidad» social afirman que la salud no debería estar sometida a las leyes del mercado. «La salud no está en venta» y otros eslóganes parecidos son habituales en las manifestaciones de las conocidas «mareas blancas». Sobra decir que esta pretensión es tan imposible como desear que la ley de la gravedad no afecte a quienes se suicidan tirándose al vacío.
     Quienes afirman que la sanidad debería ser gratis, en el fondo, pretenden robar los medicamentos a las farmacéuticas, el equipamiento hospitalario a sus fabricantes y esclavizar a los trabajadores de la sanidad. La salud o la atención sanitaria, por mucho que se proclame y declare, no es un derecho humano, sino una necesidad sujeta a las leyes de la economía. «La salud no tiene precio» es otra falacia similar. Precisamente, porque la salud es altamente valorada por los consumidores, los productos y servicios sanitarios son objeto de intercambio económico y reflejan precios de mercado.

3. Demonizar el comercio sanitario      

Los enemigos del libre comercio sanitario lo demonizan lingüísticamente de varias formas. La primera es utilizar el sinónimo peyorativo «tráfico» pues todo traficante —armas, drogas, órganos, migrantes— es visto como un malvado. La segunda es utilizando eslóganes espurios —«la salud no está en venta»— que ya han sido desenmascarados por el marginalismo económico, es decir, los consumidores no compran clases de bienes (salud, seguridad, cultura), sino específicas cantidades de productos y servicios (20 aspirinas de 0,5 gr., 1 alarma antirrobo, 2 entradas al museo). En tercer lugar, incluso ciertas ofertas comerciales en el ámbito sanitario son vistas con recelo. Por ejemplo, en nuestro país, algunos colegios de dentistas han lanzado la campaña: «Tu boca no está de oferta», cuya finalidad oficial es alertar a los consumidores de la publicidad «engañosa», precios «excesivamente» bajos, materiales de «mala» calidad y prácticas «erróneas» que ponen en riesgo la salud de los pacientes. Nosotros, por el contrario, apreciamos una práctica mercantilista para interferir la competencia de las franquicias dentales y otros proveedores low-cost. Recordemos que en el libre mercado todas las calidades son bienvenidas, todas tienen su público y que cada individuo tiene una percepción subjetiva sobre la calidad; por tanto, es un grave error difamar los productos y servicios de menor calidad, así como las ofertas comerciales y descuentos. Además, estas campañas suelen caer en contradicciones internas; por ejemplo, la mayoría de clínicas dentales aplica descuentos a las familias si dos o más hijos reciben a la vez un tratamiento de ortodoncia. ¿Significa esto que la boca del segundo hermano está de oferta?

4. Economía o salud: un falso dilema.

Otro error frecuente es contraponer la salud a la economía, como si una se obtuviera a expensas de la otra. Durante la primera ola de la pandemia por Covid-19 muchos gobiernos prohibieron determinadas actividades económicas para (supuestamente) proteger la salud. Esto afirma Fernando del Pino Calvo-Sotelo (2020: 47):

El gobierno ha creado un debate maniqueo y falaz contraponiendo la voluntad de «salvar vidas» (defendida por la izquierda, esto es, los buenos) con la de «salvar la economía» (defendida por la derecha, esto es, los malos). […] No hay contradicción alguna entre salvar la economía y salvar vidas, porque la economía salva vidas. Si hundimos la economía, no podremos financiar los recursos para sostener nuestro sistema sanitario.

Análogamente, resulta baladí y arbitrario establecer una jerarquía entre las clases de bienes. La frase «la salud es lo primero» contiene una brizna de verdad pues determinadas enfermedades son incapacitantes, pero el consumo de servicios sanitarios, equipamiento y medicamentos debe sufragarse con ahorro, es decir, con trabajo previamente realizado. Sin trabajo no podemos costear la sanidad. Un país que restringe institucionalmente su economía mediante el confinamiento y el cierre arbitrario de negocios no «esenciales» verá reducida su capacidad sanitaria.

Bibliografía

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2006). Economía. Méjico: McGraw-Hill

(18ª edición).

Hoppe, H. (2013). Una Teoría del Socialismo y el Capitalismo. [Versión Kindle]. Innisfre

Pino, F. (2020). «El confinamiento como experimento totalitario». Expansión (15 mayo).

Serie El lenguaje económico:

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor