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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

Obama es un gran farolero

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El presidente de EEUU está de enhorabuena. Obama ha derrotado a los republicanos en la particular partida de póker político jugada en las dos últimas semanas, con la consiguiente alegría y alborozo de los amantes de la ingeniería social y el intervencionismo estatal. La rendición del Partido Republicano se materializó el pasado jueves tras acordar un plan con los demócratas para elevar temporalmente el techo de deuda pública y poner fin al cierre parcial del Gobierno federal. De este modo, Washington contará con un nuevo balón de oxígeno para seguir gastando a placer el valioso dinero de los contribuyentes, al menos hasta el próximo mes de febrero, cuando se tendrá que volver a discutir la espinosa cuestión del límite de endeudamiento.

Así pues, los republicanos –que no el Tea Party, auténtico impulsor de este pulso a la Casa Blanca– han fracasado estrepitosamente en su intento por frenar o retrasar la polémica reforma sanitaria de Obama, el proyecto estrella del presidente. El ala más liberal del partido supo aprovechar, muy certeramente, los excesos presupuestarios del Gobierno para plantear un inesperado órdago con el que tratar de tumbar el nefasto Obamacare. El plan, en principio, era muy sencillo: si Washington no daba marcha atrás a su reforma, los republicanos –que ostentan la mayoría en el Congreso– forzarían el cierre estatal (shutdown) y rechazarían elevar el límite de deuda. La idea, por tanto, consistía en colocar a Obama entre la espada y la pared, ya que éste se vería obligado a aplicar grandes recortes si no se plegaba a dichas demandas. Esta estrategia ha sido calificada por muchos como un auténtico chantaje, lo cual no deja de sorprender si se tiene en cuenta que los mecanismos de presión blandidos por la oposición no sólo son plenamente legales y legítimos sino que forman parte del ADN democrático de Estado Unidos, caracterizado por la existencia de contrapesos institucionales con el fin de limitar, con más o menos éxito, el siempre peligroso poder del Estado.

El gran error de la rama más conservadora de los republicanos, sin embargo, fue minusvalorar la capacidad de comunicación de Obama para ganar la batalla de los medios y, por tanto, de la opinión pública acusando a los republicanos de poner en riesgo la estabilidad económica no sólo de EEUU sino del mundo entero. El presidente no se arrugó, mantuvo intacto su proyecto sanitario y orientó todos sus esfuerzos a anunciar la quiebra del país más rico del planeta en caso de que los republicanos no dieran su brazo a torcer. Así pues, el póker republicano fue contestado con un repóker de ases por parte del demócrata. En términos de mus, lo de Obama ha sido un auténtico órdago a la grande. Se jugó la partida a todo o nada. De ahí, precisamente, sus veladas amenazas y sus apocalípticos augurios en caso de que no se alcanzara un acuerdo para aumentar la deuda… ¿Su mensaje? Estoy dispuesto a todo, incluso a declarar unilateralmente la bancarrota del país, con tal de no ceder un ápice en mi reforma sanitaria.

Simplemente, demencial. Deténgase un momento en la idea anterior y reflexione sobre sus implicaciones. Que el presidente de EEUU, muy posiblemente el hombre más poderoso del planeta, amenace, directamente, con impagar a los acreedores del Gobierno federal, entre ellos China –su mayor prestamista–, para no suavizar su ley estrella es un síntoma inequívoco de necedad y desvergüenza difícilmente comparable. Según sus palabras, Obama estaba dispuesto a todo, incluso a implosionar la economía global, desatando con ello la tercera guerra mundial a nivel económico, con tal de mantener intacta una reforma sanitaria. Visto desde este prisma, ¿quién era realmente el chantajista?, ¿el irresponsable político capaz de semejante barbaridad?, ¿los demócratas o los republicanos?, ¿Obama o el Tea Party?

La respuesta es evidente. La clave, sin embargo, es si tal diatriba era o no realmente creíble. ¿Hablaba en serio o iba de farol? ¿De verdad es posible que Obama declarara la suspensión de pagos de EEUU en caso de que no se hubiera elevado el techo de deuda? La respuesta es no. Una irresponsabilidad de tal calibre es, por pura lógica, muy improbable, ya que provocaría un colosal caos económico de consecuencias imprevisibles, además del suicidio político del presidente. El líder demócrata logró, sin duda, vender su mensaje al mundo (EEUU suspenderá pagos si los republicanos no ceden), demostrando así su habilidad para colar faroles, pero lo que resulta incomprensible es la ingenuidad mostrada por la mayoría republicana, a excepción de algunos miembros del Tea Party, para tragarse semejante falacia.

En realidad, más que ingenuos, los conservadores han demostrado ser unos cobardes. EEUU nunca estuvo en riesgo real de default. El mercado jamás contempló tal escenario, los inversores sabían que Obama iba de farol, ya que no elevar la deuda no implicaba en ningún caso la temida quiebra soberana. Por el contrario, tal situación (no elevar el citado límite) hubiera sido todo un éxito tanto para los republicanos como para el conjunto de los estadounidenses, ya que el Gobierno federal se habría visto obligado a recortar de forma drástica el gasto público o, como mínimo, frenar el pernicioso Obamacare.

Si los republicanos hubieran mantenido el pulso, Obama habría levantado sus cartas, descubriendo así que su anunciado repóker era, en realidad, una farolada. EEUU no suspendería pagos, el presidente habría renunciado a su dañina reforma y, por tanto, los republicanos habrían salido victoriosos e incluso reforzados de cara a las próximas elecciones. El fallo, pues, no estuvo en el Tea Party, cuya posición fue sólida y consecuente en todo momento debido a unas férreas convicciones ideológicas, sino en la cobardía de los neocon, tanto o más estatistas que los demócratas. El Partido Republicano ha hecho el ridículo y, como consecuencia, se ha abierto un profundo cisma cuya deriva, por el momento, es desconocida. Ahora sólo cabe confiar en que esta clamorosa derrota fortalezca la posición de los liberales, pues sería positivo tanto para el Partido Republicano como para el propio futuro de EEUU.

El ‘Obamacare’ y la deuda

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Los republicanos se equivocan. El Obamacare no tiene absolutamente nada que ver con el dulce socialismo europeo. Es una versión limitada del modelo suizo de salud, rabiosamente conservador y muy de acuerdo con un principio básico del liberalismo clásico: las personas deben ser responsables de sus vidas. Cada palo debe aguantar su vela.

Los suizos tienen uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Es eficiente, rápido, y con un altísimo nivel científico. Todas las personas que viven en el país, incluso los ilegales, desde que nacen hasta que mueren, tienen que suscribir un seguro de salud en una de las 93 compañías privadas que lo ofrecen y compiten en precio y calidad. El Estado federal regula las prestaciones de esos seguros o cajas de enfermedad y los cantones los administran. Si alguien no puede pagar por el seguro, el cantón se ocupa de sufragar esos gastos.

El sistema de salud suizo no es barato. Consume aproximadamente un 12% del PIB nacional (que es la media de los países de ODCE), pero en Estados Unidos es casi el 18%, mientras las medicinas son las más caras del planeta. En Estados Unidos, además, hasta la promulgación del Obamacare, existía esa vergüenza increíble de las personas a las que se les negaba un seguro médico por padecer alguna enfermedad crónica, o se les exigía una cantidad inalcanzable de dinero por la prima. Eso es indigno de la primera economía del planeta.

El Obamacare se parece mucho al modelo suizo, pese a los defectos que posee. Es un claro error, por ejemplo, que los indocumentados no puedan adquirir ese seguro de salud. Ello implica que, cuando se enfermen y deban atenderlos en los hospitales públicos, algo absolutamente justificable, los gastos acabe por afrontarlos el conjunto de la sociedad. Por acosar y perjudicar a los indocumentados, los legisladores acaban acosando y perjudicando a los ciudadanos y residentes legítimos.

Algo muy parecido a lo que sucede cuando a los indocumentados les niegan o complican innecesariamente el acceso a la ciudadanía. Todos los estudios serios demuestran que las personas con ciudadanía plena crean más riquezas y ahorros que quienes padecen la incertidumbre de una residencia precaria y limitada. Ser duro con los inmigrantes indocumentados es la manera más veloz de quedarse tuerto por ver al otro ciego.

Los demócratas también se equivocan. Es una insensatez del Gobierno de Obama continuar endeudando al país. La deuda nacional ya anda por los 17 billones (trillions en inglés). Todos los días de Dios esa deuda crece en más de 1.800 millones de dólares. Ya excede al PIB nacional (16 billones o trillions). Invito al lector a entrar a la web U. S. Government Debt para que vea en movimiento el cuadro de las finanzas públicas. Si no se asusta o deprime es porque padece una patológica indiferencia ante el horror o le han hecho una lobotomía radical.

Hoy los intereses son los más bajos de la historia y, pese a ello, de cada dólar que se paga por impuestos al Gobierno federal, veinticinco centavos van a parar a los tenedores de deuda pública. Si los intereses subieran al 5%, que se acerca a la media histórica, la mitad de los impuestos iría a pagar intereses. Como esa situación es impensable, dados los compromisos con la Seguridad Social, el Medicare y Defensa –los tres leones hambrientos del presupuesto–, habría que aumentar los impuestos y todo el aparato productivo disminuiría su capacidad de crear riquezas.

Pero los políticos no están locos ni son más irresponsables que los cocineros o los vendedores de camisas. Los políticos, como suele decir el diputado español Miguel Ángel Cortés, sólo son "animales feroces que se alimentan de votos". Y estas peculiares criaturas responden a los intereses de corto plazo de sus electores. La estupidez keynesiana de que "a largo plazo todos estaremos muertos" no sirve de consuelo. Si no se frena esta locura, a largo plazo todos estaremos en la ruina. Algo que se parece a la muerte.

elblogdemontaner.com

El mito de la Sanidad Pública

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El mito de la Sanidad Pública

En términos generales, las personas son más honradas en los asuntos privados que en los públicos.

David Hume, Essays Moral, Political and Literacy

La sanidad y el sistema sanitario se ha convertido, casi sin dudas, en uno de los temas de nuestro tiempo. Y en uno con el que hacer incesante campaña en defensa de los poderes del Gobierno o Estado frente a la sociedad civil. El elogio y bastión por la llamada "sanidad pública" de modo inequívoco ha llegado a ser uno de los grandes mantras allende los mares. Hasta cuando la derecha conservadora introduce cambios para controlar la demanda (el mal llamado copago que no es sino repago), o controlar los costes (modelos de gestión privada), afirma que lo hace para defender la "sanidad pública". Con todo y con esto, cuestionar la Sanidad pública parecería semejante a querer hacer lo propio con los derechos humanos fundamentales o la Ley de la Gravedad de Newton: algo bárbaro y atroz tanto moral como intelectualmente.

Decía el novelista Mark Twain que cuando te encuentres del lado de la mayoría es hora de hacer una pausa y reflexionar. Intentemos pues reflexionar. Si lo pensamos bien, es común la idea de que la relación del Gobierno respecto a la sociedad civil es comparable a la que Santo Tomás de Aquino formuló para demostrar a Dios con sus famosas "cinco vías". Creemos que la sociedad está diseñada, ergo se precisa un diseñador (quinta vía), que la movilidad que implica la sociedad necesita de un motor primero (primera vía), que la sociedad es consecuencia de una causa anterior (segunda vía), y hasta incluso que la sociedad es un evento contigente o fortuito que precisa de otro necesario (tercera vía), el cual poco menos conlleva el grado de la perfección (cuarta vía). Así, el Gobierno sería necesario, origen del orden y causa de donde emana la sociedad.

En el fondo, en esta idea sin ambages se basó Platón y es la ineludible base filosófica de donde emergió una ideología: el socialismo en todas sus variantes y formas. Así, si tenemos educación, sanidad, carreteras y semáforos, complejos urbanos o incluso leyes es, y no podría ser de otra forma según tal concepción, gracias a que hay alguien que está a cargo de ello, un ordenador y director de orquesta: el Gobierno.

El orden, tal como presume ese modo de pensar, necesita de un generador central. Por ello es popular que el mercado es la selva: en ambos no habría Gobierno.

Sin embargo, cuando uno visita un supermercado difícilmente puede decir que eso es comparable a una selva. Los lineales están perfectamente apilados, los productos etiquetados, referenciados, ordenados, categorizados e incluso diariamente repuestos. Es más, la variedad de formatos, precios y calidades es poco menos que asombrosa. Con o sin azúcar, con o sin lactosa o sal, en tamaño pequeño o grande, congelado, fresco, de importación o nacional, ecológico… Además, existen múltiples redes distintas de supermercados con diversas selecciones de precios, productos, tipo de atención al cliente, ofertas y ventajas. Resulta harto curioso que demandemos un ordenador y director de orquesta (Gobierno) para que ciertas cosas se hagan, se hagan bien y cubran necesidades fundamentales de los ciudadanos (sanidad, educación…), cuando cosas tan fundamentales y vitales como la alimentación (sin la cual morimos en días) se hacen y se hacen tan bien al alcance popular de los ciudadanos sin apenas presencia de aquel director de orquesta. El error reside en creer que el orden necesita un generador central; el orden autogenerado no es magia: simplemente se llama sociedad libre.

Así, la idea de orden dirigido y controlado cuyo epítome es el Ejército tan bien regido, jerarquizado y organizado por el Gobierno la pretendemos trasladar al resto de ámbitos de la vida y la sociedad. "Si la sanidad no es pública y en manos del Gobierno, será caótica y cara", protestan las hordas que comen barato gracias al libre mercado alimentario.

¿Por qué en 1840 nadie reclamaba la necesidad de una sanidad para cuantas más personas posibles? No podemos decir que fue la ausencia de democracia, pues en aquel entonces ya existían Gobiernos elegidos por sufragio. Si hoy demandamos cosas que hace no tantas décadas no exigíamos es porque el Capitalismo de libre mercado y la globalización han hecho posible que cada vez más personas tengan acceso a cada vez más bienes y servicios. Nos acostumbramos a vivir cada vez mejor que las generaciones previas y solicitamos del Gobierno que acelere este proceso. Por desgracia, no somos conscientes de que el Gobierno al ordeñar la vaca pródiga del Capitalismo la paraliza y esteriliza. Cuando el ordenador y director de orquesta entra en la escena del orden autogenerado del mercado, el proceso social se estanca y anquilosa. Cuando afirmo que el Gobierno es en sí mismo una religión, ni siquiera es una metáfora: es la misma idea de no concebir el movimiento de los planetas, el viento o cualquier fenómeno físico o climático más allá de los mandatos y decisiones de un Dios o cerebro central. El problema, claro está, no es que unos crean en el Gobierno, sino que nos hacen comulgar forzosamente con ellos a quienes no profesamos su religión gubernamental.

La ilusión del acceso igual y universal cuando el Gobierno elimina los procesos de mercado y la propiedad privada no es más que eso: el precio político de la sanidad pública-gubernamental favorece por ejemplo el acceso a la sanidad a quienes son capaces de mantenerse vivos durante más tiempo en una lista de espera.

Uno de los muchos argumentos de los enemigos de la libertad contra la sanidad libre (y la ciencia médica libre) es que dado que no todas las terapias, teorías ni estrategias clínicas funcionan ni son efectivas, es tarea del director de orquesta (Gobierno) decidir qué teorías médicas son aplicables. El problema –aparte de la falta de libertad de elección del paciente- es que esto significa qué teorías y estrategias son subvencionables. Y aquí es donde la medicina, al estar en manos del Gobierno, se convierte en un juego y trama política. La salud y la ciencia se politizan. El servicio al consumidor se transforma en servicio al subvencionador.

Dado además que evidentemente habrá teorías más ciertas y otras más fraudulentas médicamente, si el Gobierno acierta acertaremos todos. Pero si el Gobierno no acierta fracasaremos todos. El proceso de competencia del mercado sanitario tiene los incentivos para marginar las teorías médicas fraudulentas de que carece el Gobierno.

Realmente no existe tal cosa como la "propiedad pública". El economista Murray Rothbard observó certeramente que no era más que un modo de designar la propiedad privada del Gobierno. El también economista Gustave de Molinari aseveró un siglo antes que el concepto de "propiedad pública" no es más que un oxímoron, es decir, un absurdo o contradicción en términos. Toda genuina propiedad, como la de los políticos y burócratas, es de alguien o algunos individuos definidos y concretos: es privada.

Así, podríamos establecer la justa dicotomía entre propiedad privada de la sociedad civil versus la propiedad privada del Gobierno. Los llamados defensores de la ‘sanidad pública’ son por tanto defensores del Gobierno. Pero, ¿es cierto que la sociedad no puede administrar y gestionar bien su sanidad, o que no puede cubrir a creciente número de masas populares? El caso británico es aleccionador.

El doctor David Green expuso de manera tan incontestable como brillante cómo las clases obreras británicas se labraron desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX cuando irrumpió el gubernamental Sistema Nacional de Salud británico su propio futuro y cuidado sanitario sin necesidad alguna de Gobierno. Por ejemplo, en 1847 abrió el Great Western Railway Medical Fund Society of Swindon dando cobertura a más de 40.000 obreros y sus familias afiliados a su mutua, que eran atendidos por más de una docena de médicos, especialistas con servicio de urgencias y visitas a domicilio, un hospital con casi medio centenar de camas e incluso varios dentistas. Mutuas y asociaciones de autoayuda se popularizaron con el tiempo en diversos sectores obreros británicos demostrando cuán benefactor es el mercado libre para los trabajadores y su salud: ferroviarios, obreros industriales, mineros… Cada vez eran más y cada vez contaban con servicios médicos crecientes y en mejora. El número de instituciones médicas libres y privadas como estas mutuas de trabajadores y obreros se multiplicaron en Gran Bretaña por 16 entre 1870 y 1883. Para esta fecha, las sociedades médicas contaban con prácticamente 140.000 afiliados y para comienzos del siglo XX ya superaban los 300.000 los afiliados. En todo tipo de mutuas, sociedades o asociaciones voluntarias en 1911 estaban en total cubiertos casi 10 millones de británicos.

El mercado libre y el orden espontáneo y autogenerado de la sociedad voluntaria era un tren a todo gas. Cada vez más rápido, cada vez mejor, los obreros disfrutaban de una provisión sanitaria que nunca antes habrían soñado. La soberanía del consumidor, el poder del obrero como comprador y afiliado para servicios médicos marcaba la pauta de la medicina y el cuidado que exactamente esta clase obrera demandaba y quería. A partir de la Segunda Guerra Mundial el Gobierno británico se precipitó sobre un sector como el sanitario que rendía a pleno gas sometido a las necesidades de los ciudadanos y obreros. Sin ser plenamente consciente de su alabanza al sistema capitalista y libre, la propia revista británica socialista The New Society admitió que "la competencia del mercado satisfacía las necesidades del pueblo" refiriéndose al sistema libre de mutuas sanitarias antes de la irrupción del Gobierno sobre este sector.

Una vez que la propiedad privada de la sociedad es sustituida por la propiedad privada del Gobierno, el poder del ciudadano se diluye. La soberanía del consumidor de un bien o servicio se sustituye por la preeminencia del productor. En la auténtica propiedad privada, el poder reside en los ciudadanos que consumen ese bien; en la llamada propiedad pública, los ciudadanos consumen pasivamente lo que el productor produce. Pasar de la manos privadas del Gobierno ("públicas") a las de los individuos de la sociedad es pasar la toma de decisiones del Gobierno al pueblo.

¿Y qué sucedió cuando irrumpió el Sistema Nacional de Salud británico en 1948? ¿Cuáles fueron los efectos de pasar de la medicina capitalista a una socialista? En 1949, un año después de que el Gobierno expropiara la sanidad del pueblo, la práctica totalidad de mutuas y asociaciones médicas de autoayuda anunciaron el cierre de sus puertas. El Gobierno había dado, ya sin remedio, una estocada mortal a la auto-organización, la solidaridad y la libertad de los obreros y sus cuidados sanitarios.

Nunca, jamás, y la historia lo demuestra, clases obreras como en este caso la británica ni realmente ninguna otra, necesitaron de Gobierno alguno para organizar y administrarse su salud. Siempre han sido y fueron los obreros suficientemente capaces, diligentes y válidos para decidir lo que querían y cuidar de sus familias sin que ningún ordenador, planificador ni dirigente gubernamental guíe y tutele sus vidas y sus fortunas.

Pues ésta, realmente, es la verdadera batalla que en la sanidad como en tantos frentes hemos de librar. La de la emancipación de cada ciudadano, la devolución de la soberanía del Gobierno al pueblo, la desamortización de los bienes y servicios expropiados y expoliados por el órgano gubernamental y estatal, la restitución de la autoridad del ciudadano-consumidor usurpada por los políticos-productores, y la iza de una bandera tan descollante como posible sea: la de la libertad. Para ser más prósperos que nuestros antepasados, y cada vez más. Y sobre todo más honorables, más justos y más humanos.

Si pretende jubilarse… ¡Ahorre!

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El Gobierno acaba de presentar la segunda reforma estructural del sistema público de pensiones en apenas tres años. Entre otras medidas importantes, el PSOE retrasó la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, elevó de 35 a 37 años el periodo obligatorio de cotización para cobrar la totalidad de la prestación y amplió de 15 a los últimos 25 años la base de referencia sobre la que calcular el importe de la pensión. Ahora, el PP completa la reforma con otras dos medidas clave. En primer lugar, las pensiones dejarán de revalorizarse en función de la inflación (IPC), aunque, como mínimo, subirán un 0,25% anual en momentos de dificultades económicas. Y, en segundo término, introduce el "factor de sostenibilidad", que permitirá adecuar los futuros desembolsos en función del progresivo aumento de la esperanza de vida. Este amplio paquete de correcciones persigue un único objetivo, prolongar la supervivencia del actual modelo público de reparto a costa de incumplir, una vez más, los compromisos adquiridos con los cotizantes de la Seguridad Social, ya que el Estado les exige más ingresos de los previstos inicialmente (años extra de cotización o mayores aportaciones al sistema) a cambio de pensiones más bajas.

Por desgracia, no es la primera vez –ni será la última– que quiebra el sistema, si por quiebra se entiende la modificación unilateral de las condiciones vigentes. Y la razón, en este caso, no estriba en la mala fe o incompetencia de los gestores públicos, sino en el grave error de imponer a la fuerza un modelo –el de reparto– que es estructuralmente deficitario. No en vano la Seguridad Social constituye un fraude piramidal similar al orquestado por el ya famoso Bernard Madoff en EEUU, hoy en prisión, tras ser condenado a cadena perpetua.

El problema de fondo es que los ingresos del sistema dependen, exclusivamente, del número de trabajadores obligados por ley a sufragar las pensiones de los actuales jubilados, y, dado el declive demográfico que sufren los países desarrollados, precisa de constantes parches para continuar en pie. En el caso concreto de España, las proyecciones avanzan una pirámide poblacional invertida, lo cual evidencia la inexistencia de relevo generacional para poder sostener en el futuro el mal llamado Estado del Bienestar. Así, para 2052 se estima que el 37% de los españoles tendrá más de 65 años, frente al 17% actual, de modo que el número de jubilados pasará de 9 a 15 millones y el coste del sistema se triplicará, hasta situarse en el 18% del PIB. Además, para entonces la esperanza de vida, muy posiblemente, superará los 90 años de media. Si a ello se suma una baja tasa de natalidad, es evidente que sin reformas el sistema sería inviable financieramente a medio plazo.

Sin embargo, de las distintas opciones que existían para garantizar las pensiones, la clase política española se ha decantado por la peor: mantener el actual modelo público de reparto y, por tanto, apostar por el fraude y la quiebra permanentes. Por el momento, la reforma aprobada por el PSOE en 2011 recortará las futuras pensiones entre un 10 y un 15%, al tiempo que los jubilados perderán unos 400 euros extra al año entre 2014 y 2022 gracias a la nueva fórmula de revalorización propuesta por el PP. Y ello sin contar el factor de sostenibilidad, cuya aplicación, a partir de 2019, implicará un recorte adicional de entre el 20% y el 45% con respecto a las prestaciones vigentes. En total, los jóvenes de hoy cobrarán pensiones públicas entre un 30 y 60% más bajas.

Y el problema es que las actuales no son, precisamente, elevadas –las contributivas ascienden a poco más de 1.100 euros brutos al mes–. Los propios expertos del Ministerio de Hacienda admiten que el modelo de reparto condenará a millones de futuros jubilados a cobrar pensiones muy bajas, generando incluso amplias "bolsas de pobreza en la población pensionista". El sistema sobrevivirá, sí, pero en ningún caso otorgará una jubilación de oro a los españoles, sino un retiro paupérrimo que, además, se verá agravado por futuros parches, como, por ejemplo, nuevos retrasos en la edad legal de jubilación –de los 67 a los 70 años, posiblemente–.

Así pues, la verdadera tragedia no radica en una reforma que, a todas luces, era inevitable para poder seguir abonando las pensiones, sino en el mantenimiento de un sistema que impone a la fuerza una jubilación cada vez más tardía y mísera. Y lo más grave es que, lejos de explicar y aclarar a los cotizantes el verdadero rostro de este injusto y cruel sistema, PSOE y PP coinciden en la necesidad de prolongar su vigencia mientras se acusan mutuamente de reducir la capacidad adquisitiva de los pensionistas, cuando, en realidad, ambos son igualmente culpables. Es decir, el gran engaño del poder político en torno a las pensiones públicas consiste en no advertir de forma clara y contundente a los actuales trabajadores de que deberían empezar a ahorrar cuanto antes para garantizarse unos ingresos más o menos dignos en la tercera edad.

La solución al constante problema de las pensiones públicas no estriba en su reforma permanente, sino en la completa demolición y progresiva sustitución del actual modelo de reparto por otro de capitalización, en el que los cotizantes podrían rentabilizar sus ahorros a largo plazo, haciéndose así con un elevado patrimonio con el que poder retirarse cómodamente, incluso antes de los 65 años.

La chapuza de la reforma de las pensiones

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Todo sistema de pensiones de reparto es inherentemente inestable. A menos que el número de trabajadores crezca lo bastante rápido como para mantener a lo largo del tiempo la ratio entre el número de ocupados y el número de pensionistas, o a menos que el incremento de la productividad de los trabajadores supla el deterioro de esa ratio, el sistema de reparto se cae y nos aboca a alguna de estas dos salidas: o se incrementan las cotizaciones sociales o se recortan las pensiones.

En cambio, el sistema de capitalización es perfectamente sostenible: no ya porque cada persona sea la responsable de costear su propia jubilación, sino porque la pensión percibida en el futuro depende de la riqueza que cada persona haya sido capaz de generar con ese ahorro. El sistema de capitalización no se basa en promesas infundadas cuyo cumplimiento dependa de elementos exógenos al sistema: al contrario, se basa en las decisiones financieras que adopte el futuro pensionista. Acaso por ello produzca tanta desazón: porque individualiza responsabilidades y no permite traspasarle al vecino el muerto de los errores propios. Pero mi intención no es reflexionar sobre las múltiples virtudes del sistema de capitalización cuanto ubicar el debate sobre la enésima reforma de la Seguridad Social española dentro de la implacable lógica de los sistemas de reparto.

La reforma definitiva del sistema de reparto

Sabido es que, hace apenas un trimestre, el “Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones” emitió un informe con una propuesta de reforma de nuestra Seguridad Social que pretendía ser la definitiva. En efecto, durante los últimos 30 años las pensiones públicas españolas han sido sometidas a toda una serie de “retoques” (mega-recortes de todo tipo: ampliación del período de cómputo de la base reguladora, elevación de la edad de jubilación, separación de las fuentes de financiación de las pensiones y la sanidad, etc.) que han sometido a los pensionistas españoles a la arbitrariedad de la camarilla gobernante de turno: cada vez que este insostenible sistema quebraba, no quedaba otro remedio que reunir a los mandarines políticos y oficiar una nueva quita con efectos y damnificados inciertos.

No es que el comité de expertos haya dado con la fórmula mágica para evitar estos recortes, sino que se contenta con automatizarlos y transparentarlos. Así, su propuesta consiste en someter el cálculo de las pensiones a dos correctores objetivos que permitan su ajuste (recorte) dinámico.

El primero, el llamado Factor de Equidad Intergeneracional, busca equiparar las pensiones totales que percibirán los jubilados con distintas esperanzas de vida: es decir, quien viva más ha de cobrar cada mes algo menos y quien viva menos ha de cobrar algo más. Por tanto, conforme se alargue la esperanza de vida de los españoles, sus pensiones deberán minorarse.

El segundo, el Factor de Revalorización Anual, busca corregir los desequilibrios estructurales entre los ingresos y los gastos del sistema de Seguridad Social mediante el aumento o la disminución de las pensiones medias: cuando los ingresos del sistema crezcan más que los gastos (determinados por el aumento del número de pensionistas y por la sustitución de jubilados con pensiones bajas por jubilados con pensiones altas), se podrá revalorizar las pensiones medias hasta que ambos se igualen; cuando los gastos crezcan más que los ingresos, habrá que rebajarlas hasta que, también, se igualen. Además, si la situación de partida es de un desequilibrio general entre ingresos y gastos, habrá que modificar escalonadamente las pensiones para que desaparezca ese desequilibrio de partida. Los expertos sólo aceptaron proscribir los recortes nominales de las pensiones para los jubilados actuales y por una mera cuestión de equidad. En esta sede, su recomendación fue utilizar el capital del Fondo de Reserva de las pensiones para compensar la minoración nominal que sí debería aplicárseles a los jubilados para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social.

Ambos correctores (pero, sobre todo, el segundo) garantizan la sostenibilidad de cualquier sistema de pensiones de reparto. Obviamente, lo hacen a costa de institucionalizar los recortes anuales de las prestaciones de los jubilados en cuanto los ingresos devengan insuficientes. Pero eso –recortes estructurales– es lo máximo que puede dar de sí un sistema de reparto.

El Gobierno agua la reforma

El pasado lunes, Fátima Báñez presentó a los siempre mal llamados “agentes sociales” la propuesta de reforma de las pensiones pergeñada por el Ejecutivo a partir de las sugerencias del Comité de Expertos. Aunque en apariencia el PP fue bastante obediente, la realidad es que, ciñéndonos a lo anunciado, convirtió en papel mojado las recomendaciones del Comité. Lo menos grave del asunto fue que retrasó a 2019 la entrada en funcionamiento del Factor de Equidad Intergeneracional lo que provocará, como ya le advirtió el Comité, la necesidad de tijeretazos mucho más duros en las pensiones del futuro. Pero lo mollar no fue la alteración de los tiempos propuestos, sino de los factores de ajuste.

En concreto, el Gobierno pretende restringir la revalorización anual de las pensiones a una horquilla que oscile entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC+0,25%. Es decir, ninguna pensión podrá jamás sufrir un recorte nominal: pese a que el Comité de Expertos sólo propuso blindar de los recortes a los pensionistas actuales, el Gobierno ha optado por extender su manto protector sobre el conjunto de los jubilados presentes y futuros. Y con ello ha inoculado de nuevo el virus de la insostenibilidad al sistema de reparto; ante las insuficiencias de ingresos, las pensiones no podrán reducirse nominalmente, de modo que al Estado sólo le quedarán dos caminos: o subir la tributación o aprobar una nueva reforma-recorte de las condiciones del sistema.

Ahora mismo, de hecho, el sistema de Seguridad Social presenta un déficit anual de 15.000 millones de euros; un desajuste que, a largo plazo, sólo hará que ensancharse. En este contexto, es evidente que las pensiones deberían reducirse (ya sea alargando la edad de jubilación, incrementando el período de cálculo de la base reguladora, disminuyendo los porcentajes aplicables a la base reguladora o rebajando las pensiones actuales) pues al ritmo actual el Fondo de Reserva se habrá vaciado en cuatro años.

Pero el Gobierno se ha atado las manos, con lo que el gigantesco agujero de la Seguridad Social no podrá corregirse a corto y medio plazo. A lo que asistiremos, pues, es a una congelación de facto de las pensiones (revalorización del 0,25% anual) durante bastantes años hasta que la inflación consiga por la vía real aquello que el Gobierno no tiene arrestos para hacer por la vía nominal: que el poder adquisitivo de los pensionistas se hunda al mísero nivel que permite sostener nuestro fraudulento sistema de reparto.

Ahora bien, para que estas tramposas cuentas le cuadren al PP será necesario que la inflación sea lo suficientemente elevada como para compensar los efectos de la caída del número de cotizantes, del aumento del número de pensionistas y del incremento de la pensión media por efecto sustitución. Con una inflación moderada (esto es, con un robo monetario moderado), la Seguridad Social seguirá quebrada y una reforma que podría haber sido definitiva se quedará en otro parche que, para más inri, los diversos gobiernos populistas que vendrán no tendrán el más mínimo reparo en extirparse. Ni transición al sistema de capitalización, ni reforma seria del sistema de reparto. Para variar, una chapuza más de este Gobierno.

Externalizados contra la externalización

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid ha decidido paralizar el proceso de externalización de seis hospitales madrileños, por supuesto en aras del interés general. En el auto expedido el pasado martes, el juez manifiesta una duda razonable acerca de si el cambio de modelo, dando entrada a la iniciativa privada en la gestión de ciertos servicios hospitalarios, va a mejorar el sistema actual exclusivamente público con empleados convertidos en funcionarios.

Hombre, si le preguntara a sus colegas del juzgado qué opinan de la gestión privada de la sanidad, podría tener una primera pista. Eso si él mismo no hace uso de la asistencia sanitaria gestionada por empresas privadas, que es precisamente el modelo preferente utilizado por el Ministerio de Justicia para garantizar la asistencia sanitaria a todos sus empleados.

La Mutualidad General Judicial, de afiliación obligatoria según establece su propia normativa, contrata con empresas privadas del sector sanitario –las más acreditadas– los servicios de salud de sus funcionarios, y sólo en el caso de que lo solicite expresamente el interesado puede optar por la Seguridad Social, a cuyo fin deberá ser él mismo quien se encargue de pedir la tarjeta sanitaria individual en su centro de salud. No hay datos referidos al porcentaje de funcionarios judiciales que eligen uno u otro modelo, pero a tenor de lo que ocurre con la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface), lo más probable es que la mayoría esté usando los servicios privados de salud. Que no es que estén externalizados bajo supervisión pública, como pretende hacer la Comunidad de Madrid con seis hospitales, sino que están exclusivamente bajo la responsabilidad de la iniciativa empresarial.

El interés general es un concepto tan ambiguo que a menudo se confunde con el interés político, no necesariamente coincidente con el de los ciudadanos. Los usuarios de los hospitales que ya operan con el modelo mixto diseñado por la comunidad madrileña no parecen nada descontentos con el sistema sino todo lo contrario. Si el juez envía a un perito a hacer un sondeo popular a la puerta de cualquiera de ellos, seguramente sus dudas acerca del interés general quedarían resueltas en el acto. Es cuestión de proponérselo.

Un sistema condenado

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

La reforma de las pensiones presentada este lunes por Fátima Báñez tiene una virtud. Posiblemente se trata de la primera vez que un Gobierno español admite la necesidad de introducir algún tipo de elemento que garantice, internamente, el equilibrio financiero del sistema. Y es cierto: si se aplican los dos factores de equilibrio incluidos en la propuesta del Ejecutivo, se evitará la quiebra de la Seguridad Social.

Eso sí, convendría también que el Ejecutivo explicase claramente a los españoles que esto se conseguirá a costa de reducir las prestaciones que cobrarán en un futuro. Es inevitable y probablemente la mayoría de los trabajadores actuales ya lo han asumido. Pero no estaría de más que la ministra aclarase que un pensionista del año 2040 que haya cotizado lo mismo que su padre cobrará bastante menos de lo que su progenitor gana en la actualidad.

El sistema está condenado. Esto no quiere decir que vayan a desaparecer las pensiones públicas. Probablemente nunca lo harán. Será muy difícil que los políticos acaben con un modelo que les entrega el control de la paga mensual de más de nueve millones de jubilados. Siempre habrá cotizaciones, y con ellas se pagarán las pensiones. La pregunta no es ésa, sino cuánto habrá que cotizar y a cambio de qué prestación.

Los defensores del actual modelo repiten que hace ya veinte años que se advierte de la quiebra de la Seguridad Social, sin que ésta se haya producido. No puede haber un argumento más falaz. Cada poco tiempo se recortan las promesas hechas a los trabajadores: se retrasa la edad de retiro, se complica el acceso a la jubilación anticipada, se exigen más años de cotización para cobrar el máximo o se amplía el período de cálculo de las pensiones. Es decir, quiebra parcialmente el sistema para evitar que el edificio se derrumbe por completo.

Por todo esto, tenemos que asumir que, con el número de trabajadores y el número de jubilados que habrá en 2040, no habrá margen para pagar unas pensiones que, como las actuales, supongan más del 80% del último sueldo cobrado. Es decir, que los actuales cotizantes deberíamos saber que, si queremos mantener nuestro poder adquisitivo cuando nos retiremos, tendremos que ahorrar. Y no estaría de más que los políticos lo reconociesen.

Es evidente que la transición desde un modelo como éste de reparto a uno de capitalización no será fácil. Alguien tiene que pagar las pensiones de los actuales jubilados, y si las cotizaciones presentes se dedican a llenar los fondos de ahorro individuales, habrá que sacar el dinero de algún otro sitio. Incluso se puede llegar a entender, aunque no se comparta, que ningún gobierno quiera meterse en este fregado. Pero lo que no tiene perdón es que ni siquiera se intenten otras alternativas.

Suecia estaba hace veinte años en una situación similar a la española. Y allí sus políticos sí tuvieron la valentía de comenzar una reforma de verdad, de las que cambian los fundamentos del modelo. La mezcla de un sistema de cuentas nocionales con una pequeña parte de capitalización ha obrado un pequeño milagro. Las pensiones están más aseguradas; los nuevos jubilados tienen más control sobre su prestación y toman decisiones que influirán en su futuro al margen de sus políticos; y ha aumentado el ahorro privado, con benéficas consecuencias sobre todo la economía del país nórdico.

Nada hace indicar que nadie en España se esté planteando nada parecido. Dentro de 20 o 30 años, llegarán las consecuencias. Y golpearán especialmente a los pensionistas de menos poder adquisitivo, los que menos cultura financiera tienen, y menos capacidad de ahorro a lo largo de su vida laboral. ¿Dónde estarán entonces nuestros políticos y todos esos demagogos que gritan en las tertulias lo mucho que les importan las pensiones públicas?

EEUU, una sanidad anticapitalista

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en EEUU, una sanidad anticapitalista

“El Gobierno no es elocuencia ni razón, sino fuerza. Igual que el fuego, es un sirviente peligroso y un amo temible”.

George Washington.

Aquéllos que denuestan la sanidad libre y anteponen a cualquier precio que el Estado sea el monopolista dueño de nuestra salud, suelen encontrar en Estados Unidos el supuesto ejemplo perfecto para justificarse. Sin embargo, si por ejemplo comparamos la sanidad estadounidense con el modelo público ‘a la europea’ de Canadá, las diferencias en resultados son llamativas y no precisamente a favor de Canadá. Un 89% de las mujeres estadounidenses de mediana edad se han hecho una mamografía frente a un 72% de las canadienses; un 54% de los varones estadounidenses se han hecho un test PSA para la próstata frente a un 16% de los canadienses; o un 30% de los estadounidenses se han realizado colonoscopias frente a sólo el 5% de canadienses. Prácticamente el doble de varones estadounidenses mayores de 65 años ven como “excelente” su salud en comparación con sus equivalentes canadienses. Y el problema de las listas de espera es paradigmático de un presunto modelo de sistema estatalizado como el canadiense: en este país 800.000 personas están siempre en alguna lista de espera; en el caso británico de sanidad también estatalizada hablaríamos de 1,8 millones de ciudadanos en lista de espera. En resumen, un canadiense o británico tiene que esperar el doble de tiempo que un estadounidense para ver a un especialista o para una cirugía.

Si hablamos de tecnología médica por habitante, las cifras vuelven a ser de nuevo contundentes: EEUU tiene 34 escáneres computerizados por cada millón de habitantes, Canadá 12 y Reino Unido sólo 8. EEUU tiene 27 máquinas de resonancia magnética por cada millón de habitantes, y tanto Reino Unido como Canadá sólo 6. Más del 70% de canadienses, alemanes o británicos están de acuerdo con que sus sistemas sanitarios necesitan “cambios fundamentales” o incluso “una reconstrucción completa”. En EEUU, hoy la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo en que la sanidad no es un asunto del Gobierno.

Hasta aquí podría parecer que el sistema sanitario estadounidense es, en términos generales, elogiable y modelo que importar. Nada más lejos de la realidad. Críticas aparte con poco recorrido argumental (como Sicko de Michael Moore), lo cierto es que la sanidad de Estados Unidos adolece de un problema fundamental que es causa de sus gravosos, y sin duda reales, problemas sanitarios: un desmedido poder regulatorio y subsidiador del Gobierno.

Dicen que ciego es quien no quiere ver, pero los ultraintervencionistas de turno no cejan en querer tapar los ojos a los demás –la coacción, en lugar de la voluntariedad, es lo suyo- con sus consignas. Si consideramos qué países y Gobiernos dedican más gasto del dinero detraído a sus ciudadanos en sanidad (esto que se hace llamar gasto público, como si el público en conjunto ofreciera sus recursos de modo voluntario), no encontraríamos encabezando esa lista a Francia, Italia o Suecia. Y sí, sin embargo (que los neosocialdemócratas se pongan su venda, por favor) estaría Estados Unidos, líder en gasto gubernamental sanitario sólo superado por Noruega y Holanda a nivel mundial. Sólo con esto, decir que EEUU tiene un modelo de sanidad libre o capitalista es como decir que Corea del Norte disfruta de un sistema alimentario de precios en competencia (la estatalización de los alimentos, sus ciudadanos lo saben, mata de hambre).

Si nos remontamos a los años de la II Guerra Mundial y anteriores, los seguros médicos de bajo coste estaban disponibles virtualmente para todos los estadounidenses. Una estancia en un hospital costaba unos pocos dólares y era floreciente y pujante el sector de hospitales y centros de salud de organizaciones caritativas gracias a un marco mucho más libre. En el colmo del neolenguaje actual está llamar ‘solidario’ al dinero ajeno que los políticos redistribuyen (volver a distribuir por la fuerza lo que el mercado/sociedad distribuyó pacíficamente), mientras se ataca furibundamente el concepto de caridad para liquidar así nuestra propia libertad. En 1910, en EEUU el 56% de los hospitales eran negocios privados, mientras ya en los años 60 sólo un 10% de ellos lo era de un modo estricto.

No es casualidad que los actuales problemas sanitarios en EEUU comenzaran a aparecer tras la imposición –por definición forzosa– de grandes programas gubernamentales sanitarios. Medicare en 1965, y Medicaid en ese mismo año dentro de la reforma de la Social Security Act. La salvaje era de belicismo y militarismo de entonces, acabadas las dos grandes guerras mundiales, había dejado a Gobiernos investidos de un brutal poder; un exorbitante estatismo que parecía justificar un Gobierno tan grande como nunca antes. Así, las ideas de sanidad estatalizada y colectivizada habían pasado como pelota en el tejado con sus particulares adaptaciones del autoritarismo de Bismarck, al socialismo nacionalista de Hitler, el franquismo español y su Seguridad Social hasta las democracias europeas y americana.

Pero centrémonos en el caso estadounidense y cómo el Gobierno ha invadido allí el sector sanitario y, con ello, ha disparado los costes sanitarios del 5% a cerca del 20% desde los años 60 hasta hoy. Y una sanidad más costosa es, lógicamente, menos sostenible y accesible. Al final de la II Guerra Mundial el Gobierno americano instauró el sistema de seguro sanitario provisto por el empleador y con un creciente rol subsidiador del Gobierno. La sensibilidad de precios aquí empieza a resquebrajarse puesto que el empleado tenderá a usar tratamientos más costosos aun no siendo muy necesarios (se lo paga un tercero) y la aseguradora tenderá a ofrecer también tratamientos más costosos aunque sean poco más efectivos (le pasa la cuenta a un tercero). De los 60 al año 2000, el Gobierno americano ha aumentado del 20 al 42% la parte que subsidia de los gastos sanitarios de sus ciudadanos. ¿Y qué ha pasado con los costes sanitarios? Prácticamente se han multiplicado por 4 en los últimos 40 años en EEUU. Frente al intervencionismo político, el libre mercado actúa de un modo bien distinto. El procedimiento oftalmológico LASIK, no incluido en los seguros americanos y cuyo coste es 100% soportado por cada paciente, ha reducido sus costes un 30% en la última década. Mientras la sanidad estatalizada se convierte en onerosa y cada vez más inaccesible, la sanidad libre y competitiva es sinónimo de accesibilidad y calidad crecientes. Hoy, la relación de los sanitarios y pacientes se ha devaluado; el sistema intervenido hace que los oferentes de servicios sanitarios basen sus decisiones no en las preferencias del consumidor-paciente sino en decisiones políticas de cobertura.

Parte importante de la catástrofe de la sanidad americana provocada por el Gobierno se debe a Medicare, la cobertura médica para personas mayores donde el empleador es directamente el propio Gobierno. Dado que el sistema Medicare está organizado del mismo modo que los sistemas de pensiones de reparto -es decir se sustentan en el fraude piramidal de Ponzi donde los nuevos miembros (jóvenes) van aportando los beneficios para los más antiguos (los mayores)-, su futuro es la quiebra y la insolvencia. Y esto es algo que hace años está en el horizonte del debate nacional sobre el sistema sanitario americano (se prevé que en 2050 se haya multiplicado por 12 la parte del PIB que se dedicaba a sanidad en EEUU en los 70). A tal punto está llegando la burbuja sanitaria americana, que el Gobierno americano tiene ya que recurrir a créditos del exterior para financiarla.

La sanidad americana es ejemplo perfecto de malas inversiones incitadas por el Gobierno al perderse las nociones básicas de pérdidas y beneficios en un marco social/de mercado (el mercado no es más que la sociedad libre). Pues, querámoslo o no, los bienes y servicios sanitarios están constreñidos a la escasez y finitud (no caen como maná del cielo). Y sin precios de mercado que nos indiquen que estamos satisfaciendo necesidades y preferencias del público (gracias a los beneficios, o las pérdidas en caso contrario), el Gobierno es ciego. Igual que es ridículo pretender eficiencia y progreso poniendo al Gobierno cual monopolio al mando de toda la industria automovilística; sin precios de mercado, no se puede saber qué cantidad de cada uno de los cientos de tornillos, placas, tubos y turbinas y en qué combinación exacta deben cada día fabricarse y ensamblarse ni qué distribución concreta de empleados emplearse en cada una de las fases temporales que precisa un solo automóvil para satisfacer las preferencias, siempre cambiantes, del público.

Por mucho que lo queramos evadir, la sanidad no está exenta de las imperturbables leyes de la ciencia económica. Si nos damos cuenta, allí donde la sanidad estatalizada parece persistir es donde más convive con economías un poco más libres y donde el gobernante tiene alrededor señales y precios de mercado por los que guiarse –lo que hace a la socialdemocracia menos catastrófica que el comunismo es que la primera tolera más áreas libres y capitalistas-.

Obstáculo y rémora para la reforma sanitaria hacia una mayor libertad y accesibilidad en EEUU es también la propia clase médica cartelizada en la AMA o American Medical Association, que actúa cual sindicato con intereses particulares y propios a expensas de los intereses de los pacientes y ciudadanos. Son ellos por ejemplo quienes protegen que se mantenga el actual monopolio de licencias para evitar la competencia con otros médicos y oferentes de servicios de salud. Creen intolerable que un paciente pueda llegar a pagar una minúscula cantidad por ejemplo por quemarle unas verrugas un enfermero en su casa, algo para lo que está perfectamente cualificado. Prefieren que el ciudadano tenga que ir a la consulta de un dermatólogo con una licencia aprobada por el AMA desembolsando cuatro o cinco veces más. El mercado y la libre competencia es, en última instancia, la mejor protección de los intereses de los pacientes y ciudadanos.

Ello por no hablar además de la prohibición expresa a los norteamericanos de importar fármacos del exterior (viva el comercio libre…) o de los a veces eternos procesos de aprobación de fármacos de la hiper-regulatoria FDA cuyas incompetencias matan a millones de personas. En 2007, un escandaloso informe interno de la FDA reconocía la capacidad de esta agencia gubernamental para actualizarse con la misma rapidez que la ciencia médica. Y no es extraño, pues la agencia de planificación central FDA por definición se anquilosará frente a las dinámicas e innovadoras fuerzas que acompañen a la ciencia. Igual que todas las industrias y sectores soviéticos acabaron siendo prehistóricos frente a las industrias de los países libres y capitalistas.

Otro tanto sucede con las patentes farmacéuticas, que son algo garantizado por el Gobierno, que disuelven la libre competencia y condenan por años a los pacientes a pagar precios de monopolio. ¿Con qué desfachatez vamos a seguir oyendo que el Gobierno es la solución a la sanidad y sus problemas, incluyendo a los más pobres, cuando ha sido y es ineludiblemente su destructor y verdugo?

Por supuesto, el modelo sanitario de EEUU no es absoluto un modelo elogiable sino oneroso, vergonzante y con importantes problemas de accesibilidad. Y lo es, de modo insoslayable, en tanto EEUU ejemplifica con su sanidad los errores tan previsibles como catastróficos del intervencionismo, el estatismo, el socialismo y el anticapitalismo practicado por derecha e izquierda sin distinción. El Gobierno, parafraseando a George Washington, es como el fuego. Y los estadounidenses, un día hace tiempo hijos de la libertad, son víctimas hoy también sanitariamente del incendio del Gobierno Grande y totalizante. Otro sistema es posible. Y deseable. El de la libertad y la prosperidad.

El debate sanitario. Externalizar no equivale a liberalizar

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos tiempos, fruto de las medidas de externalización promovidas por varios gobiernos autonómicos emulando soluciones que ya funcionaban en España y en el resto de Europa, ha surgido un debate en torno a los servicios sanitarios que, lejos de ser lo serio que debiera, ha terminado convirtiéndose en un instrumento de agitación política. Falseando la cuestión, sectores de la izquierda han conseguido definir las reformas como "liberalizadoras" en tanto privatizan lo público a favor de la empresa privada. Este argumento, lejos de ser cierto, adolece de un defecto fundamental, ya que privatizar recursos o entregar su gestión a empresas privadas vía concesión no equivale a liberalizar el sector. Esto último supondría, en cualquier caso, eliminar regulación, reducir la carga fiscal y liberar al ciudadano del deber de sostener y pertenecer el sistema público sanitario.

La categoría del servicio no deriva de la naturaleza de quien lo preste, sino de la fuente de financiación de la que se alimenta, las reglas de lo restringen, y quién toma las decisiones relativas a su presupuesto y objetivos. Por mucho que una función pública no la desempeñen personas sometidas a disciplina marcial, sino meros contratados o funcionarios de carrera, dicha función no perderá su condición estrictamente pública. Aunque la sanidad que se paga con cargo al erario público se regula por autoridades públicas, y es objeto de dirección y planeamiento por parte de dirigentes políticos, sea prestada por entidades privadas, no perderá en lo fundamental su naturaleza. Se trata de modelos de gestión de una misma cosa: la sanidad pública. Por tanto, el debate no es entre público y privado, sino en cuanto a formas de gestión de lo público.

El segundo aspecto más relevante de la discusión es si efectivamente una externalización de servicios sanitarios públicos reduce el gasto destinado en los presupuestos de la administración, y al mismo tiempo, mejora la calidad de la prestación. En este punto existe cierta controversia, opacidad y tendencia a la manipulación por todas las partes interesadas. Lo cierto es que a corto plazo sí se produce una reducción del gasto por paciente. También es cierto que en general los pacientes no notan diferencia e incluso agradecen recibir atención en centros "que parecen privados". Lo parecen porque lo son. Y he ahí uno de los elementos que hacen más "atractiva" la externalización de la sanidad. Porque el único dato cierto es que todo aquel individuo que puede permitírselo tiende a contratar un seguro privado sanitario. La huida de lo público es una tendencia constatada. Por eso quien no puede escapar del yugo de lo público suele ver con buenos ojos que se le trate como si la cosa fuera privada. Mejores instalaciones, menor espera, habitaciones individuales… Es lo que la gente busca en los servicios privados porque es exactamente lo contrario de lo que suele recibir en el sector público.

Volvamos a la cuestión de fondo. ¿Por qué determinados sectores de la izquierda se empeñan en asociar externalización con una sanidad estrictamente privada, o un pretendido libre mercado sanitario? La respuesta es muy sencilla: porque saben que a medio/largo plazo las ventajas iniciales de la externalización posiblemente queden diluidas entre los vicios inherentes a lo público, que contagia a todo lo que toca. Los detractores de la externalización saben que si al final vuelven a aparecer los vicios de lo público podrán falsear la realidad relacionándolos con carácter supuestamente liberalizador del cambio experimentado, defendiendo así el regreso a la gestión estrictamente pública de los recursos públicos, argumentando que ésta es la opción más eficiente y deseable.

Si la externalización se limita a transferir la gestión de los recursos públicos desde la administración hasta empresas privadas vía concesión, el destino del experimento será que acaben resurgiendo tanto el gasto desbocado, como el racionamiento de recursos y la degradación de la prestación. Sólo si la externalización va acompañada de un rápido avance de la sanidad privada, esta sí, como sector del mercado encargado de ofertar servicios sanitarios a aquellos usuarios que libremente decidan suscribir pólizas de seguro con empresas estrictamente privadas, existirá una posibilidad de éxito para este modelo mixto. La razón de que esto sea así es tan sencilla como la que explica por qué es imposible el socialismo. Sin precios de mercado es imposible efectuar cálculo económico, y sin cálculo económico cualquier actividad productiva queda condenada al más estrepitoso fracaso.

¿Por qué no sabemos cuánto cuesta una sanidad de calidad? Fundamentalmente porque no existen precios de mercado. Lo que ahora existe, pese a la multitud de empresas que ofertan seguros privados o prestan servicios sanitarios al cobijo del sector público, no cumple los requisitos que permitirían hablar de la existencia de un mercado sanitario. Los beneficios que obtienen muchas de estas empresas dependen de una asignación presupuestaria que a su vez deriva de un cálculo de costes cuyo origen tampoco procede de mercados sectoriales. Ni las farmacéuticas operan en mercados libres, ni los proveedores de material e instrumental médico lo hacen, como tampoco los funcionarios que trabajan en la pública reciben salarios de mercado. De igual modo, las empresas privadas que prestan servicios para la pública estiman su beneficio en base a unos costes que tampoco se corresponden con los precios que sí surgirían en un mercado libre, y siempre quedan al albur de la decisión política que establece la asignación por paciente en cada ejercicio presupuestario, o de restringir la actividad sanitaria mediante reglas cada vez más concretas.

Los menos interesados en mejorar y salvar la sanidad pública son aquellos que se acantonan en un sistema que no funciona, que no puede pagarse y que no aguanta en comparación con la privada en muchos elementos que contribuyen a la calidad del servicio sanitario. Los políticos han optado por una salida cortoplacista que les sirva para reducir el presupuesto del año siguiente. Lo que deberíamos exigir los ciudadanos es que este proceso, que a priori es una alternativa al desastre actual, no acabe reproduciendo trágicamente los defectos del modelo público sanitario. Para conseguirlo la única opción es que el Estado retroceda, liberalice, permita la deducción de los seguros privados en la declaración del IRPF, para que el sector estrictamente privado crezca y cubra al mayor número posible de individuos. De esa fuente surgirán las señales, los precios, las expectativas de beneficio, que podrán orientar a todas empresas del sector, incluidas aquellas que presten sus servicios para la pública a través de la externalización. Lo deseable es que, poco a poco, nadie que pueda permitirse un seguro privado quede atrapado por la pública por culpa de impuestos y cotizaciones injustas. Que sólo aquellos que realmente lo necesiten acudan a un servicio, el público, que ha de ser excepcional, complementario o de urgencia, pero nunca la base del sector sanitario. De seguir siéndolo, no habrá precios que nos guíen, y, por esa razón, no habrá forma de calcular cuánto cuesta una sanidad de calidad sostenible y accesible para la mayoría de los individuos, lo que nos conducirá irremediablemente al colapso de este servicio fundamental para la calidad de vida de los individuos.

¿Control de armas o de las farmacéuticas?

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

Si el pueblo permite que el Gobierno decida qué alimentos comer y qué medicamentos tomar, sus cuerpos pronto se encontrarán como las almas de aquéllos que viven bajo la tiranía.

Thomas Jefferson

Obama tiene un plan. Y lo tiene para aumentar el control de armas tras las últimas masacres sufridas en EEUU. Sin embargo, si uno busca una correlación entre dichas masacres y mayor acceso o libertad de armas no la hallará. Probemos pues otra correlación.

El asesino de la escuela de Connecticut Adam Lanza fue diagnosticado con una enfermedad mental y estaba bajo los efectos de diversos fármacos psiquiátricos. ¿Cuál es un efecto secundario de no pocos de ellos? El comportamiento violento y las tendencias suicidas. Ningún arma, recordemos, mata por sí sola. En 2003, las autoridades británicas tuvieron que prohibir la administración de fármacos antidepresivos a los adolescentes y menores de edad debido a que parecía claro el potencial suicida de estas personas bajo dichos medicamentos.

En la trágicamente célebre masacre de Columbine en 1999, se sabe que uno de los estudiantes criminales estaba bajo los efectos del fármaco Prozac, y otro de ellos al menos bajo el antidepresivo Luvox, ambos asociados con comportamientos psicóticos en adolescentes. 

James Holmes, el joven que perpetró la masacre en los cines de Aurora en verano de 2012, llevaba meses visitando a un psiquiatra, quien llegó a alertar a las autoridades de su universidad de que podía resultar una amenaza.

El joven asesino Shawn Cooper disparó con 15 años a varios compañeros y profesores. Su padre confesó que su hijo tomaba antidepresivos. 

Con sólo 13 años, Chris Fetters disparó a su tía. Estaba tomando Prozac. 

Kip Kinkel, con 15 años, disparó a sus padres y después agredió a 22 de sus compañeros. También tomaba Prozac. Y la lista seguiría…

Uno de los que han denunciado estos hechos es el Dr Whitaker miembro de la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento y del Consejo Nacional contra el Fraude Médico. La Dra Ann Blake, autora de “Prozac, ¿Panacea or Pandora?”, analizó treinta y dos casos de homicidio más suicidio de madres con sus hijos, y halló que en veinticuatro de los casos las mujeres estaban tomando Prozac. El Institute for Safe Medication Practices realizó en 2011 un estudio sobre los fármacos más involucrados en comportamientos violentos. No debería sorprendernos que los antidepresivos dominaron la lista.

A día de hoy, en EEUU ha habido más de 31 tiroteos o actos muy violentos escolares protagonizados por personas que tomaban fármacos psiquiátricos o estaban intentando dejarlos, lo cual se ha traducido en más de 160 heridos y 72 asesinados. Sólo entre 2004 y 2011, la FDA ha recibido más de 11.000 avisos o casos de efectos secundarios de fármacos psiquiátricos relacionados con violencia, los que incluyen 300 casos de homicidio.

Si todo esto no es capaz de alertarnos lo suficiente, prestemos atención al caso de John Noveske. Éste es uno de los más famosos fabricantes y distribuidores de armas de EEUU. En realidad, lo era ya que falleció en un misterioso accidente de tráfico el pasado 4 de enero en el que su coche fue por todo el carril contrario hasta chocar contra dos rocas que expulsaron el automóvil de la carretera. Y ahora viene lo sorprendente. Una semana antes de fallecer, John Noveske publicó en Facebook una lista de todos los tiroteos escolares en los que estaban involucrados los fármacos psiquiátricos. ¿Tan fuertes pueden ser los intereses para que esta relación no se conozca? Pero Noveske no fue el único defensor de la libertad de armas hallado muerto recientemente; Keith Ratliff fue asesinado en una zona rural de Georgia previamente.

Mientras los fármacos dejan una estela de más de 100.000 muertos anuales por efectos secundarios sólo en EEUU, la mayoría sólo cree que el peligro reside en un arma. Y los fármacos no son peligrosos precisamente porque haya un mercado muy libre. Si no, no habría los poderosos intereses creados entre el brazo gubernamental de la FDA y la industria farmacéutica. Es lo que Gary Null ha denominado el culto a la tiranía de la FDA.

Podríamos concluir que lo que necesitamos es mayor control sobre los fármacos, o quizás sobre las personas que toman determinados fármacos. Yo creo que lo que necesitamos es controlar a un Gobierno desbocado. Su responsabilidad, también en este tema, es infinita. Hilary Clinton es, entre otras muchas cosas, conocida por su afán por convencer a todos los norteamericanos de que no hay que tener miedo a que te diagnostiquen una enfermedad mental, que es algo natural. Éste es el paso previo para psiquiatrizar a toda la sociedad, hacerles sentir incluso orgullosos de que les diagnostiquen una enfermedad mental que naturalmente deberá tratarse con uno o múltiples fármacos. Todos estamos locos, todos necesitamos tratamiento. En EEUU te lo dicen no sólo los anuncios, los telepredicadores, sino incluso hasta los políticos.

Sólo de 2001 a 2010 aumentó en EEUU el consumo de fármacos psiquiátricos un 22%, y en 2010 llegó a la cifra total de 21% de estadounidenses consumiéndolos. Si crees que tienes una enfermedad mental, no te preocupes, el Gobierno te ayuda a encontrar una que se ajuste a ti y a darte la pastilla subvencionada que las farmacéuticas dicten. Un lucrativo negocio para las farmacéuticas casadas con el Gobierno, que vive –nunca lo olvidemos- no de tus intercambios voluntarios sino de tu dinero extraído violentamente por el fisco.

Parte de este terrible panorama sobre la psiquiatrización de los ciudadanos americanos de la mano del inseparable dúo Gobierno-farmacéuticas es expuesto por la Dra Marcia Angell –antigua editora jefe del New England Journal of Medicine- en “The Epidemic of Mental Illness. Why?”.

Como decía en el artículo anterior, no se me ocurren acciones más mortales que aquéllas que provienen de individuos del Gobierno. Y en este caso de psiquiatrización forzosa de la sociedad, de nuevo el culpable es el Gobierno y sus agencias sanitarias.

En 2004 la FDA se vio forzada a organizar varias audiencias para dilucidar los problemas de los antidepresivos en menores. Uno de los intervinientes fue Tom Woodward, votante fiel del Partido Republicano que se ha dedicado a la causa de denunciar las malas prácticas y negativa influencia de las farmacéuticas. "Nuestra hija Julie estaba emocionada con el instituto y había alcanzado 1.300 puntos en sus tests", contó al iniciar su declaración. Semanas después, debido a pequeños problemas que los padres creían normales en una adolescente, Julie fue diagnosticada con depresión y se le prescribió el antidepresivo Zoloft. Tras una semana tomando el medicamento, Julie bajó al garaje de su casa y se autolesionó. "En lugar de elegir un colegio para nuestra hija, mi mujer y yo tuvimos que elegir un cementerio para ella. En lugar de visitarla en el colegio, ahora vamos a verla a su tumba".

A día de hoy el Gobierno americano sigue sin hacer nada. Nada a favor de la ciudadanía. Lo cual no es nada nuevo.

@AdolfoDLozano / david_europa@hotmail.com