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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

¿La tumba de Obama?

Los congresistas estadounidenses aprobaron revocar la reforma sanitaria de Obama, conocida como Obamacare, que fue aprobada hace diez meses después de una polémica tramitación.

Los demócratas la llaman "ley para una sanidad barata" en un intento de asociar la ley con las promesas que hizo el presidente cuando desarrolló la campaña para su aprobación. Da igual que en realidad abarate la sanidad o no, lo importante es que la ciudadanía haga la asociación. El truco se parece al de los planes de gasto público masivo que los idólatras del estatismo llaman planes o paquetes "de estímulo", tratando de crear una asociación directa en el ideario popular entre gasto del Estado y la recuperación económica. Pero ni la economía se levanta por el simple hecho de que el Gobierno decida gastar más a través del aparato estatal ni el coste de la sanidad baja por el mero hecho de que el gobernante de turno la organice a su antojo y asegure que con su reestructuración forzosa bajará el coste del servicio.

Por más que Obama haya repetido hasta la saciedad que su objetivo principal es reducir el coste de la sanidad privada, lo cierto es que en los diez meses de vida de la reforma, las compañías de seguro han empezado a elevar las primas por los costes adicionales que suponen las partes de la ley que ya han entrado en vigor. Y no es de extrañar. ¿Qué otro resultado podía tener obligar a las aseguradoras a aceptar a todos los ciudadanos sin tener en cuenta los posibles problemas de salud preexistentes? Como consecuencia de la experiencia de estos meses, la ciudadanía empieza a asociar la Obamacare con una sanidad más cara y con el deterioro de la calidad del servicio. A los demócratas les ha salido el tiro por la culata. Lo de "ley para una sanidad barata" empieza a sonar a recochineo.

La revocación posiblemente no tenga éxito a corto plazo. Obama ya ha anunciado que si es necesario vetará la iniciativa republicana. Pero el tiempo parece jugar en favor de los detractores de la ley. Por un lado, ya hay un fallo judicial de un juez federal de Virginia que declara inconstitucional uno de los puntos claves de la reforma: la obligatoriedad de comprar un seguro de salud. Por otro, la ciudadanía norteamericana rechaza actualmente la reforma de manera clara. La encuesta realizada por la CNN este mes muestra una distancia de 8 puntos en favor de quienes están en contra (50% en contra frente a 42% a favor) y el propio Partido Demócrata ha encargado encuestas en las que la diferencia en contra del Obamacare es aún mayor. Ante esta situación, los demócratas han empezado a contratar anuncios tratando de ganar algo de apoyo en la opinión pública. Pero la reforma parece estar en estado de coma.

Los médicos, los principales profesionales encargados de aplicar la cirugía social de Obama, también se muestran contrarios a la reforma. Tan sólo el 18% cree que la calidad de la sanidad mejorará en los próximos años mientras que una aplastante mayoría de más del 60% cree que empeorará, según una reciente encuesta de HCPlexus y Thomson Reuters. Algunas organizaciones médicas como es el caso de la Asociación de Médicos y Cirujanos Americanos (AAPS) van más allá. Según esta organización la mitad de los médicos estadounidenses planea reducir o incluso cerrar sus consultas debido a la reforma sanitaria como consecuencia de la nueva regulación y la elevación de los costes que está provocando. En el Reino Unido, recuerdan desde la AAPS, el ejercicio libre de la medicina se hundió tras la reforma que creó el actual Servicio Nacional de Salud. Cuando el 5 de julio de 1948 Sir William Beveridge anunció la creación la creación del sistema de sanidad pública que haría al Reino Unido "la envidia del mundo", pocos imaginaban que en dos décadas el número de médicos que ejercían la profesión iba a reducirse de 44.000 hasta 17.000. Hoy las listas de espera y la pobre calidad del servicio son las señas de identidad de aquella reforma radical de la sanidad que en España se tomó como modelo para la creación de la Seguridad Social.

Los ciudadanos norteamericanos parecen ser alérgicos a la terapia de shock que Obama ha aplicado a la sanidad de su país. Tanto es así que la reforma sanitaria jugó un importante papel en la paliza que los republicanos dieron al presidente en los midterms y en el imparable crecimiento del Tea Party. De seguir este rumbo, no sería de extrañar que la Obamacare se convierta en la tumba política de Obama.

El barbero rico y el interés compuesto

El protagonista, Roy Miller, un humilde barbero de barrio que logró acumular un importante capital a lo largo de su vida, les va explicando a tres treintañeros sin experiencia qué hacer con su dinero para que puedan jubilarse como millonarios.

Si bien el libro está repleto de consejos, las tres recomendaciones fundamentales de Roy Miller son: a) ahorrar cada mes un 10% del salario para b) invertirlo periódicamente en un fondo de inversión que proporcione c) un rendimiento nominal de alrededor del 15% anual.

Al comienzo, los tres treintañeros se sienten estafados por los consejos de Miller. ¿Una rentabilidad anual del 15%? ¿Acaso es eso posible? Y además, ¿qué pasa con la inflación? ¿No se comería esa extraordinaria rentabilidad? Pero pronto la decepción da paso a la esperanza. Los fondos extraordinarios que proporcionan rentabilidades extraordinarias existen: se llaman fondos de inversión que se guían por los principios de la inversión del valor. En España, sin ir más lejos, tenemos a Bestinver, que desde 1993 acumula una rentabilidad anual media del 17,5%.

¿Y qué sucede con la inflación? Pues obviamente ésta se come nuestra rentabilidad –no descubro América si digo que el Gobierno nos roba mediante los impuestos y mediante la inflación–. Pero, como dice nuestro sabio Roy Miller, "es la persona que no ahorra [e invierte] la que tiene que preocuparse por la inflación". Si quienes ahorran y obtienen una atractiva rentabilidad sobre su inversión pueden verse con el agua al cuello por culpa de la inflación, ¿qué no le sucederá a quien ni ahorre ni invierta?

Algo así cabría contestar de entrada a la precipitada conclusión que algunos medios de comunicación han extraído a cuenta de un reciente informe de Pablo Fernández y Luis Corres sobre la rentabilidad media de la bolsa de Madrid durante los últimos 70 años. Agárrense fuerte: según el paper de estos dos economistas, ¡la bolsa de Madrid todavía no ha recuperado el nivel de 1974 si tenemos en cuenta la inflación! Horror. Adiós al capitalismo popular y a las pensiones de capitalización, ¿no?

Pues no, no tan deprisa. Aunque los titulares suelen ser muy escandalosos, también tienden a resultar engañosos. Como los dos autores del artículo reconocen, si tenemos en cuenta los dividendos que han pagado las empresas de la bolsa madrileña entre 1974 y 2010, el capital que hubiésemos invertido en 1974 se hubiese duplicado para 2010 en términos reales (descontando la inflación). Así pues, lejos de no haber recuperado el nivel de 1974, la bolsa lo ha duplicado cuando tenemos en cuenta los dividendos: en realidad lo que la bolsa no ha recuperado es el nivel de 2006, pues está más alta que en cualquiera de los ejercicios anteriores.

¿Es eso mucho? Bueno, en apariencia no: la rentabilidad anual media entre 1974 y 2010 apenas alcanza el 2% real. Sin embargo, quizá no deberíamos olvidar que la inflación anual media entre 1974 y 2010 ha sido del 22,5%: o dicho de otra manera, la inversión en la bolsa madrileña nos hubiese permitido proteger nuestro poder adquisitivo entre 1974 y 2010 y, además, nos hubiese proporcionado una rentabilidad anual media del 2%.

Imagine que en 1974 disponía de 50.000 pesetas. De haberlas guardado debajo del colchón, hoy tendrían un poder adquisitivo equivalente a 41 pesetas de entonces (se habrían depreciado más de un 1100%); en cambio, de haberlas invertido en la bolsa madrileña su valor sería equivalente al de 100.000 pesetas de 1974 (o unos 650.000 euros actuales). No está tan mal.

Sin embargo, podría estar mejor. Hagámosle caso al sabio de Roy Miller; releamos su segundo consejo: invertir periódicamente en bolsa. Es un consejo aparentemente sencillo y superfluo pero que esconde enormes beneficios: si invertimos año tras año en bolsa, compraremos acciones en momentos en los que están muy caras (como en 1974) pero también en otros que están muy baratas (como en 1980).

Supongamos que hubiésemos invertido en la bolsa madrileña una cantidad fija cada 5 años desde 1975. Atendiendo al estudio de estos dos economistas, ¿sabe cuál habría sido la rentabilidad anual media de su dinero una vez descontada la inflación? El 8,22%. Pongámosle un rostro más humano a los porcentajes: si usted hubiese invertido el equivalente a 10.000 euros de hoy cada lustro (2.000 euros al año o el 10% del salario medio en España) desde 1975, hoy podría jubilarse con un patrimonio de 330.000 euros. Usted habría metido 70.000 euros a lo largo de 35 años y la bolsa le hubiese regalado 260.000… y además le habría protegido de una inflación brutal.

Parece, pues, que la capitalización no está tan mal después de todo. Y eso que nos hemos conformado con replicar el índice madrileño: ni nos hemos preocupado por buscar fondos de inversión excelentes como Bestinver o por haber invertido desde España en bolsas extranjeras que, como la estadounidense, han proporcionado una mayor rentabilidad real.

Como dice Roy Miller: basta con ahorrar un 10% de nuestra renta e invertirla periódicamente en la bolsa que tenemos al lado de casa para jubilarnos con un patrimonio decente. Cosas del capitalismo y de la sociedad de propietarios.

La contrarrevolución de los ni-nis

…a saber, ese timo piramidal por el cual ellos están sufragando la temprana jubilación de sus mayores a cambio de que nadie sufrague la suya cuando lleguen a la ancianidad. Porque, tal y como está invertida la pirámide a día de hoy, la cuestión dentro de unos años será ésa: si la Seguridad Social colapsará antes o después; si se tendrán que reducir las pensiones mucho o muchísimo; si la edad de jubilación se retrasará hasta los 70, los 75 o los 80; y si las cotizaciones de los proletarios serán todavía más gravosas de lo que ya lo son.

Pero hoy la cuestión es otra. Los sistemas públicos de pensiones europeos son tan eficientes que tienen que arrebatar alrededor del 30% del salario de los trabajadores para sufragar unas pensiones míseras o tirando a míseras; así en España, así en Francia. Al tiempo, la tasa de desempleo juvenil alcanza la sangrante media del 20,5% en la Unión Europea: el 22,5% en Francia y el 42,1% en España. Nada que ver, deben de pensar los cráneos más privilegiados. Todo o casi todo que ver, deberían de concluir quienes poseyeran la más elemental noción de economía.

Porque el paro persistente y estructural tiene una causa –una– y es que los salarios que desean percibir los trabajadores (o se les obliga a percibir vía salarios mínimos y convenios colectivos) son superiores a su creación de valor dentro de la empresa. Venimos de unos años donde muchos precios –incluidos muchos salarios– se inflaron de manera insostenible gracias a la hinchazón crediticia; normal que con su contracción muchos precios –incluidos muchos salarios– deban ajustarse a la baja. Nadie se sorprenda, pues, del desempleo: aquellos mercados donde los precios se mantienen artificialmente altos se caracterizan por la acumulación de excedentes productivos que no pueden colocarse a los consumidores; tal es el caso del ejército industrial de reserva que estamos creando en Occidente gracias a nuestra envidiable rigidez salarial.

Por supuesto, la vida sería mucho más sencilla si en lugar de bajar salarios redujéramos nuestras mordientes contribuciones a la Seguridad Social, porque lo relevante para aquellas industrias en crisis no es que los salarios caigan, sino que lo haga el coste de la contratación; y un 30% de este coste de contratación –ahí es nada– son contribuciones a la Seguridad Social.

Pero claro, nuestro descompuesto sistema pública de pensiones no puede permitirse renunciar a ese tercio de salarios si es que quiere sobrevivir unos añitos más en su moribundo estado actual. Así que ya lo tienen: nos quedamos con salarios demasiado altos, con contribuciones demasiado elevadas y con tasas de paro insoportables. ¿Respuesta entre los damnificados? Nada, los más jóvenes salen a la calle para entonar el vivan las caenas, para celebrar y exigir la permanencia del sistema que, primero, les imposibilita constituir un amplio patrimonio a lo largo de su vida laboral y que, ahora, les impide que posean siquiera una vida laboral.

La contrarrevolución de los ni-nis iniciada para perpetuar la explotación del politicastro. Dentro de 40 años se lo encontrarán: sin patrimonio, sin "derecho a" jubilarse a los 65 o a los 70 y con una pensión pública residual. Pero ojo, la culpa será del capitalista de turno, de los Apple, Google, Wal Mart o Mittal del futuro. Todo muy lógico, sí señor.

Y en casa, nuestro flamante –por sus ideas– ministro de Trabajo se estrena reclamando que el gasto público en pensiones se incremente un 50%. Nada hombre, que por lo visto un 42% de desempleo juvenil le sabe a poco.

Un mal argumento del Nobel contra las pensiones privadas

Por eso, el uso y abuso que se haga de estos galardones puede ser peligroso: la tentación de utilizarlos para hacer avanzar la agenda política, finiquitando la discusión económica, es en ocasiones irresistible. Ya se vio en 2008 con Krugman y su nefasta influencia sobre esos planes de des-estímulo que tan onerosos nos han salido.

¿Se repetirá la historia en 2010? Espero que no. En la actualidad nos encontramos a las puertas del colapso de los sistemas de reparto de pensiones. El debate sobre su reforma es inevitable, pues la única manera que tienen de cumplir con sus compromisos es no cumpliéndolos, esto es, suspendiendo parcialmente pagos. Tales son las inexorables leyes de la demografía: cuando esperas que el ahorro de los jóvenes sirva de sustento para una explosiva población jubilada, al final el esquema Ponzi termina colapsando. La alternativa ya la conocen: los sistemas de capitalización en los que cada individuo, en lugar de rapiñar el exiguo capital de los trabajadores, se sufraga su propia jubilación ahorrando, invirtiendo y creando nueva riqueza.

La simplicidad –y autenticidad– de este argumento puede chocar, sin embargo, con ciertos sofismas de uno de los tres galardonados de este año, Peter Diamond. Hace unos años, el susodicho escribió un artículo junto a Nicholas Barr donde trataba de demostrar, entre muchas otras cosas, que los sistemas de capitalización son igual de insostenibles que los sistemas de reparto. El argumento merece cierta atención porque en un análisis superficial parece verosímil (de ahí que sea un sofisma).

Dice Diamond que si la población de un país decrece, la cantidad de bienes futuros se reducirá, de modo que los pensionistas futuros –tanto en un sistema de capitalización como en uno de reparto– verán reducidas sus posibilidades de consumo aun cuando posean patrimonios financieros muy cuantiosos (ya sea porque los precios de los bienes de consumo aumentarán o porque la rentabilidad de sus activos se reducirá): "Lo relevante no es la acumulación financiera, sino la producción. Si la producción aumenta, será más fácil que aumente la renta de trabajadores y pensionistas. La solución a una población que envejece no se encuentra de por sí en la capitalización, sino en el crecimiento económico".

Voy a abstraerme del hecho de que los pensionistas de un país con una población decreciente –España– puedan invertir en el mercado de valores de un país con una población expansiva –India– y voy a centrarme en el escenario –por otro lado factible– de que la población mundial decrezca. ¿Es en este caso inexorable que conforme la pirámide poblacional se invierta los pensionistas se vayan empobreciendo en términos relativos?

No, en absoluto. ¿Qué sucedería en un sistema de capitalización donde la población envejeciera y la mano de obra fuera cada vez más escasa? Pues que los salarios reales de los trabajadores irían aumentando y el capital privado que ahora se pierde por los sumideros de la Seguridad Social se invertiría en sustituir métodos de producción basados en una mano de obra relativamente barata por otros métodos de producción mucho más intensivos en capital que requieran a menos obreros (esto es lo que otro premio Nobel, Friedrich Hayek, llamó el Efecto Ricardo). El menor número de trabajadores se vería compensado por un mayor número de bienes de capital, sin que por tanto la producción futura se viera afectada. Proceso que, obviamente, no puede acaecer en un sistema de reparto, por cuanto el ahorro de los trabajadores actuales se destina, no a la inversión en bienes de capital, sino a financiar el consumo de nuestros pensionistas.

¿Pero sería este recambio de máquinas por trabajadores posible en todos los casos? No, de momento no lo sería y aquí el argumento de Diamond sí podría tener algún peso. El economista Thomas Stewart distingue entre cuatro tipos de trabajadores: los fáciles de sustituir y que generan escaso valor; los difíciles de sustituir que generan un elevado valor; los difíciles de sustituir que producen poco valor; y los difíciles de sustituir que crean un enorme valor. Estos últimos son por ahora imprescindibles e irremplazables debido a nuestra incapacidad para producir máquinas que se comporten como agentes; son nuestro auténtico capital humano. Si su número disminuyera debido a una población menguante, nuestro crecimiento económico futuro –y por tanto el bienestar de nuestros jubilados– sí podría verse afectado (a diferencia de lo que sucede con los otros tres tipos de trabajadores, que pueden suplirse con una mayor dotación de capital).

Sin embargo, lo cierto es que estamos muy lejos de la situación en que una reducción de la mano de obra necesariamente deba minorar la cantidad de esos trabajadores altamente cualificados y difícilmente sustituibles. Al fin y al cabo, el ahorro de los futuros pensionistas puede destinarse a formar y capitalizar al resto de trabajadores. O dicho de otro modo, el argumento de Diamond sólo sería relevante para un mundo donde la gran mayoría de obreros estuvieran ya muy especializados y generaran un altísimo valor añadido; un mundo que tiene muy poco que ver con el actual y que es dudoso que algún día llegue a parecerse en algo (gracias a que un porcentaje creciente de los ahorros de todo el planeta se dedica a la I+D, muy probablemente en dos o tres décadas seamos capaces de crear máquinas que actúen como agentes).

Por mucho que lo diga el Nobel, si quiere pensiones sostenibles y crecientes en el tiempo ante cualquier contexto demográfico, la única alternativa son los sistemas de capitalización.

Chile: rentabilidad y seguridad

Ya atisbamos el final de este año 2010, un año extraordinario para Chile. En el plano político, porque el país se ha llenado de democracia al elegir por vez primera a un partido fuera de la Concertación, con Sebastián Piñera como cabeza del nuevo gobierno. En el económico, Chile ha sido reconocido como un país desarrollado por parte de la OCDE. En el plano social, el país se ha visto literalmente sacudido por una sucesión de seísmos de pavorosos efectos. Ha sido el año de Chile, y el año que viene tendremos que acordarnos de nuevo de él, porque se cumplirán 30 años de la reforma del sistema de pensiones que le ha convertido en un modelo para todo el mundo.

Recordemos que en 1981 el gobierno de Chile, en aquel momento todavía existía la dictadura de Augusto Pinochet, cambió el sistema de reparto por otro de capitalización privado. La OCDE reconoce en Chile un país que ha crecido más de un 5 por ciento anual en las dos últimas décadas y que ha luchado eficazmente contra la pobreza. Este resultado no es ajeno al sistema de pensiones. Los salarios se fijan en función de la productividad y ésta crece a medida que aumenta el capital. El sistema privado de pensiones favorece la canalización del ahorro, mientras que el público destina las cotizaciones al consumo.

En los 28 años de experiencia del sistema chileno, la economía de aquél país ha pasado por momentos más y menos brillantes. Pero no se había visto sometida a una crisis tan brutal como la que ha vivido la economía mundial tras el 2007. En el año 2008 parecía que finalmente el sistema entraba en crisis. Los chilenos pueden invertir en cinco tipos de pensiones, desde la A, de perfil más arriesgado, al E, el más conservador.

En 2008 las rentabilidades fueron del -40 por ciento de media en los fondos A, -30 por ciento en B, -19 por ciento en C, -10 en D y -1 por ciento en E. La satisfacción de los críticos, eso sí, no ha durado más que un año, ya que las rentabilidades respectivas de los mismos fondos en el año 2009 fueron del 43 por ciento (A), 33 por ciento (B), 23 por ciento (C), 15 por ciento (D) y 8 por ciento (E). Las rentabilidades reales medias de 2002 a 2009 fueron del 4 por ciento en los fondos E al 9 por ciento en los A. En definitiva, el sistema se ha enfrentado a una dura crisis económica y financiera y la ha sorteado sin mayor problema.

La presidenta de Chile Michel Bachelet pidió un informe sobre una eventual reforma del sistema de pensiones en aquél país. La principal conclusión es que el sistema es muy rentable. No tanto como el 10 por ciento anual, dato que se da habitualmente. La rentabilidad media móvil de los últimos 10 años para cada fondo está en el 7,7 por ciento anual real. Este cálculo es relevante, pero es más importante para el trabajador cuál es la rentabilidad que obtendrá una vez descontados los costes de gestión de sus fondos. Esta rentabilidad neta cae de media móvil al 6,4 por ciento anual real.

Pero los costes de gestión se pagan con las contribuciones que se hacen cuando se percibe el salario, no se descuentan del saldo. De modo que para observar la rentabilidad verdadera hay que hacer un cálculo de lo que supondría para un trabajador a lo largo de toda su vida laboral, es decir la Tasa Interna de Retorno (TIR), contando con los costes de gestión a lo largo de todo el período. Como no hay una población suficiente de trabajadores que hayan estado cotizando desde 1981, el informe ha tenido que hacer una proyección, que arroja una rentabilidad real bruta del 6,8 por ciento y neta del 6,2 por ciento anual.

En definitiva, el sistema chileno es rentable y fuerte, mientras que los sistemas públicos son ruinosos y están abocados a la ruina. No hay elección posible entre los dos, porque la realidad ya ha tomado su decisión.

La alternativa liberal

…a costa de los desarrapados proletarios o del expoliado medio ambiente. Así, no es extraño asociar las posiciones liberales con la defensa de reducir el gasto en sanidad o en educación, con la de abaratar el despido, con la de abolir las regulaciones de discriminación positiva, con la supresión de las subvenciones a la cultura o, también, con la de elevar la edad de jubilación.

La izquierda y los intervencionistas de todos los pelajes rápidamente sacan buen provecho de ello: "Es que los liberales queréis una sanidad y una educación de mala calidad para poder privatizarla y que sólo los más ricos puedan costeársela; es que queréis que los empresarios despidan a los obreros para incrementar sus beneficios; es que queréis que las minorías sean discriminadas por el hombre blanco dominante; es que queréis analfabetizar a las masas para que no puedan emanciparse y luchar por sus derechos; es que queréis que los proletarios trabajen más años para poderlos explotar durante más tiempo".

Por demagogo y ruin que sea este ejercicio de difamación, ha terminado calando en la sociedad. Los liberales no hemos sabido decir alto y claro que lo que queremos es una educación y una sanidad de elevadísima calidad y al precio más reducido posible y de ahí que queramos privatizarlas; que lo que queremos no es un despido barato, sino libre, porque el despido impuesto por el Estado puede actuar de barrera de entrada a la hora de crear empleo; que no queremos que se discrimine de manera absurda y prejuiciosa, sino que demandamos libertad para discriminar entre las discriminaciones lógicas y positivas (que yo no pueda jugar de pívot en la NBA) y las discriminciones irracionales que tienden a castigarse en un mercado libre; que si no queremos subvenciones a la cultura es porque tienden a empobrecerla y convertirla en propaganda estatista, al contrario de lo que sucede cuando se la deja a la filantropía privada; y, por último, que no queremos que la gente se jubile a los 67 ó 70, sino a los 50, a los 45 o, si fuere posible, a los 35 y con la renta más alta posible. Por todo eso y porque seríamos más libres, que no es poco.

En este sentido, el caso de las pensiones es simplemente sangrante. Cuando un liberal defiende que la edad de jubilación en el sistema público debe elevarse a los 67 o a los 70 lo hace como una desagradable constatación de la realidad –"la estafa piramidal de la Seguridad Social no da para más"– y no porque disfrute viendo cómo el Estado nos roba cada día con mayor descaro.

La verdadera alternativa liberal es el sistema de capitalización, esto es, ahorrar e invertir (que no especular) una parte de nuestra renta en activos que proporcionen rendimiento, idealmente el mercado bursátil. Décadas de estatismo y de pensiones públicas nos han terminado acostumbrando a unas rentas tan raquíticas que parece imposible que una persona pueda jubilarse a los 45 años con una pensión media que duplique, al menos, la actual pública.

Pero no, sólo hay que mirar lo que nos arrebata mes a mes el Estado y cuánto se ha revalorizado la bolsa para comprobar que la alternativa es y ha sido posible: el Estado le quita cada mes un tercio de su sueldo sin que usted llegue a verlo reflejado en nómina; ese tercio de su sueldo va destinado en su práctica totalidad a financiar el sistema público de pensiones (y no la sanidad, que se financia vía impuestos como el IRPF); usted podría haber invertido ese tercio de su sueldo sin merma alguna en su nivel de vida presente; la inversión más rentable del sistema capitalista es por lógica la bolsa, donde cotizan títulos que dan propiedad a una parte de las empresas punteras de una sociedad; en el último siglo, la bolsa se ha revalorizado de media un 7% anual en términos reales (descontada la inflación); los bancos centrales no tienen nada que ver con esta expansión, si acaso la entorpecen y la frenan con su inducción a generalizar malas inversiones que consumen y despilfarran capital; es cierto que la bolsa es muy volátil a corto plazo (puede caer hasta un 60% en un año), pero a un plazo de 15 años –que es un horizonte razonable para capitalizar una pensión– se convierte en el activo más seguro y menos volátil; el resultado de capitalizar el tercio no percibido de nuestros sueldos a un 7% anual de media durante toda nuestra vida laboral nos proporciona unos patrimonios inmensos y unas pensiones que en muchos casos triplican las más generosas actuales.

Eso es lo que queremos los liberales: una sociedad de propietarios. Pensiones más altas y vidas laborales más breves. Es más, muchos ni siquiera queremos que los bancos gestionen las pensiones privadas, pues abogamos por que cada uno administre su propia cartera bursátil o, en el peor de los casos, la invierta en un fondo que replique el índice (ETF). No es necesario buscarle cinco pies al gato ni tratar de encontrar intereses espurios. Las cosas son como son y basta hacer el cálculo retrospectivo. Es y ha sido el socialismo, no el capitalismo, el que ha empobrecido el nivel de vida de las masas con su insostenible, carísimo e ineficiente Estado del Bienestar; es y ha sido el socialismo quien debe responsabilizarse de la ruina de su modelo y quien tiene ahora la pelota en su tejado.

No caigamos, otra vez, en su trampa populista. Que no nos hayamos aprovechado hasta ahora de los frutos de la libertad no significa que estén podridos, sino que nos han hecho creer que lo están para que otros, los políticos, puedan zampárselos bien frescos a nuestras costillas.

¿Por qué necesitamos bebés?

Es evidente que si el número de pasivos (jubilados) supera al número de activos (trabajadores) el actual nivel de prestaciones públicas que reparte la Seguridad Social es insostenible: o bien tendrán que bajar, tal y como prevé la reforma de pensiones que prepara el Gobierno, o bien los impuestos tendrán que subir. En este ámbito no hay alternativa pública, tan sólo privada. De hecho, Europa se enfrenta al mismo dilema –retrasar la edad de jubilación a los 70 años– debido, precisamente, al creciente déficit poblacional. Y ello, con independencia de que exista más o menos paro, puesto que tales reformas se elaboran tomando como referencia tasas medias de desempleo.

Sin embargo, la exigua natalidad española va mucho más allá de un mero problema aritmético con el objetivo de sostener el mal llamado estado de bienestar, que no es otra cosa que un sistema socialista sólo que de perfil bajo. Éste no sólo es insostenible sino éticamente condenable e injusto, ya que consiste en captar de forma coactiva una parte sustancial de recursos privados vía impuestos (entre el 35% y el 60% del PIB, según el país) para que, luego, la casta política de turno se encargue de redistribuirlos de forma arbitraria (gasto público). No por casualidad los países más ricos y prósperos son los que gozan de una mayor libertad económica o, lo que es lo mismo, un estado de bienestar más pequeño.

Pero es que, además, la falta de población conlleva un problema cualitativo mucho más relevante. Ludwig von Mises concebía al ser humano, más que como un homo sapiens, como un homo agens, es decir, como un empresario que actúa, de ahí el título de su obra La Acción Humana. La función empresarial, o si se prefiere la acción humana, consiste básicamente en buscar y descubrir nuevos fines y medios de forma activa, haciendo uso de la innata capacidad creativa del hombre. La economía, lejos de lo que se estudia en las universidades, no es una ciencia sobre cómo asignar medios dados a fines también dados de una forma óptima. Muy al contrario. Lo que realmente hace el hombre es buscar constantemente nuevos fines y medios, aprendiendo del pasado y usando su imaginación para descubrir y crear el futuro paso a paso.

Dicha búsqueda constante de nuevos fines y medios se resume en el impulso innato del ser humano por encontrar oportunidades de ganancia que aún no han sido descubiertas por los demás, de ahí que la función empresarial sea, por definición, competitiva. Lo milagroso de este proceso es que cuando a alguien se le enciende la bombilla, su hallazgo se transmite al resto de sujetos llegando, incluso, a modificar su visión del mundo. Por poner un ejemplo, es evidente que Bill Gates ha revolucionado el siglo XX gracias a su sistema operativo, dando lugar al desarrollo de un nuevo universo –el del ordenador personal e internet– oculto para la humanidad hasta hace nada. Lo mismo podría decirse de la revolución del petróleo o de la energía nuclear, entre otra infinidad de ejemplos.

Tales descubrimientos dan lugar a la aparición sin límite de nuevos desajustes que suponen nuevas oportunidades de ganancia empresarial, y así sucesivamente, en un proceso dinámico que nunca se termina y que, constantemente, hace avanzar a la civilización. Por ello, la función empresarial no sólo hace posible la vida en sociedad al coordinar el comportamiento desajustado de sus miembros (oportunidades de ganancia), sino que también permite el desarrollo de la civilización al crear continuamente nuevos objetivos y conocimientos que se extienden en oleadas sucesivas por toda la sociedad.

Así pues, la esencia del proceso empresarial y, por tanto, el desarrollo de la sociedad, exige una continua extensión y profundización en la división del conocimiento (que no del trabajo). Y no sólo desde una perspectiva vertical, es decir, un conocimiento más profundo y detallado del ya existente (transmitido por nuestros antepasados), sino también horizontal para multiplicar su potencial. Y es que un conocimiento cada vez más profundo y complejo exige un aumento de la población, la aparición de nuevos seres humanos que a su vez puedan crear nueva información y aprender lo recibido de sus antepasados, extendiéndolo a toda la sociedad mediante el intercambio. El problema es que la capacidad de la mente humana es limitada mientras que el conocimiento es ilimitado. Por ello, una sociedad cada vez más compleja y desarrollada precisa de un aumento paralelo de la población (número de mentes) para poder seguir avanzando.

El crecimiento de la población es, a la vez, consecuencia y condición necesaria para el desarrollo de la civilización, ya que no es posible conocer o saber cada vez más en más áreas concretas sin que aumente el número de personas. O, dicho de otra forma, el principal límite al desarrollo de la civilización es una población estancada, pues imposibilita continuar el proceso de profundización y especialización del conocimiento práctico que es necesario para el desarrollo económico.

Además, este proceso de mercado se retroalimenta: el desarrollo económico hace posible mantener volúmenes crecientes de población, los cuales, a su vez, alimentan de nuevo e impulsan de manera aún más potente el futuro desarrollo de la sociedad, y así sucesivamente. Frente a este perspectiva, el socialismo y el ecologismo abogan por una paulatina reducción de la población, ya que parten del error básico enunciado al principio, al creer que fines y medios están dados (recursos limitados) cuando, en realidad, la innata creatividad empresarial del ser humano consiste, precisamente, en descubrir nuevos fines y medios (nuevos recursos) para satisfacer las necesidades del hombre.

En España, al igual que en el resto de Europa, faltan jóvenes y niños para expandir el actual nivel de desarrollo. El déficit poblacional es síntoma y reflejo del declive de una civilización.

¿Está justificada la sanidad pública?

Los individuos supuestamente conocen mejor su propensión a enfermar que las aseguradoras, de forma que éstas no son capaces de discriminar en precio y ofrecen la misma prima a todos. Así, la prima promedio es más barata de la que pagarían los individuos más riesgosos, y más cara de la que pagarían los más sanos. Los segundos tienden a salirse y los primeros a quedarse, de modo que la prima sube (para ajustarse al riesgo medio del nuevo pool), en una espiral que aboca al sistema a la ineficiencia: escasa y onerosa cobertura.

Aun si este problema de selección adversa fuera cierto y grave, la respuesta no sería la nacionalización del mercado sanitario. La obligatoriedad del seguro médico privado bastaría para evitar la espiral descrita.

Pero es que además, el debate es estéril. Lejos de fallar, el mercado ya ha dejado obsoleto cualquier problema de asimetría de información. La aseguradora, mediante chequeo médico con técnicas avanzadas y revisión del historial familiar, es capaz de calcular con notable exactitud la propensión de un individuo a sufrir distintas enfermedades (a menudo genéticas). La asimetría de información desaparece y la aseguradora puede discriminar en precio, cobrando la prima correspondiente al coste esperado de cada usuario.

No hay, pues, selección adversa ni espiral de costes, siempre y cuando el Estado no prohíba la discriminación de precios o restrinja las técnicas de evaluación de riesgo de las aseguradoras. Entonces, ¿qué justifica la sanidad pública? Los intervencionistas siempre encuentran "razones".

Los enfermos crónicos no podrían asegurarse (no hay riesgo a estimar) y tendrían que pagar de su bolsillo el elevado coste del tratamiento. Por otro lado, los más pobres no podrían permitirse la prima del seguro. La reacción instintiva del intervencionista ideológico es reclamar la nacionalización de la sanidad. La respuesta lógica del liberal que acepta intervenciones quirúrgicas es pedir subsidios para los individuos con graves condiciones preexistentes y para los más pobres, sin tocar el resto del mercado.

Este enfoque descuadra a los estatistas maximalistas, empeñados en imponer a toda la sociedad un modelo planificado con argumentos que, en el mejor de los casos, solo justifican parches (subsidios, regulaciones) a un sistema fundamentalmente de mercado. Así sucede con respecto a los tres pilares del Estado del Bienestar: sanidad, pensiones y enseñanza. No conciben que quizás sea mejor subsidiar al pobre para que tenga acceso a los servicios de un mercado eficiente, que abolir el mercado para que todos tengan acceso a un servicio estatal deplorable. Así, en lugar de ponderar las ventajas de las pensiones privadas con intervenciones localizadas (como en Chile, México o Hungría) o de la introducción del cheque escolar (como en Holanda, Suecia o Florida), prefieren socializar el sector entero.

A la privatización de la sanidad suele oponerse el ejemplo de Estados Unidos, que pese a sus ventajas (ausencia de lista de espera, libertad de elección de proveedor, innovación médica) gasta mucho más sin obtener mejoras en salud. No mencionan que son las regulaciones y los programas estatales los que distorsionan el mercado y elevan el gasto, y que hay otros modelos sanitarios con un fuerte componente privado que no padecen ese problema.

En Suiza el gobierno solo financia un 25% de los costes sanitarios (en Estados Unidos el gobierno paga casi el 50%). El gasto total en sanidad es similar al de los países con sistemas públicos. Los individuos están obligados a comprar seguro médico privado, que por ley incluye una cobertura básica. Las compañías compiten en precio y servicios, y muchos suizos se decantan por pólizas baratas con deducibles altos. El Estado subsidia a los más pobres (nadie paga más de un 10% de su renta por el seguro), y más de un tercio de la población contrata pólizas suplementarias. No hay listas de espera y los pacientes pueden elegir libremente el proveedor sanitario.

En Singapur el gasto total en sanidad es la mitad que el de España, y sus indicadores de salud son excelentes. Dos tercios de la financiación son privados. Los singapurenses disponen de cuentas de ahorro sanitarias individuales, financiadas con aportaciones obligatorias, a las que recurren para gastar cuando enferman. El Estado subsidia servicios básicos y paga la sanidad a las familias con menos recursos. Hay libertad de elección de proveedor y no existe lista de espera.

¿Por qué no se exploran estas alternativas? ¿Por qué este afán por justificar lo injustificable?

Los ojos y la demagogia de González Pons

…cabía sostener que, en el fondo, los populares habían actuado conforme a los intereses del país: la economía sufriría un shock a muy corto plazo pero a cambio Zapatero sería derrocado y con él nuestro principal lastre para recuperarnos a largo plazo.

El argumento no me convencía, entre otras cosas porque se estaba acusando a ZP de ser demasiado poco rojo; sólo nos faltaba que la oposición in toto le exigiera que se alejara de la ortodoxia bruselense y regresara a sus esencias manirrotas para tramitar un proyecto de ley consensuado con comunistas, socialistas y demás ralea. Vamos, seguro que habría padecido indecibles sufrimientos.

Pero defendible como podía ser este argumento, el derrotero populista que está siguiendo en estos días el PP ya resulta del todo absurdo y perjudicial para los intereses nacionales sin ningún género de dudas. González Pons, el que se vanagloria de poder mirar a los ojos de un pensionista y decirle que no votó por congelarle la pensión (aunque se guardará de decirle que si implementaran esta estrategia desde el Gobierno nos conduciría a todos a la quiebra, incluido al pensionista y a sus vástagos), ha anunciado que su partido presentará una proposición de ley para que el ajuste de Zapatero no afecte a los pensionistas. Ya se sabe que ocho millones son muchos votos en juego como para que el partido que se espera que gobierne España más pronto que tarde se abstenga de comportarse exactamente igual que cuando el PSOE sacaba a pasear los dóbermans.

Pero en este punto conviene decir las cosas claras, pues el PP está empleando esa treta que tan bien y tan a menudo utilizan los socialistas para confundir los deseos con la realidad. Por supuesto, a todos nos encantaría que nuestros jubilados cobraran unas pensiones no de 800 euros, sino de 5.000 euros. Nadie negará que muchas de las pensiones que se abonan hoy en España son de auténtica miseria, pese a tratarse del único sustento que les queda a una parte sustancial de nuestros pensionistas.

El problema es que no somos lo suficientemente ricos como para permitirnos más que esa miseria. El problema es que tenemos un sistema de Seguridad Social asentado en un auténtico fraude piramidal a la Madoff que impide a las clases medias crearse un patrimonio a lo largo de su vida laboral y los convierte en dependientes de las exacciones que en el futuro se practiquen sobre una menguante población joven.

Pocas dudas caben de que ante la auténtica avalancha de jubilados que presenciaremos en los próximos 15 y 20 años la Seguridad Social no puede ya incrementar más las pensiones. De hecho, es probable que ni la congelación valga para hacer sostenible el sistema y haya que rebajarlas mediante ciertos estratagemas como prolongar la edad de jubilación, alargar a toda la vida laboral el período de cómputo y calcular la pensión en función de un porcentaje que dependa del número de años trabajados.

El PSOE lo sabe, el PP lo sabe, incluso IU lo sabe. Y, sin embargo, ninguno plantea a las claras este debate. De hecho, los populares están basando su labor de oposición no en exigir la supresión de muchas de las partidas de unos insostenibles presupuestos o en reclamar una reforma inmediata de las pensiones (por ejemplo, favoreciendo la transición a un sistema de capitalización), sino en provocar que el sistema se vuelva todavía más insostenible de lo que ya es.

Tras sufrir unos políticos como éstos, a Grecia ya le están pidiendo que reduzca sus pensiones un 50%. ¿Podrá González Pons mirar a los ojos de los pensionistas de dentro de 20 años y decirles “yo contribuí a que la Seguridad Social no pudiera ni abonarte unas pensiones de miseria por las que estuviste cotizando con un tercio de tu salario durante 40 años”? Diría que no, porque lo que se estila en el político es la demagogia y no la honradez. La cuestión, sin embargo, no es qué hará en dos décadas González Pons mientras esté disfrutando de su jubilación de oro, sino si creen que con semejante discurso ganan enteros como alternativa de gobierno incluso frente al que es el Gobierno más nefasto de nuestra historia. En lo que a mí respecta, desde luego no.

Obamacare, una tumba sanitaria y fiscal para EEUU

El presidente de EEUU, Barack Obama, está a punto de lograr su objetivo. Su reforma sanitaria modificará, sin duda, la actual estructura económica e, incluso, cultural, de la primera potencia mundial. El conocido Obamacare es la antesala de la socialización sanitaria y, posiblemente, la puntilla a las cuentas públicas estadounidenses.

Se equivocan de plano quienes califican de “progreso” y “avance” la reforma sanitaria aprobada por el Congreso, y aún más los que se conforman con el “mal menor” en comparación con la idea inicial impulsada por Obama, consistente en la instauración de un seguro público universal. Por desgracia para EEUU y, en general, el mundo libre, la realidad es bien distinta.

Obama aspira a convertirse por méritos propios en uno de los presidentes más izquierdistas de la historia estadounidense. No obstante, toma como referencia el mal llamado Estado de Bienestar que hace aguas en Europa con el único fin de poner bajo su control a la, hasta ahora, todopoderosa industria sanitaria y farmacéutica. Y ello, bajo la falaz excusa de ofrecer cobertura a unos 32 millones de estadounidenses.

En un país en el que el 85% de la población cuenta con un seguro privado, Obama se agarra al 15% restante (unos 45 millones de personas) para justificar su reforma. Sin embargo, su argumento no se sostiene una vez que se desagregan los datos. Para empezar, el 25% de los no asegurados son inmigrantes ilegales; muchos tan sólo carecen de seguro médico una parte del año (mientras están sin trabajo); unos 15 millones cuentan con unos ingresos superiores a los 50.000 dólares anuales; unos 18 millones tienen entre 18 y 34 años, una edad en la que es poco probable enfermar y, por ello, eligen no contratar un seguro; además, más de 11 millones tienen acceso a los programas médicos estatales.

Es decir, por mucho que se empeñen en ofrecer una visión dramática, la realidad es que los estadounidenses disfrutan de una cobertura médica amplia y de gran calidad, ya que cuentan con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo desde hace décadas, y muchos de los que carecen de seguro lo hacen voluntariamente.

En este sentido, el mito de que los enfermos se mueren a la puerta del hospital por carecer de recursos es equiparable a la falacia sobre la pobreza en EEUU. Los organismos oficiales califican como “pobre” a un matrimonio con dos hijos cuya renta anual sea inferior a los 21.000 dólares, es decir, lo que en España vendría a ser clase media. La mayoría de estos “pobres” –mileuristas en España- cuentan, además con casa y coche propios.

Pero los datos poco importan. Los políticos suelen tomar como excusa cualquier circunstancia, ya sea real o inventada, para justificar su intervención en el ámbito de la libertad individual. En este campo, Obama es un auténtico maestro. Y es que, pese a no lograr su ansiado seguro público universal, su reforma atará en corto a clientes y aseguradoras.

Así, todos los ciudadanos estarán obligados a tener un seguro privado bajo amenaza de multa (hasta el 2,5% de sus ingresos), las empresas con más de 50 trabajadores tendrán que ofrecer cobertura médica bajo sanción de 2.000 dólares por empleado sin seguro, las aseguradoras no podrán discriminar entre pacientes haciendo uso del historial médico, la reforma establece límites de riesgo y períodos de espera y todos los planes deberán incluir, como mínimo, el 60% de las coberturas básicas, entre otras restricciones.

Sin embargo, lo más grave del Obamacare es su enorme coste presupuestario, próximo al billón de dólares hasta 2019, según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO). En un momento en el que la deuda pública de EEUU supera los 12 billones de dólares y hay un déficit próximo a los 1,5 billones -más del 10% del PIB-, la citada reforma amenaza con convertirse en la puntilla de las cuentas públicas estadounidenses.

Obama ha vendido a la opinión pública que, lejos de aumentar el gasto, su plan logrará reducir el déficit en 140.000 millones de dólares para 2019. ¿Cómo? Ahorrando medio billón de dólares en los programas públicos Medicare y Medicaid.

Puro engaño electoralista. La historia demuestra que las proyecciones presupuestarias en este tipo de programas casi siempre se quedan cortas. Así, por ejemplo, en 1967, el Gobierno de EEUU estimó que el coste del Medicare ascendería a 12.000 millones de dólares en 1990, muy lejos de los 110.000 millones que supusieron en realidad (casi 10 veces más de lo previsto).

La única vía de financiación posible que tiene la reforma es el aumento de impuestos a familias y empresas. Así, si bien la nueva ley recoge un incremento del impuesto sobre la renta para los que ganen más de 250.000 dólares al año, será tan sólo cuestión de tiempo que dicha subida fiscal acabe extendiéndose a la clase media norteamericana. El Gobierno también prevé gravar más a farmacéuticas y aseguradoras, al tiempo que aplicará un impuesto del 40% sobre los seguros privados que cuesten más de 27.500 dólares anuales por familia a partir de 2018. Y esto para empezar…

En definitiva, más gasto público, más impuestos y menos libertad individual en un momento muy delicado para las cuentas públicas del país. No obstante, el CBO advierte de que EEUU se enfrenta a medio plazo a la insolvencia o a la hiperinflación como resultado, precisamente, del creciente gasto federal en los programas públicos de salud. Esta reforma tan sólo agravará la situación. Por ello, el Obamacare se podría convertir no sólo en la tumba de la prestigiosa sanidad norteamericana sino también en un agujero insalvable para los contribuyentes.