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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

¿Qué tiene de buena la reforma de Obama?

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El texto final queda bastante lejos de lo que inicialmente pretendía el presidente, que no era otra cosa que un modelo en el que el Estado entrara como un elefante en un hospital a hacerle competencia directa y desleal a todos los médicos y compañías de seguros mediante un seguro público impuesto a trompazos. Como su idea resultaba demasiado radical hasta para los compañeros del Partido Demócrata, tuvo que conformarse con dar un paso hacia su anhelado sistema público en vez de decretarlo de golpe y porrazo.

Durante este año Obama ha concentrado todas sus fuerzas en difundir dos mitos: que existen casi 50 millones de norteamericanos sin acceso a los servicios médicos y que los seguros privados son extremadamente costosos, pudiéndose, mediante la intervención y fiscalización del Estado sobre los seguros médicos, ahorrar grandes cantidades de recursos que podrían emplearse para tratar a otras personas. Ninguno de los dos argumentos son ciertos tal y como se han planteado, y en otro lugar he tratado de explicar en qué consisten estas falacias.

Aún así Obama sólo ha logrado sacar adelante su ley mediante el uso de un procedimiento de urgencia que no está pensado para este tipo de leyes y gracias al cual se ha saltado el voto de las dos cámaras a la misma ley, como requiere la Constitución. Además, ha otorgado privilegios a algunos estados como Florida o Luisiana para obtener el voto de sus representantes. Todos estos aspectos formales hacen que la sombra de la inconstitucionalidad planee sobre la nueva ley. Pero más allá de lo que pueda terminar dictaminando la justicia norteamericana en la más que probable batalla jurídica que se avecina, lo verdaderamente significativo es que una ley de tanta trascendencia sea aprobada mediante esta maraña de trucos para sortear los mecanismos de contrapeso de poderes establecidos en las leyes de los Estados Unidos.

Con todo, lamentarse por las malas artes no sirve de mucho y lo cierto es que ahora los estadounidenses viven en un país en el que la sanidad tiene poco que ver con el modelo mayoritariamente orientado hacia el mercado del que disfrutaban hasta ahora. En Europa casi todos los medios y comentaristas han dado la bienvenida con gran alborozo a la reforma. Yo no paro de preguntarme qué es lo que tiene de buena.

La principal característica del nuevo modelo es que obliga a los residentes legales de Estados Unidos que no se puedan acoger a los programas públicos a comprar un seguro médico privado. ¿Es esto tan bueno? ¿Diríamos lo mismo si la obligación fuera de contratar la provisión de alimentos, el transporte o la educación con una empresa? La medida podría ayudar a algunas personas muy irresponsables que se gastan el dinero compulsivamente pero que cuando están más serenas piensan que deberían haber dedicado ese dinero al seguro médico. Sin embargo, la mayoría de la gente no es así y lo que la medida provocará es la desaparición del ejercicio libre de la medicina.

En España el ejercicio libre de la profesión médica (sin tener que pasar por un tercer agente, bien sea el Estado o una compañía de seguros) desapareció con la ley socialista y general de la sanidad del 86 debido a la implantación de ambulatorios gratuitos por todo el territorio nacional. En Estados Unidos el ejercicio libre de la medicina, que aún es una parte muy importante de su sistema sanitario, desaparecerá porque ahora que existe obligación de contratar un seguro serán muy pocos los que contraten directamente con sus médicos u hospitales. Con el fin del ejercicio libre se acaba con una de las características más importantes de un buen sistema médico que es la relación libre, directa y responsable entre médico y paciente.

Tampoco me queda claro qué puede tener de bueno que el Estado intervenga los costes de las empresas que competían libremente en el mercado o se establezcan condiciones y servicios mínimos que a partir de ahora tendrán que ofertar. De esta medida sólo puedo vislumbrar una pérdida de la rivalidad entre empresas, peor servicio y precios más elevados. Eso es exactamente lo que ocurre en los programas públicos que existían con anterioridad a la ley. Bueno, con una diferencia: antes el sistema público podía sacar provecho de copiar los métodos de un sistema privado tremendamente dinámico e innovador, así como comprarle bienes y servicios.

Ni siquiera alcanzo a ver cuál es el beneficio de que las aseguradoras tengan que aceptar a los ciudadanos con problemas médicos preexistentes. La medida distorsionará el cálculo actuarial y terminará por provocar problemas de selección adversa. Puestos a intervenir, hubiese sido mejor meter a este grupo de la población en los sistemas de provisión pública.

A los problemas que crearán estas y otras medidas contenidas en la reforma sanitaria de Obama se responderá con casi total seguridad con otras intervenciones que irán encorsetando el sistema médico estadounidense asemejándolo cada vez más al europeo.

Mientras ese típico proceso de escalada intervencionista se va produciendo, el mundo verá cómo se va secando la fuente mundial de nuevas medicinas, terapias y tecnología médica que hasta ahora era el mercado médico de los Estados Unidos de América. Los políticos repetirán machaconamente que han introducido equidad en el sistema sanitario y que a pesar del elevadísimo coste y de los problemas que surgirán en la gestión de los recursos sanitarios, todo el mundo podrá acceder (más tarde o más temprano) a las técnicas y terapias de comienzos del siglo XXI. Lo que no les contarán es que la medicina dejó de evolucionar debido al intervencionismo y que el precio del igualitarismo fue seguir conviviendo con enfermedades y problemas médicos que el dinamismo de las relaciones médicas más libres habría resuelto.

Gabriel Calzada Álvarez es doctor en Economía y presidente del Instituto Juan de Mariana.

El latrocinio de nuestra casta política

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

… tras haber señalado con el dedo acusador al capitalismo financiero-especulador como causante de las presentes tribulaciones, convertir en seña de identidad el que todos los ciudadanos —especialmente los más ricos y privilegiados— arrimen el hombro durante la crisis y hacer de la cotización a la Seguridad Social una obligación inescapable para las clases medias.

Al cabo, que Zapatero y los suyos inviertan regularmente en este tipo de fondos, engrosando el poder de los mismos especuladores que, según denunciaban, desestabilizaban nuestra economía, sólo puede significar dos cosas: o que los socialistas no se creen la bobada de que los españoles recibimos (y vamos a seguir recibiendo) unas pensiones dignas o que tampoco tienen a bien contribuir con sus impuestos al sostenimiento de las arcas públicas.

Pues los planes de pensiones en España sólo sirven para dos cosas: una —algo ingenua al lado de otros productos de inversión mucho más sofisticados como los fondos de inversión o la propia inversión directa en bolsa— para capitalizar el ahorro de cara a la jubilación; otra, y sobre todo, para reducir la base imponible del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y pagar menos impuestos.

Contradicción entre el discurso y las acciones que se ha venido a conocer tradicionalmente como hipocresía o fariseísmo, por aquello de hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Claro que al menos en el caso de los fariseos, el consejo era guiarse por sus palabras y no por sus actos, mientras que aquí es más bien al revés: las palabras de nuestra casta política se han convertido en un bombardeo continuo de mentiras destinado a justificar su latrocinio institucionalizado.

Vean si no al castrocomunista Llamazares reconociendo que invierte en un ignoto producto financiero conocido como "fondo de ahorro" —cualquier parecido con la bicha de un fondo de pensiones debe ser casualidad— al tiempo que recomienda a los ciudadanos que se mantengan única y exclusivamente en el sistema público de pensiones porque la rentabilidad de esos "fondos de ahorro" que él ha contratado es inferior a la de la deuda pública.

Siendo así la cosa, sólo cabría concluir que sus dotes como economista e inversor están a la altura de sus ideas políticas. Ninguna confianza para manejar las vidas de los ciudadanos debería recibir aquel que no sabe gestionar sus propias finanzas.

Claro que Llamazares parece olvidar que frente a la exigua rentabilidad que ofrecen muchos de esos "fondos de ahorro", existen otros productos, como los fondos de inversión, cuyo rendimiento sí es muy superior al de la deuda pública. Ahí tenemos al español Francisco García-Paramés, al que muchos consideran justamente el mejor gestor europeo, que ha logrado desde 1993 rentabilidades medias anuales del 17%. ¿Acaso no estarían nuestras pensiones mejor en sus manos que en las de ineptos como Zapatero o Llamazares?

Probablemente, aunque eso es algo que debería decidir autónomamente usted. Más que de eficiencia, se trata de libertad. Esa misma libertad que socialistas, comunistas y socialdemócratas populares se arrogan para sí pero niegan para los demás. En otro tiempo se denominaba despotismo ilustrado, pero habida cuenta de las pocas luces de nuestros políticos, mejor sería olvidarse hoy del calificativo.

Tan bueno debe de ser eso de poder gestionar la hacienda de uno mismo sin tener que entregar al Fisco o a la Seguridad Social el 50% de nuestros ingresos, que los mismos que cercenan nuestra libertad tratan de agarrarse a cualquier desgravación para capitalizar su renta en el sector privado. Es la misma disonancia que la de esos nacionalistas que eliminan la libertad de elección lingüística para sustraer a sus vástagos del cumplimiento de sus normas.

Porque, al final, lo que pretenden no es facilitarnos la vida, sino parasitarnos. Cuanto mayor sea el tamaño del Estado, de más prebendas gozarán. ¿Se imaginan que les sucedería a todos estos estómagos agradecidos si los impuestos bajaran y cada uno de nosotros pudiera elegir a dónde destinar nuestras rentas? Pues que se quedarían sin sus coches oficiales, sin sus secretarios varios y sin sus astronómicos sueldos; por no hablar de esa poderosa influencia de la que hoy disfrutan para presionar y relacionarse de forma, digamos, "especial" con las grandes empresas privadas.

Es seguro que nosotros prosperaríamos sin ellos, pero también es probable que ellos no prosperaran sin nosotros. De ahí que deban convencernos de que el Estado ultraintervencionista es el mejor de los mundos posibles, pese a que ellos sean los primeros en evadirlo. Pues sí, en este caso, lo que ellos hacen es más revelador que las consignas que puedan decir.

La pensión pública ha de ser abolida

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

De forma sucinta, el ministro aboga por una especie de sistema mixto.

Los planes de pensiones, como producto, tienen un problema importante hoy día. Son una herencia del pasado que sólo quiere una minoría. Es un producto demasiado rígido que no encaja en la visión cortoplacista de los actores económicos del s. XXI. Fíjese si no en qué época las entidades financieras empiezan a hacer campañas. No son campañas continuadas de todo el año. Siempre venden el producto a final de año que es cuando el cliente bancario es más susceptible a hacer desgravaciones fiscales (siempre se deja todo a última hora).

Observe también en qué consisten los ganchos de los planes de pensiones. Muchas organizaciones, especialmente gubernamentales, se quejan de los regalos asociados a estos productos. Los bancos regalan desde jamones, a ‘home cinemas’, pasando por licuadoras en la venta de sus planes de pensiones. Lo que no encaja es que un producto financiero a tan largo plazo tenga un reclamo a tan corto plazo como un bien de consumo vulgar. ¿Cómo es que en las campañas de fondos de inversión –producto cuya gestión es la misma que un plan de pensiones– no se regalan productos para la cocina y el hogar también?

En realidad, para una parte importante de la demanda, los planes de pensiones no son tal, sino que consisten en el pago de un producto (aportación por un regalo), que adicionalmente va acompañado de una inversión en un instrumento de ahorro a largo plazo y que, además, desgrava. La fuerza del Estado y la habilidad de los bancos han convertido un producto que no duraría ni dos días en el mercado libre en una urgente necesidad que canaliza el dinero del agente económico sin que realmente lo quiera.

¿Qué pasaría si en un ataque de sensatez al Gobierno le diera por abolir las pensiones públicas y retirar las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones privados? Muy probablemente desaparecerían, o quedarían como un producto minoritario; el dinero se canalizaría más bien a otros productos financieros (renta fija, variable directa, fondos, seguros de ahorro, etc.), o simplemente se destinaría a consumo. Ésta última opción sería la mayoritaria. Es la más acorde a nuestros tiempos.

Si a usted le diesen la opción de destinar 6.000 euros al año a un plan de pensiones o quedarse el efectivo íntegro en su cuenta corriente, ¿qué escogería? Mayoritariamente el actor económico preferiría el dinero en ‘cash’, en su bolsillo ya.

El Estado no es tan abierto de mente como para darnos opciones. Los burócratas del Gobierno, "los Corbachos", nos sacan la pistola y nos dicen: "la bolsa o la vida". Nos retiran esos 6.000 euros (o los que a usted le correspondan) y se los quedan. Mientras nos encañonan con el arma de la ley, nos intentan aliviar diciendo que es para nuestro bien, para nuestro futuro. Consideran que somos idiotas en el manejo de nuestro dinero y lo toman por la fuerza para sus intereses.

Desglosemos qué son las pensiones públicas. Primeramente, son un robo. Desde el momento en el que el Gobierno se ve con autoridad suficiente para obligarnos a qué hacer con nuestro dinero sin que nosotros podamos tomar cartas en la decisión, se convierte en un delincuente a gran escala. El dinero de nuestras pensiones no se ha ahorrado, el Estado se lo ha gastado en lo que le ha dado la gana. De ahí todo el alarmismo actual. El Gobierno no sólo es la mafia legal, también es el peor gestor del mundo. Recuerde que sus ingresos sólo provienen del expolio de la propiedad privada y del robo al ciudadano.

Asimismo, las pensiones públicas no sólo son dirigismo que estimulan estilos de vida (economía del fascismo) de la sociedad hacia el pensamiento único (todo el mundo ha de ahorrar mediante la fuerza), sino que también son un fraude. Si una entidad privada hiciera lo que el Estado con el dinero de su cliente, meterían a su responsable máximo en la cárcel. De hecho, Bernard Madoff fue condenado a 150 años de prisión por gestionar sus fondos de la misma y exacta manera que el Estado gestiona las pensiones públicas. Si a Madoff le cayeron 150 años, "los Corbachos" del parlamento tendrían que ser condenados a trabajos forzados de por vida. Tal vez sería la única forma de que los políticos sirvan de verdad a la comunidad.

Las pensiones públicas son totalitarismo, son un robo, son un fraude, sólo sirven como herramienta para comprar votos, y en el pensamiento de Gustavo Bueno, una forma más de corrupción del Estado del Bienestar y la democracia actual.

La solución a los campos de concentración nazi no era privatizarlos (por razones pragmáticas), sino abolirlos. Con las pensiones del Estado igual. El objetivo no es un sistema de capitalización obligatoria, sino abolir las pensiones públicas y los estímulos a los planes privados: que la gente decida qué hacer con su dinero, que elija en el mercado si quiere este tipo de productos o no. Eliminemos los impuestos correspondientes a las pensiones (que es una tercera parte de su salario; mire cuántos impuestos paga aquí), los estímulos fiscales y dejemos que el ciudadano libre escoja cómo manejar su dinero.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

El fracaso del sistema de pensiones y la ‘previsión social’

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Con la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años se vuelve a abrir el debate sobre las pensiones. Lo cual no está mal, porque nos permite examinar el sistema actual y reflexionar sobre él, algo necesario en un sistema democrático. Sin embargo, el problema no es nuevo. Ya hace más de 15 años que economistas y expertos en la materia vienen planteando la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones.

La raíz del problema es que el sistema es de reparto. Las pensiones actuales las pagan los trabajadores actuales, es decir, que los pensionistas no reciben lo que han ido ahorrando o invirtiendo, sino que viven de las cotizaciones de los que trabajan a día de hoy. Este sistema, que no deja de ser piramidal (como Madoff y Afinsa), se va sosteniendo mientras el número de cotizantes sea mucho mayor que el de pensionistas.

El problema surge cuando la pirámide poblacional se va invirtiendo debido a la baja natalidad y al aumento de la esperanza de vida, momento en el que cada vez es más difícil pagar las prestaciones, y éstas cada vez son menores. En España se estima que para 2049 habrá 15 millones de personas mayores de 65 años y diez millones de menores de 16 años, lo cual significa que más del 50 por ciento de la población no estará en edad de trabajar dentro de 40 años.

Sin embargo, este esquema piramidal, pese a ser igual de fraudulento que los demás, tiene una peculiaridad: que puede no suspender pagos. El Estado puede hacer que la pirámide no caiga. Eso sí, bajando cada vez más las pensiones (o subiendo los impuestos). Estrictamente hablando, siempre será posible garantizar su solvencia, si por solvencia entendemos que el tener o contar con medios suficientes para satisfacer las propias deudas y cumplir con los compromisos adquiridos. En el caso de las pensiones, a lo único que se ha comprometido el político es a dar una prestación, pero nadie sabe la cantidad.

El político recurrirá, por tanto, a manipulaciones constantes y sistemáticas para no dejar caer el sistema. Esto quiere decir que, si no se apuesta por cambiar el modelo, siempre se deberán ir haciendo reformas para evitar su inherente quiebra.

Un posible parche consiste en incrementar el número de años para cobrar la pensión, es decir, aumentar la edad de jubilación. Otro puede ser ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo de la pensión. En este último caso se ve claramente como la prestación debe reducirse forzosamente, ya que el importe de la pensión tomará los primeros años de trabajo, que son aquellos en los que se cobra menos sueldo. En definitiva, es evidente que con cualquiera de estas medidas/parches nos quedará menos dinero y no se podrá contar con una pensión digna.

Las pensiones entran dentro del sistema implementado por el Estado denominado previsión social, que se nos asegura que son un conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y de sus familiares, que tienen por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. Busca generar condiciones de seguridad a los ciudadanos durante toda su vida. Un ejemplo serían las pensiones públicas, que deben atender las necesidades de la población cuando por su avanzada edad disminuya su capacidad de trabajo.

Pero la realidad es que este sistema ni protege ni prevé nada. Y por supuesto, no es social. No mejora la condición de los trabajadores; no ayuda a superar la pobreza, sino que la aumenta; no elimina las desigualdades y discriminaciones, sino que las incrementa; no consigue aplacar los riesgos en empleo, salud, educación y previsión; no protege a quienes más lo necesitan y, además, genera condiciones de más incertidumbre al término de su vida laborar activa.

Desde luego, si seguimos con la idea de que “el Estado proveerá” sólo tendremos una pobre, complicada y amargada vejez.

¡Salven al mejillón!

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

En el fondo no fue nada sorprendente: era el pastón que cabía suponer que ganaría el hombre que más ha hecho por destruir la imagen pública de la institución que preside y de los autores que representa. Pero resulta especialmente significativa su reacción, pues pareciera que mientras se ajuste a "la ley y la transparencia democrática" ya todo está bien. Sucede algo similar cuando se critica a la SGAE que cobre a peluquerías o a festivales benéficos. Su defensa es que la ley está de su parte.

El problema, claro, es que la ley llega donde llega, y existen muchas cosas malas que no están prohibidas y muchas cosas buenas que no son obligatorias. Como debe ser. La ley debe llegar para castigar aquello que supone un daño a un tercero, pero la mayor parte de lo que hacemos en la vida no llega a tanto. Eso no quita para que se pueda hacer un juicio moral, decidir si nuestras acciones son malas o buenas dependiendo de nuestro particular punto de vista, que puede ser compartido por la mayoría de los ciudadanos, o no.

Cuando una entidad –sea un individuo, una empresa o una asociación de autores– hace rutinariamente cosas legales pero malas para casi todos los que no se benefician de ello, lo razonable sería que se planteara si no estará metiendo la pata. En demasiadas ocasiones, sin embargo, se enroca en que lo que hace está permitido y, por tanto, el que se considere negativo es sólo un asunto de percepción, de que los demás no entienden bien el problema, de que están equivocados porque algún ser pérfido –por ejemplo, los medios de comunicación o algún partido político– se ha esforzado en ensuciar su imagen.

Siendo una actitud evidentemente equivocada, desgraciadamente cada día es más habitual. La razón es que estamos incentivando la confusión entre moral y ley. Muchos conservadores critican a los liberales porque algunos de ellos creen que deberían liberalizarse las drogas, legalizarse la prostitución y, en definitiva, despenalizar los vicios de cada uno. En algunos casos se debe a la creencia de que las consecuencias serán malas para la sociedad, pero en otros porque piensan que quien promueve estos cambios está sancionando moralmente esos comportamientos. No es así. Se puede estar en contra de la prostitución o de las drogas, desaconsejar a todo el orbe conocido que incurra en esos vicios y, sin embargo, no querer que el Estado los castigue.

Es curioso cómo en algunos ámbitos la distinción parece estar clara. No se sabe ya cuánto se ha repetido la frase aquella de "no estoy de acuerdo con nada de lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo". De algún modo, al menos si no eres el Grupo Prisa, parece haberse asumido que el derecho a la libertad de expresión no depende de nuestra opinión sobre lo que se dice. Pero no se traslada ese razonamiento a otros ámbitos. En cuanto vemos algo en la tele que no nos gusta, el Gobierno debe prohibirlo. Cuando éste o aquél realizan actividades que nos escandalizan, el Parlamento debería hacer una ley.

Y según nos deslizamos por esa pendiente, se vuelve más difícil recordar la distinción entre moral y ley y que te entiendan. Así, deja de resultar extraño que la SGAE o Teddy Bautista se defiendan de sus múltiples comportamientos inmorales alegando que la ley les da derecho a hacerlo. Quizá casos tan escandalosos para la mayoría podrían conseguir que se invierta esa tendencia. Pero no tendremos tanta suerte.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

Lo que estamos dejando de ganar

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Todos los trabajadores fueron sometidos a un sistema de redistribución que encadenaba el futuro de una generación a los esfuerzos crecientes de la siguiente. Algunos todavía se creen que al cotizar estamos acumulando e invirtiendo dinero para nuestra propia pensión. Pero no estamos capitalizando ni un centavo. Las cotizaciones del presente pagan las pensiones del presente, y las huecas garantías del Estado no van a evitar que cuando nos jubilemos cobremos una pensión pública (aún más) indigna.

El sistema de pensiones de reparto tiene un esquema piramidal: una gran base de cotizantes paga las pensiones de la cúspide de jubilados. En 50 años esa base estará en la cúspide, y se necesitará una base mucho mayor para sostener la pirámide o un crecimiento económico insólito. Ninguno de los dos supuestos va a materializarse ni por asomo.

Según previsiones optimistas del Ministerio de Trabajo (suponía una tasa de paro del 8,8% en 2010…) en 2060 el gasto dedicado a pensiones superará el 14% del PIB, frente al 8% actual. En otras palabras, la población en edad de trabajar se mantendría más o menos estable, mientras que las personas mayores de 65 años pasarían de siete millones a más de quince. Eso significa que si ahora cuatro cotizantes pagan la pensión de un jubilado, en cincuenta años menos de dos cotizantes tendrán que costear la misma pensión.

Algunos economistas, como Vincenç Navarro, prefieren alimentar la esperanza de los ingenuos y de los irredentos en vez de afrontar el fracaso de su modelo y empezar a debatir una reforma profunda del sistema. Navarro afirma que no hay problema si el gasto en pensiones se eleva al 16% del PIB en 2060. Hace 50 años el gasto era del 3%, ahora es del 8%, ¿acaso no sigue el sistema en pie? Lo que Navarro debería explicar a sus lectores es cómo se traduce ese abstracto porcentaje del PIB en los ingresos de cada trabajador.

Si en 2060 se dobla el gasto en pensiones y la masa de trabajadores se mantiene, significa que pagaremos el doble en cotizaciones en términos proporcionales para mantener el mismo nivel de pensiones. Supongamos que el PIB, como augura Navarro, se dobla en cincuenta años. El salario medio en España en 2009 fue de 20.500 euros, que implica una cotización aproximada de 6.000 euros para pensiones. En 2060 el salario medio (habiéndose doblado la riqueza nacional) será de 41.000 euros. El que crea que la cotización será entonces de 12.000 se equivoca. Recordemos que el gasto en relación con el PIB se dobla, y que el PIB se ha doblado también. Es decir, pasamos de un 8% sobre un PIB de base 100 (igual a 8 unidades), a un 16% de un PIB de 200 (igual a 32 unidades), lo que significa cuadriplicar el gasto real (32/8). De modo que en 2060 estaríamos pagando una cotización de, agárrense, 24.000 euros (6.000 x 4). Como el empresario minora el salario en una proporción similar al aumento de la cotización, para mantener el coste por trabajador igual, nuestra nómina en realidad sería de 31.000 euros (un poco más que la cotización…). Eso o la carga se trasladaría al contribuyente, que podría seguir cobrando 41.000 euros pero pagaría 12.000 euros en impuestos adicionales. Los que estén confundidos con tanta multiplicación pueden dividir todas las cifras por dos: sería como si actualmente el salario medio pasara a ser de 14.500 euros (en lugar de 20.500), con una cotización de 12.000 euros, o pagáramos 6.000 euros más en impuestos. ¿De verdad a Navarro le parece sostenible esta situación?

En cualquier caso, lo peor del sistema no es su viabilidad. Pagando pensiones lo bastante bajas quizás llegue a sobrevivir. Lo peor es el coste de oportunidad, lo que estamos dejando de ganar por no poder invertir nuestras cotizaciones en bolsa o en fondos de pensiones que capitalicen las cantidades y nos ofrezcan un patrimonio y unas rentas extraordinarias al final de la vida laboral. En un artículo anterior calculamos que si una persona invirtiera en bolsa la cotización media destinada a pensiones (unos 6.000 euros), al final de un período de 30 años (tomando la rentabilidad histórica ajustada a la inflación, un 7%) dispondría de un capital de 600.000 euros, y tras 40 años tendría 1,28 millones euros. Si el jubilado quisiera una renta estable podría sacar el capital de la bolsa y meterlo en renta fija. Suponiendo una revalorización ajustada a la inflación del 2% anual, obtendría una renta mensual de 1.000 euros más un patrimonio de 600.000 euros, o una renta de 2.100 euros más un patrimonio de 1,28 millones. Actualmente la pensión media del sistema público es de 900 euros al mes, más cero centavos de patrimonio.

El jubilado que quisiera liquidar todo el patrimonio en 30 años de jubilación, podría poner el dinero en letras del tesoro que conservan más o menos el poder adquisitivo e ir gastando cada mes parte de ese capital. 600.000 euros dividido por 30 años son unos 1.650 euros al mes. Si consumiera el patrimonio de 1,28 millones (acumulado en 40 años), obtendría una renta mensual de 3.500 euros al mes.

Ésta sería una opción para los que tengan menos aversión al riesgo y quieran invertir en un ETF que replica el índice o en fondos de inversión que intentan batirlo. Otros quizás quieran poner sus ahorros en planes de pensiones más conservadores (o incluso salirse totalmente del sistema). Que cada uno elija.

Un modelo regulado de capitalización individual (único o mixto) ya se aplica en varios países, entre ellos Chile, Estonia, Letonia, Lituania, México, Perú, Eslovaquia y Hungría. Chile fue el primero en implementarlo, hace casi 30 años. El éxito ha sido rotundo. Los cotizantes chilenos, obligados a ahorrar un 10% de su sueldo, pueden invertir en cinco tipos de fondos de pensiones, dependiendo del riesgo, y optar por distintos gestores y modalidades de pago. Si fallecen, la familia recibe la pensión o el montante en herencia. El fondo Tipo C, que es de riesgo moderado y acoge al 43% de los afiliados, tenía una rentabilidad media anual del 9,19% a julio de 2009, desde su creación en 1981. Todos los fondos han recuperado en un solo año la pérdida de valor de 2008. Un chileno sólo tiene que trabajar 28 años para obtener una pensión igual a sus últimos sueldos.

Así son las cosas en Chile. En España la solución del Gobierno (y de la oposición) es agarrarse al Pacto de Toledo, prolongar la edad de jubilación, reducir la pensión y seguir estafando al trabajador.

Albert Esplugas Boter es miembro del Instituto Juan de Mariana, autor del libro La comunicación en una sociedad libre y escribe regularmente en su blog.

El desprestigio de los economistas

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…al menos en lo que a su vertiente macroeconómica se refiere. Parapetados tras un arsenal matemático con mucho continente y en demasiadas ocasiones poco contenido, nos quisieron convencer de que, gracias a convertir la economía en una ciencia abstracta apartada de la realidad, habían conseguido dotarla de una elevada capacidad predictiva: con pequeños matices, nos decían, existe un consenso científico sobre cuáles son los efectos de la política monetaria, de la política fiscal y de los diversos géneros de regulaciones.

Pero hete aquí que la crisis provocada por la expansión crediticia de la Fed no sólo dinamita los modelos que afirmaban que la política monetaria no tenía efectos reales a largo plazo (¿cómo negar la tozuda realidad de que en España hemos producido más de un millón de pisos que no deberíamos haber construido?) y que podía engendrar estímulos sorpresivos en el corto plazo (¿son las malas inversiones una novedosa forma de riqueza?), sino también el prestigio sobre la capacidad predictiva de la ciencia económica.

¿Alguien anticipó la crisis? Aparte de los economistas austriacos que cuentan con una poderosísima teoría del ciclo económico, hubo algunos economistas ortodoxos que tratando de comprender la realidad al margen de los estrechos modelos neoclásicos, anticiparon algunas dificultades (aunque ninguno de estos últimos previó tantas calamidades como las que más adelante vinieron). Sin embargo, el grueso de la profesión los desdeñó como catastrofistas a los que no había que hacer demasiado caso, lo que ilustra que el consenso estaba edificado en realidad sobre pies de barro.

Lo mismo está sucediendo en estos momentos con el lamentable espectáculo que están realizando algunos de estos "científicos" al discutir sobre la necesidad de un plan de estímulo para la economía. Krugman, por ejemplo, defendía a mediados de 2008 que el Gobierno estadounidense debía aprobar un plan de estímulo de unos 700.000 millones para relanzar la economía; después de que Obama ganara las elecciones y cuando todo hacía prever que iba a sacar adelante semejante paquete, el Premio Nobel (no lo olvidemos) de 2008 modificó su estimación: haría falta gastar el doble, 1,4 billones, para lograr que la economía se recupere. Ya sabrá el lector que entre 0,7 billones y 1,4 no hay mucha diferencia, sobre todo cuando paga el contribuyente.

Por su parte, la presidenta de los asesores económicos de Obama, Christina Romer, asegura que el paquete de estímulo de Obama ha contribuido a crear entre 600.000 y 1,5 millones de puestos de trabajo (cifras asimismo muy precisas) que habría desaparecido en ausencia del plan. Claro que la propia Christina Romer pronosticó en enero de 2009 que si el plan de estímulo se aprobaba, a finales de año Estados Unidos tendría una tasa de paro de algo menos del 8% –lo que suponía crear unos 3,5 millones de puestos de trabajo–, cuando hoy asciende a casi el 10%. Lo gracioso es que la propia Romer preveía que sin "estímulo" la tasa de paro no pasaria del 9%, lo que debería moverla a plantearse si, en efecto, el paquete de estímulo ha tenido efectos negativos.

De hecho, esto último es lo que sostiene ahora el eterno Nobelable Robert Barro: el Gobierno ha incrementado el gasto público en 600.000 millones a un coste de 900.000. Aunque en análisis de Barro me parece mucho más acertado que el de Krugman o Romer, no deja de ser lamentable que los modelos "científicos" que los economistas más prestigiosos del mundo están manejando les permitan obtener resultados diametralmente opuestos dependiendo de las hipótesis que incorporen al mismo. Krugman y Romer asumen, por ejemplo, que el efecto multiplicador del gasto es de 1,5 (es decir, que por cada dólar que el Gobierno gasta, se crean en la economía 1,5 dólares), mientras que Barro presupone que está en 0,6 (de modo que por cada dólar que el Gobierno gasta, se destruyen 0,4 dólares de riqueza en la economía).

La causa de que todos estos modelos sean tan discrecionales ya la apuntó Arnold Kling hace unos días: "Las condiciones bajo las cuales las técnicas estadísticas son científicamente válidas no se satisfacen con los datos macroeconómicos. No hay razón para tomar los resultados de un modelo como otra cosa que las opiniones de quien ha creado el modelo".

Pero señores, esto no es ciencia. Es una farsa destinada a "crear la ilusión de que el Gobierno puede ejercer un control preciso sobre el PIB y el empleo". Un modo elegante de someternos a todos a sus prejuicios e ideología. La ortodoxia económica entierra el realismo en nombre de la capacidad predictiva y al final obtenemos modelos irreales y predicciones a gusto del político de turno. Tal vez si los economistas concentraran más en comprender lo que sucede que en tratar de influir en qué ha de suceder, sus teorías serían más consistentes y útiles. Pero entonces muchos de ellos perderían su aura de gurús, arquitectos, maestros, salvadores y mesías para pasar a convertirse en simples observadores grises y aburridos de la realidad. Un coste demasiado elevado para obtener resultados tan pobres como dejar de estimular los ciclos económicos y no endeudar más a nuestros bisnietos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

El mito de las pensiones privadas argentinas y el ejemplo chileno

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Poder amasar un patrimonio de 600.000 euros en apenas 30 años de cotización sin ningún esfuerzo adicional al que ya realizan hoy –pues son unos fondos que el Estado les arrebata a los trabajadores antes incluso de percibirlos– suena al típico cuento de la lechera cuyo cántaro termina rompiéndose antes de poder vender la leche.

Pero no, los cálculos no están basados en especulaciones absurdas sobre el futuro, sino en presunciones sobre la economía que vienen avaladas por casi un siglo de historia en diversas partes del planeta. No hay nada como una buena teoría que esté confirmada escrupulosamente por la práctica.

Los sistemas de capitalización, sin embargo, suelen tener todavía muy mala prensa entre diversos sectores de la sociedad, eminente pero no exclusivamente socialistas. Es lógico que los políticos recelen de ceder el control de las pensiones, ya que les suponen una buena cantera de votos. Más incomprensible resulta que aquellos que se verían beneficiados por el sistema, lo critiquen recurriendo a espantajos y hombres de paja.

Generalmente tiende a pensarse que el sistema de capitalización implantado en Chile José Piñera no ha sido tan exitoso como se esperaba y que, además, ese tipo de esquemas de inversión suelen estar sometidos a grandes riesgos, como la quiebra de los propios fondos. Así, se recuerda el caso de Argentina en 2001, cuyos fondos privados padecieron unas pérdidas enormes a raíz de la crisis.

La realidad, sin embargo, dista bastante de estos infundados temores. Desde 2003 a 2009, la rentabilidad media del fondo de pensiones chileno con una mayor proporción en renta variable ha sido del 8,9%, muy cercana a la media nominal del 10% que apuntaba Esplugas en su reportaje (el fondo sólo invierte el 80% en bolsa, no el 100%). Y ello pese al desplome que sufrió en 2008 como consecuencia del pánico posterior a la quiebra de Lehman Brothers (pánico que, sin embargo, no afecta a largo plazo al valor de las acciones).

Más sibilino es, sin embargo, el mito de que en Argentina muchos fondos de pensiones (y sus respectivos cotizantes) sufrieron grandiosas pérdidas. Recuerdo a Miguel Sebastián, egregio miembro de este Gobierno que nos lleva al caos económico, rechazar los sistemas de capitalización que él mismo había defendido antes de convertirse en exitoso asesor económico de ZP, bajo el argumento de que podría suceder como en Argentina.

Sin duda, el riesgo existe: a los fondos privados de pensiones les puede pasar como a los de Argentina. ¿Pero qué pasó en Argentina? Ésta es una parte de la historia que no suele contarse pese a ser clave: a finales de 2001 el Estado argentino, de la mano de Domingo Cavallo, fuerza a los fondos privados a que inviertan el 90% de sus excedentes de liquidez en una deuda pública que posteriormente pesifica e impaga al grito de "Argentina, Argentina".

Siempre habrá ladrones al frente del Estado que amenazarán a las pensiones públicas y a las privadas. La diferencia es que las primeras se derrumban en la miseria sin necesidad de políticos ladrones. Ustedes verán.


Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Sobre pensiones y pastillas

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El anuncio del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de las medidas referentes a la reforma de las pensiones en España ha revolucionado el gallinero. Mientras que unos tratan de salvar lo que tiene de positivo alargar la vida laboral, al menos en determinadas profesiones, otros, como Juan Ramón Rallo, insisten en recordar lo peligrosamente parecido que es nuestro sistema de reparto a la estafa piramidal tipo Ponzi o Madoff.

Una de las cosas que un buen maestro debe hacer con su pupilo es iniciarle en el oficio. En mi caso, mi maestro hizo lo propio en 1995 cuando publicamos conjuntamente un artículo titulado ‘Pobres viejos pobres’ en la Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. Las conclusiones generales de aquel estudio se sostienen hoy en día. Sobre todo, la principal: el sistema de reparto ha puesto en peligro el futuro de los pensionistas del mañana. Otra de las conclusiones es que pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización no es cosa fácil, las transiciones suelen ser siempre complicadas: si el sistema de reparto tiene una amplia cobertura de contingencias es difícil pasar a un sistema de capitalización que cubra todas ellas. Personalmente, aprendí lo complicado que es afirmar cosas a rajatabla cuando se trata un tema complejo que depende de muchas variables que cambian al mismo tiempo pero no necesariamente (y no, normalmente) como nosotros desearíamos. La propuesta del artículo es humilde: el análisis, país por país, de la alternativa privada, a pesar de ser cara y de necesitar un mercado financiero cuidado, para tratar de zafarnos del desastroso sistema de reparto.

Pero el enfoque sobre las medidas del gobierno que me parece más relevante es el que señala Gabriel Calzada en su artículo “Metiendo miedo con las pensiones”. Las pensiones, desde siempre, han sido un arma arrojadiza de la izquierda, empleada para atemorizar a quienes, después de una dura vida de trabajo, quieren retirarse con cierta tranquilidad económica. Y como se trata de una herramienta para ganar votos y titulares, el discurso puede cambiar de un año para otro. De ahí que de abril del 2008 a febrero del 2010 se haya pasado de estigmatizar al gobernador del Banco de España, a reclamar la necesidad de tomar medidas… las mismas que defendía Fernández Ordóñez o parecidas.

Claro que hay miedo intergeneracional ¿los jóvenes del día de mañana me pagarán mi retiro? ¿Qué hacen que no están teniendo miles de niños para asegurarme mi pensión, a mí que pago religiosamente mis impuestos para mantener a los mayores de hoy?

Pero la cosa no es tan sencilla. Dependemos de las proyecciones a largo plazo que los expertos hacen sobre la población, y que suelen ser deficientes; del mercado de trabajo; del crecimiento económico; de los shocks económicos externos (seguimos viviendo, afortunadamente, en una economía globalizada). Es decir, no estamos planificando en un sistema cerrado, en un estado estacionario. Ni siquiera se aplican los incentivos adecuados para que se cumplan las previsiones que los expertos realizan.

Algunos consideran que la cosa va mal desde que las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo y que nosotras creemos que estábamos mejor viviendo como la generación de nuestras madres. Yo no comparto esa idea. Y que la opinión de algunas mujeres se eleve a la categoría de argumento me parece demagógico. La decisión de que la madre y el padre trabajen, la crianza de los hijos, el sustento de la familia, no son decisiones que se tomen en solitario sino en conjunto, y son privadas, así que en todo caso habría que ver qué hacemos las mujeres, si abandonamos el mercado laboral o no, y las razones. Ahora bien, ¿qué incentivos han tenido las familias (no las mujeres) para tener muchos hijos? Pues más bien pocos. Y no hablo, por supuesto, de subvenciones, sino de los valores de la comunidad. En unos casos se impide que las familia ‘atípicas’ críen hijos y en otros se valora el confort y la ‘realización’ de la mujer por encima de otras cuestiones.

Otro tema es si el sistema de pensiones actual está o no quebrado, y si va a quebrar. Y después de leer a unos y a otros me acuerdo de la escena de Matrix en la que Nemo tiene que decidir que pastilla tomarse (si tomas la pastilla azul despertarás en tu cama y te limitarás a creer lo que te interese creer). En mi opinión, la mente humana está preparada para tragar las mentiras cuanto más grandes, mejor. Puedo dudar del cambio que me da el frutero, pero si el gobierno dice que el sistema de pensiones goza de excelente salud seguro que es verdad. Y así, en el imaginario colectivo, es imposible que un país quiebre, si no hay un orden impuesto coactivamente llegamos al caos, y si no dejas que el Estado haga lo que quiera con tu dinero odias a los niños, a los ancianos, a los pobres y quieres la destrucción de la madre Tierra.

Una ronda de pastillas azules, por favor….

Metiendo miedo con las pensiones

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde que tengo uso de razón escucho a los líderes socialistas decir que si gobierna la derecha, desaparecerán las pensiones. La cantinela era casi el himno de campaña del PSOE durante la era González. Los socialistas no dejaron de usar esa idea ni siquiera después de que los años de Gobierno popular dejaran bien claro que prácticamente no había diferencias entre los dos partidos en esta materia. Zapatero llegó a enviar cartas a los electores diciéndoles que si el PP ganaba las elecciones europeas bajaría las pensiones.

Ojalá los socialistas hubiesen tenido razón cuando decían que el PP acabaría con las pensiones públicas, porque eso es precisamente lo que necesitamos para generar algo de seguridad social. Lo que debería dar miedo a cualquier persona que analice el sistema de pensiones estatal es pensar que unos y otros sigan imponiéndonos a la fuerza y durante más tiempo un sistema de reparto bien parecido a una estafa piramidal. Da miedo el sistema público y da miedo saber que no hay partido ni político en este país que abogue abiertamente por dar libertad de elección a los ciudadanos sobre el modelo de pensiones que quiere para su jubilación. Manuel Pizarro defendió antes de entrar en política un modelo de capitalización bastante más libre que el que tenemos y se desdijo en el primer debate cara a cara con Solbes. Quizá ahora que abandona por aburrimiento el Partido Popular, recupere sus críticas al actual modelo público.

Otro gran miedo en el campo de las pensiones es el que mete la izquierda (sin respuesta alguna por parte de la derecha) cuando relaciona un sistema más libre con la dictadura de Augusto Pinochet. Claro que ellos defienden un timo tipo Madoff inventado por el totalitario de Bismarck. Como nadie les dice nada, ellos siguen erre que erre. Chile fue, bajo el mandato de Pinochet, sí, el primer país en sustituir el fraude de las pensiones de reparto por un sistema en el que el ciudadano es medianamente responsable de su jubilación. Después de dos décadas de gobiernos de centro-izquierda, los sucesivos gobiernos democráticos no han hecho sino reforzar el sistema de pensiones de capitalización. Detrás de Chile han venido más de una veintena de países. En la mayoría se ha dado a elegir a la población qué sistema preferían, algo que nunca se ha hecho con el sistema coactivo y social de reparto. En todos ellos las encuestas previas vaticinaban el mayoritario mantenimiento del sistema público de reparto y, sin embargo, allí donde se ha dado libertad de elección, la inmensa mayoría de los ciudadanos han huido como ratas del sistema público, tal y como lo hacen los funcionarios españoles de la provisión médica pública cuando Muface les da a elegir servicio privado o público.

Gabriel Calzada Álvarez es doctor en Economía y presidente del Instituto Juan de Mariana.