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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

Pizarro, pensiones y otros engaños

En Economía se repiten los titulares que hablan de su propuesta de reforma de las pensiones. Las dos son una y la misma noticia: política y verdad no se llevan bien. Y menos en España.

Manuel Pizarro fue un cartel electoral fallido. Fallido porque según las encuestas, los analistas, los periodistas, perdió en el famoso debate que mantuvo con el ministro de Economía, Pedro Solbes. El hombre que nos llevó dos veces a la ruina dijo entonces que "España está preparada para cualquier reto"; entonces Zapatero, Caldera y otros nos decían que a partir de marzo de 2008, en mágica coincidencia con las elecciones, la economía comenzaría a subir. La economía, dijeron, y no el paro. Pizarro habló de lo que se nos venía encima. Perdió porque no hablaba como un político. Tampoco piensa como un político. Habla desde la razón y la honradez; juntas no tienen por qué llevar a la conveniencia política, y en muchas ocasiones no lo harán. De ahí su reclusión política en el PP.

Pizarro hubiera explicado elocuentemente a dónde nos lleva el sistema público de pensiones: Un quebrado en el que el numerador, el número de trabajadores, apenas puede crecer, mientras que el denominador, el número de jubilados-año, aumentará sin remedio. Resultado inevitable: cada vez tendremos que pagar más durante más tiempo para recibir una pensión más baja. Esto es así, y no de otra manera, y cualquiera que tenga un mínimo interés en el asunto lo sabe. Y los políticos, lo saben. Y no sólo no nos lo han dicho, sino que nos llevan mintiendo décadas. Como las malas noticias no llegarán hasta pasados unos cuantos lustros y entonces no se presentarán a las elecciones, se sienten cómodos en el engaño. Pizarro no es de esos. De hecho, si perdió el debate con Solbes fue sobre todo porque éste le echó en cara que hubiese defendido el sistema de pensiones de Chile. Un sistema que no es un fraude, que acumula y crea riqueza, que es sostenible y que permite pensiones crecientes con jubilaciones adelantadas.

Y no es sólo la política. La sociedad también rechaza la realidad cuando ésta no le interesa. No es que se nos acorten las pensiones, sino que con esa actitud se nos acortará el futuro.

Pobreza, el rendimiento de la izquierda

Los chiquillos (financieramente) malcriados que no han tenido empacho en delegar sus libertades y su prosperidad al Estado niñera se dan de bruces con la realidad. Qué plácidamente se vivía cuando, apelando a principios tan tergiversados como el de solidaridad intergeneracional, éramos capaces de vivir a costa de los ingresos generados por los demás. Las pensiones públicas se configuraron siempre, en todas partes y en cualquier régimen como un robo masivo organizado: los jubilados se quedaban con parte de la renta de los trabajadores en activo y a cambio éstos adquirían el derecho a robar a su vez a los futuros trabajadores en activo.

Estafa piramidal por la que a Madoff le han caído apenas 150 años entre los aplausos generalizados de estas mismas clases apesebradas que se niegan a retocar lo más mínimo el sistema de pensiones público. Lástima que toda pirámide, en cuanto se invierte, tiende a perder el equilibrio y a derrumbarse. Nuestros políticos nos prometieron vencer a la ley de la gravedad, pero al final las mentiras caen por su propio peso.

En apenas dos años han desaparecido más de dos millones de puestos de trabajo y millón y medio de cotizantes forzosos a ese sistema fraudulento de la (in)Seguridad Social. Un proceso de putrefacción acelerado por la crisis pero cuyas bases siempre estuvieron condenadas a descomponerse. De no haber sido por el respiro transitorio que proporcionaron millones de inmigrantes, la despensa se habría quedado vacía años ha. El milagro económico español en puridad nunca ha existido ni nunca se producirá: fue un puro placebo, una estafa más añadida a una montaña de mentiras. Convendría basar la política más en la ciencia y menos en la fe: lo de multiplicar los panes y los peces está bien para Jesucristo, pero nunca estuvo al alcance de nuestros burócratas. Malvados ellos por medrar mediante la propaganda; ignorantes aquellos que les creyeron y los auparon al poder.

67 años y pensiones sustancialmente más bajas son el rendimiento de un sistema quebrado. Ésa es la conciencia social de nuestra izquierda, la misma que inspiró el sistema económico más ruinoso de todos los tiempos: más vale esclavos y pobres, que libres y prósperos.

Mejor no hablar hoy de la alternativa que PSOE y PP, PP y PSOE, y tantas otras siglas que actúan como recipientes del pensamiento socialista, se han dedicado con fruición a desprestigiar, marginar y atacar: sería demasiado doloroso recordar en este día que con una sociedad de propietarios los ciudadanos medios podrían jubilarse a entre los 40 y los 50 años con rentas muy superiores a las pensiones públicas.

Algunos se arrepentirán de haber prestado su apoyo a este timo, de haberlo contemplado con buenos ojos y de haber impedido la transición hacia los sistemas de capitalización en el momento en que ésta podía acometerse. Yo, sinceramente, no lo lamento por ellos. Creo que cada cual es responsable de sus decisiones, acertadas y erróneas. Los ciudadanos que confiaron su futuro a la casta política están cosechando lo que sembraron. No más ni tampoco menos, aunque ahora les sorprenda.

Lo que sí lamento es que arrastraran en su error a muchas o pocas personas que eran conscientes del fraude que suponían las pensiones públicas; lo que lamento es que, por no ser lo suficientemente respetuosos con la libertad individual, algunos tengan (tengamos) que cargar con la factura de quienes nos empujaron al abismo. Porque nunca quisimos arrebatarle su pensión a nadie, sólo pretendimos conservar la nuestra. Ahora no tenemos ni eso. A ver cuánto tardan nuestros políticos en babear ante los fondos privados de pensiones: Argentina ya ha marcado el camino (también) en eso.


Juan Ramón Rallo
es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

El éxito de Chile

El pasado lunes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmaba la entrada de Chile en la OCDE, el club de los países desarrollados. Era la escena que rubricaba el éxito de un país que ha pasado de 1.300 a más de 15.000 dólares de renta per cápita. Más allá de eso, Chile es un país que ha dado, con sus fallos y reformas pendientes, con una fórmula de éxito. El “modelo chileno” ha llevado la prosperidad a sus ciudadanos y es lo suficientemente estable como para ofrecer una gran seguridad. Y ello en un continente fracasado prácticamente en toda su extensión. ¿Cuáles son las claves del éxito, cuál el significado del mismo?

Chile encarna el fracaso del socialismo y el éxito de la libertad. No de forma sincrónica, como las dos Coreas, sino diacrónica, con el desastre impuesto por Allende con grandes dosis de socialismo, seguido de la decisión de salvar económicamente al país. Recordemos que la dictadura comenzó por hacer en economía la correspondencia exacta de su política; el socialismo por otros medios. Sólo cuando el país, y con él el propio régimen, se vio en peligro, el Gobierno recaló en los técnicos. Con la suerte que éstos eran un grupo de jóvenes que venían de la Universidad de Chicago con muchas ideas y una sola: liberalizar la economía de su país.

En 1975 cambia, pues, el rumbo de la política económica. Levantan los controles de precios y la tasa de interés, recortan el gasto público y eliminan el déficit, introducen el IVA y liberalizan parcialmente el comercio internacional. En una segunda fase, introducen varias reformas estructurales. Siguiendo las ideas de Chicago, dotan al Banco Central de independencia. Reducen el número de empresas públicas de 300 a 24. Eliminan y reforman muchas regulaciones y llevan el factor trabajo al mercado. En 2003 se hizo una apuesta decidida por la apertura comercial, con un arancel plano del 6 por ciento para todos los países y todos los productos, que se ha ido reduciendo según los 20 acuerdos comerciales con 56 países que ha firmado.

La gran reforma chilena es la de las pensiones. Ha cambiado un impuesto sobre el trabajo por una cuenta de ahorro que acumula capital, el principal factor de desarrollo junto con la división del trabajo. El primer sistema, que es el más extendido, desincentiva el trabajo y favorece el consumo. El modelo chileno de pensiones, exportado a otros países de la zona, libera al trabajo de esa carga, favorece el ahorro y el crecimiento, y convierte a los trabajadores en capitalistas, lo que les permite beneficiarse plenamente de los beneficios de una sociedad libre. Por si ello no fuera poco, esta acumulación de capital ha empujado la liberalización del mercado financiero.

Resulta incómodo hablar del éxito de Chile, porque el modelo se comenzó a forjar bajo una feroz dictadura. Pero desde que Augusto Pinochet aceptó el referéndum sobre su continuidad que él mismo había convocado y Chile ha abrazado la democracia, los partidos no han cambiado el modelo; sólo lo han perfeccionado o degradado, pero sin sustituirlo. El resultado de la primera vuelta de las elecciones, en las que el representante de la izquierda antisistema ha obtenido sólo un 20 por ciento de los votos, demuestra que el pueblo chileno no quiere variar el rumbo. Es evidente que no lo necesita.

Los diez secretos mejor guardados de las pensiones públicas

El sistema piramidal de pensiones públicas es un fraude institucional disfrazado de protección social. Éstos son algunos de sus secretos que se mantienen ocultos, a saber:

1. Sistema de reparto no capitalizado: las cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad social (TSS) no se capitalizan sino que son básicamente un instrumento de distribución inmediata de rentas intergeneracionales sin crear riqueza alguna. Los cotizantes renuncian a un patrimonio propio a cambio de una peligrosa servidumbre de gestión estatal.

2. Superávit exiguo: fruto de los pactos de Toledo en 1997, el contador del déficit de la Seguridad social se puso a cero. Sin embargo, se prevé que de aquí a poco el sistema entre en déficit de nuevo y la hucha actual, el tan cacareado superávit (unos 58.500 millones de euros actualmente) solo daría para nueve meses de pagos a los pensionistas. Tocará, pues, ir progresivamente aplicando artilugios restrictivos al cobro de las pensiones futuras.

3. Dependencia poblacional: los españoles tenemos la mala costumbre de parir poco y vivir de media un año más cada decenio que pasa. Para que este tinglado funcione se precisa absolutamente que haya suficiente gente en activo en cada momento, cosa harto difícil de lograr en un futuro debido a nuestra baja tasa de natalidad (la menor de Europa). Por otro lado, los inmigrantes acuden allá donde se genera riqueza pero nuestro gobierno persiste en esquilmarla, trufado como está de ideología intervencionista y keynesiana.

4. Escamoteo de dinero: entender los fructíferos rendimientos que se generan de la capitalización del interés compuesto del ahorro privado invertido durante extensos periodos de tiempo nos sirve para comprobar que se nos está escamoteando mucho dinero que podría permitirnos adelantar la edad de jubilación según nuestro libre albedrío.

5. Fraude: el mecanismo de las pensiones gestionadas por la “Seguridad” social es un sistema piramidal estilo Ponzi. Estos sistemas de aceptación de ingresos sin capitalizar en los que se pagan a los antiguos “socios” con las aportaciones de los recién llegados son una estafa como una catedral, tipo Madoff o Afinsa. Nada cambia éticamente si alcanza coactivamente a toda la población activa de un Estado.

6. Impuesto al trabajo: la financiación de la Seguridad social por impuestos peculiares que recaen sobre los salarios (cuotas de las cotizaciones) aumenta los costes de trabajo y constituye un importante factor de disuasión y desincentivo para la contratación.

7. Se pagan dos cuotas, no una: Aparte de la cotización mensual por contingencias comunes (4,7% del salario bruto) que se ingresa en la TSS por parte del trabajador (la cuota que se refleja en su nómina) hay otra importante aportación mensual pagada por la empresa a la TSS por ese mismo contratado que supone más de un tercio adicional de su salario bruto (y que casi nunca se refleja en la nómina del empleado).

8. Merma de competitividad: el sobrecoste que se añade al mercado laboral –vía cotizaciones– afecta a nuestra competitividad interior (a nuestro mercado llegan otros productos sin tanto “recargo social”) y a nuestra competitividad exterior (a diferencia del IVA, nuestros exportadores no pueden pedir devoluciones de las cotizaciones a la TSS).

9. Éxito de pensiones privadas alternativas: ya existen sistemas exitosos de pensiones total o parcialmente privadas en otros países como el caso de Chile, Suecia y de Nueva Zelanda en los que el trabajador puede optar libremente por seguir en el sistema público (sin capitalizar) o desengancharse del mismo y pasar a uno de verdadero ahorro privado (con capitalización compuesta).

10. Los funcionarios se apuntan a las pensiones privadas: En España desde finales de 2004, los empleados públicos de la Administración General del Estado, cuentan ya con un plan de pensiones privado que servirá de complemento a las pensiones públicas. Los empleados públicos de las CC AA están haciendo lo mismo.

Nuestros políticos nos ocultan todas estas cosas porque no hay valentía electoral para poner el cascabel al gato y porque no desean que nos zafemos de su servidumbre y podamos crear una sociedad de propietarios que pueda ser financieramente independiente.

Mucho agradecería al lector que agregara cualquier otro secreto que conociese al respecto; la seguridad financiera de nuestra vejez merece que se desvelen todos ellos.

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El auténtico fraude de la Seguridad Social

A este respecto, son muy interesantes las conclusiones a las que ha llegado Patricia Bayley del Institute for Media and Enterteinment de la escuela de negocios IESE:

  1. "La tecnología para la televisión online está lista": Totalmente falso. El ancho de banda necesario para la transmisión de contenidos digitales en calidad similar a la televisión y películas aún dista del necesario. Se espera que para 2013 el tráfico global de consumo de contenidos de este tipo sea del 91%. Pero la inversión en infraestructura aún no va a la velocidad de la demanda.
  2. "La publicidad de televisión online financiará los costes operativos y dará beneficios": Probablemente falso. Prometedores proyectos como Hulu.com generan menos beneficios de lo proyectado inicialmente. Los dólares de inversión publicitaria que inicialmente se pensaba que irían desde los medios tradicionales (radio y papel) a internet, no están llegando como se preveía. Según eMarketer, la inversión en vídeo significará un 11% de la inversión publicitaria online y un 5,5% de la TV para el año 2013.
  3. "Los consumidores pagarán por la televisión online": Probablemente cierto. El operador de cable y medios Comcast Corporation ha comenzado una prueba con TV Everywhere, que ha sido aceptada de forma positiva por un 73% de los suscriptores. La conveniencia de poder disponer del contenido en cualquier sitio ha sido la opción valorada como más ventajosa.
  4. "La gente esta dejando la TV tradicional por la TV online": Totalmente falso. Los consumidores aún pasan el 67% de su tiempo frente al televisor y más sorprendente aún, el consumo de la TV tradicional domina en la franja de 18 a 24 años.
  5. "Los adolescentes son los grandes consumidores de Internet y televisión por cable": Totalmente falso. La franja de 45 a 54 años es la que más consume: 9,5 horas por día.
  6. "Los consumidores evaden la mayoría de la publicidad que ven": Totalmente falso. Según el Council for Research Excellence, los consumidores interactuan un 44% más con anuncios online y por otro lado, los televidentes tradicionales aún están expuestos a 72 minutos por día de publicidad, desmitificando la creencia de que todos los consumidores hacen zapping sólo para evitar la publicidad.

Las conclusiones de Patricia son discutibles pero están apoyadas en datos y no en mitos construidos en el aire. Necesitamos más estudios como éste para poder comprender cómo está transformando internet las diferentes industrias y lo más importante, a las personas.

A los que les interese profundizar en las conclusiones, el estudio completo se puede descargar aquí.

La mayor externalidad positiva

A los economistas neoclásicos les encanta la creación de conceptos para explicar su teoría económica. Como la realidad es imposible de casar con sus modelos, los matizan con conceptos de aparente elaboración, y así pretenden pulir un poco más unos modelos que están viciados de inicio.

Y uno de estos conceptos de nombre rimbombante, es el de externalidad. ¿En qué consiste una externalidad? Pues vienen a ser aquellas consecuencias de nuestros actos que no padecemos o de las que no nos beneficiamos. Los ejemplos proliferan, una vez se entiende el concepto, pues la realidad está llena de este tipo de sucesos. Por ejemplo, se produce una externalidad positiva si me ducho frecuentemente, ya que mejora el bienestar de mis congéneres debido a mi (esperemos) mejor olor corporal. Sensu contrario, nos llevaría a una externalidad negativa.

El problema que tienen las externalidades para los economistas neoclásicos es que llevan al sistema económico a resultados sub-óptimos. Como yo no soy capaz de capturar todos los beneficios que supone ducharme, me ducho menos de lo que lo haría en su mundo neoclásico ideal. Alternativamente, como no soporto todos los perjuicios de no ducharme, tiendo a no ducharme más de lo que lo haría en el ideal.

El interés por las externalidades reside en que son una excusa infinita para la intervención estatal. En el momento en que alguien detecta una externalidad, sea positiva o negativa, ya hay argumentos para la intervención, pues sin ella el escenario es sub-óptimo.

El típico ejemplo de externalidad negativa es el ultraconocido de las emisiones contaminantes. En principio, dichas emisiones constituyen una externalidad negativa, puesto que su causante no sufre todo el perjuicio que ocasiona. Por tanto, tiende a contaminar más de lo que lo haría en el mundo ideal. La solución: se crean unos derechos de emisión, de forma que las empresas que contaminen soporten el perjuicio que conlleva su acción. Cabe esperar que, así, las emisiones se reduzcan hasta alcanzar el punto óptimo de eficiencia.

Las externalidades positivas, por su parte, están muy relacionadas con el problema del free rider, o tipejo que se aprovecha de lo que paga un tercero sin poner su parte. Por ejemplo, la defensa o seguridad de una ciudad beneficia a todos los habitantes de la misma, la paguen o no. En ausencia de intervención se tendería a producir menos seguridad del ideal. Conclusión: se obliga a todo el mundo a pagar, con impuestos, por esos servicios.

La intervención basada en esta clase de argumentos ha sido fuertemente contestada por los economistas austriacos. Si alguien está interesado, le recomiendo Welfare Economics and Externalities in an Open Ended Universe, de Roy Cordato. Resumo eso sí su conclusión: no existen externalidades, sólo derechos de propiedad mal definidos.

Tras tan largo preámbulo, llego ya al objeto de este comentario, que no es otro que identificar la mayor externalidad positiva. Y que es, en mi opinión, la tenencia de niños/hijos. Esta afirmación merece explicación, por supuesto.

El hecho de que yo críe a un hijo tiene beneficios para el resto de la sociedad, que yo no puedo capturar. Mis conciudadanos son, en cierta forma, free raiders de mis hijos. ¿Por qué? Porque con el sistema de jubilación implementado en nuestro país, sus pensiones van a depender del trabajo que hagan las futuras generaciones. Si no hay niños ahora, no habrá adultos después que puedan "garantizar" el cobro de las citadas prestaciones.

Según la teoría de las externalidades recién expuesta, esto supone que se crían menos hijos de los que sería óptimo, puesto que los progenitores no son capaces de aprehender todo el beneficio que dichos hijos pueden producirles. Es en respuesta a esta situación que, determinados estados de la Europa del bienestar, desgraciadamente no España, dan generosos subsidios y ayudas a las familias. Para, por esta vía, compensar la externalidad positiva que supone la crianza de hijos.

¿Cuál sería la solución según Cordato? Definir bien los derechos de propiedad asociados al "hijo". Curiosamente, es la propia nacionalización del sistema de pensiones la que crea dichas distorsiones en la propiedad privada (en este caso, de la capacidad de trabajo del hijo), al expropiar parte de su producción para satisfacer las pensiones de los retirados.

En ausencia de pensiones públicas (y ceteris paribus), el hijo sería dueño de todo el producto de su trabajo. Y sería cuestión del padre haber creado unos vínculos afectivos y familiares que le permitieran acceder a parte de ese fruto para subsistir en la vejez. Por supuesto, siempre habrá casos de hijos que se distancien de sus padres o que no estén dispuestos a aportar para su mantenimiento por las razones que sean. Pero, ¿de quién prefiere uno fiarse, de su hijo o del Estado? ¿Necesitamos una intervención estatal que nos proteja de nuestros propios hijos?

Afortunadamente para todos, y para el estado, el tener hijos no es una cuestión económica en sentido neoclásico. El tener hijos en un Estado como el español no se puede explicar por ningún cálculo racional de optimización. Si la economía neoclásica fuera cierta, en España nadie tendría hijos, pues los ingresos pecuniarios son inferiores a los costes, y no somos capaces de capturar todos los beneficios que un hijo produce a la sociedad.

Pero el mundo real no es neoclásico, sino austriaco. Basta con aceptar, como hace la economía austriaca, que nuestras jerarquías internas de valores no son reducibles a dinero, para que el misterio de la procreación de hijos quede explicado. Digo, el misterio económico, del otro no procede hablar en este foro.

Franco y Fidel, los iconos de Pajín

Para empezar, Pajín sueña al afirmar que la reforma sanitaria de Obama se inspira en el modelo español. Por suerte para los norteamericanos, dicho proyecto nada tiene que ver con la Seguridad Social que se aplica en España. De hecho, el presidente de Estados Unidos baraja abandonar su idea de crear un seguro público estatal -una de las medidas más controvertidas de su reforma.

Asimismo, frente a las injusticias y calamidades que sufren los pobres estadounidenses, Pajín destaca el "acierto político de nuestro país al universalizar la sanidad en su momento". La secretaria del PSOE debería entonces cambiar de siglas partidistas de inmediato o, como mínimo, lanzar mil y una alabanzas a la política social implantada por el general Franco.

Y es que el régimen franquista desarrolló el denominado "subsidio familiar" (1937), completado con el posterior "plus familiar", el seguro obligatorio de enfermedad (1942), el subsidio obligatorio de vejez e invalidez (1947), el de viudedad (1955), así como el primer mutualismo laboral, que recoge las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad.

Pero hay más. Pajín, franquista en lo social, entra en el fango de la demagogia cuando afirma que la reforma de Obama pretende evitar que "nadie muera en la puerta de un hospital" por carecer de un seguro privado. Desconoce que existen dos programas de asistencia cuyos gastos ya pagan todos los contribuyentes estadounidenses: Medicare (seguro médico estatal para ancianos y minusválidos) y Medicaid (seguro médico estatal para personas de bajos ingresos). Uno de los objetivos de la reforma de Obama es reducir el enorme coste presupuestario de ambos seguros. ¡Curioso!

El coste sanitario en la primera potencia mundial equivale al 16% del PIB, frente al 10% de Francia, Canadá o Cuba, y la mitad de dicho montante es sufragado por el Gobierno.

Además, todo ciudadano, asegurado o no, puede acudir a urgencias, ya que la ley federal prohíbe a los hospitales denegar asistencia médica. Recomiendo, pues, a Pajín que repase algunos de los mitos y realidades sobre la sanidad de Estados Unidos, o sus principales ventajas frente a otros sistemas más sociales como el canadiense antes de opinar. No por casualidad, pese a sus problemas –que los tiene–, la sanidad de Estados Unidos lidera el ranking de calidad y satisfacción del paciente a nivel mundial.

En cuanto a los 46 millones de ciudadanos que carecen de seguro, Pajín olvida mencionar que muchos son inmigrantes ilegales, así como ciudadanos estadounidenses (sobre todo jóvenes) que, voluntariamente, deciden no contratar un seguro privado.

Visto lo visto, no cabe duda de que la secretaria del PSOE es una ferviente admiradora del cineasta Michael Moore y su polémico documental Sicko, donde pone a Cuba como ejemplo de desarrollo y avance sanitario. Por increíble que parezca, la dictadura castrista sigue siendo el modelo ideal a seguir para la izquierda en algunos ámbitos. Y ello, pese a los nefastos resultados que ha obtenido dicha experiencia totalitaria.

De ahí, precisamente, la crítica y profundo desconocimiento de Pajín sobre el sistema sanitario estadounidense. Y si esto es así, cabe pensar que la secretaria socialista también admira los logros obtenidos por la sanidad castrista, a diferencia de la inmensa mayoría de cubanos que aún viven recluidos y esclavizados en la isla caribeña. Franco y Castro, los dos iconos de Leire en materia sanitaria.

Su pensión salvará a la banca

La hucha de la Seguridad Social, dotada con algo más de 58.000 millones de euros, fue constituida con el iluso objetivo de mantener en pie un sistema que, a largo plazo, es del todo inviable. El progresivo envejecimiento de la población y el desplome de las afiliaciones a la Seguridad Social, como resultado de la destrucción de empleo, provocarán la llegada de los números rojos a esta partida esencial propia del Estado de Bienestar.

Como resultado de tal deterioro, el ratio entre cotizantes y beneficiarios se está recortando a un ritmo preocupante. En esencia, esto significa que cada contribuyente financia con sus impuestos a un mayor número de pensionistas. Para paliar este desajuste estructural, el Gobierno está negociando en la actualidad la reforma del sistema, que se traducirá en una rebaja de las pensiones futuras próximas al 30%, ni más ni menos.

Sin embargo, más allá de la insostenibilidad crónica que padece el modelo de Seguridad Social vigente, el agravamiento de la crisis económica y financiera que padece España se podría traducir en la desaparición pura y dura del Fondo de Reserva. El Gobierno está empleando la "hucha de las pensiones" para financiar el gasto público. Este hecho pone de relieve, por un lado, la grave crisis de liquidez que sufre el Estado como resultado del desplome de los ingresos tributarios, que caen ya a un ritmo próximo al 25% interanual, y por otro las crecientes dificultades que tiene el Tesoro para colocar en el mercado sus emisiones de deuda pública.

Y es que, a diferencia de la estrategia inversora llevada a cabo durante los últimos años, el Gobierno está invirtiendo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en deuda pública española, cuya calidad es inferior al de otros países como, por ejemplo, Alemania. ¿Problema? Muchos. La voz de alarma saltó hace un par de semanas cuando un alto funcionario de la Seguridad Social reconoció en público lo que otros ya venimos advirtiendo desde hace tiempo. La deuda pública corre el riesgo de dispararse hasta el 90% del PIB en apenas un par de años, frente a un ratio inferior al 40% en 2008. No es de extrañar si se tiene en cuenta que el déficit público –diferencia entre ingresos y gastos– superará el 10% del PIB este mismo año.

Tan sólo un dato. Según las propias agencias de rating (calificación de riesgos), España se enfrenta a una nueva degradación crediticia en breve, y a otra rebaja adicional a medio plazo en el momento en que la deuda pública supere el 60% del PIB. Es decir, la calidad de la deuda soberana pasará a tener un rango inferior, y esto a su vez encarecerá la financiación del Estado ya que los inversores perciben un mayor riesgo de default (impago). Durante los años 90 la rentabilidad media de las letras del Tesoro superó el 8%, mientras que en la actualidad se sitúa en tasas próximas al 4%.

El problema es que los datos aquí expuestos no contemplan la grave crisis financiera que acaba de dar comienzo. Por el momento, el Gobierno ya tiene serios problemas para financiar el gasto público corriente, hasta tal punto que se ve obligado a tirar del fondo de pensiones para financiar sus dispendios. Al mismo tiempo, el aumento de la deuda pública y la más que segura rebaja crediticia de los bonos del Tesoro dificultarán hasta extremos imprevisibles la colocación del papel español en el mercado financiero.

La cuestión es que el famoso plan de rescate bancario aprobado por el PSOE y el PP pretende salvar a bancos y cajas mediante la emisión de más deuda pública, hasta un montante máximo de 90.000 millones de euros –que serán más–. Si la emisión de deuda se colapsa es muy probable que, llegado el caso, ni cortos ni perezosos, los irresponsables políticos hagan uso de los 58.000 millones de euros líquidos que conserva el Fondo de Reserva para salvar a entidades financieras insolventes, en lugar de dejarlas quebrar. ¿De dónde si no van a sacar el dinero?

Las arcas estatales, autonómicas y locales están vacías y el rescate bancario precisará una movilización de recursos públicos sin precedentes en la historia reciente de este país. El Ejecutivo está confiando toda su política económica a la emisión de deuda, pero la clave reside en saber si los inversores foráneos confían de igual forma en la solidez de la economía y las finazas públicas nacionales. Si la respuesta es no, sus pensiones salvarán a la banca. No es algo nuevo. Dicha medida ya ha sido tomada por Irlanda. Falta saber si España tomará o no la misma senda.

¿Y si la culpa fuera de Zapatero?

Pero la actuación del lobby conocido por "Comisiones Obreras" en el caso de la muerte de Rayan ha llegado a un nivel de cinismo que conviene replicar para que, al menos, los liberados que dirigen ese cotarro reparen en que la desfachatez sindicaloide también tiene sus límites.

Las muertes por errores graves de médicos y enfermeros se han producido siempre y, por desgracia, seguirán ocurriendo, si bien la mejora constante en la formación del personal y los avances tecnológicos en el material sanitario hacen que, por suerte, estas desgracias sean cada vez menos frecuentes.

Por eso, responsabilizar de una tragedia al responsable político es un despropósito que sólo puede obedecer al sectarismo de unos autotitulados representantes de los trabajadores, cuya principal misión, según llevan acreditando muchos años en Madrid, es acabar con el gobierno elegido democráticamente por sus ciudadanos, circunstancia ésta última que la izquierda no suele aceptar cuando el resultado no concuerda con sus deseos.

No obstante, aún dejando a un lado el hecho, obviado por los sindicalistas, de que la responsable del error humano es una trabajadora pública, contratada por un hospital igualmente público (dos circunstancias que legitimarían de por sí que la presidenta madrileña intente buscar nuevas fórmulas de gestión hospitalaria), siguiendo la lógica de CCOO podemos encontrar responsables mucho más directos que Esperanza Aguirre en la tragedia ocurrida con el bebé marroquí.

Si, como sostiene el brazo sindical de la izquierda política, la culpa de los males de la sanidad madrileña es de la falta de recursos invertidos en ella, hay un culpable de que eso esté ocurriendo en esa comunidad autónoma: José Luis Rodríguez Zapatero. Sólo hay que echar un vistazo a la inversión per cápita del Gobierno central en cada comunidad para comprobar que Madrid está a la cola en la clasificación (junto a Valencia, Murcia y Baleares, que ya es casualidad). En estas cuatro comunidades, el dinero que el Gobierno de Zapatero aporta para que los responsables autonómicos ejecuten sus competencias, entre ellas y muy especialmente la sanidad, no llega a cinco mil euros por cabeza, así que, puestos a buscar responsables, igual merece la pena empezar por La Moncloa.

Mas como tito Zapatero nos tiene atiborrados de millones para no dar un balido más alto que otro mientras España pulveriza todas las plusmarcas en destrucción de empleo, nosotros los sindicalistas nos dedicamos a hacer política contra la derechona.

Que lo sigan haciendo; ya estamos acostumbrados. Pero dejen la memoria de la criatura fallecida al margen de sus pasteleos.

El simplismo de lo políticamente corrupto: los preservativos en África

El pensamiento políticamente correcto está lleno de recomendaciones políticas simplistas para resolver problemas complejos. Curiosamente, estas propuestas casi siempre acarrean una mayor coacción política y no una mayor libertad individual. Se confía en la mano santa y eficaz de unos pocos superhombres (burócratas), y no en la de cientos de miles de individuos (sociedad).

Dentro del gran conjunto de simplezas de lo políticamente corrupto, el campo del subdesarrollo y de la cura de la pobreza puede que se lleve la palma. Y lo peor es que este tipo de creencias e ideas ostentan el monopolio de la sensibilidad sobre los más pobres de la tierra, y en particular sobre África. Las ideas y mentalidad de intelectuales tipo Jeffrey Sachs todavía vencen holgadamente en popularidad a las de economistas tipo William Easterly.

¿Cuestión de marketing de las ideas, del atractivo popular de las propias ideas? El primero se codea con personajes mediáticos como Bono, y escribe libros con títulos como El fin de la pobreza, en el que afirma poder acabar con la pobreza antes de 2025 desde el mismo Occidente. Easterly posee una visión menos optimista de lo que se puede conseguir desde el mundo desarrollado, y sus títulos resultan menos atractivos: En busca del crecimiento o La carga del hombre blanco: Porqué los esfuerzos de ayuda de Occidente han hecho tanto daño y tan poco bien.

La tesis de Sachs apela directamente a los sentimientos y emociones, a la acción inmediata y masiva de gobiernos y organizaciones de ayuda. ¿No les suena esto a cierto plan de estímulo gubernamental del paraíso del laissez-faire? Son maestros de la retórica. Desgraciadamente, la idea de que el gobierno no haga nada más aterra a los ciudadanos, ya sea para salir antes de la crisis o para paliar problemas sociales de distinta índole. José Carlos Rodríguez lo llamaba sociedad subvencionada y domeñada.

Relacionado con las propuestas simplistas está la de distribuir preservativos en África para resolver el problema de la expansión del Sida. El debate se ha puesto de nuevo encima de la mesa por la absurda polémica que levantaron unas palabras de Benedicto XVI. Para algunos miembros de la progresía, decir cosas como que el flagelo del Sida no se puede resolver sólo con la distribución de preservativos, y que esto podría aumentar el problema, es una barbaridad que debe ser condenada desde el Congreso. Y lo que es todavía más retrógrado y cavernícola: ¡hizo un llamamiento a la “humanización de la sexualidad”! El diagnóstico de éstos parece claro: el líder católico vive enjaulado en sus prejuicios religiosos y puritanos, que no le permiten ver la tragedia de la realidad del Sida en África.

Pues bien, quienes más parecen dejarse llevar por sus prejuicios son ellos: los que opinan que los preservativos son imprescindibles para resolver el problema, y que sin ellos, la enfermedad se extenderá sin piedad. La evidencia empírica no les acompaña. Edward C. Green, director del Proyecto de Investigación para la Prevención del Sida del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Escuela de Salud Pública de Harvard, publicaba un artículo en el que repasaba los estudios realizados sobre la relación entre distribución de preservativos y la difusión de la enfermedad. Su conclusión, a pesar de su postura “liberal” en temas sociales, era que “el Papa puede estar en lo cierto”, y que la “evidencia empírica actual le apoya”.

Las razones las expone Green, y en el artículo que dedicó The Lancet (prestigiosa revista médica) a desvelar los diez mitos sobre la epidemia del VIH las resumía en que: “a mucha gente no les gusta usarlos (especialmente en relaciones regulares), la protección es imperfecta, el uso es frecuentemente irregular, y los condones parecen fomentar la desinhibición, con lo que la gente tendrá relaciones sexuales arriesgadas, bien con condones o con la intención de usarlos”.

La solución al problema no pasa por inundar África de preservativos, ni reprimir la libertad de expresión de Benedicto XVI, sino por un cambio de conducta hacia prácticas sexuales más responsables y monogámicas.

Además de esto, el de Harvard se refiere implícitamente a lo que algunos han denominado ‘la dictadura de lo políticamente correcto’. Afirma que, quienes como él trabajan en este campo, “tomamos riesgos profesionales terribles si nos ponemos de lado del papa en un tema polémico como éste. El condón se ha convertido en un símbolo de libertad y de la emancipación femenina, así que quienes cuestionan la ortodoxia del condón son acusados de estar en contra de estas causas”. Y ofrece un ejemplo revelador de cómo se las gasta la ONU y sus derivados. Unos investigadores llevaron a cabo un estudio sobre la efectividad de los preservativos para el programa contra el Sida de la ONU (UNAIDS). Como no encontraron evidencia de que éstos estuvieran previniendo las infecciones, este organismo tranquilamente rechazó la publicación del estudio.

Y es que, como en el caso de la pobreza estructural, ésta no se cura enviando millones de dólares en ayuda externa (ya sea en efectivo o en otros conceptos), ni el problema de la educación se resuelve simplemente con programas presupuestarios elevados ni construyendo escuelas públicas. Ni tampoco el problema del ahogamiento de la deuda de los gobiernos africanos (contraída con países desarrollados) y sus negativos efectos, se solucionaba simplemente condonando la deuda, ni la elevada tasa de natalidad de estas sociedades se reduce significativamente distribuyendo preservativos (como dice Easterly, el propio desarrollo es el mejor anticonceptivo).

Prescribir propuestas simplistas como éstas es más fácil, y quizás más intuitivo a primera vista, que analizar los incentivos a los que se enfrentan estos individuos y sus patrones culturales de conducta. Será más sencillo, pero nunca más adecuado para ganar una comprensión de las causas reales de los problemas, y poder atisbar algunas soluciones, que no sean ni irrealistas ni poco eficaces.