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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

La prohibición del mercado de trasplantes de tejidos y células

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Los trasplantes de tejidos y células están severamente regulados por el Decreto 1301/2006. El objetivo declarado de tal regulación es impedir en esta actividad terapéutica la especulación y el comercio, y que la actividad se base en los principios de voluntariedad, anonimato entre donante y receptor, altruismo y solidaridad (declarado).

Todo el desarrollo de la ley es coherente con el objetivo de expulsar del ámbito económico la obtención y uso de tejidos y células humanas. Las regulaciones establecidas pueden, no obstante, ser separadas en dos tipos. Esta distinción es esencial para el análisis de la ley.

Tenemos, por un lado, las regulaciones científicas y médicas. Se trata de la intervención de la administración obligando a aplicar medidas cuya existencia y práctica no son el resultado de la acción gubernamental. Se trata de cautelas, protocolos y tecnologías médicas que han sido desarrolladas en el ámbito no estatal de la ciencia médica y biomédica. El hecho de que el Gobierno se arrogue el poder de prescribir su aplicación no las convierte en producto de éste aunque ésa es la pretensión de la regulación. En mi opinión, la pretensión de convertirse en garante único de la excelencia científico-técnica constituye un intento de legitimar la intervención estatal en este campo y el objetivo supremo de hurtar a la iniciativa privada la posibilidad de asegurar la producción y distribución de tejidos y células.

De hecho, y teniendo en cuenta el carácter no gubernamental de los descubrimientos científicos y técnico-procedimentales que la ley pretende prescribir, hay que afirmar que los mismos pueden ser perfectamente cumplidos mediante el mercado libre. De hecho la regulación no sólo no es responsable de la producción tecnológica sino que la propia calidad de los procedimientos de producción y manipulación pueden ser suministrados por la iniciativa privada. Ésta ha desarrollado certificaciones de calidad, con firmas como AENOR y otras, y estándares de calidad en ámbitos médicos. Es por eso que resulta poco creíble que haya de ser el Estado quien deba regular un sector basándose en el supuesto de ser la única garantía de calidad.

Por otro lado, el Estado también ha establecido regulaciones de establecimiento de la actividad. Este bloque de regulaciones, relativas a los procedimientos de transferencias de los materiales obtenidos, así como del modo de obtención, tiene un carácter definitivo en la ley. Son su esencia, puesto que constituyen el armazón fundamental que impide que los tejidos y células puedan estar sujetos a los principios de propiedad privada y transferencia legítima por medio de intercambios indirectos. Mediante estas regulaciones la ley alcanza los objetivos de prohibir la existencia de un mercado de estos materiales.

No obstante cabe discutir que esta pretensión de sustraer del mercado la obtención y el uso médico de tejidos y células logre evitar completamente su objetivo. Lo cierto es que esta severa regulación antimercantil logrará, por el contrario, la existencia de un mercado informal de estos materiales que se ajuste a las preferencias de los demandantes mejor que el sistema oficial.

De hecho, la situación más frecuente es la escasez de tales materiales dado que no existe modo de ajustar la oferta de los mismos a la demanda al estar regulada tanto una como otra. En este sentido, muchas de las regulaciones se orientan a definir el campo de demandantes. Al delimitarlo impiden que puedan desarrollarse líneas de investigación médica que descubran nuevos usos y aplicaciones a los materiales. Estos usos podrían permitir ampliar el abanico de demandantes y aumentar, con ello, el nivel de bienestar que nuevas aplicaciones con tejidos y células pueden generar. La función empresarial está, en este sentido, tan obturada, que se da un auténtico bloqueo al desarrollo médico.

La justificación de la declaración de bien público a los materiales ya donados se apoya, además, en que bajo el régimen de precios mercantiles puede que haya necesidades urgentes de tejidos y células que no se satisfagan por quedar parte de los demandantes excluidos de ello vía precios. Aparte de que éste es un problema que solamente la actividad empresarial puede descubrir y solucionar satisfactoriamente, como ocurre en los ámbitos de mercado (tanto más cuanto más libre sea), lo cierto es que la regulación estatal, al limitar severamente el perfil de los demandantes ya crea por sí misma escasez e insatisfacciones no computadas.

Vuelve el ogro a internet

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

La primera gran ofensiva de los negocios tradicionales contra internet tuvo que ver principalmente con los medios de pago. Seguramente el lector recordará cuando, hace ya unos años, todo el mundo te advertía contra la idea, más bien locura, de dar los datos de tu tarjeta de crédito a algún sitio de internet. Las cosas más terribles te podían llegar a pasar si revelabas los deseados 16 dígitos a través de la insegura red de redes.

Por supuesto, tal ofensiva tuvo como resultado el más "silencioso" fracaso, puesto que la cacareada amenaza quedó en nada y ahora todo el mundo paga sistemáticamente sus compras de internet sin preocuparse lo más mínimo por esta supuesta inseguridad. Lo que no quiere decir que internet esté libre de riesgo; simplemente que tiene un riesgo similar al del mercado tradicional.

De esta forma, el comercio tradicional trató de protegerse de la amenaza de este canal de distribución alternativo. Si hubiera conseguido su propósito (dinamitar la confianza de los usuarios), se habría detenido el progreso del comercio electrónico y los grandes beneficiados habrían sido las tiendas de toda la vida, en las que se puede pagar con dinero, cosa que no es posible en internet.

Pero no es esta la única ofensiva que cabe esperar contra los comerciantes del mundo virtual. Ahora el ataque procede de nuestros farmacéuticos, clase privilegiada en nuestro país hasta términos incomparables con los países de nuestro entorno. Estos privilegios, en forma de barreras legales a la entrada, se ven comprometidos gracias a los establecimientos de otros países con presencia en la red que, voluntaria o involuntariamente, pueden dar servicio a los ciudadanos españoles.

Así pues, las amables advertencias de los colegios y agencias administrativas afectadas no se hacen esperar: comprar medicamentos por internet es muy arriesgado; este comercio está en manos de las mafias; ya ha habido muertes… En fin, que viene el ogro.

Sí, se pueden ahorrar dinero; sí, quizá puedan acceder a productos sin disponibilidad aquí; sí, pueden comprar medicinas sin receta… pero es que es muy arriesgado. Así que no compren medicinas por internet: protejan los privilegios de su farmacéutico habitual.

Las lecciones del New Deal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

De poco servirá la colosal inyección pública de recursos para frenar el creciente desempleo que vive el país, y menos aún para iniciar la tan ansiada senda de la recuperación económica. Con este tipo de medidas, el Gobierno tan sólo extenderá la agonía y convertirá la actual crisis en una Segunda Gran Depresión.

El nuevo presidente de Estados Unidos ya tiene a sus disposición 838.000 millones de dólares con el ilusorio objetivo de reactivar el consumo y la inversión. Sin embargo, lo único que conseguirá será incrementar la abultada deuda pública del país hasta límites insospechados, con los consiguientes efectos perniciosos sobre la estabilidad de su moneda. Base sobre la cual se sustenta todo el edificio monetario internacional.

Obama ignora o, lo que sería aún peor, oculta las valiosas lecciones del New Deal ideado por Roosevelt en los años 30 para combatir el crack del 29. Al igual que entonces, el Gobierno promete a la ciudadanía crear millones de puestos de trabajo mediante ambiciosos proyectos de inversión pública, cuyo gasto asciende casi al 6% del PIB nacional. Curiosamente, Roosevelt comprometió un porcentaje muy similar para su programa de infraestructuras, con el que aspiraba a crear un millón de empleos a corto plazo. Sin embargo, pese al enorme sacrificio presupuestario, materializados en déficits públicos insostenibles, la tasa de desempleo se mantuvo por encima del 15% hasta la II Guerra Mundial. Es decir, muy alejada de las tasas pre-depresión de los años 20, inferiores al 5% de paro.

Además, el promedio de horas trabajadas en el sector privado cayó casi un 27% entre 1933 y 1939 con respecto a los niveles alcanzados en 1929. El sector público prácticamente expulsó a la iniciativa privada en el ámbito de la inversión empresarial, hasta el punto de que la bolsa no recuperó el volumen de los años 20 hasta 1954. Es decir, el rescate estatal impidió la necesaria purga que precisaba la economía estadounidense, convirtiendo la recesión en depresión. Por todo ello, el Plan Obama se trata, en realidad, de un nuevo derroche de recursos que, en ningún caso, logrará reactivar la economía.

Por otra parte, el Tesoro de Estados Unidos prevé inyectar cerca de 2 billones de dólares adicionales al sistema financiero para intentar impulsar el crédito y salvar de la quiebra a cientos de entidades. Muy lejos queda ya el polémico Plan Paulson que, dotado con 700.000 millones de dólares, pretendía adquirir los activos tóxicos que acumulan los bancos. Apenas cuatro meses después de su aprobación, el tiempo se ha encargado de demostrar que la inyección de liquidez y la compra de basura a la banca por parte del Estado no lograrían solventar los profundos problemas de solvencia que padece el sistema financiero norteamericano.

Los 700.000 millones de Paulson se han quedado muy cortos, como era de esperar. Además, la aplicación de la primera fase del plan ha supuesto hasta el momento una factura próxima de 80.000 millones de dólares a los contribuyentes. El Gobierno y la mayoría de economistas insisten en ignorar las serias advertencias lanzadas por analistas de prestigio, con una sólida base teórica, acerca de los serios peligros que entraña apostar por el gasto público y la expansión del crédito para solventar la actual crisis. Es el caso de Jim Rogers, Peter Schiff o el profesor Antal E. Fekete.

Todos ellos coinciden en el diagnóstico: el rescate público de la economía y de la banca empujan a Estados Unidos hacia el "colapso del dólar", la "hiperinflación" y, finalmente, la "quiebra". Por ello, de seguir así, la sombra del Supercrash sigue vigente y avanza con fuerza. A veces, Dios otorga ojos a quien no quiere ver y oídos a quien se niega a escuchar.

Sanidad nacionalsocialista

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

A Soria, como ya le ocurrió a Salgado, se le llena la boca con ideas como la protección pública de la salud pero le indigna que algunos gobiernos autonómicos decidan ofrecer vacunas que no ofrece el Estado. Como buen socialista, al ministro le incomoda la existencia de sanidad privada y lo que él considera "posturas para privatizar la sanidad" en esas dos comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. Ojalá tuviera razón cuando dice que Madrid y Valencia están llevando a cabo una privatización de este modelo. Desafortunadamente no parece que ese sea el caso.

También se equivoca –o nos quiere equivocar– con su visión de la responsabilidad y la gestión pública de los servicios de salud. Según Soria, "los sectores públicos son los que tienen que tomar las decisiones sobre la salud ya que son los responsables". No se da cuenta el ministro que la responsabilidad es un concepto que sólo puede aplicarse a aquellas personas que soportan los costes y disfrutan los beneficios de sus acciones. Los sectores públicos no pueden ser responsables a la hora de gestionar la sanidad porque usan los recursos que han obtenido mediante coacción del ciudadano español. Donde no hay propiedad privada no puede haber responsabilidad. Podemos pensar que los sectores públicos son paternalistas o dictadores benevolentes, pero no responsables.

El ministro se lía todavía más al afirmar que privatizar la sanidad significa pasar la deuda a nuestros hijos. Es justo al revés. En una empresa privada, sea de sanidad o de cualquier otro sector, el dueño no puede pasar su deuda a nadie que no quiera aceptarla. Es precisamente la ineficiente sanidad socializada que tanto gusta al ministro la que escurre el bulto de su exagerado coste debajo de la alfombra de la deuda pública a través de la cual el estado coge dinero de prestamistas actuales a cambio de prometer esquilmar mañana, mediante mayores impuestos, a los niños de hoy.

Soria afirma que el Sistema Nacional de Salud es un gran generador de empleo estable y de calidad. Que sea el primer empleador del estado con más de un millón de empleados no dice mucho si el sistema está desperdiciando su valor. Y lo de la calidad que se lo cuenten a los miles de médicos que huyen de España por las pésimas condiciones salariales y laborales o a los numerosos médicos que se han quedado en España y luchan por tratar al paciente como una persona –a la que poder dedicarle cinco minutos– y no como una pieza estropeada de un mecano social.

Pero lo más interesante es ver que los socialistas siguen erre que erre con la mitología de la gratuidad y la solidaridad del sistema de salud estatal. En palabras del ministro, el sistema nacional de corte socialista "da cobertura universal, es gratuito, libre, público, y está basado en los impuestos que de forma solidaria pagamos todos". Que sea universal no dice si todos querían tener esa cobertura ni si la calidad es buena. Se da la circunstancia de que a los funcionarios, el espectro más socialista de la sociedad española, se les pregunta todos los años si con sus impuestos quieren financiar y acceder a la sanidad pública o a la privada. Y año tras año entre el 83% y el 87% elige la privada. Parece que a juicio de los funcionarios tan buena no es la sanidad pública. Además, que el sistema esté basado en los impuestos contradice que sea gratuito, libre y solidario. Pero todos estos argumentos no cambiarán la postura de nuestro ministro que antes de ver una sanidad descentralizada y privada prefiere una nacionalsocialista.

No saben luchar contra la malaria

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El evento, organizado por Cruz Roja Española con la colaboración de la Comunidad de Madrid, contó con la participación de figuras como Raul, Eto’o, Alberto Contador, Carlos Moyá, Carlos Sainz o Fernando Alonso, entre otros muchos deportistas encabezados por Iker Casillas y Rafael Nadal. El público que casi llenó el Palacio de los Deportes de Madrid aportó 250.000 euros que serán destinados a distintos proyectos que tienen por objeto disminuir la incidencia de esta enfermedad.

No dudo de que tanto Casillas como Nadal, al igual que todos los deportistas que participaron en el evento, lo hayan hecho con la mejor de las intenciones. Ni siquiera pongo en duda que los responsables de Cruz Roja, una organización necesitada de los gobiernos y muy burocratizada, lo estén poniendo todo de su parte en el desarrollo de ese loable objetivo. Sin embargo, todo este esfuerzo y estos recursos económicos resultan ridículos cuando se tiene en cuenta que la malaria ya estuvo en vías de erradicación, que la solución ya la conocemos y que el problema es más político que técnico o económico.

A finales de los años 60, la desaparición de la malaria parecía estar al alcance de la mano gracias al uso del DDT. La enfermedad había desaparecido en la mayor parte de Occidente y se reducía a un acelerado ritmo en África y otras partes del tercer mundo. Sin embargo, la obra de una ecologista alarmista que atribuía al DDT una serie de efectos dañinos –de los cuales sólo la disminución del grosor de la cáscara de los huevos de algunas aves resultó ser cierto– logró crear una psicosis contra este insecticida. Como resultado del histerismo ecologista, que sólo se fijó en los exagerados efectos negativos sin tener en cuenta los grandes beneficios para la salud pública de este compuesto químico, la producción de DDT fue prohibida en 1972 en Estados Unidos. Pronto empezó a escasear y a encarecerse este producto en África y lo que parecía una enfermedad del pasado se ha convertido en una de las mayores pesadillas de nuestros días. Según Cruz Roja, un menor muere cada 30 segundos de malaria en África y cada año lo hacen más de dos millones de personas en todo el mundo, la mayoría niños.

El DDT tenía la virtud de ser el único producto realmente efectivo contra la enfermedad, al tiempo que barato. Ahora, los Estados y los particulares gastan enormes sumas de dinero en redescubrir una solución contra la malaria. Los 250.000 euros que se recaudaron en el Palacio de los Deportes forman parte de los algo más de 1.200 millones de dólares que este año se invertirán con el objetivo de evitar cientos de miles de muertes por causa de esta enfermedad. Sin embargo, la Alianza Roll Back Malaria estima que esta cantidad debe aumentarse al menos hasta 3.000 millones para poder ofrecer una protección adecuada en las regiones donde la incidencia es mayor. Quizá todos estos recursos y eventos dejarían de hacer falta si una pequeña parte de esa cantidad fuera usada en restituir la imagen del DDT y en destapar el macabro papel del movimiento ecologista en su demonización.

Un atraco universal

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

En Estados Unidos, Bush, Obama y MacCain apoyaron el plan Paulson para socializar las pérdidas de las hipotecas subprime creada por los políticos con las leyes de reinversión comunitaria y, sobre todo, mediante la burbuja financiera estimulada por la Reserva Federal. En España, el "plan Paulsoncito" de ZP y las garantías públicas a los nuevos créditos que conceda la banca van ser costeados por los socialistas (del PSOE y del PP) con cargo a nuestros ahorros.

En Argentina, en cambio, los políticos no pretenden ocultar el robo como aquí. Allí, Cristina Kirchner ha decidido expoliar los ahorros privados que se encuentran depositados en los fondos de pensiones para acceder a una financiación extraordinaria con la que afrontar su calamitoso manejo de las arcas públicas y tener liquidez para si tuviera que llevar a cabo algún rescate. La banca española, que hace unas semanas aplaudía las dictados intervencionistas de la presidenta peronista, tiemblan ahora de pánico.

Esto no es la primera vez sucede en Argentina. Durante la crisis de 2001 el Gobierno ya hizo gala de su esencia depredadora metiendo la mano en los fondos de pensiones. En 1956, el Estado también se apropió de ellos para hacer frente a los pagos de la deuda pública. Años más tarde, Perón se refirió a este expolio diciendo que fue "simplemente un robo, porque ésa no era plata del Estado, era plata de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones".

Cristina se encuentra ahora ante la necesidad de explicar por qué la opinión del fundador de su partido no debe ser directamente aplicable a sus tropelías. De lo contrario, serán muchos los argentinos que empiecen a considerarla correctamente como un vulgar asaltador de caminos. Perón dejó muy claro que la toma de los fondos de pensiones fue "un asalto". No sólo eso. A diferencia de los políticos actuales, el fundador del justicialismo entendía las consecuencias económicas de la fechoría: "naturalmente que, después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario ni ninguna jubilación".

Y es que Perón, a pesar de todo su nefasto populismo, parecía tener algunos límites morales de los que carecen los Kirchner. Por desgracia también carecen de esos escrúpulos Zapatero, Rajoy, Bush, Sarkozy, Merkel y la inmensa mayoría de los gobernantes internacionales. ¡Cómo ha tenido que degradarse la clase política para que Perón ya resulte una persona sensata!

Deme su pensión que yo se la guardo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Las actuales "dificultades pasajeras de la economía", encima, añaden un elemento adicional de presión para el Gobierno, especialmente teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones y, obviamente, ni Néstor ni Cristina van a renunciar a gastar dinero a espuertas para comprar los votos necesarios que les mantengan el poder.

Así pues, en una tormenta de ideas llevada a cabo en la Casa Rosada, con participación de los más sesudos colaboradores del gang, surgió de pronto la solución para salvar las finanzas del sector más importante del país, que como es sabido no es la industria, la ganadería o el petróleo, sino la corporación Kirchner & Kirchner. Se trata, como ya saben, de robar a los pensionistas sus ahorros. La propuesta es de una lógica tan primaria que resulta sorprendente que no haya sido puesta en práctica antes por otros Gobiernos "progresistas" en los actuales tiempos de crisis.

En honor a la verdad, hay que explicar que los asesores aconsejaron a los Kirchner solamente pedir prestado el dinero de los fondos privados de pensiones para atender necesidades a corto y medio plazo, con el compromiso de devolverlo con intereses en un plazo razonable. Pero aquí surgió de nuevo el talento innato que ha hecho del famoso matrimonio un referente insoslayable para los gobernantes progresistas de medio mundo. Cristina y Néstor se miraron y, como en una experiencia telepática, pensaron al unísono "¿Para qué pedir prestado algo que puedes robar directamente?". Se trata sólo de sustituir ese último verbo, de connotaciones dudosas, por el de "nacionalizar", que queda mucho mejor y además es algo que está muy de moda entre los Gobiernos de izquierdas, comenzando por el de Bush.

La medida tiene además un componente moral que entronca con la fascinación redistributiva de todo político de izquierdas. No es justo que la gente tenga ahorros privados con destino a su jubilación, mientras Cristina se queda sin pasta para financiar a los piqueteros y pagar sus operaciones de estética. Si Bonnie y Clyde hubieran tenido el diez por ciento de la pericia financiera de los Kirchner, en lugar de ir atracando bancos a punta de pistola, huyendo constantemente de la policía, se habrían presentado a las elecciones en Argentina.

Zapatero haría bien olvidando la decepción de no ser invitado a la reunión del G-20 ni para servir los cafés y pasar a la acción creando una cumbre alternativa. Los Kirchner y él. El G-2.0.

Los liberados por fin “trabajan”

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Este escaso aprecio hacia la condición racional de los que cada cuatro años le dan su confianza les lleva a organizar campañas tan bochornosas como la que está sufriendo el consejero madrileño de Sanidad desde hace varios meses, que roza lo delictivo pero por el lado de allá del código penal.

La única virtud de esta movilización de los cuadros de la izquierda para acosar al consejero es que, por una vez, estamos viendo a los liberados sindicales hacer algo, aunque sea malo. Últimamente tienen que andar corriendo de un hospital a otro para insultar al consejero, hacer fotocopias de carteles, llevar la cuenta de los compañeros de comando que se escaquean y gritar durante casi una hora para que los jefes no les quiten de la lista de liberados (drama del que un verdadero profesional del sindicalismo tarda mucho en recuperarse). Vean al operario de impresión y tipografía, liberado por la CGT, con su frondosa melena recogida en una elegante cola de caballo y disfrazado de médico y se harán una idea aproximada del nivel ético y estético de los profesionales del sindicalismo español, a los que, por cierto, pagamos el sueldo entre todos.

Quieren una sanidad pública. No que los ciudadanos tengan las mejores prestaciones sanitarias posibles, sino que el servicio se preste por funcionarios en régimen de monopolio, sea cual sea el resultado y el nivel de satisfacción de los usuarios. La izquierda no tolera que la gente prospere con recetas ajenas. Quiere imponer su doctrina, caduca, costosa y clamorosamente inservible, aunque sea a costa de la calidad de vida de sus propios votantes, esos que no tienen dinero para ir a una clínica de lujo o enviar a sus hijos al colegio al que don José Blanco envía a los suyos.

En la cartelería que exhiben últimamente sus algaradas, seguramente obra de Míster Ponytail, piden que el Gran Wyoming sea el consejero de Sanidad. Se conoce que el ritmo de trabajo que la agenda de Juan José Güemes impone a los comandos de liberados les está agotando mucho y ya les está empezando a salir la vena chorra. Por cierto, prefieren al locutor de La Secta antes que al insigne doctor Montes, su icono progresista hasta hace unos meses. Es una prueba más de que ni siquiera el vivir del cuento suprime el instinto de supervivencia.

La buena sociedad de la izquierda

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

Suena muy bien y muy liberal el que se conceda el derecho a las personas a ser como quieran; pero resulta extraño en un colectivista que enfatice las relaciones de las personas consigo mismas en lugar de las asociaciones de unos con otros.

Intenta aclararlo con sus propias palabras: "en la buena sociedad los ciudadanos deben poder ser lo que quieran ser, sin pasar por las experiencias dolorosas del desprecio y de la negación del reconocimiento". No sólo hay que poder alcanzar "la plena realización personal"; es crucial no sufrir por no gustar a los demás: y como parece sensato suponer que no se trata de atiborrar de analgésicos al personal para que no les duela el rechazo ajeno, habrá que aceptarlo todo, o quizás se permita sentirse disgustado por algo siempre que sea en silencio.

Ramoneda está preocupado por si la izquierda cae en la "aceptación incondicional del paradigma liberal" (risas) y la anima a defender "su herencia más sólida: el Estado de bienestar". Hemos pasado de respetar a los demás a la burocratización y la dependencia del Estado en sectores clave como educación, sanidad y pensiones. Pero demos un paso atrás: la "política asistencial" debe superarse y ser sustituida por el "reconocimiento", que resulta que se ejemplifica con "la ley de matrimonios homosexuales, la legislación de género o las regulaciones masivas de inmigrantes"; o sea que no se trata de que las personas se respeten unas a otras sino de que el Estado intervenga en todo lo que al socialista no le guste.

Hemos avanzado del sentimentalismo al materialismo económico: "reconocer al ciudadano su derecho a ser como quiera es otorgarle un cierto amparo tanto ante los vértigos de cambio". Y ¿cuál es ese amparo? Respuesta: "el derecho a un mínimo social garantizado, la renta básica, parece la última defensa para que la idea de igualdad tenga todavía sentido". Como la idea de igualdad tiene perfecto sentido si se refiere a igualdad ante la ley (y no mediante la ley), cabe preguntarse si este problema semántico se debe a incompetencia o deshonestidad intelectual.

La confusión entre permisos y garantías es típica del socialismo: se comienza reclamando que ciertas cosas dejen de estar prohibidas (perfecto si se trata de actividades pacíficas) y se termina exigiendo que se financien adecuadamente para asegurar su realización. El discurso de la legitimidad moral ("justicia social", "justicia distributiva") no es más que una excusa para ocultar el robo masivo que implica la confiscación y redistribución estatal de riqueza.

A Ramoneda no parece importarle la consistencia intelectual: habla de "autogobierno" y al mismo tiempo reclama que la izquierda lidere el cambio social para el progreso (que además hay que saber dónde está para dirigirse hacia allí) mediante la capacidad normativa de la política. Es difícil autogobernarse cuando los políticos ordenan a toda la sociedad hacia dónde deben ir.

Un fraude impuesto desde el Gobierno

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Los ahorradores acuden atraídos por la promesa de altos intereses. Los fondos que entran se destinan, no a la creación de riqueza, sino a pagar los intereses que se van debiendo a los afiliados. A medida que hay más y más clientes, crece también la cifra de salidas, de pagos que tiene que hacer la compañía.

Este dinero no se puede pagar con los réditos de las inversiones, que no existen, sino con las entradas de nuevos incautos. La bola sólo sigue rodando a medida que se hace más grande; Pero no puede crecer indefinidamente. Cuando flaquea el crecimiento de nuevos clientes, cuando los que ya están se huelen el pastel y no quieren perderlo todo y prefieren salir a tiempo, entonces ya no hay dinero fresco para seguir simulando ser una compañía exitosa y todo se viene abajo. Es lo que le ha ocurrido tanto a Afinsa como a Fórum.

Puede uno mirar a los clientes de estas dos pseudoempresas con esa mezcla de compasión y suficiencia de quien se dice a sí mismo "yo no caería en tales engañifas". Perdonen que me ría, porque usted es víctima precisamente de ese mismo esquema. Claro está que no lo ha elegido, sino que ese sistema fraudulento le ha sido impuesto. Y no por la mafia calabresa, sino por el mismo Estado. Su nombre es Seguridad Social.

Porque funciona exactamente igual, con la diferencia, no pequeña, de que nosotros no podemos ni siquiera desembarazarnos del fraudulento esquema; somos clientes a punta de pistola. La única forma de escapar de la Seguridad Social es mediante su quiebra total, que llegará antes que después, en una década de estas. Las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones de hoy. El que ha estado cotizando durante tres o cuatro décadas no ha ahorrado o acumulado nada; sólo tiene la promesa del Estado de que sangrará al resto de sus conciudadanos, como antes lo hizo con él, para que pueda pagar una pensión. Un sistema privado de pensiones, por el contrario, se basa en el principio del ahorro y la inversión, en la creación de riqueza durante años para que, pasado un tiempo, esa riqueza que es nuestra y de nadie más nos sostenga, nos acompañe en nuestros últimos años; nos permita vivir sin trabajar.

Corbacho, el último de los gestores de ese fraude monumental que es la SS, ha declarado, muy ufano, que se han acumulado para el fondo de reserva otros 4.700 millones de euros, de tal modo que el total superará los 56.000 millones. ¿Estamos salvados? No. Hemos comprado unos minutos.