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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

Cómo ser rico (en esta vida)

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Lo que nos distancia de ella no es ni la lotería ni una herencia, sino el trabajo honrado y el ahorro. Y el mero conocimiento de que ese camino existe y es plenamente viable.

Para vivir necesitamos consumir, y para poder adquirir los bienes de consumo necesitamos una renta. En la primera etapa de nuestra vida laboral, la única renta que obtenemos proviene del trabajo. En esa etapa transformamos parte de la renta en riqueza: es decir, ahorramos e invertimos para crear un patrimonio. En una segunda parte de nuestra vida la renta derivada del trabajo ya no es tan importante porque obtenemos otra renta independiente que procede del patrimonio que hemos creado. Veamos cómo.

Partiremos del estudio del Instituto Juan de Mariana Una sociedad de propietarios. En él se observa que la rentabilidad histórica de la Bolsa española, la rentabilidad real, descontada la inflación, es del 7 por ciento. Es decir, que si uno hace una inversión en valores representativos de la evolución de la Bolsa y lo hace durante un período largo de años, obtendrá una rentabilidad media anual de en torno al 7 por ciento. Y ahí propone un sencillo supuesto: una familia ahorra 4.200 euros el primer año, a razón de 350 al mes. Y ese ahorro se aumenta a razón de un 4 por ciento al año, a medida que la mejora profesional permite un aumento de las aportaciones a la inversión.

Gracias a la magia del interés compuesto, cuantos más años se siga el plan de ahorro, más crece la riqueza acumulada. ¿Qué resultados obtendríamos? En 10 años habremos ahorrado 11 millones de pesetas, y en sólo 5 más, el doble. En 20 años casi 40 millones y en 30, 101. Supongamos que una persona sigue ese plan desde los 25 hasta los 65 años, es decir, durante 4 décadas. Entonces habrá acumulado un patrimonio en Bolsa de 237 millones de pesetas, que (al 7 por ciento supuesto), le darían una renta anual de 16,6 millones de pesetas.

¿Que se ve incapaz de seguir ese plan de ahorro? Pero si usted aporta mucho más en una Seguridad Social que (todo el mundo lo reconoce), da unas pensiones misérrimas. ¿Qué ocurriría si un cotizante medio destinase la cuota de la Seguridad Social a la inversión en Bolsa? El Juan de Mariana también ha hecho ese cálculo. Si un cotizante medio hubiese destinado sus pagos a la SS de 1992 a 2006 (un período de 15 años, no los más de 30 que estamos pagando al Estado), dispondría en ese tiempo de un patrimonio de 246.865 euros (41 millones de las antiguas pesetas), que le darían una renta mensual de 1.500 euros (250.000 pesetas), más del doble de la pensión media actual.

Trabajo, ahorro, constancia y años. Ésa es la fórmula para ser rico en una sola generación.

El Estado no ha de decidir sobre nuestro futuro

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Las pensiones de la Seguridad Social son una estafa piramidal que está al borde de la quiebra. No sólo son financiadas por medio de la extorsión –o pagas, o el Estado se venga contra ti persiguiéndote– sino que su rentabilidad, si es que se puede llamar así, depende de la gracia del político en época de elecciones.

La pensión pública es cara y forzosa: ¿sabe que si usted cobra 1.000 euros brutos al mes está dando, quiera o no, una tercera parte, 300 euros, a la Seguridad Social, más lo que su empresa aporta por usted y que jamás verá en su nómina? Su gestión siempre es improvisada, precaria e ineficiente: ¿sabe también que el Gobierno se está gastando ahora mismo su dinero en otra persona y que aún no ha ahorrado por usted ni un solo céntimo? Se fundamenta en la estafa: ¿sabe que AFINSA fue intervenida por el Estado por financiarse igual que las pensiones públicas, lo que se considera económica y legalmente un fraude?

Si usted contrata un plan de pensiones privado lo cobrará desde el primer año si está en los plazos legales y se le reintegrará todo el capital aportado más el rendimiento que éste haya generado, da igual cuando lo haya abierto. En cambio, el periodo mínimo de cotización para cobrar una pensión pública es de 15 años (hasta el año pasado eran 12,5, así que no descarte que en breve necesitemos cotizar como mínimo 20 años para ver un poco de nuestro dinero). ¿Qué entidad privada cambia las condiciones de un "contrato" de forma unilateral y sin nuestra aprobación expresa como hace el Estado con las pensiones? Ninguna, y si lo hace es juzgada y multada. La pensión estatal tampoco se traspasa a los herederos en caso de defunción del progenitor. El dinero que haya pagado éste se lo queda el Estado, sin más. Otra vez, nada que ver con los planes de entidades privadas. Algo similar sucede con las viudas. ¿Por qué el Estado se queda con la mitad de la pensión del cónyuge? ¿En qué entidad privada ocurre algo así? ¿Por qué todos, empresas y particulares, estamos sometidos a la ley menos el Estado?

En cualquier entidad privada donde tenga un plan de pensiones le dirán la rentabilidad que tiene su plan y cuánto dinero va a percibir al jubilarse, incluso lo podrá consultar por teléfono o internet. Es el mínimo de transparencia que exige el mercado. Desde hace unos años el Gobierno ha emprendido una batalla por la transparencia en las empresas y otra vez más, es el Estado es quien se queda al margen de la ley al ser la organización más opaca y fraudulenta de nuestra sociedad. No tenemos ni idea de cuánto cobraremos al jubilarnos y no hay forma de asegurar que vayamos a cobrar algo siquiera; es más, parece más probable que no.

Recientemente el Gobierno aprobó una ley que permite retirarnos a los 70 años y así elevar hasta un 15% la pensión del trabajador. Hasta ahora es opcional, pero es cuestión de tiempo que hagan la medida obligatoria como ya ha ocurrido en otros países como Alemania, aunque aún no haya entrado en vigor. Por qué tenemos que pagar con más trabajo la gestión irresponsable del Gobierno.

Hágase una pregunta. ¿Se considera usted un imbécil total? El Gobierno está convencido que sí, por eso nos obliga a que le demos nuestro dinero para gestionarlo "responsablemente" por nosotros. Los burócratas, como siempre, subestiman al hombre libre. Los españoles tenemos una firme voluntad de ahorrar. Según ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros), las familias españolas tienen en acciones y participaciones de fondos de inversión más de la mitad de sus ahorros, un porcentaje que supera el de otros países, como Francia, donde esta cifra es del 37% e incluso Estados Unidos, el país con mayor tradición bursátil. Es más, según Profim, compañía de asesoramiento en fondos, entre 1991 y 2006 el sector de los fondos de inversión, cuya diferencia con los planes sólo es legal pero no económica, se ha multiplicado por nueve. Y si lo miramos por la parte de la oferta, sólo en el primer cuatrimestre de 2007 se registraron en la CNMV más de 100 fondos de inversión nuevos. Ya hay casi 3.000 fondos de gestoras españolas. A esto sumemos más de 7.000 fondos de gestoras internacionales que se pueden comercializar en España.

Tiene su gracia que los burócratas nos llamen irresponsables y afirmen sin sonrojarse que ellos se preocupan más que nosotros por nuestro dinero y nuestro futuro. La realidad nos indica todo lo contrario: ellos nos confiscan nuestra riqueza y la pierden en a saber qué. Y con lo poco que nos dejan le sacamos el máximo provecho empleando las oportunidades que nos brinda el libre mercado.

José Manuel González-Páramo, miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE, ha dicho recientemente que es necesario un "debate público, abierto y en profundidad acerca del futuro de nuestros sistemas públicos de pensiones". Sin duda, pero su solución pasa por ahogarnos más, manteniendo o aumentando los ingresos del Estado y reduciendo prestaciones sociales. No es el buen camino. El modelo actual es injusto, fraudulento e ineficiente hasta el punto de rozar la quiebra del sistema.

Es más, la solución no es convertir el actual sistema de reparto en uno de capitalización individual, esto es, lo que se entiende generalmente por privatización de las pensiones. Eso significaría que el Estado nos seguiría ordenando qué hacer con nuestro dinero y cómo emplearlo. La solución más acorde a la libertad individual y al respeto de las decisiones de cada persona es que cada cual gestione su dinero y su vida como le venga en gana sin dar explicaciones a nadie, y eso significa que ninguna ley ni oligarca político nos ha de imponer si hemos de invertir el dinero en nuestro futuro, el de nuestros hijos o en cualquier otra cosa que decidamos. Esa es nuestra decisión y la de nadie más. El sistema de pensiones públicas ha de ser abolido.

Este no es mi Pizarro

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

No sé si le echaron algo en el botellín de agua (con los socialistas uno debe andar siempre con cuidado), o los asesores de Génova le sometieron esa mañana a una sesión especial para convertirle en el perfecto candidato del PP (descrispado, talantudo y moderadamente socialista), pero el efecto narcótico fue fulminante.

Sólo con que le hubiera dicho a Solbes la mitad de cosas que ha venido sosteniendo en la precampaña, Pizarro se hubiera llevado el debate de calle. Sin embargo, no sabemos por qué, el número dos de Rajoy dejó escaparse vivo al todavía ministro de Economía. Y es que lo peor que puede hacer un candidato de la oposición es entrar en el juego dialéctico que le propone quien se enfrenta a las elecciones desde el poder.

A Solbes le interesaba que su rival limitara su discurso a la valoración técnica de las cifras macroeconómicas, pues a los ojos de los espectadores eso es dar por buenos los principios generales en que el Gobierno ha basado su política económica, frente a los cuales el aspirante a gobernar sólo puede defender que su partido haría lo mismo… sólo que mejor.

Sin embargo, lo que muchos esperamos del Partido Popular en esta campaña, la más reñida de las últimas en España, es que defienda sin complejos un programa político completamente distinto del que ofrecen los socialistas.

Sólo un ejemplo. Cuando Solbes interrogó a Manuel Pizarro sobre nuestro sistema de pensiones, el candidato del PP sólo acertó a decir, bastante nervioso, que su partido apoya el sistema actual. Sin embargo, Pizarro sabe perfectamente que el sistema público de reparto es insolidario e insostenible en el tiempo, y que lo único decente y con futuro es instaurar un sistema de capitalización con libertad para que los ciudadanos, además, elijan si quieren confiar sus pensiones al Estado o prefieren un plan privado. Pero resulta, como le espetó Solbes, que este último es el programa que implantó en Chile el dictador Pinochet (con gran éxito, por cierto). Y aquí Pizarro se vino abajo, se desdijo de toda su trayectoria anterior y aún tuvo que aceptar que Solbes le sacara la portada de un periódico en la que se recogían esas lejanas afirmaciones suyas, tan sensatas por otra parte.

Si Manuel Pizarro fue realmente sincero en las cosas que dijo durante el debate, el tirón popular entre quienes estamos hartos de pagar impuestos y veíamos en él alguien capaz de formular una enmienda a la totalidad al Estado del bienestar socialista va a ser escaso. Si, por el contrario, traicionó sus principios aconsejado o no por el Arriola de guardia, estamos entonces ante un político incapaz de defender sus ideas con energía cuando llega la hora de la verdad. En cualquiera de los dos casos, muy mal.

La enfermedad como derecho

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

"Estar gordo es una elección", dice Karen de Coster en esta entrada de su estupendo blog. La autora explica qué decisiones individuales llevan a los padres a criar niños obesos y a ser, ellos mismos, obesos. Llama la atención que lo que Karen reclama es que se abandonen las excusas que justifican las malas elecciones individuales y resalta que la responsabilidad es de quien elige la pereza y el sedentarismo.

Esta defensa paternalista que denuncia De Coster y que, de paso, justifica la dejación de la responsabilidad de cada cual en las vigilantes manos del Estado, se extiende a otros problemas. Los diferentes tipos de drogadicción y las enfermedades derivadas de malos hábitos alimenticios son los dos ámbitos más relevantes en los que se produce este fenómeno. Pero no son los únicos: las enfermedades cardiovasculares, los hábitos saludables y los accidentes caseros –especialmente los infantiles– se llevan gran parte del presupuesto en campañas del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Detrás de la reclamación de regular el comportamiento individual se esconde la fantasía de que en caso contrario proliferarían los obesos, las anoréxicas, las fumetas, los yonkis, los infartados, los niños beberían lejía… como si la población fuera tonta o incapaz de ser responsable. El objetivo de estas campañas que, en ocasiones, se elevan al grado de ley, no es necesariamente malo en sí mismo, pero la manera de alcanzarlo es más perniciosa de lo que parece.

Como señala Karen de Coster, los medios de comunicación habituales excusan al actor que realiza las elecciones al incluir como causa en última instancia de determinadas "enfermedades" a la pereza y las elecciones equivocadas.

Por otro lado, la lectura de las campañas ministeriales deja claro dos cosas: la campaña forma parte de un plan europeo y el problema de fondo es presupuestario. Párrafos como el que sigue hacen pensar:

Hay que considerar el impacto socioeconómico de la gestión y tratamiento de las lesiones, que en Europa representa más de cuatro veces el presupuesto total de la UE… Con la muerte de un niño se pierden también a los más jóvenes de nuestra sociedad y a aquellos que tienen por delante mayor número de años para contribuir como individuos sanos y capaces, pero más importante todavía es que la muerte de un niño tiene efectos devastadores sobre su familia, destruyendo a veces la unidad familiar.

De los argumentos que expone (presupuestos, recaudación, daño a la familia), los dos primeros son tan lógicos como terribles. Deja claro que el interés de los gobernantes no es tan bondadoso sino que quiere que sus súbditos estén sanos y fuertes para cotizar como Dios manda. El tercero, simplemente, no es de incumbencia del Estado. ¿Por qué razón? Porque no es el cuidador, ni el consuelo de las familias de manera coactiva, obligatoria. No es responsable de evitar accidentes, ni de asegurar la salud de las personas, sus buenos hábitos, la elección de su ocio o de su comida. Es cada cual el que debería ser responsable de lo que hace o deja de hacer.

El problema de las enfermedades "familiares" o sociales es más claro. El consumo de drogas genera un enorme dolor a quien tiene un adicto en su familia, sea un borracho, sea un yonki. La diferencia con el tabaco es que no es causa única y directa de ninguna enfermedad. Puede ser o es una de las causas del cáncer de laringe, por ejemplo, pero la relación no es tan directa y evidente como en el caso de la heroína.

¿Afecta ello a que sea más susceptible de ser legislado el consumo de una o de otra? No, en mi opinión. La razón es que se trata de que el Estado no debe legislar qué hace cada cual con su cuerpo. Y que el dolor que un enfermo causa a la familia tampoco justifica la prohibición. Aunque se suelen dar argumentos utilitaristas, yo creo que incluso si la prohibición por el Estado funcionara debería dejarse en manos del individuo esta responsabilidad.

Ser drogadicto es una elección, ser anoréxica es una elección, ser enfermo es una elección… al menos en parte. Uno sabe que la droga es droga, cualquiera sabe que una raya de coca no es como tomarse un café, de hecho quien empieza a consumir lo hace precisamente por eso. Igual que todos sabemos que quien sale a la intemperie desabrigado se resfría o que si caminas descalzo te saldrán hongos. Hay un tránsito hasta que te conviertes en adicto sin solución. Y en esos momentos, el consumidor elige no poner remedio, la anoréxica elige seguir perdiendo a pesar de que quienes te quieren te dicen que estás en los huesos. Eres débil, por las razones ambientales, psicológicas que sean, pero débil. Por más que escueza.

Y ese es el punto que me gusta del artículo de De Coster. Pone encima de la mesa cómo los mensajes que quitan peso a la decisión individual fomentan la irresponsabilidad, generan personas cobardes ante sus problemas. No se trata de prohibir, sino de que la persona se eduque con fuerza de voluntad, y eso no atañe al Estado, sino a cada cual.

Sé de una anoréxica que preguntó llorando y desesperada a su terapeuta: "¿Qué tengo que hacer para que acabe este infierno?" La respuesta fue clara: "Come. Llorando, enrabietada, odiándote… pero, si quieres curarte, come."

Una pensión de 5.900 euros

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Le gustaría aspirar al nivel actual de las pensiones o prefiere tener una pensión más de dos veces mayor? La pregunta puede parecer estúpida, pero es la respuesta actual a esa pregunta la que es estúpida, porque seguimos con la primera opción. Claro, que también puede ocurrir que haya quien no sepa que existe la otra respuesta. Por ese motivo, el Instituto Juan de Mariana ha realizado un estudio haciendo un cálculo muy sencillo.

Ha supuesto que el trabajador medio dedique la cuota íntegra que nos quita la Seguridad Social del sueldo a la inversión en la Bolsa española, desde 1992 hasta 2006, incluyendo ambos. Teniendo en cuenta las aportaciones mensuales y su rentabilidad a lo largo de estos años, un trabajador habría acumulado un patrimonio propio de 246.865 euros, que otorgarían una renta mensual del entorno de 1.500 euros.

No hace falta hacer un mayor esfuerzo. No es necesario convertirse en un as de las finanzas. Basta con destinar el pago íntegro de la Seguridad Social a un fondo que sea representativo del Ibex 35. Y la renta, en menos de la mitad de una vida laboral, hubiera sido 2,3 veces la pensión media.

También se han planteado qué ocurriría si ese trabajador medio estuviese invirtiendo ese dinero a lo largo de 30 años; pongamos que desde los 25 hasta los 55 años. La rentabilidad real media del S&P a lo largo de su historia es del 7 por ciento, y si la proyectamos hasta 2022 obtendríamos un patrimonio de 980.000 euros, que nos darían una renta mensual de 5.900 euros de los de hoy a partir de 2023.

Y la renta procedería de su patrimonio, no de lo que sea capaz de extraer el Estado a los trabajadores en ese momento. No dependerá ni de los inexorables de la demografía ni de los juegos políticos del momento ¿No son argumentos suficientes, al menos, para plantearse acaso como posibilidad la privatización de las pensiones? Quizás sí. Puede que no sea mala idea.

La pobreza socialista

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El Observatorio de Coyuntura Económica continúa su labor analítica y divulgativa con un informe complementario al magnífico estudio que el Instituto Juan de Mariana publicó el año pasado Una sociedad de propietarios: el camino de los ciudadanos hacia la independencia financiera.

Los resultados del informe no dejan de ser sorprendentes: en tan sólo quince años un español medio habría acumulado un patrimonio adicional de 245.000 euros, lo que le permitiría gozar de una pensión mensual de 1.500 euros. Si el trabajador decidiera prolongar su vida laboral 15 años más, la proyección del informe eleva el patrimonio a casi un millón de euros y la renta mensual a 6.000, en ambos casos descontando la inflación.

Comparado con las pensiones actuales, podemos comprender cuánto ha llegado a pauperizarnos el Estado y su sistema fraudulento de seguridad social. Las generaciones futuras vivirán incomparablemente peor de lo que habrían podido vivir si no se hubiera colectivizado el sistema de jubilación.

Los resultados del informe también sirven para poner de manifiesto, una vez más, cómo el marxismo no es más que un camelo intelectual destinado a tomar el poder político y esclavizar a la sociedad.

No es cierto, como aseveran los socialistas, que los intereses del capital y del trabajo resulten irreconciliables y enfrentados. Precisamente en el informe comprobamos cómo los trabajadores pueden invertir parte de sus salarios y convertirse en capitalistas.

Pero esto no significa que estos trabajadores pasen de explotados a explotadores; con su inversión no están constituyendo instrumentos para extraer de manera más eficiente la plusvalía al resto de los trabajadores. Al contrario, el ahorro de parte de la riqueza que produjeron y que recibieron en forma de salarios permite emprender proyectos más productivos que elevarán aun más el nivel de vida del resto de individuos.

El proceso de ahorro, selección de proyectos y provisión de capital es tan esencial para el funcionamiento de la economía –tan excepcional y explosivo– que en pocos años el antiguo trabajador puede retirarse a consumir una porción de toda la riqueza que ha contribuido a generar.

Confundir este proceso con una supuesta explotación sólo denota un profundo desconocimiento de la sociedad. Si el trabajador se hubiera dedicado 50 años a producir manzanas, a atesorarlas (suponiendo que no se pudrieran) y a jubilarse al cabo de esos 50 años con las manzanas ahorradas, nadie en su sano juicio le acusaría de estar explotando a nadie.

El ahorro y la inversión de parte de las rentas percibidas es similar al proceso anterior, pero con una diferencia fundamental. En lugar de tener paralizados los recursos durante 50 años, se movilizan para crear nueva riqueza (por ejemplo plantar nuevos manzanos) que a su vez se utilizará en el futuro para generar aun más riqueza. Este es el proceso de capitalización continua que permite el interés compuesto y que los socialistas no terminan de entender.

Fruto de esta profunda ignorancia erigen teorías redistributivas varias (que van desde la nacionalización de los "medios de producción" hasta la institución de una "renta vital") por las que pretenden acabar con las rentas del capital y convertirlas en rentas del trabajo.

La idea es del todo descabellada porque supone destruir, ya sea de manera gradual o brusca, los proyectos –y el proceso de creación de proyectos– que permiten crear la riqueza que los propios trabajadores demandan. No sólo es un freno al progreso, es una caída directa hacia el primitivismo social.

Pero al mismo tiempo, como se puede comprobar en el informe, nada hay más contrario a los intereses de los trabajadores que cerrarles cualquier posibilidad de adquirir en el futuro las llamadas rentas del capital. En una sociedad, como la socialista, donde el Estado es el único empleador y donde ese mismo Estado impide la constitución de un patrimonio propio del que poder vivir, los trabajadores se convierten en esclavos perpetuos del poder político. El sometimiento y la heteronomía son absolutos.

Conviene, por consiguiente, rechazar cualquier tipo de regulación redistributiva y basada en teorías clasistas infundadas: siendo generosos, sus proyectos no son más que una muy mala imitación de las oportunidades que ofrece la sociedad de propietarios, pero mucho más limitadas y, sobre todo, destructoras de riqueza. Ni el socialismo real, ni la seguridad social, ni la renta vital son alternativas rigurosas frente a la constitución de patrimonios privados que permite el capitalismo.

Las propuestas socialistas no consiguen mejorar el bienestar de la sociedad ni de sus estratos menos favorecidos. Sus errores intelectuales están bloqueando un revolucionario proceso de creación de riqueza para todos los individuos. Es hora de repetirlo hasta la saciedad.

Notables para el PP

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

No hay duda de que el PP carece de la capacidad propagandística del PSOE. La idea de contratar a diversos intelectuales extranjeros para colaborar en la elaboración del programa electoral socialista es muy buena, pero no para mejorar éste, sino para hacerlo parecer mejor ante la opinión pública, que siendo española sigue creyendo que lo de fuera es necesariamente mejor. El PP no puede contraatacar haciendo lo propio, porque parecería un imitador barato, de modo que ha hecho un vídeo que parece realizado por la televisión local de Villatempujos de Abajo diciendo que todos somos “premios Nobel”. Oigan, estupideces progres igualitaristas, las justas. Yo no soy premio Nobel (y, si del de la Paz se trata, a mucha honra) y los protagonistas del vídeo tampoco lo son.

Haría bien el PP en emplear la táctica habitual del PSOE, que consiste en identificar una verruga en un rostro por lo demás hermoso y enfocarla al máximo, mencionarla en todas sus declaraciones y sacar fotos ampliadas en diarios y televisiones. En este caso, aunque la mayor parte de los intelectuales escogidos tienen ideas más bien malas, la idea más fácilmente vendible a la ciudadanía es que el PSOE, al contratar a Wangari Maathai, demuestra estar de acuerdo con la defensa que ésta hace de la ablación del clítoris. Y decirlo cada dos por tres aunque hablen de otra cosa: “López Garrido, que defiende la ablación del clítoris”; “Caldera, que está muy a favor de la ablación del clítoris”; etc.

Pero no es mi intención hacerles la táctica mediática al PP, aunque buena falta les haga tener a gente competente en ese terreno, sino pensar quienes podrían haber sido unos buenos notables para el PP. Y no porque resulten publicitariamente vendibles, sino porque realmente puedan ayudarles en la elaboración de un programa electoral como Dios manda.

En temas ecológicos, podrían fichar a Bjorn Lomborg, que además de El ecologista escéptico ha publicado recientemente otro libro destrozando Kioto y el informe Stern. Lo tiene todo: no duda de la responsabilidad humana en el calentamiento global, pero propone medidas racionales, además de no considerarlo como “el gran problema mundial” (“sentirse mejor no siempre quiere decir estar haciendo lo mejor”, llega a escribir sobre el ecocatastrofismo). Incluso si quisieran cumplir con una cuota rojiverde podían hablar con James Lovelock, que les explicaría por qué hay que apostar por la energía nuclear según esa perspectiva.

En cuanto al tema educativo, pueden optar por dos vías complementarias. En primer lugar, una reforma de la enseñanza pública que elimine asignaturas no sólo adoctrinadoras sino que, además, hacen perder el tiempo de alumnos y profesores, y que recupere el esfuerzo y la recompensa de los méritos; Thomas Sowell sabe mucho sobre esto. Por otro lado, abrir vías para privatizar la enseñanza por medio de cheques escolares u otras alternativas. Posiblemente quien mejor pueda analizar el caso español y proponer mejoras sea Andrew Coulson, el experto del Cato en estas cuestiones.

A la hora de considerar el futuro de la seguridad social, ¿quién mejor que José Piñera, el responsable del exitoso tránsito chileno hacia un sistema de pensiones privadas? En cuanto al sistema sanitario, Arnold Kling ha demostrado ser capaz de ver más allá de la dicotomía público/privado para ver los problemas de ambos enfoques, dependiendo de cómo se regulen. Podrían adoptarse muchas otras medidas de liberalización de la economía, y seguro que Mart Laar, el exitoso primer ministro estonio que llevó a su país a tasa récord de crecimiento, podría explicar cómo se hace. También podría aconsejar a los populares sobre las ventajas del tipo único.

De los problemas de la inmigración descontrolada y las dificultades de integración de la minoría musulmana tiene mucho que decir la exiliada Ayaan Hirsi Ali. Sobre cómo ayudar a los países de origen a desarrollarse y dejar de exportar a sus mejores a los países occidentales, no se me ocurre nadie mejor que Johan Norberg. Y así podríamos seguir. Pero estoy seguro de que a nuestros lectores se les ocurrirán muchos más nombres, y seguramente mejores. ¿A quién escogerían?

Desprotegidos y desprestigiados

Escrito por Ricardo Moreno Alonso de Celada en . Publicado en Análisis diario.

Hoy, 9 de noviembre de 2007, día en el que se cumplen 18 años del derribo del Muro de Berlín, arranca Medicina en libertad.

Medlib.es es un proyecto en el que participa de manera destacada el Instituto Juan de Mariana cuya misión es elaborar y divulgar propuestas de reforma en el campo de la medicina siguiendo los principios de la libertad individual, el respeto por la propiedad privada y el acatamiento de los contratos libremente acordados. Los médicos y expertos en políticas públicas de Medicina en Libertad creemos que la relación libre y voluntaria entre médico y paciente debe ser el eje central cualquier modelo de salud que pretenda tener consistencia ética y ser al mismo tiempo eficaz.

El comentario de hoy del Instituto Juan de Mariana es la primera columna de Medicina en Libertad. Deseamos que con ella y con las que le seguirán podamos contribuir a derribar un nuevo muro: el de la medicina estatalizada.

Las agresiones a profesionales sanitarios en los hospitales públicos, que en tan poco tiempo se han puesto a la orden del día, son la manifestación visible de que el histórico descontento del público con los pequeños defectos del sistema sanitario se está convirtiendo en un grave problema de insatisfacción con una prestación que no responde a la demanda real de salud. Cada día tenemos noticia de que alguien a nuestro alrededor ha tenido una nueva lamentable experiencia en esta sanidad pública nuestra, masificada y con una gran falta de recursos. En este contexto, no es de extrañar que un paciente o sus familiares se irriten y lleguen incluso a agredir al médico que les trata cuando reciben una atención sanitaria que con frecuencia es deficiente y dista mucho de ser la que su salud necesita. Es comprensible, pero es injusto. Quizá pasen por alto que los médicos somos víctimas de un sistema que no nos permite ejercer nuestro arte de la manera que consideraríamos más oportuna.

En nuestro sistema de salud pública, financiado a partir de los impuestos que pagan los contribuyentes, el médico no es un empleado del paciente, sino del Estado, y como tal su ejercicio está supeditado a los designios de la administración pública. Rara vez es nuestra entera potestad dar al paciente el servicio que a nuestro juicio requiere su salud: carecemos por lo general de instalaciones y material adecuado para ofrecer al enfermo consultas e ingresos dignos, trabajamos bajo una enorme presión por tener muchos más pacientes por día de los que somos capaces de atender, hay procedimientos diagnósticos y terapéuticos eventualmente necesarios que estamos obligados a sacrificar en aras de un aprovechamiento eficiente de los recursos, y con el mismo motivo se limita nuestra libertad de prescripción de medicamentos. Y pienso que no les revelo ningún secreto si les digo que los recursos son cada vez más escasos y que desde las autoridades sanitarias se está incentivando el ahorro de manera desesperada porque la situación no se mantiene. ¿Cómo no van a notar los españoles que su asistencia sanitaria se resiente?

Sin embargo, los profesionales sanitarios somos la cara al público del sistema nacional de salud, y por tanto la cara que recibe los golpes de los pacientes a los que ya no les queda paciencia. Pagamos incalculables seguros de responsabilidad profesional para protegernos de demandas por mala praxis, gran parte de las cuales nunca se nos pondrían si en libertad pudiésemos elegir nosotros el manejo de nuestros pacientes. Pagamos sufriendo pésimas condiciones de trabajo y nuestro prestigio se ve perjudicado cada vez que, por estar sobreempleados, desatendemos a un enfermo. Y, por si fuera poco, ahora pagamos con nuestra integridad física. ¿En qué quedamos? ¿Somos o no responsables de nuestra práctica médica?

Creo en un sistema de salud basado en un contrato libre entre el paciente y su médico. Un contrato en el que el médico sea libre de ejercer enteramente con arreglo a su juicio profesional y sólo deba rendir cuentas ante cada paciente al que voluntariamente se vincula, y en el que el paciente se haga responsable de su salud y asuma libremente los límites económicos y los riesgos de su tratamiento, y pueda exigir directamente a su médico el cumplimiento de las condiciones contractuales. Este ideal dista mucho de la realidad española, en la que la relación médico-paciente está intervenida por una tercera parte -el Estado- que distorsiona el acto médico arrebatando a las partes muchos de sus derechos y desdibujando los límites de sus respectivas responsabilidades. Dicho de otro modo, en nuestro sistema, los pacientes no pueden elegir el volumen de recursos materiales y humanos que se invierten en su salud, sino que tienen que conformarse con la parte del presupuesto estatal que se redistribuye entre todos los ciudadanos, contribuyentes y no contribuyentes. Ustedes no pueden reclamar más gasto ni más dedicación, y nosotros, el personal sanitario, no podemos dárselo, aunque ambas partes queramos.

Las autoridades sanitarias deben analizar seriamente el presente y el futuro del sistema de salud. Y, desde luego, urge una respuesta al profundo descontento de los españoles y un remedio al empeoramiento progresivo de la asistencia. Hacen falta alternativas, y una alternativa sostenible no es pretender que el presupuesto dedicado a la sanidad se estire hasta la infinitud. Entretanto, los profesionales sanitarios esperamos que las autoridades se responsabilicen de sus fallos y reparen el daño, redimiendo la profesión médica ante la opinión pública y reconociendo nuestros esfuerzos.

Economía en una tarde

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

La decisión del Gobierno socialista de prohibir las diferencias en las primas de los seguros entre hombres y mujeres durante el periodo de vida en el que la mujer es fértil representa un puntapié de graves consecuencias a uno de los principios más elementales de la ciencia actuarial. Por mucho que le pese a ZP, los seguros consisten en la discriminación entre individuos con un distinto riesgo asociado frente a la ocurrencia de un evento dañoso o gravoso. El objetivo de las aseguradoras es eliminar el riesgo y no montar una ONG. El modo de trabajo consiste en agrupar individuos que tienen un riesgo homogéneo para pedirles una misma prima. Si los políticos, en un intento de igualación forzosa, prohíben la discriminación, muchas personas de escaso riesgo que ven subir sus primas se darán de baja. La compañía tendrá que subir las primas al quedarse con un grupo de mayor riesgo, lo que provocará subsiguientes huidas de clientes hasta que sólo se queden los clientes de mayor riesgo dentro de ese colectivo (en nuestro caso, las mujeres en edad fértil y, es de suponer, sus parejas). Este efecto perverso es lo que se conoce como selección adversa. Con todo, lo peor será la difusión de la falsa impresión de que el poder político puede eliminar la discriminación sin generar graves consecuencias.

Otra medida que, por muy bienintencionada que pueda ser, afectará negativamente a la sociedad es la anunciada subida del SMI hasta los 800 euros. Si los políticos pudieran determinar lo que la gente cobra a base de decretos, por qué, ya puestos, no subir el salario mínimo hasta los 3.000 euros. Muy sencillo. A ese salario, la mayor parte de la población no produce lo que habría que pagarle y sus empleadores no tendrían otro remedio que despedirles. Subirlo hasta 800 sólo cambia que los expulsados del mercado laboral serán una minoría. Desgraciadamente, ese grupo más reducido al que la subida del SMI le envía directamente al paro estará constituido por quienes estén menos capacitados. Un mazazo político en el bolsillo de los más necesitados. Si la razón de estas políticas es la búsqueda de votos me callo, pero si es por ignorancia económica le recomiendo a Zapatero la lectura de Economía en una lección, de Henry Hazlitt. Se lee en menos de dos tardes.

Los más pobres se desprenden del Estado

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Posiblemente uno de los comentarios más interesantes que hemos publicado en esta página ha sido La teoría del desprendimiento, de Toni Mascaró. En él explicaba cómo cada vez más a menudo en nuestras sociedades socialdemócratas los ciudadanos huyen de los servicios ofrecidos por el Estado y pagados con los impuestos y recurren a alternativas privadas con el escaso remanente que éste le deja. Es un cuestionamiento práctico de la falacia fundamental en la que descansa el sistema: puesto que los más pobres no pueden pagarse ciertos servicios básicos, el Estado los provee a todos los ciudadanos, que en su mayoría sí pueden costeárselos.

Lo curioso es que eso no sólo sucede en los países prósperos, según los ciudadanos van teniendo dinero suficiente para pagar el servicio público que no quieren y el privado que sí. También los más pobres de entre los pobres evitan en muchas ocasiones a un Estado que no responde. África es el continente que todos asociamos con la miseria. Y, curiosamente, muchas de las necesidades más básicas de sus habitantes no las cubren los gobiernos, sino el sector privado. Veamos tres ejemplos.

Alex Nash relata su experiencia visitando la ciudad keniata de Kisumu. Allí, un ingeniero decidió coger agua de un río cercano y tratarla con una pequeña instalación en su patio trasero. Pronto descubrió que sus vecinos querían comprársela. Ahora tiene una pequeña empresa con cinco empleados y es capaz de servir a 10.000 personas. Tiene camiones para llevar agua a los hoteles y porteadores para la gente pobre. El Estado no está ni se le espera.

James Tooley investigó sobre educación privada en África. Descubrió que, por ejemplo, en la ciudad nigeriana de Lagos, siendo gratuita la educación pública, los padres pagan por una educación privada, pese a que disponen de unos 50 dólares al mes, porque funciona mucho mejor. En la India, la puntuación media de los colegios privados es de 19 puntos en lengua y 17,9 en matemáticas, mientras que en los públicos es de 17,4 y 16,3, respectivamente.

El New York Times describe como en diversas zonas de África, los pobres, que no reciben asistencia sanitaria estatal, están creando pequeñas mutuas sanitarias con las que cubrir por muy poco dinero. Generalmente formadas por menos de 100 personas, negocian con una clínica local un buen precio. El Banco Mundial publicó un informe en el que asegura derribar tres mitos: que el sector privado es para ricos, que no está muy desarrollado y que la mayor parte del dinero dedicado a sanidad viene de fondos públicos. Llegó a la conclusión que los pobres empleaban intensamente los servicios privados de salud y que los públicos, de hecho, subsidiaban a los más ricos.

Sin embargo, muchas ONG tienden a preferir que sean los gobiernos las herramientas con las que solucionar estas y otras necesidades básicas de los más pobres. Oxfam, por ejemplo, asegura que gobiernos y Banco Mundial “obstaculizan el desarrollo impulsando soluciones mediante el sector privado que no benefician a los pobres”. Los pobres, en cambio, parecen pensar de manera diferente.

Los países pobres necesitan gobiernos que garanticen los derechos básicos: la vida, la libertad y la propiedad. Del resto podría encargarse el sector privado, si tuviera seguridad en que sus esfuerzos no van a ser baldíos porque no pueden confiar en que, a largo plazo, lo suyo lo siga siendo. Ahí es donde deberían centrarse nuestros esfuerzos.