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La semana pasada Mariano Rajoy desgranó el programa económico del PP en una conferencia ante los empresarios y en una entrevista concedida al periódico Negocio. Como es lógico, habló de impuestos y, como viene siendo habitual en los programas electorales del PP, prometió bajarlos. En concreto, prometió reducir el Impuesto de Sociedades hasta el 25% (para las pymes, hasta el 20%), dejar el tipo máximo del IRPF en un 40% y el mínimo en un 12% y suprimir, entre otros, el impuesto sobre el patrimonio.

El Impuesto de Sociedades constituye un serio obstáculo a la función empresarial. Cuanto más elevado sea, menor será el incentivo para que los individuos empleen su riqueza en satisfacer las necesidades de los consumidores y, así, lograr una ganancia. El motivo es evidente: toda inversión supone un coste (la no disponibilidad del capital invertido y la incertidumbre de perderlo) y permite obtener un beneficio. El Impuesto de Sociedades reduce el beneficio esperado, pero no el coste, de modo que, para mucha gente, los incentivos se evaporan.

Los efectos no inciden únicamente sobre quienes no son empresarios y podrían llegar a serlo, también sobre las empresas ya establecidas que se plantean acometer nuevas inversiones y sobre aquellas personas con que se relacionen. Dado que las decisiones de reinversión de beneficios se determinan por la ganancia esperada, cuanto menor sea esa ganancia menor será la reinversión.

El IRPF es otro impuesto completamente injusto y perjudicial. Al reducir las remuneraciones efectivas que perciben las personas, disminuye los incentivos para incrementar la renta. Por ejemplo, si el impuesto sobre la renta se situara en el 99%, nadie trabajaría, ya que en la práctica todo el mundo estaría prestando sus servicios laborales gratis. Unos tipos más reducidos moderan los efectos, pero no los eliminan. A causa del impuesto sobre la renta, la gente trabaja, ahorra e invierte menos.

La razón es sencilla: el tiempo de ocio no tributa. Si reducimos las rentas salariales mediante el IRPF, los individuos trabajarán menos de lo que lo habrían hecho. Del mismo modo, si el IRPF grava las plusvalías del capital, la gente dedicará menos recursos a la inversión, pues le resultará más cómodo consumirlos.

Además, el IRPF es una de las mayores barreras contra la movilidad social. Las clases altas suelen tener una gran patrimonio acumulado, que les proporciona rentas permanentes. Las clases bajas, en cambio, carecen de esa riqueza, por lo que deben acumular para mejorar su nivel de vida. Sin embargo, la acumulación de riqueza se ve enormemente dificultada con el IRPF. Si un individuo tiene un par de años muy buenos que en principio le permitirían invertir para lograr rentas futuras, el IRPF se lo impedirá, ya que parte de sus ganancias extraordinarias podrían tributar a tipos tan elevados como el 43%. En otras palabras, el IRPF perjudica especialmente a quienes no disponen de una fuente permanente de rentas, a las clases bajas, a las que impide aprovechar sus ganancias extraordinarias para construir su riqueza.

Por lo que hace al Impuesto sobre el Patrimonio, atenta contra la base de nuestra sociedad: la propiedad privada y la acumulación de capital. Al expoliar a cada individuo en función de la riqueza que ha acumulado previamente, favorece la desinversión y el consumo de esa riqueza.

En otras palabras, las propuestas de Rajoy apuntan en la buena dirección, por cuanto amplían la libertad de las personas. Sin embargo, una cosa es que las celebre si llegan a materializarse y otra que considere que esas propuestas encajan con la filosofía del presidente del PP.

Al menos por su discurso –cosa distinta es que sea un mero ropaje electoralista–, las propuestas del PP se insertan en el típico estatismo de corte socialista. Los impuestos se bajarán siempre y cuando el peso y el poder del Estado no se tambaleen. Rajoy lo dejaba claro Rajoy en la mencionada entrevista: "La única forma de mantener el Estado del Bienestar es haciendo reformas económicas y, entre ellas, las reformas fiscales".

Dicho de otro modo, las rebajas de impuestos de Rajoy son instrumentales, están al servicio del poder político. Rajoy actúa como el empresario que baja el precio de sus productos para vender más y así obtener mayores beneficios; con la diferencia esencial de que el empresario no fuerza a los consumidores a pagarle.

El PP no se plantea la posibilidad de devolver la responsabilidad a los individuos, ni la de permitir que la sociedad civil proporcione los servicios que hoy provee coactivamente el Estado. Quiere que el Estado siga tutelando múltiples aspectos de al vida de las personas; que las vigile y las cuide como un padre marimandón.

Así, por ejemplo, en matería de I+D, Rajoy sentenciaba que "corresponde al Gobierno un impulso cuantitativo y cualitativo capaz de generar posteriores desarrollos". "Las políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación no pueden quedarse reducidas a meros adornos de un programa electoral porque suenan a moderno, ni a los crecimientos presupuestarios tranquilizadores para lucir aquí o allá. Tienen que ser uno de los ejes vertebrales de todas las políticas públicas".

A los del PP les molesta incluso que las personas no inviertan en I+D tanto como ellos querrían. Si los empresarios prefieren comprar máquinas viejas, repartir beneficios entre los accionistas o rebajar el precio de sus productos en lugar de invertir en I+D, Rajoy defiende que el Estado cubra la diferencia, esto es, que impida a los empresarios gastar el dinero como lo habrían gastado si no se lo hubieran arrebatado por la fuerza. Y ello a pesar de que, según Rajoy, "a los empresarios no es preciso decirles lo que tienen que hacer, que ellos ya saben en cada caso lo que más conviene a sus empresa". ¡Pues nadie lo diría! Si saben lo que tienen que hacer, ¿por qué les quita el dinero para invertirlo allí donde ellos no lo harían?

No, las ideas actuales del PP tampoco son compatibles con la libertad. Los impuestos sólo se rebajarán mientras no entren en conflicto con el Estado del Bienestar, pero nunca si, por ejemplo, fuera necesario privatizar la educación o la sanidad para recortarlos aún más. El PP necesita cambiar la filosofía social y política sobre la que construye sus propuestas. Si quiere pasar por liberal, no basta con realizar propuestas que coyunturalmente también podría lanzar el PSOE. Tiene que adoptar una política de principios que tenga por prioridad la libertad, no los intereses del Estado.

Pero me temo que nadie del PP tiene hoy el coraje –no sé si los valores– para liderar esta transición que tanto necesitan los españoles.

La medida del Gobierno es, ciertamente, un despropósito, un intento desesperado por mantener a flote un barco, el sistema público de pensiones, con más agujeros que un colador. Desde luego, lo más sensato sería abandonarlo, en botes salvavidas o a brazada limpia; pero si de lo que se trata es de acercarlo a puerto antes de evacuarlo, no pueden caber dudas sobre la ruta que ha de seguirse.

Es posible que algunos liberales se hayan dejado seducir por la reforma, al imaginar los beneficios derivados de que parte de las cotizaciones a la Seguridad Social vayan a parar la bolsa, el centro neurálgico del capitalismo. Que no se engañen: una cosa es que los mercados de capitales sean un elemento esencial de nuestra sociedad y otra muy distinta que sean la panacea.

Si queremos ubicar la polémica en su contexto y entender por qué el Gobierno no ha avanzado ni un ápice en la buena dirección, conviene que analicemos los dos grandes planteamientos que presiden el debate sobre las pensiones. Uno de ellos, el partidario de los llamados "sistemas de reparto", aboga por los sistemas coactivos de "solidaridad intergeneracional", que funcionan así: los trabajadores de hoy pagan la pensión a los de ayer (jubilados) a cambio de que los del futuro hagan lo propio cuando sean ellos quienes lleguen a la edad de retiro.

Pese a la pompa con que se los describe, son sistemas fraudulentos, injustos e ineficientes. Fraudulentos, porque es imposible que cobren todos y cada uno de sus integrantes (al final, siempre habrá alguien que no tenga a nadie detrás en la cola), por lo que habrá trabajadores que paguen sin recibir nada a cambio; injustos, porque son coactivos: como se obliga a la gente a cotizar, en ellos ni se es ni se puede ser solidario; e ineficientes, porque reducen la cantidad de ahorro disponible en los mercados financieros y porque las pensiones que brindan son una miseria.

El otro gran planteamiento es el que defiende la puesta en marcha de sistemas de capitalización. Aquí, cada individuo ahorra voluntariamente una porción de la renta que obtiene durante su vida laboral y la destina a la inversión, con cuyos beneficios pagará su propia jubilación.

Si los sistemas de reparto son fraudulentos, injustos e ineficientes, los de capitalización son autosostenibles, justos y eficientes. Autosostenibles, porque los individuos no necesitan expoliar a nadie para percibir sus pensiones; justos, porque son voluntarios; eficientes, porque incrementan los niveles de ahorro e inversión –por lo que se genera más riqueza, lo que a su vez permite que haya más proyectos empresariales, más avances tecnológicos, y más bienes y servicios a precios más baratos– y dan la posibilidad de percibir unas pensiones mucho más cuantiosas.

El Instituto Juan de Mariana estima que la pensión media de una persona que empezara a ahorrar unos 4.200 euros anuales a los 25 años y se jubilara, como ahora, a los 65 oscilaría entre los 8.000 y los 27.000 euros mensuales (según la rentabilidad obtenida cada año). Si comparamos este monto con lo que percibe hoy en día un pensionista, podremos hacernos una ligera idea de la miseria que engendra el sector público.

Pues bien, la inversión en bolsa del fondo de reserva de las pensiones, en lugar de acercarnos a un sistema de capitalización donde cada individuo tome sus propias decisiones y se convierta en propietario de las empresas cuyas acciones adquiera, nos afianza en el dirigismo político de los recursos económicos y en la irresponsabilidad individual. Pero es que además se trata de una medida que entraña un peligro considerable para la libertad y el mercado: como el Estado comprará numerosas acciones, ejercerá una influencia aún mayor sobre el empresariado. Si lo deseara, podría llegar a entrar en los Consejos de Administración y participar en la toma de decisiones de gran calado.

Por mucho que el fondo de reserva vaya a parar a los mercados financieros, esto no tiene nada que ver con el capitalismo, sino más bien con el corporativismo y el neoliberalismo.

El camino debería ser otro. Si los políticos no tienen el coraje necesario para privatizar la Seguridad Social y avanzar hacia un sistema de capitalización, al menos no deberían tener excusa para no devolvernos los excedentes de nuestras cotizaciones, con los que constituyen el fondo de reserva. Si ya están pagando las pensiones actuales, ¿por qué no nos devuelven el exceso y nos permiten invertirlo? ¿Por qué lo retienen y se lo entregan a sus amiguetes?

Los sistemas de reparto y capitalización expresan dos filosofías políticas: la que sostiene que el individuo debe ser un apéndice del Estado desde la cuna hasta la sepultura y la que considera que cada persona tiene derecho a utilizar su propiedad para tratar de lograr sus objetivos existenciales. Y ya sabemos que el socialismo quiere convertirnos a todos en siervos del poder político.