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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

¿Tiene la pensión asegurada?

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El sistema es un fraude piramidal y los compromisos de los sucesivos gobiernos con respecto a las partidas que los trabajadores se ven forzados a entregar al Estado son palabras que se lleva el viento.

Esta semana el gobierno, la patronal y los sindicatos han sellado un pacto para la reforma de las pensiones. Dicho pacto no es más que la renuncia unilateral de pagar a una parte de los contribuyentes las prestaciones por jubilación que se les había prometido. A partir de ahora, las personas que hayan trabajado 14 años con la promesa de una pensión se habrán quedado sin nada. Y no se crean que alguien les va a devolver la enorme suma de dinero que han pagado para sostener este bochornoso sistema público de pensiones. Vamos, un fraude como la copa de un pino. Si un agente privado dijese ahora Diego donde dijo ayer Digo de esta forma, vería como sus huesos iban derechitos al calabozo. Pero como los estafadores son quienes tienen las riendas del Estado aquí no pasa nada de nada.

Lo triste del asunto es que no podíamos esperar otro resultado de la reunión de estos tres lobbies que se esfuerzan noche y día por buscar rentas ajenas. A fin de cuentas, el sistema piramidal de pensiones se parece mucho al juego de las sillas. Mientras suena la música todos contentos. El estribillo machacón se encarga de decirnos que el juego es solidario y justo, que garantiza un modelo social avanzado y que cualquier alternativa es abominablemente egoísta. Pero cuando la música deja de sonar, una parte de los españoles se quedan con el culo al aire. Se trata de una minoría que empieza a protestar denunciando la inmoralidad del sistema o, al menos, de la decisión. Pero el gobierno, los sindicatos y la patronal se encargan en seguida de apretar el botón de "play" y subir el volumen de la música para acallar las críticas. La letra de la canción nos cuenta que la modificación del número de sillas "no es fruto de una respuesta a ninguna situación de crisis", que la culpa es de la población que ha decidido dejar de crecer al ritmo que precisa el fraude piramidal y que por eso han tenido que retirar sillas.

Si a alguien se le ocurre sugerir que cualquier método para hacer cuadrar las cuentas del sistema es perverso por necesidad ya que o bien supone el incumplimiento de un pacto en el que la víctima entró de forma forzosa o bien implica reclutar a un mayor porcentaje de trabajadores obligados a participar en el sistema fraudulento, los tres grupos de interés que sellan las "reformas" y cambian las reglas del juego le acusarán de agorero, catastrofista y mentiroso. Cualquier cosa antes de reconocer que el sistema público de pensiones es una aberración desde cualquier perspectiva desde la que sea analizado y que el único sistema ética y económicamente sólido es aquel a través del cual las personas ceden voluntariamente una parte de su renta para que sea capitalizada de modo que pueda reemplazar el día de mañana la pérdida de rentas del trabajo debido a su avanzada edad.

Gasto sanitario y esperanza de vida

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Los apologistas del estatismo suelen despreciar las enseñanzas de la teoría económica y, para ello, suelen adoptar una postura empirista que, supuestamente, refute las conclusiones apodícticas de la praxeología.

Así, sabemos que la teoría económica nos informa de que el sector privado es más eficiente que el público, esencialmente por una cuestión de cálculo económico, incentivos y recopilación de información. Sin embargo, muchos intentan demostrar que la teoría económica falla y para ello recopilan y componen incesantemente datos para tratar de buscar causalidades detrás de lo que son meras simultaneidades.

Un caso típico es el que relaciona el gasto sanitario con la esperanza de vida. Sabido es que en EEUU la esperanza de vida es similar, o incluso más baja, que en otros países occidentales, mientras que su gasto sanitario es muy superior. Dado que el sistema sanitario estadounidense es privado y el del resto de países público, una conclusión simplista nos llevaría a afirmar que el sector público es más eficiente a la hora de proveer la sanidad. Con un gasto mucho menor obtenemos unos resultados similares.

El último libro de Arnold Kling, Crisis of Abundance, resulta iluminador para entender cómo la izquierda pretende darnos gato por liebre. En realidad, lo que las estadísticas no nos dicen es que la calidad de la sanidad estadounidense es mucho mayor que la europea y, por tanto, el mayor gasto sólo refleja esa mayor calidad.

La cuestión que a la mayoría de la gente se le vendrá a la cabeza será: ¿Y por qué esa mayor calidad no se traduce en una mayor esperanza de vida? La explicación está muy relacionada con el abuso y mal uso de los agregados estadísticos.

La mayor parte del gasto sanitario diferencial entre EEUU y Europa proviene de lo que Kling ha denominado premium medicine, esto es, la expansión del uso de especialistas y de capital físico de alta tecnología (como la tomografía computerizada o la visualización por resonancia magnética). Así, por ejemplo, sobre una muestra de 1.000 habitantes, los estadounidenses realizan cada año 1.400 visitas a especialistas, tienen un gastroenterólogo por cada 30.000 habitantes (Canadá uno por cada cien mil), el porcentaje de angioplastias duplica el de Francia, el de bypass triplica el de UK y cada año se realizan 24 millones de visualizaciones por resonancia magnética y 50 millones de tomografías computerizadas.

Las características esenciales de esta premium medicine que prevalece en EEUU y no en Europa son dos: a) es muy cara, b) no altera generalmente el diagnóstico. Es fácil entender el punto a), sin embargo, el b) requiere una explicación adicional.

La premium medicine tratar de conocer por anticipado la aparición de enfermedades o de perfilar el diagnóstico. Esto significa que sólo en muy pocos casos será realmente determinante en prolongar la esperanza de vida del paciente.

Utilicemos el ejemplo de Kling. Si un paciente acude a la consulta con tos, el médico puede adoptar tres posiciones: 1º no tratar al paciente (dos aspirinas y reposo), 2º tratar al paciente de acuerdo con su experiencia histórica o 3º utilizar la premium medicine (pruebas biomédicas, rayos X y consulta por especialistas). La sanidad europea utiliza esencialmente los métodos 1 y 2, la estadounidense el tercero.

La cuestión es que sólo un porcentaje muy pequeño de pacientes sufrirá complicaciones por un mal diagnóstico, esto es, muy pocos verán agravada su tos originaria en bronquitis.

Imaginemos que el tratamiento especializado cuesta 1.000 dólares y que el porcentaje de personas cuya tos degenerará en bronquitis es de 2 por cada 1.000 pacientes. En este caso, necesitaremos gastar un millón de dólares para salvar un 0’2% más de vidas. Como vemos, el gasto agregado se incrementa mucho para salvar la vida de muy pocas personas, ya que todos los pacientes deben someterse a unas pruebas especializadas que sólo en muy pocos casos serán de utilidad.

La sanidad europea considera que no "sale rentable" incrementar el gasto de todos los europeos para salvar la vida de un porcentaje residual de personas. La racionalidad de los socialistas es simple: unas pocas vidas no valen miles de millones de euros.

La cuestión, obviamente, debería ser si cada persona quiere pagar ese dinero extraordinario para prevenir la improbable aparición de enfermedades graves. Sólo en ese caso, cuando cada cual destina su dinero a los fines que maximizan su bienestar, podemos hablar de eficiencia, aun cuando en términos agregados el incremento del gasto sanitario total no se traduzca en un incremento proporcional de la esperanza de vida.

Y es que esta última depende de muchos otros factores aparte de los pocos meses o años que una medicina más especializada consiga alargar. Pensemos tan sólo en los hábitos alimenticios, en el clima o en la mortandad juvenil por accidente de tráfico. Todo ello ejerce una influencia mucho más determinante sobre la esperanza de vida que el efecto marginal de un mayor gasto sanitario.

Por supuesto en el caso estadounidense el gasto sanitario no se debe por completo a una libre elección de los individuos. La extensión de los seguros sanitarios para todo tipo de tratamientos (derivado de los incentivos fiscales, los subsidios a determinados seguros y de la prohibición de subir salarios durante el New Deal que provocó una competencia empresarial por salarios en especie) que diluye el coste entre todos los asegurados y la extremada cautela de los médicos para evitar los litigios por negligencia, han llevado al abuso de la premium medicine.

Pero en todo caso no debemos olvidar el hecho fundamental: la sanidad privada no es más ineficiente que la pública, sino más bien todo lo contrario. El gasto sanitario es mayor porque ofrece mejores servicios que, aun cuando en términos agregados no se traduzcan en mejores resultados, sí salvan la vida de muchas personas.

La necesidad de una privatización del mastodóntico Estado de bienestar europeo sigue siendo tan necesaria como la teoría económica nos permite deducir. La sanidad pública es un vertedero de ineficiencia que sólo multiplica las redes clientelares en torno al Estado al enorme precio de retrasar el progreso sanitario y encarecer sus servicios. A largo plazo, no hay nada que reduzca tanto la esperanza de vida como la coacción sistemática del Estado y la represión de la libertad.

Estar obeso podría ser ilegal

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

En el Mundial de Fútbol de Alemania 2006 se ha desencadenado un escándalo, pero no de carácter futbolístico. Parte del ámbito médico y académico británico ha expresado su recelo por el hecho de que determinadas marcas patrocinen el evento deportivo. Según su criterio, empresas como Coca Cola, McDonalds o Budweiser representan con sus productos todo lo contrario a una salud adecuada, último fin del deporte, al menos en teoría. Para los doctores Jeff Collin, del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Edimburgo, y Ross MacKenzie, del Centro de Medicina Tropical de Londres:

Los patrocinados de corporaciones dedicadas a la venta de alcohol, comida rápida o bebidas azucaradas pueden complicar claramente las ecuaciones de la salud en deportes individuales y colectivos.

Hace ya varias décadas que la salud se ha convertido en una preocupación que va más allá del ámbito privado y buena parte de la culpa de esta situación nace de la existencia de la Sanidad Pública. Lo que comemos, cómo lo comemos, incluso cómo lo metabolizamos se convierte en un asunto de Estado, sobre todo si acaparan buena parte del presupuesto de la Seguridad Social. En estas circunstancias, consejos y recomendaciones como las anteriores adquieren una trascendencia que sobrepasa incluso las intenciones de los que las exponen.

La salud pública ya ha convertido en problemas públicos prácticas y costumbres que bien podrían haber permanecido en el ámbito privado, lo que seguramente hubiera maximizado el bien general. Las drogas, el alcohol o el tabaco han generado demasiada legislación y la alimentación sana, la dieta mediterránea y otras mandangas de moda son demasiado populares para que los ministros del ramo, siempre tan resueltos para solucionar las mal llamadas "alarmas sociales" por la manida y obtusa forma de la intervención y la legislación, no las incluyan en su carteras.

La alimentación es un desvelo que debería caer bajo la competencia de los padres durante la crianza de los hijos y de la voluntad de los adultos responsables a través del sentido común y, en todo caso, de los seguros médicos. En los últimos años se ha generado una obsesión casi enfermiza en los poderes públicos por impedir que nuestros jóvenes y adolescentes padezcan una serie de desórdenes alimentarios y de conducta que terminan por lo general en casos de obesidad, bulimia o anorexia.

A esta situación también ha contribuido la enorme de cantidad de información relacionada con los "hábitos sanos y adecuados de alimentación" que los medios de comunicación publican cada día, información en la que se combina el mito con la ciencia, mezcla letal si tenemos en cuenta la escasa cultura alimentaria que posee la mayoría de la población y de los burócratas, que en última instancia aprueban las normas que rigen nuestra vida. El resultado es una lista interminable de normas, directivas, leyes, órdenes y otros mandatos que controlan o pretenden controlar todo lo que ingerimos, desde que sólo es una materia prima hasta que nos la llevamos a la boca.

Pero esta situación es sólo el primer paso, en breve, los poderes públicos podrían dar un paso más. Si nadie lo impide, deberemos por ley establecer unas pautas de comportamiento que nos acerquen al cuerpo diez, incluida una actividad física adecuada. Hasta el momento, los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Salud de momento promueven con dinero público determinadas actividades que potencian lo que han dado por llamar como actividades de educación para la salud. El programa más ambicioso es el desarrollado por el Ministerio, la Estrategia NAOS recoge las líneas de trabajo principales de la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y prevención de la Obesidad, incluyendo seis convenios firmados con las organizaciones que representan a las industrias de alimentación y distribución.

La razón de estos desvelos es más egoísta de lo que parece. La Sanidad Pública se ha visto sobrepasada hace ya mucho tiempo de forma que determinadas patologías deben ser evitadas en la medida de sus posibilidades y la obesidad teóricamente es controlable. Pero para el político, control quiere decir legislación. Por otra parte, la mitología de la buena comida ha generado ángeles como el aceite de oliva o la dieta mediterránea y demonios como la comida basura o las grasas animales. Las empresas que usan y puede que incluso abusen de las segundas se convierten, como las tabaqueras, en las malas de la película, por mucho que los malos sean los que mal diseñaron y controlan un sistema tan ineficiente como el de la sanidad pública. Y de esos polvos saltamos a estos lodos y en Alemania 2006 disfrutar de una coca cola o una cerveza mientras te comes una hamburguesa, es sobre todo un pecado. Que aproveche.

Sellos y pensiones

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El modelo de negocio de Afinsa y Forum se sustentaba parcialmente en un sistema piramidal que tarde o temprano tenía que hacer aguas. La revalorización de los sellos sólo suponía una parte de los suculentos intereses prometidos por la inversión, así que la diferencia se cubría gracias a la entrada de nuevos clientes que, con sus aportaciones en mano, se incorporaban a la base de la pirámide. De este modo, parte de las nuevas inversiones eran redistribuidas en lugar de ser capitalizadas. Un negocio como este depende de reproducir ad infinitum esa práctica, considerada fraudulenta por la imposibilidad material de cumplir con los compromisos que se adquieren con todos los clientes.

Así, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista prohíbe tajantemente "la venta realizada por el procedimiento llamado «en cadena o piramidal» y cualquier otro análogo, [así como] proponer la obtención de adhesiones o inscripciones con la esperanza de obtener un beneficio económico relacionado con la progresión geométrica del número de personas reclutadas o inscritas".

Lo extraño del caso es que cuando es el estado el que lleva a cabo este timo, la misma gente que se enfurece con la pirámide de Afinsa y Forum, se congratula de los parabienes del sistema fraudulento. De hecho, el gobierno y los agentes sociales acaban de pactar la ampliación del colosal fraude piramidal del sistema de pensiones español y buena parte de la sociedad lo celebra con vítores y cava. Las aportaciones que los trabajadores de nuestro país realizan a la seguridad social no son capitalizadas sino gastadas en las prestaciones de otras personas.

El sistema es inviable a largo plazo y la esperanza de recibir una pensión en el futuro para quien cotiza hoy consiste en que la quiebra llegue después de haber cobrado. Como nadie quiere reconocer públicamente el problema, los políticos, conocedores del fraude que llevan décadas orquestando, tratan de poner parches y retrasar el derrumbe de la pirámide unos años más con ampliaciones del periodo de cotización, retrasos en la edad de jubilación, entradas masivas de inmigrantes y reducciones en la prestación. La diferencia con Afinsa y Forum es que mientras aquellas presuntamente complementaban la revalorización de los sellos con prácticas propias de un sistema piramidal, las pensiones públicas son un fraude piramidal 100% en el que participamos obligados.

Transexuales, seguridad social y libertad

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

"La Comunidad Autónoma de Madrid, financiará antes del final de legislatura las operaciones de cambio de sexo de los transexuales". La noticia no debe extrañar, ni siquiera por el hecho de que se trate de una medida adoptada por una comunidad autónoma gobernada por el partido conservador de la oposición, con una de las figuras más señeras de su sector liberal al frente. Quizás llame la atención el toque de exotismo que inevitablemente tiene el sector al que va dirigida esta "política de progreso" o "nueva implementación de un derecho de ciudadanía", por usar la jerga al uso, pero en la lucha por captar nuevas clientelas electorales, el político juega sus cartas sin que el color de las siglas que representa tenga mayor relevancia.

La política en ejercicio y el liberalismo son realidades antitéticas. Un oxímoron, como afirmar la existencia de un hierro de madera o un socialista inteligente. Y no se trata de una perversión, sino de una simple cuestión de prioridades. Lo importante para un político es conservar el poder, y en un sistema democrático el poder lo dan los votos de las mayorías, no el nivel de racionalidad de las decisiones adoptadas. Para captar mayores capas de votantes, el político necesita ampliar su campo de acción con mayores recursos financieros, pues no hay forma más efectiva de ganar el favor popular que distribuir abundantes subvenciones entre toda clase de kolectivos, lo que exige inevitablemente acotar de forma proporcional la libertad de los individuos y su propiedad privada. A más poder estatal, menor libertad. La ecuación no falla.

Desde que la noticia saltó a las páginas de los periódicos, las reacciones de quienes defendemos algunos principios vinculados a la tradición liberal pecan de excesivo reduccionismo. No se trata de dilucidar si los transexuales, los zoófilos o los informáticos zurdos adictos a los videojuegos tienen derecho a que el estado les transfiera parte de la renta que incauta al resto de ciudadanos, sino de quitar a los políticos el poder de decidir la entrega de nuestro dinero en función de sus cálculos partidistas.

En esta cuestión concreta, lo único sensato desde el punto de vista liberal, es exigir libertad para que cada uno decida si quiere o no seguir vinculado al régimen público de seguridad social; no entrar en debates sobre si este o aquél kolectivo tienen más derecho que otros a fagocitar nuestros bolsillos.

La nota de prensa de la Comunidad de Madrid en este caso concreto lo expresa muy claramente: "Se trata de dar una respuesta a las necesidades de este colectivo". Bien, que den la respuesta que estimen oportuna, pero siempre y cuando nos den la posibilidad de decidir, a nuestra vez, si queremos o no participar voluntariamente en este permanente festival redistributivo. De esta forma, siendo todos y cada uno responsables de nuestra salud, nadie se quejaría de sentirse menospreciado a la hora del reparto de la tarta estatal. Entre otras cosas porque esa "tarta", hoy de dimensiones gigantescas, probablemente quedaría reducida a un bizcochito.

Tras las petroleras, los indígenas

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Tras la máscara de hombre solidario que tanto gusta a Zapatero y a los intervencionistas españoles se esconde un tipo autoritario dispuesto a acabar con la propiedad privada y las libertades individuales de propios y extraños.

La nacionalización de los hidrocarburos que afecta de lleno a la petrolera española Repsol no es sino una de las aplicaciones prácticas de su programa basado en el desprecio por la propiedad privada. Evo ha empezado por el petróleo y el gas porque es la única riqueza que puedes expropiar sin que al día siguiente la riqueza se evapore. Aún así necesitará aliados estratégicos que le ayuden a encontrar nuevas reservas y a mantener la industria del petróleo al día en las innovaciones técnicas que se vayan produciendo en el mundo.

Morales, el indigenista, ha dañado a unas cuantas empresas petroleras –quizá eso le ayude a sentirse a gusto– pero mucho mayor ha sido el perjuicio que ha infligido a su pueblo. La credibilidad de Bolivia como emplazamiento para nuevas inversiones internacionales se ha hundido y eso ya no hay quien lo reflote hasta que no le hagan abandonar el poder. Sin duda podrá encontrar la ayuda de algunos artistas, de algún empresario crecido a la sobra de subvenciones y privilegios, o de algún político rojo. Zapatero podría volverle a echar una mano y buscarle empresas colaboracionistas. ¿Por qué no? Si ya has traicionado tu deber de defender con uñas y dientes la propiedad de las empresas españolas ¿qué te impide ahora seguir colaborando con el déspota? Pero lo cierto es que las grandes empresas huyen como la peste de los expropiadores y eso no lo arregla ni ZP.

Morales, el de los jerseys de colorines, está imponiendo un futuro bien oscuro a su pueblo y los indígenas serán quienes más lo sufran. Las comunidades indígenas de Bolivia llevan miles de años siguiendo unas tradiciones sociales respetuosas con la propiedad privada. Muchas de sus prácticas son comunales y tienen sistemas de mutuas que permiten dar asistencia a quienes puedan encontrarse en situaciones de emergencia. Mantienen una complicada estructura privada de la propiedad ligada al mérito social y tienen un sistema judicial distinto del estatal. Todo indígena es libre de salir de estos "clubes" ancestrales y probar suerte como campesino privado. Sin embargo, Morales está empeñado en que el estado se inmiscuya en unas instituciones que llevan muchos siglos evolucionando en libertad. Quiere que el estado emita títulos de propiedad de sus tierras, que las normas de las comunidades queden reguladas, que los participantes queden registrados y que el sistema judicial sea armonizado con el del estado. En definitiva, quiere lo mismo que para las empresas petroleras: que el estado se meta hasta la cocina de estas comunidades libres y las gobierne. Queda por saber si los grupos indigenistas occidentales alabarán estas agresiones o si se emborracharán de socialismo estatalizante.

Galbraith y el enfermo imaginario

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de ellas es la idea de que nuestras necesidades no nos pertenecen ni tienen nada que ver con nosotros, sino que nos vienen impuestas desde fuera. En concreto desde la publicidad, de la que se valen las malvadas empresas para crearnos el deseo de entregarles nuestro dinero a cambio de cosas que, en realidad, ni queremos ni necesitamos. La publicidad farmacéutica, dicen, nos convierte en enfermos imaginarios. Esta es una idea muy típica de los ungidos, ellos se saben más listos que nadie y ven lo tonta y desvalida que es la plebe, a la que quieren rescatar de las garras de los desaprensivos.

Este engaño ha sido repetido recientemente, llevado al campo de la farmacopea. Resulta, dicen los autores de un artículo, que las empresas hacen que “las dolencias falsas convierten a las personas sanas en enfermas y exageran problemas leves con el fin de aumentar las ganancias”. ¿Crea la publicidad necesidades falsas? ¿Somos el común de los mortales unas veletas a merced de las decisiones de las empresas de que les entreguemos nuestro dinero, sin que lleguemos a saber decidir sobre cuáles son en realidad nuestras necesidades? ¿Sólo los ungidos pueden escapar como Houdinis a la tiranía de los anuncios, e incluso denunciar ante nuestra conciencia torturada la trampa de que somos objeto?

La casualidad ha querido que la reedición de esta idea haya coincidido con la muerte del economista que más se ha identificado con ella el pasado siglo, John Kenneth Galbraith. Para él, las necesidades básicas tiempo ha que están cubiertas en nuestras sociedades opulentas, y el resto de necesidades son el fruto de la aparición de nuevos productos inventados por la industria, y de la publicidad como medio para condicionar nuestro comportamiento. Hayek dejó esta idea en la nada, y pocos son ya quienes la toman en serio. Es verdad que nos cueste desear lo que no conocemos y que el hecho de vivir en una sociedad concreta, con un desarrollo específico de la tecnología y una oferta determinada de bienes nos ayuda a elegir. El Cid nunca deseó perseguir sarracenos en coche y hay infinidad de bienes que nosotros no deseamos por el simple hecho de que aún no los hemos concebido o no los creemos posibles, pero que estarán en el mercado en el futuro. El hecho de que con la civilización vaya aumentando el número de opciones a nuestro servicio no hace de cada una de ellas algo falso, pregúnteselo a quien va a un comercio a comprar una lavadora si la necesita o se está dejando llevar por un espejismo.

Los empresarios toman por principal tarea dar con la mejor forma de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Algunos de ellos dan con ese producto que nadie antes ha concebido, pero que le es de gran utilidad a una porción significativa de la sociedad. El hecho de que no se le haya ocurrido a cada uno de los nuevos compradores no quiere decir que la necesidad de ese producto sea falsa. Es, simplemente, que alguien dio con ese nuevo bien, que es conveniente para los consumidores, como demuestran dejando dinero en la caja para poder llevárselo, antes que los demás. Pero como las necesidades futuras o latentes en la sociedad no son fáciles de conocer, no es de extrañar que sean innumerables los productos, incluso ampliamente anunciados, que desaparecen de los mercados sencillamente porque la gente no los quiere. A ver si eso de que la gente tiene necesidades falsas impuestas por la publicidad va a ser falso, después de todo.

La publicidad es una forma de comunicación de las empresas con el ciudadano que no solo es perfectamente legítima (los socialistas siempre intentando coartar la libertad de expresión), sino que es útil, porque sirve para dar a conocer al consumidor que tiene nuevas opciones entre las que elegir. Robarle este conocimiento, como hace la Directiva 2001/83/CE que permite “prohibir en su territorio la publicidad al público general sobre productos médicos, cuyo coste pueda ser reembolsado”, o sea, pagado por el Estado, empobrece a la sociedad y le resta capacidad de decisión, con consecuencias muy graves de economía y salud pública, como muestra un futuro informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana.

Quién provoca enfermedades

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

No puedo estar más de acuerdo con la primera parte, pero la conclusión de Henry es parcial, interesada y totalmente antisocial. El economista y filósofo Hans-Hermann Hoppe también ha apuntado similares reflexiones pero teniendo en mente el sistema de Seguridad Social. Para Hoppe los subsidios de enfermedad, discapacidad… generan más enfermedades y dolencias desanimando el trabajo, esfuerzo individual y la solidaridad para generar una sociedad hedonista que sólo aspira a vivir de los demás.

¿Pero tiene razón Hoppe? Uno de los ministros de economía del gobierno de Felipe González afirmó algo similar: el nivel de enfermos y discapacitados en España sólo pueden ser creíbles después de un desastre natural o guerra civil. Sin duda es una exageración, pero no le faltaba parte de razón. Los países con mayores niveles de protección médica estatal tienen mayor número de enfermos y discapacitados. Por ejemplo, según el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en España hay aproximadamente un 10% de personas con algún tipo de discapacidad, mientras que en países con gobiernos más agobiantes, como Finlandia, la cifra aumenta al 23% de la población. Expresado de otra forma, de diez finlandeses, dos tienen alguna discapacidad. No es muy creíble. ¿También es culpa del marketing de las farmacéuticas? Si el estado subvenciona las enfermedades es inevitable que estadísticamente haya más enfermos.

Lo que está afirmando Henry es que todos somos idiotas menos él, por eso sucumbimos ante las farmacéuticas perdiendo nuestra personalidad y gustos comprando todo lo que se nos anuncia. Pero todas las transacciones comerciales son voluntarias. Usted compra si quiere, y por actuar de esta forma nadie tiene ningún derecho moral a llamarle estúpido como hace Henry con la intención, además, de convertirse por este camino en el amo y señor de nuestra libertad a costa de nuestro dinero. La afirmación de Henry, apuntada al principio de este artículo, es totalmente cierta, pero sólo si hace referencia a un sistema sanitario intervencionista y totalitario como el europeo. En el mundo real cada uno sabe mejor que nadie qué es bueno para él sin necesidad que nos lo imponga un tecnócrata desde un despacho.

Ante esta actitud absolutista, algunas organizaciones ya se han lanzado a la defensa del consumidor. El Instituto Juan de Mariana lanzará en breve un informe sobre la libertad de información de los medicamentos. Cuando lea el informe le va a sorprender lo que los gobernantes pretenden hacer con nuestras vidas y libertad.

Si lo que realmente queremos es hacer desaparecer las falsas enfermedades tendremos que revisar y pensar seriamente en eliminar, no la publicidad de unas empresas farmacéuticas cuyos productos usted compra si quiere, sino el intervencionismo de estado que genera una mentalidad irresponsable y de sálvese quien pueda, donde el premiado vive a expensas del trabajo de otros aun estando perfectamente sano.

El Medicamentazo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Otro buen ejemplo es la “Ley del Medicamento” promovida por el gobierno socialista, aprobada el pasado jueves en el Congreso y pendiente de ser tramitada en el Senado. Esta ley amenaza con estrangular buena parte de la inversión en I+D del sector más intensivo en este campo y que es responsable de cerca del 20% del total de la investigación realizada por la industria española.

El gobierno dice ser consciente del problema de nuestra baja inversión en investigación y desarrollo, situada en torno al 1% del PIB, y afirma tener un plan para elevar esa cifra hasta el 2% en el que se sitúa la media comunitaria. Sin embargo, la ley recoge, confirma y refuerza la alta traición de los parlamentarios europeos contra los ciudadanos aboliendo el derecho de información y publicidad al paciente por parte de las empresas que crean o comercializan las medicinas. Esta medida contraria a toda carta de derechos en occidente y a cualquier principio ético no sólo tiene importantes consecuencias perversas sobre la salud pública sino que además daña la inversión en Investigación y Desarrollo al alargar artificialmente los plazos de recuperación de la inversión y ralentizar la llegada de nuevos fármacos al mercado.

La rebaja forzosa de precios en el marco del sistema de control de precios impuesto unido al nuevo descuento automático cuando los fármacos cumplan 10 años desde su incorporación al sistema público de salud, son una vuelta de tuerca más en el intento de compensar el desastre financiero de la seguridad social con el estrujamiento de los márgenes de beneficios de este innovador sector. Por si todo esto no fuera suficiente para espantar a todo inversor en innovación, la nueva ley fija un nuevo impuesto (“aportación” según la eufemística intervencionista) sobre el volumen total de las ventas realizadas a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud. Una nueva ocurrencia que anima sobremanera a deslocalizar la investigación y llevarla a países donde esta actividad es más querida y respetada.

Todas estas tropelías se ponen en marcha a sabiendas de sus efectos perniciosos sobre la investigación, la salud pública y la cartera del ciudadano. ¿Aparecerá en el Senado algún político que denuncie tanta hipocresía? Por la salud de nuestra sociedad, confiemos en que así sea.

La corrupción es la norma

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

Los escándalos de corrupción, que a menudo salpican las primeras páginas de los periódicos, tienen la virtud de hacer cada vez más difícil a los políticos y a sus medios de comunicación afines sostener la ficción de que se trata de asuntos excepcionales dentro de unas coordenadas de comportamiento generalmente correctas. Sin embargo, cuando el sistema se sostiene en cimientos ya podridos, lo raro no es que alguien maneje sus engranajes en beneficio propio, sino que haya alguien con capacidad decisoria que no lo haga.

El sistema de pensiones de la seguridad social es un fraude por sí mismo, más allá de que la implicación de alguna representante del petardeo televisivo en un caso puntual le otorgue a éste una relevancia especial. El método de reparto en el que se basa el procedimiento de asignación de pensiones, como es bien sabido, no difiere gran cosa de la conocida estafa piramidal, en virtud de la cual muchos pagan a unos pocos con la esperanza de llegar un día a la cúspide de la figura y empezar a recibir ingresos, aunque lo más normal es que a mitad del proceso todo el montaje se vaya abajo y la mayoría no se convierta nunca en perceptora neta. De hecho, la seguridad social pública ya hubiera implosionado en los estados del bienestar si no fuera por las ingentes inyecciones económicas de los distintos gobiernos.

El penúltimo escándalo, al que nos referíamos, tiene que ver con la supuesta concesión de pensiones de invalidez fraudulentas, algo que sólo puede ocurrir bajo el actual método de reparto, pues si se implantara el sistema de capitalización, de forma que cada individuo se hiciera responsable a través de depósitos mensuales de su pensión futura, nadie podría “robar” a otro su capital mediante partes de baja ficticios como ocurre actualmente.

La prohibición de construir viviendas u otros edificios sin la oportuna licencia expedida por el órgano político correspondiente, es también otro ejemplo de corrupción sí mismo. La maldad intrínseca de este sistema consiste en que no existe seguridad jurídica sobre qué o qué no se puede hacer en un determinado terreno hasta que un político municipal da su visto bueno. Los que piensan de buena fe que es la mejor manera de garantizar un crecimiento urbanístico adecuado, no deben luego escandalizarse de que ocurran escándalos como el de Marbella, pues todo el hormigón construido ha contado con todos los premisos urbanísticos, tanto municipales como de la Junta de Andalucía.

La mejor forma de luchar contra la corrupción no es crear “observatorios” ni fiscalías ad hoc, sino quitar a los políticos la capacidad decisoria sobre asuntos en los que se generan ingentes cantidades de dinero que pertenecen a todos los que pagamos impuestos.