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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

Cuando la publicidad salva vidas

Buena parte de la respuesta ya la adelantamos la semana pasada. Según legisla la directiva 2001/83/CE, la publicidad de medicamentos está prohibida en la UE para aquellos que se expenden con receta, así como para los fármacos que los estados reembolsan total o parcialmente. El argumento que esgrime el poder político para mantener tal prohibición es el de proteger al paciente de la publicidad engañosa en que pudieran incurrir las compañías farmacéuticas.

No es de extrañar que los ciudadanos traguen con la prohibición de la publicidad de los medicamentos, pese a sus devastadores efectos: por ejemplo, que las personas no lleguen nunca a conocer la utilidad de un fármaco y, por tanto, no lo empleen para su propio bien, o que se queden en el camino numerosas innovaciones tecnológicas, o que los pacientes deban soportar precios más altos y menos competencia en el mercado, todo lo cual acaba costando múltiples vidas. A fin de cuentas, lo de la publicidad engañosa, cuyos conflictos ya se ocupa de dirimir la justicia, es casi lo único que llega a sus oídos, y presumen que las medidas políticas de nuestros representantes están tomadas con la mejor de las intenciones. Pero, cierto es, hay amores que matan.

La publicidad, definida como el establecimiento de "una comunicación impersonal y orientada al público sobre un producto u organización", es en realidad sólo una de las partes que integran toda la política de comunicación que desarrolla una compañía para proporcionar información valiosa a sus clientes, empleados o accionistas.

Ahora bien, imaginémonos un mundo sin publicidad, sin medios de comunicación, sin manera de informar sobre las cualidades que atesora un bien o una idea. La calidad de vida de los ciudadanos se vería menoscabada: sin transportes, sin internet, sin los ordenadores, sin agua corriente, sin luz, sin tantas cosas. Desconoceríamos la existencia de bienes útiles, a la par que dejarían de producirse bienes innovadores, al no compensar la inversión en algo que no llega a casi nadie.

Aparte de a la acción de los políticos, buena parte de la mala prensa de la publicidad es atribuible a un buen número de intelectuales, cuyas reflexiones se ofrecen con unos niveles de toxicidad extremadamente peligrosos para los humanos. No deja de ser irónico que ellos, que emplean como herramienta de trabajo el teclado, la palabra, echen pestes contra la publicidad.

¿Quién, si no ellos, debería defender la libertad de información? Ellos mismos se venden continuamente, en televisión, radio, prensa, saraos, exposiciones, presentaciones… Ellos, como marca y producto a la vez, ¿no son conscientes de que, si la gente no supiera quién escribe los libros, y de qué tratan, no venderían un solo libro? Quizá saben muy bien qué es la publicidad engañosa. Piensa el ladrón que todos son de su condición…

La opinión del economista neokeynesiano John Kenneth Galbraith sobre la publicidad es ampliamente conocida por publicitada. Paradójicamente, le revuelve las entrañas. Así, afirma en un reciente libro que "la creencia en una economía de mercado en la que el consumidor es soberano es uno de los mayores fraudes de nuestra época". "La verdad es que nadie [ni siquiera él, añadimos nosotros] intenta vender nada sin procurar también dirigir y controlar su respuesta".

Yendo un poco más allá de sus palabras, sacaríamos la conclusión de que el concepto que tiene de sus congéneres es muy bajo; les atribuye un nivel intelectual insignificante frente al suyo propio, que, como bien se sabe, es abracadabrante. La gente es tonta, ilusa e incapaz de elegir bien; "elegir bien" consiste en elegir lo que diga John Kenneth Galbraith.

Ludwig von Mises, quizás el autor más conocido de la Escuela Austríaca de Economía junto con Friedrich A. Hayek, desarrollaría un planteamiento totalmente opuesto. Así, rescataría el término, acuñado por W. H. Hutt, "soberanía del consumidor" para mostrar cómo se toman las decisiones de producción en una sociedad con recursos escasos. Mientras los autores socialistas consideran que la burguesía domina y dirige las decisiones de los demás individuos, Mises afirma:

"Los capitalistas o empresarios llevan el timón del barco, pero son los consumidores los que les dan las órdenes, los que capitanean el navío. Ellos son los verdaderos jefes. A través de su poder de compra o su abstención, deciden hacia dónde se dirige el capital. Determinan qué debería ser producido, y en qué cantidad y calidad. Ellos convierten a hombres pobres en ricos y a hombres ricos en pobres. No son jefes fáciles, son impredecibles, llenos de caprichos. No les importan los méritos pasados. En cuanto algo en el mercado les gusta más o es más económico, abandonan a sus anteriores proveedores".

Los críticos de la publicidad muestran, además, una enorme estrechez de miras al presumir que la única finalidad de aquélla es promocionar un bien a un público objetivo para que éste lo compre. Las implicaciones de la publicidad van mucho más allá. Afectan de lleno a todo el proceso industrial, desde el lanzamiento de innovaciones a la rentabilidad de una línea de producción.

La industria farmacéutica vuelve a ofrecernos ejemplos muy clarificadores de los efectos demoledores de las trabas a la publicidad. El precio final de un medicamento depende del periodo que se necesita para recuperar la inversión realizada en todo el ciclo de vida del producto: la fase de investigación y autorización, el lanzamiento del producto y lo que éste perdure en el mercado.

La propia naturaleza del sector farmacéutico provoca que, necesariamente, estos procesos tiendan a extenderse. Si a la larga fase de investigación y desarrollo y a la fuerte burocracia que implica su aprobación se une el hecho de que se está impidiendo dar a conocer al público un producto en el momento de su salida al mercado, los consumidores estarán ciegos a su existencia y finalidad y las remesas del mismo acumularán polvo en los estantes de las farmacias.

Cada año, cada mes, cada día que pasa engordan los costes financieros (los intereses) que soporta la compañía. Se hace necesario elevar los precios para atender estas cargas. Como no todos los fármacos son igualmente vendibles cuando se eleva su precio, aquellos que no alcancen una cuota de mercado suficiente simplemente no llegarán a desarrollarse. Los recursos que podrían utilizarse para paliar males o salvar nuevas vidas se acaban empleando en cualquier otra actividad menos intervenida y en la que ni la publicidad ni la rentabilidad sean miradas con recelo.

Es precisamente donde no existe publicidad donde decrece la competencia y aumentan los precios. Sin publicidad, la guía de consumo de los individuos reside en la experiencia propia o en la de los más allegados. Este escenario refuerza la posición dominante de las empresas ya establecidas frente a nuevos proyectos. Las primeras tienen mayor asentamiento y notoriedad en el mercado y disponen de un colchón financiero mayor para realizar nuevos proyectos de inversión y, en su caso, aguantar con los beneficios de otros productos ya maduros en el mercado. En cambio, las empresas nacientes, sin valerse de la publicidad, se verán abocadas al fracaso, entre otras razones, por la eternización de los plazos de retorno de la inversión o porque habrán de fijar precios menos competitivos.

Así, la prohibición de la información y la publicidad de los medicamentos no sólo tiene graves consecuencias sobre la salud pública en el presente, sino que causa un perjuicio irreparable sobre la calidad de los medicamentos con que podremos contar en el futuro.

Enfermos a oscuras

En medios de comunicación masivos o en boca de los políticos, no escuchamos muy a menudo argumentaciones en favor del derecho a podernos informar libremente sobre asuntos tan personales e íntimos como nuestra propia salud. De hecho, son desconocidos por la gran mayoría de la población los términos en que esta prohibición es efectiva. El mal nombre que popularmente se le atribuye a la publicidad o el peligro de colapso de los sistemas nacionales de salud –y las críticas a éstos que pueden emerger– seguramente sean dos motivos poderosos que impidan que este tema se incluya en las "agendas políticas".

La directiva europea 2001/83/CE, de 6 de noviembre de 2001, "establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano". Si analizamos los términos en que se prohíbe la publicidad de los fármacos en la exposición de motivos de esta directiva, observaremos que el objetivo que se esgrime es que "la publicidad destinada al público de aquellos medicamentos que pueden ser dispensados sin prescripción médica podría afectar a la salud pública, si dicha publicidad fuese excesiva e imprudente". Pero la realidad es muy distinta si nos adentramos en las entrañas de lo que dicha directiva legisla respecto de la publicidad directa al paciente.

El artículo 88 estipula que los Estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de medicamentos que estén sujetos a receta médica, contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes o no estén concebidos para su utilización sin la intervención de un médico. Asimismo, "los Estados miembros podrán prohibir en su territorio la publicidad destinada al público de los medicamentos reembolsables".

Es decir, todos aquellos medicamentos que se prescriben mediante una receta médica, los cuales son mayoritariamente sufragados por el Estado, no pueden recibir ninguna publicidad. Por el contrario, si los paga enteramente el consumidor y no precisan de prescripción médica, sí pueden ser promocionados. Extraña forma de dividir entre el bien y el mal.

El próximo mes de abril, el Instituto Juan de Mariana sacará a la luz un revelador informe de carácter multidisciplinar sobre los estragos jurídicos, éticos, económicos (publicidad, I+D) y de salud pública que está suponiendo la prohibición de información directa al paciente y de la publicidad de medicamentos por parte de las empresas farmacéuticas. Su título es En defensa del derecho de información al paciente. Los efectos positivos de la libertad de información en el campo de los medicamentos.

En dicho informe se repasa a modo ilustrativo el caso de la osteoporosis en España. Esta patología aqueja principalmente a las mujeres: en España la padece una de cada tres mujeres de más de 50 años. Este porcentaje se eleva al 52% en el caso de las mujeres de más de 70 años.

La enfermedad afecta a 3 millones de personas en España, de las que 2,5 millones son mujeres. De entre todos los pacientes, sólo el 18% están diagnosticados. A la osteoporosis se le ha dado en llamar la "epidemia silenciosa" (Revista Española de Economía de la Salud, ‘Prevención de osteoporosis: El coste de la desinformación del paciente’, Jorge Álvarez, nov.-dic. 2002) por la falta de prevención y los diagnósticos inapropiados. Buena parte de la culpa de la acuñación de este "apodo" la tiene la falta de información a los ciudadanos, lo cual se traduce en graves lesiones óseas, así como en un incremento de costes por hospitalizaciones, además de otros costes indirectos.

De los 2,5 millones de mujeres que padecen esta enfermedad, el 10% recibe algún tipo tratamiento, según fuentes de Fhoemo (Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas). En España, a pesar del esfuerzo de "concienciación" (dieta rica en calcio y vitamina D, no fumar, realizar ejercicio, moderar el consumo de alcohol, etcétera), una de las mayores debilidades en el tratamiento sigue siendo el diagnóstico.

Las autoridades nacionales y comunitarias están limitando que las compañías farmacéuticas anuncien e informen sobre los logros de medicamentos innovadores en el tratamiento de la osteoporosis. Las medidas preventivas son extremadamente efectivas para frenar el progreso de esta enfermedad. Los fármacos que se emplean con mayor frecuencia para combatirla consiguen detener la reabsorción ósea y evitar la pérdida del mineral. Son los llamados "inhibidores de la reabsorción", entre los que se encuentran los biosfonatos, los estrógenos o las calcitoninas. Estos tratamientos se complementan con refuerzos como la vitamina D o el calcio. Sin embargo, no regeneran la pérdida ósea sufrida hasta el momento en que se trata la dolencia, sino que frenan el proceso de destrucción a partir de ese punto. Otros tratamientos más novedosos se realizan a través del PTH (hormona paratifoidea), que sí estimulan la absorción de calcio por el hueso, aunque presentan contraindicaciones.

Como se indica en el informe, el argumento de información "sesgada" no puede servir de coartada para que las autoridades europeas prohíban la información directa al paciente. En ningún caso, el papel de los legisladores ha de mezclarse con el de los jueces. Entre las facultades del Ministerio Fiscal está siempre el promover la acción de la justicia cuando se considere que la información transmitida falta a la verdad.

Y es que en todo caso, lo que en la actualidad están impidiendo los legisladores europeos no es la publicidad engañosa (algo que de todos modos ya está prohibido por todas las legislaciones), sino toda publicidad y, lo que es aún más grave, cualquier forma de información ofrecida al paciente por parte de los fabricantes de medicamentos. ¿Es que un diabético estaría en mejores condiciones de salud si no tuviera constancia de que para mitigar su padecimiento existe una sustancia como la insulina, con la que puede controlar los niveles de azúcar en la sangre?

Parlamento Europeo.En noviembre de 2001 la Comisión Europea presentó una revisión de la citada legislación, entre cuyos puntos se propuso, "a título experimental, ampliar las posibilidades de información sobre los medicamentos dispensados con receta médica a tres clases de medicamentos (para el tratamiento del sida, el asma y la diabetes), retirando así parcialmente la prohibición de que la industria farmacéutica se comunique directamente con los consumidores. Este tipo de información se someterá a los principios de buenas prácticas que deberá adoptar la Comisión y a la elaboración de un código de buena conducta por parte de la industria". A pesar del interés mostrado por la Comisión y de las restricciones que se expresan en el propio texto, un año después el Parlamento Europeo rechazaría de plano esta propuesta, exigiendo "una prohibición total de la publicidad directa a los consumidores" para medicamentos con receta.

En la era de la información, las mujeres que padecen osteoporosis, osteopenia o están cercanas a la menopausia deberían poder conocer los riesgos a los que se enfrentan y las distintas alternativas de tratamiento que pueden emplear. Como se afirma en el informe, la información no debe ser un peligro para nadie. Desde luego, el paciente, como adulto responsable, se beneficia de ello sobradamente. Las compañías farmacéuticas, también; aunque nadie les evitaría tener que enfrentarse a las rigurosas pruebas clínicas y procesos de comercialización ya existentes, a la competencia que existe en el mercado e, incluso, al peso de la ley, si llegara el caso.

Algunos críticos consideran que la relación paciente-médico puede verse afectada. Atesorar mayor conocimiento sobre la enfermedad que un paciente padece, a más de ser un legítimo derecho, no tiene que minar ninguna relación si esto le permite exponer a su especialista, que es y seguirá siendo la figura más relevante en el tratamiento de una dolencia, sus dudas y discutir las distintas alternativas que puedan existir.

Pero, en tiempos de microprocesadores de silicio y banda ancha creciendo a raudales, siempre se puede recurrir a internet. Si alguien desea conocer cómo prevenir la osteoporosis o cualquier otra enfermedad, podrá hacer una búsqueda en la Red. Desgraciadamente, las personas mayores no son las que están más a la vanguardia en este tipo de tecnología. Tampoco se encuentran entre las que tienen mayor dominio del inglés. Debido a que en EEUU y en Nueva Zelanda existe libertad de información en relación con los medicamentos, la práctica totalidad de los datos relacionados con enfermedades y tratamientos puede encontrarse en este idioma. Al no poder los gobiernos cerrar las puertas de la red, siempre existirá este soplo de aire fresco.

Sin embargo, ésta dista de ser, con mucho, la solución más óptima a la carencia de información. Y no ya sólo porque, como decimos, esta desinformación sólo se resuelve, vía internet, para un porcentaje de la población limitado, sino por las menores garantías de veracidad que encontramos en este medio, en comparación con la información que pueda dispensar la empresa productora –la cual se juega su prestigio y su supervivencia– a través del medio de comunicación que estime oportuno.

Insólitamente, se produce un fenómeno de información asimétrica entre los distintos oferentes de servicios de tratamientos de salud. A una empresa farmacéutica no se le permite ofrecer publicidad de un medicamento que ayuda a reforzar el tejido óseo; sin embargo, un herbolario sí puede promocionar unas píldoras de soja que proporcionan la dosis adecuada de calcio diaria, o una compañía de lácteos hará lo propio con unos yogures. No es de extrañar que los herbolarios hayan proliferado y crecido en España de forma exponencial. Sin ánimo de descalificar ninguna actividad comercial, resulta difícil de entender por qué algunos disponen del derecho a informar y a ofrecer publicidad sobre cómo paliar una determinada dolencia y otros no.

Si analizamos las legislaciones nacionales y los tratados internacionales, descubriremos que el derecho básico más laureado en medios de comunicación y ambientes políticos está siendo vulnerado sin piedad. La Carta Magna de 1978 contempla en un mismo artículo el doble derecho a ofrecer (compañías farmacéuticas) y a recibir (pacientes) información:

"Se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" (art. 20 1.d).

Este derecho a la libertad de información es también recogido por un innumerable corpus legal internacional, tomando relevancia en el mundo contemporáneo tras la aprobación del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948:

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Las compañías farmacéuticas, ante la imposibilidad de ofrecer ninguna clase de información, están abogando por la diferenciación entre publicidad directa al consumidor (DTCA: direct to consumer advertising) y la información directa al paciente (DTPI: direct to patient information) y solicitando poder facilitar al menos esta última. Su propósito es, cuando menos, poder proporcionar a sus compradores y clientes potenciales información relativa a los tratamientos que reciben.

La vulneración del derecho a emitir información libremente es tan evidente que incluso se les niega el derecho a responder a calumnias vertidas sobre un determinado fármaco, ya que estarían incumpliendo la directiva 2001/83/CE.

En resumidas cuentas, la libertad de información al paciente –así como la toma responsable de decisiones que ésta posibilita– haría mucho más por mujeres, hombres, jóvenes o ancianos que muchas de las medidas políticas que pretenden coactivamente alterar el orden de las cosas. La ciudadanía debe ser consciente de que, mientras los políticos mantengan a nuestros enfermos a oscuras, estarán fomentando innumerables dramas familiares.

La devolución de la libertad de información es la única solución decorosa al callejón sin salida en el que una generación de dirigentes irresponsables ha metido a todos los pacientes.

Células colectivizadas

Se ha sabido que la familia real española ha enviado células del cordón umbilical de su primera hija a una empresa privada estadounidense. Un portavoz de la Organización Nacional de Trasplantes, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha afirmado: “cada persona es libre de hacer lo que quiera, pero la ONT advierte que usar un sistema privado no garantiza la confidencialidad. No hay ninguna garantía. Una prueba de ello es la filtración que se ha producido, y que nunca hubiera ocurrido en un sistema público”. Parece que esta práctica deja información genética sensible en manos privadas; aunque estos bancos privados garantizan contractualmente a sus clientes que el ADN de esas células no se descifra ni se manipula (las células pasan a ser directamente congeladas hasta su futura utilización), las autoridades públicas alertan de que no hay forma de saber cómo se gestiona la confidencialidad de esta información genética.

Este portavoz es un necio, un alarmista, y un desvergonzado: pretende que los ciudadanos españoles somos libres de hacer lo que queramos, o sea que vivimos en la sociedad liberal perfecta, sin regulaciones ni leyes coactivas absurdas en todos los ámbitos de la existencia (no podemos, por ejemplo, vender nuestros órganos o nuestra sangre); nos advierte contra las empresas privadas, que no roban a nadie ni se imponen por la fuerza pero que al parecer no ofrecen ninguna garantía (ninguna, inexistente, no pocas o insuficientes sino cero) y podrían incumplir lo pactado contractualmente (y así advertir de su incompetencia a los futuros clientes potenciales) porque los fisgones estatales no las controlan exhaustivamente; y alaba el sistema público del cual forma parte (¿conflicto de intereses?), donde milagrosamente hay garantías absolutas (no nos explica cuáles son ni cómo se consiguen, tal vez algún periodista podría conseguir un soplo por una filtración gubernamental, pero eso no sucede nunca en la realidad). Confunde la filtración sucedida de que alguien famoso usa ese servicio (que no tiene por qué ser un fallo de la empresa receptora) con la temida difusión de la información genética de cualquier ciudadano corriente.

La Organización Nacional de Trasplantes se ha opuesto sistemáticamente a los bancos privados que han intentado instalarse recientemente en España (porque son privados), abogando por la donación altruista de sangre de cordón umbilical a los bancos públicos del Registro de Donantes de Médula Ósea, que asiste de forma “desinteresada” a enfermos de todo el mundo (no es que sus empleados trabajen gratis por amor al prójimo sino que sus sueldos proceden del reparto del botín fiscal). Su principal responsable, el doctor Rafael Matesanz, se opone a los bancos privados por la quiebra del principio de altruismo que caracteriza a nuestro “modélico” sistema nacional de trasplantes y la ausencia de evidencias sólidas sobre el potencial médico de estas células.

El modelo ideal propuesto es claramente colectivista y burocrático: la utilización de las células de cordón umbilical para uso exclusivo del donante o sus familiares es inaceptable, ya que esta práctica resulta contraria al principio de libre disponibilidad (por el médico, claro, no por el ciudadano) y universalidad (también para aquellos que no contribuyan o no paguen). El ánimo de lucro es abominable: la donación de células debe realizarse sin buscar un beneficio de personas concretas y de forma voluntaria (al menos no las roban directamente, pero todo llegará, piense que ahora al morirse usted es donante a no ser que se haya opuesto explícitamente), altruista (amando a todos en abstracto pero sin dedicación especial a nadie en particular) y desinteresada (¿ni siquiera el interés de ayudar a la humanidad?).

Tal vez estas células no tengan potencial médico (o sí, nunca se sabe), pero el amante funcionario quiere evitar que malgastes recursos y te prohíbe que te esfuerces por la salud de tus hijos personalmente: mejor dale una buena parte de tu dinero y de tu libertad y él se ocupará del bienestar de todos; no hay razón para desconfiar, está todo garantizado, porque el sistema es público y estatal.

El Frankenstein de los políticos europeos

Aún así, todavía les queda mucho por entender. El informe se limita a realizar una proyección de la población en edad de trabajar, la población activa y el número de jubilados para cada país de la Unión para poder calcular cuál será el gasto en pensiones de cada estado a medio plazo y extraer conclusiones. Mediante este sencillo ejercicio han visto que entre 2004 y 2050 la población en edad de trabajar se verá reducida en torno al 16 por ciento y que los jubilados aumentarán un 77 por ciento. En consecuencia el gasto en pensiones en el conjunto de la UE aumentará en un 4 por ciento del PIB. En nuestro país, ese incremento del gasto público necesario para mantener el sistema público de pensiones sería de 7,1 puntos del PIB en 2050. Estos datos les han hecho cuestionarse seriamente la sostenibilidad financiera de estos sistemas.

Sin embargo, los autores del informe no dan una cuando intentan identificar el origen del problema. El estudio se refiere en todo momento al “problema del envejecimiento” como el responsable último del desaguisado. Y esto, queridos políticos, es no haberse enterado de la misa la mitad. El problema no consiste en que la gente decida libremente tener menos hijos. Sin duda alguna, también considerarían un grave problema (medioambiental) que la gente decidiera tener más hijos. La causa del caos tampoco es que la esperanza de vida aumente. De hecho, la perversión del sistema estatal de pensiones queda reflejado en esta contradicción: la libre decisión del número de hijos o la mejora de la esperanza de vida suponen un problema mortal para un sistema supuestamente pensado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¡Qué vergüenza!

El problema es mucho más sencillo. El sistema de pensiones estatal es un fraude basado en un modelo de venta piramidal y coactivo prohibido en España por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Es en ese modelo dónde la libertad de los padres y el incremento de la esperanza de vida son un peligro. En un sistema privado de capitalización una mayor libertad y una vida mejor y más larga son una bendición. La mayoría de los individuos no parece darse cuenta del problema porque la educación pública ha logrado neutralizar tantas mentes que muchos piensan que, lo que es un fraude con múltiples complicaciones en las relaciones privadas, deja de serlo si es el estado quien lo organiza. Así que antes de privatizar las pensiones y pasar a un sano sistema de capitalización no estaría mal quitar la educación pública de las zarpas del estado. A lo mejor entonces hasta los políticos se dan cuenta cómo crearon este Frankenstein y cómo eliminarlo.

El Estado contra los narcolépticos

La narcolepsia es, después del insomnio, la principal dolencia de alteración del sueño. Quienes lo padecen tienen sueño todo el día y pueden caer dormidos sin poder evitarlo en cualquier momento, lo que es comprensible que les dificulte llevar una vida normal. Existen varios medicamentos que alivian los síntomas de esta afección, pero no existe cura definitiva ni hay ninguno que sirva para todos los pacientes.

La asociación de consumidores de Ralph Nader ha logrado que la FDA prohíba la comercialización de uno de esos medicamentos, la pemolina, que ya estaba prohibida en, por ejemplo, Canadá y Gran Bretaña debido a que puede provocar daños al hígado. Pese a ser empleada cada vez menos, es el único fármaco que funcionaba en algunos casos de narcolepsia. Uno de ellos, en concreto, ha recibido cierto eco en la blogosfera estadounidense, por pertenecer la afectada a un matrimonio de bloggers que además edita libros de ciencia ficción, algo que suele provocar la simpatía de los frikis que escribimos y leemos blogs. Su médico le recetó pemolina tras probar sin éxito otras alternativas, informándola de los riesgos para su hígado y vigilando los posibles daños. En definitiva, una decisión informada, libre y responsable, que el Estado ahora ha prohibido.

Algunos han tratado con cierta ironía, puesto que el matrimonio es de ideas políticas más bien izquierdistas, típicamente neoyorquino. Sus comentaristas tienden a ser de la misma cuerda. Ahora hablan de asesinar a Ralph Nader de formas tremendamente desagradables, de los jodidos entrometidos de la FDA, etcétera. Sin embargo, lo cierto es que no ha habido ningún fallo. La FDA, como las demás agencias estatales encargadas de aprobar o retirar medicamentos del mercado, existen para poner la seguridad pública por encima de la elección del individuo. No lo han hecho con mala intención: lo han hecho porque es su trabajo y han considerado que los riesgos del medicamento excedían sus beneficios.

El problema de las agencias de medicamentos es el lugar donde se toma la decisión final y el esquema de incentivos al que están sometidas. Los medicamentos, en sí, no tienen riesgos y beneficios en general sino riesgos y beneficios concretos para cada paciente. Sólo él puede decidir si le merecen la pena los primeros, pero el Estado le hurta la decisión a quien más interés tiene por decidir correctamente y la coloca en un grupo de burócratas que además tienen todos los incentivos posibles para prohibir su comercialización en cuanto existe el menor riesgo. Cuando alguien muere por los efectos secundarios de una medicina aprobada por el Estado, los medios harán sus reportajes con esa persona y clamarán venganza contra los funcionarios que permitieron que semejante veneno pudiera venderse. Sin embargo, si muchas otras personas no pueden encontrar alivio debido a que una medicina ha sido prohibida por sus efectos secundarios, difícilmente saldrá su caso en los periódicos y nadie considerará que su sufrimiento podría haber sido evitado.

"Pero, si papá Estado no mira por nuestra seguridad, ¿quién lo hará? ¡Yo no sé distinguir si un medicamento es o no peligroso!", dirán algunos. Bueno, yo tampoco. Pero los médicos sí. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque no se pueda usar un fármaco no aprobado por la FDA, sí que puede emplearse para otros usos que no son el estudiado por la organización. Y se hace a base de distintos estándares privados de calidad, realizados por instituciones y asociaciones médicas, lo que es básicamente el mismo sistema que se seguía hace décadas. Los estudios sugieren que este mecanismo ofrece suficiente seguridad con muchos menos costes para los pacientes que padecen por las prohibiciones de la agencia del medicamento. Quizá sea la hora de volver a estudiar la necesidad de disponer de ellas.

La gripe de la desinformación

El domingo se llegó a confirmar existencia de dos niños y un adulto afectados por la temida variante H5N1 del virus en la capital lo que significa que ha escapado de las cinco provincias turcas que se encontraban en cuarentena. Además, a los tres casos de Ankara podría sumársele una larga lista de afectados. Al menos 23 personas han ingresado en el Hospital Universitario de Van, la región dónde vive la familia Kocygit, y 3 de ellas se encuentran en estado grave.

Ante la desinformación general y el temor a una pandemia, se cuentan por centenares los ciudadanos que acuden a los hospitales aquejándose de los síntomas de la gripe aviar. En medio del pavor reinante el poder político, con el primer ministro turco, Recep Tayep Erdogan, a la cabeza, pide calma y que no cunda el pánico. Se habla, como de costumbre, de una alarma exagerada. Los políticos no suelen caracterizarse por su originalidad. En nuestro país la ministra de sanidad, Elena Salgado, también criticó a finales de octubre la alarma existente entre los españoles –a su juicio injustificada– que había producido la llegada a Europa de la gripe aviar. Aparte de criticar a los ciudadanos por comprar vacunas contra la gripe común y agotarlas en varias comunidades, la ministra criticó lo que denominó como "carrera competitiva" por el aprovisionamiento de antivirales para afrontar una eventual pandemia de gripe al tiempo que expresó su deseo de que no hubiese competición en este campo y de que todas las autonomías compraran la cantidad de antivirales que cubriera a la misma proporción de su población. Vamos, que lo importante no era la cantidad de medicinas sino que la escasez sea la misma en cada región de España.

Es curioso, el poder político, aquí, en Turquía y en la Conchinchina, acusa a la población de alarmarse en exceso y de no estar bien informados al tiempo que censuran una de las informaciones más valiosas que puede haber en este campo: la de las empresas que se dedican a investigar el virus y a buscar una solución. Es de locos pero la realidad es que la directiva europea 2002/83/EC prohíbe la información y la publicidad por parte de las farmacéuticas sobre sus productos, sus características y sus límites. Si la información más fiable está proscrita, ¿cómo esperan que estemos bien informados? Primero cercenan nuestro derecho a la información y luego nos acusan de no estar informados.

Y mientras tanto, la información que no nos está prohibida, la que producen nuestros políticos, es cada día más oscura y contradictoria. Mientras que, por poner un ejemplo, el ministerio de Salgado dice “tener preparados los dispositivos precisos para responder ante el muy improbable caso de que la enfermedad pudiera afectar a alguna persona”, la Organización Mundial de la Salud dice que “cabe prever que la mayoría de los gobiernos sólo empezarán a aplicar medidas de emergencia cuando la amenaza de pandemia sea incontrovertible e inmediata.” Se critica el acopio de antivirales pero la OMS destaca la importancia de aumentar la producción y el suministro de vacunas así como garantizar un acceso equitativo del mismo producto que, de acuerdo con nuestra ministra, no importa cuanto tengamos porque la OMS no ha dado una cifra concreta.

En fin, ellos se lo comen y ellos se lo guisan. Nosotros asistimos atónitos a un espectáculo de cinismo sanitario. Tenemos que estar bien informados pero sólo nos pueden informar quienes menos incentivos tienen a ser honestos. A quienes más saben y, además, se juegan tanto su prestigio como su patrimonio en caso de dar información falsa o inexacta se les prohíbe que nos informen. Alguien debería decirle a nuestros gobernantes que no son nuestros padres y que el timo de desinformarnos por nuestro propio bien no cuela.

Medicinas y libertad

Pero es en el caso de los medicamentos donde la cuestión adquiere un tono más trágico. La mayoría de consumidores desconoce que existe una prohibición legal para que recibamos información sobre medicinas. En efecto, el apartado 1 del artículo 88 de la directiva europea 2001/83//EC, establece que "los estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de los medicamentos (…) que sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa". La medida ha de ser duramente criticada por ser contraria a un derecho elemental, cual es emitir y recibir información libremente. Pero es que además, en este caso se da la agravante de que la motivación principal de esta norma liberticida es de carácter económico, pues los gobiernos saben que si los pacientes estuvieran al día acerca de los nuevos descubrimientos de la industria farmacéutica, exigirían ser tratados con estas nuevas fórmulas, cuyo coste escapa a la capacidad financiera de los sistemas públicos de seguridad social. De esta forma, se nos mantiene en la ignorancia más absoluta acerca de nuevos remedios que podrían aliviar muchas enfermedades, lo que entra prácticamente en el terreno de lo delictivo, sin contar con que esa imposibilidad de publicitar sus productos desincentiva a las empresas farmacéuticas, muchas de las cuales ya han decidido trasladarse a Estados Unidos, lo que dice muy poco de una UE que pretende ser la principal economía mundial en 2010.

Ante la disyuntiva de salvar vidas humanas o proteger el ruinoso sistema público de seguridad social en sus últimos estertores, los políticos eligen lo segundo, poniendo el máximo cuidado en que a los contribuyentes no nos llegue información para poder opinar al respecto. Es un buen motivo para «vociferar», así que le invito a que proteste usted también. ¿O es que va a ceder a un ZP cualquiera la capacidad de decidir sobre su salud?

Ricardo Lozano y la libertad de elegir

Una de ellas estaría representada por Thomas Jefferson, que toma a la libertad individual, el gobierno mínimo, los derechos de los Estados frente al gobierno federal y el aislacionismo como claves de su visión de la política. La otra la encarnaría su oponente, Alexander Hamilton, y por otras grandes figuras como Henry Clay, Abraham Lincoln (primer presidente del partido Republicano) o Teodoro Roosevelt. Quieren crear lo que se llama “sistema americano”, con un poder central poderoso con el que hacer amplias reformas, transformar el modelo económico y favorecer desde el Gobierno la prosperidad general. Jefferson, decía Brooks, ha fracasado y este es el momento de aferrarse al legado de Hamilton.

Se puede decir que George W. Bush ha elegido en parte el segundo camino. Está aumentando el gasto a un ritmo solo superado por el derrochador Lyndon B. Jonson y está introduciendo un sistema socializante en la educación y en la sanidad. Pero su política tiene elementos de signo contrario, como su modesta propuesta de reforma del sistema de pensiones o su inconstante pero decidida política a favor de la expansión del comercio mundial, frente al proteccionismo del “sistema americano”. También se puede considerar que su rebaja de impuestos va en el sentido opuesto. Pero la rebaja de tipos lleva generalmente a un aumento de la actividad económica y a un aumento, no a una disminución de los ingresos públicos, como está pasando en los Estados Unidos.

No obstante, la política de Bush está llevando a los republicanos a abandonar los principios de gobierno limitado que le habían caracterizado, frente a un partido Demócrata que se ha convertido en el campeón del gasto público, la regulación y el Estado Providencia. Esto resulta casi paradójico, porque si uno observa con cuidado las elecciones presidenciales y legislativas desde la primera victoria de Ronald Reagan, las victorias del partido republicano coinciden con grandes promesas de aferrarse a los principios de poco gasto y bajos impuestos y más autonomía para los ciudadanos. Las últimas elecciones, Bush logró una victoria espectacular. Pero con un discurso liberal, aunque su política se estuviera ya dirigiendo hacia un creciente gasto federal. A estas alturas los estadounidenses no se llaman a engaño. Y quienes apuestan por más Estado prefieren a los Demócratas, mientras que una parte del votante tradicional republicano puede verse traicionado o mal representado. Esta es una de las causas detrás de la caída en la valoración del presidente Bush.

Pero en Estados Unidos, mucho más que en Europa, los partidos están constituidos por corrientes internas. Allí, los partidos son plataformas electorales que congregan a grupos distintos con unas pocas ideas en común. Y hay toda una corriente dentro de los republicanos que no está nada conforme con la dirección a que está llevando George W. Bush a su partido. Y esto es cierto especialmente entre los más jóvenes, más preocupados por luchar contra la mano muerta del Estado Providencia y de la socialización de los servicios. Es muy difícil que el partido Republicano, dirigido por el poderoso Bush, cambie radicalmente. Pero el resultado de las elecciones legislativas de 2006 servirá para saber qué dirección tendrá que tomar el GOP en 2008, la de Hamilton o la de Jefferson.

Seguridad y social: origen y crisis

Las bases de los sistemas de previsión social, comunes en las economías occidentales, tienen su origen en las reformas políticas instauradas a finales del siglo XIX para intentar atajar los estallidos episódicos de conflictividad obrera.

El 17 de noviembre de 1881, el canciller del Reich Otto von Bismarck, abría la sesión del Reichstag en nombre del emperador y entre otras cosas afirmaba “… En tal sentido, se presentará por el gobierno un proyecto de ley sobre aseguramiento de los trabajadores contra los accidentes de trabajo (…) y un proyecto de ley de creación de un sistema, con base paritaria, de cajas de enfermedad. También se considerará la situación de quienes pierdan la capacidad de trabajo por edad o invalidez, pues tienen frente a la comunidad una pretensión fundada de mayor asistencia pública de la que hasta ahora se les ha dado”.

En España, fue el conservador Dato quien esbozó las primeras medidas de protección social en realidad el embrión de lo que, andando el tiempo, se convertiría en nuestra seguridad social actual, con su declaración de 1900 en la que se obligaba a las empresas a responsabilizarse directamente de los accidentes laborales de sus empleados. Durante la II República se profundizó en la legislación social, aunque las reformas proyectadas acabarían por tener muy escasa efectividad. En esta etapa se aprueba la creación de la Caja Nacional contra el paro forzoso, el seguro obligatorio de accidentes de trabajo y una ley de bases para un seguro de enfermedades profesionales. En los primeros años del franquismo, la legislación social es deudora de las políticas implantadas en Italia por el régimen fascista. A lo largo del régimen de Franco, en desarrollo del “Fuero del Trabajo” y del documento constitucional del “Fuero de los Españoles”, se implantan el denominado “subsidio familiar” (1937), completado con el posterior “plus familiar”, el seguro obligatorio de enfermedad (1942), el subsidio obligatorio de vejez e invalidez (1947), el de viudedad (1955) y se pone en marcha el primer mutualismo laboral, que recoge las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad.

Pero los principios inspiradores de toda esta legislación social seguían el patrón bismarkiano, que contaba con el gran factor de estabilización que suponía la existencia en el mundo de un patrón oro, que eliminaba en gran medida las tentaciones inflacionistas de los gobiernos. Aquel se basaba en la cuasi independencia de la Hacienda Pública, en la reducción de la condición de beneficiario tan sólo a los contribuyentes del sistema y la utilización de las técnicas actuariales típicas del seguro privado en las que se basa el modelo de capitalización.

Tras la II Guerra Mundial, se imponen las tesis keynesianas que modifican sustancialmente los principios rectores de la función previsora estatal, pasándose a un sistema financiado fuertemente por el Estado a través de los impuestos y basado en un régimen de reparto.

El modelo era insostenible per se a largo plazo, pero sus problemas se agravaron con la existencia de altos niveles de paro, fenómeno casi marginal hasta la crisis de los 70, que se unían a la rémora de varias décadas de inflación sostenida fruto del abandono del patrón oro, que consumieron gran parte de las reservas estatales. En España, en 1974, había según la EPA 398.000 parados (1,98%). En 1984 la cifra ascendía a 2.869.000 (21,69%), el doble de la media de los países de la entonces CEE. En este periodo, cada cotizante pasó a tener una persona beneficiaria más a su cargo.

El sistema sigue enviando señales de alarma desde hace décadas, pero a pesar de que gobiernos restrictivos del gasto público, como las dos legislaturas de Aznar, pueden aliviar la situación, se trata tan sólo de preterir la implosión inevitable del Estado del Bienestar, acuciado por el fenómeno de inversión de la pirámide poblacional. Se impone una reforma estructural de los usos de previsión social estatales y volver al modelo actuarial para el que se diseñó en su día como única forma de evitar el desastre.

El problema es que los políticos tienen una preferencia temporal inmediata, que en ningún caso suele ir más allá de los cuatro años que hay entre cada proceso electoral y muy pocos se atreven a asumir los riesgos de una medida altamente impopular entre la masa aborregada “Estado-dependiente”. Hasta que el invento no de más de sí… pero entonces, piensa el político, “que lo arregle quien esté en ese momento disfrutando del poder”.

El Don Quijote de los cielos

En primer lugar, Don Quijote acabará con el largo dominio en solitario de la entidad pública empresarial Aena. El mero hecho de que Aena se encuentre con un competidor vale su precio en oro de cara a los tan cacareados intereses de los consumidores. La entidad estatal no sólo se encontrará con un aeropuerto a 45 minutos de Madrid con tasas y tiempos de rotación sensiblemente inferiores a las suyas sino también con una enorme presión social para dinamizar sus servicios y bajar sus elevados precios. De hecho, parece que esto ya está ocurriendo. En vista de las ventajas que este tipo de aeropuertos tiene para la economía de las regiones donde se construyen y para el turismo en particular, algunos grupos de empresarios empiezan a plantearle a Aena que si no baja sensiblemente sus precios, construirán nuevos aeropuertos privados internacionales. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Gran Canaria, por iniciativa de un nutrido grupo de empresarios del sector turístico.

Pero además, compañías como Ryanair ya han mostrado su interés en utilizar el aeropuerto privado de Ciudad Real con todo lo que esto supone de cara al precio de los billetes de avión y las tasas aeroportuarias. Iberia y el resto de compañías tradicionales tendrán que diferenciar su producto de acuerdo con los gustos del consumidor y/o bajar sus precios. Pero esto no ocurrirá efectivamente hasta que el “Arrivederci Alitalia” pintado en el lomo de un 737 de la compañía irlandesa, que tanto revuelo causó el pasado año, se convierta ahora en un “Hasta la vista, Iberia”.

Por otro lado, en un contexto de deslocalización y desindustrialización como el que vive Europa, la creación de aeropuertos privados en España puede ser decisiva para que nuestro país salga exitoso de este trance convirtiéndose en la Florida europea, ese destino preferido de todo un continente para pasar sus vacaciones. Por eso, si las denuncias contra Don Quijote por el supuesto daño que el aeródromo causaría a las avutardas y a otras aves realizadas por Seo-Birdlife y el grupo radical Ecologistas en Acción -la organización que mintió al anunciar el hallazgo científico de un pez mutante en las cercanías de la central nuclear de Garoña- en combinación con los informes y el colosal proteccionismo medioambiental de la Comisión Europea no paralizan el proyecto, este primer aeropuerto privado español podría convertirse en ejemplo y pieza clave para la mejora del sector turístico y de toda la economía española.

Pero hay algo en este proyecto que es todavía más importante. Y es que ya es hora de que haya aeropuertos internacionales en este país cuya misión no esté “enmarcada en la política general de transportes del gobierno”, como fija el artículo 1 del Estatuto de Aena, sino en la política de empresarios que se juegan sus cuartos en satisfacer los deseos generales de transporte de los consumidores. Ya es hora, en definitiva, de que a este importante sector llegue de una vez la soberanía del consumidor que trae consigo el capitalismo.