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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

El colapso de las pensiones

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El sistema de pensiones de los estados del bienestar europeos son fraudulentos sistemas piramidales. La enorme proporción de la renta que los trabajadores pagan en concepto de pensiones no se capitaliza sino que se gasta inmediatamente en los pagos actuales a los jubilados y al mantenimiento del sistema burocrático que lo mantiene. De modo que la pensión de quienes hoy trabajan no dependen de lo que paguen sino de que el número de trabajadores jóvenes aumente en el futuro y de que el estado siga estando en condiciones de arrebatarles una buena parte de sus rentas. Como bien explica un estudio del Instituto Juan de Mariana de próxima publicación, estos sistemas piramidales están prohibidos por la legislación española (y de los demás miembros de la UE) y se mantienen gracias a los abundantes mitos que apuntalan el intervencionismo público en esta materia. Pero pocos son los que se atreven a llamar a las cosas por su nombre cuando el estado está de por medio.

El gobierno belga ha propuesto retocar este modelo para que el fraude pueda continuar unos años más y retrasar así el colapso. En concreto propone reducir las posibilidades de jubilación anticipada, prohibir el cobro de pensiones superiores en el caso de trabajar más de 65 años, favorecer fiscalmente a todo el que espere hasta los 65 para cobrar sus fondos de pensiones, limitar las subvencionadas excedencias, ampliar las ayudas para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y aumentar los fondos dedicados a la seguridad social a través de un nuevo impuesto consistente en un porcentaje fijo sobre las rentas del capital. Vamos, que se obliga a la gente a que se jubile más tarde para que contribuya más tiempo al pago de las pensiones al tiempo que se reduce el tiempo que estarán cobrando pensiones, se tratan de limitar los años sabáticos y se incrementan los impuestos.

El sindicato socialista no entiende que el futuro de su sistema socialista de reparto está en juego y se ha lanzado a exigir el mantenimiento de las prestaciones y el incremento de los impuestos mediante una nueva “contribución social general” y el mencionado impuesto sobre las rentas del capital. ¡Como si el problema principal de Bélgica no fuese ya su nula competitividad debida a la astronómica deuda pública y sus elevadísimos impuestos! El sindicato católico también quiere mantener el sistema socialista pero es bastante más coherente que su competidor. Por eso parece aceptar los retoques, retrasar el colapso un par de décadas más y disfrutar del tiempo que dure la estafa, que ya habrá tiempo de sentarse a buscar soluciones a su debido tiempo.

Ningún político quiere quemar su nombre en la hoguera de la demagogia social y por eso incluso un primer ministro que se hace llamar liberal como Guy Verhofstadt apuesta por retocar y continuar con el timo de las pensiones públicas. Nadie se atreve a llamar al sistema de pensiones por los que es, un latrocinio, y mucho menos a permitir que los individuos contraten la forma de jubilarse que más les convenga.

Contra la libertad de información

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El sistema público de seguridad social constituye una de las intervenciones del estado en la vida pública más inmorales, dañinas y con mayor número de efectos siniestros sobre una gran cantidad de actividades y derechos. Desde el sistema piramidal fraudulento de las pensiones hasta la obligación de pagar el servicio de sanidad y pensiones al margen de su utilización voluntaria, pasando por la competencia desleal que representa para las innovadoras compañías privadas de seguros médicos o el desempleo que genera su elevado coste, la seguridad social corrompe todas las actividades que roza y mantiene bajo coacción permanente a todos cuantos vivimos bajo su imperio. Como es bien sabido, toda esta cadena de injusticias y despropósitos se justifica con la memez auto legitimadora de que constituye un “derecho social”.

Resulta paradójico que uno de los efectos perversos menos conocidos de este sistema estatista de financiar y dirigir la sanidad es la abolición de uno de los verdaderos derechos fundamentales del ser humano: la libertad de expresión en su vertiente de derecho a informar al prójimo. Y es que, por totalitario que pueda parecer, en la Unión Europea existe la prohibición expresa de informar directamente a los pacientes y al público en general acerca de las propiedades de las medicinas para las que el estado decide que sólo pueden ser vendidas mediante prescripción médica. En concreto, el apartado primero del artículo 88 de la directiva 2001/83/EC dice que “Los Estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de los medicamentos […] que sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa”.

Esta proscripción de la información directa al paciente tiene consecuencias que van mucho más allá de la gravísima e intolerable violación de una de las libertades más básicas. Mantiene a millones de ciudadanos europeos desinformados sobre las diferencias entre fármacos o la existencia de nuevos y mejores medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades. El elevado coste de mantenerse informado en estas circunstancias se traduce en elecciones distintas a las que de otro modo hubieran adoptado los pacientes, un nivel de salud más bajo y, en ocasiones, puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, se estima que 65.000 europeos que padecen hipercolesterolemia mueren cada año sin saber que podían haber sido tratados con Estatinas, unos fármacos cuya publicidad suele estar prohibida.

Y lo más triste es que mantener al paciente en un estado de ignorancia es precisamente el objetivo de esta directiva europea. El sistema de seguridad social no puede aguantar el coste financiero que supondría el que los pacientes exijan las más avanzadas terapias existentes y ante esta situación quienes nos gobiernan han decidido que lo mejor es mantener desinformada a la población para así salvar su sistema. La prueba del algodón de que nos encontramos ante el amordazamiento de la industria y el abandono de nuestros enfermos con vistas a maquillar el decrépito estado de un esperpéntico sistema sanitario basado en la financiación universal coactiva y la subvención de la compra de medicinas es que en el tercer apartado del artículo 88 se añade que los estados miembros también pueden prohibir la información sobre medicamentos que no precisan receta pero que sean financiados por los sistemas públicos de salud. Este secuestro de la libertad de expresión es, con toda probabilidad, una de las intervenciones que mayor número de víctimas provoca en Europa. Terminar con la prohibición y con el sistema que la requiere no sólo es vital para recuperar uno de nuestros derechos fundamentales sino para poder cuidar nuestra salud de la amenaza que representa la “seguridad” social.

El timo colosal de la Seguridad Social

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los mejores modos de hacerse muchos enemigos en muy poco tiempo es defender en público la supresión de la seguridad social mediante la privatización de los dos servicios esenciales que presta: la atención médica y las pensiones de jubilación. No es extraño. Con el cuento de la Seguridad Social los políticos han hecho su mejor negocio en varios siglos. El sistema ofrece al Estado una terna de poderes difícilmente igualable. Mantener un seguro social implica, por un lado, una fiscalidad altísima que, además, tiene patente para crecer eternamente porque con la salud –nos dicen- no se juega. Semejante atraco tiene como consecuencia principal la creación y enaltecimiento de un elefantiásico aparato burocrático cuyo objetivo será aumentar en número y perpetuarse casi sin límite. Expoliado el ciudadano de una buena parte de su renta y establecido con firmeza el leviatán funcionarial el político recoge entonces el fruto final de todo el invento; una poderosísima herramienta de control social, una inmensa red de clientela que, como un pulpo, asfixia a toda la sociedad y una magnífica coartada para seguir haciendo propaganda sin rubor de las bondades del Estado.

Pero, ¿siempre ha sido así? ¿Cuándo se inventó el Seguro Social y por qué? ¿Se moría la gente abandonada por la calle antes de que a esa lumbrera se le encendiese la bombilla? ¿Se suicidaban los trabajadores mayores de 60 años ante la insoportable perspectiva de su retiro? No. La Seguridad Social es un invento maligno pero relativamente reciente. Antes de que los políticos consiguiesen imponerlo por la fuerza existían mutuas de trabajadores del mismo oficio que ponían en común un fondo para asegurarse la asistencia sanitaria en caso de accidente y algo de dinero para la jubilación. De hecho, y aunque suene irónico, se trata del mismo modelo que siguen ahora los funcionarios públicos, verdadera casta laboral que vive al margen del propio paraíso que ellos gestionan. Lógico, el que mejor puede cuidar de la propia salud es uno mismo destinando una cantidad mensual y gestionando los riesgos de la mejor manera que puede aunque, como es obvio, no sea siempre la más adecuada. El Seguro Social, por el contrario, rompe con el sentido común y obliga a una parte de la población a pagar la asistencia a la otra. Es como si usted, que acaba de comprarse un coche gracias a una combinación de esfuerzo y ahorro, tuviese que aportar un dinero todos los meses para que un individuo que no conoce y que no conocerá en su vida pueda adquirir un automóvil. Muchos dirán que no es lo mismo un coche que la salud. Quizá no lo sea para ellos, pero en la escala de prioridades de muchos un automóvil deportivo tiene mucho más valor que tener a su disposición un podólogo gratis toda la vida. Es una cuestión de preferencias y, en eso, cada uno tiene las suyas.

Pero el sistema no termina su ración de injusticia en la asistencia sanitaria, eso sería pecado venial. Para garantizarse la clientela de por vida los padres del Seguro Social se apoderaron de las pensiones, es decir, los ahorros capitalizados de toda una vida para hacer frente a la vejez. Las pensiones públicas fulminan el concepto mismo de ahorro pues el pagador no ahorra un solo euro, se limita a satisfacer una cantidad para cubrir la pensión de los que hoy están jubilados. Esto, en los seguros privados, tiene un nombre; se llama estafa y los responsables van directos a la cárcel. El Estado, en cambio, lo puede hacer y hasta permitirse recordarnos de tanto en tanto que la pensión no la tenemos garantizada porque no hay caja sino una cañería por donde fluye mensualmente lo que unos pagan y otros reciben. Siendo injusto, cuando la pirámide demográfica es una pirámide propiamente dicha el sistema, mal que bien, funciona. El problema surge cuando la pirámide se invierte o se torna una columna en la que hay tantos habitantes de 30 años como de 60. En esas estamos en casi todos los países de Europa. Pronto tocaremos a un jubilado por trabajador. Entonces, ambos extremos de la cañería vivirán en perenne estado de cabreo. Los unos porque pagan mucho y no le ven mucho sentido a financiar la jubilación a alguien que no sea su padre o su tío. Los otros porque cobran poco, poquísimo, mucho menos de lo que pusieron cuando se encontraban activos. El único que habrá ganado con la transacción será el Estado que tendrá a los dos cogidos por el cuello, sin posibilidad de escapar y sometidos a mil y una amenazas.

¿Cómo puede, entonces, mantener su lozanía un sistema tan injusto, un tinglado que cambia euros por céntimos y que casi nadie se atreve a poner en solfa? En parte por la clientela que crea a su alrededor. A muchos les reconforta saber que reciben mucho más de lo que aportan y para una buena parte de jubilados la pensión es un regalo porque no ahorraron nada cuando estaban trabajando. Al resto, a los que sospechan del timo, se les bombardea con cantidades ingentes de propaganda en la que la palabra solidaridad hace su agosto. Desconfíe, la solidaridad o es voluntaria o no es. El Seguro Social es de suscripción obligatoria luego de solidario tiene poco, de robo, sin embargo, mucho. Si está trabajando no pase por el aro y niéguese a que obliguen a pagar la Sanidad a otros. Si está jubilado reclame su dinero, es lo menos que puede hacer tras toda una vida de sacrificio.

La política fiscal y la libertad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Los grandes medios de comunicación contraponen deliberadamente dos modos de solucionar la pobreza que en el fondo son idénticos: por un lado tenemos el G-8, cumbre política capitalista y economicista; por otro el Live 8, movimiento social y solidario

El G-8 y Live 8 son vistos como el frío y el calor, la razón y el corazón, el pragmatismo y las buenas intenciones. El ciudadano medio tiende a observar ambos movimientos como dos caminos para erradicar la pobreza: uno calculador, lento pero eficaz, y otro impulsivo, bienintencionado pero torpe.

En realidad, la diferencia entre el G-8 y el Live 8 son mínimas; mucho más adecuado sería agruparlos en el calificativo de la Banda del 8. Ambos movimientos desconfían del individuo, del capitalismo y de la propiedad privada. Sus recomendaciones pasan indefectiblemente por expoliar al ciudadano occidental e incrementar el intervencionismo y la planificación en África. Unos y otros son, al fin y al cabo, socialistas, ya sea de cabeza o de corazón.

Aun así, conviene estudiar cuáles son los efectos de algunas de sus más sonadas propuestas para desarrollar el Tercer Mundo. ¿Tienen algún efecto positivo?

La redistribución cósmica del 0’7%

Tanto el Live 8 como el G-8 parecen dispuestos a donar al Tercer Mundo un 0’7% de su PIB. Sin duda, se trata de la principal reivindicación de los grupos socialistas, que todavía no han entendido absolutamente nada acerca del funcionamiento de la sociedad.

El gran economista del desarrollo P. T. Bauer solía resumir el problema de la ayuda externa en dos frases que nos servirán como guión para nuestra explicación.

Por un lado, la ayuda externa no es necesaria ni suficiente para lograr el desarrollo. Como dijimos, el elemento clave para la generación de riqueza es la propiedad privada, que da lugar a la división del trabajo y a la acumulación de capital. Sin propiedad privada la ayuda externa, simplemente, se despilfarrará.

Imagine que usted recibe un premio de 10.000 euros; tiene dos opciones: o gastarlo o invertirlo. El desarrollo necesita, como ya hemos señalado, de inversión en bienes de capital. Sin protección de la propiedad privada, empero, toda inversión resultará absurda, pues el Gobierno podría expropiarle en cualquier momento su riqueza. La decisión más racional será utilizar los 10.000 euros en gastos corrientes e inmediatos.

Además, aun cuando algún arriesgado africano se decidiera a invertirlos, sin reconocimiento de la propiedad privada, su empresa quebraría a las pocas semanas. ¿Quién puede acumular riqueza en un clima hostil a la riqueza? Por poner una analogía: antes de repoblar un bosque hay que apagar el incendio. Si empezáramos a plantar árboles cuando las llamas aún estuvieran incandescentes los nuevos árboles serían rápidamente arrasados por el fuego.

Ahora bien, la ayuda externa tampoco es necesaria para el desarrollo. Como vimos en el primer artículo, cuando la propiedad privada y la libertad comercial están presentes el ritmo de creación de riqueza deviene tan acelerado que las transferencias públicas resultan, cuando menos, irrelevantes. "Aramos", le dijo la mosca política al buey empresarial.

Ningún país se ha desarrollado gracias a la planificación política. El colapso del sistema socialista está suficientemente reciente como para que algunos sigan implorando la ayuda externa a modo de panacea.

Pero además P. T. Bauer resumía el problema de la ayuda externa como la transferencia coactiva de dinero desde los pobres de los países ricos hacia los ricos de los países pobres. El famoso 0’7% supone, en la práctica, una consolidación de las dictaduras que empobrecen África.

Lejos de contribuir a la limitación de su poder, el 0’7% incrementa el poder y afán dirigista de unos regímenes asentados en el vilipendio de las libertades de sus ciudadanos y en el nulo respeto a la propiedad privada. Cabe afirmar, pues, que, lejos de ser inútil, la ayuda externa resulta nociva para el Tercer Mundo.

Los tiranos desvían la atención del auténtico problema –su ataque a la propiedad privada–, los occidentales se sienten complacidos con su contribución y los africanos se estancan en la miseria. ¿Qué más podría esperarse de una transferencia desde los europeos a los políticos africanos?

Un impuesto regresivo llamado Tasa Tobin

Desde diversas asociaciones izquierdistas como Attac se viene clamando por la necesidad de imponer un impuesto a las transacciones financieras internacionales (concretamente, en el cambio de moneda) para obtener fondos suficientes para desarrollar el Tercer Mundo.

La crítica al 0’7% resulta aplicable a este caso: la ampliación del poder político no sirve para enriquecer a los países, más bien para empobrecerlos. Pero es que, además, la Tasa Tobin tiene una serie de efectos perversos adicionales que conviene destacar.

Por un lado, el impuesto grava los canjes de moneda, de manera que se encarece invertir en el extranjero. Por ejemplo, si un europeo crea una empresa en Ghana, y contrata a varios trabajadores ghaneses, tendrá que convertir los euros en nuevos cedis (moneda oficial de Ghana), para lo cual tendrá que pagar el impuesto. En otras palabras, la Tasa Tobin, por mucho que sus defensores lo nieguen, reduce la inversión de capital en países extranjeros. En ese sentido, si recordamos el primer artículo rápidamente entenderemos los efectos perversos que puede tener para el desarrollo. Sin capital no hay posibilidad de aumentar la riqueza.

Por otro lado, la Tasa Tobin es un impuesto regresivo, especialmente perjudicial para los pobres. La razón es que las monedas débiles siempre se expresan en dólares, de manera que el número de transacciones se dobla. Imaginemos que un agricultor ghanés vende su mercancía en Japón. Lógicamente, tendrá que convertir los yenes en nuevos cedis; el problema es que antes deberá convertir el yen en dólares, y luego los dólares en nuevos cedis. Así, la Tasa Tobin grava doblemente a los más pobres con monedas débiles.

En resumen, como ayuda externa es nociva, en tanto refuerza el socialismo de las dictaduras africanas; como impuesto sobre las transacciones financieras desalienta la acumulación de capital y se ceba especialmente con los más pobres.

La cultura os hará ricos

Otro mito muy extendido acerca de África es que su pobreza está estrechamente relacionada con su escasa alfabetización. En realidad, la pobreza es la causa del analfabetismo, no a la inversa. Las sociedades primero se enriquecen y luego se alfabetizan; o, mejor dicho, se alfabetizan conforme se enriquecen.

Ya dijimos que cuando la división del trabajo opera en el marco del capitalismo y de la propiedad privada las personas se especializan en su oficio. Esta especialización es, precisamente, un tipo de educación. Se adquieren nuevas técnicas para servir de mejor modo al consumidor.

Además, las sociedades basadas en la propiedad privada se caracterizan por una continua acumulación de capital. Una forma de este capital es el aprendizaje que un individuo adquiere en el sistema educativo.

Ahora bien, de la misma manera que sería absurdo que un empresario construyera en Kenia "media" fábrica de automóviles (es decir, que la inversión en capital se quedara a la mitad), también resulta descabellado inundar África de universitarios cuando carecen de los bienes de capital necesarios para utilizarlos. ¿Qué hará un ingeniero de telecomunicaciones con una azada?

Planificar políticamente la educación de una sociedad suele tener, además, dos malignas consecuencias. Primero, supone una excusa perfecta para que los gobiernos expandan su poder planificador e incrementen los impuestos; esto no sólo supone un nuevo ataque a la propiedad privada de los africanos, sino que los occidentales verán reducidos los incentivos de invertir en un país donde una creciente parte de las rentes es expropiada por el Gobierno. Segundo, los individuos más educados no encuentran en sus países empleos "adecuados a sus capacidades" ni "retribuciones suficientemente altas". En otras palabras, tiene lugar la famosa "fuga de cerebros". Dado que Occidente necesita de universitarios, en lugar de trabajar en sus sociedades los individuos más preparados emigran a los países ricos.

El resultado neto es que los africanos financian coactivamente –a través de sus impuestos– la educación de los trabajadores de las empresas occidentales.

¿Quién debe a quién?

Aun cuando en principio me siento atraído por la idea de que los ciudadanos africanos se nieguen a pagar unas deudas que han sido contraídas entre los tiranos africanos y los tiranos europeos, hay que señalar que si algo no necesita África son tratos especiales.

Pocas cosas causan más daño a los africanos que la creencia de que el mundo tiene una deuda pendiente con ellos por siglos de colonización y explotación. Los africanos tienen que desarrollarse como lo ha hecho todo el mundo, no a través de vacíos créditos sociales. De esos créditos no se deriva la riqueza, sino su espejismo.

Primero, una gran cantidad del dinero ahora adeudado fue ingresado en las cuentas bancarias de los dictadores africanos. En este sentido, nada más sencillo para cancelar la deuda que localizar los activos de los dictadores.

Segundo, al igual que con el 0’7%, la cancelación de la deuda no es condición necesaria ni suficiente para el desarrollo. Si la propiedad privada sigue sin respetarse, la cancelación de la deuda sólo servirá para que los dictadores vuelvan a endeudarse y para expandir el poder del Estado. Si la propiedad privada se respeta no habrá dificultades para, a través de la continua generación de riqueza, devolver la deuda.

Tercero, una de las facetas de la propiedad privada es el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluso en el caso de que la cancelación pudiera tener unas iniciales consecuencias beneficiosas, el daño moral causado por la violación pública e internacional del cumplimiento contractual compensaría, con mucho, los beneficios obtenidos.

Dicho todo esto, hay que señalar que las situaciones de deudas estatales internacionales son del todo repulsivas. Las burocracias internacionales como el FMI y el Banco Mundial deben ser inmediatamente cerradas. Es intolerable tanto que los tiranos africanos se endeuden en nombre de sus ciudadanos como que los tiranos europeos presten nuestro dinero sin nuestro consentimiento.

Conclusión

Después de esta serie de artículos podemos extraer una serie de conclusiones acerca del desarrollo. Primero, la propiedad privada es la base de la generación de riqueza, a través de la división del trabajo y la acumulación de capital. Segundo, la pobreza africana se debe, en buena medida, a esa ausencia de respeto a la propiedad privada, pero también a la nefasta política proteccionista de Occidente. Tercero, las propuestas socialistas de la Banda del 8, en caso de implementarse, no sólo no conseguirán enriquecer a África, sino que la hundirán más en la miseria.

África ya ha tenido suficientes décadas de caudillismo y socialismo como para perseverar en el mismo error. Démosle una oportunidad a la libertad.

Pobreza y tráfico de órganos

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La pobreza de muchas personas es trágica, y recurrir a la venta de un órgano para paliarla revela lo penosas que son sus condiciones de vida, pues si se hace es porque no vender es considerado subjetivamente aun peor. Pero escandalizarse ante ello y promover su prohibición no va a ayudarles en absoluto. Un reciente reportaje periodístico sobre el tráfico de órganos en Nepal revela múltiples falacias comúnmente admitidas.

Los traficantes de órganos son denominados mafiosos. Lo que hacen es ilegal y tal vez sean individuos con pocos escrúpulos morales o legales, pero no coaccionan a nadie ni emplean la violencia. Trabajan en zonas remotas para evitar ser descubiertos: los habitantes pobres de las ciudades no tienen la oportunidad de vender un órgano. Se dirigen a las familias más desesperadas en las zonas más pobres, pero ellos no son responsables de su pobreza y les ofrecen una posibilidad para mitigarla que siempre pueden rechazar. La ley sólo permite la donación voluntaria de un órgano a un familiar y castiga con cinco años de cárcel su comercio: afortunadamente para los pobres el tráfico de órganos no está entre las prioridades de la policía.

Los vendedores de órganos son denominados víctimas de las mafias. La venta de órganos se presenta como algo deplorable y, sin embargo, un alto porcentaje de los habitantes de los pueblos investigados han vendido ya uno de sus riñones y algunos ancianos dispuestos a vender a menor precio se quejan por no ser considerados aptos. Algunos aspirantes a vendedores incluso viajan a la ciudad sabiendo que no cobrarán nada si son rechazados y que tendrán que volver a su casa por su propia cuenta. Algunos campesinos trabajan como intermediarios y recorren los pueblos tratando de convencer a amigos y conocidos para que acepten las demandas de los traficantes, pero según el reportaje no son los más emprendedores sino las víctimas más desesperadas.

Algunos vecinos se han negado a vender un riñón al comprobar que el sacrificio no ha servido para cumplir los sueños de quienes aceptaron operarse: parece que los que aceptaron se dejaron arrastrar por la tentación de un dinero fácil y algunos que aceptaron todavía no ha tenido tiempo de arrepentirse. Un labrador en paro arrepentido de haber vendido su riñón (afirma que en su momento no vio qué otra cosa podría hacer) protesta porque diversas promesas no han sido cumplidas: si el tráfico de órganos fuera legal podría reclamar a la justicia. Cree que si se hubiera negado probablemente otros no habrían seguido su ejemplo: como si él fuera determinante para el comportamiento de otros. Creó el Comité de Víctimas del Tráfico de Órganos para tratar de alertar a otros, pero no le hacen mucho caso: el dinero ofrecido les resulta a priori más valioso que el órgano perdido.

Aunque se reconoce que algunos lograron pagar algunas deudas, comprar fertilizante para las cosechas y medicinas para sus hijos, según el reportero la mayor tragedia del tráfico de órganos de Nepal está en lo poco que han cambiado las cosas para los que accedieron a vender, que al parecer eran casi todos campesinos analfabetos que despilfarraron una cantidad inaudita de dinero en juego y bebida. Para algunos la situación incluso ha empeorado, ya que el padre de familia ha quedado debilitado por la operación y no puede trabajar la tierra como solía: no hay garantías de acierto en la acción humana.

Parece que el engaño constante de las mafias no pone en peligro un negocio en el que los traficantes se llevan con cada operación beneficios tres veces superiores de lo que pagan por un riñón. El periodista no aclara cómo ha obtenido una información así acerca de criminales sin escrúpulos, pero en un mercado libre esto sería un incentivo enorme para la actividad de más empresarios capaces de trabajar con márgenes menores, pagando más a los vendedores y cobrando menos a los compradores finales.

Los vendedores de órganos contribuyen a salvar las vidas de los ricos, pero ellos no tienen acceso a servicios sanitarios, ya que no hay en todo Nepal ni un sólo hospital preparado para realizar un transplante de riñón, el sistema público de salud está en bancarrota y las máquinas de diálisis apenas funcionan. Ojalá los nepalíes algún día dejen de ser pobres, pero incluso entonces tal vez a alguien le resulte beneficioso vender parte de su propio cuerpo porque recibe algo más valioso a cambio.

Venda un órgano, salve una vida

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

A pesar de nuestra incapacidad para producir órganos y sangre, no puede hablarse de escasez insuperable. En realidad, existe suficiente gente en el mundo para satisfacer la demanda, pero ello no está sucediendo. Todos somos conscientes de las largas listas de espera para conseguir un órgano o, en menor medida, una transfusión de sangre. ¿A qué se debe este desesperante desabastecimiento?

Se podría terminar con tales escaseces rápida y sencillamente recurriendo al mercado. Todos los bienes son escasos, sin embargo, en buena medida no lo percibimos así. Sabemos que cada mañana podremos comprar el pan y el periódico, o que cada cinco años, si así lo decidimos, cambiaremos de coche. La razón es que existe un precio de mercado para el pan, los periódicos y los automóviles. El desabastecimiento no emerge, y tanto compradores como vendedores salen beneficiados de las transacciones.

Imaginen que mañana el Gobierno impusiera a los panaderos o a los quiosqueros la donación del pan y los periódicos, esto es, que no recibieran ninguna contraprestación. ¿Alguien cree honradamente que podríamos adquirir cada día el pan y el periódico con la normalidad actual? El caso de los órganos y la sangre no es distinto.

Los neoinquisidores han vilipendiado y condenado el comercio de órganos y sangre hasta el punto de calificarlo como res extra commercium. Los políticos, en su cruzada moralizadora, desprecian, y por tanto prohíben, los intercambios libres y voluntarios de órganos. Así, por ejemplo, la Ley 42/1988 sobre Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos u Órganos” impone que “la donación y utilización posterior [de los órganos] nunca tengan carácter lucrativo o comercial”, y el Real Decreto 411/96, por el que se regulan las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos, afirma expresamente que “no se podrá percibir compensación alguna por la donación de tejidos humanos ni existirán compensación económica alguna para el donante, ni cualquier otra persona”.

Incluso Cruz Roja, en su página de información sobre la donación de sangre, coloca como principio ético fundamental que “el lucro financiero no debe ser nunca un motivo para el establecimiento y funcionamiento de un banco de sangre”, y que “no deben existir motivos financieros para la prescripción de una transfusión sanguínea”.

La prohibición y condena moral es, pues, taxativa; tanto como su inevitable consecuencia: el desabastecimiento. No estamos ante una situación diferente a la de pretender que el pan y el periódico se regale cada día. De hecho, si lo pensamos con cuidado, es posible que resulte más absurdo esperar que se donen órganos a que se done pan. Al fin y al cabo, el pan es un fruto reproducible de nuestro trabajo: hoy nos quedamos sin él; mañana, tras unas cuantas horas, podemos conseguir más. ¿Sucede lo mismo con los riñones? ¿Es tan fácil desprenderse de una barra de pan como de un riñón? Y si no lo es, ¿por qué poner todavía más trabas a la obtención de riñones?

A pesar de la imposición de un precio cero para la donación de sangre y órganos, España es el país del mundo con mayores donaciones. La razón es que parte de ellas no son realmente voluntarias, sino que se extraen partiendo del totalitario principio de que el cuerpo humano pertenece al Estado. Así, si la familia no se opone, existe la presunción de que el individuo tenía la intención de donar los órganos en el momento de su muerte. En otras palabras, los políticos, salvo protesta manifiesta de los familiares, se consideran legitimados para expropiar y apoderarse del cadáver de la víctima. Se procede a una nacionalización masiva del cuerpo de los individuos.

Aun así, la escasez resulta más que evidente. Hoy en día se necesitan 4.000 riñones, 1.800 hígados, 130 pulmones, 100 corazones y 80 páncreas. Tenemos a más de 6.000 personas esperando un transplante de órganos, 50 de las cuales mueren cada año.

Wikipedia considera el sistema español de donaciones “uno de los más eficientes del mundo”. Ciertamente, la situación es mucho peor en otros países. De hecho, cada dos días muere una persona en el mundo por insuficiencia de hígados, y más de 80.000 pacientes esperan, sólo en EEUU, un órgano para sobrevivir.

Pero todo ello no parece razón suficiente como para que los neoinquisidores políticos abandonen su oposición al comercio de órganos. Sus argumentos, como de costumbre, suponen un velo justificativo para sus ansias de control. Por ningún lado se sostienen.

Argumentos éticos

El argumentario ético de los neoinquisidores es más bien variado y casuístico. No existe un auténtico corpus teórico –más allá de ancestrales prejuicios– que justifique la prohibición de la venta de órganos. Ya hemos visto que tanto la Ley como Cruz Roja señalan que la donación no puede estar sometida al ánimo de lucro. Pero no se explica ni se razona por qué. Yo, por mi parte, intentaré explicar y reconsiderar las, a mi juicio, tres grandes líneas argumentales en contra de la venta de órganos.

La primera señala que el ser humano no es plenamente propietario de su cuerpo, por lo que no estaría legitimado para vender partes del mismo. Podemos denominarla “tesis religiosa”: la vida –y por tanto nuestro cuerpo– procede de Dios y resulta indisponible a los seres humanos.

El error de esta tesis es múltiple. Por un lado, no supone un argumento contra la venta de órganos, sino contra cualquier acto dispositivo de los mismos, incluida la donación. En ese sentido, tan inmoral resulta venderlos como donarlos. No se puede extraer órganos del cuerpo humano, con precio o sin él. Por otro, eliminar la prohibición a la venta de órganos no supone que todo el mundo tenga forzosamente que aceptar venderlos. Es del todo lícito pensar que no somos plenamente propietarios de nuestro cuerpo; pero de ahí no se deduce que podamos prohibir a los demás los actos de disposición sobre su cuerpo, ya que en todo caso el propietario es Dios, no nosotros. En otras palabras, si creemos que Dios es el propietario del cuerpo humano, nosotros no estamos legitimados para manejar los cuerpos ajenos en ningún sentido, pues equivaldría a subrogarse en la posición del legítimo propietario. Sólo queda que la persona tome sus decisiones morales, correctas o no, y responda en consecuencia ante Dios.

La segunda apunta que vender órganos mancilla el acto puramente caritativo de la donación voluntaria y solidaria. Podríamos denominarla “tesis virgiliana”, pues considera inmoral en sí mismo el ánimo de lucro –la auri sacra fames–. La donación de sangre y órganos vendría a ser una decisión tan trascendente e importante que no puede pedirse contraprestación por ella.

Nuevamente incurrimos en contradicciones. Precisamente cuando adquiere sentido cobrar un precio o recibir una contraprestación es cuando ofrecemos algo verdaderamente útil y valioso. Dar las gracias o los buenos días es un simple acto de educación por el que sería risible cargar un precio. No lo es, en cambio, dar una parte esencial de nuestro cuerpo. De ahí que resulte plenamente lícito que el donante solicite una recompensa por su enorme sacrificio.

Pero es que, además, el argumento olvida la otra parte de la relación. Parece que los órganos sólo prestarán su función salutífera si no contienen la pecaminosa mancha original del “ánimo de lucro”. Es honroso donar un órgano, pero repudiable venderlo. Sin embargo, al paciente que necesita un órgano le salvará la vida tanto si ha sido comprado como si ha sido regalado. La única diferencia es que en el primer caso obtendrá el órgano y en el segundo, probablemente, no.

El último argumento se correspondería con la tesis socialista. Para el socialismo, los órganos de todos los individuos de la sociedad pertenecen a la colectividad. Así, resulta inmoral que alguien cobre un precio por algo que realmente no le pertenece. Por lo demás, un mercado de órganos podría suponer que los ricos se adelantaran a los pobres en la recepción, cuando todos los seres humanos tienen un igual derecho a aquellos.

Lo cierto es que señalar que todos los órganos son de todos no aporta nada positivo a la discusión. Si mi corazón es de todos los ciudadanos del mundo, ¿por qué no podrá reclamarlo un paciente que necesite un transplante? Al fin y al cabo, el hecho de que esté en mi caja torácica es sólo un dato circunstancial. ¿Por qué he de tener yo un mayor derecho sobre mi corazón? En otras palabras, ¿por qué todos los pacientes que esperan órganos no pueden instar al Estado a que los extraiga de personas vivas? Según el argumento socialista, mis órganos son tan míos como suyos.

No sólo eso: el argumento es, por si fuera poco, contradictorio. Si mi órgano pertenece a todo el mundo, existen derechos concurrentes sobre el mismo. El refrán castellano es suficientemente expresivo: “Lo que es común no es del ningún”; si todos poseemos un derecho equivalente sobre un mismo bien, nadie puede realizar una utilización efectiva, a menos que un tercero discrimine. En realidad, ese tercero sería el propietario efectivo.

Tampoco parece consistente señalar que los ricos se adelantarían a los pobres. Realmente sorprende que subsista esta preocupación, cuando también sería trasladable a los alimentos en general. ¿Es que acaso los ricos no podrían adelantarse a los pobres para comer? No sólo eso: el argumento sorprende cuando ricos y pobres sufren una patente carestía de órganos, precisamente, porque se prohíbe su comercialización. Todo parece indicar que la venta de órganos provocará un aumento tal en la oferta que sus precios caerán sustancialmente y estarán al alcance de todos los necesitados.

Argumentos económicos

Agotados los pretextos éticos, los neoinquisidores recurren a los económicos. Primero sostienen que nadie estará especialmente interesado en vender órganos vitales, dado que una condición para poder disfrutar de la contraprestación es estar vivo. Esto es simplemente falso. Una persona podría contratar con otra (o con una empresa) la venta de sus órganos para el momento de su fallecimiento. En ese sentido, cabrían dos opciones: entregar el montante pactado a la familia (para ayudarle a sobreponer las cargas de la muerte) o adquirir el valor presente de la suma de dinero futuro esperada por la venta del órgano en el momento de la muerte, esto es, una especie de mercado de futuros de órganos (en concreto, se trataría de un contrato sometido a término).

Pero los beneficios serían incluso más espectaculares en el caso de la sangre o de órganos no vitales, como los riñones. Casi todo el mundo puede prescindir de un riñón, o vender sangre regularmente. Las variaciones de precios conseguirían una completa satisfacción de las necesidades. No en vano muchos consideraron pertinente incluir el esperma entre las “res extra commercium“; afortunadamente no se hizo, y hoy nadie puede hablar de desabastecimiento en los bancos de semen. Lo mismo ocurriría con la sangre y el resto de órganos.

En segundo lugar, los neoinquisidores argumentan que la venta de órganos desataría un alud de criminalidad encaminada a hacerse con los órganos de los menores del Tercer Mundo. Los niños, sostienen, serían mutilados por sus órganos. La entidad de este argumento es equivalente a señalar que la existencia de la propiedad privada estimula el robo. Un delito es siempre un delito, por tanto tales acciones deberían ser rápidamente perseguidas (a no ser que hubiera mediado consentimiento por parte del niño para vender alguno de sus órganos no vitales).

Además, hay que tener presente que, paradójicamente, si semejante mercado pudiera existir los incentivos serían mucho mayores en la actualidad. De hecho, se calcula que el precio medio de un órgano en el mercado negro ronda los 125.000 dólares. Una despenalización de la venta posibilitaría una reducción sustancial del precio y una reducción de los incentivos. Sólo es necesario recordar que la abolición de la Ley Seca terminó casi por completo tanto con las mafias como con la corrupción policial.

Pero es que resulta materialmente imposible acudir al Tercer Mundo con un bisturí y arrancar órganos de manera criminal. Tales operaciones necesitan de centros médicos especializados y de numerosas medidas de conservación del órgano. Ninguna empresa adquiriría órganos en mal estado traídos desde la lejana África o Sudamérica. Estamos ante leyendas urbanas de escasa sustancia.

Conclusión

Los neoinquisidores no han dudado en prohibir la venta de órganos para proseguir con su cruzada moralizadora de la sociedad. En este caso, sus clichés y prejuicios han impedido la formación de un mercado que satisfaga tanto al donante como al donatario. El número de muertes por insuficiencia de órganos está del todo injustificado si tenemos en cuenta la enorme cantidad de personas dispuestas a vender sus órganos o su sangre.

No hay razones éticas ni económicas para que la prohibición de la comercialización de sangre y órganos siga en pie. Más bien todo lo contrario: tras haber analizado detenidamente el asunto, es evidente que constituye un imperativo económico y moral de primer orden suprimir tan absurda prohibición.

El modelo chileno de futuro

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En mayo de 1981 se puso en marcha una de las medidas de política económica más sensatas, pero más revolucionarias, del siglo. Ni el lugar ni las condiciones parecían las más idóneas para ello. Chile no era una economía desarrollada, sino que se encontraba entonces recuperándose del desastre económico impuesto por Allende. Y estaba regido por una dictadura militar, generalmente inclinadas a llevar el ordeno y mando también a la economía y poco dadas a revolucionar la política económica. Pero entonces Chile adoptó un plan para sustituir el sistema público de pensiones, basado en el reparto, por otro gestionado privadamente y basado en el ahorro y la capitalización.

El modelo chileno consiste en que cualquier trabajador del viejo sistema puede elegir mantenerse o saltar al nuevo, mientras que los trabajadores que se sumen lo harán con pensiones privadas. Han pasado 24 años y el éxito de la reforma chilena ha sido innegable. Los números son muy elocuentes: durante las dos décadas comprendidas entre 1960 y 1980, el crecimiento medio del PIB fue del 3,1%. Desde 1981 el crecimiento medio hasta 2001 ha sido del 4,6%. Aunque el sistema de pensiones no explica por sí solo esta mejoría, cada año que pasa, con un creciente volumen de riqueza gestionado por los fondos privado, la contribución de los fondos privados al crecimiento se acelera.

Las ventajas de las pensiones privadas son muchas, no todas estrictamente económicas, aunque sean las más visibles. Se basa en el fomento del ahorro y la creación de riqueza. Ésta hace al trabajador más productivo, lo que permite elevar los salarios. Además a medida que se desarrolla la acumulación de capital se desarrollan los mercados en que se intercambia. Esto los hace más eficientes a la hora de destinar el capital a los proyectos y empresas más necesarias y rentables.

El sistema de seguridad social se basa en un impuesto sobre el trabajo, por lo que se desincentiva su creación. Liberado el trabajador chileno de esta servidumbre, se ha creado mucho más empleo y el trabajador sabe que cuanto más ahorre más podrá disfrutar en el futuro. De hecho los trabajadores han podido reducir el porcentaje que antes destinaban a la Seguridad Social (desde el 26% del salario hasta un 11% actual). Pese a esa reducción, las pensiones privadas les permiten obtener mayores pensiones en el futuro. La razón de estos beneficios está en el interés que se acumula año a año, y que ha rondado en estos 24 años el 10%.

En la transición al nuevo sistema hay que seguir pagando las pensiones del antiguo, pero con menores cotizaciones dado que cada vez más los ciudadanos lo abandonan porque el nuevo es más beneficioso. Ese déficit está siendo pagado en Chile principalmente por medio de los impuestos, y ha ido creciendo hasta 1999, año a partir del cual se está haciendo más pequeño. Hubiera sido más eficaz profundizar en las privatizaciones, pero la economía chilena no sólo no se ha resentido de las necesidades de realizar la transición, sino que es la que más se ha desarrollado de Iberoamérica en estas dos décadas y media.

Estos 24 años no permiten ver todos los beneficios que todavía está por aportar el modelo chileno. Pero sí se están adelantando las tendencias que marcarán su futuro. Hay chilenos que se están retirando apenas rebasados los 50, porque lo que han acumulado con el nuevo sistema les permite vivir lo que les queda con una seguridad suficiente. Esto sería inimaginable con las viejas pensiones públicas. Sin embargo, la certeza de que cuanto más se trabaje más se contribuirá a la pensión propia, lo que antes no se daba, está haciendo que por lo general los más mayores estén trabajando más y creando más riqueza. De hecho quienes están entre los 55 y los 64 años han pasado de participar en la fuerza laboral en un 38% en 1981 a hacerlo en un 50% en 2001.

Pero hay ventajas extraeconómicas. Por un lado se elimina del debate político un ámbito de la riqueza, la acumulada para después del retiro. Por otro conforma una sociedad de propietarios, la formulación de hoy del capitalismo popular de Margaret Thatcher, que tan buenos resultados ha dado. Tony Blair, laborista, acaba de ganar las elecciones por tercera vez consecutiva gestionando la herencia de Thatcher. Un ciudadano que ha comprobado que el Estado no es necesario ni conveniente para la previsión, que tiene más que perder con aventureros y salvapatrias y que ha aprendido que su propio esfuerzo es más poderoso que entrar en el juego político desconfiará cada vez más de las viejas fórmulas del siglo XX, cuando el Estado entró a gestionar la vida de los ciudadanos, quiéranlo éstos o no.

George W. Bush no ha optado por la vía chilena, basada en el desenganche del sistema público y que lleva a su lenta pero inexorable desaparición. Es la que debería haber seguido. Pero al menos ha vuelto a plantear el necesario debate sobre el prescindible papel del Estado en la gestión de nuestro futuro.

El valor de ser ciudadano

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El proceso liberalizador de las telecomunicaciones en España ha demostrado fehacientemente una cosa: es mucho más fácil y rápido crear un monopolio estatal que desmantelarlo. Es una verdadera pena que no funcionen. Si la propiedad estatal hubiera hecho algún bien alguna vez, ahora la URSS sería un gigante comercial y no… bueno, lo que sea ahora. Aunque el precio del ADSL ya es libre de cara al usuario final, Telefónica se ve obligada a revender a mayoristas a un precio marcado por el que ofrecen a los usuarios. A su vez, como operador dominante, sus nuevas ofertas deben contar con el visto bueno de la desterrada CMT.

En principio, parece lógico que cada proveedor de acceso a Internet pueda poner los precios que quiera y revenderlos al que más le guste. Esta limitación se incluyó porque Telefónica era la única que disponía de la infraestructura necesaria para ofrecer ADSL y, por tanto, la única competencia que podía tener provenía de empresas que únicamente revendían la conexión y ofrecían los servicios añadidos de atención al cliente, correo electrónico, espacio web, etcétera. Con la liberalización del bucle de abonado, empezaba a ser rentable en algunas zonas ofrecer una infraestructura separada, y así lo han hecho empresas como Servidores.com y Jazztel.

Pero, aunque Telefónica disponga de poca competencia en el terreno del ADSL, ya no estamos en los tiempos de monopolio, en los que no había siquiera la posibilidad de competir. Además de la competencia del cable, existen otras modalidades que pueden cobrar popularidad si la empresa intenta aprovecharse de su posición dominante, como es el PLC y el Wi-Fi, aunque aún estén en pañales. La obligación de Telefónica de revender ha mantenido los precios y las características del ADSL estables durante mucho tiempo, llevando incluso a sus competidores a ligar sus ofertas de banda ancha por diferencia con el precio "oficial" de la oferta más barata de ADSL. Esa estabilidad, para bien o para mal, es lo que esta medida dinamitaría.

En Francia, hace cuatro años, también existía una miríada de empresas que no ofrecían valor añadido y el precio del ADSL de 256Kbps era de 45 euros. Tras la liberalización de precios, hay actualmente ofertas de 20Mbps por 30 euros, pese a la reducción en el número de compañías que ofrecen esos servicios. Aun sin ser un caso equivalente al español, es una muestra clara de por dónde hay que ir, y ese camino es de mayor libertad, no menos. De modo que cabe desear que esta filtración al BOE ilustrado no sea sólo un globo sonda y se convierta en realidad.

No sólo Luis Cobos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Es fácil despreciar los intentos de la SGAE por imponernos sus tesis sobre la propiedad intelectual y el robo cuando sus defensores son gente de la talla intelectual y musical de Luis Cobos. Pero cuando es el grupo U2 quien dice que sus derechos de autor "deberían ser suyos mientras vivan y poder traspasarlos a nuestros herederos" como cualquier otra propiedad, el asunto merece ser estudiado con un poco más de atención. Especialmente porque, al mismo tiempo, el cantante del grupo apoya la iniciativa del gobierno canadiense enfocada a minar las patentes que algunas empresas farmacéuticas tienen sobre medicinas para tratar el SIDA.

Los activistas como Bono intentan crear la imagen de que dichas drogas están ahí, como por arte de magia, y que la "Gran Farma" (no hay demagogia más efectiva que unir un montón de empresas en una única, fantasmagórica y malvada megacorporación) estaría condenando a millones a la muerte por hacer beneficios imponiendo precios más altos de los que la mayoría pueden pagar. Sin embargo, en África sólo está patentado el 21’6% de los tratamientos antirretrovirales, además de que muchas empresas han reducido su precio enormemente; la OMS reconoce que se dispone de tratamientos que cuestan un dólar al día o menos. Existen otros problemas de mucho mayor calado como la ausencia de la infraestructura que damos por sentada en el mundo occidental para distribuir, almacenar y entregar las medicinas. En Nigeria, por ejemplo, se importaron tratamientos antrirretrovirales desde la India, sin pagar patentes de ningún tipo, y sólo un 10% llegó a los pacientes mientras los demás caducaban en los almacenes.

Durante los últimos años se ha discutido mucho sobre si existe o no un derecho natural a la propiedad intelectual como sí lo hay para la propiedad de bienes físicos. Sin embargo, tanto los defensores como los detractores de la misma se suelen poner de acuerdo en su utilidad pública: actuar como incentivo para la creación de ideas. Sin él, es probable que U2 pudiera ganarse la vida más que dignamente, como demuestran las largas colas y el bloqueo de los sistemas de venta de entradas para sus conciertos en España. Pero es difícil llegar a la misma conclusión con las medicinas. Nadie invertiría los millones de dólares necesarios en investigación y estudios, muchas veces fallidos, que requiere un nuevo medicamento para salir a la calle y salvar vidas. Y esas vidas, las nuestras, las de nuestra familia, se perderían. Es algo mucho más grave que quedarnos sin escuchar "With or without you".

Los que, como Bono, apoyan la reducción de las protecciones a la propiedad industrial de los fármacos se basan en un beneficio inmediato para los enfermos y en que, a corto plazo, no habrá consecuencias negativas aparentes. Al fin y al cabo, dado que los costes de investigación y desarrollo ya han tenido lugar, a las mismas compañías les interesa vender todo lo posible y plegarse a las condiciones que les imponen. Pero sí que afecta a las estimaciones que se hacen sobre el futuro. Inventar nuevos medicamentos ya no resultará tan rentable, por lo que se invertirá menos, especialmente en los que curen o alivien enfermedades graves, que son los más propicios de verse recortados. Así, mientras se empieza a comercializar Viagra, se reducen el esfuerzo en la investigación de una cura para el SIDA. ¿Para qué investigarlo? Si alguien tiene la mala suerte de encontrar la cura, los gobiernos impulsados por bienhechores como Bono iban a robar su creación. Y ellos, al contrario que U2, no tienen un modo alternativo de cobrar.

Que los mayores defensores de los derechos de autor sean al tiempo activistas de izquierda dispuestos a atacar las patentes de los demás, resulta una incongruencia difícil de conciliar. A no ser que tanto una cosa como otra no sean más que expresiones de su interés como clase, tal y como diría Marx. Quien sabe, quizá debamos rescatarlo para algunas cosas.

Adiós a Franklin Delano Roosevelt

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado jueves el Presidente Bush se dirigía a sus ciudadanos con un claro mensaje sobre la Seguridad Social: "El sistema está abocado a la bancarrota en el futuro". Pero el futuro es ahora. En 2008 comenzarán a prejubilarse los miembros más mayores del baby boom americano, que se irán incorporando progresivamente al pasivo del sistema, haciéndolo quebrar. La reforma es inevitable y la cuestión no es si se hará o no sino cuándo y cómo. Con cada año que pasa las opciones que restan son cada vez menos atractivas. Bush, que no puede aspirar ya a una reelección y que ha sido respaldado en su programa por la mayoría de los americanos, está dispuesto a llevarla a cabo, para lo que ha pedido colaboración a los dos partidos.

El sistema "de reparto" transfiere las rentas de los trabajadores a los jubilados, por lo que desincentiva el trabajo; las cotizaciones son un impuesto sobre la creación de empleo. La renta recibida por los jubilados se destina al consumo y no al ahorro y la creación de riqueza, por lo que la sociedad se hace más pobre. El plan propuesto por la actual Administración permite destinar parte de las cotizaciones a cuentas personales que van a fondos de pensiones. Pero la transición de un sistema a otro se enfrenta a un problema financiero: mientras unos retiran dinero del antiguo sistema para ahorrarlo en las nuevas cuentas, hay que sacar fondos para pagar a quienes se suman al pasivo del sistema antiguo. El coste puede ser muy importante, pero es muy importante no olvidar que es de carácter financiero y no estrictamente económico; por el contrario el nuevo sistema favorece la creación de riqueza.

Parte del desfase financiero se cubre con el aumento de los ingresos del erario público que provienen del aumento en el crecimiento económico. Pero éstos no son suficientes y tardan en aparecer. De modo que solo queda reducir el gasto en otras partidas, aumentar los ingresos fiscales o recurrir al endeudamiento público en previsión de que los beneficios del nuevo sistema ayuden a su futuro enjugue. Por desgracia Bush, que ha aumentado significativamente el gasto público, no está pensando en la primera opción, que de paso favorecería un mayor desarrollo económico. La segunda no cuenta con el apoyo de republicanos y demócratas. Y él ha manifestado que no aceptará una opción que suponga un aumento de los impuestos.

La solución parece exigir la cuadratura del círculo. Pero los recovecos del devenir económico son siempre más complejos, y George Bush puede beneficiarse de la reforma fiscal que tiene en mente, si es capaz de llevarla a cabo. Un impuesto con uno o dos tipos marginales, eliminados muchos de los agujeros de los que se benefician grupos especiales y lobbies, permitiría mantener bajos los tipos y sin embargo aumentar los ingresos del fisco, lo que ayudaría al Estado a asumir los costes de transición al nuevo sistema. De este modo dos aspectos sustanciales de su reforma económica para los próximos años no solo no se contradicen, como muchos temen, sino que se refuerzan.

Privatizar la Seguridad Social supone acabar con el legado de Franklin D. Roosevelt. Bajo su mandato se produjo un cambio radical en el papel del Estado en la economía en los Estados Unidos. El modelo público de pensiones se ha agotado y las reformas propuestas por Bush devolverían la iniciativa y la responsabilidad a los ciudadanos, arrancadas en este siglo por el omnívoro Estado. La apuesta tiene enorme calado y sus implicaciones sociales son de largo alcance. Los grupos sociales y de intereses que han servido de plataforma de la izquierda y que se han beneficiado tradicionalmente del favor estatal tiemblan ante la posibilidad de que desaparezca la partida más importante del presupuesto estatal y, especialmente, de que se cree una sociedad de ciudadanos ahorradores y autosuficientes, que vean con creciente desapego y desconfianza al Estado. Ya han empezado a reaccionar, actuando conjuntamente contra el plan de reforma. Se inicia un lucha política apasionante y de enorme importancia.