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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

La abolición de la Seguridad Social

El gobierno de ZP ha manifestado que va a contribuir un poco más a la quiebra de la seguridad social destinando 1.800 millones de euros adicionales a las pensiones. El sistema de seguridad social español se basa en un política de redistribución donde usted paga no su futura pensión, sino la de otro que ya ha contribuido (esquema de Ponzi). Recientemente Pedro Solbes declaró que "la seguridad social se puede prolongar durante cinco o seis años más, pero después de este tiempo será más complicado".

Para evitar este colapso algunos economistas, como los del gobierno Bush, creen que las pensiones han de financiar al que las aporta, y no a terceros. Para conseguir una cierta solvencia futura, Bush ha manifestado que la conversión a su sistema puede costar entre dos y tres billones de dólares. ¡Menuda solución!

En todos los casos el panorama es desastroso: o nos arruinamos en el futuro (método Solbes), o nos arruinamos en el presente (método Bush) destinando nuestro dinero a un fin que nosotros no hemos elegido, sino el estado.

El economista Milton Friedman, ganador de un Premio Nóbel, dijo de la seguridad social: "los jóvenes siempre han contribuido al mantenimiento de los mayores. Antes, el joven ayudaba a sus propios padres por un sentido de amor y deber. Ahora contribuyen a mantener a los padres de otro por obligación y miedo".

Las palabras de Friedman nos sirven de guía. ¿Qué derecho tiene el estado a robarnos el dinero diciendo que es para "nuestro bien"? ¿Qué derecho tiene para no cumplir con su deuda, y como solución a su fracaso, robar por partida doble a toda la comunidad? Nosotros sabemos mejor que nadie como gestionar nuestro dinero. Efectivamente, la mejor solución sólo puede ser que el estado no interfiera en nuestro futuro, y por lo tanto, abolir la seguridad social.

Pero ¿qué pasa con aquellos a los que el estado prometió una pensión y ahora se ven sin ella? Cuando llegue el momento, yo ofrezco un plan muy sencillo:

1. Que el estado privatice completamente todas las empresas productivas y elimine las improductivas. Con los ingresos indemnizará a los pensionistas. La privatización de estas empresas creará más trabajos, producción útil y aumentará el presupuesto individual y familiar. Podríamos llamarlo la contra–nacionalización.

2. Eliminar todas las ayudas y gastos estatales. El derroche social del estado sólo incentiva la ociosidad y el parasitismo (subsidios por desempleo, subvenciones destinadas a los actores, a organizaciones pro terroristas palestinas, a dictadores africanos y latinoamericanos…). Esto implica también eliminar todos los ministerios ineficaces, como el ministerio de economía, vivienda, ciencia, medio ambiente… Los funcionarios por primera vez tendrán que ser productivos e ir a trabajar a empresas privadas. El ahorro y fondos estatales serán usados para indemnizar a los pensionistas actuales.

3. Eliminar todas las leyes que son un obstáculo al comercio. En consecuencia aflorará el capital extranjero y nacional (sumergido) siendo canalizado a necesidades que la gente sí valora y haciendo aumentar el bienestar de todos.

4. Eliminar todos los impuestos. El precio de los bienes disminuirá drásticamente. Todos tendremos mayor poder adquisitivo y se incentivará la competencia de forma natural.

5. Eliminar todas las trabas a los sectores financieros, seguros y médicos. Desaparición de los órganos reguladores como la CNMV, banco central, dirección general de seguros… La oferta de productos financieros de ahorro, inversión y previsión crecerá según su demanda real proporcionando herramientas ricas y diversificadas en riesgo. Se crearán seguros y planes de pensiones individuales con cortos periodos de carencia para los mayores.

Con estas medidas seremos los amos de nuestro futuro sin depender de ningún político pudiendo ayudar voluntariamente a nuestros mayores. No tenemos la culpa de los fallos del estado. Que sea él quien pague sus errores.

Vacuna contra el mercado

Un nuevo problema ha irrumpido en plena campaña. Estamos en pleno otoño y hay escasez de vacunas para la gripe en los Estados Unidos por lo que, por ejemplo, muchos colegios han tenido que renunciar a cumplir con los requisitos de inmunización contra el virus. Algo que esperaríamos de un país en vías de desarrollado, se está produciendo en la primera potencia económica mundial. ¿Cómo es eso posible? El de las vacunas, como el mercado farmacéutico en general, es complejo y está sujeto a muchas incertidumbres. La demanda es cambiante, los virus mutan con frecuencia, la producción de las vacunas es compleja, el mercado es relativamente reducido (6.000 millones de dólares dentro de los 340.000 que genera la farmacia en Estados Unidos). Pero ninguna de esas razones explica que más de 30 compañías que se dedicaban a cubrir este mercado se redujera a cuatro, hace años, y más tarde a las dos que sobreviven en la actualidad. Tampoco explica que el invierno pasado, pese a que también se produjo escasez de vacunas se quedaran sin utilizar cuatro millones de dosis, de los 87 millones que produjo la industria. Tiene que haber algún motivo que explique tamaño desajuste.

La respuesta está, como no podía ser de otro modo, en la intervención estatal. Las vacunas son adquiridas por las agencias gubernamentales a precios muy bajos, lo que deja un margen de beneficio muy pequeño a los productores. Gregory A. Poland, director del grupo de investigación de vacunas de la Clinica Mayo reconocía recientemente al New York Times que este problema "no debería sorprender a nadie. De hecho me maravillo de que todavía haya empresas que quieran permanecer en el negocio". Si por un lado el Estado paga poco y mal a las compañías, por otro regula su producción con crecientes exigencias y condiciones. La FDA (agencia estatal para los fármacos) ha obligado a las compañías a una permanente inversión en la adecuación de sus planta a sus normas, que se han hecho más estrictas el los últimos años. De este modo han aumentado los costes. Una de las dos compañías que sobreviven, ha perdido 50 millones de dólares en las tres últimas temporadas. En estas condiciones decenas de compañías han abandonado el mercado y las que quedan no producen lo suficiente como para abastecerlo. Si el encargado de distribuirlas es en gran parte el Gobierno, es lógico que queden necesidades sin atender mientras se almacenan las vacunas sin usar, cuyo coste se adjudica, además, a las compañías. Como si ello no fuera suficiente carga, las compañías se han visto obligadas a indemnizaciones excesivas e injustas.

Los efectos de la regulación van más allá de la escasez del producto, que cada año se hace más acuciantes. Con tan poco margen y tan magras perspectivas de beneficio se ha detenido la inversión en nuevos métodos de producción, como el uso de células humanas o de mono, por lo que se sigue el método tradicional, utilizando huevos de gallina. Por otro lado se sabe que la prevención por medio de las vacunas es menos costosa que el tratamiento de la enfermedad, lo que hace al sistema sanitario más caro e ineficaz. Los demócratas proponen nuevas regulaciones, es decir, nuevos problemas, mientras que George W. Bush ha prometido un aumento del gasto que no haría más eficaz el sistema ni solucionaría sus problemas más graves.

Una sociedad de propietarios

George W. Bush ha demostrado que no tiene la intención, o al menos la fortaleza moral, de reducir el gasto público. De los últimos presidentes desde Nixon es el que más ha aumentado el gasto no destinado a defensa, un 8,2%, a lo que hay que añadir la partida militar. Y sin embargo, a su lado John Kerry parece un partidario del Big Government, del gasto público y la intervención. Un panorama poco alentador, en principio, para muchos votantes liberales y conservadores que no saben si votar al menos malo o no.

De todos modos hay grandes diferencias entre ellos; más de las que en este campo pueda parecer por el record de gasto del republicano en el poder. Ambos representan dos modelos distintos y que pueden tener consecuencias profundas en la sociedad americana. Es el caso de la Seguridad Social, que en Estados Unidos se enfrenta, como en el resto del mundo, a una previsible crisis financiera. A partir de 2008 cumplirán 62 años los primeros miembros de la generación del baby boom, lo que les permitirá acogerse al retiro temprano de la Seguridad Social. Es solo el comienzo de una incorporación masiva al pasivo del sistema que amenaza claramente su situación financiera. Kerry no ha dicho nada de interés al respecto, pero se opone al plan de Bush, que prevé que los americanos retengan una parte de lo que pagan a la Seguridad Social para que lo acumulen en cuentas de inversión con que ahorrar para su futuro. Una privatización parcial que podría sustituir prácticamente al actual sistema con el tiempo, pero que exigiría un endeudamiento por un billón de dólares, cuya financiación no está clara.

En el sistema sanitario las diferencias apenas pueden ser más claras. John Kerry quiere extender el actual sistema público, que no es universal. También quiere que el Estado pague ciertas operaciones muy caras, lo que tendría como consecuencia que muchos seguros privados quedarían sin atractivo, dado que una parte de los beneficios serían pagados desde el Estado. El republicano, por el contrario, propone créditos fiscales para las familias con menos medios para que contraten seguros privados, y la posibilidad de que los ciudadanos se abran cuentas privadas de ahorro libres de impuestos, si se dedican a la salud. Las reformas que prevé son más importantes que eso, porque en la actualidad los dueños de los seguros privados suelen ser las empresas. De este modo es una tercera parte, la empresa, la que carga con los costes médicos, lo que ha llevado al abuso tanto por consumidores como por los profesionales de la sanidad, lo que ha disparado las facturas sanitarias a niveles absurdos. George W. Bush prevé que con las cuentas individuales se restringirá el obsoleto modelo de la tercera parte y el sistema será mucho más racional. Y además prevé crear para los seguros un mercado nacional que curiosamente ahora no existe.

Uno de los objetivos declarados por los republicanos con estas medidas está en la creación de una sociedad de propietarios, en la que todo el mundo tenga un capital ahorrado. Hoy el porcentaje de propietarios sobre su casa es mayor que nunca y se quiere llevar ese principio también a otro tipo de bienes y activos. En una sociedad así los individuos serían más responsables de sus vidas y necesitarían menos del Estado de Bienestar. Luego lo que pretenderían es reducir el gobierno no solo por el lado de la oferta, sino por la demanda del mismo. Como afirma el republicano Grover Norquist, sanidad y pensiones representan un tercio del gasto público y de tener éxito los planes de Bush, la mitad de la población contaría con sistemas asistenciales y de pensiones privados en 20 años. De continuar con el actual sistema, o ampliarlo, como proponen los demócratas, nos encontraríamos en la situación opuesta. Solo el sistema sanitario público Medicare supone en la actualidad el 13% del gasto, pero de seguir así pasaría a representar el 35%.

De modo que nos enfrentamos a unas elecciones decisivas no solo por el papel de Estados Unidos en el mundo tras los atentados de la torres gemelas, sino porque podríamos empezar a ver un modelo alternativo al fracasado e injusto Estado de Bienestar.

Amenazados por la UE y salvados por los EEUU

Un reciente estudio del CNE sobre los controles de precios farmacéuticos –El Coste Humano del Control de Precios Farmacéuticos en Europa– está teniendo un enorme eco en los medios de comunicación europeos por lo dramático de sus conclusiones. No es para menos: según la investigación, un mínimo de 38 europeos mueren diariamente como consecuencia del intervencionismo gubernamental en el sector farmacéutico de los distintos países de la Unión.

El origen de este problema vital se encuentra en los controles de los precios de los medicamentos; unos controles que, a excepción del Reino Unido, se llevan a cabo en todos los países de la UE. El establecimiento de precios máximos por parte de las autoridades públicas tiene el efecto visible, inmediato y aparentemente milagroso de reducir el precio al que el público en general, y el estado en particular, pueden adquirir los fármacos. Sin embargo, el efecto menos visible y a más largo plazo consiste en una reducción de la variedad y de la cantidad de tratamientos disponibles, lo que nos aleja de las panaceas, los milagros y los cuentos de hadas porque necesariamente reduce la expectativa de sobrevivir a determinadas enfermedades.

Como de costumbre los gobernantes padecen el virus cortoplacista, cuya infección les impide ver ningún efecto que se extienda más allá de la fecha de las próximas elecciones. La virulencia de esta enfermedad propia de la clase política se agrava cuando los efectos a corto plazo, logrados a simple y mágico golpe de decreto, se traducen en una disminución del descontrolado y desmesurado gasto sanitario a expensas de codiciosas multinacionales capitalistas. Dado este fabuloso logro inmediato, ¿a qué político podría interesarle ayudar a salvar la vida de miles de enfermos en dilatados periodos de tiempo? Después de todo, nadie le va a reconocer que la liberalización del mercado farmacéutico salva vidas porque no se ve y, sin embargo, sí se le reconocerá el éxito en la bajada de precios y el control del gasto público en medicamentos porque es un efecto fácilmente visible.

La triste realidad es que la política de controles de precios ha provocado en Europa la decadencia de un sector que a comienzos del siglo XX era uno de los orgullos de la industria europea con fantásticas innovaciones como la morfina o la aspirina. En cambio, durante los últimos 25 años el gasto de la industria farmacéutica europea en investigación y desarrollo de nuevos fármacos ha pasado del 32% al 22% del conjunto mundial. Al mismo tiempo que desaparece del interés por investigar en tierras europeas se desvanece también el interés por vender a sus habitantes –al menos a los impuestos precios de rebajas. En 2002, la multinacional farmacéutica Pfizer comunicó al gobierno de Francia –donde los precios de los productos farmacéuticos son, gracias el deflacionista uso de la coacción gubernamental, un 40% del precio que esos mismos productos alcanzan en mercados libres como el de EEUU– que estaba considerando retirar algunos productos del mercado francés. Casos similares se han repetido los últimos años teniendo como protagonistas a Astra Zéneca y a otras conocidas empresas farmacéuticas.

Europa ha dejado de innovar en este importante mercado y a la industria farmacéutica internacional no le interesa comenzar la venta de nuevos fármacos de manera simultánea en mercados con precios libres y en mercados intervenidos como el europeo debido a la posibilidad de que el comercio paralelo arruine su negocio. Así que los medicamentos llegan más tarde e incluso algunos se resisten a atracar en los puertos de la vieja Europa.

El colmo de la sinrazón política llegó cuando la comisión europea multó a Bayer por restringir las ventas de Adalat, su conocido medicamento para el corazón, en Francia y en España. La empresa alemana había descubierto que los mayoristas franceses y españoles pedían más medicamentos de los demandados por los pacientes de sus respectivos países con el objetivo reexportar el sobrante y sacar partido al margen entre el precio intervenido de España y Francia y el precio libre de otros mercados. Para evitarlo Bayer estudió la demanda de Adalat en Francia y España, y limitó sus envíos al volumen de la demanda interna de cada país. Pero en los tiempos que corren, tratar de proteger tu empresa frente a los dañinos efectos del intervencionismo no es de recibo. Como si de un mundo al revés se tratase, la comisión europea consideró a Bayer culpable de limitar la competencia en el mercado y le impuso una fuerte sanción. Afortunadamente, en enero de este año la Corte Europea de Justicia introdujo algo de cordura en este asunto al anular la multa por considerar que una empresa difícilmente puede restringir la competencia unilateralmente y no encontrar evidencias de la existencia de un acuerdo con otras empresas para restringir de común acuerdo la producción de productos sustitutivos.

Así las cosas, lo cierto es que los europeos seguimos teniendo medicamentos relativamente innovadores gracias a la existencia de mercados libres en lugares como Estados Unidos, Suiza o el Reino Unido. Un alto responsable de la industria farmacéutica se ha atrevido a denunciar recientemente la evidente inmoralidad que se esconde detrás de esta perversión política del mercado al declarar que el intervencionismo de los gobiernos europeos está logrando desviar el coste de la investigación de sus pacientes a los pacientes americanos. Da miedo pensar qué ocurriría si Estados Unidos se sumasen a la política populista y coactiva de precios máximos.

Confiemos en que esto nunca llegue a suceder y en que, con el tiempo, los países que teatralizan la unidad europea se den cuenta de la inmoralidad y de los efectos perversos de sus controles de precios. Hasta entonces, los europeos harían bien en pensar y recordar continuamente que mientras que nuestros gobernantes ponen en peligro la vida de millones de individuos, los ciudadanos estadounidenses y sus mercados libres salvan día tras día la vida de muchas personas en el viejo continente.

Trasplantes, eficiencia y altruismo

Los políticos españoles suelen presumir de nuestra primacía mundial en el campo de los trasplantes de órganos: tenemos los más altos índices de donaciones y los enfermos que lo necesitan tienen altas probabilidades de recibir un trasplante. El economista Enrique Costas Lombardía critica en un artículo en El País que esto no es toda la verdad, y que el sistema no es tan eficiente como parece, ya que "está engrasado con dinero y privilegios". "Se enseñan las cifras de donaciones pero se esconde la corriente de dinero que las empuja". El gobierno presume de modernidad, tecnología y buena administración y tapa otras graves carencias de la sanidad pública.

Los espectaculares resultados de la Organización Nacional de Trasplantes se consiguen "mediante fuertes estímulos financieros que en otras naciones no se aplican": el coordinador de trasplantes, los médicos y las enfermeras dedicados a esta actividad cobran mucho más que otros trabajadores sanitarios, gracias a incentivos monetarios a la producción (no a la calidad ni a la eficiencia) que hacen que se esfuercen más para conseguir posibles donantes y órganos. Los expertos en trasplantes se quedan el dinero en lugar de los donantes o sus familiares, quienes no reciben ninguna compensación. Y mientras tanto, los pacientes con otros problemas no reciben un tratamiento tan exquisito.

Hasta aquí todo correcto y muy informativo, pero este economista se equivoca de pleno cuando se refiere a ciertos "efectos perversos" que este sistema tiene en la sociedad, especialmente el "desprecio del altruismo": "El principio ético que rige todos los sistemas de trasplantes del mundo civilizado es el altruismo. Nadie debe aprovecharse del ‘regalo de vida’ que es la donación de un órgano humano". Parece que sólo el altruismo es civilizado, que es repugnante actuar siguiendo el propio interés y vender un órgano. Pero ¿qué hay de malo en que un donante se beneficie de lo que entrega? ¿Por qué prohibir intercambios voluntarios?

Éticamente todo ser humano es propietario de su propio cuerpo, y puede donar sus órganos, su sangre o cualquier otro constituyente de su cuerpo, de forma gratuita o a cambio de una compensación económica, o negarse a hacerlo. La prohibición de la compraventa de órganos perjudica a los donantes y a los receptores potenciales, produciendo carencias de órganos y sangre. El sistema estatal de trasplantes utiliza dinero confiscado a los ciudadanos para pagar a los profesionales médicos y beneficiar a unos enfermos a expensas de otros. El elemento principal, el donante, no recibe nada, y sólo se invoca a su generosidad para que participe en el sistema. ¿Por qué no se pide también el altruismo de los médicos y los contribuyentes de forma voluntaria?

El pago de las medicinas

Para la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, "No es justo que un parado pague un 40% y un pensionista con 260.000 pesetas no pague nada" por los medicamentos. Tiene razón en ambas afirmaciones, aunque por motivos erróneos, ya que la comparación entre ambas es irrelevante. Uno y otro, parado y pensionista, deben pagar el total de los fármacos y servicios sanitarios que necesiten, ya que no es justo que se le pase la factura a otra persona inocente que no guarda ninguna relación con su enfermedad. Cada cual se paga todo lo suyo (no un porcentaje arbitrario), y si pretende que le inviten más le vale pedirlo y no exigirlo. Es triste estar enfermo, pero es más triste robar, aunque sea disimuladamente a través de los presupuestos del Estado. Desgraciadamente la auténtica justicia no es políticamente correcta y ha sido pervertida por la demagogia de la solidaridad estatal.

El famoso copago es una tímida medida propia de políticos que actúan según la reacción popular a globos sonda que anuncian sus intenciones. La intención de reducir el gasto público farmacéutico es buena, pero la solución real es explicar a los ciudadanos que no existen las comidas gratis y que nadie tiene derecho a vivir a costa de los demás, ni siquiera los pobres, los desempleados o los ancianos. En un mercado auténticamente libre y competitivo, las empresas productoras y distribuidoras de medicamentos se verían obligadas a reducir al máximo sus márgenes de beneficio, proporcionando a los consumidores mejores medicinas a precios más asequibles. Pero a la ministra, gran defensora del grupo de interés formado por los dueños de farmacias, no le gusta el mercado libre, y no está de acuerdo con que los fármacos que no necesitan receta se puedan vender en supermercados.

Pagar los bienes o servicios que se reciben según la renta del beneficiario es un absurdo igualitarista (igual que la tasa fiscal progresiva). ¿Se imaginan hacer la compra con la declaración de la renta bajo el brazo? Los productos en tiendas y mercados tendrían sofisticadas etiquetas con diferentes precios para los diversos clientes. Como los ricos no suelen serlo por su falta de astucia, mandarían a los pobres a hacerles el favor de comprarles lo que necesitan a cambio de una pequeña comisión. Por otra parte, ¿cómo se trataría a quienes no obtienen ingresos pero disponen de riqueza acumulada?

Evidentemente cuando uno se paga sus propias medicinas tiene perfecto derecho a exigir que le reduzcan sus impuestos, no va a pagar encima dos veces por lo mismo. Como es natural las federaciones sindicales de pensionistas se oponen al cambio, no les gusta perder sus privilegios. Igualmente protestan numerosas organizaciones de consumidores de inspiración colectivista: "Si se atreven a hacer que los jubilados se paguen las medicinas, imagínate lo que harán con nuestras subvenciones".

Así que salud, dinero y amor para todos, sobre todo dinero ganado honradamente para cuidar cada uno su propia salud.