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Parece que todo aconteció el siglo pasado y solo queda la bruma convertida en un manto de silencio. Pero la matanza más monstruosa acontecida desde la guerra civil española no ha traído todavía la búsqueda y captura de los culpables transcurridos más de siete años. Una fosa abisal ha quedado abierta en la conciencia de tantos que han preferido mirar a otro lado o, simplemente, se han tragado la descomunal operación de intoxicación desplegada para proteger a los participantes en los crímenes del 11M. Por el contrario, cada vez que las escasas personas entregadas a que esta causa no caiga en el completo olvido analizan aspectos concretos de esa estafa procesal que resultó ser la instrucción y juicio del caso principal, no se sabe ya que resulta más lacerante; si la masacre misma o la resignación generalizada a que quede impune, para mayor gloria de los canallas que la perpetraron, quienes disfrutan de una inmerecida libertad.

Va ya para más de dos años que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo del 11-M emprendió acciones contra el Jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, y la química del laboratorio de ese cuerpo policial por unas actuaciones que, objetivamente, revisten, cuando menos, la apariencia de encubrimiento de los atentados, dado que ellos mismos se hicieron responsables de la ocultación de pruebas en las sesiones del primer juicio oral. Esas cuestiones tendrían que haberse depurado durante la instrucción, ya que resulta insólito que al poco de cometerse estos auténticos crímenes de lesa humanidad, se destruyeran restos de los trenes y casi todos los demás vestigios, sin que nadie que estuviera al tanto de las investigaciones –así como del destino de unas muestras tan difíciles de soslayar sin levantar sospechas- hiciera absolutamente nada por evitarlo o denunciarlo inmediatamente. Más difícil de aceptar es el silencio posterior sobre estos extremos de cientos de funcionarios de la policía, de los juzgados y de la fiscalía, quienes forzosamente tuvieron que conocer esas irregularidades delictivas en algún momento.

Como se sabe, se desconoce todavía oficialmente quién dio la orden de destruir los trenes. El juez del Olmo, bajo cuya responsabilidad recayó la primera instrucción, no adoptó ninguna medida contra quienes lo hicieron, suponiendo que no fuera él mismo quien lo autorizó. Por el contrario, como si tratara de suplir el análisis de pruebas reales por remedos de diligencias, cubriendo un expediente que se piensa que nadie va a leer, un año después de la comisión de los atentados y de la destrucción de los trenes, encargó un informe a miembros de tres cuerpos policiales. La principal conclusión de ese documento fue que no podía llegarse a una conclusión segura sin analizar los restos aniquilados…

Aunque, cuando resolvió los recursos de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo manifestó su "sorpresa" ante una eliminación que constituye por sí misma la descripción de una modalidad del delito de encubrimiento, no llegó a la conclusión lógica que se deriva de ello: la deducción de testimonio para esclarecer quiénes intervinieron en un delito de una gravedad difícilmente repetible. Esa actuación no agotaría el asunto, ya que las investigaciones sobre esos aspectos podrían llevar a calificar esa intervención como complicidad o cooperación necesaria, dada la escasa distancia que separa a estas formas de participación del encubrimiento en los atentados.

Ahora bien, ese mismo Alto Tribunal, que tan solo se sorprendería tiempo después de la destrucción de los trenes, había rechazado la admisión de la querella de Manos Limpias contra el Magistrado titular y la Fiscal del Juzgado Central de Instrucción número 6, por ese hecho y otros relacionados con la instrucción, mediante un anodino auto de 1 de diciembre de 2006 que firmó el ponente Carlos Granados Pérez, un antiguo Fiscal General de Estado por nombramiento del último gobierno socialista de González Márquez. De una forma precipitada se cerró la posibilidad de que el juez instructor del 11M diera cuenta de sus actos antes incluso de que se conocieran públicamente todas las irregularidades de la instrucción en el juicio oral celebrado meses después. En un confuso y circular razonamiento jurídico cuarto, en aras de exculpar al magistrado sin ofrecer muchos detalles, la Sala concedió valor probatorio a un informe donde se confiesa que no se analizaron los restos de los trenes y apuntaló la barbaridad metodológica de que los informes periciales oficiales alcancen valor probatorio, prescindiendo de su consistencia y sin necesidad de conservar muestras materiales sobre el objeto de su estudio. Como colofón, incurriendo en el grosero defecto de hacer supuesto de la cuestión de que hubiera realmente pericias, tantas veces censurado por resoluciones de ese tribunal mejor articuladas, se avanzó una justificación peregrina a la destrucción de los trenes: "La conservación y destino de los vagones en cuestión -una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias- corresponde a su legítimo propietario (RENFE), que además cuenta con lugares apropiados para ello".

Porque, digámoslo de una vez, ésta es una de las constantes que ha presidido el macabro juego judicial relacionado con los atentados del 11M: Aparte de las manipulaciones de elementos fundamentales del caso, las cuales solo pudieron organizarse y ejecutarse por parte de miembros de los llamados servicios de seguridad del Estado, se han producido también demasiadas contemplaciones, incluidas las de aquellos que alegan que fueron burlados por la actuación decidida y planeada de un simple jefe de los Tedax.

No puede creerse que ese mando medio de la policía, sin recibir órdenes de alguien, desplegara a sus subordinados de confianza para recoger y custodiar (es un decir) las muestras de los focos de explosión, analizarlos (también es otro decir) en el laboratorio de su unidad y evitar que llegaran a otro especializado dentro de la misma policía. Tampoco resulta de recibo que existan policías que declaran solo si se les pregunta expresamente, esperando siete años a que se les cite a declarar sobre la ocultación de pruebas imputada a Sánchez Manzano. Estas circunstancias les convierten a todos ellos en sospechosos. Cuando menos esa falta de iniciativa por denunciarlo por las vías adecuadas (son policías, no espectadores) podría constituir un delito de omisión de la obligación de perseguir otros delitos.

Siguiendo los criterios lógicos de investigación y las máximas de experiencia procesal penal recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este procedimiento tendría que haberse dirigido ya de oficio contra los superiores directos de Sánchez Manzano, contra sus subordinados y contra aquellos que no asumieron un papel activo en la persecución de los delitos cometidos, tomándoles declaración como imputados. Cuestión diferente podría ser el curso que siguieran las actuaciones, pues no cabe establecer responsables preconcebidos.

Más aun, la estupefacción y la conmoción posteriores a la perpetración de los atentados no debería ser óbice para que las personas que se enteraron de aspectos parciales de la instrucción depusieran ante la juez de instrucción. Lo cual puede extenderse perfectamente tanto a los empleados y directivos de Renfe como a los políticos del gobierno de Aznar. No olvidemos que éste declaró en sede parlamentaria que "los que idearon los atentados no están ni en montañas lejanas ni en desiertos remotos". Si él o alguno de los miembros de su gobierno conocen algún dato o circunstancia que ayude a esclarecer como se produjo este cambiazo de pruebas deberían ofrecerse inmediatamente como testigos. Todavía están a tiempo. No basta con que sus sucesores anuncien que entregaran papeles inútiles que solo sirven para confirmar que la policía no puede destruir las pruebas de un caso, aunque alegue que tiene buenas intenciones.

Por otro lado, el poder judicial no debía tolerar que en un procedimiento penal de esta naturaleza un ministro se burlase durante más de un año sobre las peticiones de certificaciones y los nombres de los Tedax que participaron en la recogida de muestras.

Sin embargo, el dominio de los políticos sobre el poder judicial ha alcanzado cotas de sumisión reverente de los jueces a sus respectivos padrinos. La falta de independencia e imparcialidad de éstos – que nunca ha tenido una gran tradición en España, dicho sea de paso – quiso declararse contraria a esa Constitución tan defectuosa de 1978. Su fracaso objetivo por investigar y juzgar este caso del 11M por encima de las presiones políticas sustenta la convicción de que muchas costumbres y modos deben cambiar para limpiar la miseria y la corrupción que aquejan al moribundo régimen constitucional. Los españoles necesitan un par de rescates, pero solo pueden protagonizarlos ellos mismos. Antes que el económico, necesitan uno moral, pues la demanda de justicia debe estar por encima de la conveniencia en una sociedad que se respete a sí misma y quiera liberarse de las cadenas de una mentira tan terrible. Solo entonces, cuando una masa crítica de individuos se atreva a exigir que se deje de marear la perdiz, se conocerá la verdad del 11M. Sin manipulaciones ni contemplaciones.

El aluvión de noticias y los rumores sobre las maniobras que deben subyacer a la sintonía –hasta para expresar la discordia– entre los mensajes del gobierno y los de la banda terrorista ETA impiden ver el bosque de un guión repetido de forma repugnante demasiadas veces.

De nuevo, ante la inminente celebración de unos comicios electorales, se pone en marcha una farsa infame, donde los actores, que son al mismo tiempo guionistas, comienzan la actuación. No cabe duda que uno de los mayores placeres para esta pléyade de pícaros que detentan el poder en España consiste en mantener ese último resorte que distingue al poderoso del débil: reservarse la potestad de pronunciar lo que es legal e ilegal. Estar por encima de la ley. Esto es, actuar de forma arbitraria esgrimiendo la legitimidad que confiere –se apresuran a pregonar estos aprendices de brujo– la aritmética parlamentaria para hacer y deshacer lo que quieran. A menudo, cuando los estigmatizados críticos de estos apaños con una banda de criminales amalgamados por una ideología colectivista y esotéricamente milenarista espetan al primero su "debilidad" frente a los terroristas, yerran ingenuamente el diagnóstico.

Los gobernantes españoles o, mejor, los tiranos a los que los españoles en su conjunto han consentido durante largos años toda suerte de tropelías sin apenas rechistar no son débiles frente a una banda de dos mil miembros activos –y acaso doscientos mil pasivos– que solo en algunas zonas del País Vasco constituye un poder de facto paralelo. Al principio de esta historia, marcada por el error letal de conceder la amnistía a sujetos reos de asesinato en los primeros años de la Transición, pudo esgrimirse que el apoyo de regímenes totalitarios y la falta de colaboración internacional de supuestos países aliados –léase Francia– dificultaban el desmantelamiento de la ETA.

Pero esa coartada se acabó hace bastante tiempo. Una banda, por muchos apoyos que sume entre una población, acostumbrada, por cierto, a observar la impunidad añadida de que gozan los terroristas frente a los demás delincuentes, no puede compararse con un Estado como el español, moderada, pero no rematadamente, ineficaz e ineficiente, como tantos otros.

Éste cuenta con ingentes recursos económicos y humanos y, si sus gobernantes se lo proponen de veras, puede destinar a decenas de miles de policías, centenares de espías y decenas de jueces y fiscales a investigar las actividades de esos terroristas, detenerlos y juzgarlos. Por otro lado, aunque el fanatismo y el mesianismo del que hacen gala los ideólogos de la ETA sea parangonable a los imperantes en otros lugares del mundo donde parecen enquistados, como ocurre en ciertos países iberoamericanos e Irlanda del Norte, también saltan a la vista las diferencias entre las sociedades sobre las que se proyectan. Aunque la insidiosa extorsión de la banda ha destrozado la vida de miles de personas y enviado al exilio a otras decenas de miles, lo cierto es que el País Vasco continúa siendo una región relativamente próspera económicamente y dista mucho todavía de ser el infierno socialista en el Cantábrico que sueñan sus autoproclamados libertadores. Dentro de ese contexto, los etarras tampoco han reclutado masas de asesinos entre jovencitos pendientes de aprobar la enseñanza secundaria obligatoria, por mucho que los programas impartidos durante años de hegemonía nacionalista hayan sembrado de odio y mentiras la conciencia de varias generaciones.

Descartado que nos encontremos ante muestras de debilidad, se hace preciso plantear claramente qué ocurre en España para que sea el único país europeo donde su gobierno no ha relegado a la marginalidad al principal grupo terrorista local. Siempre dispuestos a saltarse la ley de una manera u otra, recordemos que los dirigentes actuales de la PSOE, herederos del GAL pero investidos de manos libres gracias a su mesianismo socialista, han ensayado políticas nada improvisadas para moldear la mentalidad de los españoles y exprimir las posibilidades del sistema electoral actual, urdiendo una trama de apoyos externos a su grupo que les permita detentar el poder en el gobierno central y el mayor número de comunidades autónomas y ayuntamientos sin abolir formalmente la democracia.

Cualquiera que sean sus motivaciones, uno de los puntales que han arrojado sobre la sociedad que dominan ideológicamente ha sido esa patraña de conseguir "la paz en el País Vasco" como eufemismo para describir el resultado que se derivaría de una colaboración estratégica para que los terroristas dejen de matar y alterar las relaciones de fuerzas en las elecciones. Bien sea por incapacidad o bien por malicia de los políticos del PP, quienes podrían intentar un discurso alternativo pero no lo hacen, lo cierto es que su tarea se ve facilitada por esa ausencia. Evidentemente el miedo puede adormecer conciencias, pero los beneficios que se pueden obtener de su canalización siempre han fascinado a los teóricos socialistas. Parece que fue el siglo pasado debido a la ausencia de análisis con perspectiva en casi todos los medios, pero los socialistas no solo instaron la aprobación de una moción en el Congreso de los Diputados que otorgaba carta blanca al gobierno para tomar las decisiones que estimara convenientes en una primera fase de esta negociación, sino que buscaron y obtuvieron un aval rocambolesco del Parlamento Europeo en octubre de 2006 por un estrecho margen.

Aconsejada otra vez la jugada en vísperas de otras elecciones en mayo de 2011, el gobierno de Rodríguez Zapatero muestra concesiones y la ETA se congratula el domingo de resurrección, día elegido por el difunto Sabino Arana para celebrar el día de la Patria Vasca. Niega negociaciones con la banda terrorista, pero al mismo tiempo abre las puertas para que las siglas que patrocina a los miembros de la banda (ahora se llama Bildu) participen en las elecciones municipales. Bien es cierto que retuerce las dotes para el disimulo utilizando las instrucciones del fiscal (de cuya supuesta independencia del gobierno ya ni se habla) para que impugne algunas candidaturas de esa coalición, pero… salve a otras. Los beneficios penitenciarios para los miembros de la ETA y los aparentes despistes sobre el control de la libertad provisional de otros gotean las portadas de los medios de comunicación, incrementando la sensación de inevitabilidad de las decisiones y de que el gobierno realmente lucha pero se enfrenta a imponderables en su sacrificada tarea.

Es difícil prever si esta recompensa a los terroristas por haber asesinado durante años invocando razones políticas cuajará en primera instancia, pero tiene bastantes posibilidades, dada la desarticulación de sus críticos y el ninguneo de las víctimas que simplemente quieren justicia. Lo que sí está claro es que los elementos que se conjugan juegan con la subversión de un régimen constitucional que hace aguas por todos los costados. El apaño que están urdiendo estos aliados de ahora anuncia luchas brutales por el poder en el futuro, dada la concepción totalitaria de ambos. No habrá ni paz ni gloria.

Quede claro que un posible derrocamiento del Coronel Gadafi no merece ni una sola lágrima. Para quienes se asoman a los acontecimientos de la política internacional con aspiraciones de objetividad, el tinglado llamado Yamahiria montado por ese militar libio después de su golpe de estado de 1969 siguiendo la estela de los regímenes comunistas a las órdenes de Moscú, siempre fue una banda de criminales.

Como especialmente execrable cabe recordar el atentado contra el avión de la PAN-AM (vuelo 103 Londres-Nueva York) cuando el 28 de diciembre de 1988 sobrevolaba Lockerbie, donde fueron masacradas doscientas setenta personas, incluyendo a todos los tripulantes y algunos vecinos de ese pueblo escocés que tuvo la desgracia de sufrir la caída de los restos de la aeronave. Un par de años antes el presidente norteamericano Ronald Reagan había lanzado a la poderosa aviación norteamericana contra distintos objetivos militares en Trípoli y Bengasi, incluidas las residencias de este tirano histriónico, después de que el 5 de abril de 1986 se produjera un atentado en una discoteca de Berlín Occidental, frecuentada por soldados norteamericanos, que segó la vida de tres personas.

A pesar de las diatribas contra el imperialismo norteamericano por hacer lo mismo que él está haciendo ahora, lo cierto es que este bandido sobrevivió al ataque norteamericano. Tras la demolición del Muro de Berlín, buscó un barniz islámico, redujo sus intervenciones para dominar a sus vecinos africanos y su apoyo a grupos terroristas occidentales entró en una fase de letargo. Por el contrario, se concentró en apuntalar un pintoresco régimen posrevolucionario para convertirlo en una especie de monarquía despótica y sanguinaria, al modo sirio, por ejemplo. Gracias a los grandes yacimientos petrolíferos que se encuentran en las costas y el territorio libio, él y los suyos probablemente deben gran parte de su fortuna a las comisiones por las concesiones de explotación de esos pozos y la adjudicación de grandes proyectos de obras públicas a empresas italianas, francesas, británicas, españolas…

Sorprendente y significativo fue el episodio de las enfermeras búlgaras liberadas por la intervención del presidente francés Sarkozy, que recordó tanto los rescates de rehenes desamparados en manos de los piratas berberiscos del siglo XVI. A ello siguió una visita a Libia, en julio de 2007, para sellar unos acuerdos de venta de material militar y un reactor nuclear para "desalinizar agua". Hace apenas un año, no obstante, este rufián amenazó a las autoridades helvéticas con la "yihad" por el hecho de que los suizos aprobaran en referéndum prohibir la construcción de nuevos minaretes en las mezquitas, lo cual se añadía a la supuesta afrenta que había sufrido su familia cuando la policía de ese país tuvo la prosaica idea de detener en julio de 2008 a su primogénito, Hannibal (¡ojo al homenaje al caudillo cartaginés!) y su esposa por haber infligido malos tratos a sus criados en una de sus estancias en Ginebra.

Dentro de las recientes revueltas en distintos países árabes ocurrió que le llegó el turno a la satrapía libia, la cual había sobrevivido a la caída de antiguos mentores en la Unión Soviética. Por el momento, la información disponible sobre cuál sea la orientación de esos rebeldes dista mucho de ser completa. ¿Miembros de tribus distintas a la de Gadafi? Cuarenta años de dictadura sanguinaria implacable permiten suponer que habrá un número relativamente importante de exiliados. Probablemente un primer gobierno que se hiciera con el control de todo el país quedaría profundamente agradecido por la colaboración de los países que han decidido intervenir. Pero nadie desde fuera puede asegurar su estabilidad y cuál será su evolución posterior. Tampoco cabe descartar que haya sucesivos golpes de mano y que, al final, los extremistas islámicos se alcen con el poder político.

En todo caso, el factor que se ha presentado como crucial en todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para establecer una zona de exclusión aérea en el territorio libio ha venido determinado por las agresiones militares a la población civil, aunque sea allí, precisamente, donde se han hecho más fuertes los rebeldes. La última resolución [1973/2011] autoriza a los gobiernos involucrados (EEUU y países europeos miembros de la OTAN como Reino Unido, Francia, España) a "adoptar todas las medidas necesarias (…) para proteger a los civiles amenazados de agresiones militares dentro del territorio libio, incluyendo Bengasi". De momento, sin embargo, no se autoriza la intervención de ninguna "fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase sobre cualquier parte del territorio". Asimismo, se prohíben todos los vuelos sobre Libia para proteger a esa población civil, salvo aquellos que transporten alimentos y medicinas o personal de ayuda para esa población civil, y se autoriza a aquellos países que hayan notificado a los Secretarios Generales de la ONU y de la Liga Árabe su participación para que adopten todas las medidas necesarias para hacer cumplir la prohibición de vuelos. Otras medidas complementarias contra el gobierno de Gadafi vienen dadas por el embargo de armas y la congelación de todo tipo de fondos y activos del gobierno libio y de una lista de personas y agencias que actúan en su nombre en todos los bancos e instituciones financieras del mundo.

No obstante la fragilidad del acuerdo en el seno del gobierno interestatal mundial embrionario que constituye el Consejo de Seguridad (Alemania, Rusia, India y China se abstuvieron), la resolución permite emprender la guerra más allá del marco perfilado originalmente en el tratado de las Naciones Unidas "para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales" (Capítulo VII del Tratado de las Naciones Unidas). Se arguye que el coronel Gadafi ha vulnerado principios de Derecho Internacional Humanitario e, incluso, se recuerda una denuncia ante el Fiscal de Tribunal Penal Internacional para que investigue los hechos acontecidos en Libia desde el 15 de febrero de este año, principalmente con objeto de hallar a los responsables de las agresiones aéreas y navales dirigidas a la población civil. Obviamente es muy probable que, en efecto, Gadafi sea responsable de crímenes contra la humanidad, pero esto ha ocurrido en otras partes del mundo (Chechenia, Tibet o países dominados por dictaduras sanguinarias como Corea del Norte, Cuba y otras dictaduras emergentes) sin que se hayan dado siquiera los pasos para condenar esas acciones.

Aparte de cuestiones como el doble rasero de la ONU para abordar situaciones similares de manera muy diferente, y la falta de legitimidad de la mayoría de los estados del planeta para exigir a otro el respeto de derechos humanos pisoteados, estas guerras plantean el dilema de si resulta plausible para los países occidentales emprenderlas cuando también pueden suponer en principio una vulneración de los principios de no intervención en los asuntos internos de otro estado, a no ser que éste haya agredido a otro. Sus políticos parecen muy interesados en alcanzar un perfil internacional demostrando su dedicación a estos asuntos de una manera selectiva, pero los individuos que sufragan las aventuras de esos líderes tienen ya suficientes problemas. Pueden invocarse razones humanitarias y cualesquiera otras, pero, para empezar, habría que exigir a los políticos de los mal llamados países capitalistas libres que no compadreen con criminales de baja estofa. La llama de la libertad, si alguna vez ha de prender en todos esos lugares, vendrá acompañada de una difusión más amplia de los ideales y las prácticas que sirven para cultivarla; de la propagación del libre comercio sin mediatizaciones mercantilistas y corruptas y de la asimilación de las libertades fundamentales proclamadas por el liberalismo clásico. Mientras tanto, las intervenciones puntuales solo quedarán justificadas en caso de que las vidas y las propiedades de personas de los países concernidos sean atropelladas.

El mando de la RAF estacionado en Italia ha informado de que las fuerzas aéreas libias y sus sistemas de control aéreo han dejado de ser operativos debido a los ataques de la aviación aliada. Ante la ausencia de una habilitación para tomar posiciones en tierra, esperemos que la situación no se prolongue hasta convertirse en un avispero.