Ir al contenido principal

Etiqueta: Seguridad y Defensa

El diseño de la paz

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Cuando el 28 de julio de 1914 el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, pocos imaginaron que lo que parecía una nueva guerra balcánica se terminaría convirtiendo en la Gran Guerra. Las alianzas entre Gobiernos y Estados se activaron con éxito y los esfuerzos diplomáticos de poco sirvieron, incluso las relaciones familiares entre los reyes y emperadores de las principales potencias enfrentadas fue inútil.

Llama la atención la cantidad de personas que piensan que las guerras se crean para enriquecer a unos pocos. La guerra es pura incertidumbre y entre tanta violencia es cierto que hay gente que se enriquece, pero no menos cierto que la gran mayoría se empobrece, sobre todo si la guerra es total. La planificación de la guerra es un oxímoron que a algunos les ha costado sus fortunas y a muchos más, sus posesiones o su vida. Una apuesta loca en la que casi sin querer hay que tomar partido, aunque sea solamente una posición moral.

Pero toda guerra tiene un corolario, la paz. No hay paz sin guerra, ni guerra sin paz y el intervencionismo de los Estados triunfadores se hace mucho más evidente en ésta que en el conflicto. Toda guerra tiene sus orígenes, reglas y consecuencias, diferentes entre sí. Cada una suele presentar cuestiones éticas y morales novedosas al amparo de su propia naturaleza, del desarrollo de la tecnología, de la estrategia y de las tácticas. La destrucción hace de la paz algo ansiado por aquellos que incluso al principio optaron por posiciones favorables al conflicto, pasando hipócritamente incluso al pacifismo. En periodo de paz, al fin y al cabo, las relaciones son mucho más sencillas o al menos con menor incertidumbre y la riqueza se puede crear, algo que en periodo de guerra es imposible.

La búsqueda de la paz se torna en un ideal, es bandera de muchas organizaciones e individuos, se convierte en principio moral y de esta manera legitima a quien la esgrime. Sobre esta legitimación moral se asientan instituciones estatales e intervencionistas que buscan incrementar su poder. En el caso de las instituciones ligadas al Estado, la legitimación se une al poder que de hecho ya tienen. Pero no todo proceso de paz implica necesariamente una mejora de las condiciones de libertad de la sociedad. En no pocos casos puede suponer un retroceso sobre las condiciones anteriores al conflicto.

La paz de París de 1919 fue uno de los experimentos de ingeniería social más nefastos de la historia de la humanidad y sus consecuencias las estamos pagando aún. Un acuerdo perpetrado por los ganadores de la Gran Guerra que en un acto de arrogancia propia de los grandes hombres de Estado, decidieron acabar con todos los conflictos bélicos del futuro.

Muchos fueron los errores que cometieron, el primero de ellos el fin de la propia guerra. Como el frente Occidental se convirtió en un una línea de trincheras que partiendo de Suiza atravesaba Francia y Bélgica hasta llegar al Canal de la Mancha, los alemanes nunca fueron conscientes en su propio país de los desastres de la guerra y la propaganda imperial impidió que tomaran una percepción real del conflicto. La sensación de traición y no de derrota fue una constante para todos los alemanes, tanto de izquierdas como de derechas, en la posterior República de Weimar cuyo servicio de propaganda también magnificó el montante de las compensaciones así como su efecto sobre la población.

La Gran Guerra supuso la desaparición de buena parte de los imperios que participaron en ella. Al paraguas de los Catorce Puntos del presidente americano Woodrow Wilson, los nacionalismos tomaron protagonismo frente a los individuos y los estadistas se dedicaron a reubicar las etiquetas que ellos mismos habían creado.

El Imperio Austrohúngaro se convirtió en una multitud de estados que se presentaron como víctimas en París, dejando a Alemania como “único” culpable de la guerra. El Imperio Otomano se convirtió en una República y buena parte de su territorio pasó a manos de las potencias ganadoras en forma de dominios y colonias. Británicos y franceses estaban más preocupados por defender los intereses de sus respectivos imperios, ya en decadencia, o en el caso galo, de vengarse de su vecino del este por hechos pasados como la Guerra Franco-Prusiana, que de intentar parar el idealismo intervencionista de uno de los peores presidentes americanos. Japón se benefició de la descomposición del imperio alemán, pero sobre todo dio alas al militarismo que le llevó a una expansión territorial por toda Asia.

La necesidad de crear entidades nacionales y estatales que incluyeran sociedades lo más nacionalmente puras generó un serio problema de minorías y de nacionalidades despechadas en Europa. Los judíos fueron excluidos del puzzle mientras que los armenios, masacrados por los turcos, simplemente fueron olvidados. El Imperio Ruso dio paso a la Unión Soviética tras unos años más de una guerra civil que provocó más muertes que toda la Gran Guerra. El antisemitismo, una lacra en toda Europa, aglutinó gran parte de la derecha y la izquierda en Alemania, y permitió, junto al nacionalismo germánico, el ascenso al poder de Adolf Hitler.

Casi todas estas entidades nacionales terminaron adoptando unos sistemas fuertemente estatalizados, mucho más férreos que los Imperios a los que sustituyeron, con el nacionalismo o la lucha de clases como religiones laicas. La era del Estado Totalitario había nacido a la sombre del idealismo de unos políticos que pensaron que con una regla, unos mapas y voluntad se podía encontrar el Paraíso en la Tierra. Esta vez, el sueño de la razón sí que había creado monstruos.

La seguridad, el gran monopolio estatal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La producción de seguridad es, sin duda, el monopolio estatal por excelencia que está aún vigente tras la gradual, aunque incompleta, apertura a la libre competencia de numerosas actividades económicas que han sido ejercidas en exclusiva por el sector público a lo largo del siglo XX en los países desarrollados.

La privatización de este servicio tan sólo se ha producido de forma parcial y muy limitada, y siempre bajo la estricta regulación sectorial impuesta por los poderes públicos. La razón a tales límites estriba en que la principal característica funcional del Estado consiste en el ejercicio monopolístico de la fuerza sobre un territorio determinado. Por ello, el poder político carece de incentivo alguno a la hora de posibilitar la existencia de cuerpos de seguridad privados que escapen a su control y dominio ya que, en esencia, constituirían una amenaza directa a la naturaleza estatal.

En este sentido, el Estado actúa a modo de pura mafia monopolística. La única diferencia entre un grupo criminal y el ente estatal radica, precisamente, en que el poder público actúa a modo de monopolio (ausencia de competencia) en su particular área de influencia, delimitada ésta por fronteras que separan y distinguen unos estados de otros. El Estado es el único ente legitimado para ejercer la fuerza contra sus ciudadanos.

¿Pero está justificada dicha legitimidad? A mediados del siglo XIX, Gustave de Molinari, en su artículo Sobre la Producción de Seguridad, ya desmontó los débiles cimientos sobre los que se sustenta el monopolio de la fuerza por parte del Estado.

1. En primer lugar, Molinari -perteneciente a la corriente del laissez-faire-, al igual que los autores de la Escuela Austríaca, partía de la premisa básica de que la sociedad, concebida como un orden espontáneo, se regía por una serie de leyes inmutables, esto es, un Derecho Natural universalmente válido.

Esta visión contrasta de forma radical con el constructivismo social, que ignora por completo la teoría evolutiva de las instituciones, de modo que el científico -a modo de ingeniero social- se cree capacitado para reorganizar a su antojo órdenes espontáneos muy complejos cuya formación y desarrollo deriva de la interacción de millones de seres humanos a lo largo de períodos de tiempo muy prolongados. Es decir, la sociedad y sus instituciones básicas (como el mercado, el derecho o el dinero), al no estar regidas por leyes naturales, son campo abierto para la intervención arbitraria de los gobiernos.

2. El hombre es un ser social por naturaleza, y la interacción con el resto de individuos le permite satisfacer sus necesidades (fines) gracias al libre intercambio y la división del trabajo (medios). Dentro de dichas necesidades, la seguridad, es decir, su vida y su integridad física y material (propiedad privada), ocupa un lugar preponderante dentro de su escala de valores subjetivos.

“Los hombres están interesados, ante todo, en preservar su existencia y los frutos de su trabajo”, señala Molinari. De ahí, precisamente, la necesidad natural de que surjan organismos (ya sean públicos o privados) que tengan por objeto garantizar a cada cual “la posesión pacífica de su persona y de sus bienes”.

3. Sin embargo, el Estado ha ejercido a lo largo de la historia el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Esto ha sido así, entre otros motivos, porque la producción de seguridad es una necesidad indispensable y, por lo tanto, altamente valorada por los individuos, con lo que constituye un bien susceptible de soportar una tasa de monopolio más alta (un precio más elevado). Por ello, pocos bienes, como es el caso de la seguridad, pueden caer “con tanta facilidad en el monopolio”.

En segundo lugar, la característica esencial del monopolio reside en que se ampara necesariamente en la fuerza. Y, en este sentido, pocos entes gozan de mayor poder que los propios gobiernos. Así, tal y como señala Molinari:

"¿Cuál es, en realidad, la situación de la persona que necesita seguridad? La debilidad. ¿Cuál es la situación de aquellos que se comprometen a proveerles la seguridad necesaria? La fuerza. Si fuese de otra forma, si los consumidores de seguridad fueran más fuertes que los productores, es evidente que prescindirían de su auxilio. Pero, si los productores de seguridad son, en su origen, más fuertes que los consumidores, ¿no sería sencillo para aquellos imponer un régimen de monopolio a estos últimos?"

En la práctica, el origen y perfeccionamiento del Estado, guarda sorprendentes similitudes con la violencia que ejerce cualquier mafia o grupo de vándalos bien organizado. Así, bajo la excusa de ofrecer “protección” frente a supuestas amenazas externas e internas, el poder gubernamental se erige como la única fuente de legitimidad para legislar e imponer tributos dentro de los límites de un determinado territorio gobernado a modo de dominio exclusivo, tal y como expone el profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta.

Según Molinari, el Gobierno ha garantizado -supuestamente- la seguridad a lo largo de los últimos siglos bajo la forma de “monopolio” o “comunismo”. El primer sistema se corresponde con el modelo del Antiguo Régimen, en donde el monarca o la clase aristocrática ejercía de un modo despótico el uso exclusivo de la fuerza, bajo la legitimidad que les otorgada una supuesta designación divina .

Sin embargo, con el paso del tiempo, “los consumidores, habiendo adquirido conciencia de su número y de su fuerza, se sublevaron contra el régimen de la pura arbitrariedad”. Los procesos revolucionarios experimentados en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia supusieron la caída del Antiguo Régimen y la instauración de un nuevo modelo en el que el citado monopolio fue sustituido por el “comunismo” de la seguridad.

Los consumidores emprendieron entonces “por su cuenta la gestión de esta industria y eligieron para este fin a un director de explotación asistido por un consejo (Gobierno representativo). Así fue como el comunismo sustituyó al monopolio”, explica Molinari. El monopolio de la seguridad fue, finalmente, sustituido por la “producción en común”, en referencia a la soberanía popular y los gobiernos de corte democrático.

Pese a todo, la clave es que, tanto uno como otro sistema político, siguen manteniendo el uso exclusivo de la fuerza, impidiendo así la libre competencia (privatización total).

"Los gobiernos monopolistas [monarquías] afirman haber obtenido esa autoridad [por la gracia divina], que les otorga el derecho de modificar o de rehacer la sociedad a su antojo, y de disponer como bien les parezca de las personas y de las propiedades, de Dios mismo; los gobiernos comunistas [democracias] afirman haber obtenido esa misma autoridad de la razón humana, tal y como se manifiesta a través de la mayoría del pueblo soberano."

4. Todo ello, sin embargo, viola directamente el Derecho Natural. Molinari articula su razonamiento contra el monopolio y el comunismo en la producción de seguridad en base a la siguiente secuencia lógica de carácter axiomático:

  • Que en todos los casos, y para todos los bienes que sirven para satisfacer las necesidades materiales o inmateriales del consumidor, el interés del consumidor consiste en que el trabajo y el intercambio permanezcan libres, porque la libertad de trabajo y de intercambio tienen como resultado necesario y permanente la máxima reducción del precio de las cosas.
  • Que el interés del consumidor de cualquier bien debe prevalecer siempre sobre el interés del productor.
  • Que la producción de la seguridad debe, por el interés de los consumidores de este bien inmaterial, permanecer sometido a la ley de la libre competencia.
  • Que ningún gobierno debe tener el derecho de impedir a otro gobierno entrar en competencia con él, o de obligar a los consumidores de seguridad a dirigirse exclusivamente a él para obtener este servicio.

El Derecho Natural establece la libre competencia como prerrequisito fundamental para el desarrollo económico y social, y como ley natural ha de ser válida para todo momento y lugar, sin excepción, de modo que afecta igualmente al ámbito de la seguridad, con lo que la potestad monopolística carece de justificación ética y moral.

Asimismo, cabe preguntarse si la producción comunista es superior o no a la producción privada. Tal y como demostró décadas después Ludwig von Mises, el fracaso del comunismo reside en la imposibilidad del cálculo económico. Pero, curiosamente, Molinari, a mediados del siglo XIX, ya advertía sin ambages la superioridad del libre mercado con estas palabras:

O bien la producción comunista es superior a la producción libre, o no lo es. Si lo es, no lo es sólo para la seguridad, sino para todas las cosas. Si no lo es, el progreso consistirá inevitablemente en reemplazarlo por la producción libre. Comunismo total o libertad total, ¡he ahí la alternativa!

5. Así pues, ¿debe ser la seguridad un servicio privado? La respuesta inequívoca es sí. No existe justificación teórica ni práctica para que el Estado mantenga bajo su dominio absoluto la producción de un bien tan esencial para el individuo como la provisión de seguridad, por lo que debe abrirse a la libre competencia y regirse por sus leyes.

La visión de Molinari en este ámbito resulta sorprendente, no sólo por su solidez teórica sino también por el acierto y concreción de sus propuestas e, incluso, por su capacidad de prever un debate que, en la actualidad, goza de plena vigencia en la esfera política, social y académica. De este modo, la “organización natural” de la industria de la seguridad no se diferenciaría del resto de actividades económicas, con el consiguiente beneficio y ventajas para los consumidores.

La (i)lógica del terror

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La complejidad de las sociedades humanas es, en última instancia, la razón de la imposibilidad del socialismo. Las variables son demasiadas y la información se genera constantemente de forma que la planificación central se hace imposible. Cada problema, cada carencia, tendrá diferente respuesta en función de las circunstancias y los actores implicados. La violencia forma parte de las sociedades hasta el punto de que la extrema violencia de la guerra puede llegar a destruir unas y volver hegemónicas otras. Si la economía, la sociología o la psicología generan complicadas teorías que nunca llegan a explicar con acierto todas las razones de ciertos comportamientos y sus consecuencias, ¿por qué tendemos a aceptar teorías simplificadas que explican la violencia?

El dolor que la banda terrorista ETA ha causado a la sociedad española es bien conocido por todos. Cada atentado de estos asesinos va acompañado de un duelo generalizado y de ciertas preguntas: por qué, cuáles son los motivos profundos que les impulsan a matar. Queremos y creemos ver en las caras de los etarras rasgos que definen su maldad, miradas extrañas y gestos desafiantes que nos ayudan a “comprender” su comportamiento. Si no es algún tipo de patología o desviación, entonces la siguiente pregunta sería por qué una persona normal es capaz de cometer un asesinato de una manera tan fría y despiadada.

Paradójicamente, cuando los muertos de la barbarie terrorista se producen a miles de kilómetros de distancia en sociedades con principios morales y éticos diferentes a los nuestros apenas les hacemos caso. Cuando en Bagdad, Kabul, Islamabad, Nueva Delhi o Mombasa estallan las bombas, las noticias no suelen ocupar más allá de unos pocos minutos de un noticiero que suele dar cifras e imágenes sangrientas con una profesional desgana ante una indiferencia que no me atrevo a calificar como general, pero casi. Es el sopor de la comida o de la cena el que nos inunda y no la rabia.

Está claro que la cercanía de las víctimas es el factor más importante para encender el circuito neuronal de nuestra indignación. Es en este caso cuando las explicaciones simplificadas se hacen más evidentes. Cuando no es el petróleo de la zona, es la pobreza de los terroristas, o el imperialismo al que se ven sometidos, o son ciertos intereses económicos, políticos o ideológicos (si es que estos son contrarios a lo políticamente correcto) los que les impulsan a tomar tales decisiones. El razonamiento lineal, sujeto a nuestros más íntimos prejuicios, se apodera de nuestra razón.

El terror es una herramienta para dañar al contrario, no un objetivo en sí mismo, y persigue contribuir a decantar un conflicto, real o ficticio, hacia los intereses del grupo que la utiliza. No busca tanto la victoria sino generar una situación de inestabilidad e indefensión entre gente que, a priori, no está implicada en el conflicto, incluyendo en muchos casos personas cercanas a la causa, que se convierten rápidamente en mártires o daños colaterales. El terror como arma se ha venido usando durante siglos: estados contra estados, grupos de personas contra estados y viceversa o grupos entre sí. Desde los hashshashiyyín y el Viejo de la Montaña a Al Qaeda han pasado unos cuantos siglos.

El terror sirve por tanto a varios fines. Es un elemento de propaganda sobre todo en los países donde la libertad de prensa es un hecho y los atentados terroristas obtienen suficiente cobertura, sobre todo los que afectan a sus ciudadanos. Pretende amedrentar a una población que, asustada, podría exigir a sus gobernantes que cedan a las presiones de los terroristas, pero también para que los gobiernos, agobiados por el impacto de la extrema violencia, busquen acuerdos y cesiones aceptables que no destruyan su posición de poder. Otras veces buscan la propia destrucción de la sociedad atacada, formando en este caso parte de una estrategia más compleja de violencia generalizada, por lo general de carácter bélico. Tal es el caso de buena parte del terrorismo de Oriente Medio contra Israel.

El terrorismo suele ir acompañado de una ideología que canaliza la acción de los terroristas y facilita los atentados. Ha habido (y hay) terrorismo anarquista, nacionalista, islamista, comunista, nazi, fascista, entre otros tantos. Si bien no es necesario, sí ayuda al terrorista matar por un ideal más elevado que la vida de las víctimas o su propia vida. Las medias verdades, una lectura interesada de la historia, un carácter mesiánico, un quimérico y generalmente arrebatado destino histórico son algunos factores que forman parte de esta mitología.

Esta fábula se ve favorecida mediante la creación o la apropiación de una red pública de escuelas donde los jóvenes reciben el adoctrinamiento necesario. No es casualidad que cuando las “ramas” civiles y legales de los grupos terroristas llegan al poder, busquen dirigir o al menos influir en la educación pública.

La pobreza y la miseria pueden ayudar a la hora de elegir a un terrorista, pero tal situación no es ni necesaria ni suficiente, sólo un factor que hay que considerar en función del entorno. Ningún etarra, por poner el caso español, ha llegado al terrorismo en una situación de penuria extrema.

Todo grupo terrorista tiene sus cimientos sobre una masa crítica de gente que lo mantiene, bien con apoyo directo y activo, bien con un apoyo pasivo, de simple tolerancia, bien por un simple y, algunas veces, comprensible temor. El impuesto revolucionario de la banda terrorista ETA es un ejemplo de cómo con la coacción la ETA se ha podido financiar en parte durante años. En algunos casos, el principio del fin ha sido precisamente la desaparición paulatina de esta masa crítica de personas que poco a poco les han ido volviendo la espalda. Los GRAPO, si bien siguen existiendo en España, no tienen la capacidad de dañar que tenían hace unas décadas, pero eso no impide que sigan cometiendo crímenes como el secuestro y desaparición de Publio Cordón. Debemos estar vigilantes incluso cuando parece que se han rendido o han aceptado un acuerdo. Las ramas más extremas del IRA siguen activas, al fin y al cabo.

Este somero análisis invita a pensar que las soluciones a los problemas terroristas a los que se enfrentan las naciones y sociedades serán diferentes para cada una de ellas. Una estrategia ganadora en un sitio puede ser desastrosa en otro. Hay grupos con los que se puede dialogar y con otros sólo serviría la persecución hasta su desaparición. Hay algunos que ante la presión caen como un castillo de naipes y otros que se reafirman. Una ideología novedosa puede aglutinar y hacer fuertes a quienes la siguen; y otra caduca, favorecer la rendición. La complejidad es evidente y las soluciones simples y rápidas, un fracaso casi seguro.

Diferencias entre guerras “monárquicas” y “democráticas”

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Tal y como señala el profesor Hans Hermann Hoppe, “la estructura política que incentivan los monarcas tradicionales, por un lado, y los presidentes modernos, por el otro, es suficientemente diferente como para registrar diferentes formas de guerra”.

En su escrito Monarquía y Guerra, publicado en el Journal of Libertarian Studies, Eric von Kuehnelt-Leddihn desmonta los puntos clave sobre los que se sustenta la estructura política democrática y su superior legitimidad respecto a otras formas de gobierno, como es el caso de la monarquía. Y ello, mediante el análisis de las distintas formas de guerra que se desarrollan bajo ambos modelos.

En su obra Monarquía, Democracia y Orden Natural, Hoppe hace uso del concepto austríaco de preferencia temporal, y que se resume en la preferencia universal que muestra todo individuo por los bienes presentes sobre los futuros.

En este sentido, la monarquía es un sistema político que se basa en la propiedad privada del gobierno. Por esta razón, precisamente, el monarca tiende a manifestar una preferencia temporal más baja respecto al gobernante democrático, ya que el monopolio del poder es de titularidad privada y personal, no pública.

La propiedad privada del gobierno propicia una serie de incentivos al monarca en cuanto al modo en que debe dirigir sus asuntos, ya que en función de su propio interés, innato y natural, tratará de maximizar su riqueza total. Además, la propiedad privada posibilita el cálculo económico y estimula la previsión a largo plazo. Todo ello se traduce, por tanto, en una moderación en cuanto a la explotación de su monopolio gubernativo.

Por otro lado, al ser el gobierno de titularidad privada, tal propiedad pertenece al patrimonio familiar, única y exclusivamente. Tan sólo el rey y su familia participarán de la renta fiscal y del goce de una existencia parasitaria. Ello estimula, sin duda, una conciencia de clase en los gobernados, debido a la restricción en la participación del gobierno y el privilegiado estatuto de la familia real.

Es decir, al existir una clara distinción entre minoría gobernante y mayoría gobernada, se refuerza de un modo intenso y profundo la solidaridad entre los gobernados, pues éstos se reconocen mutuamente como víctimas de las violaciones gubernativas sobre sus particulares derechos de propiedad. Por ello, un especial exceso en el ejercicio del poder pondría en serio peligro la delicada legitimidad del monarca.

Por el contrario, la democracia es un aparato gubernamental de propiedad pública, ya que se encuentra administrado por magistrados elegidos periódicamente que ni poseen ni son percibidos como poseedores del gobierno, sino como fideicomisarios o representantes del pueblo soberano.

Sin embargo, en la práctica, tales representantes actúan mediante el ejercicio del mando personal y propiedad privada del gobierno, sólo que temporalmente. Por ello, tienden a cometer más excesos en el ejercicio del poder. Es decir, cuentan con menos incentivos para aplicar la moderación a nivel político. Y ello se debe, fundamentalmente, a que el gobernante democrático no puede enajenar los recursos del Estado ni transferir tales posesiones a su patrimonio particular.

Además, en democracia desaparece la conciencia de clase de los gobernados, ya que cualquiera puede convertirse en gobernante, al menos en teoría, desapareciendo así la insuperable separación entre gobernantes y gobernados. Si bien con la monarquía el pueblo percibe de forma nítida la opresión del rey sobre sus derechos y bienes, tales excesos no son percibidos de igual forma en el sistema democrático, ya que el gobernante se oculta bajo el velo de la soberanía popular. Es decir, se fusiona, se mimetiza con el pueblo. El Gobierno ya no es privado sino público (de la mayoría).

De ahí, precisamente, que la práctica democrática se haya traducido en más impuestos e intervención pública respecto al Antiguo Régimen. Pero esta menor moderación en el ejercicio del poder político no sólo se manifiesta en el ámbito fiscal o regulatorio sino también en el desarrollo de la guerra.

La Revolución Francesa marca el inicio del fin de antiguo orden y la progresiva instauración de la democracia en los países desarrollados. Ahora bien ¿cómo se manifiesta este cambio en el ámbito de la guerra?

Podemos enumerar varias diferencias clave entre el estilo de guerra que llevan a cabo las monarquías y las democracias en base a las características expuestas anteriormente:

Monarquía: guerra “moderada”

1) Carácter dinástico: las guerras estaban motivadas, fundamentalmente, por disputas dinásticas (es decir, conflictos por herencias), y se caracterizaban por tener objetivos territoriales tangibles, no ideológicos.

2) Carácter privado: las guerras eran consideradas por la población como un asunto o negocio privado del rey. Por ello, se financiaban con el dinero (patrimonio, préstamos) y las fuerzas militares del propio monarca. Además, en muchas ocasiones este tipo de disputas se solucionaban mediante acuerdos privados como, por ejemplo, la cesión de territorios o el arreglo de matrimonios inter-dinásticos.

3) Mercenarios: las tropas estaban formadas normalmente por mercenarios. Eras, pues, ejércitos privados del rey. Durante este período, las levas (reclutamiento forzoso de la población) se nutrían de campesinos, pero solían ser empleados como zapadores, exploradores o leñadores, no como soldados.

4) Objetivos militares: puesto que las guerras eran conflictos privados entre familias, existía una clara distinción entre combatientes y no combatientes. Es decir, la población civil no era el enemigo a combatir. Los objetivos eran exclusivamente militares, lo cual tiene mucha lógica ya que las arcas reales se nutrían de impuestos y, por lo tanto, existía un gran incentivo a no paralizar o destruir la actividad económica.

Así, durante las guerras del siglo XVIII, lo normal era que la economía siguiera funcionando con cierta normalidad pese a la existencia de conflicto armado. El monarca quiere mantener la cotidianidad de la vida civil porque desea preservar la capacidad de pagar impuestos de sus ciudadanos.

Democracia: guerra “total”

En contraste con la guerra limitada del Antiguo Régimen, la era de las guerras democráticas se inician con la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas, continúan durante el s. XIX con la Guerra de Secesión de EEUU y alcanzan su cénit con la I y II Guerra Mundial en el s XX.

1. Carácter nacional: la democracia elimina la estructura vertical del orden anterior. Las guerras, por tanto, pasan a tener una insignia nacional o identitaria. La guerra ya no es una cuestión exclusiva del monarca sino del pueblo. Combate el país como un todo unido.

2. Carácter ideológico: este emblema nacional imprime, lógicamente, un fuerte carácter ideológico e, incluso, étnico a las guerras. Al desdibujarse la distinción entre gobernados y gobernantes (“Gobierno de la mayoría”), la democracia refuerza la identificación del pueblo con la figura del Estado. En lugar de disputas dinásticas por propiedades, las guerras democráticas se convierten en batallas ideológicas, esto es, choque entre civilizaciones, que tan sólo pueden resolverse mediante dominación, subyugación y, en casos extremos, exterminio poblacional, cultural, lingüístico o religioso.

El nacionalismo democrático enseña a odiar al enemigo. El Estado emplea la propaganda y la educación, todos los mecanismos a su alcance, para despojar al enemigo de toda virtud. Son guerras que enfrentan a pueblos enteros, no a gobiernos particulares, lo cual incentiva enormemente el instinto de destrucción y exterminio.

3. Ejércitos de masas: el servicio militar se convierte en obligatorio. Nacen los ejércitos de masas mediante el reclutamiento forzoso de la población civil. Este factor reduce enormemente el coste de los recursos humanos. Ya no es necesario contratar a un ejército privado. La población es obligada a combatir gratis bajo la excusa de un objetivo común (interés general) y bajo la amenaza de “traición”.

4. Objetivos civiles: no sólo se persiguen ya objetivos militares sino también civiles. El adoctrinamiento en el odio y la influencia del espíritu nacional trae como resultado el recrudecimiento de la guerra a todos los niveles, ya que le imparte un profundo sentimiento emocional.

Además, la democracia puede disponer de todos los recursos económicos de la nación para el desarrollo de la guerra. La economía entera se moviliza en beneficio de ese objetivo común. La guerra ya no distingue, pues, entre combatientes y no combatientes. La población civil se convierte también en objetivo militar.

En definitiva, tras la Revolución Francesa y la caída del Antiguo Régimen, las tradicionales guerras “moderadas” de las monarquía son sustituidas por las guerras “totales” de la democracia.

¿Las Malvinas o las Falklands?

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Hillary Clinton ha reavivado la polémica en torno a la soberanía de las islas Falkland al ofrecerse a mediar en la disputa entre Argentina y el Reino Unido. El Telegraph respondió con un editorial muy británico: no hay ninguna disputa que resolver; la cuestión quedó zanjada en 1982 durante el mandato de Thatcher, cuando el ejército inglés repelió con éxito la invasión de la dictadura argentina.

Buenos Aires está lanzando una ofensiva diplomática y quiere que el Comité de Descolonización de la ONU arbitre el conflicto. El Gobierno argentino sostiene que las islas fueron inicialmente administradas por el virreinato de Río de la Plata, pasando a ser luego argentinas, y que los ingleses usurparon la soberanía mediante conquista y expulsión del asentamiento nativo. Murray Rothbard, en un anglófobo artículo sobre la guerra de las Malvinas, respalda las reivindicaciones históricas argentinas.

La versión inglesa es distinta, obviamente. Una expedición británica reclamó la isla Trinidad y otras colindantes en 1765, un año antes de que España adquiriera la colonia francesa de Port St. Louis (también en el archipiélago) y la pusiera bajo la administración del virreinato del Río de la Plata. El asentamiento británico fue desmantelado en 1774, pero Londres no renunció a sus derechos. La colonia española fue abandonada en 1811, dejando las islas sin habitantes ni gobierno. En 1829, Argentina (independiente en 1816) reclamó el territorio, derivando sus derechos del virreinato. Londres protestó y, tras una escaramuza entre Argentina y Estados Unidos a propósito de unos derechos pesqueros, regresó en 1833 para reivindicar su soberanía. Los ingleses permitieron quedarse a los colonos del pequeño asentamiento argentino, nombrando gobernador a uno de ellos (de origen irlandés).

No está claro que la historia vaya a cerrar el debate. En cualquier caso tiene poco de liberal remontarse a reivindicaciones estatales de hace más de dos siglos para determinar la soberanía de un pueblo actual, como si fueran los Estados y no los individuos los que tuvieran derechos (o, más aún, los Estados los heredaran de aquellos imperios de antaño dedicados a la conquista). Lo que cuenta es la opinión de las personas que hoy habitan las islas, muchas de las cuales son descendientes de los primeros colonos, y así lo corrobora la Resolución 1514 de la ONU sobre la descolonización de territorios.

Ludwig von Mises, en el apartado “El derecho a la autodeterminación” de su libro Liberalism, habla del “derecho de auto-determinación de los habitantes de cualquier territorio lo suficientemente grande como para formar una unidad administrativa independiente”. Según Mises, debe respetarse la voluntad de los habitantes de un pueblo, un distrito entero o una serie de distritos adyacentes que expresen en un plebiscito libre su deseo de formar un Estado independiente o asociarse a otro Estado.

El Reino Unido dice defender la voluntad de los colonos, muchos de los cuales son descendientes de la primera generación, y protegerlos de imposiciones externas. Londres está dispuesto a conceder la independencia a los isleños tan pronto como la pidan. Pero la inmensa mayoría ellos quieren seguir siendo británicos. En este sentido, ¿no estaría justificada una intervención militar británica si Argentina intentara tomar las Falklands por la fuerza, como intentó en 1982?

Murray Rothbard se opuso entonces a la intervención inglesa con argumentos poco persuasivos. Se preguntaba por qué los contribuyentes británicos tenían que sufragar la defensa de una isla a 8.000 millas de distancia. Pero lo mismo puede decirse de cualquier otra parte del territorio nacional: ¿por qué tienen los contribuyentes que sufragar la protección de un pueblo cualquiera del país? ¿Era Rothbard contrario a toda guerra defensiva o sólo justificaba aquellas que ponían en peligro a una parte sustancial de la población, dejando a las minorías a merced de los agresores? ¿Es la “distancia” relevante a la hora de considerar la justicia de una guerra?

El argumento de Rothbard, que secunda Raimondo y casi todo el liberalismo anti-guerra, tiene otra falla que raramente se admite: el Estado monopoliza la defensa nacional; esa monopolización es ilegítima desde un punto de vista liberal radical, pero mientras usurpe recursos a los ciudadanos y no les permita la entrada en este mercado no puede argüirse que la inacción absoluta del Estado reproduce el comportamiento de una sociedad hipotéticamente libre. En un escenario anarcocapitalista las agencias de protección podrían emprender acciones militares defensivas o humanitarias en tanto sus clientes estuvieran dispuestos a pagar por ello (la internalización de los costes, entre otras razones, hace suponer que la opción bélica tendería a ser poco atractiva). El hecho de que el Estado hoy secuestre esta función no implica que luego deba decantarse sin excepción por la pasividad. Si el Estado monopoliza la sanidad, ¿es preferible que sea “pasivo” y se niegue a tratar a los pacientes?

Otra cuestión es que a nivel pragmático (considerando los costes humanos y materiales, los riesgos, las consecuencias imprevistas, etc.) una guerra aparentemente justa sobre el papel no esté, a la postre, justificada.

La situación de las Falklands, por último, guarda cierto paralelismo con Gibraltar, donde el 98.97% de los llanitos quiere permanecer bajo jurisdicción británica. Como en las islas, no corresponde a España o al Reino Unido decidir sobre el futuro del peñón, sino a los gibraltareños que allí residen.

Un control sin control

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Ahora toca Antena 3 con la Sexta, y Tele 5 (Mediaset) con la Cuatro. Pero ya hemos tenido la variación Sexta-Cuatro, y no recuerdo si Antena 3-Cuatro.

Para el que desee ejercitarse en la confección de las posibles combinaciones, se le ha de decir que no tiene mucho trabajo por delante, pues sólo hay cuatro cadenas nacionales analógicas privadas en nuestras ondas terrestres. Así, tan sólo se tienen seis posibilidades de combinación. Y sólo hay cuatro teles porque así lo decide el Gobierno.

Por tanto, sólo en estos cuatro contenedores pueden meter las empresas sus anuncios. Se antojan pocos. Pero a los accionistas de estas cadenas les parecen muchos. Demasiada competición para el poco pastel que va quedando, incluso tras expulsar a RTVE del convite. Así que se quieren juntar para intentar exprimir más al anunciante: si somos menos, podremos poner precios más caros. Así de sencillo.

En otras condiciones, las autoridades de la competencia estarían que trinan. O, al menos, los defensores de la libertad de expresión y la pluralidad de medios. No en este caso, pues ya el Gobierno se encargó hace un tiempo de eliminar los límites accionariales previstos normativamente para la concentración de estas empresas. Lógico también: es más fácil "convencer" a dos medios de que hablen bien de ti, que hacerlo con cuatro.

Así que tenemos concentraciones empresariales entre empresas privilegiadas por un oligopolio, y con todas las bendiciones del Gobierno.

Por suerte, toda esta colusión y concentración no va a valer para nada. Las televisiones de este país no se quieren dar cuenta de que el problema de su modelo de negocio no tiene ya nada que ver con el número de convidados al pastel. Su problema es que no se adaptan a la realidad, a las nuevas preferencias de los consumidores. El tiempo de la televisión convencional ha pasado; ahora llega el tiempo de la interactividad. Se acabó la imposición, ahora elige el televidente, mejor dicho, el internauta; en suma, el individuo.

Por eso, es vano su intento. Los anunciantes responderán a las previsibles subidas precios abandonando el soporte y buscando otros nuevos, que es lo que viene ocurriendo desde hace un tiempo. La concentración no habrá valido para nada.

Y al Gobierno también le resultará inútil el esfuerzo. Porque esas cadenas que con tanto ahínco busca controlar, ya no tienen el impacto que tenían, como le están anticipando los anunciantes que abandonan el soporte (ya se sabe que la iniciativa privada siempre se adelanta a la burocracia).

Pero bueno, al menos podrán hacer como el robot de aquella vieja serie: Bip…bip, concentrando… controlando.

De arrogantes e hipócritas

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Si tuviéramos que buscar algunos rasgos característicos que definan a los líderes políticos, muchos elegiríamos la arrogancia y la hipocresía. Seguramente la primera es común, aunque no necesariamente dominante, en la mayoría de líderes, independientemente de su pertenencia a la política, la empresa o cualquier otra actividad humana mientras que la hipocresía es algo que define más al político o al líder social que al empresario.

Sin embargo, la arrogancia suele ser contraproducente cuanto más poder tiene el que toma decisiones, pues en caso de que los resultados no se correspondan con lo planeado, las desviaciones pueden ser nefastas. Los planes quinquenales soviéticos produjeron hambrunas y matanzas, lo mismo que la Revolución Cultural china; el Reich nazi de los mil años condujo a la mayor guerra que ha sufrido la humanidad. Hoy por hoy, el proyecto bolivariano de Hugo Chávez para toda Latinoamérica hace aguas, aunque los venezolanos lo sufren en sus carnes.

Los planes deberían ser genéricos y flexibles y los objetivos variables en función de los medios, sobre todo si las variables que se manejan son muchas e imprevisibles, pero principalmente deberían ser realistas. Podemos llegar a conseguir ciertos objetivos cuando somos conscientes de las limitaciones y del riesgo que queremos correr.

Si hay un escenario caótico e impredecible ese es una guerra o, en este caso, una ocupación. Cuando en plena Guerra Fría, el antagonismo entre bloques justificaba cualquier política de intervención exterior, podría ser comprensible, aunque moralmente dudoso, que las grandes superpotencias se involucraran directa o indirectamente en terceros países con el argumento, no necesariamente falso, de que de no haber una intervención, terminaría en manos del enemigo. Estados Unidos tomo progresivamente Indochina cuando los franceses la abandonaron en la década de los 50 del siglo XX e iniciaron uno de sus negocios más ruinosos y desastrosos en los que ha participado.

Los planes americanos en Vietnam, Camboya y Laos eran un querer y no poder. Si de verdad estaban abocados a una intervención se deberían haber utilizado todos los medios posibles, financieros, humanos y militares, para ocupar y gobernar estos países y que no cayeran en manos de las guerrillas comunistas apoyadas por Moscú. Pero Estados Unidos simplemente mandaba a miles de sus soldados a una guerra que luchaba en sus cuarteles, sin ocupar el terreno, contemporizando con las élites políticas corruptas del Vietnam del Sur, vigilados por una prensa y una intelectualidad hostiles y paradójicamente, apoyados en las encuestas por el pueblo americano. Vietnam fue ocupado, pero no luchado y al final, además de costar muchísimo al contribuyente americano, terminó convertido en un reducto comunista.

El presidente Obama parece que quiere repetir viejos errores en Afganistán y si bien el viejo tópico de que la historia se repite es una exageración (nunca se repiten las circunstancias ni los actores en el devenir histórico), sí es cierto que la historia nos enseña lecciones de cómo no se debe hacer algo. Barak Obama ha anunciado con la arrogancia propia de quien comanda el ejército más poderoso del mundo, que va a mandar 30.000 nuevos soldados a los desiertos afganos para controlar un país que cada vez está más descontrolado, mientras que sus aliados han prometido otros 7.000 efectivos. Los señores de la guerra y los talibanes, ocho años después, han visto que los colmillos del lobo no son tan afilados como parecía al principio y han iniciado una lenta y hasta ahora efectiva reconquista.

Entre 37.000 y 0, me quedo con lo último, es más barato. Si nos ponemos del lado más asquerosamente utilitarista y nos olvidamos de su coste, "civilizar" Afganistán debería ser un proceso de colonización total, una ocupación militar en condiciones, una sustitución de todo su complejo administrativo y gubernamental, un cambio en el orden social, una introducción de principios éticos y morales distintos de los que actualmente tienen, en definitiva un aparatoso plan de ingeniería social que además de ser tremendamente caro… podría terminar también en desastre.

Pero es que Obama, además de ser un pomposo arrogante, da la sensación de ser un hipócrita redomado. De entrada, ha puesto fecha de caducidad a este plan: 2011, un año antes de las elecciones presidenciales. 37.000 soldados no son muchos para tan magno objetivo, pero permitirían a sus enemigos prepararse durante uno o dos años para la guerra civil que seguirá a la salida de las tropas occidentales, sin tener que luchar abiertamente contra éstas por un terreno que ocuparían unos meses después. No me extrañaría que Obama se presentara en su momento ante sus electores como el pacificador de nada.

De la misma manera que los comunistas dominaron Indochina, los islamistas dominarían Afganistán y probablemente Pakistán e Irak. Lo que empezó en septiembre de 2001 como la respuesta a un ataque terrorista de horribles consecuencias se ha terminado convirtiendo en un costoso proceso que ha supuesto para los americanos y en general a los occidentales, miles de millones de euros. Los planes deben ser realistas, con objetivos razonables, acordes a los medios que se tienen, flexibles y eso es algo que en política no se contempla, no al menos cuando de arrogantes e hipócritas estamos hablando.

Los estados fracasados

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Forma parte de los tópicos arraigados entre la casta política de los países occidentales concebir que una actuación con ese propósito de sus estados (bien directamente, o bien a través de organizaciones interestatales) sirve para ‘construir’ países que respeten los derechos humanos y garanticen los derechos de sus empresas y ciudadanos, allá donde reina la guerra civil y el pillaje brutal por las más variadas causas.

Curiosamente, esa pretensión quimérica entronca con algunos de los fundamentos que justificaron el colonialismo en otras épocas, pero en todo caso está alterando hasta extremos grotescos los términos de los compromisos (acaso más modestos) que esos políticos tienen contraídos con los individuos sobre los que asientan su poder.

Nos encontramos con la aparente paradoja de estados que, proclamando el monopolio de la fuerza para proporcionar seguridad a sus ciudadanos, se revelan absolutamente incompetentes para desempeñar las funciones básicas que se les suponía asignadas, cuando no se convierten en un obstáculo para que los individuos directamente concernidos asuman, por la cuenta que les trae, la solución de sus problemas.

Un ejemplo de estas cuitas nos lo está ofreciendo la actuación de los gobiernos europeos -con el español representando el papel hasta el paroxismo- en relación a los abordajes y secuestros que sufren los barcos pesqueros y petroleros que se atreven a navegar por aguas internacionales del Índico cercanas a las costas de Somalia, donde bandas de piratas bestiales medran con el saqueo y el pillaje que proporcionan los secuestros de pacíficos navegantes.

Cualquiera que sea la situación interna en Somalia, los gobiernos han asumido, con grados diferentes de autonomía, un enfoque voluntarista, trasunto de la doctrina general para otras zonas del mundo donde la seguridad brilla por su ausencia. Por lo demás, la confusión de las causas con los efectos de la deplorable situación que sufren millones de seres humanos, les ha llevado a embarcarse en una misión multilateral de reparto de alimentos, cuyo destino no puede ser sino el pasto de la rapiña que las distintas facciones que luchan entre sí y el llamado gobierno federal somalí de transición. Una reciente resolución del Parlamento Europeo sobre una solución política al problema de la piratería en las costas de Somalia -compendio de los contradictorios objetivos y deseos de sus miembros- le concede el título de ‘Estado desestructurado’ o ‘failed state’.

Mucho se ha comentado a cerca del secuestro y posterior liberación del atunero vizcaíno Alakrana, pero ante un hecho consumado de esa naturaleza, casi nadie planteó abiertamente considerar, al menos, la alternativa de una acción militar o policial de rescate por parte de fuerzas especiales. Después de una cuidadosa evaluación de los riesgos podrá descartarse este tipo de intervención, pero desde la perspectiva de las obligaciones de un estado, opino que una actuación de ese tipo está mucho más justificada que otras desplegadas en países donde no concurren intereses españoles directamente.

Quiso la casualidad que dos semanas antes del abordaje de ese navío, la mayoría del Congreso, pastoreada por el Gobierno socialista, rechazase una moción de los nacionalistas vascos (no siempre coherentes con sus postulados) con una enmienda adicional de los populares, que pedía la protección de infantes de marina a bordo de los buques pesqueros españoles, visto el precedente del atunero Playa de Bakio.

Sea como fuere, se adujeron motivos falaces para rechazar esa moción y es muy probable que un despliegue inmediato hubiera evitado ese secuestro. La tramposa gestión de toda la crisis por parte del Gobierno comenzó, a modo de desquite por la osadía parlamentaria, abroncando a los pescadores por faenar fuera de la zona patrullada por las fuerzas navales bajo el mando conjunto de la Unión Europea (Operación Atalanta). No cabe duda de que Zapatero, el artista, y su pandilla vislumbraron enseguida las oportunidades que ofrecía el miedo de los familiares para presentarse como los desfacedores del entuerto. Tras muchas comparecencias ante los medios de comunicación de sus subalternos, pese a que decían que ‘trabajaban’ en gestiones reservadas y las subsiguientes intoxicaciones, el presidente del Gobierno se guardó el momento de anunciar la liberación de la tripulación del pesquero como fruto de las difíciles –no fáciles, en la neolengua monclovita- decisiones que había adoptado su Ejecutivo. Todo el mundo sabía lo que había ocurrido, pero el mensaje insistía en atribuirse un dudoso éxito sin aclarar si se había pagado un rescate a los secuestradores.

Bien es cierto que mientras se negociaba el rescate, el Gobierno parecía dar pasos en una línea sensata para prevenir casos futuros. El 30 de octubre aprobaba una modificación de los reglamentos de armas y de seguridad privada y, poco después, una orden que dejan a merced del Gobierno qué empresas serán autorizadas a desplegar guardas de seguridad pertrechados con armas de guerra en los pesqueros y el tipo de armamento que debe considerarse como tal. En otra ocasión me referí a la férrea regulación de la seguridad privada en España, pero, a juzgar por las informaciones dadas respecto a las primeras actuaciones de estos guardias de seguridad repeliendo el ataque de piratas cuando ha surgido la ocasión, parece que los efectos de remover la traba inicial para esas empresas han resultado extraordinariamente halagüeños.

Esa defensa privada se adaptará mejor a las necesidades específicas de los pesqueros y resto de la flota mercante que la defensa ante ataques concretos que pueda proporcionar la Armada de los estados involucrados en la operación Atalanta, después de todo entrenadas generalmente para otros cometidos. No obstante, los piratas podrían comenzar una escalada de ataques de mayor envergadura si destinan solo una mínima parte del dinero que ya han conseguido por anteriores secuestros para aprovisionarse de embarcaciones con mayor autonomía y del armamento adecuado. Ante esa eventualidad, deben eliminarse las estrechas limitaciones cualitativas marcadas por las regulaciones gubernamentales para utilizar armamento de guerra (en el caso español esas armas se limitan a fusiles de largo alcance) y las visibles barreras de entrada a los proveedores de esos servicios que el Gobierno impone, con el pretexto de velar por la seguridad pública. Resulta obvio, por otro lado, que las empresas son responsables de sus acciones según las normas jurídicas penales y civiles españolas, sin necesidad de una declaración expresa.

Asimismo, el gobierno debería abstenerse de destinar fondos públicos para financiar esa seguridad privada in situ, pues cuando se trata de una fuerza disuasoria ya no se dan las razones de urgencia que concurren en un secuestro consumado. Según anunció la propia ministra de Defensa, Carmen Chacón Piqueras, en el caso español, los gobiernos central y autónomo vasco asumirán por mitades el 50 % de los gastos que estos servicios de seguridad ocasionen a los armadores y navieros vascos, en el marco de un plan que parece extrapolable a los pescadores de otras comunidades.

De momento, es posible que una combinación de defensa privada a bordo de los barcos y la proporcionada por las armadas de distintos países europeos sea complementaria, pero si la situación de inseguridad se prolonga y continúan los ataques a la libertad de navegación, los estados deberían dejar paso a esos servicios de seguridad privados que contraten libremente los afectados, al tiempo que dejen de otorgarles subvenciones para sufragar su coste.

Siempre contra el muro

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Recuerdo también que al día siguiente me lancé a comprarme el ABC y me impresionó la idea que nos ofreció Federico Jiménez Losantos en su comentario liberal: va a ser que Europa es un gran país, unido por la libertad.

Los años que siguieron al derrumbe de ese muro, en los que millones de personas recobraban una libertad que jamás debieron perder, o la experimentaban por vez primera, fueron para mí, como para muchos, unos años de rearme moral, de reivindicación histórica de lo que unos cuantos –no la mayoría, por cierto–, defendíamos: la democracia, la libertad, los derechos del hombre, el capitalismo. Es decir, todo lo bueno que hemos sido capaces de darnos para vivir en sociedad. Teníamos a cualquier argumento moral defendible de nuestro lado. Cualquier argumento económico salvable, también. Y ahora la historia unía a la alegría el resarcimiento de un sentimiento de justicia.

Al igual que quienes siempre denunciaron al socialismo tuvieron razón en todo momento, veinte años después de su hundimiento histórico nos asisten las mismas razones para rechazarlo. El socialismo fue un fracaso ético porque tomaba a las personas por piezas de una gran construcción que, digámoslo claramente, siempre fue monstruosa. Fue un fracaso económico porque la planificación es un error y destruye los lazos sociales que nos permiten prosperar. Y fue un error histórico porque el socialismo no responde a una necesidad de la sociedad, y porque si gran parte de la sociedad fue arrastrada hacia él fue por la traición de los intelectuales. Sigue siendo un error y sigue mereciendo nuestra condena.

El socialismo vuelve por sus fueros y se infiltra en millones de almas gracias a sus espurias denuncias y falsas promesas. Vuelve esa abyecta tolerancia hacia el viejo totalitarismo. El anticomunismo es la decencia en política, pero la decencia está de rebajas.

Pero también vive entre nosotros un nuevo socialismo, tan viejo como el que más, tan embebido en las instituciones, en los medios, en el discurso, que apenas llama la atención. Porque hoy Europa es un país unido por la burocracia. Haciendo mención a la efeméride que hoy todos recordamos, el diario Pravda decía lo siguiente: "Veinte años después de la caída del Muro de Berlín, la Unión Europea es hoy una reencarnación de la Unión Soviética".

El absurdo Nobel de la Paz

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Recibí un SMS esta mañana, una alerta informativa. Lo leí y no podía creerlo. Le habían dado a Barack Obama el Nobel de la Paz. Un gobernante que lleva ocho meses y medio en el cargo ha recibido un premio que lleva tiempo convirtiéndose en el blanco de las burlas de medio mundo, pero que con este galardón podría por primera vez unir al mundo y ponerlo de acuerdo en una idea: habéis hecho el ridículo, machos.

El Premio Nobel de la Paz nunca ha estado exento de polémica. Podría decirse que estaba destinado a ello. Es un premio pensado para ser recibido por diplomáticos, políticos y activistas; en las palabras del testamento de Alfred Nobel, debía entregarse "a la persona que haya hecho el mayor o mejor trabajo por la fraternidad entre las naciones y la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz". Pero si en lo referido a campos como la Química, la Medicina o la Física la duda suele estar en si los galardonados lo merecen más o menos que otros candidatos, en el caso de Nobel de la Paz siempre hay quien piense que el elegido ha trabajado activamente… en contra de la paz.

Y es que posiblemente haya pocos campos como el de las relaciones internacionales en el que coexistan dos cosmovisiones tan distintas y contradictorias. Unos piensan que el objetivo de la paz se consigue dialogando, logrando un entendimiento mutuo y evitando "malentendidos" que puedan echar al traste estos procesos, como pudiera ser un rearme. Los otros que la mejor forma de querer la paz es preparándose para la guerra, que los conflictos armados se producen porque alguien cree que ganará algo con ellos y que la mejor forma de evitarlos es hacer tu país tan invulnerable que el precio de actuar contra él sea demasiado alto como para reportar beneficio alguno.

Es la vieja lucha entre los irreconciliables partidarios del apaciguamiento y de la disuasión. Un rearme puede ser para unos motivo de tensiones que pueden llevar a la guerra, mientras para otros un encarecimiento de emprenderla que en la práctica reduce las posibilidades de que comiencen las hostilidades. Una negociación puede ser para unos la única vía en que puede llegarse a un acuerdo que impida que cada uno intente lograr lo que quiere por métodos violentos, mientras para otros es una muestra de debilidad que hace más probable que alguien lo intente. Así, quienes para unos es un héroe de la paz, para otros puede ser alguien cuyas acciones ­–al margen de su intención– han colaborado eficazmente en sembrar las semillas de las que crecerá la próxima guerra.

El Premio Nobel de la Paz ha tendido siempre a premiar más a los partidarios del apaciguamiento. Incluso el otorgado a Kissinger en 1973 –junto al dirigente comunista vietnamita Le Duc Tho, cosa que se suele olvidar– tuvo como motivo unas negociaciones de paz que concluyeron en la conquista de Vietnam del Sur por sus vecinos totalitarios del Norte. Tampoco es de extrañar; las mismas palabras del testamento de Nobel priman esa cosmovisión sobre su contraria. Visto así, no resulta tan extraño que hayan premiado a quien hasta ahora ha ofrecido principalmente palabras y cuya única acción real en este campo haya sido retirar el programa del escudo antimisiles de Polonia y la República Checa. Palabras y desarme; las dos principales vías de llegar a la paz según los apaciguadores.

Pero aún así, los apaciguadores intentan mantener un mínimo de racionalidad, como demuestra su reconocimiento de que Churchill tenía razón y no Chamberlain, aunque sea el único caso en que lleguen a una conclusión favorable a los partidarios de la disuasión. Y bajo esos estándares, un premio a Barack Obama resulta completamente ridículo. No ha tenido tiempo siquiera para apaciguar como Dios manda.