Es una cosa así como nuestros premios Príncipe de Asturias, pero a lo bestia y mejor dotados económicamente, condición necesaria para que los iconos progresistas acepten ir a recogerlos.
Excepto Castro y Chávez, que incomprensiblemente todavía no han recibido su Nobel de la Paz, no hay zascandil encumbrado por la izquierda que no haya sido obsequiado con el famoso galardón. Cualquier distinción internacional que incluya en su elenco a personajes como Arafat queda desprestigiada automáticamente, pero en el caso de los Nobel asistimos a un declive progresivo que actualmente entra ya de lleno en el terreno de lo patético.
A Obama se le puede inculpar de muchas cosas, pero no de haber hecho algo por la paz como reza la acusación del Parlamento noruego en el texto con que ha hecho pública su elección de este año. El presidente norteamericano prometió cerrar Guantánamo, salir de Irak y acabar con "la misión humanitaria" de Afganistán, pero la base norteamericana en Cuba sigue a pleno rendimiento, los soldados en Irak haciendo exactamente lo mismo que con Bush y Afganistán sigue siendo un avispero de terroristas en guerra abierta contra la fuerza internacional, aunque Zapatero y su ministra sigan insistiendo en que aquello es una tarea de reconstrucción en la que las tropas sólo hacen trabajos humanitarios. Ciertamente no hay nada más humanitario ni pacifista que acabar con un batallón de terroristas islámicos, pero todos sabemos que el "humanitarismo" tiene un significado peculiar para los progresistas, aunque hasta el momento no se hayan dignado a bajar de la metafísica y explicar de forma coherente en qué consiste eso exactamente para ellos.
Con la concesión del Nobel de la Paz al estafador intelectual de Al Gore hace dos años, medio mundo soltó la gran carcajada. El listón estaba alto, pero debemos reconocer que los parlamentarios han superado el reto con gran solvencia. De paso se harán todos una foto con Obama –el verdadero motivo de la concesión–, que lleva camino de convertirse en el manto de la Virgen del Pilar para los progresistas, aunque más sonriente y menos milagroso, como acredita su trayectoria política desde que se convirtió en presidente. Sólo falta completar la nómina concediendo el Nobel de Economía a nuestro Zapatero, que se ha cargado la prosperidad de un país entero con sus medidas absurdas, pero, como buen progresista, lo ha hecho con la mejor de las intenciones. Si el Parlamento utiliza el mismo rasero que con Obama, con eso debería ser suficiente.
Por supuesto el dato impresiona, sobre todo después de haber oído a lo largo de casi una década que la globalización y los mercados libres habían conseguido sacar de la miseria a la mayoría de la población y que la pobreza iba siendo cada vez un problema menor.
Para rematar, el PMA relacionó este ininterrumpido crecimiento en el número de hambrientos con la progresiva disminución de las ayudas alimentarias de la comunidad internacional. Las dudas pues resurgen, ¿acaso el capitalismo no es capaz de promover el desarrollo del Tercer Mundo de manera tan eficiente como el intervencionismo estatal?
Bueno, no tan rápido. En realidad es falso que ésta sea la primera vez en la historia en la que sucede esto: en 1970, con la mitad de la población que ahora, el número de hambrientos también se situó en 1.000 millones, cifra en la que prácticamente permaneció durante toda la década. Vamos, que el titular de la FAO y de la PMA –organismos encargados de gestionar parte de esas ayudas– no pretende transmitir una (manipulada) información al mundo, sino promover el alarmismo para continuar, como observaba Peter Bauer, quitando el dinero a los pobres de los países ricos para dárselo a los ricos de los países pobres.
Y es que en los temas de crecimiento suele existir un grave problema de perspectiva que los intervencionistas suelen emplear para embaucarnos. Cuando hablamos de pobreza extrema, malnutrición o insalubridad, buscamos soluciones inmediatas y definitivas. Sin embargo, en estos asuntos, el tiempo es esencial y lo es por dos motivos.
Primero, debemos recordar que el estado natural del ser humano es lo que hoy llamaríamos pobreza, esto es, una carencia casi absoluta de medios materiales con los que satisfacer sus necesidades. La espectacular prosperidad económica de la que ahora disfrutamos las clases medias haría enrojecer de envidia a los faraones o a los monarcas absolutos del pasado; el crecimiento sostenible de nuestra riqueza es un fenómeno casi anecdótico en la historia del ser humano, apenas 200 años que realmente no superan los 40 si de auténtico desarrollo global hablamos.
No en vano, el tema preferido de los economistas clásicos en el s. XVIII y el s. XIX era estudiar por qué unas naciones se enriquecían mientras otras no despuntaban. Adam Smith denominó su obra Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, lo que denota que su mayor preocupación era explicar la dispar evolución de las sociedades de su época.
Y desde luego no es casualidad que unas naciones sean ricas y otras pobres. El enriquecimiento de una sociedad es un proceso muy lento y complejo que no puede resolverse con cuatro soluciones facilonas arbitradas desde una burocracia política. Si lo que deseamos es que una sociedad salga por sus propios medios de la pobreza –esto es, que no malviva parasitando a las economías ricas–, es necesaria la confluencia de un entramado institucional respetuoso con la propiedad privada y de una progresiva acumulación de capital a través del ahorro. Ambos factores pueden promoverse, aunque no imponerse, mediante la liberalización del comercio y de los flujos internacionales de capital –la maldita globalización–, pero por sí solos no son garantía ni de que un Estado tercermundista vaya a ser respetuoso con la propiedad de nacionales y extranjeros, ni de que la población abandone su cultura de autoabastecimiento para integrarse en un esquema de división internacional del trabajo.
De momento, por desgracia, el librecambismo está en retroceso en el mundo y las ínfulas proteccionistas están resurgiendo con la excusa de la crisis económica. No es que hayamos gozado hasta la fecha de un auténtico comercio libre –sin restricciones arancelarias, cuotas a la importación, sectores, como el agrícola, artificialmente mantenidos con subvenciones…–, pero los tiempos no parecen propicios para que los mercados sigan abriéndose camino.
El segundo motivo que hace necesaria una cierta perspectiva en temas de desarrollo es que, precisamente por la complejidad y la lentitud del proceso, los cambios de un año a otro no suelen ser demasiado relevantes, y se vuelve preciso observar series con un mayor recorrido histórico.
Sin entrar a valorar las definiciones y las mediciones que la PMA –una agencia dependiente de las Naciones Unidas– realiza sobre el número de hambrientos, la aparente evolución catastrófica que se desprende de la noticia exagera la realidad. En este gráfico, por ejemplo, podemos observar un inquietante aumento de su número en el mundo: de 857 millones en 2001 a 1.002 en 2009. En una de las décadas de mayor crecimiento (al menos aparente) de nuestra historia, el número de hambrientos ha aumentado en casi 150 millones.
Lo que oculta el gráfico es que, durante ese mismo período, el número de individuos en el mundo se ha incrementado en más de 600 millones. Dicho de otra manera, unos mercados relativamente libres, a pesar de sufrir la mayor crisis de la historia reciente, han sido capaces durante la última década de crear riqueza y alimentos para 450 millones de nuevas personas. De hecho, entre 2001 y 2006 pese a que la cifra absoluta de hambrientos se incrementó ininterrumpidamente, su porcentaje sobre el total de la población en el Tercer Mundo disminuyó desde el 16% al 15%. Sólo con la crisis ha vuelto a repuntar este año hasta el 16,6%.
Aunque, como digo, no conviene perder la perspectiva. En 1970 este porcentaje alcanzaba el 37%, en 1980 el 29%, en 1990 el 20% y en 1996 el 18%. Pero tampoco se trata de que, como parece, hayamos perdido con la crisis más de una década, es que en esa década han aparecido en el mundo mil millones de bocas más que alimentar.
Y los problemas, pese a las cifras, se concentran cada vez más en el África subsahariana. Hace 40 años el 43% de la población asiática –gracias a la impagable impronta del comunismo– pasaba hambre, hoy sólo el 15% (y ello pese a que su población se ha duplicado); en el África subsahariana, sin embargo, el porcentaje apenas ha variado del 35% al 31%.
África sigue siendo el farolillo rojo del desarrollo precisamente porque no se ha incorporado a la globalización: sus índices de libertad económica siguen siendo desastrosamente bajos y ello impide, en última instancia, cualquier tipo de prosperidad. De hecho, a poca libertad que se les conceda a los africanos, como en el caso de Botswana, rápidamente saben aprovecharla para generar riqueza.
Pero esto supone un proceso lento, para el que no existen vías rápidas. La PMA se queja de que los gobiernos han dejado de dar tanto dinero como antes en ayuda al desarrollo, sin embargo esta crítica está lejos de ser imparcial, ya que, como apuntaba, la PMA es uno de los organimos que gestiona esas millonadas.
Desde 1950, los países ricos han entregado a los pobres 2,3 billones de dólares en ayudas, algo así como dos veces el Plan Marshall. Y, sin embargo, el resultado ha sido decepcionante. En el gráfico puede observarse la destructiva influencia que la ayuda a África ha tenido sobre el crecimiento del continente: a más ayudas, más estancamiento.
Como explica el experto en temas de desarrollo William Easterly, la ayuda al Tercer Mundo, aparte de los nocivos efectos que pueda tener a la hora de consolidar regímenes tiránicos, promueve la especialización económica de las sociedades pobres, no en bienes y sevicios que les permitan insertarse en la división internacional del trabajo, sino en los bienes y servicios que los burócratas creen que son mejores para ellos, lo cual dilapida su tiempo, sus recursos y su riqueza.
Puede que la crisis –consecuencia, no lo olvidemos, de las políticas intervencionistas en materia monetaria– haya supuesto un parón en el desarrollo y en la reducción de la pobreza que se inició hace cuatro décadas. Pero desde luego, la erradicación del hambre no vendrá de la mano de gobiernos y burocracias ahítos de quitarle más dinero al empresario, sino de la continua extensión de los mercados a todos los lugares del mundo… incluyendo a África.
Parte de los equívocos sobre la legitimidad de las guerras actuales proceden de los elásticos principios consagrados en la carta de las Naciones Unidas para justificarlas. Así, ese embrión de Gobierno interestatal que pactaron las potencias vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial ampara, dentro de una escala de respuestas graduales, emprender las acciones militares "que sean necesarias para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales", si los miembros del Consejo de Seguridad sancionan las infracciones de un estado como merecedoras de tal acción (Capítulo VII del Tratado de las Naciones Unidas). En consecuencia, de acuerdo a la teoría "positivista" del Derecho Internacional esas acciones quedan investidas de legitimidad por la naturaleza del órgano que las acuerda, por encima de otras consideraciones.
Bajo la farfolla del lenguaje diplomático se esconde, sin embargo, una realidad mucho más desagradable. Las llamadas operaciones de mantenimiento y restablecimiento de la paz comportan, de hecho, hacer la guerra contra el Estado que se identifica como agresor o peligroso infractor de la legalidad internacional; a no ser que sus dirigentes se plieguen (se rindan) a las exigencias planteadas en la resolución del Consejo de seguridad que habilita el uso de la fuerza. Las acciones militares, por muy perfeccionados que sean los medios empleados por los ejércitos, no permiten, a la hora de sembrar destrucción y muerte, discriminar totalmente los objetivos militares de la población civil. De esta manera, en todas las guerras habidas, con o sin refrendo del consejo de seguridad, los daños colaterales se consideran inevitables, incluso cuando las órdenes del mando político militar son escrupulosas y siguen los dictados de una guerra en principio "justa" (en los términos ya elaborados por los escolásticos españoles).
Por otro lado, ese marco jurídico internacional previó la formación de organizaciones de defensa regionales, así como que el consejo de seguridad pudiera encomendarles (Art. 53 de la Carta) las labores de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales en sus ámbitos respectivos. Estos extremos nunca han sido aclarados por los dirigentes del PSOE posfranquistas que jugaron al "OTAN, de entrada no", para, una vez en el Gobierno, ganar un referéndum manipulado para no salir de la organización y, con el paso del tiempo, conseguir el nombramiento de Javier Solana Madariaga –uno de sus líderes– como secretario general. Ahí es nada.
Forma parte del contradictorio acerbo del derecho internacional público actual, asimismo, el deslizamiento hacia misiones con objetivos más ambiciosos que los perfilados en el propio tratado de las Naciones Unidas. Durante los años de "guerra fría" ese esquema se había mostrado inviable desde el momento que el imperio soviético luchaba por exportar su "revolución" y someter a sus dictados a buena parte de la humanidad. Después del colapso de la antigua URSS, la única superpotencia militar que quedó en el mundo –cuestión distinta es la evolución que ese status tenga en el futuro como resultado de múltiples factores– ha asumido el papel exclusivo de promoción de acciones de castigo y de intervención militar en distintas partes del mundo. Sin duda esto se debió en parte a los espeluznantes ataques terroristas del 11-S, pero encontramos antecedentes en la primera guerra del Golfo, después de la invasión de Kuwait por Irak, y la antigua Yugoslavia, tanto en Bosnia-Herzegovina como en Kosovo.
En cualquier caso, pese a las limitaciones de su ámbito geográfico, la OTAN obtuvo el mandato de varias resoluciones del consejo de seguridad para dirigir las fuerzas de seguridad internacional de ayuda (ISAF) al gobierno interino de Afganistán. Sucedía en la ocupación del país al fulminante derrocamiento del régimen de los talibanes por el ejército norteamericano, que esgrimió su derecho a la legítima defensa contra los terroristas de Al-Qaeda que perpetraron los ataques del 11 de septiembre de 2001 en su propio territorio. La cobertura, apoyo y refugio que ofrecía ese gobierno al grupo terrorista dirigido por Osama Bin Laden resultaba ostensible.
Dentro de ese contexto, resulta llamativo que no exista una conciencia generalizada entre los españoles de haber sido manipulados una vez más por las tretas sobre las relaciones internacionales con las que los agit-prop del PSOE han pavimentado sus ascensos al poder.
Catapultados al Gobierno tras los monstruosos y no esclarecidos atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, desplegaron unos esfuerzos ímprobos por distinguir la guerra de Afganistán, y la participación de tropas españolas en ella, del conflicto de Irak. Como cabía esperar, no se trataba de una guerra, sino de una "misión de paz, auspiciada por la ONU" y la labor de las tropas españolas se reducía a la reconstrucción y la ayuda al pueblo afgano. El incidente del helicóptero Cougar en 2005, donde murieron 17 militares españoles, fue convenientemente despachado como accidente, sin que mediara una investigación seria.
No es ningún secreto que los políticos norteamericanos, incluido su presidente, coinciden en la necesidad de convencer a los aliados europeos para que aumenten sus contribuciones a misiones internacionales como la de Afganistán. El pasado mes de abril, después de la cumbre de la OTAN, confluyó el interés de los estrategas del PSOE por aprovechar los destellos de una reunión de Zapatero con el entonces rutilante Barack Obama con los planes de éste de sustituir fuerzas norteamericanas por europeas. Esto explica que el taimado inquilino de La Moncloa anunciase, a modo de presente para conseguir la ansiada entrevista, el envío de un batallón de 450 militares y una aportación de 9 millones de euros. Según sus propias palabras, volverían a España una vez terminado el proceso electoral del pasado mes de agosto, ya que "el Gobierno no es partidario de ampliar nuestro actual contingente de efectivos en Afganistán".
No obstante, ese ofrecimiento debió distar mucho de las expectativas norteamericanas. Aunque Obama concedió 45 minutos, elogios y un apretón de manos ante las cámaras al presidente del Gobierno español, a buen seguro dirigió algún mensaje más concreto, ya que al término de la entrevista el mandatario español se preguntaba, con una bobaliconería impropia de los inocentes, qué podía hacer por Obama.
Así estábamos, cuando, nada más celebrarse esas elecciones que pretextaron un aumento temporal de efectivos, se da cuenta de un suceso providencial. Al parecer, una compañía de soldados españoles se veía emboscada en un puerto de montaña por insurgentes y respondía al ataque causando la muerte de 13 talibanes, en un combate que se prolongaría durante "seis horas". Al contrario de lo que sucediera con otro precedente que causó heridas a un sargento, las tropas españolas habían salido ilesas del envite. Como si saltara un resorte, el pasado fin de semana los medios de comunicación ofrecieron emocionantes detalles, como aquel que precisaba que las tropas habían tenido tiempo de convencer a los aliados italianos para que cesaran sus ataques de apoyo con helicópteros cuando los forajidos se refugiaron en una aldea donde se mezclaron con la población civil.
Curiosamente, al tiempo que cundía una satisfacción poco contrastada, el Gobierno filtraba datos imprecisos sobre el número de los soldados que incrementarían el contingente desplegado, dando por supuesto que la decisión estaba ya tomada y no podía discutirse; ¿quién puede oponerse a reforzar la seguridad de las tropas?, venía a decirse falazmente.
Sin esperar mucho más, Zapatero comparecía en una emisora radiofónica para anunciar que era "probable que la ministra de Defensa plantee en el parlamento el envío de unos doscientos efectivos". Demostrando su doble juego, se apresuró a condenar un bombardeo protagonizado por tropas alemanas que causó la muerte de civiles el viernes y a lanzar el señuelo de que cuando le toque la presidencia rotatoria del Consejo europeo planteará una estrategia de salida de Afganistán.
Sin embargo, antes que nada, el presidente del gobierno debe dar cuenta en las Cortes sobre la misión que están desempeñando las tropas españolas en Afganistán; qué ocurrió en 2005 con el helicóptero Cougar y los demás incidentes y las razones por las que ahora considera "necesario" incrementar sus efectivos, después de haberse mostrado contrario hace solo cinco meses, cuando ya contemplaba como temporal la aportación de un batallón para contribuir a la seguridad de las elecciones que ya se han celebrado en el avispero afgano. El intento de despachar el asunto con una comparecencia de su ministra de defensa revela no solo la cobardía de este personaje, sino sus infinitas ganas de eludir sus responsabilidades por todos estos requiebros de su diplomacia secreta. Mientras no cumpla con esas obligaciones, el partido de la oposición tiene una gran oportunidad para no plegarse a la artillería propagandística gubernamental que, en curiosa finta, ahora pide guerra para defenderse "de los ataques de delincuentes, bandas organizadas, o talibanes". Esperemos que no acuda a socorrer al caudillito posmoderno de sus aliados parlamentarios. Cuando, al acabar la previsible sesión parlamentaria, se pregunte a los diputados si aprueban el envío de las tropas adicionales a Afganistán deberían contestar un resonante no.
A los votantes socialistas en general, y a los referentes progresistas en particular, les pareció muy sensata esa diferencia esbozada por el presidente, por lo que las algaradas callejeras y los ataques a las sedes del PP sin que ese Gobierno hubiera enviado un soldado a la guerra, han desaparecido milagrosamente ahora que participamos en una operación de envergadura en la que mueren civiles a cascoporro. Las portadas de la prensa española mostrando los cuerpos mutilados de niños y ancianos iraquíes tampoco han tenido continuidad ahora que estamos un poquito más hacia el este, participando en una operación exactamente igual, pero esta vez con tropas sobre el terreno.
Zapatero afirmó que estamos en Afganistán en son de paz, pero asombrosamente los talibanes no arrojan al paso de nuestros soldados ramilletes de clavellinas (o de amapolas opiáceas, que es la variedad más popular en la zona y para el caso es lo mismo), sino unos pepinazos muy escasos de talante.
Total, que a pesar de los esfuerzos de Zapatero, el silencio lanar de "las gentes de la cultura" y el papelón de Karma Chacón, hay ciertas sospechas de que lo que está ocurriendo en Afganistán tiene poco que ver con el cuadro pacifista que todos ellos dibujan cada vez que tocan el tema. Las evidencias de que estamos participando en una guerra eran ya nítidas antes de que Zapatero enviara tropas a suelo afgano y unos meses más tarde las incrementara para "ayudar a Obama", pero tras la reciente ofensiva talibán en la zona asignada a España es probable que hasta Leire Pajín tenga que reconocer que paz, paz, lo que se dice de paz, la misión española tiene muy poco. Y cuesta entender esos reparos permanentes a llamar a las cosas por su nombre, porque bien sabemos todos que ningún progre se va a echar a la calle o a dar un balido más alto que otro ocurra lo que ocurra en Afganistán. Su objetivo en todo momento fue echar a Aznar del poder, y eso ya lo consiguieron hace cinco años.
Los que peor quedan en todo este asunto son nuestros soldados, obligados a matar enemigos y repeler continuos ataques en esa misión de paz tan rara que les ha encomendado Zapatero. El ex ministro de Defensa, Pepe Bono, dijo en su día que prefería morir a matar, pero afortunadamente las tropas españolas tienen una opinión distinta sobre lo que se debe hacer cuando una horda multiculturalista reacia a aliarse civilizatoriamente con nosotros te ataca con helicópteros, morteros y fusiles de asalto. O Zapatero y Moratinos consiguen pronto el milagro ecuménico de aliarnos con los talibanes, o muy pronto no habrá pirueta léxica que disfrace la realidad elemental de que estamos participando en una guerra. Y encima promovida por los Estados Unidos de Norteamérica.
Italia está un poco revuelta porque Silvio Berlusconi está intentando poner orden en un fenómeno que tiene allí, según parece, bastante arraigo. Se trata de la creación, a veces espontánea y efímera, otras de un modo más arraigado y permanente, de organizaciones vecinales que proveen un servicio de seguridad a la comunidad.
Es claro que con la expresión vigilante, cuyo origen español es evidente, se puede referir uno a la organización de grupos ciudadanos para la comisión de crímenes socialmente aceptados, al menos por una parte de los vecinos: la represión de los miembros de cierta raza o de los extranjeros, pongo por caso. En tal caso de lo que hablamos es de crimen organizado. Pero generalmente a lo que nos referimos con los vigilantes es a organizaciones creadas para reprimir el crimen o aminorarlo, no para cometer actos criminales.
La Policía pública no es la única solución al problema del crimen. Es claro que todos tenemos derecho de defendernos. También podemos contratar en el mercado a compañías especializadas en la defensa de nuestra casa, nuestra urbanización o nuestro barrio. Pero también cabe, como en otros ámbitos de la vida, que sea la propia sociedad local la que se organice para hacer cumplir la ley, como pueden organizarse para cualquier otro cometido de interés social.
Estos grupos tienen la ventaja de manejar un conocimiento cercano a los problemas locales. Además refuerzan los lazos sociales, y esa misma fortaleza desincentiva la actuación criminal. Tienen el riesgo de ponerse al servicio de la represión de actividades legítimas que consideren inmorales.
La experiencia de los Estados Unidos, que no tiene porqué ser muy diferente de la de otros países, es que estos grupos se crean cuando las instituciones encargadas de mantener la ley y el orden han fallado, mientras que, como dice Bruce L. Benson en To serve and protect refiriéndose a varios casos históricos, “las organizaciones vigilantes se formaron para reestablecer la ley y el orden, no para desafiarlos”.
Los vecindarios no tienen control sobre su propio desarrollo, ya que las calles y el urbanismo son de carácter público, y ello permite que se incrusten en esa sociedad actividades que son socialmente perjudiciales y que hacen caer el valor del barrio. Uno sólo tiene que observar la diferencia entre un barrio público y una urbanización privada por lo que se refiere a la incidencia de venta de droga o a la prostitución.
En ocasiones no hay que recurrir a la violencia. Como el caso de los gorras naranjas (orange hats) de Anacostia, Washington D.C., que se apostaban frente a los camellos en sus puntos de venta ataviados con una gorra de ese color. Los vendedores de droga se ponían nerviosos, lanzaban amenazas, pero acababan yéndose. Luego compraron cámaras de video, y los filmaban. Desaparecieron de las calles, pero no dejaron, seguramente, de realizar su negocio. Sólo que ya no estaba tan a la vista.
Los grupos vigilantes, si violan la ley, son como cualquier otro de los que ya viven en nuestras ciudades. Y si no lo hacen, pueden llegar a ser su mejor aliado.
Las armas atómicas no pueden discriminar a sus víctimas, por lo que, por su propia naturaleza, son injustas. Sólo sirven para quien esté dispuesto a arrasar a poblaciones enteras, por lo que sólo le son útiles a los Estados. La destrucción a gran escala es un argumento muy convincente, pero de una moralidad más que dudosa.
Se ha justificado la decisión de Harry Truman porque de este modo aceleró el final de la guerra y evitó así numerosos muertos. El propio Truman no lo veía así. En la Conferencia de Postdam, celebrada días antes del lanzamiento de las bombas, advirtió a Japón, que ya estaba pensando en rendirse, de que a él sólo le valía la rendición incondicional, pues de otro modo infligiría sobre aquél país una "devastación total". Sabía de lo que estaba hablando. Hiroshima no era un centro militar, sino una ciudad con instalaciones militares. Nagasaki no era un centro industrial, que estaba a las afueras de la ciudad y apenas fue afectado por la bomba. La propia matanza de civiles fue, en realidad, el gran argumento utilizado para poner al país de rodillas.
Si en lugar de ser los Estados Unidos fuera la Alemania nacional socialista la que se hubiese adelantado, nos cuadraría con la concepción moral que tenemos de aquél régimen totalitario y la condenaríamos sin reservas. Nos resulta incómodo albergar la idea de que fue una democracia, la primera de todas, la que cometió aquél crimen. El ejemplo de Harry Truman muestra que el sistema democrático es mejor que cualquier otro, pero que está muy lejos de ser bueno.
Los nuevos estatutos se escriben contra España. El Tribunal Constitucional se ríe de su nombre porque es de facto un órgano político. Jueces y políticos se intercambian sus trabajos sin mutar sus puestos. Se cierran emisoras, se acorrala políticamente a un partido mayoritario, la corrupción se enquista en éste y otros partidos y sólo se le oye un minucioso mutismo. Pero este sábado, Juan Carlos I habló por fin. Será porque era su primer día de vacaciones. Ante los medios, y refiriéndose a los últimos atentados de ETA, ha dicho: "Hay que darles en la cabeza y acabar con ellos". Sí Señor.
Hay que darles en la cabeza. Porque la cabeza es la que dispara, la que coloca bombas y la que mata. Sin ella, una mano es un trozo inerte de carne, huesos y tendones. Para acabar con el terrorismo hay que darles fuerte en las ideas que les llevan a un comportamiento criminoso. Son las típicas ideas antiliberales y, digámoslo, antihumanas. El nacionalismo y el socialismo. Unos matan por esas ideas, otros les justifican, otros intentan que esas muertes sean eficaces políticamente y otros dejan claro que quienes se les enfrente no tienen derecho a pertenecer a esa sociedad. Y esos otros son los unos y los mismos. Son los nacionalistas, porque es el nacionalismo el armazón de cada villanía que cometen.
Pero para ello hay que actuar en todos los frentes. Es necesario desmontar un sistema político erigido sobre el presupuesto de que los vascos no son españoles, de que hay una diferencia entre "ellos" y "nosotros" que justifica el atropello de los derechos. Hay que desmontar la espectacular mentira de que están oprimidos por quienes, dentro y fuera, se saben españoles. Y hay que hacerlo en los medios de comunicación, en la calle y en las aulas.
La vicelehendakari, Isabel Celaá, ha reconocido que "es necesario trabajar en ese terreno, a veces intangible, de la propagación de las ideas". Pero para enfrentarse a esa ideología hace falta oponerle otras ideas. Y tienen que ser las ideas contrarias, que no es el nacionalismo de otro signo, sino el reconocimiento de los derechos esenciales de la persona, de que en una sociedad abierta no cabe ese tribal antagonismo de "los nuestros" contra los demás, de que el poder no tiene justificación para imponer una forma de pensar en las aulas. Es necesario romper muchos sobreentendidos, como que para una parte de la sociedad vasca que no digiere ni un gramo del nacionalismo lo máximo que se le puede conceder es una tolerancia con desgana. Dar a los terroristas en la cabeza supone desandar tres décadas de nacionalismo e intolerancia. ¿Cuántos estarán dispuestos a hacerlo?
Medio día del jueves. Dos guardias civiles acaban de entrar en un coche cargado de muerte. No llegarán a comenzar su jornada. A una distancia física prudencial y a una distancia moral intergaláctica, unos terroristas aprietan el botón. Todo se acaba para Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salvá Lezaun.
Apenas 36 horas, un día y medio, pasan entre ambos crímenes. Pero entre esas horas también pasan cosas. Pasan muchas cosas. Ocurre que de forma casi unánime se señala a ETA diciendo que quería provocar una masacre y que si no lo ha hecho es por impericia. Juicio audaz, vive Dios, ya que se dirige contra una banda que hoy, 31 de julio de 2009, cumple 50 años. ¿Qué grado de error y cuál de cálculo hay en ese edificio fachada en suelo? Pues la que habla, a las horas, es la propia ETA por boca de Batasuna: Este atentado, dicen, demuestra que es "una quimera" acabar con ellos. Y que la única vía de salida es el diálogo. Si quieren el diálogo, es decir, la negociación, ¿no hubiera sido un obstáculo el recuento de víctimas con las manos? Ese atentado sin víctimas, ¿no recuerda el enorme poder mortífero que tienen, sin necesidad de haber matado a nadie?
Pero todos los análisis apuntan a la matanza frustrada. Y, sin embargo, se repite: están aislados. Están debilitados. Hacen todo cuanto pueden. Son pocos, torpes, inexpertos. Pero ETA tiene su propio lenguaje, que es una combinación entre nacionalismo y sangre. Dos muertos en Mallorca. También los terroristas se apuntan a la moda del "yes, we can".
Amanece el viernes con España en vilo. Cincuenta años. ¿Los dejarán pasar sin traca final? Nos levantamos y ponemos la radio con temor. Abrimos nuestro diario favorito en Internet con temor. Ponemos la televisión con temor. Vivimos con temor. Han conseguido su objetivo.
A esta impresión contribuyó el hecho de que los supuestos mecanismos de control parlamentario parecieran, más bien, la escenificación de una treta. Si las irregularidades, filtradas sucesivamente a la prensa, tienen visos de veracidad –lo cual parece evidente, incluso después de unas primeras manifestaciones ante la comisión de defensa– tendría que haberse convocado otra vez al interesado a una comisión pública.
El señor Saiz tiene todavía que aclarar si ha aprovechado su cargo para costearse gastos particulares y favorecer a familiares y amigos, a cuenta de los presupuestos públicos que maneja. Escudarse en la genérica clasificación como "secretas" de las informaciones relativas al CNI (art. 5 Ley 11/2002) y la utilización de sus gastos reservados (art. 3 Ley 11/1995) para eludir un interrogatorio sobre un uso desviado ante una comisión pública constituye una fraude de ley. Pese a sus denodados esfuerzos, cualquiera que sea su significado, nunca conseguirá el Gobierno del PSOE identificar su propia estabilidad con la seguridad y defensa del Estado.
Dentro del ambiente de eterno retorno que va impregnando la actualidad, recuerda a los argumentos circulares de Rafael Vera y compañía cuando afrontaban cargos por malversación de fondos públicos: Al ser reservados no podía darse detalles de su destino. Si a esa circunstancia se añade que los miembros de la Comisión no dispusieron, al tiempo que le formulaban preguntas, de los documentos que el director del CNI dijo haber aportado, cabe hacerse una idea del tipo de patraña que se representó en el Congreso.
Ahora bien, la gravedad de los hechos anteriores palidecería si se confirmara que, en efecto, el CNI ha mantenido contratada a la hija de uno de los dos magistrados del Tribunal Supremo designados por el Consejo General del Poder Judicial para controlar algunas de sus actividades. Según la Ley de control judicial previo del CNI, ese magistrado es el único competente para autorizar a los espías españoles la irrupción en domicilios particulares y la intervención de todo tipo de comunicaciones, previa solicitud motivada de su director.
Aun siendo imperfectas, la Constitución y las leyes procesales no dejan resquicio alguno al disimulo. Tendríamos sendas obligaciones simétricas por parte del magistrado (y su sustituto) que ocupa durante cinco años ese puesto singular y el director del CNI. No es que el magistrado no pueda tener a una hija que trabaje (su caso es más delicado si cabe que el de Chaves) sino que, para estar por encima de toda sospecha, debería hacer esfuerzos ímprobos para que ningún familiar o persona cercana se sienta tentada a buscar trabajo a cuenta del servicio secreto. ¿Disiparía realmente las sospechas que esa persona allegada superase un riguroso concurso de méritos en la agencia del espionaje? Lo dudo.
De igual modo, cualquier director del CNI debería mostrar una prudencia extraordinaria para que no se entienda que su actuación va dirigida a condicionar al magistrado a quien debe solicitar autorizaciones para actos que, ayunos del aval judicial, constituirían graves delitos de allanamiento de morada o de violación del secreto de las comunicaciones.
Por otro lado, la línea de defensa del Gobierno tendría serias dificultades de mantenerse a flote, incluso si suelta el lastre de un director del CNI quemado. Previsiblemente, el Ejecutivo aducirá un total desconocimiento de los abusos cometidos por parte de este secretario de Estado, bajo la dependencia de la ministra de Defensa. Desde una perspectiva política resultaría muy benevolente creérselo, pero, ya se sabe, la opacidad de esos fondos (buscada por la ley aprobada en los tiempos de González Márquez) los hace proclives a la malversación por parte de una persona que traiciona la confianza depositada en ella, y replicaría el formulario de respuestas de los turiferarios.
Más dudas suscitaría la explicación de que el director del CNI actuaba por libre en el caso de confirmarse la contratación de la hija del magistrado. ¿Se habrían perfeccionado las "escuchas aleatorias" del gabinete de Manglano?
Sí, hay cosas que están cambiando y que cambiarán aún más en el nuevo Gobierno vasco. Pero hay cosas que no cambian, y que no tienen visos de cambiarse jamás. El nuevo lehendakari, Patxi López, ha hablado con aparente firmeza de su decisión de acabar con estos "fascistas".
¿Fascistas?
¿Por qué utiliza esa palabra, si está claramente mal empleada? ¿Qué quiere decir, en este contexto? Ya se utilizó esa expresión en el pasado, pero llevamos años utilizando "izquierda abertxale". ¿Por qué vuelve la palabra fascista?
ETA es un grupo terrorista con dos patas ideológicas: el comunismo y el nacionalismo. Lo que quieren es un País Vasco independiente y convertido en una nueva Albania, con su buena dictadura del proletariado, sus gulags y demás. Es un partido socialista, y en la época del llamado "diálogo" se le reconoció como tal, llamándole "izquierda abertxale". Nadie les llamaba entonces "fascistas". Se alegará que son nacionalistas y socialistas, como los nazis, pero su socialismo es marxista, de modo que ese camino sólo lleva al juego de palabras.
No hay razón ideológica o histórica para llamarles fascistas. Pero sí política. El término "fascista" es una llamada de atención a la izquierda; es el disco rojo de la negociación con ETA. Cuando vuelvan a llamarles, de forma oficial y con toda solemnidad, "izquierda abertxale" sabremos que se ha encendido el disco verde de la negociación.
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