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Etiqueta: Sociedad de propietarios

Herencias de izquierdas

El pasado 17 de mayo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se enfrentó verbalmente con una ciudadana que le echaba en cara la compra de su mansión en la localidad madrileña de Galapagar. Esta anónima señora le espetaba cómo era posible que alguien que se las da de pobre y clase obrera sin sitio para caerse muerta, posea una mansión cuyo valor de compra superó los 600.000€. La respuesta de la líder comunista no fue, en absoluto, indiferente: alegó que había adquirido dicha propiedad gracias a la herencia que su padre le había legado.

Ahora bien, la cuestión aquí se vuelve rocambolesca por dos motivos. El primero es que, en el momento de la adquisición de tan fuera-de-clase-media propiedad inmobiliaria, el padre de la ministra aún vivía, esto es, mayo de 2018, hace justo cinco años. Por tanto, más que herencia, en todo caso, sería una donación. Añadió la ministra que, al ser hija única, todo el importe de la herencia, un millón de euros, nada menos, repartidos en seis inmuebles, era para ella en exclusiva (habría que explicarle la diferencia entre herencia legítima, de mejora o de libre disposición), unido al hecho de que tanto él como su pareja, el que fuera vicepresidente Pablo Iglesias, contaban con ingresos suficientes para “comprarse lo que les dé la gana”.

Algunos son más heredables que otros

Aquí hemos llegado al meollo de la cuestión. El partido, y la coalición, a la que pertenecen tanto la ministra de Igualdad como su pareja y anterior vicepresidente segundo del gobierno, fundador, además, no es que haya destacado precisamente por su defensa a ultranza de la propiedad privada (ajena). En este caso concreto, Podemos primero y Unidas Podemos ahora siempre han sido formaciones políticas con las herencias en el punto de mira. Para la formación que nació del 15-M en los pasillos de la Complutense, las herencias son una de las causas más nocivas de la desigualdad de ingresos.

Pero, si la heredera está imbuida de clase obrera, si es dirigente de una formación que se sustenta electoralmente sobre los trabajadores, si el fin que persiguen es moralmente lícito (para imponérselo a los demás), ¡ah, amigo!, ahí la cosa cambia. Hemos llegado a la posibilidad de que las herencias puedan ser calificadas de derechas o de izquierdas, de reaccionarias o de progresistas, en función de la persona que herede. No será lo mismo que herede Ana Patricia Botín a que lo haga la hija de un obrero, aunque le deje la nada desdeñable cantidad de un millón de euros.

Yo gano votos disponiendo de tu propiedad

Justamente, esta semana ha pasado por el Senado la nueva Ley de Vivienda impulsada por otra ministra de la misma formación, en este caso Ione Belarra. Precisamente, el fin de esta ley es que los caseros se conviertan en proveedores de vivienda de protección social, eufemismo donde los haya. Ahora, los caseros, independientemente de su situación, se verán con mil y una trabas administrativas para desahuciar a un inquilino que, por las razones que sea, haya decidido que no paga lo que contractualmente está obligado.

Pero, volviendo a la cuestión de las herencias, aquí lo que se juega es la plena disposición de los bienes. La imposibilidad de dejar en herencia un sustento, pequeño o grande, entre muchos o entre pocos, del patrimonio lícitamente obtenido durante toda una vida supone, en primer lugar, un desincentivo tremendo a la hora de acumular capital.

Una sociedad de propietarios

Además, la entrega al Estado de todos los bienes al fallecimiento supone que la propiedad privada, precaria ya de por sí, pasa a ser un mero usufructo. De lo que se trata es de crear una sociedad de propietarios. Nada garantiza mejor la propiedad que la posibilidad de disponer de ella, de acumular poco a poco toda una vida de privaciones. Puesto que, en contra de los delirios keynesianos, nadie se ha enriquecido jamás gastando. A través del duro, durísimo proceso de acumulación de capital como una familia va poco a poco aumentando su sustento.

Pero, bueno, ahí tenemos a Irene Montero para defender las herencias a ultranza. Habrá que tomar su nombre en consideración como candidata al premio Juan de Mariana.

La ruptura generacional y el nuevo contrato social (I)

“Por lo que a nosotros concierne, estamos totalmente convencidos de que un día se establecerán asociaciones para reclamar la libertad de gobierno como han sido establecidas para reclamar la libertad de comercio”

La producción de seguridad, Gustave de Molinari

En esta primera parte, trataré de analizar la ruptura generacional y ver la necesidad de un nuevo contrato social, cuestión que plantearé en la segunda parte.

Cada vez se respira mayor tensión entre los distintos sectores de edad de la sociedad, aunque la categoría de generaciones defendida por Ortega ha recibido críticas razonables, considero que sigue siendo oportuno emplearla, aunque por el crecimiento de la esperanza de vida conviene ampliarla de 15 a 30 años. A grandes rasgos, podemos identificar tres grandes sectores de edad: boomers y pensionistas (>58 años), trabajadores (30-58 años) y jóvenes (<30 años).

Entre estas generaciones hay una serie elementos comunes que permiten trazar un retrato de cada una, donde se puede ver que sus intereses están muy poco alineados, lo que no hace presagiar nada bueno y puede producir una ruptura generacional.

La primera generación, la de boomers y pensionistas, es una generación que se encuentra cómoda con la Transición y los resultados de ella, en su mayoría son propietarios de una o varias viviendas, gozan de pensiones superiores a su contribución a las arcas públicas –según el Banco de España de 1,74 euros por cada euro aportado–, sus fuentes de información son los medios de comunicación tradicionales –prensa, televisión y radio–, creen que los estudios universitarios son fundamentales para obtener un buen trabajo –fijo y buen salario–, han disfrutado y disfrutan del Estado de bienestar, y creen que todo esto está garantizado. No obstante, son una generación que ha obtenido todo esto a base de consumir el ahorro de los abuelos y de traer al presente bienes y servicios endeudándose por las generaciones futuras.

La segunda generación, la de trabajadores, ha experimentado en su juventud la buena vida, y trabaja incansablemente por alcanzarla. Aspiran a llevar una vida como la de sus padres, donde la tranquilidad y la seguridad es lo que más se busca. Sin embargo, los impuestos y regulaciones, junto a la inflación, les ponen en serias dificultades. Además, hay que añadir que por el alargamiento de la esperanza de vida ya no heredan cuando empiezan sus proyectos vitales, sino ya cuando están cerca de la jubilación. Empiezan a percibir un cambio significativo en la estabilidad social y ven peligrar su futuro. Son los que están viviendo la ruptura del contrato social. Al ver a los jóvenes perciben que ellos no van a llevar los mismos niveles de vida de sus padres, puesto que difícilmente puedan contar con unas pensiones que les permitan un nivel alto de vida o recibir una sanidad de tanta calidad. Sus fuentes de información también son los medios tradicionales, pero desconfían de ellos. Son los que creyeron en las promesas del sistema y empiezan a ver que no se van a cumplir. No obstante, no quieren renunciar a sus aspiraciones, prefieren evitar enfrentarse a la realidad y seguir en la rueda del hámster como si el castillo de naipes no se estuviese desmoronando delante de sus narices.

Por último, los jóvenes, ya saben que ese mundo no es para ellos. Apenas se identifican con la política. Sus fuentes de información son radicalmente distintas, se informan a través de creadores de contenido, Youtube, Twitch, podcast; información mucho más personalizada que les confronta directamente con las generaciones anteriores. Ya saben que una educación en una universidad no te garantiza ni un trabajo ni un buen salario. El descrédito de todo lo anterior junto a la dificultad para encontrar salidas y proyectos vitales esperanzadores los arroja a la frustración. Sólo han vivido en crisis, primero la de 2008 y ahora la del Covid-19. Tienen muy difícil el acceso a la vivienda, y los alquileres que les cobran las generaciones anteriores les dejan muy poca renta disponible para su día a día e iniciar sus proyectos vitales.

Esto son solo algunas pinceladas de estas generaciones, pero es que además hay una serie de elementos que hacen que sus intereses e incentivos estén completamente desalineados, veamos algunos de ellos sin hacer un númerus clausus:

1/ Forks de los medios de comunicación. Estamos viviendo una bifurcación de los medios de comunicación. Las fuentes de acceso a la información de los jóvenes son radicalmente distintas a los de las otras generaciones, y esto hace que vivan en mundos distintos, ven la realidad de forma diferente y esto es una fuente constante de conflictos. De continuar así, los relatos políticos y sociales que circularán en una y otra dirección serán opuestos. Por si fuera poco, al ver amenazada su posición, los medios tradicionales cargan contra los youtubers a la mínima ocasión que tienen, lo que aviva aún más la percepción de ruptura.

2/ Pensiones e impuestos. Las pensiones van a continuar incrementándose los próximos años, lo que no hace presagiar nada bueno acerca de los impuestos. Cada vez habrá más pensionistas con menos trabajadores, lo que incrementará la carga fiscal sobre cada uno de ellos. Además, la generación de boomers y pensionistas necesitará incrementos en su gasto sanitario para su vejez. Esto genera una situación de asimetría entre una generación que aúna la mayoría del voto, propiedad inmobiliaria y extracción de rentas al resto de la sociedad sin contribuir a la producción; lo que cada vez va a generar mayores tensiones sociales, ¿quién querrá contribuir con aproximadamente un tercio de sus ingresos a un sistema del que sabe que no percibirá sus beneficios?

3/ Vivienda. La mayoría está concentrada en manos de la primera generación, lo que dificulta enormemente el acceso a los más jóvenes a algo esencial para empezar sus proyectos vitales. Apenas pueden formar una familia, independizarse, o dejar de depender de sus padres, ¿cuántos años aguantará esta situación?

4/ Trabajo. Si hace unas décadas se cumplía el acuerdo social de “estudia y tendrás un buen trabajo”, ese acuerdo hoy está completamente roto. La cronificación de los trabajos precarios para los más jóvenes, con contratos de prácticas abusivos, jornadas laborales que apenas dejan tiempo de ocio, la sobreprotección de la generación de los trabajadores que impide a los jóvenes competir con ellos en el mercado laboral, la destrucción de capital de las dos crisis, la burocracia, los altos costes de contratación, impuestos, etc., hacen del mercado laboral hoy para la tercera generación un auténtico infierno, donde si consigues trabajo apenas te da para vivir.

5/ Demografía. Da vértigo ver la evolución de la demografía en España, es el elefante en la habitación que nadie quiere ver, y ya es tarde para tratar de remediar sus consecuencias. A medida que la segunda generación se vaya jubilando, la primera tendrá una losa encima que le impedirá prosperar por tener que mantener a las otras dos.

6/ Herencias. La herencia permitía el inicio de los proyectos vitales de los hijos en su juventud. El incremento tan significativo de la esperanza de vida resulta en que este capital que permite el inicio de dichos proyectos no se ha trasladado. Ahora se hereda, en la mayoría de los casos, en el ocaso de la vida. Pero si, además, por las dificultades económicas la primera generación tiene que empezar a consumir su patrimonio para llegar a final de mes y mantener su nivel de vida, las herencias se verán significativamente consumidas.

7/ Educación. La educación está rota. Cualquiera que esté relacionado con el sector sabe que es una pérdida de tiempo enorme en la que los incentivos están completamente desalineados. Su degradación no parece conocer límites. Sin una buena educación será muy difícil tener buenos trabajadores y empresarios en el futuro que permitan mantener el gasto social.

8/ Bitcoin. Por si todo esto fuera poco, aparece un activo que te permite preservar valor de manera excepcional en periodos largos de tiempo y también des responsabilizarte de las decisiones erróneas de terceros en el ámbito económico-patrimonial. Puedes hacen un opt-out y encontrar esa seguridad económica en tiempos de incertidumbre.

Estos son solo algunos de los elementos. La inflación y las subidas de tipos de interés servirán de catalizadores para acelerar estas tensiones sociales entre las distintas generaciones. A nada que los introduzcamos en una coctelera vemos que sus consecuencias no parecen muy halagüeñas.

La primera generación se encuentra ante un escenario donde perderá su posición de comodidad y verá peligrar aquello que consideraba seguro y garantizado. Frente a ello, optará por votar a aquellos partidos que se lo garanticen a cualquier precio para el resto de la sociedad, lo que tensará aún más la cuerda por el significativo número de votantes que son. Apostarán todo a la continuidad, a mantener el statu quo.

La segunda generación tendrá que trabajar más y pagar más impuestos para percibir menos de lo que esperaba, con la incertidumbre del “¿qué podemos esperar de las siguientes generaciones?”. Tendrán que llevar a cabo una segunda transición, evitando tanto la continuidad como la ruptura.

La tercera generación no tiene nada que perder, lo que los puede llevar a buscar la ruptura. Sin trabajos estables y bien remunerados, sin poder formar sus familias, sin acceso a la vivienda, con unas fuentes de información opuestas a las de las otras generaciones, con un activo que les permite independizarse del resto de la sociedad, engañados por el sistema educativo, con una carga fiscal desproporcionada y con menor representación política por la demografía.

Frente a esta situación habrá que reformular el contrato social si se quiere aliviar tensión social, y es ahí donde el proyecto de las Micrópolis ofrece una salida a este escenario.

La no-reforma de las pensiones

Esta semana unas declaraciones de Escrivá generaron un gran debate en los medios de comunicación en torno a la sostenibilidad del sistema de pensiones y su viabilidad futura. El Ministro declaró que la generación del baby boom “podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o podrán trabajar algo más”. Una cosa hay que reconocer a Escrivá, y es que en estas declaraciones fue mínimamente honesto sobre las consecuencias de la jubilación de los baby boomers para la sostenibilidad y capacidad del sistema público de pensiones. Eso sí, tan solo un día después de dichas declaraciones y tras posicionarse sindicatos y patronal en contra de la posición de Escrivá, este rectificó alegando haber tenido un mal día y disculpándose por no haber sabido transmitir certidumbre.

La realidad es que lo que no transmite certidumbre es la “reforma” del sistema de pensiones que el Gobierno acaba de pactar con los agentes sociales. Lo aprobado hasta el momento es únicamente la primera parte de una reforma más amplia que se ha prometido a Bruselas. El problema está en que esta primera parte es de fácil ejecución y bajísimo coste político (no así en términos de coste económico), mientras que las partes restantes quedarían para siguientes legislaturas, y, por lo tanto, se traspasaría la responsabilidad de dichas reformas futuras -más dolorosas, en términos de coste político- a otros partidos, probablemente.

La primera parte de la reforma aprobada por el Gobierno incluye la eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones, que, recordemos, limitaba la subida anual de la pensión al 0,25% en caso de déficit del sistema, y, asimismo, la derogación del Factor de Sostenibilidad, que adaptaba las pensiones a la esperanza de vida para así garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. El Gobierno propone sustituir este último mecanismo por uno de equidad intergeneracional -cuyo funcionamiento aún se desconoce- a la par que se vuelven a ligar las pensiones al IPC sin tener en cuenta otros factores.

Por supuesto, esto no saldrá gratis. Un documento de Fedea estima que esta medida costará cerca de 2.400 millones de euros anuales. Para su financiación, Escrivá considera varias medidas que aumentarían los ingresos, como la subida de impuestos a aquellos ciudadanos con ingresos superiores a 49.000 euros, la ampliación de la base reguladora (esto no es seguro tras la polémica generada hace algunos meses en torno a ello) o la aproximación de la edad de jubilación efectiva a la edad legal. Esta última medida no está nada claro que ayudase a generar un mayor ahorro al sistema, ya que los coeficientes correctores aplicables sobre las pensiones de jubilación temprana son contundentes, y en muchos casos contribuyen a ahorrar más que un retraso de uno o dos años en la edad de jubilación efectiva. Cabe recordar que el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a realizar un ajuste del sistema del 3% del PIB, lo que equivaldría más o menos a 30.000 millones de euros.

Otra de las medidas “estrella” del ministerio de Escrivá consiste en trasladar los denominados “gastos impropios” de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, rompiendo parcialmente el principio de separación de fuentes (en vez de reforzarlo, como algunos han tratado de vender) y tratando, en realidad, de que el Estado, a través de los PGE financie una mayor proporción de las pensiones contributivas. La reforma trasladaría cerca de 21.000 millones de euros al año al Estado desde la Seguridad Social, lo cual equivaldría al 2% del PIB. Para este año, tal y como se hallaba ya presupuestado, se transferirán 14.000 millones, cifra que aumentará anualmente.  Esto no supondría solución alguna, ya que pasaría el problema de la sostenibilidad del sistema de unas cuentas a otras y lo trasladaría al futuro, a través de la propia dinámica del aumento de una ya elevadísima deuda pública, que supondrá una gran carga para los trabajadores futuros.

Volviendo al documento de Fedea, en el mismo se afirma que con la reforma de las pensiones del año 2013, se alcanzaría en 2050 un gasto en pensiones del 12,5% del PIB (actualmente se destina cerca del 12%), mientras que con la actual supresión del Factor de Sostenibilidad y la indexación al IPC, el gasto se elevaría hasta el 17% del PIB en 2050. Lo realmente relevante es que el déficit del sistema, tras esta reforma, se elevaría hasta el 5-7% del PIB. Esto requeriría un recorte del gasto en pensiones de entre el 3% y 5% del PIB para que el sistema de pensiones no requiriera que el Estado cubriese estos déficits.

Si hay un factor sobre todos los demás que hace innegable la insostenibilidad del sistema en un futuro cercano es el factor demográfico. En un sistema de reparto, los trabajadores actuales cubren las pensiones actuales, mientras las suyas serán cubiertas por los trabajadores del futuro. Esto es muy relevante, ya que mientras en la actualidad hay 3,4 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 66 años (no significa que todas las personas en edad de trabajar estén empleadas), en 2050 habría 1,8 personas en edad de trabajar por pensionista, y tan solo 1 trabajador en activo por pensionista. En este sentido, el Banco de España ha calculado que, incluso asumiendo una tasa de ocupación del 80% (en España es del 60%), las cotizaciones futuras deberían aumentarse un 35% para poder financiar la tasa de sustitución actual en 2050, algo absolutamente inviable. Todo ello mientras la natalidad se mantiene anclada en 1,2 hijos por mujer, incluso en épocas de elevado crecimiento económico.

Las propuestas realizadas por diferentes instituciones para solucionar los actuales problemas del sistema público de pensiones español son muy variadas. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional propone un incremento de la inmigración cercano a los 5,5 millones de personas hasta 2050, a la par que un incremento de los ingresos del sistema, una reducción de la tasa de sustitución de la pensión, incrementar la tasa de ocupación, retrasar la edad de jubilación y aumentar las fuentes de ahorro complementario. Según el FMI, solo así se garantizaría la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España bajo las perspectivas demográficas actuales.

Por otro lado, Fedea plantea la transición hacia un sistema mixto con cuentas nocionales, al estilo sueco. En un sistema de este estilo, los trabajadores aportarían una porción de la base salarial a un sistema individual de cuentas financieras (aparte de al sistema general). Dichas cuentas financieras serían gestionadas de manera privada, mientras la parte de “reparto” podría ligar la edad de jubilación y/o la cuantía de la pensión a la esperanza de vida.

Por lo tanto, vemos que la primera fase de reformas del sistema de pensiones no son más que parches mal puestos que no solucionarán el grave problema estructural de sostenibilidad del sistema, mientras contribuye a trasladar el problema y sus costes asociados al futuro cercano, cargando con ello a los trabajadores más jóvenes y a las futuras generaciones.

REFERENCIAS:

Hernández de Cos, P. (2021), “El sistema de pensiones en España: Una actualización tras el impacto de la pandemia”, Documentos Ocasionales, Banco de España.

Conde-Ruiz, J.I. (2021), “El futuro de las pensiones en España”, Mediterráneo Económico.

FMI (2019), “Retos más allá de la sostenibilidad financiera”.