Aunque esta sea una sección de comentarios de actualidad, yo acostumbro a hacer reflexiones más o menos teóricas sobre la anarquía de mercado. Pero el debate sobre el suministro de vacunas me ha interesado tanto que he hecho una excepción. Es un ejemplo magnífico de cómo la centralización en las negociaciones fracasa y cómo muchos estados pequeños han estado más ágiles a la hora de adquirir y suministrar el medicamento a sus ciudadanos.
Al tiempo también puede servir como elemento de debate a la hora de describir cómo podría darse el suministro de un bien de este tipo en una sociedad sin estado y si lo podría hacer mejor que la gestión estatal de los suministros. Lo cierto es que el tema es interesantísimo y se podría debatir desde la propia eficacia de la Unión Europea a criterios de justicia a la hora de hacer los repartos de un bien tan básico como es este.
El proceso de vacunación de una población comienza obviamente por el descubrimiento de una o varias vacunas efectivas para la enfermedad. Esto ya en sí ya es complejo, pero la dificultad se acrecienta cuando se hace necesaria una gran producción de las mismas para poder literalmente vacunar a toda la tierra. El problema es que aún disponiendo de una buena infraestructura productiva, la cadencia de fabricación de las vacunas no permite más que una producción limitada cada día que no permite satisfacer las demandas de todos los posibles usuarios. Esto es, producir vacunas para todas implica un lapso temporal de meses.
A esto hay que sumarle los plazos de distribución de la misma hasta los distintos países y luego administrar las vacunas a toda la población. Es decir, hay que priorizar tanto las entregas de las vacunas entre países como dentro del mismo país entre los colectivos que se determinen como más necesitados. Sería interesante discutir si puede o debe existir algún criterio de justicia a la hora de hacer este tipo de repartos y de existir cuál debería ser. Se trataría también de ver cómo podría darse suministro en una hipotética sociedad sin estado.
En una economía de mercado sin interferencias, el proceso normal de suministro de vacunas consta de varias etapas sucesivas. La primera obviamente es la de la síntesis de la vacuna que corresponde a científicos y técnicos. La segunda sería la de la producción masiva de la misma, que requiere de bienes de capital en forma de fábricas especializadas y personal cualificado. La tercera sería la de la logística y transporte de las vacunas producidas a los centros de distribución. La última sería la del inoculado de las mismas a las pacientes siguiendo algún tipo de orden, dado que éstas irán llegando de acuerdo con algún tipo de cadencia.
Las cuatro etapas son imprescindibles. En una economía de mercado sin interferencia la asignación se haría mediante un mecanismo de precios y siguiendo un orden idealmente inverso al explicado. Esto es, los empresarios involucrados valorarán la demanda potencial del bien, las formas posibles de distribuirlo (si existe o no logistica de frio industrial o el tipo de infraestructura sanitaria existente por ejemplo) y luego calcularía una gama de precios a los que podría obtener beneficios. Una vez realizados los cálculos, los productores decidirían cuántos científicos y técnicos y cuáles se movilizarían; primero para el descubrimiento y síntesis de la vacuna y segundo para su producción y distribución industrial.
Como es de suponer, la empresa farmacéutica se enfrentaría a la posible competencia de otras empresas, y a la posibilidad de que todos sus esfuerzos se encuentren sin recompensa. Podría perfectamente no descubrirse vacuna alguna, o bien de descubrirse hacerlo tarde en relación a la competencia, o a un precio no competitivo.
No difiere en esencia de cualquier otro proceso industrial, salvo en el hecho de que tratamos con cuestiones de vida o muerte y por tanto el ajuste de los precios es al principio algo diferente de otros bienes. Se asemeja (guardando las distancias) a los mercados de espectáculos, que o se adquieren en el momento o después no valen de nada. Al igual que en ellos se da un fenómeno muy peculiar: si no se ajustan bien los precios se producen fenómenos de “reventa” que benefician a intermediarios pero que no redundan en beneficio de los artistas (o de los fabricantes) y por lo tanto esos fondos no revierten en la mejora del espectáculo o evento deportivo (o en el caso de las vacunas en la mejora de los procesos de investigación o producción).
Por lo tanto, en la producción de vacunas nuevas como en cualquier otro proceso de producción innovador se suele cargar con precios más altos a los primeros consumidores para que de esta forma contribuyan a financiar los incrementos futuros de producción, y colaboren por tanto en abaratamientos ulteriores del producto y permitan su generalización. Pasó con los automóviles, los televisores o más recientemente con los teléfonos inteligentes de alta gama.
En el ámbito español tenemos un buen ejemplo con la penicilina. Al principio era carísima y se llegó al caso de vender una casa para comprar una dosis que salvase una vida ( dosis que había que traer de contrabando de Portugal al no poderse adquirir legalmente en la España de Franco). Pero con el tiempo se abarató muchísimo, al tiempo que se perfeccionaba como producto hasta el punto de que hoy es un medicamento de lo más accesible y abundante. El único problema era que parte del beneficio iba al contrabandista y no a la empresa productora y no contribuía a mejorar la producción.
El problema, hoy al igual que entonces, es que mientras no se abarate y distribuya masivamente habrá personas que no puedan adquirirlo y que por desgracia pueden fallecer existiendo una solución disponible. El problema que se plantea es pues de corte ético y consiste en si debe existir o no algún criterio de reparto extraeconómico para asignar las vacunas escasas mientras estas no se generalicen.
En una hipotética sociedad sin estado, las vacunas serían asignados a quienes muestren más capacidad de pago, bien por poseer una gran capacidad económica bien porque sacrifican otros consumos por acceder a este, como vimos en el caso antes citado de la venta de la casa. Pero esta forma de asignación no implica necesariamente que sólo los ricos van a obtener vacunas, pues estas podrían perfectamente ser adquiridas por aseguradoras para sus clientes, y éstas cubrir perfectamente a la totalidad o casi totalidad de la población, dado que en un sistema social de este tipo no estarían previstos sistemas estatales de previsión o de sanidad. Serían entonces estas aseguradoras quienes estableciesen protocolos de vacunación y priorizasen a los enfermos que entendiesen prioritarios. Obviamente estos protocolos serían conocidos por los usuarios a la hora de firmar el contrato de seguro, pudiendo el tomador del seguro aceptar el pequeño sobrecoste o no.
Quiere con esto decirse que es perfectamente factible conciliar la asignación de un bien muy escaso y vital en ausencia de Estados con criterios redistributivos que atiendan a los más débiles, al tiempo que no se distorsionen los sistemas de mercado. También habría que tener en cuenta a la hora de ponderar la justicia de una asignación de mercado que si este se revela como más productivo y más barato a la hora de producir y suministrar el bien a medio plazo, este sistema habrá salvado más vidas que sus alternativas estatales y esto habrá que ponderarlo también a la hora de juzgar entre sistemas político-económicos alternativos.
Pero aún así no cabe duda de que en este sistema se priorizaría la capacidad de pago sobre cualquier otro principio y esto sin duda es una cuestión ética peliaguda que merece ser discutida. Veamos entonces cómo es la ética de reparto en un sistema en el que los estados sean los encargados de la producción o provisión de las vacunas.
Para ello veremos cómo se gestiona este proceso en nuestro entorno. En primer lugar se ha optado por una compra centralizada de vacunas a nivel de la Unión Europea, que se ha revelado no muy efectiva, quizás por falta de experiencia de esta administración al hora de contratar este tipo de bienes. El problema es que un fallo en estas negociaciones no se circunscribe al ámbito de un Estado o una comunidad autónoma, sino que afecta al conjunto de la Unión. Un fallo de unas pocas personas en una decisión centralizada afecta, como podemos observar, a centenares de millones de personas.
Podemos ver en cambio cómo países pequeños como Islandia o algunos emiratos árabes o relativamente pequeños como Israel han mostrado una mejor capacidad de afrontar tanto el proceso de compra como el de vacunación. Desde luego la magnitud de la unidad política (a igualdad de renta) no parece afectar positivamente a la gestión. Esta compra centralizada nos aporta un elemento más de discusión que podríamos enlazar con la teoría austríaca del cálculo económico.
El viejo Boris Brutzkus, en su relato de los fallos de la incipiente economía soviética, nos alertaba de los fallos de coordinación. Los soviets tenían buenos barcos de pesca pero carecían de redes y anzuelos, o flamantes tractores sin una adecuada distribución de combustible o repuestos. Algo semejante aconteció en la distribución de vacunas (afortunadamente a mucho menor escala y con una menor duración en el tiempo), pues si bien se produjeron vacunas, las primeras requerían de una sofisticada logística de frío de la que no se disponía aún en todas partes. También se dió, durante un breve lapso de tiempo, la carencia de jeringuillas especiales que permitiesen un óptimo aprovechamiento de los viales, lo que permitiría incrementar cerca de un veinte por ciento las dosis disponibles.
Por último viene el problema de la priorización de colectivos a la hora de proceder a la vacunación. Partamos de una base, la asignación por el Estado no es tampoco igualitaria. Primero, porque la diferencia a la hora de asignar el recurso será entre Estados ricos y estado pobres. Es decir, al igual que en el caso anterior, la capacidad de compra será decisiva a la hora de adquirir el bien, y los ricos tendrán preferencia sobre los pobres, Ello no supone una mejor situación ética, pues sólo se cambiaría la escala y la forma del reparto, pero no su desigualdad intrínseca. Y no parece que sea políticamente factible una situación en la que un Estado se desprenda generosamente de parte de su stcock para cedérselo a otro menos favorecido, sin haber vacunado aún al completo de su población. Se dará la paradoja de vacunar antes a jóvenes sanos de los países ricos que a personas de riesgo en países pobres. El modelo aquí no es muy diferente en esencia del caso anterior.
En segundo lugar, tampoco es igualitario el reparto dentro del propio país, si bien aquí la supuesta injusticia es de menor gravedad. Básicamente, porque el gobierno a la hora de asignar las vacunas escasas determina quiénes deben ser los grupos que primero deben recibirlas, y también un orden de prelación entre ellos. Entiendo que los criterios que se han seguido no son en principio irracionales, y tienen mucha lógica. Pero ello no obsta para que sigan siendo desigualitarios en el sentido de que son los gobernantes quienes deciden qué vidas valen más y cuáles deben esperar. Y que por tanto haya personas que los reciban antes, y por tanto eliminen el riesgo, mientras que otras por desgracia siguen siendo infectadas y a veces mueren simplemente porque no fueron catalogadas como prioritarias.
Al ser una asignación de tipo político, siempre será posible una suerte de “mercado negro” en la asignación, según la cual aquellos más próximos al poder pudiesen tener la tentación de priorizarse a sí mismos en la asignación de las mismas. La escala en que esto suceda dependerá como cualquier otra forma de corrupción moral de la calidad ética de las clases dirigentes. Pero de ser estas poco morales es probable que se reproduzca el fenómeno apuntado más arriba de la aparición de intermediarios o de privilegiados, pero con la consecuencia de que no aportarán tampoco nada al proceso productivo. También habría que comparar su eficacia relativa en relación a la asignación de mercado y tener en cuenta las vidas potenciales perdidas a la hora de valorar cuál de los dos sistemas debería ser el preferido.
