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Una burbuja verde

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Archivo de publicaciones, Biblioteca IJM, Investigación, Uncategorized.

Un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana analiza las consecuencias económicas, sociales y legales de las políticas de subsidios masivos dedicados a la promoción de energías renovables en España entre los años 1998 y 2014. Durante este periodo, el país experimentó un auge del gasto público dedicado a promocionar la instalación de energías renovables, una apuesta que descuidó los incentivos propios del mercado y derivó en una burbuja especulativa, cuya corrección sigue impactando en el desempeño de la economía española.

Entre 1998 y 2014, las energías renovables en España pasaron de 5.000 MW a 40.000 MW de capacidad instalada. Este crecimiento estuvo impulsado por políticas como las Feed-In-Tariffs, que garantizaron precios superiores al mercado para las energías limpias. En total, los compromisos de retribución para todo el periodo pueden llegar a superar los 300.000 millones para el periodo 2000-2038.

Debido a esta apuesta volcada en el lado de la demanda, los precios de la electricidad en España crecieron un 62% entre los años 2007 y 2013, más del doble del promedio europeo. Además, el déficit de tarifa acumulado durante este período alcanzó los 40.000 millones de euros, generando una deuda que los consumidores siguen amortizando en sus facturas.

El informe, titulado Una burbuja verde, destaca que las políticas renovables no solo afectaron a los consumidores, sino también a la industria española, que perdió competitividad debido a los altos costes energéticos. De hecho, el mismo sector de energías renovables perdió más del 50% de sus empleos tras el estallido de la burbuja, pasando de 143.000 puestos en 2008 a 75.000 en 2015.

La corrección de la burbuja en 2013, mediante recortes retroactivos de las tarifas garantizadas, desencadenó una ola de litigios internacionales. Hasta la fecha, España ha sido condenada en más de 25 procedimientos de arbitraje y, a finales de 2024, las empresas afectadas reclamaban cerca de 1.900 millones de euros al país.

El informe subraya que las políticas energéticas deben equilibrar los objetivos medioambientales con la sostenibilidad económica y la seguridad jurídica. Abogar por un enfoque de mercado, que promueva la innovación y reduzca los costes mediante la competencia, es esencial para evitar repetir errores pasados y fomentar un crecimiento racional de la actividad energética y del conjunto de la economía.

El informe al completo se puede descargar haciendo clic aquí.
Para leer la versión en inglés, puede hacer click aquí.

Starmer revela su vena autoritaria

Escrito por CapX en . Publicado en Uncategorized.

Por Mark Johnson. El artículo Stramer revela su vena autoritaria se publicó originalmente por CapX.

No sería descabellado afirmar que el último gobierno laborista tuvo un historial accidentado en materia de libertades civiles. Lo que empezó con una Ley de Derechos Humanos, concebida para proteger nuestros derechos y libertades, acabó con los carnés de identidad, el despliegue masivo de cámaras de vídeovigilancia, la introducción de órdenes civiles nuevas y punitivas, como las órdenes de búsqueda y captura, los intentos de erosionar el juicio con jurado y la introducción de largos periodos de detención sin juicio para los sospechosos de terrorismo. La llamada guerra contra el terror cambió materialmente la sociedad británica y, como consecuencia, nos hizo a todos menos libres.

En sus primeros días en el gobierno, la administración de Keir Starmer parecía mostrar un partido que había pasado página. Instigados por Tony Blair en un artículo de opinión en el Times a reintroducir una versión digital de sus queridos carnés de identidad, los ministros insistieron en que no querían seguir por ese camino. Pero anoche Starmer, ex abogado de derechos humanos, nada menos, reveló por primera vez su vena autoritaria con una medida tan imprudente como visceral.

Carnets de identidad andantes

En una declaración sobre las desagradables escenas de desorden público en Southport, el nuevo Primer Ministro prometió un “mayor despliegue de la vigilancia por reconocimiento facial”, entre otras medidas, diseñadas para acabar con los agitadores de extrema derecha en las calles y en Internet. En un momento en el que sintió que había que hacer algo, acuciado por los jefes de policía decididos a promocionar sus herramientas de vigilancia al estilo chino, Starmer se lanzó a ciegas a la oscuridad y tiró de la primera palanca que encontró. Sin tener en cuenta las consecuencias para nuestros derechos, libertades o la sociedad en general, promovió el despliegue de una de las formas más invasivas de tecnología de vigilancia disponibles en la actualidad.

En realidad, los controles de identidad analógicos son poco necesarios cuando el reconocimiento facial en vivo nos convierte a todos en carnés de identidad andantes. Esta forma de vigilancia digital escanea indiscriminadamente los rostros de multitudes. Nos comprueba, nos identifica, nos rastrea y compara nuestros rostros con bases de datos de personas de interés. Esta es la tecnología del Partido Comunista Chino y del Kremlin, con el primero convirtiendo el concepto de privacidad en algo del pasado en la China actual.

Mientras tanto, en los países democráticos de todo el mundo, los gobiernos optan por restringir o incluso prohibir por completo el uso de la tecnología de reconocimiento facial en vivo. Irónicamente, el día en que Starmer anunció la expansión de esta tecnología de vigilancia invasiva, la UE comenzó a legislar para prohibir su uso en todas las circunstancias, salvo en unas pocas.

Hay que temer aunque no tengas nada que ocultar

Pero Gran Bretaña no es Rusia ni China, clamarán muchos. Nuestra complacencia como país con una orgullosa historia de preservación de nuestras libertades, crea las condiciones perfectas para su erosión. El tópico de que “si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer” no ayuda a disipar las dudas sobre el uso del reconocimiento facial en vivo.

A principios de este año, dos ciudadanos inocentes fueron detenidos tanto por la policía como por versiones privadas de estos sistemas. Se les acusó de ser delincuentes y se les obligó a demostrar que no lo eran; una inversión total de la presunción de inocencia. Ninguno de los dos había hecho nada malo. Y ambos fueron identificados erróneamente por la vigilancia de reconocimiento facial en directo. El 74% de las “coincidencias” faciales de los sistemas de reconocimiento facial de la policía británica son incorrectas, por lo que está claro que no se trata de una herramienta eficaz en la lucha contra la delincuencia.

¿Dónde está el riesgo de que haya un gobierno autoritario?

Mientras tanto, la declaración de Starmer y su impulso a una mayor vigilancia por reconocimiento facial se producen en ausencia total de legislación específica que sancione su uso, o de una consulta formal al Parlamento. Esto es incomprensible, dado el impacto que la proliferación de esta tecnología tendría sobre nuestras libertades y nuestra sociedad en general. El año pasado, 65 diputados y parlamentarios pidieron que se detuviera por completo el reconocimiento facial en vivo en el Reino Unido, pero Starmer no ha pensado en pedir permiso a nuestros representantes elegidos democráticamente al abrir la puerta a una mayor vigilancia basada en la inteligencia artificial.

Muchos de los que temen a la extrema derecha y a las horribles escenas que vimos en Southport el martes por la noche están preocupados por la posibilidad de que, en el futuro, un movimiento de este tipo alcance tal prominencia en nuestra sociedad que sea capaz de tomar las riendas del poder e imponernos un gobierno autoritario o incluso dictatorial. Son temores legítimos. Sin embargo, ante la amenaza de agitadores que pueden poner en peligro nuestra democracia, la respuesta no puede ser imponer soluciones que en sí mismas socavan nuestros derechos y libertades. Este Gobierno debería aprender de las batallas innecesarias y a menudo fallidas de la era Blair, y replantearse esta decisión autoritaria.

Ver también

Un gobierno pandémico. (José Carlos Rodríguez).

El gigante asiático ha despertado también en el campo de la inteligencia artificial (II). (Jaime Juárez).

¿Es Kate Forbes víctima de un laicismo agresivo o simplemente una mala política?

Escrito por CapX en . Publicado en Análisis diario, Uncategorized.

William Atkinson. Este artículo ha sido publicado originalmente por CapX.

Una semana en política no es nada de tiempo: la transformación de Kate Forbes de heredera aparente del SNP a aparente inútil ha sido lo suficientemente rápida como para dar un latigazo a una mosca. Desde que el lunes anunció su candidatura al liderazgo, la Secretaria de Finanzas ha visto cómo caía el apoyo de los diputados debido a su postura sin paliativos en una serie de cuestiones sociales. 

Forbes es uno de los cerca de 13.000 miembros de la Iglesia Libre de Escocia. Nunca ha ocultado su fe: en una ocasión declaró a la BBC que “cree en la persona de Jesucristo” con todo su “corazón, alma, mente y fuerza”. Lo que la ha metido en problemas no es que sea creyente, sino que su iglesia tiene puntos de vista sobre cuestiones como el matrimonio homosexual, el aborto y los hijos fuera del matrimonio que no encajan bien con el progresismo de un partido hoy en día tan interesado en posar con una bandera del Orgullo como con la Saltire.  

La sorpresa de que un cristiano declarado pueda tomarse la Biblia en serio recuerda la controversia causada por Jacob Rees-Mogg y Tim Farron en los últimos años cuando se les preguntó por su propia opinión sobre el pecado. Rees-Mogg disgustó a los presentadores de Good Morning Britain al revelar que, como católico, estaba de acuerdo con la doctrina papal sobre el aborto. Farron pasó las elecciones de 2017 acosado por sus opiniones sobre el sexo gay, a pesar de haber votado a favor del matrimonio homosexual. 

Todo esto plantea la pregunta: ¿puede un político cristiano sobrevivir en una era “agresivamente secular”? ¿Es Forbes víctima de la “intolerancia anticristiana”, como sugiere su Iglesia? No es la primera “wee Free” que aspira a liderar el SNP. Gordon Wilson dirigió el partido de 1979 a 1990 sin que su fe fuera un problema. Escocia no legalizó la homosexualidad hasta 1981, y el matrimonio gay hasta 2014. Decir que “no se pueden tener” los puntos de vista de Forbes y “liderar un partido moderno” -como hizo un periodista en Twitter- es algo muy nuevo. 

Sólo el 46% de los británicos se identificaron como cristianos en el último censo, frente al 72% de hace dos décadas. Sólo el 7% de los escoceses acude a la iglesia con regularidad. La mayoría de nosotros entiende cada vez menos de cristianismo. Para quienes toman sus opiniones políticas del último ataque de nervios al otro lado del Atlántico, es fácil caricaturizar a Forbes como Pat Buchanan con gaitas.  

Hay mucho en la tesis de Tom Holland de que el progresismo moderno es la corriente descendente de dos milenios de declarar que los últimos serán los primeros, y todo ese jazz. Aunque la mayoría de los de mi generación se declaran abiertamente laicos, son sinceramente tolerantes y se abstienen del sexo, las drogas y las borracheras por una piedad concienzuda que los cristianos conocen desde hace siglos. De ahí que los jóvenes católicos suelan organizar las mejores fiestas. 

Como ocurre con cualquier fe, hay quienes se toman sus credos más en serio que otros. Si la Iglesia Libre de Escocia se sitúa en un extremo del espectro, los entusiastas de la autoidentificación de género del SNP pueden considerarse en el otro. Pueden profesarse liberales, pero la tolerancia es un fenómeno reciente y poco frecuente. La mayoría de los credos a lo largo de la historia han buscado la victoria total sobre sus enemigos. Para los woke, Forbes debe ser condenado, y expulsado de la carrera por el liderazgo.

Sin duda leeremos versiones del argumento “Lector, es la izquierda woke la que es realmente intolerante” sobre Forbes. Aunque hay algo de cierto en ello -y no tengo nada que ver con los talibanes trans de tartán- no creo que explique del todo las dificultades de Forbes hasta ahora. Tiene algo de Rishi Sunak. No sólo porque nuestro Primer Ministro hindú es también profundamente religioso -tiene una estatua de Ganesh en su escritorio-, sino porque también es una ministra de Economía joven, con talento y que asciende rápidamente, con poca experiencia en la cima de la política. 

Cuando Sunak fue cuestionado el año pasado sobre las finanzas de su esposa, la pregunta obvia era por qué no se había dado cuenta de que su condición de no dominante podría ser un problema. Eso delataba una ingenuidad política fundamental. Del mismo modo, Forbes debe haberse dado cuenta de que su fe provocaría esta línea de preguntas de los periodistas, especialmente después de la reciente controversia de su partido sobre los límites del liberalismo social y la experiencia de Farron. 

Forbes podría haberlo manejado mejor. Eso no significa tener un Alastair Campbell que diga que ella “no hace a Dios”. Tampoco significa suprimir sus propias opiniones religiosas para seguir la línea del partido, como parece que hace su oponente Humza Yousaf, que es musulmán. No tiene que dar al SNP lo que es del SNP y a Dios lo que es de Dios. Pero debería haber tenido preparada una respuesta, y estar preparada para cambiar de tema lo antes posible. 

En defensa de Forbes, ha tenido poco tiempo para prepararse para esta contienda. La dimisión de Sturgeon fue totalmente inesperada, y Forbes ha estado de baja por maternidad durante meses. Y a pesar de los alocados vaivenes de las casas de apuestas, esta debacle no es necesariamente terminal para su candidatura. Según las encuestas, los miembros del SNP son los segundos más conservadores desde el punto de vista social de todos los principales partidos del Reino Unido. Puede que sus compañeros diputados se escandalicen, pero puede que los miembros del partido sean un poco más comprensivos. 

La única conclusión de esta debacle hasta ahora es que la vida es más fácil para un conservador social en un partido de derechas que en uno de izquierdas. Pero si algo positivo se puede sacar de todo este asunto, es que un poco más de cultura religiosa entre nuestra clase política no estaría nada mal. En lugar de imitar a la izquierda estadounidense, que trata cada caso de religión en política como una derivación del caso Roe contra Wade, deberían practicar un poco más la tolerancia que predican. 

Sería ridículo pensar que si un Farron, Rees-Mogg o Forbes llegaran al poder convertirían Gran Bretaña en una Arabia Saudí cristiana. Son los herederos de los paganos, y no van a producir un Juliano el Apóstata a corto plazo. Pero algunas voces religiosas más en la política no estarían mal, especialmente en un país que se precipita hacia los 300.000 abortos al año sin apenas discusión.

Sin duda leeremos versiones del argumento “Lector, es la izquierda woke la que es realmente intolerante” sobre Forbes.

Abolir a los abolicionistas

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Artículos en prensa, Uncategorized.

Desde que en el 39° Congreso Federal del PSOE se cerrase la puerta a debatir sobre la posible regulación de la gestación subrogada, los socialistas españoles han abrazado las tesis del feminismo radical que considera que actividades como la gestación subrogada, la prostitución o la pornografía constituyen una forma de mercantilización del cuerpo de la mujer que resulta indefendible. El propio expresidente Zapatero así lo señaló durante el 40° Congreso del partido que tuvo lugar el fin de semana pasado. No obstante, estas tesis presentan graves problemas teóricos y empíricos. A continuación intentaré analizar algunos.

Andrea Dworkin (1993) y Catharine MacKinnon (1993) son dos de las teóricas abolicionistas más conocidas. La primera considera que la prostitución es una práctica “intrínsecamente abusiva” en la que el hombre paga y hace lo que quiere con el cuerpo de la mujer. Además, la contraprestación económica en ningún caso hace que esta experiencia le resulte placentera ni deseable. En línea con Dworkin, para MacKinnon la prostitución supone la negación de la humanidad de las mujeres. En esta actividad, “las mujeres son torturadas mediante violaciones repetidas […] son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a tratos crueles y brutales sin límites humanos; es la oportunidad de hacer esto lo que se intercambia cuando las mujeres se compran y venden por sexo” (MacKinnon, 1993: 13).

Las posturas abolicionistas, al contrario que las prohibicionistas, no defienden la prohibición legal del trabajo sexual ni la persecución de las prostitutas (utilizo el femenino porque en su mayoría son mujeres, aunque no hay que olvidar que los hombres homosexuales y los transexuales también son un porcentaje importante de los trabajadores sexuales), pero tampoco están a favor de un reconocimiento jurídico que la homologue con la provisión de otro tipo de servicio.

Manifestaciones pretéritas a favor y en contra de la prostitución.

El modelo sueco, la legislación que fue adoptada por ese país en 1999, es ejemplo abolicionista por antonomasia. Parte de la consideración de la prostitución como una forma de violencia de género, y criminaliza y persigue penalmente la compra de sexo, es decir, a los clientes, en vez de a las prostitutas. Este modelo se ha implantado además en Islandia, Noruega y Francia.

Este tipo de legislación asocia la prostitución con la trata con fines sexuales y la explotación sexual. Para los abolicionistas, no se puede diferenciar entre prostitución voluntaria y explotación. Nadie, si no fuese por obligación -coacción o necesidad económica-, podría prestar su consentimiento para acostarse con otra persona a cambio de dinero.

Este argumento esconde la idea de que una persona en situación de necesidad económica pierde su capacidad de agencia y, por lo tanto, la posibilidad de decidir libremente. No obstante, cabría preguntarse si el derecho a disponer del propio cuerpo debe ser un derecho exclusivo de quienes se encuentran en una mejor situación socioeconómica.

Lo que debemos valorar es si ese intercambio limita de alguna manera los derechos y las libertades de quienes participan en él. Y en ese sentido, es un error creer que la introducción de dinero en una relación la contamina hasta el punto de invalidar el consentimiento expresado por un individuo adulto, ni siquiera cuando dicho consentimiento se produce motivado por la necesidad económica. Esta, que es la motivación principal tras la realización de la mayoría de trabajos, no introduce un vicio en el intercambio que deba llevarnos a reprobarlo. Lo cual no quiere decir que no deba preocuparnos que una persona carezca de alternativas suficientes entre las que elegir para poder tener un sustento económico que le permita desarrollar sus planes de vida. Pero si de verdad nos preocupa que la situación económica personal condicione las decisiones de la gente, debemos enfocar nuestros recursos en mejorar su situación o en ofrecerles alternativas, pero en ningún caso en restringir las disponibles cortando su libertad y capacidad de decisión.

En definitiva, el modelo abolicionista parte de un enfoque paternalista e infantilizador, así como profundamente antiliberal. Para sus defensores, las mujeres adultas que acceden al trabajo sexual son como los menores, incapaces de dar su consentimiento. Desconocen que el consentimiento tiene que ver, precisamente, con la ausencia de coacción. Por ende, una persona será siempre más libre cuando pueda decidir sobre algo que si otra persona ha decidido de antemano por ello. De la misma manera en que aceptamos que una persona mantenga relaciones sexuales con otra persona sin que haya compensación económica, debemos aceptar la posibilidad de que una personas pueda consentir hacerlo a cambio de dinero.

Este modelo no solo parte de unos presupuestos, a mi juicio, equivocados. Una confusión grave alrededor del consentimiento o la creencia de que se debe poder legislar sobre lo que los adultos pueden hacer con su cuerpo. Además, yerra en su aplicación práctica, generando unas consecuencias nefastas para aquellas personas a las que pretende ayudar.

Temor a detención y condena

Estas políticas suelen empujar el trabajo sexual voluntario a la clandestinidad, haciéndolo todavía más inseguro: el temor a la detención y condena de los clientes hace que estos no estén dispuestos a dejar su información de contacto. Cabe añadir que contribuyen a aumentar el estigma, provocando que muchas trabajadoras sexuales confíen todavía menos en las autoridades y servicios de salud pública. (Holmström y Skilbrei, 2017)

Por último, también hay estudios que señalan que las prácticas policiales represivas, legales o ilegales, vinculadas a una criminalización, parcial o total, del trabajo sexual, están asociadas a mayores riesgos de infección por VIH o ETS, violencia física o sexual por parte de los clientes, así como un menor uso del preservativo durante la práctica sexual (Platt et al., 2018).

Por el contrario, su regulación está asociada con una disminución de los delitos sexuales (Ciacci & Sviatschi, 2018; Cunningham y Shah, 2018; Bisshop et al., 2017) y de ETS, debido a un mayor uso del preservativo (Cameron, Seager y Shah, 2020; Cunningham y Shah, 2018). Además, también se ha mostrado que la despenalización puede mejorar las relaciones entre las prostitutas y la policía al aumentar la capacidad de reportar incidentes violentos y facilitar el acceso a servicios de salud (Armostrong, 2016).

En definitiva, el abolicionismo, en lugar de perseguir el ejercicio coactivo del trabajo sexual, proteger la salud y garantizar los derechos y libertades de estas trabajadoras, encarna una comprensión reduccionista y paternalista que, a través de un marco de victimización de estas mujeres, socava su agencia, autonomía y capacidad de decisión. Pero ni ha conseguido proteger a las prostitutas ni ha conseguido abolir la prostitución.

Ni vientres de alquiler ni compra de niños

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Artículos en prensa, Uncategorized.

La semana pasada, en el programa Hoy por Hoy que dirige Àngels Barceló en Cadena Ser, algunos asistimos incrédulos a las declaraciones del crítico de televisión, Roberto Enríquez (alías Bob Pop), sobre la gestación subrogada, que no sólo no fueron puestas en duda por la presentadora del programa sino que contaron con su aprobación. El interviniente afirmaba que nunca “compraría” un niño, que nunca pagaría por “explotar” a mujeres, y que fomentar ese negocio, el de la gestación subrogada, implica no dedicar esfuerzos a ayudar a que la adopción sea más sencilla. Bob Pop no sólo yerra en la forma de sus planteamientos sino también en el fondo. Resulta sorprendente la irresponsable contundencia con la que algunos hablan en los medios de comunicación sobre temas que desconocen, y que tienen profundas implicaciones éticas y morales, sin apoyo de datos o estudios empíricos. Esto, unido al uso muchas veces deliberado, que hacen de la mentira y la manipulación, supone un insulto a la inteligencia de los espectadores.

La mayoría de los mantras que repiten los que se oponen a esta práctica están ampliamente refutados por la evidencia empírica disponible y me gustaría aprovechar el espacio que me brinda esta columna para comentar alguno de ellos. Nos guste o no, esta forma de acceder a la paternidad se ha convertido en una realidad social. Una realidad mucho más complicada de lo que algunos intentan vender. El apoyo a la gestación subrogada, o por lo menos a su regulación, no parte (o no debería) de ningún supuesto derecho a la paternidad, sino de algo mucho más fundamental. Parte del derecho de los individuos adultos que se encuentran en posesión de plena capacidad de obrar para llegar a cuantos acuerdos o contraer cuantos contratos deseen libremente, siempre y cuando estos no supongan una agresión no consentida a los derechos y libertades de terceras personas. El mercado únicamente amplía las posibilidades reproductivas, sin vulnerar los derechos de nadie, y da acceso a la paternidad a quienes no podrían tenerla de forma natural.

Comparar la gestación por sustitución con la compra de niños denota una profunda ignorancia, cuando no un descuido deliberado. Aunque no debería ser necesario hacer esta puntualización, en el mercado no solo se intercambian bienes, también se pueden intercambiar servicios. Este es el caso de la gestación por sustitución. El objeto de los contratos de subrogación no es el niño, no puede serlo; es la provisión del servicio de gestación. Además, este se contrae antes de que la inseminación tenga lugar. De hecho, ni siquiera podemos decir que la gestante esté alquilando, y ni mucho menos vendiendo, una parte de su cuerpo. A su vez, esta no suele compartir material genético con el niño, con lo cual tampoco podemos referirnos a una transferencia de la patria potestad.

Otra acusación típica es la que alude al componente “explotador” de la GS. Para sus críticos, esta explota a las mujeres que gestan, ya sea de forma altruista o a cambio de una contraprestación económica. La explotación suele confundirse con la ausencia de consentimiento, pero ambas tienen diferencias. Se suele hablar de explotación cuando alguien se aprovecha de su posición dominante para conseguir algo de otra persona a la que no compensa “debidamente”. Sin entrar a discutir conceptos valorativos como qué supone compensar “debidamente”, resulta cuanto menos atrevido asumir que las mujeres que se prestan a gestar para otras personas se encuentran siempre en una situación más vulnerable que la de los padres comitentes (como se suele llamar a los padres de intención), que pone en riesgo que sus intereses sean debidamente tomados en cuenta.

Si bien es cierto que las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad pueden tener mayores incentivos que el resto, la evidencia nos muestra que, lejos de lo que muchos piensan, el perfil de las mujeres gestantes en los países desarrollados no atienden al estereotipo de mujer soltera, joven, parte de una minoría religiosa, inmigrante o con problemas económicos Busby y Vun (2010). Destacan estudios como el de Ciccarelli & Beckman (2005), que evidencia que la mayoría de mujeres gestantes en Estados Unidos tiene entre 20 y 30 años, son blancas, cristianas, están casadas y tienen hijos. También Fuchs & Berenson (2016) que muestra que solo 1 de cada 4 de las gestantes estadounidenses que participaron en el estudio reportaron un ingreso familiar inferior a los 50.000 dólares al año. Además, la mayoría tenían un nivel educativo alto, ingresos familiares moderados o altos y estaban casadas o tenían pareja. A su vez, Loreanceau et. al (2015) señalan que el 70% de las gestantes, australianas y americanas, que participaron en su estudio, deseaban repetir la experiencia.

Beneficia a los menores

Reducir la gestación subrogada a la compra de niños y la explotación de mujeres supone una forma reduccionista, sectaria y poco rigurosa de tratar una cuestión tan seria y con tantas implicaciones. En declaraciones como las mencionadas subyace la intolerante voluntad de imponer unos principios morales concretos que no están debidamente justificados y una nula intención de entender las situaciones que le son ajenas y que desconoce. Dedicar recursos a regular la gestación por sustitución o a facilitar la filiación a los padres que deben acudir a otros países para poder llevarla a cabo, no solo no detrae esfuerzos ni recursos de cuestiones como la mejora en los procesos de adopción, sino que beneficia a los menores que son los principales damnificados por la falta de seguridad jurídica y el señalamiento y a las mujeres que libremente quieren gestar para otros y pueden acogerse a un marco que garantice que sus derechos y libertades sean tenidos en cuenta.

Me gustaría terminar con una breve reflexión que nos deja María Soledad de la Fuente, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Málaga, y que debería servir de guía para nuestros legisladores: “La función del derecho debe ser regular la realidad social, si es que quiere tener alguna utilidad”.

El visionario Milton Friedman y la economía de China

Escrito por Rainer Zitelmann en . Publicado en Análisis diario, Uncategorized. 7 comentarios en El visionario Milton Friedman y la economía de China

En octubre de 1976 se anunció que el Premio Nobel de Economía de ese año sería otorgado al economista estadounidense Milton Friedman. Casi exactamente un mes antes de aquel anuncio, Mao Zedong había fallecido. Apenas cuatro años después de su muerte, Friedman visitó China por primera vez. A su regreso, afirmó que China tenía el potencial de replicar el rápido crecimiento económico observado después de la Segunda Guerra Mundial en países como Japón o Alemania. Por aquel entonces, Friedman era quizá el único que veía factible una evolución tan positiva del futuro económico de China.

Es importante recordar que, en 1980, el 88% de la población china todavía vivía en una situación de pobreza extrema. Apenas cuatro décadas después, esa misma tasa ha caído a menos del 1%. Nunca antes en la historia se produjo una reducción tan intensa de la pobreza en un periodo temporal tan corto. Entender cómo fue posible semejante progreso es uno de los grandes retos de nuestro tiempo y nuestra respuesta a esta trascendente pregunta depende, en gran medida, del papel del mercado y el estado en la economía china. 

En 1980, el próspero futuro que acabó exhibiendo China distaba mucho de ser evidente. Friedman se sorprendió porque, durante su visita, comprobó que las obras de Friedrich Hayek no solo habían sido traducidas al chino, sino que eran bastante populares. Por ejemplo, había muchos artículos sobre Hayek en las principales revistas de economía chinas. De igual modo, Friedman se complació al descubrir que algunos economistas chinos ya poseían copias de la edición japonesa de su libro Libertad de elegir, que había sido publicado en el país nipón unos pocos años antes. De hecho, fue conocedor de que ya se estaba preparando una traducción al chino de dicha obra. Según explica en sus memorias, es evidente que Friedman se debatía entre la gran esperanza que albergaba y el lógico escepticismo que le hacía dudar sobre la capacidad de adaptación del régimen comunista. En un informe de 1980 escribió que las reformas económicas de China avanzaban en la dirección correcta, pero añadió que “solo el tiempo nos dirá si se llevan a cabo finalmente y cuáles serán sus efectos”. En aquel momento, estaba convencido de que China experimentaría cierto progreso a corto plazo, aunque mantenía sus dudas sobre las perspectivas de la aplicación de reformas de calado en el más largo plazo.

Friedman visitó China por segunda vez en 1988, de la mano del Instituto Cato estadounidense, un centro de pensamiento de referencia en el mundo libertario que  organizó una conferencia en Shanghái. Aquel era un evento extraordinario en sí mismo. Friedman pronunció un discurso durante el encuentro y no ocultó el hecho de que la transición de la economía planificada al sistema de mercado traería muchos beneficios, pero también implicaría costos considerables. Friedman comentó que, en su opinión, los líderes chinos estaban “seriamente comprometidos con el esfuerzo de transición” y recalcó que “el pueblo chino será el principal beneficiario de su eventual éxito, aunque no el único, porque si este empeño funciona bien, todas las personas del mundo se beneficiarán”. Aquellas palabras fueron casi proféticas. Después de todo, de no ser por el rápido crecimiento de la economía china, la economía mundial no hubiera experimentado un crecimiento tan positivo en las últimas tres décadas. China es ahora el motor de crecimiento que añade más velocidad al ritmo de expansión la economía mundial, pero Friedman identificó el potencial del país asiático ya en 1988.

La postura optimista de Friedman se vio alentada por una conversación que tuvo con el entonces secretario general del Partido Comunista, Zhao Ziyang, a quien describió como un político con una “comprensión realista de lo que significa liberalizar el mercado”. En su autobiografía, Friedman escribe que su conversación de dos horas con Zhao Ziyang le causó una impresión muy positiva: “mostró una comprensión sofisticada de la situación económica y de cómo funciona el mercado. E, igualmente importante, reconoció que se necesitaban cambios importantes – y demostró estar abierto a ellos”.

Cuando visitó Shenzhen, Friedman quedó impresionado por el hecho de que esta pequeña ciudad portuaria que apenas tenía 6.000 habitantes en 1982 se convirtió en una ciudad vibrante, con 500.000 habitantes, en apenas ocho años. Shenzhen fue la primera zona económica especial de China y aplicó los principios de la economía de mercado de forma mucho más fiel que algunos países de Europa o incluso algunas normas vigentes en Estados Unidos. Cuando visité Shenzhen en 2018 y 2019, para dar una conferencia en su universidad, me impresionó enormemente ver que ya se ha convertido en una metrópoli global, con 12,5 millones de habitantes y un increíble espíritu emprendedor.

En 1993, Friedman visitó China por tercera vez. Las impresiones de Friedman fueron más escépticas en esta ocasión que en 1988. Aunque pudo volver a reunirse con el secretario general del Partido Comunista, Jiang Zemin, el intercambio de puntos de vista fue más unilateral. Friedman solo pudo hablar durante diez minutos, mientras que Jiang Zemin monopolizó la conversación y habló durante un total de 45 minutos. Friedman manifestó entonces sus dudas sobre la capacidad de China para seguir recorriendo el camino que emprendió al reconocer el derecho a la propiedad privada e introducir los principios del libre mercado.

Actualmente, en Occidente existe un evidente malentendido a la hora de evaluar qué factores han contribuido en mayor medida al enorme éxito económico cosechado por China. Mucha gente cree que China ha descubierto una ”tercera vía”, un camino entre el socialismo y el capitalismo. Algunos incluso creen que el increíble éxito chino solo ha sido posible porque el estado ha conservado una influencia fuerte sobre la economía. 

En 2018, viajé a Beijing y conocí a Zhang Weiying, un economista chino que se reconoce seguidor de Hayek y Friedman. Weiying se mostró totalmente en desacuerdo con la interpretación predominante en Occidente y enfatizó repetidamente que la única razón por la que el estado sigue desempeñando un papel tan importante en la China moderna es la historia reciente del país, puesto que bajo gobierno de Mao el control de lo público abarcaba casi el 100% de la economía. Weiying me señaló, no obstante, que el éxito económico de China durante las últimas cuatro décadas se basa enteramente en el hecho de que ese enorme peso del estado se ha reducido gradual y progresivamente.

Durante nuestra conversación, Zhang Weiying enfatizó repetidamente que “el ascenso económico de China no se debe al estado, sino que se produce pesar del estado”. Sin duda, Milton Friedman se habría mostrado de acuerdo. Podemos decir que el brillante economista fue uno de los primeros en predecir con precisión el futuro de China. Hoy, como lo confirma un documento de trabajo del Foro Económico Mundial, el sector privado ya es la fuerza impulsora de la producción económica en China: “la combinación 60/70/80/90 se utiliza con frecuencia para describir la contribución del sector privado a la economía china. Ya aporta el 60% del PIB de China, genera el 70% de la innovación, sostiene el 80% del empleo urbano y crea el 90% de los nuevos puestos de trabajo. El sector privado también es responsable del 70% de la inversión y del 90% de las exportaciones”.Friedman, por supuesto, fue crítico con el hecho de que China no introdujese libertades políticas y civiles a la altura de las nuevas libertades económicas. En Chile, vio de primera mano cómo las reformas de libre mercado ayudaron a poner fin a la dictadura militar del país. Sin duda, esperaba que la mayor libertad económica también condujera a una mayor libertad política en China. Sin embargo, a pesar de sus esperanzas, se mantuvo escéptico, y con razón, como sabemos hoy. En cualquier caso, de acuerdo con las enseñanzas de Friedman, el milagro de la economía china confirma que lograr una mayor prosperidad para la gente solo es posible expandiendo los derechos de propiedad privada y promoviendo el libre mercado.

En Argentina no basta con el equilibrio fiscal

Escrito por Adrián Ravier en . Publicado en Análisis diario, Uncategorized.

Desde que el gasto público de la Nación y las Provincias se incrementó 20 puntos del PIB (desde el 25% al 45%), entre 2003 y 2015, los medios de financiamiento tan tenido que llegar a un límite peligroso. 

Los nuevos impuestos, y la consecuente presión tributaria récord en la región, ahogan a las empresas y les impiden tener retornos aceptables para invertir y generar producción y empleo. La deuda interna y externa se amplifica llevándonos a nuevos defaults, nuevas reestructuraciones de deuda o re-perfilamientos, lo que deja a las empresas sin crédito para apalancarse y crecer. La monetización del consecuente desequilibrio fiscal nos llevó a nuevos procesos inflacionarios y a una acumulación de pasivos en el Banco Central (Lebac primero y Leliq hoy) que ponen a la Argentina contra la pared, con nuevos riesgos hiperinflacionarios. Podríamos agregar otros desequilibrios indirectos (como el cepo cambiario) que, al dificultar o impedir la importación de insumos, traban el desarrollo de las empresas y anulan las posibilidades de crecimiento del país.

Es cierto, claro, que si en 2021 aprovecháramos el viento de cola y recuperáramos la actividad económica y la recaudación, podríamos reducir el déficit fiscal, variable que llegó en 2020 a 8,5 % del PBI. Pero aun alcanzando el equilibrio fiscal, algo que se ve lejano, Argentina estará impedida de enfrentar los nuevos compromisos de deuda que la reestructuración de Guzmán generó para 2023 en adelante. Se requiere un superávit fiscal primario récord para pagar esos vencimientos, y aun así será insuficiente.

Argentina debe avanzar en la corrección de un problema estructural mayor, que es el tamaño del gasto público, que el kirchnerismo dejó y el macrismo apenas pudo reducir en unos pocos puntos. Se requiere una reforma integral del estado que devuelva el gasto público a aquel 25% del PBI, pues este nivel es lo máximo que nuestra tan golpeada estructura económica podría financiar sin los desequilibrios ya conocidos y sus costos sociales consecuentes.

Sólo entonces podrá evaluarse y concretarse una reforma tributaria que reduzca a la mitad la mochila de impuestos que hoy hunde a las empresas, poniéndola en línea con nuestros vecinos latinoamericanos; sólo entonces podrá la Argentina resolver el problema de la deuda y recuperar líneas de crédito; sólo entonces dejará de monetizar desequilibrios monetarios y recuperaremos la estabilidad monetaria. En ese marco podrán plantearse caminos de apertura económica y será posible volver a atraer capitales, tanto de argentinos como de foráneos, que puedan darle al país el crecimiento ausente.

Quizás la licuación de gasto público que observamos en 2018, 2019 y sobre todo 2020 contribuya a corregir ese problema estructural. Pero se requiere un cambio de mentalidad en el gobierno para recuperar un crecimiento genuino que está ausente desde hace décadas.

El emprendedor es en la economía del siglo XXI, y lo ha sido siempre, el motor del crecimiento. El emprendedor argentino, y cualquiera que se atreva a la odisea de invertir en la Argentina, sabe que enfrentará los impuestos más altos de la región, que no tendrá acceso al crédito local, que convivirá con una de las tasas de inflación más altas del mundo, además de las restricciones que implica el cepo cambiario, la amenaza de un nuevo salto inflacionario y la consecuente inestabilidad cambiaria. Podríamos agregar un problema previsional mayúsculo, una legislación laboral sumamente negativa para los intereses del emprendedor y un aislamiento internacional propio de países bolivarianos.

En resumen, Argentina requiere un cambio urgente que devuelva sensatez a la economía. En concreto, se requieran reformas fiscal, previsional, tributaria y laboral, reformas de mercado en serio que sólo pueden ser parte de un plan económico integral hoy ausente.

Entretanto, sí, la Argentina podrá mostrar una tasa de crecimiento positiva algún año, como parte de la recuperación parcial de una anterior destrucción de capital, pero esto no implica crecer.

Lamentablemente, sólo cabe ser pesimista al analizar los desequilibrios macroeconómicos existentes y la ausencia de un plan económico para enfrentarlos. No alcanza el equilibrio fiscal, ni tampoco un acuerdo con el FMI o alguna reforma previsional o tributaria menor. Se requiere un cambio estructural e integral para que la Argentina pueda recuperar el crecimiento real.

Algunas cuestiones disputadas sobre anarcocapitalismo (LIV): Vacunas en una sociedad sin Estado

Escrito por Miguel Anxo Bastos en . Publicado en Análisis diario, Uncategorized. 3 comentarios en Algunas cuestiones disputadas sobre anarcocapitalismo (LIV): Vacunas en una sociedad sin Estado

Aunque esta sea una sección de comentarios de actualidad, yo acostumbro a hacer reflexiones más o menos teóricas sobre la anarquía de mercado. Pero el debate sobre el suministro de vacunas me ha interesado tanto que he hecho una excepción. Es un ejemplo magnífico de cómo la centralización en las negociaciones fracasa y cómo muchos estados pequeños han estado más ágiles a la hora de adquirir y suministrar el medicamento a sus ciudadanos.

Al tiempo también puede servir como elemento de debate a la hora de describir cómo podría darse el suministro de un bien de este tipo en una sociedad sin estado y si lo podría hacer mejor que la gestión estatal de los suministros. Lo cierto es que el tema es interesantísimo y se podría debatir desde la propia eficacia de la Unión Europea a criterios de justicia a la hora de hacer los repartos de un bien tan básico como  es este.

El proceso de vacunación de una población comienza obviamente por el descubrimiento de una o varias vacunas efectivas para la enfermedad.  Esto ya en sí ya es complejo, pero la dificultad se acrecienta cuando se hace necesaria una gran producción de las mismas para poder literalmente vacunar a toda la tierra.  El problema es que aún disponiendo de una buena infraestructura productiva, la cadencia de fabricación de las vacunas no permite más que una producción limitada cada día que no permite satisfacer las demandas de todos los posibles usuarios. Esto es, producir vacunas para todas implica un lapso temporal de meses.

A esto hay que sumarle los plazos de distribución de la misma hasta los distintos países y luego administrar las vacunas a toda la población. Es decir, hay que priorizar tanto las entregas de las vacunas entre países como dentro del mismo país entre los colectivos que se determinen como más necesitados. Sería interesante discutir si puede o debe existir algún criterio de justicia a la hora de hacer este tipo de repartos y de existir cuál debería ser.  Se trataría también de ver cómo podría darse suministro en una hipotética sociedad sin estado.

En una economía de mercado sin interferencias, el proceso normal de suministro de vacunas consta de varias etapas sucesivas. La primera obviamente es la de la síntesis de la vacuna que corresponde a científicos y técnicos. La segunda sería la de la producción masiva de la misma, que requiere de bienes de capital en forma de fábricas especializadas y personal cualificado. La tercera sería la de la logística y transporte de las vacunas producidas a los centros de distribución. La última sería la del inoculado de las mismas a las pacientes siguiendo algún tipo de orden, dado que éstas irán llegando de acuerdo con algún tipo de cadencia.

Las cuatro etapas son imprescindibles. En una economía de mercado sin interferencia la asignación se haría mediante un mecanismo de precios y siguiendo un orden idealmente  inverso al explicado. Esto es, los empresarios involucrados valorarán la demanda potencial del bien, las formas posibles de distribuirlo (si existe o no logistica de frio industrial o el tipo de infraestructura sanitaria existente por ejemplo) y luego calcularía una gama de precios a los que podría obtener beneficios. Una vez realizados los cálculos, los productores decidirían cuántos científicos y técnicos  y cuáles se movilizarían; primero para el descubrimiento y síntesis de la vacuna y segundo para su producción y distribución industrial.

Como es de suponer, la empresa farmacéutica se enfrentaría a la posible competencia de otras empresas, y a la posibilidad de que todos sus esfuerzos se encuentren sin recompensa. Podría perfectamente no descubrirse vacuna alguna, o bien de descubrirse hacerlo tarde en relación a la competencia, o a un precio no competitivo.

No difiere en esencia de cualquier otro proceso industrial, salvo en el hecho de que tratamos con cuestiones de vida o muerte y por tanto el ajuste de los precios es al principio algo diferente de otros bienes. Se asemeja  (guardando las distancias) a los mercados de espectáculos, que o se  adquieren en el momento o después no valen de nada. Al igual que en ellos se da un fenómeno muy peculiar: si no se ajustan bien los precios se producen fenómenos de “reventa” que benefician a intermediarios pero que no redundan en beneficio de los artistas (o de los fabricantes) y por lo tanto esos fondos no revierten en la mejora del espectáculo o evento deportivo (o en el caso de las vacunas en la mejora de los procesos de investigación o producción).

Por lo tanto, en la producción de vacunas nuevas como en cualquier otro proceso de producción innovador se suele cargar con precios más altos a los primeros consumidores para que de esta forma contribuyan a financiar los incrementos futuros de producción, y colaboren por tanto en abaratamientos ulteriores del producto y permitan su generalización. Pasó con los automóviles, los televisores o más recientemente con los teléfonos inteligentes de alta gama.

En el ámbito español tenemos un buen ejemplo con la penicilina. Al principio era carísima y se llegó al caso de vender una casa para comprar una dosis  que salvase una vida ( dosis que había que traer de contrabando de Portugal al no poderse adquirir legalmente en la España de Franco). Pero con el tiempo se abarató muchísimo, al tiempo que se perfeccionaba como producto hasta el punto de que hoy es un medicamento de lo más accesible y abundante. El único problema era que parte del beneficio iba al contrabandista y no a la empresa productora y no contribuía a mejorar la producción.

El problema, hoy al igual que entonces, es que mientras no se abarate y distribuya masivamente habrá personas que no puedan adquirirlo y que por desgracia pueden fallecer existiendo una solución disponible. El problema que se plantea es pues de corte ético y consiste en si debe existir o no algún criterio de reparto extraeconómico para asignar las vacunas escasas mientras estas  no se generalicen. 

En una hipotética sociedad sin estado, las vacunas serían asignados a quienes muestren más capacidad de pago, bien por poseer una gran capacidad económica bien porque sacrifican otros consumos por acceder a este, como vimos en el caso antes citado de la venta de la casa. Pero esta forma de asignación no implica necesariamente que sólo los ricos van a obtener vacunas, pues estas podrían perfectamente ser adquiridas por aseguradoras para sus clientes, y éstas cubrir perfectamente a la totalidad o casi totalidad de la población, dado que en un sistema social de este tipo no estarían previstos sistemas estatales de previsión o de sanidad. Serían entonces estas aseguradoras quienes estableciesen protocolos de vacunación y priorizasen a los enfermos que entendiesen prioritarios. Obviamente estos protocolos serían conocidos por los usuarios a la hora de firmar el contrato de seguro, pudiendo el  tomador del seguro aceptar el pequeño sobrecoste o no.

Quiere con esto decirse que es perfectamente factible conciliar la asignación de un bien muy escaso y vital en ausencia de Estados con criterios redistributivos que atiendan a los más débiles, al tiempo que no se distorsionen los sistemas de mercado. También habría que tener en cuenta a la hora de ponderar la justicia de una asignación de mercado que si este se revela como más productivo y más barato a la hora de producir y suministrar el bien a medio plazo, este sistema habrá salvado más vidas que sus alternativas estatales y esto habrá que ponderarlo también a la hora de juzgar entre sistemas político-económicos alternativos. 

Pero aún así no cabe duda de que en este sistema se priorizaría la capacidad de pago sobre cualquier otro principio y esto sin duda es una cuestión ética peliaguda que merece ser discutida. Veamos entonces cómo es la ética de reparto en un sistema en el que los estados  sean los  encargados  de la producción o provisión de las vacunas.

Para ello veremos cómo se gestiona este proceso en nuestro entorno. En primer lugar se ha optado por una compra centralizada de vacunas a nivel de la Unión Europea, que se ha revelado no muy efectiva, quizás por falta de experiencia de esta administración al hora de contratar este tipo de bienes. El problema es que un fallo en estas negociaciones no se circunscribe al ámbito de un Estado o una comunidad autónoma, sino que afecta al conjunto de la Unión. Un fallo de unas pocas personas en una decisión centralizada afecta, como podemos observar, a centenares de millones de personas.

Podemos ver en cambio cómo países pequeños como Islandia o algunos emiratos árabes o relativamente pequeños como Israel han mostrado una mejor capacidad de afrontar tanto el proceso de compra como el de vacunación. Desde luego la magnitud de la unidad política (a igualdad de renta) no parece afectar positivamente a la gestión. Esta compra centralizada nos aporta un elemento más de discusión que podríamos enlazar con la teoría austríaca del cálculo económico.

El viejo Boris Brutzkus, en su relato de los fallos de la incipiente economía soviética, nos alertaba de los fallos de coordinación. Los soviets tenían buenos barcos de pesca pero carecían de redes y anzuelos, o flamantes tractores sin una adecuada distribución de combustible o repuestos. Algo semejante aconteció en la distribución de vacunas (afortunadamente a mucho menor escala y con una menor duración en el tiempo), pues si bien se produjeron vacunas, las primeras requerían de una sofisticada logística de frío de la que no se disponía aún en todas partes. También se dió, durante un breve lapso de tiempo, la carencia de jeringuillas especiales que permitiesen un óptimo aprovechamiento de los viales, lo que permitiría incrementar cerca de un veinte por ciento las dosis disponibles.

Por último viene el problema de la priorización de colectivos a la hora de proceder a la vacunación. Partamos de una base, la asignación por el Estado no es tampoco igualitaria. Primero, porque la diferencia a la hora de asignar el recurso será entre Estados ricos y estado pobres. Es decir, al igual que en el caso anterior, la capacidad de compra será decisiva a la hora de adquirir el bien, y los ricos tendrán preferencia sobre los pobres, Ello no supone una mejor situación ética, pues sólo se cambiaría la escala y la forma del reparto, pero no su desigualdad intrínseca. Y no parece que sea políticamente factible una situación en la que un Estado se desprenda generosamente de parte de su stcock para cedérselo a otro menos favorecido, sin haber vacunado aún al completo de su población. Se dará la paradoja de vacunar antes a jóvenes sanos de los países ricos que a personas de riesgo en países pobres. El modelo aquí no es muy diferente en esencia del caso anterior.

En segundo lugar, tampoco es igualitario el reparto dentro del propio país, si bien aquí la supuesta injusticia es de menor gravedad.  Básicamente, porque el gobierno a la hora de asignar las vacunas escasas determina quiénes deben ser los grupos que primero deben recibirlas, y también un orden de prelación entre ellos. Entiendo que los criterios que se han seguido no son en principio irracionales, y tienen mucha lógica. Pero ello no obsta para que sigan siendo desigualitarios en el sentido de que son los gobernantes quienes deciden qué vidas valen más y cuáles deben esperar. Y que por tanto haya personas que los reciban antes, y por tanto eliminen el riesgo, mientras que otras por desgracia siguen siendo infectadas y a veces mueren simplemente porque no fueron catalogadas como prioritarias.

Al ser una asignación de tipo político, siempre será posible una suerte de “mercado negro” en la asignación, según la cual aquellos más próximos al poder pudiesen tener la tentación de priorizarse a sí mismos en la asignación de las mismas. La escala en que esto suceda dependerá como cualquier otra forma de corrupción moral de la calidad ética de las clases dirigentes. Pero de ser estas poco morales es probable que se reproduzca el fenómeno apuntado más arriba de la aparición de intermediarios o de privilegiados, pero con la consecuencia de que no aportarán tampoco nada al proceso productivo. También habría que comparar su eficacia relativa en relación a la asignación de mercado y tener en cuenta las vidas potenciales perdidas a la hora de valorar cuál de los dos sistemas debería ser el preferido.

¿Por qué Hacienda trató a ‘El Rubius’ “como si fuera un delincuente”?

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa, Uncategorized.

Llevo estos 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un ‘delincuente’. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía ‘cuentas corrientes ocultas’, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera.

Estas prácticas son consustanciales a la forma en que Hacienda trata a miles y miles de autónomos, miles y miles de veces más pequeños, y por tanto más indefensos, que yo. ¿Por qué no se habla de esto en los medios de comunicación?

Comunicado de El Rubius en TwitLonger

Todo el mundo centrado en si en Andorra se pagan o no más impuestos que en España, en si los youtubers son unos egoístas, en si de verdad vivirán o no en el Principado pirenaico… pero respecto a lo que el implicado ha dicho en realidad, apenas nadie dice nada.

Estoy seguro de que pagar menos a Hacienda ha sido un incentivo (de eso va esta columna, de incentivos) para la mudanza de estos chicos. Y no me creo que esté “muy contento de haber pagado” la mitad de lo que ganaba en impuestos. Pero nos engañaríamos si pensáramos que el único motivo de queja tiene que ver con el tipo marginal del IRPF.

Algunos comentarios de asesores, abogados o gestores de empresas familiares con los que hemos hablado esta semana.

  • “A ellos les da igual lo que a ti te suponga: se sientan en su despacho y desde su silla te requieren lo que se les pasa por la cabeza. Y te piden de todo y tú te tiras semanas buscando documentación que en muchos casos o no necesitan o ya deberían tener”
  • “Mi cliente nos pidió que lo hiciéramos todo bien. De hecho, es lo que hace la mayoría. ‘Por favor’, nos dijo, ‘que no haya ningún fallo en nada de esto’. Pues bien, el otro día nos sentamos tres personas que nos dedicamos a esto (fiscalista, asesor, gestor) a hacer la declaración. Y entre los tres no sabíamos cómo clasificar una factura porque la compraventa estaba sometida a varias normas que han cambiado en los últimos meses. Al final, la hicimos pero sin ninguna seguridad de que aquello esté bien”
  • “¿Tú sabes el desgaste que esto supone? ¿Y las pérdidas para el negocio? Se supone que mi trabajo es gestionar las empresas de mis clientes. Pero el 50% de mi tiempo se marcha en atender a Hacienda”
  • “Entran como un elefante en una cacharrería. Y te tratan igual si has cometido una ilegalidad flagrante que si es un error o un problema de interpretación. Yo lo he hablado con algún inspector sensato, que hay muchos. Pero hay otros que llegan y te dicen ‘Sí, tienes razón que esto podría interpretarse así; pero yo lo interpreto de esta otra forma y me da igual que tu interpretación sea lógica’. Bien, incluso así, acepto la multa. Pero hombre, la consecuencia no puede ser igual que si me salto la norma por la cara. Está claro que he intentado cumplir y que he hecho una interpretación razonable de la ley. Pero les da igual: el resultado es el mismo y su actitud, en muchos casos, también”
  • “Muchos de mis clientes pagan incluso aunque sepan que tienen razón. Lo que queremos es que se vayan ya y que el proceso acabe. Pagas para quitártelos de encima”
  • “Un caso concreto: una petición de información que nos tuvo varios días trabajando. Vamos a la oficina de la AEAT con todos los papeles. Se los mostramos. Todo en regla. ¿Y sabes lo que hizo? Ni se inmutó: sacó un listado de Excel que tenía impreso con 200 ó 300 nombres… y tachó el nuestro. ¡¡Estaba disparando a todo lo que se movía!! Y si alguno paga por miedo o recurre tarde o ha perdido algún papel… pues eso que se llevan”
  • “[Los inspectores] son los únicos funcionarios que cobran en variable”
  • “Una cosa anecdótica, pero que no entiendo: muchas notificaciones se envían a través de la Administración Electrónica en fin de semana. Parece una tontería, pero todos nosotros tenemos en el mail un servicio de alerta para estas notificaciones. Y ves el mensajito y ya te han fastidiado el finde: ¿tan difícil es programarlo para que llegue de lunes a viernes? Yo mis correos a mis clientes los programo siempre para que salgan en horario laboral, aunque los escriba un sábado por la tarde”

Antes de sufrir las iras de uno de los cuerpos de funcionarios con peor prensa, diré que tengo muchos amigos, conocidos y familiares que son inspectores de Hacienda. De hecho, diría que es una de las profesiones en las que conozco más gente. Y sé, como me explicaba uno de estos asesores, que un porcentaje elevado (de los que yo conozco, la gran mayoría) son tipos muy sensatos, buenas personas, profesionales íntegros que intentan hacer lo mejor posible su trabajo.

Y seguro que ellos (los inspectores) tienen su propia retahíla de quejas sobre los contribuyentes. Aunque advierto que también hemos hablado con ellos, en realidad llevo toda la vida escuchándoles, y en parte les entiendo.

Incentivos

Pero, ¿y los incentivos? Pues perversos y corrosivos. Para todos, también en muchos casos para aquellos que en teoría se benefician de ellos.

Hay tres quejas que se repiten constantemente. Que están en los dos párrafos de El Rubius. Y que deberían hacernos pensar a todos:

— Leyes ambiguas. Normas que no se entienden, cambios legislativos muy importantes que se cuelan en una disposición transitoria de una ley que no trata sobre eso, cambios de criterio que convierten en ilegal lo que hasta ese momento se había admitido sin problemas… En resumen: inseguridad jurídica.

Yo no creo que todos los empresarios o autónomos quieran “hacerlo todo bien”. Pero sí me creo que son mayoría los que prefieren evitarse cualquier problema legal, incluso a un coste algo superior. Y muchas veces no saben cómo hacerlo: no saben cómo “hacerlo todo bien”. La ley tributaria en España es compleja. Y lo es a propósito.

El legislador quiere que no sea sencilla, por dos motivos: 1) porque el desconocimiento provoca en muchos casos incumplimientos involuntarios que abren la puerta a sanciones; y 2) porque una ley clara, cerrada, sin ambigüedades, le da tranquilidad al contribuyente que ante una inspección sabe que puede decir “está todo en regla”. Con una norma confusa o sujeta a múltiples interpretaciones, la capacidad para amenazar (chantajear) de la Administración se dispara.

El político es feliz así. Pilla al que cumple, tiene en vilo al que se salta la norma… pero también aumenta su nivel de presión sobre el que quiere ser honrado, que nunca puede tener la certeza de que ha cumplido como debe.

— Desequilibrio en las partes. Impunidad. Otro ejemplo práctico: un contribuyente frente a Hacienda. Le abren una inspección. El tipo está convencido de que lo hizo todo bien. El inspector duda. ¿Cree Hacienda que puede ganar? Al 50%. La Administración pierde en primera instancia: ¿y si recurre? ¿Y si también pierde el recurso? ¿Y si vuelve a recurrir otra vez?

Tras seis-siete años, los tribunales le dan la razón al contribuyente. A veces, incluso, con duros reproches a la actuación de Hacienda. Hay sentencias que da miedo leer por lo que dicen de inspectores que se extralimitan en su función o por los derechos conculcados del contribuyente. Y la pregunta es ¿cuál es el resultado para las dos partes de esta historia? ¿Qué gana el que gana y qué pierde el que pierde?

El que gana [el empresario o autónomo] se lleva en la mochila seis-siete-ocho años de preocupaciones; de no dormir; de no contar con un dinero que es suyo; de pérdida de tiempo y dinero en asesores, abogados, gestores. Y, como mucho, gana que le devuelvan lo que pagó de forma indebida y los intereses que fija la propia administración.

¿Y el que pierde [el inspector]? Incluso aunque haya actuado de forma indebida, aunque la sentencia le ponga de vuelta y media, aunque haya sido arbitrario e injusto: el que pierde vuelve a su despacho de la AEAT al día siguiente, coge la carpeta del caso perdido, la mete en un archivador… y abre un nuevo procedimiento.

Y todo esto sin entrar en el tema del variable y del premio por recaudar: una cuestión muy polémica, pero que está ahí. ¿No es lo decisivo? Probablemente no, porque tampoco supone un porcentaje del sueldo tan elevado. Pero está claro que habría que pensárselo dos veces: tanto si debe mantenerse como el diseño del sistema

— Miedo. Sí, es lo primero que transmiten los pequeños empresarios, autónomos (no otra cosa son los youtubers) o gestores de empresas familiares. Miedo a todo: a no hacerlo bien y a hacerlo bien. A un procedimiento largo, porque siempre son largos. A la sensación de que son culpables mientras no demuestren lo contrario. Al coste de litigar, muchas veces ligado al principio de “primero paga y luego reclama”. A notificaciones que no se entienden. A esos PDF que te descargas de la web de la AEAT y que son infumables hasta en el formato (¿tan difícil es usar un tipo de letra, espaciado u organización algo más user friendly?). A procesos que creían cerrados o prescritos y que se reabren con un argumento peregrino.

Hay una frase terrible. La apuntábamos antes. Ese “he aconsejado a mi cliente que pague, aunque tiene razón” o “mi cliente me ha dicho que le da igual si está todo en regla, prefiere abonar la multa y olvidarse de todo esto”. Digo que es terrible porque implica que hay cientos de contribuyentes que renuncian a sus derechos sólo por no acabar perdidos en un laberinto burocrático  o por miedo a que una interpretación novedosa de la norma convierta en ilegal lo que siempre se había permitido.

Las soluciones

La solución no es sencilla. Hablar de “leyes no ambiguas” o de “simplificación legislativa” queda muy bien, pero luego la realidad económica es complicada. Aunque en este punto es en el que yo soy más crítico: se podría hacer mejor desde ya. La normativa tributaria es un carajal… pero un carajal buscado y perseguido para que el contribuyente esté más expuesto. Esto no es culpa de los inspectores, sino del legislador (y aquí la lista incluye a villanos de todos los partidos).

Y sí, sabemos que existen las consultas vinculantes y otros instrumentos que la Administración pone a disposición del contribuyente. También hemos escuchado muchas historias de inspectores que intentaron ayudar al contribuyente a descifrar una norma. Pero es que estas historias no deberían ni existir: ¿de verdad es tan complicado diseñar un sistema tributario que no sea incomprensible y genere este pánico?

Acortar los plazos de los procedimientos también parece muy fácil de decir, pero no tanto de hacer. Entre otras cosas porque esos plazos también benefician al contribuyente. Aunque más al contribuyente pirata que al honrado. Otra frase que se repite a menudo al hablar con abogados o asesores es que las normas parecen hechas para fastidiar al que quiere hacerlo bien y darle ventaja al que vive en la oscuridad.

Por supuesto, lo de los incentivos no es sencillo. Pagar por variable es un clásico en las empresas y a los liberales en general nos encanta, porque parece que alinea los intereses. Pero si no hay un castigo por el otro lado, puede ser peligrosísimo: por ejemplo, con esos bonus que empujan a los CEO a tomar apuestas enormes que, si salen bien, cobran ellos y si salen mal, paga el accionista. El problema aquí es que castigar a un inspector porque pierda un caso tampoco parece que sea la solución.

Si decidimos que este tipo de retribución es adecuada, creo que sería mucho más sensato diseñar un esquema más equilibrado: por ejemplo, una bolsa con un porcentaje lo recaudado de más en toda España, que se reparta entre las oficinas de la AEAT con varios criterios que tiren en direcciones opuestas. Algo del tipo: un 5% de lo que se saque en inspecciones en toda España va a parar a un bonus que se repartirían los mejores inspectores.

¿Y qué cuenta para repartir ese bonus? 1) Porcentaje de éxito en las inspecciones (es decir, abrir muchos casos, en plan ametralladora, penalizaría); 2) Total recaudado en función del personal de cada oficina; 3) Los casos perdidos restan (con una penalización más que proporcional para los recursos perdidos; una cosa es abrir un caso dudoso y otra el encarnizamiento tributario sólo por cabezonería); 4) Reparto más por oficinas de la AEAT que por inspectores; 5) Porcentaje de contribuyentes de esa oficina que pagan en tiempo y forma (es decir, incentivar que cada oficina ayude a sus contribuyentes a cumplir sus obligaciones sin retrasos ni errores), etc…

Ningún sistema sería perfecto. Pero seguro que podemos encontrar algo que no nos deje con esa sensación de indefensión tan absoluta que ahora relatan los implicados. Esa idea de que ellos siempre ganan, sea cuál sea el resultado del proceso.

Porque, además, éste no es un problema sólo tributario. Cuando surge este debate, todos pensamos: “Otro que no quiere pagar”. Pero nunca pensamos “Otro chico joven que tiene una buena idea y no abre una empresa en España por miedo, porque ha escuchado en casa muchas veces a su padre empresario quejarse de los líos y los sufrimientos con Hacienda”. Tampoco nos imaginamos: “Otro directivo de una empresa familiar que deja pasar una buena inversión porque tiene tres procedimientos abiertos y los próximos dos meses necesita estar centrado al 100% en resolverlos”. Ni nos viene a la cabeza: “Otra empresa que no puede contratar un par de trabajadores para ampliar su negocio porque gasta el 10-15% de su presupuesto en pagar a asesores o fiscalistas”. Y, por supuesto, ni de broma aceptamos: “El Rubius se va a Andorra porque allí paga menos, pero también porque la relación entre la AEAT y los contribuyentes está completamente viciada. ¿Cuántos otros empresarios o autónomos o residentes extranjeros dejan España cada año por este tema”.

Luego hablamos de productividad o de facilidades para los empresarios. Y les hacemos una web para que suban la documentación de creación de la sociedad. Como si ésa fuera su principal preocupación. El Rubius es sólo el caso más llamativo de un problema de fondo mucho más grave. Pagar impuestos se ha convertido en un sufrimiento y no sólo por los tipos. Pregúntenle mañana a cualquier empresario si preferiría pagar el 20% con la legislación actual o el 25-30% con una norma que se pudiera cumplimentar en un día y que Hacienda le diera el “OK a todo” en una semana. ¿A ver qué responde?

La libertad de expresión de Pablo Hasel

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Artículos en prensa, Uncategorized.

La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del rapero catalán Pablo Hasel. Este verano, era el Tribunal Supremo el que ratificaba la condena que años antes había recibido Hasel de la Audiencia Nacional: nueve meses y un día de prisión.

Esta condena se producía como respuesta a diferentes delitos. A saber: enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad a través de mensajes “atentatorios” en redes sociales y en una de sus canciones.

Esta condena, que se une a las de La Insurgencia o Valtònyc, entre otras, abre una vez más el eterno debate sobre los límites a la libertad de expresión.

De hecho, el grupo parlamentario de Podemos ya anunció que volvería a presentar la proposición de ley que presentó en 2018 y en marzo de 2020, y que retiró en septiembre de ese mismo año, sobre la supresión y modificación de algunos delitos del Código Penal de 1995 que considera que atentan contra la libertad de expresión.

Por poner algunos ejemplos, nuestro Código Penal condena en la actualidad los delitos de odio (artículo 510), el enaltecimiento del terrorismo (artículo 578) o las injurias a la Corona (artículos 490.3 y 491).

Revisando la proposición, resulta paradójico que mientras la propuesta inicial de la formación morada incluía la derogación de los artículos 490.3, 491, 504, 525, 543 y 578 del Código Penal (y parece que esta sigue siendo su intención en la nueva proposición), no sucedía lo mismo con el artículo 510. Pese a que proponía una rebaja de la pena de los llamados delitos de odio, así como una aclaración de las actitudes constitutivas de delito, esa propuesta original no contemplaba su eliminación.

Además, y aunque no se incluía en la proposición original de Podemos, el Gobierno ha avanzado su intención de incluir en esta reforma un delito de apología y exaltación del franquismo. Lo cual, de nuevo, resulta contradictorio.

Las personas que defendemos la libertad de expresión como libertad individual básica ligada a la libertad de pensamiento entendemos que esta nos debe servir de amparo a todos los individuos para verbalizar cualquier opinión o posición en los términos que creamos convenientes, siempre que no suponga una amenaza directa contra la integridad de otras personas.

Esto es: es la violencia o la amenaza del uso de esta, y no el uso de la palabra per se, lo que debe ser perseguido.

Ese derecho a ofender las sensibilidades de los demás, ya mencionado por John Stuart Mill en su archiconocido ensayo Sobre la libertad, parece que es puesto sistemáticamente en duda. No sólo por los conservadores que consideran que las instituciones del Estado no deben estar sometidas a la crítica o a la ofensa, sino también por los progresistas que consideran que ciertos individuos tampoco deben estarlo.

El derecho a ofender no debería hacer distinciones con la Corona, las minorías étnicas o los represaliados durante el franquismo.

Tristemente, esta es una libertad en la que el cantante condenado tampoco cree. Así lo dejaba patente en una entrevista en el programa FAQS de TV3 hace unos días. Respondiendo a una pregunta de uno de los contertulios que asistía al programa en representación de la cadena SER, el rapero afirmaba:

Yo no defiendo la libertad de expresión para el fascismo. Es decir, yo lucho por un modelo de Estado en el que el fascismo sea totalmente ilegalizado. En este Estado se permite la libertad de expresión para el fascismo, para agredir a mujeres, a homosexuales, a inmigrantes, etcétera, y a quienes luchamos contra esto no se nos permite. Es decir, creo que no se pueden poner en el mismo plano un discurso y el otro. Nosotros estamos luchando por derechos y libertades para estos colectivos, y los otros están precisamente queriendo masacrarlos.

Respuestas a Hasel se pueden dar varias. La primera de ellas, y la más fácil, es que los derechos y las libertades individuales se presumen universales. Esto es, no varían en función de la ideología ni de ningún otro atributo individual de las personas que los ejercen. Él debe tener el mismo derecho a decir barbaridades que una persona de extrema derecha.

Esto, que también se conoce como principio de reciprocidad, debe ser básico en cualquier democracia que no pretenda imponer a sus ciudadanos una forma de pensar concreta. 

La segunda, y quizás no tan aparente, es que no sólo hay que tener cuidado con criticar esa universalidad, sino con dar pie a que se pongan obstáculos que puedan dificultarla (a través de legislación específica que niegue derechos en funciones de características individuales, por ejemplo). Porque, cuando gobiernen los contrarios, podemos acabar siendo víctimas de esa parcialización.

El desacuerdo entre personas es inevitable. Por eso el liberalismo no se propone ni acabar con él, ni minimizarlo, sino disminuir la necesidad del mismo.

Si lo que queremos es construir una sociedad en la que personas diferentes convivan de forma pacífica, no podemos defender ningún tipo de agravio comparativo.