Frente a la patulea separatista se rebela la Cataluña que fue, abierta y burguesa, trabajadora y cosmopolita, innovadora y moderna.

La mayor fuerza con la que cuentan los Estados para aplicar su soberanía sobre una determinada población es la legitimidad que de manera mayoritaria ese conjunto de personas les concede tanto para ejercer el monopolio de la violencia (defensa, orden público y aparato judicial) como para llevar a cabo la prestación de servicios tan indispensables como la sanidad, la educación o las pensiones. Si en España, en lugar de una masa de 25 millones de votantes socialdemócratas hasta el tuétano, hubiera millones de anarcocapitalistas, el Estado, si es que no se desmoronaría en esas circunstancias, quedaría en algo completamente residual. Y sin necesidad de que esos anarcocapitalistas hubieran pegado un solo tiro. Las instituciones, cuando la gente deja de creer en ellas, pierden todo su poder, al menos a largo plazo. En un primer momento, regímenes, totalitarios incluso, como el de Cuba o Venezuela se explican, desde luego, por el control de los gobiernos sobre el hierro —las armas—, pero la prolongación de los mismos en el tiempo habría sido imposible sin un apoyo explícito o implícito de buena parte de los cubanos y venezolanos.

En Cataluña, desde que los separatistas pusieron en marcha en septiembre la última fase del proceso de secesión, nos estamos encontrando con un fenómeno interesante. Por un lado, casi dos millones de catalanes no desean reconocer la soberanía española y, por tanto, tampoco su legislación, pues consideran que el ámbito de decisión le corresponde a Cataluña dado que, desde su punto de vista, el Principado es una nación. Por otro, un número similar de catalanes —quizá en una cuantía algo inferior: los votantes de Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular— que después de cuatro décadas ha discutido la hegemonía callejera al catalanismo y únicamente reconoce la legalidad vigente, esa que indica que la soberanía reside en la nación española; de esta manera, Cataluña únicamente podría separarse del resto de España si así lo acepta el conjunto de los españoles. En tercer lugar, los votantes de Podemos, primera fuerza electoral en las últimas elecciones generales en Cataluña, pero cuya postura en relación a la cuestión nacional es una incógnita. Y, en última instancia, una mayoría, hasta ahora silenciosa, que será clave en el caso de que se movilice políticamente. Lo que es seguro, en cualquier caso, es que en esta crisis se acabará imponiendo el Estado (el español ya existente o el catalán que pretende nacer) que sea capaz de legitimarse ante la mayor parte de catalanes. España parte con ventaja, pero si esos casi dos millones de separatistas llevaran hasta las últimas consecuencias su voluntad rupturista —algo que está todavía por ver—, una Cataluña bajo exclusiva soberanía española resultaría inviable.

De este modo, se trata de un escenario en el que el triunfo de una nación será a costa de la derrota de la otra. Ambos bandos reputan como intangibles sus respectivas entelequias colectivistas. El espectro sociológico más respetable en España coloca el foco estos días en hacer ver quiénes son los catalanes separatistas: una minoría de ungidos creadora del relato soberanista y que no quiere perder su posición de faro cultural; jóvenes semianalfabetos desde un punto de vista histórico consecuencia de décadas de adoctrinamiento y tergiversación en las escuelas y los medios de comunicación públicos; funcionarios y burócratas paniaguados —muchos de ellos profesores— interesados en que no se venga abajo su chiringuito de privilegios; una extrema izquierda que abraza a Arnaldo Otegui y a Nicolás Maduro y el agro de campanario, cerrado y sacristía, tractores y camisas de cuadros, de la Cataluña profunda. Frente a esa patulea, vistas así las cosas, se rebela la Cataluña que fue, abierta y burguesa, trabajadora y cosmopolita, innovadora y moderna.

Desde esta visión, reconozcamos que no por maniquea alejada de la realidad, pareciera que los separatistas, hasta que no se conviertan en seguidores de Karl Popper, carecen del derecho a constituir su comunidad política. Pero el liberalismo, en la medida en que reconoce derechos inalienables, anteriores a cualquier soberanía nacional y legalidad, no debe pasar por alto que uno de esos derechos es el de la libre asociación y desasociación. Ello no implicaría que esos malos catalanes puedan imponer su idea de Cataluña a los catalanes que no quieren pasar por tan liberticida aro, sino que aceptemos su derecho a ser únicamente catalanes. Asimismo, el liberalismo promueve que sus paisanos constitucionalistas, los buenos catalanes, si así lo desean, continúen con su nacionalidad española, pero sin imponérsela a quien rechaza formar parte de esa comunidad política. Y, por supuesto, el liberalismo aplaude, al margen de Españas y Cataluñas, que los habitantes de pequeños núcleos —en un proxy de la autodeterminación individual, como los del Valle de Arán— ejerzan la libre autodeterminación política para formar la comunidad que consideren.