Tampoco, por cierto, la parte mollar del agujero se explica por la concentración del gasto ministerial o burocrático en Madrid (el cual se imputa entre todas las autonomías según su población aun cuando el lugar de prestación de ese servicio pueda estar geográficamente localizado). Y es que el epígrafe de “Administración general y bienes y servicios públicos de ámbito Nacional e interés general” asciende a 16.000 millones de euros (es decir, incluso menos que el agujero fiscal de Madrid), pero de ellos 1.600 millones se corresponden con gastos por relaciones exteriores allende nuestras fronteras (embajadas, cooperación y desarrollo, organismos multilaterales, etc.), 1.000 millones con compra de material militar y 1.300 millones con gastos logísticos de las Fuerzas Armadas en el exterior: por consiguiente, incluso si consideráramos exageradamente que la mitad del gasto restante (11.000 millones de euros) constituye gasto de personal centralizado en Madrid (a este respecto, permítaseme recordar que el 7% de la población madrileña es empleado público… idéntico porcentaje que en Andalucía), las transferencias capitalinas por este concepto supondrían un monto de 5.000-6.000 millones de euros, muy lejos de los 19.000 millones de déficit fiscal de la región.
Así pues, con un agujero de 19.000 millones de euros anuales (o, si lo corregimos abultadamente por el gasto en servicios centrales, un agujero de como poco 10.000 millones de euros anuales), ¿con qué desvergüenza acusa Puig de ‘insolidarios’ a los madrileños por votar a partidos que llevaban indubitadamente en su programa la promesa de bajar muy modestamente los impuestos en la región? Pongamos las cifras en su apropiada dimensión: la recaudación total por IRPF en la región de Madrid ascendía en 2014 a 18.000 millones de euros, mientras que la recaudación total por IVA equivalía a 10.000 millones de euros. Dicho de otra manera, sin ‘solidaridad interterritorial’ alguna, los madrileños podrían dejar de abonar la totalidad del IRPF (si tomamos la estimación de agujero fiscal de 19.000 millones) o la totalidad del IVA (si tomamos la estimación rebajada de 10.000 millones): esos son los impuestos extraordinarios que, sin redundar en su propio bienestar, están pagando los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para financiar parte de los gastos ejecutados en el resto de España (con la excepción de Cataluña y Baleares, cuyos ciudadanos también son contribuyentes netos al sistema). ¿De verdad tiene sentido acusar a los madrileños de insolidarios por aspirar a rebajar su IRPF en un 5,5% cuando con ello no van a reducir ni un céntimo su milmillonaria aportación al resto de España, la cual equivale ora al 100% del IRPF ora al 100% del IVA que soportan? ¿Con qué arrestos se tilda de insolidario a quien es brutalmente exprimido para que otros gasten más de lo que deberían?
En todo caso, que Ximo Puig aborrezca con tanta intensidad la autogestión y competencia fiscal acaso debería contribuir a que nos diéramos cuenta de su extrema conveniencia: si la única forma que conocen los capitostes autonómicos para desarrollar sus regiones es una cartelización tributaria y una mayor rapiña fiscal contra las áreas económicas más desarrolladas, igual es que el sistema actual solo incentiva el parasitismo interterritorial en lugar de fomentar las reformas estructurales, la responsabilidad tributaria y, en suma, el crecimiento endógeno de cada región.