Desde hace un tiempo sabemos que las empresas no se conforman con prestar buenos servicios o vender productos de calidad a precios competitivos, sino que aspiran a bastante más. En efecto, los estatistas de todos los partidos, siempre liderados por los elementos más a la izquierda, han conseguido hacernos creer que la sociedad demanda productos, no solo útiles y a buen precio, que es lo que siempre ha garantizado el mercado, sino también inclusivos, “verdes”, digitales y sostenibles.

De estos adjetivos, los tres primeros no presentan demasiada ambigüedad, aunque su vacío pueda ser tan insondable como el del cuarto. Así, las cosas o empresas inclusivas quizá no añadan demasiado valor, pero por lo menos no enredan al individuo, que sabe con bastante certeza que significa que algo sea inclusivo. Lo mismo ocurre con lo “verde” y lo digital.

Por ello, el adjetivo más preocupante es el cuarto, porque éste sí tiene una connotación económica, que, al entrar en este imaginario social, se difumina y pasa a ser confusa. De esta forma, un economista o inversor que demanda un proyecto sostenible ya no transmite con claridad lo que exigía hace unos años con ese mismo calificativo.

¿Qué se entiende en la actualidad por un producto o proyecto sostenible? Esto es lo que encuentra cualquiera que busque el significado en Google: un proyecto con unas “características del desarrollo que aseguran las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.” O sea, sería aquel proyecto que, de alguna forma, consigue reponer los recursos que consume, de forma que estos siguen estando disponibles para el futuro.

Muy cercano está el concepto de economía circular, cuyo nombre es bastante gráfico. Veo esta definición finalista que afirma que su objetivo “es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.”.

¿Pero son realmente sostenibles estos proyectos “sostenibles”? En el contexto económico, o sea, en el praxeológico y de la acción humana, son sostenibles aquellos proyectos o productos que generan más riqueza de la que se necesita invertir para su elaboración. La condición es lógica: dado que cualquier actividad consume recursos, un proyecto solo se podrá sostener en el tiempo si es capaz de generar, al menos, los recursos que ha consumido. En otro caso, se tendrán que ir detrayendo recursos de otras actividades para mantenerla, por lo que su sostenibilidad no estará asegurada.

En las economías modernas (¿las lineales?), cualquier recurso se puede obtener a partir de dinero. El dinero facilita enormemente el proceso de cálculo económico para evaluar la viabilidad o sostenibilidad de un proyecto, al homogeneizar la unidad de cuenta tanto en los recursos requeridos para su implementación, como en los productos obtenidos de la misma. Así, para ver si un proyecto es sostenible basta con ver si los ingresos monetarios que genera son superiores a los gastos monetarios requeridos. En una economía monetizada, ver si se generan más recursos de los que se consumen es tan simple como ver si el proyecto tiene beneficios. O sea, son sostenibles aquellos proyectos que presentan beneficios económicos.

¿Y cuándo se consiguen beneficios económicos? Trivial: cuando el valor de lo producido para los individuos es superior al valor que estos dan a los recursos invertidos en la producción. Se observa, por tanto, una alineación absoluta entre la existencia de beneficios en un proyecto determinado, y las preferencias de los individuos que conforman la sociedad; por supuesto, siempre y cuando las transacciones no estén sujetas a condiciones impuestas. Asu vez, eso implica que la sostenibilidad de un proyecto depende principalmente de las preferencias de los individuos. En suma, son sostenibles aquellos proyectos que satisfacen necesidades los individuos y por los que están dispuestos a pagar una cantidad que supera a los recursos requeridos para llevarlos a cabo.

Como se observa, no tienen por qué ser coincidentes los proyectos sostenibles económicamente, o sea, alineados con las preferencias de los individuos, con los proyectos “sostenibles” que exigen los criterios políticos.

De hecho, la mayor parte de los proyectos “sostenibles” políticamente son deficitarios económicamente, lo que implica un consumo neto de recursos. Como se ha dicho anteriormente, para que estos proyectos sigan en pie es necesario que se les inyecten continuamente recursos procedentes de otras actividades excedentarias (éstas sí, sostenibles por criterios económicos). Y ya sabemos cómo se consigue esto: obligando a los individuos a hacer cosas contra sus preferencias, sea tener tres cubos de basura en casa para poder reciclar so pena de sanción, o cobrándoles impuestos y usando el dinero recaudado para estas cosas.

Así pues, la supuesta “sostenibilidad” de estos proyectos tiene las patas muy cortas: solo durarán en función de la voluntad política del Estado para mantenerlos, y de su capacidad fiscal para hacerse con recursos que pertenecen a la sociedad.

En suma, la pseudo-sostenibilidad que los políticos exigen y venden de cara a los ciudadanos, no es una verdadera sostenibilidad. La única sostenibilidad posible es aquella que refleje las preferencias de los individuos de la sociedad, pues solo el alineamiento con dichas preferencias garantiza la obtención de recursos para el mantenimiento de la actividad. Mientras tanto, se seguirán enterrando recursos en actividades pseudo-sostenibles, además de inclusivas, “verdes” y digitales, que únicamente nos harán más pobres.