Ir al contenido principal

Las empresas son los agentes más sociales de la sociedad

Cuando un individuo se plantea cómo invertir su ahorro tiene diversas opciones: inmuebles, instrumentos financieros, royalties y también negocios. Una empresa no deja de ser una inversión: invertimos un capital con la intención de obtener una mayor cantidad en el futuro. Por lo tanto, el objetivo principal de las empresas es obtener más rentas, ya sean salariales o de propiedad. Dicho de forma más coloquial: ganar dinero.

Pero ¿qué deberá hacer la empresa para conseguir ese objetivo? La empresa únicamente podrá obtener beneficios si satisface necesidades a los consumidores. Necesitan forzosamente crear valor a los ciudadanos ofreciendo productos y servicios que antes no disponían y que les ayudarán a conseguir sus propósitos y deseos.

Las empresas son, por tanto, netamente sociales, puesto que su supervivencia depende única y exclusivamente de servir a los ciudadanos. La empresa no impone, la empresa sirve. ¿Acaso producir pan, leche, zapatos, camisas, ordenadores, instrumentos de inversión, coches… no es social? ¿Qué puede haber más social?

Lo que debiéramos pedir a las empresas no es que se olviden de "ganar dinero", sino animarlas a que obtengan todos los beneficios posibles, ya que eso significará que estarán aportando mucho valor a la sociedad.

Evidentemente que habrán empresas que roben y/o sean corruptas aliándose con el poder político. Pero para eso está la justicia, para perseguir y condenar delitos. Que haya empresas que cometan delitos no significa que las empresas per se sean delictivas. No hay que confundir.

Y es enteramente justo que quien comanda esas empresas, los socios, reciban unas muy merecidas rentas en función del número de ciudadanos a los que prestan servicio. Por ejemplo, es lógico que personas como Bill Gates o Amancio Ortega sean las personas más ricas del planeta, ya que sus productos y servicios son comprados voluntariamente por millones de personas en prácticamente todos los lugares del planeta. Bill Gates creó además la Bill and Melinda Gates Foundation, que ha destinado 40.000 millones de dólares a obras y proyectos de caridad.

Este mecanismo de creación de valor, bienestar y riqueza sólo puede funcionar en una economía de libre mercado con un marco jurídico que respete de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Únicamente partiendo de este marco se pueden crear las condiciones para que existan precios de mercado, que son el faro de la producción, ya que permite a los empresarios realizar el cálculo económico. Los precios reflejarán la demanda y escasez de un determinado bien económico (escaso por definición), pudiéndose emplear para fines prioritarios. Todo ello de manera libre, espontánea y descentralizada. La manipulación coactiva y artificial de los precios sólo puede conllevar a malas inversiones, descoordinaciones y escasez. Es decir, mala asignación de recursos y pobreza.

Las empresas que no sirvan de ninguna manera al consumidor quebrarán. Y es necesario que así sea porque se trataría de una organización antisocial y antieconómica que destruye riqueza. Esa es la manera que los procesos de mercado hacen a las empresas más eficientes.

Esta es la función social de las quiebras, igual que las ganancias: la organización que sirve a los ciudadanos existe y la que no lo hace desaparece.

Por todo ello repetimos: las empresas son irremediablemente los agentes económicos más sociales que existen.

Castas españolas

En España se habla mucho últimamente de la casta. No de la casta española entendida como bravura y orgullo (propia de soldados, toreros, deportistas), sino de un grupo oscuro, poderoso y muy perjudicial. Desde la extrema izquierda se señala y critica a un número relativamente pequeño de individuos y organizaciones que presuntamente mueven los hilos del poder político y económico y que son los grandes responsables de los grandes males del país: crisis económica, pobreza, desigualdad, injusticia, corrupción.

Esta casta está constituida, según ellos, por los políticos de los partidos tradicionales establecidos (del gobierno y la oposición, es decir todos excepto los nuevos movimientos populistas asamblearios) y por empresarios y altos directivos cercanos al poder (especialmente en los sectores de la banca, las finanzas, las obras y los servicios públicos).

Hay gran parte de verdad y acierto en señalar que los poderes estatales y los servicios públicos funcionan muy mal, son ineficientes y a menudo corruptos, y están capturados por individuos y organizaciones que los utilizan para su beneficio particular en lugar de promover el bien común. Los miembros de la casta y sus amigos o allegados obtienen diferentes prebendas y privilegios: altos cargos de responsabilidad (como puestos en consejos que en realidad no exigen gran conocimiento, esfuerzo ni responsabilidad) con suculentas compensaciones económicas (legales o ilegales, transparentes u opacas); contratos públicos en condiciones ventajosas; protección contra la competencia y el fracaso empresarial; diversos subsidios y subvenciones.

Sin embargo las propuestas de la extrema izquierda, más allá de expulsar a esta casta del poder y alguna reforma política acertada, son casi siempre completos disparates cuya implementación agravaría enormemente los problemas en lugar de solucionarlos. A pesar de que se presenten a sí mismos como abnegados luchadores por el bienestar general, los pobres, los débiles, los excluidos y la justicia social, sus ideas se basan en la ignorancia económica más radical, son altamente liberticidas y resultan éticamente lamentables.

Pero es que además su análisis de las castas del país es pobre e incompleto. No existen solamente grupos elitistas y exclusivos en las cumbres del poder político y económico. En España han abundado y abundan la picaresca, el escaqueo, el vagueo, la chapuza, la hidalguía, el trampeo, el incivismo. La extracción de recursos, la caza de rentas, el parasitismo, el recibir más valor del que se genera, también se realizan por castas más populares, con mayor número de miembros y que tienen mucho poder sin estar en su núcleo central. Muchas personas toleran el sistema o incluso lo defienden porque se benefician de él, dejan trampear a otros a cambio de poder trampear ellos.

Estos grupos están bien organizados y firmemente establecidos en diferentes sectores económicos: son reaccionarios e inmovilistas, no están dispuestos a ceder sus privilegios sin luchar. Algunos ejemplos, con diferente número de miembros, nivel económico de los mismos e importancia económica y social, son los notarios, los registradores de la propiedad, los farmacéuticos con farmacia, los controladores aéreos, los estibadores portuarios, los taxistas, los aparatos sindicales y sus liberados, las organizaciones empresariales al amparo del poder político, y todo tipo de funcionarios y empleados públicos (administraciones, transporte) cuyo desempeño laboral es poco eficiente. Casos especiales son el ejército y las diversas policías.

Los dos casos más importantes de castas extensas nocivas, por el alto número de miembros y su gran y creciente importancia económica y presupuestaria, son los trabajadores públicos de la sanidad y la educación (directivos, administrativos, médicos, enfermería, profesores). Las mareas blanca y verde se han movilizado y han pretendido hipócritamente que luchan por el bienestar general: en realidad defienden sus intereses particulares, sus salarios y sus condiciones laborales (menos horas, menos intensidad, menos controles).

Son dos sectores escasamente competitivos y poco productivos como puede comprobarse en comparación con el sector privado, que los ciudadanos escogen libremente si pueden pagárselo o conseguirlo (seguros médicos privados, educación concertada). Incluso los propios funcionarios escogen masivamente el sector privado cuando les dejan, como es el caso de la sanidad, con un privilegio del que carecen los demás ciudadanos que lo financian todo con sus impuestos y que quedan atados a la muy mal llamada Seguridad Social.

Sanidad y educación públicas son dos sectores capturados por los proveedores de los servicios, los empleados públicos: serían posibles grandes mejoras de productividad y calidad con medidas como los cheques escolar y sanitario para los ciudadanos, quienes al poder elegir dónde gastarlos estimularían una sana y necesaria competencia.

Si los trabajadores de estos dos ámbitos fueran grandes profesionales realmente deseosos de servir a los demás, podrían querer demostrarlo permitiendo que los ciudadanos elijan (o no) sus servicios. El hecho de que no lo hagan, que culpen de todos los problemas a sus superiores políticos, y que sistemáticamente reclamen más recursos presupuestarios (que suelen acabar en sus nóminas), hace sospechar que lo que defienden es su cómoda plaza en propiedad.

La sanidad y la educación son muy valoradas por los ciudadanos, quienes quizás confunden el servicio con sus actuales prestadores. Tal vez no quieren criticar el sistema por miedo a llamar la atención y luego tener que sufrir alguna represalia o un trato de inferior calidad. Además es fácil querer de todo bueno para todos sin importar los costes, y en el fondo la mayoría cree que son otros quienes pagan.

Los populistas tienen un problema: para ellos es fácil denunciar a los visiblemente poderosos; quizás resulta inconveniente criticar a otros individuos y grupos, presuntamente más débiles y que a menudo se presentan como víctimas y servidores públicos, que pueden ser parte esencial de los problemas sociales. Los colectivistas, socialistas y estatistas de todos lo partidos deben elegir entre por un lado los ciudadanos receptores de los servicios, que siempre quieren más y que lo pague otro, o por el otro lado los empleados en la prestación pública de esos mismos servicios, bien organizados e interesados en la mayor recompensa económica, con el mínimo esfuerzo posible, y trampeando todo lo que se pueda sin que se note demasiado.

¿El Estado puede matar a tu perro?

Los perros no tienen derechos. Esto es algo que mucha gente cuestiona, cada día más, pero que no deja de ser verdad. En estos días, cuando un animal ha sido sacrificado por convivir con una persona enferma de ébola, por desgracia la bandera de la oposición al sacrificio ha sido ondeada en su inmensa mayoría por gente que pone los derechos de los perros al mismo nivel que las personas y, en algo de menor medida, por los que querían utilizar al animal para investigar la enfermedad.

Pero lo más penoso para mí ha sido comprobar cómo se ha desatado un efecto respuesta por parte de gente bastante inteligente, que en vez de analizar el asunto de forma objetiva, poniendo en una balanza los derechos del propietario del can con la del resto de personas que habitamos en los alrededores, han decidido plegarse a la decisión del gobierno y los expertos que lo asesoran incondicionalmente. Llegando, incluso, a la mofa sobre el tema, o comparaciones absurdas con la reacción ante otros hechos (aborto, muertes en África, etc.).

Los perros no tienen derechos, pero sus propietarios sí. La única razón para permitir que el Estado, o cualquier otro agente, pueda entrar en tu vivienda para sacrificar a tu mascota es que ésta suponga un peligro para otras personas o sus propiedades y éste peligro no pueda ser anulado de otro modo por tus medios o los de terceros dispuestos a colaborar.

Dicho de otra forma, si yo tengo un león adulto en casa y no soy capaz de impedir que ataque a mis vecinos, el Estado podría entrar en mi domicilio y sacrificarlo si me niego a ubicarlo en unas instalaciones donde se controle ese peligro, o cederlo a alguien que sí esté dispuesto a hacerlo.

Es algo bastante lógico y a nadie le parecería correcto que las autoridades decidiesen sacrificar a un león si el propietario se mostrara dispuesto a cederlo a un zoo o si él mismo le mantuviera en unas instalaciones que garantizaran la seguridad de los vecinos.

Pues bien, algo tan elemental parece que en este caso no se ha cumplido y a casi nadie, dentro del reducido número de personas que defendemos la propiedad privada, ha levantado la voz para criticarlo.

El motivo es que el pobre perro no suponía un peligro tan previsible, y controlable, como un león, sino que podía ser portador de un virus que, pese a ser de difícil contagio desde ese animal, es especialmente mortífero. O sea, que el factor miedo a lo desconocido ha vuelto a obrar como llave que permite al Estado abrir todas las puertas, incluido, esta vez, la de la mente de muchos que en teoría deberían tenerla blindada a base de muchas lecturas sobre casos similares.

¿Quiere esto decir que no se tenía que haber sacrificado al perro? Pues no, quiere decir que la decisión de sacrificar al perro se tenía que haber tomado después de permitir a terceras personas analizar qué opciones había para neutralizar el peligro de mantenerlo vivo mientras fuera una posible amenaza.

Porque vamos a ser claros; el perro, encerrado en el domicilio, solo era un peligro a corto plazo para los políticos y su afán de tomar decisiones que les mantengan en el poder. O sea, decisiones que les hagan parecer que hacen algo aunque no estén haciendo nada y excluyan al resto de actores de la escena.

Porque lo que olvidan los que se han unido al gobierno en esta absurda historia es que al perro no se la ha podido trasladar a ninguna parte porque quienes dictan los protocolos, manejan las concesiones y dominan totalmente todo lo que tiene que ver con estos temas es el Estado. Si un particular se hubiera hecho con el equipo necesario para trasladar al perro a un lugar aislado y seguro, exponiéndose solo él y personas voluntarias al mismo durante los días que se necesitan para que el animal deje de ser una amenaza, y sometiéndose estas personas al seguimiento correspondiente durante las semanas posteriores, el peligro para el resto de habitantes sería prácticamente nulo (ya que el riesgo cero no existe en nada, ni siquiera en matarlo e incinerarlo).

Por supuesto, según la mayoría, los pobres particulares o el sector privado no podrían hacerse cargo de algo tan importante, ya que solo el Estado y el sector público garantizan el control biológico. El propio caso que nos ocupa deja bastante claro hasta qué punto es falsa esta creencia, y cómo en este tipo de situaciones lo que importa es la responsabilidad individual de los que participan en ella, no el organismo que la gestiona.  

Y algunos dirán: ¿todo esto por un perro? No, todo esto por nuestra libertad. Y no sólo la libertad de que un animal de compañía, que tiene un valor inmenso e irreemplazable para su dueño, no pueda ser sacrificado por el miedo irracional de la mayoría. Esta vez tenemos suerte de que se trata de un virus que necesita del contacto para transmitirse, pero la próxima vez puede ser otro peor que haga viable socialmente que los sacrificios sean de seres de dos patas, en vez de cuatro. El Estado, la seguridad, el bien común y la ignorancia no se van a parar en las propiedades caninas cuando llegue el caso, y entonces puede que muchos que ahora hacen bromas se echen las manos a la cabeza.

La rebelión de los paraguas

Cuando a Milton Friedman le echaban en cara su colaboración con el régimen de Augusto Pinochet en Chile, el economista se defendía con el argumento de que la libertad económica, tarde o temprano, termina generando libertad política. Algo de razón debía de tener si nos fijamos en el Chile actual, uno de los países más libres y prósperos del continente que disfruta, con sus pros y sus contras, de una libertad política que ha llevado al poder en las últimas elecciones presidenciales, y por segunda vez, a la candidata socialista Michelle Bachelet, represaliada y víctima de la dictadura. Contrasta desde luego con su vecino peronista, Argentina es un país donde cada vez hay menos libertades, económicas y políticas, sin saber si la falta de una lleva a la falta de otra o viceversa.

Las protestas en la Plaza de Tiananmen, en la primavera de 1989, la caída del Muro de Berlín en noviembre del mismo año, el colapso de la Unión Soviética al año siguiente y la adopción por parte de casi toda la Europa del Este del sistema capitalista, o al menos de su variante más socialdemócrata, debió de asustar bastante a los líderes del Partido Comunista Chino (PCCh) como para plantearse y permitir ciertas libertades económicas. Desde luego fue un acierto, pues han traído a China una prosperidad no conocida hasta el momento, salvo en los dos bastiones del capitalismo chino, la isla de Formosa, Taiwán, que no está bajo el poder de Pekín, y lógicamente, Hong Kong.

Cuando los británicos transfirieron a China su colonia el 1 de julio de 1997, la devolvieron envenenada. El Gobierno chino debía permitir a sus nuevos súbditos algunas de las libertades que ya disfrutaban: los hongkoneses, además de vivir en uno de los territorios más libres, prósperos y ricos del planeta, podían elegir su gobernador y su sistema político. El eslogan “Un país, dos sistemas” se hizo famoso y, hasta hace relativamente poco, ha sido, hasta cierto punto, verdad.

China ha dejado proliferar dentro de ella dos gérmenes muy peligrosos para los liberticidas. El primero, la libertad económica, que se ha visto favorecida incluso desde dentro del propio sistema comunista. El segundo, la libertad política, aunque heredada, muy localizada geográficamente y controlada, es un peligroso modelo que tiende a expandirse. El PCCh tiene miedo de que se extienda a otras partes del territorio, pese a que se había comprometido a respetar durante al menos medio siglo un acuerdo que se firmó bajo el aval de las Naciones Unidas. La rebelión de los paraguas se ha puesto en marcha casi sin querer y a los comunistas les ha pillado de improviso. Pensaban que controlar a los candidatos era fácil y gratuito.

Las autoridades chinas se enfrentan a unos manifestantes poco violentos, que simbólicamente usan los paraguas para repeler los gases lanzados por las fuerzas del orden chinas. Precisamente, para evitar que se creen vínculos de simpatía entre manifestantes y policías, se están trayendo de otras partes de China, ya que los de Hong Kong no son fiables. Además, el Gobierno está haciendo todo lo posible para que lo que está pasando no llegue al resto del territorio, controlando los medios de comunicación y la información que sale de la excolonia. Personalmente, creo que estamos en una situación muy distinta de la que teníamos hace 25 años, cuando las protestas de Tiananmen terminaron en una matanza.

El gobierno chino teme la propagación de estas manifestaciones al resto de focos de crecimiento económico, como Shanghai, Macao, Shenyang o la propia Pekín. En estos centros confluyen los tres elementos que todo dictador debería temer. El éxito económico indudablemente beneficia al estado chino, pero como supo ver Friedman, también crea una cada vez mayor clase media que dispone de más riqueza, tiempo libre y, sobre todo, más inquietudes políticas que le llevan a tratar de decidir sobre su futuro, su forma de vida y, si es menester, enfrentarse a aquéllos que, desde el poder, quieren limitar su capacidad de actuar libremente.

En segundo lugar, la revolución en los medios de comunicación, con Internet a la cabeza (como ya sucedió en la extinta URSS con la televisión), “introduce” ideas de libertad en las mentes de esa clase media que se cuestiona por qué un líder inamovible e incuestionable debe dirigir sus vidas. La censura dificulta, pero no impide, que esta aportación de la cultura global se vaya abriendo paso poco a poco.

En tercer y último lugar, la presencia de extranjeros en estos polos de crecimiento y ciudades es un ejemplo, un modelo de lo que pueden llegar a ser estas incipientes clases medias. Muchas veces, no piden ni quieren grandes cambios, quizá una mayor autonomía en las decisiones locales, como actualmente sucede en Hong Kong, pero esto lleva indefectiblemente al cuestionamiento de la autoridad impuesta y, como enseña la historia, es cuestión de tiempo que alguien que pide una mayor libertad en pequeños aspectos termine por exigirla en su totalidad, y eso aterra a cualquier dictador, sea de derechas o de izquierdas.

Es bastante probable que los resultados de la Primavera Árabe estén presentes en las cabezas de los dirigentes del PCCh y no estén dispuestos a que a China le pase lo mismo que a la Unión Soviética. China, más que un Estado, es un Imperio y bajo su comunista bota tiene, como lo tenía la Unión Soviética y como lo tiene incluso ahora la Federación Rusa, multitud de naciones, culturas, etnias y religiones que buscan, cada una a su manera, cierta libertad o al menos cierta independencia y capacidad de expresión.

Toda crisis es una oportunidad. China tiene la opción de democratizarse, de ampliar la libertad de los que hasta ahora han vivido bajo el régimen, aprovechando el camino abierto por esa libertad económica y política, y desbancar a la India como la democracia más poblada del planeta; de hecho, tiene en este país un modelo, no perfecto, pero sí más libre, un crisol donde se mezclan etnias, religiones, nacionalidades y culturas. Pero también tienen la opción de incrementar la represión y acabar por la fuerza con décadas de enriquecimiento y prosperidad. El PCCh es quien tiene que pensar si se va o se queda.

Un país de unicornios

No seamos hipócritas. ¿Quién no desearía que pudiéramos multiplicar la riqueza como los panes y los peces de manera tan rápida como, digamos, aprobar una ley? ¿Que todos en este mundo pudiéramos tener de tal modo comida, techo, ropa, educación –o pongamos lo que queramos- todos los días? Es más, ¿quién no desearía que la riqueza lloviera del cielo en abundancia?

Igualmente, ¿a quién no le gustan los unicornios? Son bonitos, agradables, listos, huelen bien y sólo dan suerte y buena ventura. Los enemigos del Capitalismo y la libertad aman con la misma pasión los unicornios como lo inicialmente enumerado. Y ambas cosas tienen en común más de lo que pensaríamos. En efecto, ninguna de ambas existe en el mundo real.

El pensamiento unicornio es el que cree que el problema con la corrupción, el nepotismo… son los políticos que tenemos actualmente, cuando estas personas que creen que la solución es quitar a unos para poner a otros no tienen una actuación muy distinta cuando se les presentan los incentivos que per se genera el estatus de político o burócrata. Incluso, yendo más allá, ¡creen que la solución para aliviar los problemas que genera la propia política es agrandar aún más los poderes de ésta! Es como creer que un plato salado se arregla con más sal. Adam Smith expresó en La Riqueza de las Naciones esa idea de echar la culpa a las personas (políticos) de un sistema de principio mal hecho (un Gobierno grande):

Es el sistema del gobierno lo censurable, no el carácter de las personas que actuaron en él. Ellos actuaron tal como su situación naturalmente les condujo, y quienes con más fervor claman contra ellos probablemente no habrían actuado mejor.

Pero ¿por qué tanta gente cree en los unicornios, el Estado? El pensamiento mágico desiderativo que cree que existe o es verdad lo que le gustaría que existiera o fuera verdad es tan antiguo como la humanidad misma. El socialismo e intervencionismo en todas sus formas trasciende lo racional para ser, de hecho, una experiencia psicológica. Los supuestos libros de ‘economía’ de todos los profetas del Estado no son más que los libros sagrados de la religión más universal y peligrosa que existe: el estatismo o socialismo. Como los niños que ven unicornios, la secta del Estado ve en éste a su padre, su cuidador. Son místicos en el sentido más peyorativo que empleaba Ayn Rand. Es por lo que resulta tan vano una discusión con este tipo de personas. Hacer ateo a un creyente no es tarea fácil.

Por ello, cuesta aceptar el liberalismo. No te promete la vida eterna ni el paraíso, ni llueve maná del cielo. Es algo tan simple, aunque tan racional, como una teoría hecha para la realidad.

@AdolfoDLozano

 

El chavismo de Podemos

Corría el año 2000 y en un país caribeño, con el subsuelo rebosante de petróleo, sus habitantes repetían una y otra vez, ante las advertencias de los miles de exiliados políticos cubanos residentes en este, el hoy desgastado mantra: "Venezuela no es Cuba".

El chavismo acababa de hacerse un traje a medida con la Constitución y había que convocar nuevas elecciones presidenciales para cumplir con la cacareada renovación de los Poderes Públicos establecida en la nueva carta magna.

La oposición venezolana, todavía desorientada, errabunda, zigzagueante y desnortada debido a la apisonadora que acababa de pasarle por encima en forma de Asamblea Constituyente, ponía sus esperanzas electorales para la presidencia en manos de un personaje siniestro y camaleónico que lograría convertirse en candidato casi único de la oposición mostrándose como disidente y firme crítico del movimiento del cual provenía.

Francisco Arias Cárdenas, Teniente Coronel del ejército y compañero golpista de Chávez en 1992, apareció como la figura alrededor de la cual se aglutinaron los partidos opositores venezolanos. A pesar de haber conspirado durante años desde el ejército junto a Chávez y sus compañeros, súbitamente cambió de posición y se dedicó a descalificar a su antiguo movimiento faccioso, el golpista MBR-200 reconvertido en el partido político MVR-200, emitiendo durísimas críticas en su contra e incluso dirigiendo ataques personales contra el candidato presidencial "revolucionario".

Fue célebre el episodio ocurrido durante la campaña electoral del año 2000 donde Arias calificó como "gallina" a Chávez por negarse éste último a un debate televisado. El vídeo donde aparecía un atril ocupado por uno de estos animales circuló masivamente bajo el aplauso generalizado de los desafectos al oficialismo. La oposición venezolana se sentía rebosante de optimismo al ver a uno de los más connotados representantes del llamado Socialismo del S.XXI, convertido en frontal adversario de dicho movimiento.

Lo cierto es que con la inestimable ayuda y colaboración del supuestamente reconvertido Arias Cárdenas, quien desapareció de la escena política poco después de unas elecciones que significaron el primer fraude electoral cometido por el chavismo, este pudo consolidarse en el poder y contar con seis años de mandato presidencial certificado teóricamente por la vía democrática.

¿Qué fue de la vida del fingido converso Arias Cárdenas? Llegó el año 2005 y aquel insigne renegado, feroz crítico del chavismo, volvió públicamente al redil y fue nombrado embajador de Venezuela ante la ONU por el propio Chávez. En 2007 ayudó a crear el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Fue Viceministro de Exteriores y diputado nacional del PSUV y al día de hoy representa a la opción oficialista como gobernador del petrolero estado Zulia.

Y es que el chavismo, un sucedáneo del castrismo y por tanto con una inmensa capacidad de manipular y crear realidades paralelas, es campeón en eso de realizar maniobras y piruetas de todo tipo para desorientar al adversario. Los herederos de la URSS saben muy bien que pocas cosas encandilan más al oponente como el súbito rechazo público, la manifiesta y notoria repulsa de uno de sus militantes reconocidos, para lograr varios efectos beneficiosos para su causa: 1) Dar la impresión de que los "puristas" están abandonando el barco debido a supuestas desviaciones por parte de la dirigencia del plan ortodoxo original, generando prestigio para ese crítico, el cual será convenientemente usado en el momento oportuno por la organización. 2) Generar un falaz sentimiento de triunfo entre el adversario al ver que se producen supuestas deserciones. 3) Consolidar la imagen – para terminar de captarles – entre los potenciales seguidores de que no se es tan extremista (o tan moderado, depende) como los enemigos políticos pretenden transmitir. 4) Crear una "célula durmiente", un "topo", para que pueda moverse libremente y sin levantar sospecha en los espacios "enemigos" que puedan interesar a la organización.

Venezuela no es Cuba, decían. España no es Venezuela, dicen. A propósito de Willy Toledo y sus muestras de repudio hacia el chavismo español representado por PODEMOS.

Inmigración (XV): Green cards frente a red cards

“Las políticas de admisión deben fomentar el crecimiento económico y la integración, no animar a la gente a cruzar nuestras fronteras ilegalmente”. Derrick Morgan & Stepehen Moore.

“El enfoque de Helen Krieble reconoce la realidad de que la vigilancia fronteriza sólo puede funcionar si aceptamos las demandas de nuestra economía y se ofrece una vía legal para los trabajadores (extranjeros) de los que muchas empresas americanas dependen”. John Fund.

“Nuestra sugerencia es que en lugar de tener cuotas artificiales de nuestros trabajadores invitados aquí, dejemos que el mercado determine cuántos permisos de trabajo son necesarios”. Helen E. Krieble.

Escasez de las green cards

El otorgamiento de visados es casi siempre gestionado centralmente por una burocracia planificadora que asigna cuotas cada año según criterios fijados administrativamente que se caracterizan por no cubrir suficientemente la demanda existente. En los EE UU si uno es extranjero y quiere estar allí de forma legal, tiene que recibir necesariamente de las autoridades norteamericanas algún visado de las siguientes tres grandes categorías:

a) Visado de inmigrante: el otorgamiento de este visado (conocido popularmente como green card) le permite a uno residir y trabajar de forma permanente en los EE UU y, generalmente después de cinco años, le da derecho a la nacionalidad norteamericana si logra pasar ciertos tests cívicos y de inglés.

b) Visado de refugiado/asilado: accede a dicho status aquel extranjero que, estando fuera de su país de origen por sufrir persecución por diversos motivos tasados, solicita admisión en otro país. Si la pide fuera de EE UU se le cataloga como refugiado y si la solicita ya dentro del país americano es considerado asilado.

c) Visado de no-inmigrante: es aquel que se otorga a toda persona extranjera que le permite la entrada meramente temporal en los EE UU para un propósito específico (turismo, trabajo, negocios, estudios, labores diplomáticas, deporte, etc.). Existen unos 85 tipos de visados clasificados significativamente como de “no-inmigrantes”. En concreto, los visados de trabajo temporal son muy limitados cada año (unos 600.000 de media al año, si se incluyen también a los de los familiares), el grueso de estos visados de trabajo temporal son del tipo H y se refieren a áreas muy específicas que requieren pericias o cualidades muy concretas para las que no deben existir trabajadores estadounidenses disponibles, según establecen los criterios burocráticos.

[Nota: para los ciudadanos de ciertos países (mayormente procedentes de Europa) se les permite visitar los EE UU sin visado especial siempre que se tenga el pasaporte en vigor y se haya pedido autorización electrónica conocida por las siglas ESTA].

Si excluimos los visados de turismo, los visados de la primera categoría, deinmigrantes permanentes, representan la mayoría de los emitidos lo cual no tiene mucho sentido porque lo lógico sería que se otorgaran bastantes más visados de trabajo temporal que de permanente. Estos últimos son titulares de la llamada green cardy han obtenido su visado a través del consulado de su país de origen o bien dentro ya de los EE UU a través de la DHS del gobierno. Se distinguen, a su vez, tres formas fundamentales de obtener las green cards (aparte de los refugiados o asilados):

a.1.) Por patrocinio familiar: ser familiar de un residente norteamericano (inmigrante permanente o ya ciudadano) da opción a solicitar un visado de residencia permanente. En Europa se suele denominar a esta modalidad reagrupación familiar.

a.2.) Por razones económicas o de empleo: en esta categoría se encuentran aquellos inmigrantes con vocación de permanencia que cubren puestos laborales que no pueden ser cubiertos por americanos; por ejemplo, ejecutivos, empleados de multinacionales, profesionales cualificados, inversores, clérigos y trabajadores no cualificados pero con habilidades extraordinarias en artes o ciencias.

a.3.) Por diversidad: dicha categoría fue creada por los burócratas useños para introducir más variedad en el flujo migratorio hacia los EE UU. Las solicitudes de nacionales de países que han enviado menos de 50.000 trabajadores en los cinco años previos y tienen cualidades específicas entran en un sorteo con el que poder ser agraciados con un posible visado de “inmigrante diverso”.

Según datos de la DHS, en los últimos tres años se han ido dando aproximadamente un millón de green cards al año a inmigrantes con derecho a residencia permanente. Pudieran parecer muchas autorizaciones permanentes pero analicemos dicha cifra: los inmigrantes por motivos de reagrupación (patrocinio) familiar suponen ya más del 67% en promedio de todas las green cards otorgadas a los inmigrantes por las autoridades americanas cada año. Además, no tienen límite de entrada si se refieren a familiares directos (immediate relatives). Es lo que se ha venido denunciando como un sistema endogámico o nepotista.

El resto de concesiones de visados otorgadas a inmigrantes permanentes (incluidos los refugiados/asilados) se caracterizan por su restricción pues se basa en cuotas prefijadas centralmente por el gobierno federal antes de cada año fiscal. Se agotan a los pocos días de hacerse pública su disponibilidad.

El dato realmente revelador es que, de todos los visados (green cards) entregados en los EE UU a inmigrantes permanentes, menos de un 15% son por razones de empleo. Dentro de éstos, además, el 85% de los que lo reciben por este motivo están ya en el país bajo el status de trabajadores temporales, es decir, no-inmigrantes. Desde los años 90 cada vez son menos los visados por razones de empleo entregados a los inmigrantes en los consulados extranjeros. Por su parte, alrededor de un 14% de los visados de residencia permanente son concedidos a refugiados o asilados y un 5% aproximadamente son entregados por criterios de diversidad.

Como se ve, la gestión federal del servicio de selección y entrega de visados de trabajo o empleo (tanto permanente como temporal) se caracteriza por la escasez e ineficacia en su distribución. Esa es la razón fundamental por la que existe una gran masa de trabajadores extranjeros poco cualificados sin documentos: la mayoría no tiene posibilidad alguna de recibir ningún visado. No es casualidad que las estimaciones del número de trabajadores clandestinos viviendo y laborando en los EE UU ronden ya entre 11 a 15 millones de personas.

Una solución pro mercado con las red cards

Si se tiene un ejército de trabajadores “ilegales” por carecer de documentos, trabajando en la sombra, con temor a ser deportados y agazapados en territorio americano, sin osar visitar sus países de origen por miedo a no poder entrar de nuevo, lo más lógico y sensato sería proveerles de inmediato con algún tipo de documento identificativo. Eso es lo que pretende a grandes rasgos la innovadora propuesta de la Red Card Solution de Helen Krieble (hija del empresario fundador de Loctite, especializada en adhesivos y selladores industriales) y su fundación (dedicada a influir en las políticas públicas americanas según los principios de los Padres Fundadores).

Se trataría de un programa de trabajadores huéspedes temporales gestionado no ya por las dependencias públicas sino por agencias privadas (semejante a las empresas de empleo y agencias de colocación laboral) que abrirían sus propias oficinas en los países exportadores de mano de obra para facilitar el proceso de obtención de una tarjeta de trabajo temporal (llamada tentativamente red card). Estas compañías deberían contar con una licencia administrativa para poder operar. La obtendrían sólo aquellas empresas que contaran con tecnología y desempeño profesional adecuado y serían supervisadas por el gobierno ocasionalmente. No habría incentivo más poderoso que el beneficio fruto de dicha actividad intermediadora por lo que es presumible que harían bien su trabajo (caso de ineficacia o de engaño, perderían su licencia).

Estas agencias gestionarían su base de datos y casarían la oferta con la demanda laboral de extranjeros. Harían el chequeo previo de antecedentes penales (de modo semejante a como hacen hoy las tiendas de armas en los EE UU) y emitirían tarjetas inteligentes con microchips, difíciles de replicar, con los datos personales del trabajador, su fotografía e incorporación de sus huellas dactilares y otros sistemas biométricos utilizados en la actualidad. Serían las responsables del cumplimiento de las leyes nacionales del país de acogida. Desempeñarían una labor complementaria a la que en estos momentos realizan los consulados en el exterior. Facturarían tanto al empleado como al empleador.

Su labor ayudaría a eliminar gran parte de los contrabandistas de trabajadores (denominados polleros o coyotes en México) que ponen en peligro la vida de los emigrantes al cruzar ilegalmente la frontera por lugares cada vez más inhóspitos y peligrosos. Si se pudiera conseguir fácilmente la tarjeta roja en su país de origen, pagando allí por los trámites de permiso de trabajo temporal en un país desarrollado concreto, los inmigrantes no tendrían ya muchos incentivos para acudir a los inescrupulosos (y caros) contrabandistas. Las fronteras del país se volverían más seguras y menos costosas de salvaguardar al enfocarse las patrullas en aquellos pocos que persistirían en traspasarlas ilegalmente por motivos probablemente ilícitos.

El gobierno no tendría tampoco que calcular y establecer cada año las cuotas de visados de inmigrantes necesarios (la realidad nos muestra que siempre se quedan cortas). A diferencia de los visados de trabajo temporal o permanente gestionados por las agencias del gobierno, no habría límites a la emisión de dichas tarjetas rojas, siempre y cuando existiera una oferta laboral concreta en el país de acogida detrás de cada emisión de tarjeta.

Tampoco sería una amnistía. Los trabajadores ilegales en suelo americano tendrían que regresar a sus países para solicitar su tarjeta roja. Debido a la facilidad de su tramitación la gran mayoría optaría por regresar a su país de origen para regularizarse, abonar el precio fijado por la agencia expedidora de dichas tarjetas y hacerse “legal” en el país de acogida. Dicha tarjeta les daría derecho a entrar y salir las veces que quisieran sin temor a ser arrestados y deportados. Eso sí, no sería un trámite para comenzar el camino hacia la nacionalidad. Sería un mero permiso de residencia para trabajar de forma temporal, no el camino para adquirir los derechos de ciudadanía.

Estas tarjetas darían cobertura a todas las categorías de visados temporales de trabajo y el proceso de su obtención se separaría completamente del sistema actual de obtención del visado de residencia permanente (green card), de la documentación de asilo y de la nacionalidad que seguirían existiendo con sus trámites y restricciones actuales.

El empleador retendría cada mes, a parte de los impuestos, una cantidad al trabajador temporal a modo de consigna a favor de este último. Éste podría cambiar de trabajo una vez finalizado su primer contrato laboral temporal. Si se acabara o no encontrase un nuevo trabajo temporal en un tiempo determinado, tendría que regresar a su país de origen a solicitar una nueva tarjeta roja y pasar por otro filtro de sus antecedentes. En el momento de abandonar el país de acogida recuperaría en la frontera la totalidad de la cantidad retenida por su/s empleador/es (incentivo para regresar y solicitar una nueva la tarjeta roja si así lo deseara).

La mayor parte de los trabajadores “ilegales” no desean obtener la nacionalidad ni la residencia permanente. Muchos son trabajadores estacionales (especialmente del agro) y ven imposible cumplir los farragosos y costosos trámites actuales para la obtención de visado por lo que optan por pasar la frontera ilegalmente, pero no con objetivos ilícitos. Desean trabajar allá donde las oportunidades de trabajo se encuentren y ayudar realmente a sus familias.

Se asume que la ciudadanía es la única manera de hacer “legal” a la gente. Esto es obviamente un error. Existen muchos tipos de visado que permiten a las personas residir y trabajar en un país sin necesidad de ser un medio para convertirse en nacionales de dicho país receptor.

Esta solución innovadora ayudaría además a eliminar la disparidad de tratamiento que se da con el sistema estatalizado de visados actual entre grandes y pequeños negocios. Las mayores empresas pueden cabildear con las autoridades para que éstas amplíen las cuotas de aquellos visados que más les convengan, pueden costear los farragosos trámites burocráticos o pueden abrir incluso sucursales en el extranjero y contratar directamente allí al personal necesario. Con este sistema privado de emisión de visados temporales expedidos en el exterior el pequeño negocio se beneficiaría al tener a su alcance de manera asequible la contratación de trabajadores extranjeros que portasen las referidas tarjetas rojas.

Dos vías legales para los trabajadores extranjeros

Con este sistema de emisión de “tarjetas rojas” -que en el fondo es un programa privado de trabajadores huéspedes temporales- se abrirían por fin los cauces legales a los trabajadores en el extranjero que quisieran ingresar a trabajar de manera legal y ordenada en otro país.

Habría un camino hacia permisos de trabajo temporales simple y casi instantáneo (un recolector temporal de frutas o verduras, por ejemplo, no precisa saber inglés o conocer la cultura del país de acogida) y habría otro camino hacia la ciudadanía, que sería muy serio y difícil, como es lógico. Sin embargo, el que tuviese un permiso temporal de trabajo no le impediría tomar la otra ruta, pero tendría que identificarse como alguien que realmente quisiera ser ciudadano y siguiese el procedimiento establecido.

Los inmigrantes tendrían opción siempre a nacionalizarse pero, de esta forma, se facilitaría a muchos otros el acceso al mercado laboral dentro de un país desarrollado pese a que la obtención de nacionalidad seguiría siendo tan limitada como lo es en la actualidad.

Coexistirían, pues, dos caminos bien diferenciados para la obtención de permisos de trabajo: uno de libre mercado, ágil, descentralizado, pagado por el usuario y de carácter temporal y otra vía, la estatal, jerarquizada, más burocratizada y lenta, pagada por todos los contribuyentes y de carácter permanente, con derecho a acceso final a la ciudadanía.

La solución de la llamada tarjeta roja puede que no sea perfecta pero lo bueno es que con esta medida innovadora habría muchos menos inmigrantes “ilegales” y cada trabajador, al presentársele más oportunidades, podría elegir qué camino le convendría más según su proyecto de vida y sin tener que jugársela verdaderamente en la frontera.

Críticas a la tarjeta roja

Esta propuesta tuvo, como era de prever, una acogida fría y quisquillosa por parte de los congresistas y senadores norteamericanos. Fueron tres las críticas fundamentales que se le hicieron: primero, se establecerían dos categorías de personas en la sociedad (los que contasen con plenos derechos y los que no); segundo, no sería conveniente subcontratar empresas privadas para asuntos relacionados con el orden público; y tercero, ligaría al trabajador temporal con el empleador en una suerte de “servidumbre por contrato” (indentured servitude) al no permitírsele cambiar de trabajo caso de que no le gustara.

Aunque es posible desde posiciones liberales desmontar las dos primeras críticas, no es fácil hacerlo. En cuanto a la tercera es cierto que habría que buscar un sistema algo más flexible para que el inmigrante temporal pudiera cambiarse de trabajo en el país de acogida antes de la terminación de su contrato para no quedar fatalmente ligado a su empleador. En cualquier caso, con la propuesta sugerida por Helen Krieble se trataría al menos de mejorar una situación presente que es un desastre. La actual regulación de la inmigración es un sistema roto y costoso. La solución de la tarjeta roja puede ser un excelente comienzo para empezar a cambiar el paradigma dominante de la gestión de visados y permisos de residencia de trabajadores extranjeros en cualquier parte del mundo, no solo en los EE UU.

Estuvo cerca de ser una propuesta oficial republicana cuando Newt Gingrich acogió dicho plan en su carrera hacia la presidencia en 2011. Su retirada de la misma hizo que la idea se aparcara. Obama suele acusar a los republicanos de no tener ideas; puede que lleve razón.

Los legisladores actuales que tratan sobre la reforma migratoria americana, la Banda de los Ocho, están muy lejos de incorporar a la misma esta innovadora sugerencia que apela a la racionalidad, a la dignidad del trabajador, es acorde a la tradición pro-mercado de los EE UU y resolvería buena parte de la problemática actual en torno a la inmigración al “sellar” de manera mucho más eficaz la demanda y oferta de mano de obra extranjera.

Pese a todos sus beneficios y ventajas, parece que no ha llegado todavía su momento.
 


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII y XIV.

España y el GPS de la política

Esta semana se abre con la noticia de la concesión del Premio Nobel de Medicina 2014 a John O’KeefeMay-Britt Moser y Edvar Moser, por sus estudios que revelaron la existencia de un sistema de ubicación espacial en el cerebro y lo describieron. En un momento en el que los españoles me parecen tan desubicados, no podía ser más oportuna esta decisión. ¿Dónde estamos? Y, a partir de ahí, ¿a dónde vamos?

Por poder, PODEMOS ir a donde sea

Porque uno mira el panorama real, no el que los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas nos pintan, y parece que seguimos donde estábamos. Fraudes, tarjetas opacas, escandalera inicial para dar paso al tedio rutinario, no sin antes detenernos en las declaraciones tan oportunas como insustanciales de nuevos líderes que quieren mostrar su disposición a ganar el título de míster (o miss) de la política patria. Y, claro, todos nos dicen “Quiero que Madrid (o Tarragona, o Toledo, o Jaén…) sea una ciudad sin parados, donde los jóvenes no tengan que emigrar, donde los autónomos se sientan apoyados, una ciudad limpia, sana, alegre, vital…”. Ya. Y yo quiero un apartamento enorme con vistas a la sierra. Pero no tengo dinero para pagarlo. Como los candidatos no tienen dinero “pa’ tanta deuda” parafraseando a la gran Celia Cruz y su “no hay casa pa’ tanta gente”.

Y mientras, Podemos no deja de cavar su tumba con declaraciones cada vez más aberrantes, más comprometedoras por irrealizables, de manera que hasta quienes les parecía que el chico éste de la coleta parece “muy majo” y casi le votamos que algo hará, sospechan ya que la cosa no tiene mucho recorrido.

Eso sí, los y las “pablettes” siguen su circulización asamblearia en una especie de fiebre loca, como si el “golpe a golpe, verso a verso” se hubiera tornado “círculo a círculo”. Grotesco. Pero ahí está, y sacará sus votos dependiendo de la ciudad, porque a los españoles las cosas grotescas e irreales nos encantan. Otra cosa es cuando llegue la factura. El gasto de Gallardón nos va a parecer un alarde de austeridad en comparación.

Programar el GPS

Suena a perogrullada, pero da la sensación de que se nos ha olvidado programar el GPS y seguimos  unas directrices que no sabemos muy bien a dónde nos llevan. Y ahí andamos bordeando precipicios, a veces, de los que es imposible o muy difícil salir. Y me refiero a todas las referencias al 36, a la guerra que nunca se fue, al enfrentamiento. Y cuando señalas a tu interlocutor lo peligroso de esa actitud, invariablemente la respuesta es “Ellos han empezado” que es la típica frase que suena justo antes de un apocalipsis. La de después suele ser “No era esto, no era esto”.

¿Queremos salir de la crisis? Déjense de monsergas, déjense de politiqueos, apostemos por lo rentable, no por lo políticamente más conveniente; apoyemos a empresarios (de los de verdad) y autónomos quitándoles piedras del camino, no dándoles empujones. Invirtamos con ahorro, no con deuda (que se nos sale por las orejas).

Y, desde el punto de vista de la Política, con mayúsculas. ¿Qué queremos? ¿Aceptamos pulpo como animal de compañía  y nos comemos la corrupción? Porque cuando nos planteamos a la hora de meter el papelito en la urna que no hay más, que no hay otra opción más que votar al corrupto porque todos lo son, estamos refugiándonos en la cueva del lobo. Estamos alimentando la corrupción. Estamos perpetuando nuestra propia ruina. Tal vez la tan cacareada e imprescindible renovación debería empezar por una ciudadanía que no votara ningún partido involucrado en escándalos. Sí, ya saben lo que significa: la denostada abstención. La abstención como forma de castigo, como ninguneo clamoroso que afee la conducta de esta casta que hemos amamantado votación tras votación, por miedo, ese gran aliado del abuso.

Sería antológico si los españoles tomáramos la iniciativa frente a los políticos, dirigentes, reyezuelos y caciques. Mi apuesta es que habrá participación masiva en las elecciones del 2015. Al tiempo.

El marco constitucional y la democracia

El tema catalán es uno de los que me resultan más antipáticos de la política española desde hace años. Siendo partidaria sobre el papel de la secesión, la competencia fiscal, y de unidades administrativas de un tamaño más adecuado para poner en práctica un verdadero control ciudadano, lo de Cataluña me parece una operetaNo el deseo de independencia, sino el cómo se está llevando a cabo. El problema es mío: es sabido que el papel (como los Excel) aguanta todo. De manera que mis teorías acerca de la secesión, el tamaño óptimo de gestión y todo lo demás han de quedarse en la nube de las ideas. Lo que demanda la situación que vivimos es otro tipo de análisis, más realista y con los principios por guía.

El rey que (probablemente) nunca reinará

Da la sensación de que Artur Mas está decidido a pasar a la historia como el primer presidente de la Cataluña independiente. No importa si hay muchos catalanes que no quieren o que no están tan interesados, o que no se lo toman tan a la tremenda, no importa qué pisotee en su camino, no importa nada de nada. Él va a seguir adelante contra viento y marea. La sospecha más que fundada y compartida es que no es honesto, no quiere lo que dice que quiere para Cataluña y los catalanes, sino que busca alimentar su ego, busca la gloria. Como tantos políticos patrios, eso también es verdad.

El problema es que en ese camino hacia la gloria histórica lo está haciendo fatal. Como si sigue los cauces estipulados se le agota el mandato, necesita ir a más velocidad, pero para ello tiene que buscar atajos. Y en esos atajos Más está cuestionando una de las claves de nuestra democracia, la Constitución, reclamando precisamente más democracia. Así que el lío es fenomenal. Cuando se le recuerda que su procedimiento va en contra de la Constitución señala con el dedo acusando de anti demócratas a los constitucionalistas y proclamándose él a sí mismo como el mega-demócrata. Hay que tener cierta cara y cierto ego para una cosa así. Retar al Gobierno, a la oposición y a los partidos constitucionalistas de semejante forma es mucho retar y ni Rajoy va a flaquear ni la oposición lo va a consentir (por la cuenta que les trae). Porque poner en duda la Constitución tiene consecuencias no previstas que pueden volverse contra todos. También contra Cataluña. Y sea por mantener su tajada, sea por convicción verdadera, son mayoría quienes prefieren salvaguardar la Constitución frente a ceder al reto de Mas.

La responsabilidad de todos frente a la Constitución

Y, sí, claro que la Constitución tiene imperfecciones. Claro que debería reformarse. Y probablemente permitir que hubiera un referéndum acerca de si se debería abrir la mano a la secesión y el federalismo. Pero no así, por mis pistolas. Dicho lo cual, cuando me pregunto qué alimenta el ego de Mas, cuál es su fuerza, me doy cuenta de que somos los españoles, desde Rajoy y muchos otros presidentes del Gobierno hasta la mayoría de la población a lo largo y ancho de nuestro país.

No se puede jugar con fuego, a menos que estés dispuesto a quemarte en condiciones. Y jugar con fuego es cachondearse de la misión y la importancia del Tribunal Constitucional: repartirse sus magistrados, usarlo con intereses políticos de manera obscena. Jugar con fuego es apelar a la ley de leyes para algunas cosas y para otras, no. O estar permanentemente mentando la madre de la Constitución, o reclamar que como yo nací cuando ya estaba votada, no vale, como si fuera una fruta que en pocos días se pocha y hay que tirarla.

Seamos serios: o respetamos o no. Y si no respetamos, esto es lo que hay: un pretendiente a reyezuelo que busca la gloria aporreando el texto que debería ser el marco de convivencia de nuestra democracia. Nuestra ignorancia, blandida como espada de la manera más vergonzosa y paleta que se puede imaginar, nos lleva a no entender que con lo que jugamos no es con un libro, sino con un concepto, el respeto. Un tipo de respeto político que admite cambios pero no de cualquier manera. Convóquese un referéndum nacional. Véase el resultado en Cataluña y en el resto de la geografía española. Tómense las medidas pertinentes.

Pero para reclamar todo eso, hace falta un paso previo: que nuestros políticos respeten con hechos esa Constitución, que se limpie su vigilante Tribunal Constitucional y que dejen de lado (un ratito) su amor a la poltrona todos los involucrados.

¿Votar, para qué?

La democracia es el peor sistema político si exceptuamos todos los demás, dijo Churchill, pero a estas alturas cabría preguntarse a qué democracia se refería.

Cuando escuchamos la palabra "democracia", no todos entendemos lo mismo. Para unos, democracia es directa e ilimitada; para otros, indirecta y limitada. La hiperlegitimación de la democracia lleva a que cada vez más sea la primera acepción la que se identifique con "democracia".

Así, hoy en día, la solución para todos los problemas se resuelve con un "pues lo votamos y ya está". No importa si es una cuestión de derechos, fronteras estatales o el pago de la deuda. Todo se puede votar. Este pensamiento mágico se estampa con la realidad si tenemos en cuenta que las deudas contraídas son obligaciones del deudor; las fronteras que se votan por mayorías también unen o separan a quienes votan en contra; y los derechos que se conceden por votación son tan efímeros como cuando la siguiente votación los deniega.

Los límites de la democracia no son caprichosos, son el primer baluarte para su defensa y permanencia. La democracia ilimitada choca frontalmente con la doctrina del equilibrio de poderes de Montesquieu y todos los pesos y contrapesos que sostienen el edificio de la convivencia del gobierno de la mayoría que respeta a la minoría.

No se trata de deslegitimar la democracia, sino de preguntarse si votar es la solución a todos los problemas. Dictadores de todos los colores han enmascarado su voluntad en plebiscitos que concentraban la voluntad en la suya propia para amparar sus tropelías en la legitimidad democrática. Es una cuestión que no debemos olvidar cuando surgen iluminados que proclaman la reinvención de la democracia cuando solo plantean corromperla para llevarnos por el camino de la demagogia que ya advirtieron los antiguos griegos.