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Lanzarote 2014, paraíso liberal

Escrito por Pablo Martínez Bernal en . Publicado en Análisis diario.

La pasada semana ha tenido lugar en Puerto del Carmen, Lanzarote, la IX Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. En apenas diez años, los cursos de verano que organiza el Instituto Juan de Mariana se han convertido en uno de los eventos liberales más importantes y esperados en nuestro país, especialmente para el público más joven. Y tanto entusiasmo no es para menos. Durante una semana, un grupo de más de cincuenta estudiantes venidos de lugares tan lejanos como Guatemala, Nicaragua o México junto con otros tantos ponentes hemos disfrutado de una experiencia tremendamente enriquecedora al aprender y debatir sobre el liberalismo. Ponentes liberales del más alto nivel, como Carlos Rodríguez Braun, Martín Krause, Juan Ramón Rallo, María Blanco o Miguel Anxo Bastos nos han hecho disfrutar con su sabiduría y sus firmes convicciones en defensa de una sociedad libre. 

Son muy pocas las ocasiones a lo largo del año en las que uno tiene la oportunidad de compartir tanto tiempo rodeado de personas que defienden con tanta pasión y entusiasmo las ideas liberales de respeto de la propiedad privada, de la libertad individual y de los contratos voluntarios. La experiencia es doblemente enriquecedora. En primer lugar, es de agradecer el poder escuchar y charlar con personas tan afines ideológicamente en temas en los que nuestras ideas tristemente son minoritarias. En segundo lugar y más importante aún, es tremendamente divertido comprobar cómo los liberales tenemos unos principios en común pero que discrepamos en multitud de temas. 

Precisamente gracias a esas discrepancias surgen debates interesantísimos de los que todos aprendemos. A veces la gente se sorprende de que los liberales no tengamos la misma opinión en todos los temas de debate. Pero lo extraño es precisamente lo contrario: coincidir en todo. Evidentemente es mucho más cómodo desde el punto de vista intelectual adherirse a una opción ideológica y suscribir punto por punto todo lo que esa ideología defiende. Los liberales podemos pecar de muchos defectos pero la vaguería intelectual no es uno de ellos.

El magnífico programa de este año ha sido de lo más completo. Los alumnos han podido disfrutar de bloques de charlas relacionadas con cuestiones monetarias, con las claves del progreso, del credo de la libertad, de la política contra la libertad y, como novedad, han realizado un taller sobre retórica y comunicación de ideas liberales dirigido por dos expertos en la difusión de dichas ideas: María Blanco y Luis Alberto Iglesias. Tan buena fue la acogida de dicho taller que muy probablemente quede instaurado para futuras ediciones. Y es que, tan importante es tener buenas ideas y principios como el aprender la mejor forma de difundirlos.

Alumnos y ponentes hemos vuelto a casa con las pilas cargadas y con más y mejores argumentos a la hora de dar la batalla de las ideas. No debemos de olvidar que lo único que necesitamos para ganar esta batalla ideológica es tener unas firmes convicciones que defender y un tesón inagotable. Con estas dos armas, PODEMOS lograr avanzar hacia la sociedad que todos los liberales deseamos ver: una más libre, más voluntaria y cooperativa y, en definitiva, más próspera y mucho menos coercitiva. Algunos ya estamos deseando que llegue la X Universidad de Verano. Y es que la décima promete.

De Bankia a Hollywood sin paradas

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

En esta semana el juez Andreu escuchará las palabras de una lista de declarantes en el caso de Bankia, denunciado por el partido UPyD. Las pérdidas para los ahorradores afectados, para los ciudadanos que rescatamos la mutación originada en Caja Madrid y las consecuencias no evidentes, pecuniarias o no, de la mala gestión y de los líos políticos, no deberían quedar en el olvido y disolverse en el tiempo como lágrimas en la lluvia, que diría el replicante Roy Blatt en la película Blade Runner.

Las sorpresas increíbles

El ex director general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, enarca las cejas sorprendido todavía por el desarrollo de los acontecimientos. Reconoce que empezó a dudar “a título personal” en octubre del 2011 una vez que Bankia había salido a Bolsa y se dio cuenta de que aquello no era fiable definitivamente en primavera del 2012, cuando la auditora Deloitte puso en cuestión las cuentas de Bankia. 

Increíble. Increíble que Martínez Tello se sorprenda tanto cuando una agrupación de inspectores del Banco de España elevaron informes acerca de lo sospechoso del tema, en concreto, "deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y control interno" de Bankia, y que no hubiera una política de refinanciación “documentada y aprobada al nivel adecuado". Y lo hicieron un año antes de que el máximo responsable de la supervisión del Banco de España empezara a sospechar, ni más ni menos que en diciembre del 2010. Pero, al parecer los informes elevados se quedaron en las nubes, o no llegaron al completo, o no a la persona adecuada.

Pero ahí no acaba la sorpresa. Aún reconociendo que la segunda ayuda que Rodrigo Rato solicitó era insuficiente, y que Deloitte pidió una evaluación externa que nunca se presentó, Martínez Tello considera extrañísimo y sorpresivo el informe del FMI de abril del 2012 en el que consideraba a Bankia “vulnerable”. Increíble también esta segunda sorpresa, ¿no?

El caso Bankia, el musical

Si no fuera por lo que duelen los 19 mil millones de euros “inyectados” a Bankia, sería para contratar a alguien con luces suficientes para hacer un buen guión, un Alex de la Iglesia, por ejemplo, y decirle: “Hala, ahí tienes material para hacer una película de éxito, una mini-serie y hasta un musical”.

Porque, como en la magnífica película El Golpe (The Sting) de 1973, dirigida por George Roy Hill, y protagonizada por Paul Newman y Robert Redford en el papel de estafadores, al final se van a fingir muertos y nadie pagará los platos rotos. Una vergüenza por diferentes razones. En primer lugar, porque en una sociedad supuestamente civilizada y justa, el que la hace, la paga. En segundo lugar,  porque hay ahorros afectados de clientes pero también de quienes han aportado esos miles de millones de euros para el rescate. Tercero, porque el informe de los inspectores señalaba la politización del consejo y que se antepuso el interés de los consejeros al de la entidad y ese es un hilo del que hay que tirar, caiga quien caiga, si de verdad queremos regenerar el sistema. Y cuarto, porque es un referente, es un caso ejemplar que debería mostrar a todos, ciudadanos y políticos, que hay algo de luz en medio de tanto barro.

Y si no tenemos unas leyes, unos tribunales y unos jueces con coraje suficiente como para que salgan a la palestra los responsables y que haya penas de cárcel y castigo aleccionador para todos, los de arriba y los de abajo, entonces estamos condenados. Estamos condenados a que aparezca un tipo con coleta y convenza a la gente de bien pero hastiada de todo de que estos tipos son el mal encarnado y que es mucho mejor una redistribución de la propiedad, la nacionalización de las empresas y la autarquía. Menos con Cuba y Venezuela, claro.

A diferencia de las películas de Hollywood, cualquier parecido con la realidad, no es pura coincidencia.

El misterio del caso Gowex

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Llevamos unas semanas machacados por el escándalo Gowex, desde aire, mar y tierra, esto es, desde todos los medios de comunicación relevantes del país. A ojos de un tercero desinformado, parecería que ha quebrado algún banco, o, por no salir del sector afectado, un Vodafone o un Jazztel.

Pero no, la empresa afectada responde al nombre Let’s Gowex y prácticamente era desconocida para el común de los españoles. Y posiblemente lo siga siendo. Unas cifras pueden dar una idea de la "magnitud" del suceso. La empresa tiene 170 trabajadores, decía que facturaba unos 180 Millones de Euros anuales (aunque parece que no llegaban a 10) y se estima que tiene unos 5.000 inversores minoritarios, con una inversión media entre 10.000 y 15.000 Euros. La mayor parte de las acciones están en manos del equipo gestor (62%) y otro 15% en gestoras de fondos.

Así que la caída de Gowex afecta a la friolera de 5.200 personas, que es menos de lo que cabe en una esquina del estadio Santiago Bernabéu. Y, sin embargo, hete aquí a toda la selva mediática del país hablándonos durante varios días del tema, y lo que te rondaré.

Para mí, ese es el gran misterio que rodea al caso Gowex. ¿Por qué el impacto mediático?

Algún dato más. Gowex se dedicaba, principalmente, a la instalación y explotación de redes WiFi en lugares públicos, típicamente la plaza mayor del pueblo, incluyendo transportes colectivos.

Gowex cotizaba en un mercado bursátil de empresas de alto riesgo (el llamado Mercado Alternativo Bursátil), pensado precisamente con el objetivo de facilitar financiación a este tipo de empresas que no podrían cumplir los más exigentes requisitos del mercado continuo. Cualquier inversor que se meta en el MAB sabe que está jugando con fuego, y de ahí las (relativamente) bajas cantidades invertidas en promedio.

Es más, cabe esperar del inversor medio del MAB que sea un inversor más preparado que el normal. Dicho esto, estoy seguro de que los analistas de prestigio, y desde luego aquellos que usan Value Investing, saben de la importancia del equipo directivo de cara a una decisión de inversión. Es más, algunos expertos dicen que es lo único importante.

Pues bien, una somera investigación sobre el perfil del CEO, un tal Jenaro García, hubiera puesto a cualquier potencial inversor en guardia. Al menos, eso es lo que parece de los datos que revela el informe de Gotham, el grupo de analistas que ha desvelado el escándalo. De hecho, parecería que estuviéramos ante el mismísimo Lobo de Wall Street en versión española.

Vaya por delante que esto siempre es muy fácil decirlo después de descubierto el escándalo, y si no que se lo digan a los de Ernst & Young, que ni cortos ni perezosos le dieron el premio al Emprendedor del año 2011.

Lo cierto es que el señor García debe de ser un vendeburras de cuidado, y tenía engañados a un montón de inversores y a un montón de empleados. Y ya está. Eso es lo que hacen los timadores, si es que lo era, que a lo mejor todo el montaje lo hizo con la mejor intención (y no estoy siendo irónico).

Pero volvamos al misterio del caso Gowex. ¿Cuánto dinero habrá estafado el señor García con este montaje? No encuentro cifras. ¿Serán comparables a las de los ERE de Andalucía? ¿O a las de la familia Pujol en Cataluña? ¿O a las de Urdangarín? ¿Quizá son del orden de las del caso Bárcenas? No sé.

Solo sé que los supuestos estafados sabían que se metían en un negocio muy arriesgado y que, con independencia de las mentiras, sabían que podían perder toda su inversión. Así que el escándalo no pasa de ser el de una PYME quebrada, como tantas otras, solo que adornado por un tipo con mucha cara dura.

¿Y esto justifica el impacto mediático? En mi opinión, esta situación tan amplificada tiene víctimas colaterales:

  1. El emprendedor, que queda demonizado, como ese sujeto que quiere hacer pasta a toda costa
  2. El MAB, que aparece ante la opinión pública como un campo de minas incluso para el inversor experto
  3. Las pequeñas empresas en busca de financiación, que ven cómo se les cierra una vía atractiva de obtención
  4. La libertad, pues no tardará el gobierno en utilizar el escándalo como disculpa para imponer regulación en beneficio del ciudadano (pese a que, irónicamente, es el regulador quien vela para evitar que estos engaños ocurran, con la diligencia habitual del sector público, claro)

Así que sí hay ganadores de la amplificación de la noticia: la gran empresa, que verá debilitada la posible competencia proveniente de nuevos emprendedores. Anda… pero si los mass media son grandes empresas que ven amenazados sus negocios por los emprendedores en Internet. ¿Será esta la solución al misterio del caso Gowex?

Usos e imposturas

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Cualesquiera que sean las circunstancias de su ejercicio dentro de una sociedad dada, la función de juzgar cabalmente constituye una de las actividades más díficiles y complicadas que un ser humano pueda emprender.

Se exige, en primer lugar, acotar los hechos que tengan relevancia jurídica teniendo en cuenta que las propias normas jurídicas en las que finalmente habrá de subsumirse el caso influirán en su interpretación. Se produce en la práctica una inescindibilidad entre el hecho y su típicación en el precepto concreto. Con ese objetivo en mente, debe acometerse una investigación previa o una preparación de pruebas por las partes interesadas que conformarán la fase previa al juicio definitivo.

En segundo término se requiere la práctica de una serie de pruebas de forma contradictoria ante un juez –o jueces- que valore jurídicamente los hechos que considere probados y les atribuya unas consecuencias determinadas. Estás últimas varían, según los órdenes jurisdiccionales, pero singularmente en el orden penal, los estados han reservado para sus tribunales, previa acusación pública o privada, la potestad de privar de libertad a los individuos condenados como responsables de delitos que se consideran menos graves y graves. En buena lógica parece que de la grave responsabilidad asumida por un juez penal se derivaría la necesidad de extremar el cuidado en su selección, de suerte que solo lleguen a desempeñar un cargo de ese tipo personas dotadas de contrastable ecuanimidad y metódico conocimiento del Derecho.

Viene al caso esta disgresión a propósito del último ejemplo de la larga lista de decisiones chocantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: Me refiero naturalmente a la Sentencia profundamente injusta que absuelve a diecinueve acusados de varios delitos con motivo del asedio al Parlamento de Cataluña el 14 de junio de 2011 y tan solo condena a uno por una falta de daños.

Llama la atención desde el principio de la sentencia, respaldada por el voto de dos magistrados de la Sala, la reiteración del término "conflicto" para referirse a unos incidentes violentos protagonizados por numerosos asistentes a una manifestación que, en principio, no debería degenerar en un tumulto dirigido contra los parlamentarios y el gobierno autónomo catalán, si no hubiera, como señala el voto particular discrepante, un pactum scaeleris, es decir, un acuerdo por el que varias personas convienen la realización de una actividad criminal, que suele suponer la condena de los partícipes como coautores del hecho o hechos ilícitos realizados.

La instrucción judicial fue atraída en un estadio preliminar a la competencia de la Audiencia Nacional [Art. 65.1º a) LOPJ] al calificarse muy pronto los hechos como un delito de coacciones especiales contra los miembros de una Asamblea legislativa autónomica dirigidas a impedir su asistencia o coartar la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto (Art. 498 C.P) en una sesión donde se iban a debatir y votar determinados medidas presupuestarias que disgustaban a los organizadores de la manifestación, en concurso ideal con otro delito de atentado agravado (Art. 550 y 551.2 CP).

La propia dilación del procedimiento –el juicio no se celebró hasta tres años después- da una idea de las dificultades que la instrucción debió atravesar. En cualquier caso, los pseudoargumentos jurídicos fundamentales para justificar la actuación de los manifestantes violentos se contestaría con una sola línea: El derecho a la manifestación protegido constitucionalmente (Art. 21.1) requiere el cumplimiento de dos condiciones: que sea pacífica y sin armas, en la medida que éstas constituyen un indicio de intimidación o coacción frente a otras personas.

Mas, lejos de ello, los magistrados Ramón Sáez Valcárcel (ponente) y Manuela Fernández Prado descienden en un camino de ampulosa retórica y citas inconsistentes de las doctrinas del Tribunal Constitucional español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (¿es un guiño a alguien citar las sentencias de los casos Castells y Otegui contra España en las que se invocó la libertad de expresión, cuando hay otras más representativas?) e incluso el Tribunal Supremo norteamericano. Básicamente estos ilustres magistrados pretenden colar la especie de que la justificación de los "excesos" en el ejercicio de la libertad de expresión frente a otros derechos resulta equiparable a los de una manifestación violenta.

Pero van más allá: aluden a una dramática falta de acceso de estos manifestantes (a los que atribuyen la representación de los sectores más débiles de la sociedad) a los medios de comunicación, pues éstos estarían en manos privadas o de titularidad estatal, pero gestionados con criterios partidistas, como presupuesto que vendrá a justificar excesos de su parte. Y como claúsula de blindaje, se sirven de una singular apología de los piquetes para trasladar la responsabilidad de lo acontecido a las autoridades competentes por no establecer un perímetro "para hacer compatible, de un lado, la acción de los piquetes, que se erigían en portavoces de un sector de la sociedad, de los representados, que buscaban confrontarse físicamente y dialogar con los representantes parlamentarios, trasladándoles el malestar y las consecuencias de los presupuestos que se iban a votar aquella jornada, con, de otro lado, la libertad de los diputados de acceder a la asamblea para ejercer sus funciones". Una cosa es la probable incompetencia de las autoridades en la ordenación de las protestas en espacios públicos y otra muy distinta basar en ella la irresponsabilidad de quienes participan en esas manifestaciones.

Frente a un tribunal politizado en el sentido apetecido por las defensas de los acusados caben todas las sospechas de que no reúne las condiciones necesarias para desempeñar la función de juzgar. A la espera de una sentencia del Tribunal Supremo que resuelva los recursos de casación anunciados, si se observa el voto discrepante, emitido a modo de sentencia alternativa con distintos hechos probados y fundamentos de derecho por el tercero de los magistrados, las sospechas pasan a ser indicios de la impostura de la mayoría.

El honor de la burguesía

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La economista Deirdre McCloskey está a punto de publicar el tercer volumen de su saga en la que estudia el origen del enriquecimiento de la revolución industrial. Gracias a ese fenómeno, muchos pobres salieron de una situación de miseria y se consolidó la burguesía en Europa. Los argumentos de McCloskey se salen de lo habitual y se centran en el cambio en la percepción del lucro y el beneficio. Mirando a nuestro alrededor se diría que estamos regresando a la era preindustrial.

Hay un universo más allá de los números

La genialidad de la economista americana es que se sale de todas las convenciones a la hora de encontrar las razones que explican los datos de crecimiento de los siglos XVIII y XIX. Tras el éxito de sus dos primeros volúmenes, Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World (2010) y  Bourgeois Virtues: Ethics for An Age of Commerce (2006), ambos publicados por la Universidad de Chicago, McCloskey se atreve con un tercer volumen que está por salir, en el que persiste en su intento por sacar las tripas del fenómeno económico más relevante desde la llamada Revolución Neolítica, cuando el hombre aprende a "domesticar" las especies vegetales y aparece la agricultura.

Cuando se observa el llamado "palo de hockey", es decir, el gráfico que representa la renta per cápita media desde la Edad Media hasta nuestros días, y que se llama así porque tras una larguísima etapa con una evolución prácticamente plana, se dispara a partir de 1820 en un crecimiento exponencial, lo que le hace parecer un palo de hockey tumbado, no puede uno sino preguntarse qué pasó para que sucediera ese fenomenal cambio.

Los economistas han tratado de ofrecer todo tipo de respuestas: desde el institucionalismo de Douglass North que hace recaer el peso en el desarrollo de instituciones que reforzaron los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, pasando por el carácter individualista británico, o el imperio de la ley, han sido las más relevantes, además de la revolución agrícola o el avance de la tecnología. Pero para Deirdre McCloskey la diferencia entre el antes y el después es que mientras que hasta el siglo XVII el comercio era algo feo, deshonesto, a diferencia de otras actividades "nobles" como la guerra, a partir de ese siglo, la percepción de la búsqueda del lucro cambia por completo. Quienes antes eran mal vistos se convierten en ciudadanos tan honorables como los demás. Dice Donald Boudreaux en el magnífico artículo que escribe entorno a las ideas de McCloskey, que considerar deshonesto el comercio y la búsqueda del beneficio, actuaba como un impuesto, no aplicado por el Estado, sino por la sociedad y de manera espontánea. Así que no era rentable ganarse la vida de forma poco digna si podías evitarlo. Y si no podías, era carísimo limpiar tu nombre para que, al menos, tus hijos tuvieran más oportunidades que tú.

La dignidad económica de nuestros días

Hoy en día, ese impuesto ya no recae sobre cualquier actividad comercial. Depende de tu patrimonio previo. Una persona con recursos limitados está "autorizado" por la sociedad a buscar su beneficio económico sin que le demonice nadie. Pero si esa persona tiene un patrimonio elevado, ese mismo interés está condenado al insulto y el vilipendio. Como si la virtud se definiera de manera distinta según el sujeto a estudio y la bondad, la maldad, el egoísmo o la prudencia no fueran lo mismo para mí que para usted.

Por la misma razón un especulador está marcado por el mal siempre que la economía vaya mal. Pero si estamos cambiando de tendencia y la misma persona se decide a hacer lo mismo: invertir legalmente a través de alguna de las figuras existentes en el mercado financiero internacional, el demonio se torna ángel y el vil especulador pasa a ser un amable e interesante inversor.

Pero hay un caso aún más sorprendente en nuestros días: el caso de los políticos. Cuando una persona tiene representación parlamentaria y juega al juego político es un miembro de la casta, pero si yo, por ejemplo, que suelo ser muy crítica con el mundo de la política, sus tejemanejes, etc., decido participar en la vida política y presentarme a las elecciones, utilizando todas las manipulaciones del lenguaje, de los datos y las técnicas de comunicación de la política, entonces soy un regeneracionista que va a salvar a España, a Europa y al mundo de la casta política… estoy por encima de la casta y, por tanto, el que elaboro los juicios morales acerca de lo que hacen los demás: los especuladores son malos, el lucro es indigno… Y así, tal vez volvamos al momento económico preindustrial muy digno para algunos pero muy pobre para la sufrida clase media. Y lo haremos porque PODEMOS.

No es la economía, estúpido

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Resulta de sobra conocido que uno de los eslóganes que fueron claves para que Bill Clinton venciera a George H. W. Bush en las presidenciales de Estados Unidos de 1992 fue: "La economía, estúpido". La frase se fue popularizando cada vez más y mayoritariamente es recordada en su variante "es la economía, estúpido". Ese mismo eslogan parece haber sido adoptado, incluso desde hace años antes de que la utilizara el cuadragésimo segundo presidente de EEUU, por numerosos liberales. Por no decir por la mayoría. 

Otros, que también nos metemos con frecuencia en jardines económicos, compartimos sin embargo la crítica que nos ha hecho Alejandro Chafuen, una de las grandes voces del liberalismo internacional, en una reciente entrevista: "Los liberales se han equivocado en reducir todo a la economía". Efectivamente, hay una gran cantidad de cuestiones en las que el Estado se inmiscuye en la vida de las personas, cuando no ataca de forma directa y descarada su libertad individual, y de las que no solemos hablar, o lo hacemos sólo de pasada, incluso cuando son asuntos que nos preocupan.

Se trata de temas que preocupan o interesan a una gran cantidad de personas y en las que los liberales no nos solemos poner en primera línea a la hora de enfrentar los abusos del poder político. De esta manera, dejamos la iniciativa a otros sectores ideológicos que, muchas veces por mero interés estratégico coyuntural, se apropian de esas causas y alejan de las ideas generales de la libertad a personas que están interesadas en ellas. Y esto pasa tanto con las distintas variantes de la izquierda como con conservadores y democristianos.

Los ejemplos son múltiples. Los medios de comunicación públicos son poderosos medios de propaganda en manos del Gobierno (central o autonómico de turno), y la denuncia de ello suele venir normalmente de quienes no lo controlan, mientras que debería ser siempre denunciado (así como puesta en duda la legitimidad de su existencia). La educación se utiliza para el adoctrinamiento en unos denominados "valores", da igual cuales sean, que coinciden con los del poder político o el de los lobbies del propio sistema educativo… Y ejemplos en este sentido hay de sobra.

Pero existen otros "frentes" todavía más abandonados. La reclamación de la igualdad ante la ley de las parejas con independencia de si son homosexuales o heterosexuales, se llamen matrimonio o de otra manera, fue una causa en la que los liberales estuvimos ausentes. Y lo mismo debe decirse en la reclamación de que no exista discriminación a la hora de poder adoptar. Incluso se debería defender que unos padres puedan marcar qué tipos de personas podrían adoptar a sus hijos en el caso de que ellos fallezcan.

Los liberales deberíamos reclamar que ninguna moral particular, sea religiosa o de otro tipo ("progresista", tradicional, feminista o cualquier otra), se imponga por medio de la legislación en cualquier aspecto de la vida y del comportamiento individual, ya sea en solitario o en relaciones con otras personas. Se podría decir que habría que aplicar que "es pecado pero no es delito" (aunque "pecado" sea un concepto religioso, por extensión lo aplicaremos a cualquier sistema de valores).

Así, los liberales deberíamos defender la legalidad de cualquier tipo de relación sexual consentida entre adultos, medie intercambio comercial en ella o no (cosas muy distintas son la violación o la trata de blancas). De igual manera, deberíamos oponernos a que se estigmatice desde el poder o sus terminales mediáticas o educativas a quienes optan por el celibato, sea por razones religiosas u otras. Lo mismo debería aplicarse al consumo no forzado de estupefacientes, aunque sólo sea por uso terapéutico. Además de sus efectos positivos de reducción de la delincuencia vinculada a la comercialización y el uso de drogas, es una cuestión de respetar la libre voluntad de cada persona.

La lista de cuestiones en las que los liberales podríamos implicarnos en mayor medida es todavía más larga. Deberíamos estar en primera fila contra los abusos policiales, el trato denigrante que reciben muchos extranjeros en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (en ocasiones verdaderas cárceles sin juicio para personas que no han cometido delito alguno); el abuso de poder, malos tratos incluidos, por parte de determinados miembros de los distintos cuerpos policiales; el control estatal del uso de internet de los ciudadanos (nuestros datos de navegación, en España, quedan almacenados durante medio año por si las fuerzas de seguridad quieren comprobarlos, teóricamente bajo orden judicial) o las escuchas ilegales de conversaciones telefónicas.

Todas esas son causas en las que dar la batalla por la libertad, que cuentan además con la ventaja de interesar a mucha gente que ahora no se acerca al liberalismo por pensar que tan sólo se preocupa de la economía. Esta última es una materia demasiado compleja como para resultar un punto de enganche efectivo para gran cantidad de personas. Sin embargo, si se les convence de que la libertad es positiva en todos los demás aspectos de la vida, llegarán incluso a aceptarla en la economía. Y, aunque no fuera así, son cuestiones en las que deberíamos ser muy activos.

Tal vez sería sano que cada uno de los liberales nos miráramos a nosotros mismos y nos dijéramos: "no es la economía, estúpido. O, al menos, no lo es todo".

El miedo a la libertad (III)

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El proceso de evolución institucional en los países se desarrolla cuando prevalecen las ideas y las acciones de los líderes inclusivos e integradores que, apoyados por ciudadanos con valores y/o por líderes con similares inquietudes, impulsan las instituciones morales responsables del arraigo de una sociedad civilizada, abierta y libre; con respeto por los derechos individuales y por el orden de mercado, constituido por los miles de millones de interacciones e intercambios entre las personas que habitan una nación.

Por el contrario, de acuerdo con la nueva teoría de la evolución institucional, el proceso de involución institucional en los países se produce cuando se impone coactivamente una jaula de hierro, en donde prevalecen la propaganda y el mal uso de los recursos públicos, por parte de oligarquías extractivas y destructivas, que buscan sus propios intereses particulares de dinero y poder; atropellando los derechos civiles de los ciudadanos y, en consecuencia, el orden de mercado.

Sin embargo, las reflexiones anteriores deben ser completadas con el estudio de los factores psicológicos en el proceso de evolución (o involución) sociocultural, porque permiten entender cómo los hombres actúan y modifican su comportamiento en el uso de su libertad de elegir, cuando no existe una protección eficiente del Estado de Derecho frente a la coacción y/o la violencia, ideológica e institucional, de grupos organizados.

Miedo a la Libertad

Analizamos en Miedo a la Libertad I cómo se pueden observar tres mecanismos psicológicos de evasión de la responsabilidad individual que explican el apoyo de parte de la población a oligarquías extractivas y destructivas que, valiéndose de la democracia, atentan contra los derechos individuales y el ordenamiento constitucional del país:

1. Autoritarismo (o colectivismo).

2. Destructividad (o nihilismo).

3. Conformidad Automática (o conformismo).  

También comentamos en Miedo a la Libertad II el origen platónico y hegeliano de las ideologías colectivistas como, entre otras, el comunismo, el nacional-socialismo o el nacional-separatismo y el peligro que suponen para las democracias multipartidistas y para el arraigo de una verdadera sociedad abierta.

El idealismo platónico y la utopía hegeliana conducen hacia sociedades más estatistas y cerradas, tribales o colectivistas, en donde los derechos civiles son intervenidos por el poder político, el orden de mercado es «dirigido», constreñido o suprimido, por la casta política, y la libertad es «guiada» con mandatos coactivos y/o con violencia, hacia los intereses particulares de las oligarquías extractivas y destructivas que controlan un territorio. 

Los mecanismos psicológicos, arriba mencionados, explican las razones por las cuales las personas rehúyen su propia responsabilidad individual en situaciones de grave crisis económica y, sumergidos en entornos de coacción y/o violencia, se echan en brazos de la utopía que vende una casta política formada por oligarquías extractivas y destructivas, en lugar de escuchar a líderes inclusivos que marcan el camino hacia la sociedad civilizada, abierta y libre.

La sociedad se pone a prueba siempre que existe presión grupal, ideológica e institucional, desde grupos organizados que emplean la coacción y/o la violencia para imponer sus ideas sobre el resto de la población. Especialmente, la sociedad sufre en mayor medida el acoso de la coacción organizada, cuando el Estado deja de defender la Ley en algunos pueblos, ciudades y regiones. Sólo las personas con mayor entereza moral tienen valor para enfrentarse a un entorno hostil frente a la permanente coerción de los grupos organizados.

De hecho, una mayoría de personas sometidas a la coerción de un grupo numeroso, si pueden, optan por ponerse de perfil y callan para seguir con su vida habitual. Algunos pocos, aquellos con una moral relativista o, simplemente, sin moral, apoyan la "nueva" situación institucional para intentar medrar a rebufo de las oligarquías que ejercen el poder político sobre el territorio.

Eric Fromm en su obra Miedo a la Libertad, realizó un análisis de la psicología del nacional-socialismo y observó como la población de una democracia como la Alemania de los años 30 en el siglo XX apoyó y quedó supeditada a las tendencias psicológicas sadomasoquistas, de anhelo de poder de dominación y de sumisión a un poder exterior omnipotente como la "raza", el "pueblo", la "lengua", la "cultura" o la "nación", superiores a otras supuestamente más débiles:

Los que no llegaron a ser miembros de la organización partidaria nazi, obtuvieron los empleos quitados a los judíos y a los enemigos políticos; y en cuanto al resto, si bien no consiguió más «pan». Ciertamente logró más «circo». La satisfacción emocional derivada de estos espectáculos sádicos y de una ideología que le otorgaba un sentimiento de superioridad sobre todo el resto de la humanidad, era suficiente para compensar –durante un tiempo por lo menos – el hecho de que sus vidas hubiesen sido cultural y económicamente empobrecidas. (Fromm, E.: 2008 [1941], p. 214).

La "revolución" de Hitler, y a ese respecto también la de Mussolini, se llevaron a cabo bajo la protección de las autoridades existentes, y sus objetivos favoritos fueron los que no estaban en condiciones de defenderse. (Fromm, E.: 2008 [1941], p. 224).

Es importante rescatar el análisis de los mecanismos psicológicos individuales que promueven y desatan las ideologías colectivistas porque, hoy en día, no deja de sorprender cómo se siguen produciendo involuciones institucionales y cómo, ahora mismo, está ocurriendo un desafío institucional en la España de las autonomías, ante la inacción de las autoridades del Gobierno.

De hecho, existe similitud entre la psicología nacional-socialista y la ideología nacional-separatista en Cataluña, Galicia y el País Vasco, que emplean las oligarquías extractivas y destructivas para captar apoyos y perseguir sus propios intereses particulares de dinero y poder absolutos sobre un territorio.

Hay que recordar como, en su obra Camino de Servidumbre, Friedrich A. Hayek señalaba como también las personas más preparadas intelectualmente sucumben ante un aparato mediático omnipresente y ante el empleo del presupuesto público del Estado al servicio de las oligarquías extractivas y destructivas:

Ni las personas más inteligentes e independientes pueden escapar por entero a aquella influencia si quedan por mucho tiempo aisladas de todas las demás fuentes informativas… Todo el aparato [colectivista] para difundir conocimientos: las escuelas y la prensa, la radio y el cine, se usarán exclusivamente para propagar aquellas opiniones que, verdaderas o falsas, refuercen la creencia en la rectitud de las decisiones tomadas por la autoridad; se prohibirá toda la información que pueda engendrar dudas o vacilaciones.

Oligarquías secesionistas

En comentarios previos, hemos analizado como las oligarquías destructivas buscan movilizar los mecanismos psicológicos más primarios, latentes en las personas, para recabar apoyo social, conseguir el poder político y, desde allí, emplear los recursos públicos para intentar cambiar las instituciones por medio de la legislación positiva, los subsidios y ayudas públicas a las organizaciones afines (partidos, sindicatos, patronales, asociaciones, fundaciones…), y la propaganda en los medios de comunicación (periódicos, radios, televisiones…) que promueven su ingeniería social.

Los dirigentes secesionistas son un caso concreto de oligarquías destructivas que pretenden romper el ordenamiento jurídico para crear un Estado "ex Novo" ([1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]), hecho a la medida de sus ambiciones personales, intentando maximizar sus intereses particulares de dinero y poder absolutos, y buscando obtener impunidad judicial para sus delitos.

Tan sólo hay que buscar las noticias relacionadas con la corrupción, para darse cuenta de que muchos dirigentes del movimiento secesionista tienen intereses particulares, que les llevan a intentar gestionar las decisiones judiciales en Cataluña ([11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]).

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Los taxistas no podrán conseguir que se elimine el Sol

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Contaba el genial economista francés, Frédéric Bastiat, en su sátira Petición de los fabricantes de velas como éstos y demás integrantes del sector de la iluminación solicitan a la Cámara de Diputados de la Monarquía que proteja su negocio de una terrible potencia extranjera que ejerce una competencia desleal y feroz sobre ellos. Éste no era otro que el Sol.

Sátiras aparte, similitudes no faltan con el caso de Uber y los taxistas. El gremio de taxistas ha arremetido contra el servicio norteamericano y ha exigido su prohibición con argumentos falaces, como que supone competencia desleal o que es inseguro para los usuarios.

Empecemos por la primera falacia, que supone pensar que el servicio de transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica solamente puede/debe ser ofrecido por taxis tradicionales. El sector lleva décadas monopolizado por los taxis tradicionales, todo ello gracias al favor de los gobiernos, que lo han blindado frente a la competencia.

Esto representa un perjuicio para los usuarios porque en un mercado sin libre competencia la soberanía del consumidor queda mermada debido a que los oferentes de ese servicio no tienen el imprescindible incentivo de servirles cada vez mejor, es decir, de adaptarse a las necesidades del consumidor de forma más eficiente y a menores precios. No tienen la imperiosa necesidad de mejorar su modelo de negocio para aumentar continuamente la calidad de su servicio con el objetivo de diferenciarse de la competencia.

Esto, que pudiera parecer una situación ideal para los monopolistas, en este caso los taxistas, es la semilla de su propia destrucción. ¿Qué ha pasado cuando ha aparecido Uber? Que los taxistas se han encontrado encorsetados, adormecidos y sin ninguna capacidad de reacción y readaptación debido a décadas de privilegios y monopolio. Se han olvidado de que la sociedad no está para adaptarse al taxi, sino que son los taxistas los que deben adaptarse a los cambios en la sociedad.

Un mercado libre es un proceso dinámico en el que difícilmente existe el estancamiento en la oferta y en el servicio, ya que no hay barreras de entrada a nuevos competidores. Y esto es precisamente lo que pretende evitar el sector tradicional del taxi: la existencia de proveedores alternativos. Pero su impotencia no ha hecho más que aumentar las descargas de la aplicación de Uber.

Y es que, aunque parezca lo contrario, hay otras maneras de proveer el servicio de transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica. Una de ellas es Uber, que permite gestionar el servicio de forma completa (reserva, recogida y pago) e incluso en mejores condiciones que el servicio tradicional.

Esgrimir que el servicio de Uber es inseguro para el ciudadano es otra falacia sin sentido en un mercado desregulado y libre. Para empezar, hay que decir que a nadie se le obliga a utilizar Uber. Quien lo hace puede estar perfectamente dispuesto a correr el riesgo de contratar los servicios de un conductor no acreditado y homologado a cambio de un mejor precio y facilidades de gestión y pago. Pero el sistema permite calificar los conductores y los servicios prestados de forma continua, y de esa manera sólo acabarán persistiendo los conductores que tienen el apoyo de los usuarios. Lo más previsible es que los principales conductores de Uber acaben siendo taxistas no dueños de licencia (como ya está pasando), lo cual implicará un aumento de licencias de facto. De la misma manera, hay que decir que la existencia de Uber no va a hacer que todo usuario lo elija como opción, ya que habrá multitud de consumidores que escogerán el taxi tradicional.

Como siempre, la mejor solución es dejar a los procesos de mercado actuar para que progresiva y espontáneamente se vayan seleccionando de forma no intencionada las mejores formas de ofrecer un servicio. Siempre es más beneficioso y realizable que pedir, como en la sátira de Bastiat, que se elimine el Sol.

@jmorillobentue

Anarcocapitalismo, minarquismo y evolucionismo

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 9 comentarios en Anarcocapitalismo, minarquismo y evolucionismo

Dentro del liberalismo existen a grandes rasgos tres escuelas o corrientes fundamentales de filosofía política: anarcocapitalismo, minarquismo y evolucionismo. Cada una defiende la libertad desde posiciones diferentes, en parte contradictorias pero también complementarias, con imperfecciones y limitaciones.

El anarcocapitalismo (anarquismo liberal, individualista, de mercado) se opone al Estado como institucionalización y monopolio de la coacción sistemática y defiende un orden social basado en el derecho de propiedad y el principio de no agresión: la seguridad y la resolución de conflictos pueden conseguirse mediante mecanismos de mercado libre a través de contratos con agencias privadas en competencia, sin exclusividad ni privilegios.

El anarcocapitalismo propone una justificación o fundamentación ética de las normas sociales de inspiración iusnaturalista o consecuencialista (o una combinación de ambas): las leyes legítimas aplicables a los individuos son universales, simétricas y funcionales. La única norma con estas características es el derecho de propiedad o principio de no agresión: la propiedad o dominio legítimo sobre los bienes se consigue mediante ocupación original (primer uso, colonización) e intercambios voluntarios; la fuerza contra otras personas sólo puede utilizarse para defenderse, para restablecer la justicia ante algún delito o crimen; las obligaciones y los derechos positivos sólo surgen mediante contratos libremente aceptados por las partes involucradas. Una sociedad libre es la que resuelve sus problemas sin iniciar la violencia y sin robos, mediante intercambios puntuales y acuerdos voluntarios.

El anarcocapitalista considera que el Estado, ineficiente, abusivo o corrupto en el uso del poder, no defiende la libertad y la propiedad sino que las viola sistemáticamente y es su peor enemigo: la legislación suele ser liberticida, los impuestos son robos y las guerras son matanzas injustificadas. A partir de los principios fundamentales argumenta cómo puede existir en la práctica la sociedad sin Estado, recuerda que no ha habido ningún contrato con cada individuo que legitime su sometimiento al poder estatal, y que los servicios o bienes públicos recibidos no justifican la obligación del pago de impuestos.

Los principales problemas del anarcocapitalismo son considerar la seguridad un bien económico como cualquier otro y obviar que existen ciertos bienes y servicios, como los espacios comunes y la defensa, que los grupos humanos suelen poseer, proporcionar y disfrutar de forma conjunta, lo cual puede implicar la necesidad de un gobierno centralizado. Además algunas normas que se perciben socialmente como legítimas no se aceptan explícitamente a nivel individual mediante contratos sino que surgen evolutivamente y se concretan en tradiciones y costumbres sociales: que un individuo no acepte una norma no implica automáticamente que esta sea ilegítima, y tal vez el grupo está justificado a obligar o expulsar a quienes la incumplen.

El minarquismo defiende un Estado limitado o mínimo necesario para las funciones de seguridad y vigilancia (defensa nacional frente al exterior, orden público interno) y para la provisión o gestión de otros bienes públicos (especialmente legislación, justicia, policía, relaciones diplomáticas, infraestructuras públicas): sin este gobierno mínimo imprescindible para la organización colectiva estable cualquier grupo humano dejará de existir como unidad autónoma, bien por desintegración por desórdenes internos (conflictos no resueltos por subjetividad, parcialidad o poder coercitivo insuficiente, guerra de todos contra todos) o por invasión y conquista desde fuera. El minarquista suele preferir jurisdicciones o unidades de administración pequeñas por su mayor eficiencia y por la facilidad de los individuos de cambiar de una a otra (voto con los pies).

El Estado es necesario para evitar y resolver conflictos internos y para actuar coherentemente como una unidad frente al exterior: pero como concentración del poder es una entidad peligrosa, tanto para sus propios ciudadanos como para los no miembros. El minarquismo intenta legitimarlo y limitarlo mediante algún acuerdo constitucional con normas que permitan dividir y restringir su poder (separaciones, contrapesos): sin embargo históricamente las limitaciones constitucionales han resultado ser poco efectivas ya que son endógenas (el Estado se vigila o supervisa a sí mismo).

El minarquismo tiene diversos problemas: no especifica cuál debe ser la extensión de cada Estado, qué individuos y territorios debe incluir o excluir y por qué; si se permite la secesión no está claro hasta qué nivel puede ejercerse; si la defensa ante agresiones externas es un problema grave, las unidades políticas pequeñas pueden ser ineficientes y tal vez tiendan a agregarse en unidades mayores (de ciudades a naciones e imperios); si la secesión no se permite, el minarquismo parece consistir en coaccionar al prójimo para participar en la defensa común contra potenciales enemigos más lejanos. Gran parte de la producción de leyes y su administración judicial es privatizable: no todas las normas tienen por qué ser iguales para todo el mundo, y las pactadas mediante contratos privados pueden utilizar mecanismos competitivos alternativos de vigilancia y arbitraje.

El problema esencial del anarcocapitalismo y del minarquismo es cómo definir o entender al Estado: si como un agresor ilegítimo o como la organización del gobierno o estructura de control de un grupo; si como un opresor unilateral privilegiado o como el resultado de un acuerdo que facilita la cooperación social. Ambas interpretaciones son posibles, y normalmente la realidad es compleja y contiene elementos de las dos (no necesariamente en la misma medida). El Estado es el monopolio de la fuerza y de la jurisdicción sobre un territorio y unos súbditos o ciudadanos: pero esto no es ilegítimo si las personas involucradas lo han pactado libremente así; normalmente no todos los individuos lo han aceptado voluntariamente, algunos porque no quieren participar de ese Estado, otros porque quieren un Estado diferente (más o menos liberal o intervencionista).

El evolucionismo aplicado a la filosofía política enfatiza la importancia de los órdenes espontáneos en los sistemas complejos adaptativos: pretende describir científicamente y explicar cómo funciona la sociedad en lugar de legitimar o justificar filosóficamente cómo debe hacerlo; advierte contra el racionalismo constructivista, contra la planificación coactiva centralizada, contra la ingeniería social; recuerda que la realidad es muy compleja, que el conocimiento humano es limitado y disperso, y que las cosas probablemente existen porque funcionan relativamente bien aunque no se entienda cómo o por qué. Las normas sociales no se producen mediante razonamientos reflexivos abstractos utilizando axiomas irrefutables y lógica deductiva, sino por evolución mediante generación de alternativas, rechazo de lo fracasado y retención de lo exitoso (prueba y error): los grupos mejor organizados tienden a desplazar a los peor organizados.

El evolucionismo es correcto pero incompleto: las normas son propuestas y aceptadas o rechazadas por los individuos según sus preferencias o intereses (dando mucha importancia a la reacción de los demás, al qué dirán, a la reputación o prestigio); las personas argumentan las leyes utilizando diferentes criterios de legitimidad o justicia; algunos grupos humanos pueden prosperar cooperando internamente para parasitar o depredar a otros.

Los liberales pueden incluirse en una de estas corrientes o tomar elementos de todas ellas: esto puede hacerse por motivos puramente intelectuales o por otras razones como querer dar una imagen de sí mismo y señalar la pertenencia a algún grupo (el anarcocapitalista radical, rebelde, contundente, extremista, lógico, consistente, idealista; el minarquista sensato, pragmático, realista; el evolucionista científico, descriptivo). Los problemas surgen de no querer o no poder ver las limitaciones, errores e imperfecciones de cada paradigma.

Ideas sueltas sobre la mentalidad progre

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Algunos consideran incompresible cómo una persona puede llorar la muerte de Alfredo Di Stefano cuando "no compartió con ellos los millones que ganó en vida". Al parecer, para ciertas personas que supuestamente odian el dinero, no existe más intercambio entre dos seres humanos que el del vil metal. No entienden que alguien, simplemente con su trabajo y habilidades, pueda llegar a conmover tanto a ciertas personas como para éstos lloren su muerte.

Supongo que para estas personas haber llorado por la muerte de Velázquez o Quevedo sería igual de absurdo. O quizá no, claro, porque a la estupidez de creer saber por qué deben llorar los demás le suele acompañar la necedad de pensar que hacer maravillas con una pelota no se puede comparar a hacerlas con una pluma o un pincel.

Leo que en una entrevista que Pablo Iglesias ha dicho que es muy fácil acabar con los desahucios: se hace un decreto ley y basta. Por cosas como éstas soy el único de mi círculo cercano que está bastante contento con que este señor tenga tanto éxito mediático (electoral no lo tengo tan claro, en España hay mucha más gente de extrema izquierda de la que ha votado a IU y Podemos). No es que el resto de los políticos no piensen lo mismo; ahí tenemos al PP o PSOE intentando cambiar las cosas a golpe de BOE desde hace décadas. Pero es evidente que con el foco apuntando constantemente a un extremista sin complejos, las cosas son mucho más claras y no hay que andar perdiendo el tiempo discutiendo el sexo de los ángeles.

Porque sí, los desahucios se acaban con un decreto ley, la imposibilidad de conseguir un crédito bancario se soluciona con otro decreto que nos devuelva a la peseta, y le dé a este señor la máquina de imprimir billetes, y la hiperinflación a la que nos condenaríamos no te obliga a más que a implantar un férreo control de precios, que tendrías que acompañar con otro decreto para regular el orden en las kilométricas colas que tendríamos que hacer desde entonces para comprar el pan.

Todo muy sencillo y al alcance del entendimiento de cualquiera. A partir de ahí que la gente apoye lo que quiera.

Me comenta un conocido que en España el neoliberalismo va a acabar con el pueblo. Tirando de memoria le recuerdo ciertos titulares que he leído estas últimas semanas: taxistas protestando contra que particulares puedan llevar pasajeros porque comprar una licencia a precio de oro es, y debería ser, la única manera honrada de dedicarse a ese noble oficio. Hoteleros denunciando el alquiler ilegal de apartamentos vacacionales. Porque alquilar tu casa por quincenas a personas que no provocan problemas y se dejan algo de dinero en el comercio local debería ser un delito. Patronales de autobuses denunciando un pliego público porque favorece a Renfe, el otro medio de transporte terrestre (que casualmente es enteramente público). Al parecer permitir que cualquiera que tenga un autobús, y cumpla una normativa de seguridad, explote rutas regulares sin tener el monopolio vía concesión pública sería la anarquía y el caos. No digamos eso de tender tus propias vías de tren o al menos circular por las públicas…

Evidentemente no conseguí que dejara de considerar a España un paraíso neoliberal, pero al menos me gané el calificativo de demagogo. Lo que a estas alturas ya hasta me enternece.