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Tanto tienes, tanto pagas

Es el nombre de la nueva y demagógica campaña de Oxfam Intermón para alertar, oh, sorpresa, de que el sistema tributario español no va dirigido hacia los que más ganan, sino hacia los que no pueden eludir el pago de impuestos.

Bueno, ellos no lo dicen así. Pero saltándose el rollo populista y el montón de verdades a medias y cosas sacadas de contexto, es lo que se desprende de su mensaje.

Después, demostrando de nuevo la incapacidad del ser humano de sumar 2 + 2 cuando hay ideología e intereses de por medio, proponen gravar con más impuestos a quienes sí pueden eludir el pago. ¿Imposible? Claro, pero mientras tanto seguimos distrayendo al personal sobre la causa de sus calamidades sacudiendo al espantajo de turno.

Pero la campaña sí tiene fines útiles; por ejemplo, yo le veo dos muy obvios: dejar claro que la propuesta de políticas populistas del tercer mundo no es de un tío con coleta, sino que la mayoría de organizaciones existentes llevan martillando con ellas décadas y décadas. Y que la propaganda de estos sectores se basa en que la sociedad acepta como una verdad innegable algo tan inmoral como que el que tiene (gana) más debe pagar más.

Debo de ser una persona bastante rara, pero siempre me han preocupado más estas dos realidades que lo votos que consiguen en las elecciones los partidos de extrema izquierda o derecha. De igual forma que prefiero juzgar a una sociedad por los medios que utiliza para conseguir ciertos fines colectivos pequeños y no por a quién votan.

Por ejemplo, viendo un programa sobre subastas de Estados Unidos, vi a un grupo de personas muy preocupadas por la siniestralidad de los motociclistas en las carreteras locales. Su forma de intentar paliar el problema fue recaudar dinero y vender objetos para comprar señales que advertían de la necesidad de prestar mayor atención a este tipo de vehículos en las intersecciones. La verdad es que a un europeo casi le dan ganas de llorar cuando escucha algo así…

¿Se imagina alguien a alguna organización española haciendo algo semejante? Hasta dudo que la DGT permitiera las señales de marras si no pasas por el aro de ir de la mano con ellos en la iniciativa.

Aquí, como digo, no hacemos esas cosas. En cambio sí tienen bastante éxito las campañas para que otros paguen dinero por cosas que nos parecen bien. Y es que respecto a la inmadurez intelectual sí se cumple el dicho de Intermón y, cuanto más tienes, más pagas. 

España y el atajo de la violencia

De acuerdo con el sociólogo alemán Franz Oppenheimer, sólo existen dos formas de obtener los medios necesarios para satisfacer nuestras necesidades y deseos. La primera es mediante nuestro propio trabajo y el intercambio voluntario con los demás miembros de la sociedad, forma a la que denominó “medios económicos”. La segunda consiste en la apropiación violenta de la riqueza de los demás, a la que por contraste denominó “medios políticos”.

El hecho de denominar “medios políticos” al empleo de la fuerza, a la extracción forzosa de recursos de las demás personas, no es casual. Una de las mayores fuentes de violencia en nuestras sociedades no es otra que su propio gobierno, su clase política. Como bien decía Ludwig von Mises en La Acción Humana, “conviene recordar que la interferencia del gobierno siempre significa acción violenta o la amenaza de dicha acción. Aquéllos que piden más interferencia gubernamental están pidiendo en última instancia más coacción y menos libertad”.

Lo que el liberalismo propone es minimizar el uso de la coacción en la vida en sociedad. Es sobre los pilares de la libertad y el respeto a la propiedad privada sobre los que deben descansar las relaciones humanas. Son, precisamente, los “medios económicos” que describe Oppenheimer, la libre cooperación social en el marco de la división del trabajo y el intercambio voluntario, el ideal que defiende el liberal no sólo desde el punto de vista ético, sino también desde una perspectiva práctica. Libertad y propiedad privada tienden a traducirse en prosperidad. Coacción y violencia, si bien pueden ser una gran tentación a corto plazo, a la larga siempre devienen en conflicto y miseria.

En España, una buena parte de la ciudadanía cada vez clama de manera más clara por una mayor coacción y menos libertad. El resultado electoral de las elecciones europeas es una buena muestra de lo poco que han calado las ideas liberales. El peso del liberalismo es cada vez menor dentro de los grandes partidos, y los pocos partidos minoritarios que han ofrecido una propuesta liberal han salido escaldados de las urnas. Una gran mayoría de la sociedad española está cada vez más lejos de creer que la mejor solución a los problemas sociales y económicos pasa por el camino de la libertad, por respetar la propiedad de los demás y permitir que sean los propios ciudadanos los que se organicen de la mejor manera posible para solucionar dichos problemas de manera pacífica.

Hay que entender que una gran parte de la sociedad española está desesperada por el efecto de la larga depresión económica. No sólo porque el desempleo lleva años superando el 25%, los salarios están por los suelos y muchas familias están sumidas en la pobreza. Lo más desesperante para una buena parte de la población es la percepción de que no se ve luz al final del túnel, de que esto aún va a seguir así mucho tiempo. La gente, aunque escucha que estamos en el inicio de la recuperación, sigue viendo muy lejos un escenario en el que algo tan básico como encontrar un empleo para mantener a su familia no sea misión imposible.

El problema es que la desesperación es el caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos populistas que aboguen por ofrecer a sus votantes soluciones inmediatas por medio de la fuerza. Es en este contexto en el que irrumpe en la escena política española un partido como Podemos. Más de 1,2 millones de ciudadanos han optado por respaldar con su voto a un partido cuyo programa es un completo disparate.

Uno de los problemas del programa de Podemos es que no se puede pagar. El partido dirigido por Pablo Iglesias propone una cantidad de gasto estratosférica. Además del deficitario Estado de Bienestar existente y toda su batería adicional de propuestas de gasto público, el plan estrella de Podemos consiste en el pago de una renta básica para todo el mundo, sea pobre o rico, a cargo de los presupuestos del Estado. Leyendo el programa queda claro cómo se pretende financiar todo este supuesto jardín del edén: impuestos desorbitados y, sobre todo, emisión de moneda por parte del banco central para pagar directamente los gastos del Estado. La hiperinflación, la pobreza y el caos social están garantizados.

Sin embargo, lo más preocupante no es que el programa económico no pueda pagarse, ni las nefastas consecuencias económicas de la propuesta política de Pablo Iglesias. Lo peor es que todo el programa rezuma violencia. Supone el auge de lo que Oppenheimer denominaba los “medios políticos”, es decir, el uso de la fuerza para obtener los bienes y servicios que demandamos. Es, en resumen, toda una negación de la libertad individual y del derecho de propiedad. Expropiaciones de viviendas, de hospitales y de tierras; planificación centralizada y control político directo sobre un sin fin de sectores, como la energía, la alimentación, el transporte, las telecomunicaciones, la sanidad, el sector farmacéutico o el educativo; creación de una banca pública al servicio de la política; fiscalidad confiscatoria e impuestos sobre la riqueza; prohibición de los despidos para las empresas con beneficios y fijación estatal de los salarios. No es una política simplemente equivocada. Es una política destinada a desatar la miseria y a provocar la ruptura de la cooperación social.

El ascenso de partidos como Podemos y otras fuerzas políticas que proponen similares soluciones puede explicarse por la desesperación de mucha gente que no ve salida a la crisis y por repulsa a la actual clase política. De esas entendibles causas, sin embargo, no sigue que el populismo estatista que se abre paso en España vaya a solucionar los problemas. Más bien, los agravaría. La única solución, ética y práctica, pasa por ir hacia un marco institucional basado en la libertad individual, la cooperación social voluntaria y el escrupuloso respeto a la propiedad privada. Ése es el único camino a la prosperidad. El atajo de la violencia que propone Podemos no lleva a otro sitio que a la catástrofe.

España y la norma: ni contigo ni sin ti

A pesar de los fantásticos juristas que ha dado nuestra tierra, las ideas de Derecho, Legislación, normas parece que no han calado en la mente de los españoles. Convencidos, a fuerza de repetirlo delante del espejo, de que somos los más demócratas, los más constitucionalistas, los más estupendos del mundo, a la altura del “estupendismo” de franceses, ingleses y alemanes, un repaso a lo que dice la calle, una vez oídas las reacciones políticas a la inesperada abdicación de Juan Carlos I, puede servirnos de termómetro de cómo somos en realidad.

Respecto a la abdicación

Es muy pronto. Es muy tarde. Es inesperado. Ya se veía venir. Se va porque quiere darse la gran vida. Se va porque está enfermo de gravedad. El príncipe está perfectamente preparado. El príncipe está muy verde. Vaya faena que le ha hecho a Felipe. Felipe lleva rezando para que esto pase desde hace años. No debería gastarse en celebraciones. Parece mentira que no se celebre ni nada.

Hay que seguir la Constitución que establece la sucesión monárquica con normalidad (cita de artículos). Hay que seguir la Constitución que establece la posibilidad de un referéndum para acabar con el anacronismo de la monarquía con normalidad (cita de artículos). Ningún demócrata puede ser republicano. Ningún demócrata puede ser monárquico. La monarquía es una reliquia franquista. La monarquía es el primer paso de la transición democrática. La monarquía es más cara que la república (muestra de datos en Excel). La república es más cara que la monarquía(muestra de datos en Excel). Los monárquicos van a acabar con el progreso en España. Los republicanos van a acabar con el progreso en España. La Iglesia Católica debería pronunciarse, al fin y al cabo es una monarquía católica. La Iglesia Católica no tiene nada que decir, al fin y al cabo España es un estado laico.

Respecto a lo que dicen los partidos políticos

El PSOE es republicano de toda la vida. El PSOE es constitucionalista respetuoso de la monarquía de toda la vida. Artur Más debe ir a la proclamación de Felipe VI porque representa a todos los catalanes. Artur Mas no debe ir a la proclamación de Felipe VI porque representa la opción independentista explícitamente. La izquierda de Podemos, IU, y demás, quieren una guerra civil. La izquierda de Podemos, IU y demás, quieren evitar un conflicto violento en las calles mediante cauces legales. El PP y la derecha le hacen la pelota a la monarquía porque siempre se han llevado bien. El PP y la derecha intentan congraciarse con la monarquía con la que se llevan fatal.

La conclusión: ni contigo ni sin ti

La retahíla de frases contradictorias de ese tipo que se oyen a propios y extraños, gentes con formación o iletrados, en radios, televisiones, corrillos, mesas camillas a la hora del café… no tiene posiblemente fin. Representa el carácter español, que si no sale en las encuestas de mayoría republicana es porque no tenemos un referente glamuroso que podamos despellejar, pero que sea campechano y estirado a un tiempo, como son los miembros de la realeza española (unos más, otros menos). Pero si Felipe González se postulara a sí mismo como presidente de la III República y la lucha fuera de Felipe a Felipe… ya no sé qué pasaría. Creo que nos quedaríamos con el gracejo sevillano frente a la periodista venida a más y su marido.

Y todo esto me lleva a concluir que nos importa un guano el verdadero meollo del asunto. ¿Nos representa el Parlamento? ¿Necesitamos un referéndum porque no tenemos claro que ese PP, ese PSOE y el resto de los elegidos hace apenas dos años expresen nuestra voluntad? ¿Necesitamos elecciones generales cada menos tiempo? ¿Cada dos años? ¿Cada tres meses? ¿Cada día? ¿Si la Constitución es tan importante por qué consentimos que el Tribunal Constitucional esté politizado y funcione tan mal? ¿O a lo mejor no nos importa la Constitución? ¿O sólo cuando truena?

Pues eso, un guano.

Consecuencias no previstas: La Iglesia y el capitalismo

La propiedad, el derecho mercantil, el individualismo… son valores e instituciones que han posibilitado, facilitado y en última instancia favorecido la aparición del capitalismo. Pero ¿cómo aparecieron en nuestra sociedad pasada? Deepak Lal, especialista en desarrollo económico, propone dos momentos en la historia de Occidente o, más bien, de la Cristiandad, que han sido decisivos a este respecto. Dos momentos que no crearon estas instituciones, pero que favorecieron su desarrollo. Ambos recogidos de otros autores, los dos referidos a cambios impuestos por la Iglesia, y los dos también obrados por sendos papas de nombre Gregorio.

El primero de ellos es Gregorio I, el Grande. Nada más ocupar el arzobispado de Canterbury, en 597, San Agustín (no confundir con el de Hipona), le envió un cuestionario al Papa con nueve preguntas. Cinco de ellas se referían a cuestiones familiares. Y su respuesta tuvo consecuencias que han durado hasta la generación de nuestros abuelos e incluso de nuestros padres. En gran parte, esas consecuencias forman parte del modo como vemos la vida.

La cita a Jack Goody en su libro The Development of the Family and Marriage in Europe. En él dice que los usos tradicionales respecto de la familia “permitían e incluso favorecían las prácticas de, en primer lugar, casarse con parientes cercanos. En segundo lugar, casarse con viudas que sean parientes cercanas (probablemente por herencia, del cual el levirato era su forma más extrema). En tercer lugar, la transferencia de niños por medio de la adopción. Y, finalmente, el concubinato, una forma de unión secundaria”. Gregorio prohibió las cuatro prácticas en su respuesta. Una prohibición que, según Goody, no está basada en las Sagradas Escrituras. Tampoco tiene el respaldo del derecho (romano), ni de la moral, es decir, de la costumbre.

“Combinadas con el mandato contra el divorcio, que se retrotrae a las palabras de Cristo en Mateo 19:3-9, todas las prácticas rechazadas tenían un aspecto en común”, nos dice Deepak Lal: “Se referían a las estrategias de la herencia: la herencia de la propiedad familiar, la provisión de un heredero, y el mantenimiento del estatus en una sociedad agrícola muy estratificada”. Unos usos que solucionaban el problema de la herencia. Al prohibirlos, la Iglesia llevó a una situación en la que “un 40 por ciento de las familias quedarán sin ningún heredero varón inmediato”, dice Goody. De esta nueva situación había una clara beneficiaria: la propia Iglesia, que heredaba muchas de las propiedades que, de otro modo, se distribuirían entre otras personas cercanas a las fallecidas, por las antiguas estrategias familiares.

Una consecuencia de este cambio fue que los matrimonios se retrasasen, que los solteros trabajasen fuera del ámbito del hogar, y no dentro, y que con la creación de un nuevo matrimonio se crease un nuevo hogar. Todo ello favoreció el control de la natalidad lo que, a su vez, favoreció que Europa escapase de la trampa maltusiana antes que otras sociedades (Rusia, India, China).

Otra fue que la riqueza que llegó a atesorar la Iglesia fue fenomenal. Despertaba envidias, y su propiedad era el objeto de deseo de señores y reyes. Pero entonces se produjo una segunda revolución, en el derecho detallada por Harold Berman en Law and Revolution. El cambio partió del ámbito religioso y político, que en aquella época (siglo XI) no estaban deslindados.

Gregorio VII, según John Julius Norwich, “a lo largo de su vida se guió por un ideal: la sujeción de toda la Cristiandad, de los emperadores abajo, a la autoridad de la Iglesia de Roma”. Lo hizo con 27 proposiciones que se conocen como Dictatus papae y que, entre otras cosas, decían que todos los Papas heredaban la santidad de Pedro, que sólo él puede nombrar a los príncipes de la Iglesia, que sólo él puede declarar canónico un texto, o que tenía la facultad de deponer a cualquier rey o emperador. De hecho le echó un pulso a Enrique IV, que el titular del Sacro Imperio Romano acabó perdiendo. Gregorio VII declaró nula cualquier obligación de los súbditos hacia Enrique, e incluso amenazó con cualquiera que siguiera manteniendo ese vínculo con él con la excomunión. “Si se hubiera observado por completo” esta prohibición, señala Norwich, “el gobierno de Enrique se desintegraría en consecuencia, y sería incapaz de mantenerse en el trono”. Los príncipes le dieron a Enrique un año y un día para lograr la absolución papal, y amenazaron con elegir otro emperador si no la conseguía.

De forma paralela, Gregorio VII impulsó el desarrollo de una rama del derecho que facilitase la producción y el comercio y que, en consecuencia, enriqueciese aún más a la Iglesia. La institución, que se había puesto por encima del César, podía hacer dos cosas. Por un lado intervenir en la evolución del Derecho, y por otro extender esos cambios a todo el ámbito cubierto por su manto, dado que acababa de asentar su autoridad sobre todos los demás.

Según la tesis de Berman, “la Iglesia-Estado”, que fue el resultado de los cambios impuestos por Gregorio VII, “fijaron el ejemplo para la ciudad-Estado” medieval, “y el derecho canónico fijó el ejemplo para el derecho de las ciudades, y para el derecho comercial”. El derecho comercial, en suma, se desarrolló indirectamente a partir de los cambios impuestos por el Papa a finales del siglo XI. Y ese derecho mercantil, que se desarrolló en los siguientes tres siglos, alumbró la creación de numerosas instituciones propias del capitalismo: de los títulos de crédito a las hipotecas sobre bienes muebles, del derecho concursal a los instrumentos de crédito; de la societas del Derecho Romano a la responsabilidad limitada.

En definitiva, que la historia tiene algo de accidente, y de resultado no previsto de acciones que están encaminadas al provecho propio.

El auge de los extremismos

Las elecciones al Parlamento europeo parecen haber convulsionado la Unión Europea. Mientras que en Francia ganaba la extrema derecha de Marine Le Pen, en Grecia lo hacía la extrema izquierda que representa el Syriza, mientras que los neonazis de Amanecer Dorado quedaban en tercera posición. En otros países, los partidos de ideologías similares han experimentado avances preocupantes, como en Dinamarca, donde ha ganado el Partido Popular Danés, que lo definen como populista y xenófobo, en Finlandia, donde el Partido de los Finlandeses se ha hecho con el tercer puesto, o en Alemania, donde el Partido Nacional Democrático, del que se asegura es heredero del nacionalsocialismo, ha conseguido representación en la eurocámara.

En España, la extrema derecha es francamente testimonial y el extremismo triunfador ha sido el de la izquierda. "Podemos", que dirige y gobierna el televisivo Pablo Iglesias, ha dado la sorpresa a la par que ha contribuido a diluir el habitual bipartidismo que suele dominar la democracia española. Este movimiento, ahora partido, que nació ligado al 15M y a la ascensión del perroflautismo, ha sabido aglutinar los votos de un colectivo que no es muy dado a ejercer este derecho y ha atraído a votantes de otras formaciones como IU y, en cierta medida, a gente ligada al sector más izquierdista del PSOE. "Podemos" se ha quedado a un escaño de IU, que, habiendo triplicado su representación con respecto a las elecciones pasadas, ha quedado con un regusto amargo, pues la izquierda de la izquierda le ha quitado poder cuando se pensaban que su ascenso iba a ser meteórico.

Además, en Europa se ha producido un incremento de los partidos que tienen el euroescepticismo como principal recurso electoral, en especial en Gran Bretaña, o de otros que ideológicamente no tienen mucha coherencia ni cohesión, pero que como en partidos como los antitaurinos o los piratas, se sienten unidos en torno a una causa, incluso esperpéntica como el alemán Die Partei, cuyo proteccionismo está dirigido hacia -y cito literalmente- las tetas grandes. Vamos, que Europa les importa entre poco y nada.

El resultado de este disparate es que el Partido Popular Europeo y los socialistas siguen siendo los principales grupos en el Parlamento, aunque con menos representantes, y estos extremistas tienen muchas posibilidades de alcanzar puestos relevantes del poder europeo. En todo caso, tienen la capacidad de hacerse notar y poner en aprietos a los que hasta ahora han hecho y deshecho a su antojo.

Y con todo esto, ¿qué gana, en qué afecta esta nueva situación al ciudadano europeo? Pues, cuando menos, deberíamos estar preocupados. A priori, los extremistas podrían ser "aislados" por las fuerzas centristas, o mejor dicho, las fuerzas más centristas, pero la política es básicamente práctica y las alianzas pueden surgir en cualquier parte, incluso entre extremos aparentemente opuestos. Puedo recordar la alianza entre nazis y comunistas que originó la Segunda Guerra Mundial cuando ambas dictaduras invadieron Polonia, pero alianzas contra natura existen también ahora, como la que mantiene en el Gobierno extremeño al popular José Antonio Monago, con apoyo de IU, o el acuerdo no escrito que hubo entre Julio Anguita y José María Aznar en los últimos años de gobierno de Felipe González.

Se dice que las políticas de ambos extremos, el izquierdo y el derecho, son populistas y, hasta cierto punto, es una apreciación correcta. En ambos casos, los políticos de este tipo de formaciones se centran mucho en la emoción de un hecho, que consideran abominable o admirable, lo relacionan con uno de sus demonios preferidos, captan generalmente la ira o la rabia del votante y aprovechan que el canal (neuronal) está abierto para colocar su mensaje como el mensaje salvador. Así, la culpa del paro puede ser de las grandes corporaciones y empresas o de los inmigrantes, según sea la izquierda o la derecha la que lo denuncie. Que esto sea así o no es lo mismo, el caso es que ya se ha conseguido captar un voto. Da lo mismo si lo que dicen es un disparate o no, pues como el poder está ligado a las urnas, su mensaje queda legitimado. Ésta ha sido la táctica de Pablo Iglesias en España y de Marine Le Pen en Francia.

El problema no está tanto en estos políticos, sino en los que en principio les podrían plantar cara. Como ya he comentado antes, la política es una cuestión práctica y, en el caso de las democracias, muy cortoplacista, como mucho de cuatro o cinco años, que es el periodo máximo en el que se retiene el poder. Para mantenerse en él, el político medio se mueve al centro político, es decir, cambia su discurso para adaptarse a las "necesidades" del electorado, busca la equidistancia, aparentemente sin desplazarse mucho para no espantar a su electorado menos fiel, pero sí lo suficiente como para poder encontrar aliados. En política el centro se mueve, no es un punto fijo, sino que depende de las circunstancias.

Si el electorado ha votado por opciones extremistas, es posible que al político no le importe desplazarse hacia dicho extremismo, si con eso consigue mantener su cuota de poder. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda son económicamente intervencionistas; puede que en polémicas como la inmigración no estén de acuerdo, pero sí que lo están en la intervención y, por eso, esta nueva situación es muy peligrosa, pues si la UE ya lo es por su propia naturaleza, lo será más si el político socialdemócrata o conservador medio busca su supervivencia.

Ejemplo de ello es lo que ya está ocurriendo en España. Tanto PP como PSOE han salido especialmente malparados en las elecciones al Parlamento europeo. Sin embargo, a diferencia del voto de derecha, que se ha diluido en el abstencionismo, el de la izquierda se ha atomizado entre muchos partidos que van desde la socialdemocracia más centrista de UPyD al extremismo de Podemos. El PSOE, que en la actualidad se encuentra en un intenso proceso de cambio, con Alfredo Pérez Rubalcaba dirigiendo o creyendo dirigir un proceso que concluirá en su sucesor o sucesora, se enfrenta a dos opciones de gobierno de cara a las siguientes elecciones, primero las municipales y autonómicas, y luego las generales. Por una parte, y siguiendo el ejemplo alemán, una coalición con el PP que no sería descabellada, ya que buena parte de los programas de ambos partidos es intercambiable. En términos económicos desde luego, pues ambos han mostrado un intervencionismo similar y, hasta cierto punto, en determinadas políticas mal llamadas sociales. La otra opción es que el PSOE dé un volantazo a la izquierda y opte por una alternativa que resucitaría la política de Frentes Populares del periodo europeo de entreguerras. IU, Podemos y Equo ya han anunciado su intención de formar coalición de cara a las siguientes elecciones.

En ambas posibilidades hay, como mínimo, un partido que busca un centro que no se está quieto, que depende de las circunstancias, algunas veces ni siquiera de las ideologías, sino de lo que sea necesario para hacerse con el poder o conservarlo; y en ambos casos, el que sale perdiendo es el ciudadano, su libertad, su propiedad. Qué no se podría hacer en Europa, donde las políticas tienen efectos mucho más amplios, con este tipo de alianzas.

El desempleo en España: costes y responsabilidades

Aunque los datos del paro y las afiliaciones a la Seguridad Social del mes de mayo han sido bastante buenos, siempre en comparación con otros meses, el desempleo sigue siendo uno de los caballos de batalla de nuestra economía. Las recomendaciones de la Comisión Europea publicadas el mismo día de la abdicación real, así lo atestiguan.

Por eso no está de más ahondar un poco en el ineficiente entramado de incentivos que nuestro mercado de trabajo ofrece y las consecuencias que tiene en la evolución del desempleo en nuestro país. A nadie se le escapa que si una persona puede salir adelante cobrando el seguro de desempleo y trabajando bajo cuerda en mejores condiciones que aceptando un trabajo "oficial", va a mantenerse en la economía sumergida. El coste de esa actitud consiste, por un lado, en el importe del subsidio por desempleo cobrado y, por otro lado, la recaudación que no se cobra por la actividad ilegal. Para eliminar ese comportamiento que financiamos todos los españoles habría que eliminar los incentivos, evitar que saliera rentable, acabando con la economía sumergida y eliminando o reduciendo el subsidio de desempleo. De ambas alternativas, la segunda es mucho más sencilla pero también más impopular. La combinación del cobro por estar parado y el pésimo funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo (organismo financiado por todos para buscar empleo a los parados) cierran el círculo.

Hay un fenómeno dentro del problema del desempleo español que lo hace especialmente preocupante: el paro juvenil. Seguimos entorno al 50% de jóvenes que quieren trabajar y no encuentran dónde. Las causas son varias: por ejemplo, un horrible sistema de enseñanza, con un abandono escolar bastante alto, y un nivel de preparación insuficiente. Y también, un elevado número de jóvenes que abandonaron la escuela atraídos por los altos sueldos en la construcción en plena burbuja inmobiliaria. Una vez pinchada la burbuja, contraído el sector, cerradas las constructoras y muchas empresas de bienes y servicios relacionados, esos jóvenes que dejaron el colegio siendo adolescentes, se encuentran sin cualificación y sin posibilidades. Para ellos se van a dedicar muchos millones de euros españoles y europeos, en forma de Planes de Empleo Juvenil, y van a obtener reducciones, subvenciones y atenciones para evitar que su situación se prolongue. Al fin y al cabo, son la savia de nuestra economía, el futuro de nuestro país ¿cómo no cuidarles y ayudarles?

Pero ¿de quién es la responsabilidad de ese paro? ¿Un contrato de trabajo es como los votos matrimoniales en los que te aseguran ese puesto de trabajo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, hasta que la muerte separe a la empresa y al trabajador? ¿Es responsable un joven de 16 años? ¿Lo suficiente como para decidir si sigue estudiando o se pone a trabajar? El abandono de la educación secundaria superior en la época de la burbuja inmobiliaria explica que la tasa de paro de los jóvenes menos educados creciera casi 30 puntos porcentuales entre el 2007 y el 2010 y se situara en el 49,6%, mientras que aquellos jóvenes con el Instituto terminado sufrieron un paro bastante menor y aquellos con educación universitaria vieron aumentar el desempleo en 20 puntos porcentuales menos. En términos de coste financiero para los españoles que pagamos impuestos, la decisión individual de abandonar sus estudios para ganar dinero, dado que los datos nos llevan a pensar que ese sueldo no fue invertido sino gastado, ya que ahora reclaman una subvención para poder vivir, ha traído consecuencias en términos, no solamente del subsidio que ahora les pagamos, también en planes de formación, planes de empleo juvenil, ayudas a empresas que contraten a estos jóvenes, etc. Alguien debería hacer esos números y calcular el coste de las decisiones en el bolsillo de todos. Porque ser mayor para decidir implica asumir el coste de tus decisiones.

Precisamente, el efecto más negativo de todos es el mensaje de que cualquier decisión equivocada, tomada a la ligera, aunque repercuta en el bolsillo de todos los españoles, a ti no te va a costar un euro, simplemente porque eres joven. Nadie te va a reclamar, más bien al contrario, te ayudarán desde los púlpitos políticos a victimizarte para pasar a ser un dependiente más de ayudas y privilegios estatales, las modernas cadenas de la nueva esclavitud.

Liberalicemos el mercado de órganos

De todas las áreas de las relaciones humanas intervenidas y reguladas, probablemente aquélla que atañe a los órganos humanos es una de las más insuficientemente advertidas y aun comprendidas. El comercio con órganos es algo fuera de la ley. Como tantas veces, y ésta no es en absoluto excepción, tendemos a pensar que la regulación e incluso la prohibición no son sólo buenas sino totalmente necesarias.

En efecto, no hablamos de “intercambio” o “venta” de órganos más que cuando nos referimos a mercados negros o fuera de la ley. Pues cuando nos referimos a este tipo de intercambios de modo legal, hablamos exclusivamente de “donación”, “donante”, etc. En suma, es sólo legal dar un órgano si a cambio no se recibe nada; o, dicho de otro modo, sólo es posible darlo de manera gratuita. Tanto se cuida el Gobierno de prohibir que el receptor dé algo al donante que prohíbe que cada parte conozca la identidad de la otra.

Pongamos atención a este hecho de la “gratuidad”. En el fondo, lo que hace realmente el Gobierno con la prohibición del intercambio de un órgano a cambio de algo es intervenir y controlar los precios: Prohíbe que el precio de los órganos sea otro distinto de cero. Ya el Nobel Milton Friedman, en su célebre obra “Libertad de Elegir”, nos advirtió hace décadas de las nefastas consecuencias del control de precios. Y este caso, obviamente, no es distinto.

Todos convendremos que cero es por necesidad lógica un precio máximo inferior al precio de mercado (aquel punto en que oferta y demanda coinciden). Cuando esto sucede (cuando el precio máximo está por debajo del precio de mercado), la gran consecuencia inevitable es una creciente demanda para una menguante oferta: escasez. Si bajáramos a cero el precio de cualquier cosa (sean coches, fregonas o servilletas), la oferta se derrumbaría al mínimo imaginable. Y esto es lo que vemos actualmente.

Múltiples estudios y análisis médicos y sociales sobre la cuestión convienen en el problema real de esta escasez, y algunos de ellos lúcidamente se replantean la idoneidad de la actual prohibición.

Otro problema es que, debido a esta escasez, el órgano político o Gobierno se inviste de un poder enorme para decidir quién tiene prioridad sobre quién: decide quién vive y quién no.

Por desgracia, como en otros aspectos de la vida y la sociedad, tendemos a confundir el mercado negro o fuera de la ley con lo que sucedería si el mercado fuera legal. Es innegable que actualmente el mercado de órganos está copado por mafias, caracterizado por precios exorbitados, homicidios y delincuencia. La mayoría no se para a pensar que esto es así, y precisamente así, como consecuencia de nuevo inevitable de la prohibición del Gobierno. Al sacarse de la legalidad el mercado de órganos, los encargados de éste son por necesidad los expertos en saltarse la ley: los delincuentes, las mafias. Operar sorteando constantemente la ley tiene un coste insoportable: en lógica los precios de los órganos en los mercados negros son desorbitados. Nadie se juega acabar el resto de su vida en la cárcel por unos cuantos euros. Y una vez situados fuera de la ley, matar o robar órganos sólo es una extensión de la ilegalidad.

Así pues, dos consecuencias directas de la prohibición del Gobierno son la escasez de órganos y el precio artificialmente alto de los órganos en un mercado mafioso. Y esto, se suponía, era por nuestro bien.

Es harto curioso cómo todos los llamados movimientos liberadores, feministas, etc., que tanto han bregado por la propiedad de nuestros propios cuerpos no vean que ésta es parte de su causa. A día de hoy, nadie ha demostrado que tus pulmones o riñones sean menos tuyos que tu vagina. Y tan moral o inmoral puede ser vender tu riñón, como tu cuerpo como objeto sexual o tus manos como obrero industrial. Al final, lo que es moral hacer con lo de uno mismo lo debe decidir ése uno mismo. Lo coactivamente moralizante es decidirlo uno por y para los demás.

La liberalización del mercado de órganos traería precios mucho más bajos (que los del mercado negro), no sólo por el levantamiento de la prohibición y la eliminación de los costes de operar al margen de la ley y el aumento consecuente también de la oferta. La posibilidad legal de lucro, como en cualquier otra área, capitalizaría enormemente el sistema sanitario, en este caso, en cuanto a operaciones de trasplantes. Aunque hay quienes creen que la prohibición ayuda a evitar robo de órganos, precisamente es su estímulo. El descenso de precios de la liberalización sería el más fuerte desincentivo. Por lo demás, todo tipo de agresión o intercambio forzoso debe estar perseguido y castigado en una sociedad libre.

Así, no sólo habría más oferta y precios en descenso por múltiples motivos. Es de esperar que se redujeran las enormes listas de espera, reduciendo además los costes de tratamiento durante esa larga espera.

Incluso en el más liberal escenario, es esperable que haya una muy reducida población que aún no tendría medios para costearse un trasplante. En este caso, hay mucho que contraponer a esa presunta objeción. En primer lugar, es más que cuestionable que esas personas muy pobres hubieran sido o son mejor atendidas en el actual escenario de prohibición; cabe pensar más bien lo contrario ante la elevada escasez y reducida oferta. En segundo lugar, un escenario de mayor libertad siempre redunda en mayor solidaridad de los ciudadanos. Sería esperable ver asociaciones, fundaciones, etc., que costeen esos trasplantes para personas con elevada necesidad tanto médica como económica. El abaratamiento de los procedimientos clínicos que mencioné anteriormente actuaría como estimulante para la ayuda mutua. La actual mayoritaria oposición a la liberalización del mercado de órganos por esos motivos actúa como auto-refutación: se presume que, como mínimo, esa mayoritaria población ayudaría a esos necesitados de trasplantes en una sociedad libre.

En cualquier caso, un mercado y sociedad libres es exactamente eso: libre. A nadie se le debe prohibir solicitar algo a cambio de lo que ofrece (sea dinero, cualesquiera bienes o la realización de acciones por la otra parte), como a nadie se le debe prohibir regalarlo o donarlo.

Levantemos ya la absurda, insostenible e injustificable prohibición sobre el mercado de órganos. Liberalicémoslo. Para salvar nuestros derechos y libertades. Y nuestras vidas.

@AdolfoDLozano / david_europa@hotmail.com

Inmigración (XI): ¿importando o descendiendo el crimen?

“La guerra aquí en casa… es incluso más mortífera que la guerra en Irak y en Afganistán”. Newt Gingrich. 

Menos inmigrantes significa menos criminalidad“. Silvio Berlusconi. 

“El problema del crimen en los EE UU no está causado (ni siquiera agravado) por los inmigrantes, cualquiera que sea su status legal”. Rubén Rumbaut & Walter Ewing. 

“Cuanto más tiempo se vive en un grupo, más probable es que se llegue a ser como dicho grupo”. Ronit Dinovitzer.

Desgraciadamente, cualquier noticia delictiva en la que participe algún inmigrante recibe una atención desmesurada por parte de los medios de comunicación, dejando la impresión, no respaldada por los datos o las frías estadísticas, de que hay una ola de criminalidad originada por los inmigrantes.

Repetidas encuestas llevadas a cabo en los EE UU confirman un dato bastante deprimente: alrededor del 70% de los encuestados percibe un nexo causal entre mayor inmigración y mayor tasa de criminalidad (aquí tampoco nos libramos de ese prejuicio: los análisis llevados a cabo en España por parte del CIS sitúan dicho porcentaje en torno al 65%). Los hechos, sin embrago, dicen otra cosa.

Estudios solventes en los EE UU

El sociólogo de la Universidad de Harvard, Robert J. Sampson, es uno de los estudiosos actuales más reconocidos en los EE UU en tratar de comprobar si la creencia popular de vincular inmigración con el crimen tiene correspondencia o no con la realidad. Los resultados de sus investigaciones desmienten tajantemente dicha percepción.

Por su parte, un informe del FBI de septiembre de 2009 constató que los índices de delitos violentos se habían desplomado por todo el país desde inicio de los años 90. Desde entonces estos ratios se han mantenido. Criminólogos y otros expertos han ido confirmando esta sorprendente tendencia. Por irónico que parezca, ésta se ha dado conjuntamente con un aumento de la inmigración, tanto legal como ilegal.

Más recientemente, dos analistas de los EE UU, Kristin Butcher y Anne Morrison Piehl, han demostrado que las tasas de encarcelación por delitos de inmigrantes (incluidos los nacionales nacidos en el extranjero) con respecto a los nativos llevan bajando consistentemente desde hace décadas: en 1980 estaba en un 1% por debajo de la tasa de encarcelación de los nativos, en 1990 estaba un poco más del 1% por debajo y en 2000 estaba casi en un 3% por debajo. La ola de criminalidad extranjera de la que ya se hablaba hace 30 años no tenía fundamento alguno y mucho menos lo tiene ahora. Estos datos tienen aún más relevancia cuando se considera que la inmigración, tanto legal como ilegal, se ha disparado en las últimas décadas en los EE UU. Estos datos son corroborados por el propio censo del Departamento de Justicia americano.

Según otro estudio de Rubén Rumbaut y Walter Ewing de 2007, a pesar de que la población de indocumentados inmigrantes se ha doblado desde 1994 (fecha de la firma del acuerdo de libre comercio NAFTA), el índice general de crímenes violentos contra las personas ha bajado desde entonces en un 34,2% y los delitos contra la propiedad han bajado en un 26,4%. Ciudades con importante población de inmigrantes como Los Ángeles, Nueva York, Miami o Chicago muestran para el mismo periodo de tiempo parecidos índices a la baja.

Ejemplo de activismo anti-inmigración

A pesar de estos reveladores datos, los activitas anti-inmigración les encanta sacar datos aislados o sesgados para activar temores entre la población y los legisladores. Tomemos el caso del informe del Government Accountability Office (es decir, el brazo observador y/o investigador del Congreso) en el que se afirma que casi un cuarto de los encarcelados en prisiones federales son extranjeros. Lo que no aclaran los restriccionistas al utilizar ese dato es la proporción y peculiaridad de los reclusos del sistema de prisiones federales en relación con el resto de las cárceles de los EE UU.

De acuerdo con el Departamento de Justicia americano, a finales de 2005 solo el 8% de los 2,2 millones de personas confinadas entre rejas correspondía a reclusos de las prisiones federales. El 92% de los reclusos, por tanto, se encontraban en las cárceles estatales (el 57%) o en las locales (34%) en las que un alto porcentaje eran nativos. Pero, lo más importante aún es saber que la gran proporción de los reclusos extranjeros en las referidas prisiones federales se debía (y se debe) a violaciones de las leyes de inmigración que son ofensas civiles –no penales- tal y como pueden ser las infracciones de tráfico, pero con la particularidad de que son tratadas como ofensas federales. Como vemos, en este asunto los nativistas muestran a modo de espantajo parte de las estadísticas oficiales sin contar toda la verdad.

El “milagro” de El Paso

La ciudad fronteriza de El Paso en Texas tiene una abrumadora población de inmigrantes; El 80% de la misma es hispana y un cuarto de los residentes paseños son nacidos en el extranjero. Una buena proporción de la población inmigrante vive ilegalmente. El índice de pobreza allí es más del doble que la media estadounidense. Asimismo las políticas de control de armas son bastante laxas debido a que se halla en un Estado que cuenta con una de las legislaciones más pro-armas de los EE UU. Si a esto se suma que El Paso se sitúa en la ribera del río Grande justo enfrente de la mexicana Ciudad Juárez, una de las más violentas del hemisferio occidental debido a la desquiciada guerra desatada contra las drogas, deberíamos tener -según la lógica nativista- todas las papeletas para encontrarnos con una ciudad regida por el crimen. Pues no es así, ni mucho menos.

El Paso desde hace tiempo es una de las ciudades más seguras de los EE UU, su ratio de crímenes violentos contra personas y propiedades es francamente bajo. Numerosos criminólogos estadounidenses afirman que ciudades fronterizas como El Paso, San Diego o Laredo (donde el 90% de su población es hispana), así como otras ciudades con gran población inmigrante como Nueva York, Los Ángeles o Miami no son seguras a pesar de la gran proporción de inmigrantes viviendo en ellas, sino que lo son precisamente debido a ella.

El inmigrante generalmente es una persona que ha dejado a su familia en su país de origen y lo que persigue es trabajar para mandar ayuda a sus seres queridos o traerlos junto a sí. Lo último que desea es tener problemas con la justicia o verse involucrado en comportamientos arriesgados que puedan impedirle llevar a cabo esas metas. Esta actitud cautelosa es especialmente acusada en aquellos que se encuentran indocumentados porque podrían ser objeto de deportación. Tal y como mantiene Jack Levin, criminólogo de la Northeastern University, “si quieres vivir en una ciudad segura, busca una con una gran población de inmigrantes.”

Menos propensos a cometer crímenes

Dado que la inmigración trae a los países receptores un número desproporcionado de jóvenes varones y dado que viven muchas veces en zonas o barrios desorganizados, se podría esperar que los inmigrantes exhibiesen “lógicamente” tasas de delincuencia mayores que las de la población nativa. Sin embargo, tal y como argumentó Gary Becker, el delito no se explica por el entorno social o por la irracionalidad del autor sino por los incentivos racionales, por cálculos económicos de los beneficios y los riesgos y por los reducidos horizontes temporales de la persona que delinque. Ninguna de las razones anteriores empuja más al emigrante que al nativo hacia el delito. Más bien al revés.

Los datos resultantes de casi un siglo de investigaciones en diversos países sobre la relación entre crimen e inmigración concluyen que, por lo general, la población inmigrada exhibe tasas de delincuencia inferiores en grados diversos (según el lugar y el periodo que se considere) a la de la población autóctona.

Hay, como es natural, excepciones parciales a esta evidencia mayoritaria pero se deben a incentivos concretos de momentos o lugares determinados más que a la propia propensión delictiva intrínseca de dichos grupos inmigrantes.

Para quitar telarañas imaginarias es muy recomendable leer al respecto los trabajos de investigación de referencia de Johan Thorsten Sellin (1938), Charles Kindelberg (1967), Franco Ferracuti (1968), Stephen Steinberg (1981), Michael Tonry, (1997), Hagan y Palloni (1998), Ramiro Martínez y Matthew T. Lee (2000) o Robert J. Sampson (1987, 2008).

Bandas de criminales transnacionales

La globalización de la criminalidad organizada es muy distinta a la inmigración. Los casos minoritarios de extranjeros que forman parte de bandas de criminales transfronterizas nada tienen que ver con la lógica de los flujos migratorios y, en la mayoría de los casos, sus integrantes se trasladan de un país a otro como meros turistas o visitantes ocasionales.

Las noticias reales y graves de delincuencia llevada a cabo por medio de estas bandas sirven de coartada a los nativistas para endurecer, aún más si cabe, las leyes de inmigración. El problema aquí no es que el gobierno esté dejando entrar a demasiados extranjeros sino que no está consiguiendo excluir a aquellos que son más peligrosos.

Puede resultarnos de ayuda una analogía de este asunto que Daniel Griswold, analista del Cato Institute, hace con el comercio: se puede llevar a cabo perfectamente una política de comercio abierto, con todas sus consecuencias beneficiosas para el conjunto de la economía, al tiempo que se lleva un control por parte de las autoridades para excluir la entrada de aquellos bienes que puedan suponer una amenaza para la seguridad o salud públicas (alimentos tóxicos o contaminados, explosivos, materiales radiactivos, etc.). De la misma manera, podemos ser partidarios de una política más abierta a la inmigración pero no dejar de hacer por ello los pertinentes controles para tratar de excluir a las personas indeseables en la medida de lo posible.

Favorable evolución del crimen en España

En nuestro país, un estudio al respecto de varios autores muestra que existe también una evolución favorable en el descenso de la criminalidad en España y que la llegada de inmigrantes explicaría –sólo parcialmente- esos buenos datos.

La inmigración en España es un fenómeno extremadamente heterogéneo (como sucede en casi todos los países) pero un nativista recalcitrante podría argüir que la española en particular está condicionada por la presencia de grandes grupos de jubilados provenientes fundamentalmente de Europa. Estos son menos propensos a delinquir y, por tanto, la favorable conexión entre descenso acusado de la delincuencia y la llegada de inmigrantes podría estar afectada. No se puede negar esa posibilidad.

En cualquier caso, lo que a todas luces no hay es una correlación entre mayor inmigración y aumento de los ratios delincuenciales en el país de acogida, por mucho que algunos irresponsables (o ignorantes) se empeñen en establecer dicha conexión.

También buenas noticias y estudios en Canadá

En los últimos 40 años la incidencia del crimen ha bajado significativamente en Canadá. Parece que la inmigración también juega un papel no desdeñable en ello.

Uno de los primeros investigadores en dicho país del fenómeno de la delincuencia relacionada con la inmigración fue John Hagan. Sus descubrimientos fueron concluyentes: cuanto mayor proporción de inmigrantes había en una población dada, menor eran sus índices de criminalidad.

Por otra parte, el sociólogo Ron Levi de la Universidad de Toronto afirma que los datos de su reciente estudio contradicen, una vez más, la creencia popular de “a más inmigrantes, más crímenes”. Según dicho autor, los nuevos inmigrantes apenas cometen crímenes aunque reconoce que sus descendientes son más propensos a perpetrarlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, una vez los inmigrantes se han establecido en Canadá, el promedio delincuencial es, con todo y con ello, menor que el promedio de la sociedad canadiense en general.

La socióloga de la misma universidad, Ronit Dinovitzer constata que a medida que se prologan las generaciones de inmigrantes en suelo canadiense y se apartan de sus orígenes extranjeros, sus miembros se van asemejando cada vez más a los nativos. Con el transcurso del tiempo tienden a igualarse todas sus pautas de comportamiento, tanto si son referidas al consumo, al número de hijos concebidos, a los hábitos de vida, a la propensión a endeudarse, al uso de tarjetas de crédito… o a la comisión de delitos.

Los inmigrantes nos hacen más seguros

Parece que los análisis estadísticos –no sólo de los EE UU- nos conducen a esta sorprendente conclusión: la llegada de inmigrantes nos hace más seguros. Por desgracia, buena parte de las políticas de inmigración del siglo XX han estado guiadas por estudios cuestionables y por prejuicios o creencias erróneas antes que por investigaciones solventes o estudios científicos sobre la materia.

Es decir, los datos nos muestran que los inmigrantes en su conjunto son menos propensos a cometer delitos a no ser que se trate de descendientes de la primera o segunda generación, en cuyo caso su ratio delincuencial tiende a converger con el de los autóctonos.

No nos dejemos engañar por nuestros prejuicios o impulsos intuitivos; cuando un nativista declara que con la llegada de inmigrantes se aumenta la criminalidad blandiendo cualquier noticia de un delito cometido por un extranjero, está haciendo una mala inducción o cometiendo una falacia de generalización apresurada.


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIIIIVVVIVIIVIIIIX y X.

Los aciertos de los colectivistas

Pese al fracaso práctico de los colectivistas en todo el mundo y a lo largo de la historia, sus propagandistas continúan teniendo cierto éxito y sus propuestas políticas cosechan votos. ¿Cómo es posible?

El marco en el que ordenamos nuestros pensamientos tiene mucho que ver, es difícil ver más allá del Estado y de la hegemonía socialdemócrata. La única forma de lo político que hemos conocido en nuestras vidas es la estatal y no somos capaces de concebir otras formas en las que el hombre pueda desarrollarse políticamente. Desde pequeños las escuelas refuerzan estas ideas para mantenernos en la caverna platónica sin imaginar que fuera de la misma hay todo un mundo por descubrir. Nos enseñan que el Estado es la única forma de lo político y, más allá de estas estrechas fronteras mentales, solo imaginamos la falta de organización política y social, el caos.

La escuela austriaca de economía ha demostrado teóricamente la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo y, por tanto, la imposibilidad a largo de plazo de cualquier régimen socialista. No hace falta irse hasta Cuba o Corea del Norte -todavía a día de hoy- para comprobar la miseria generalizada que el socialismo puede provocar, pues las sociedades más colectivistas son las que se empobrecen y las más abiertas las que consiguen prosperar. El caso paradigmático de Suecia ilustra a la perfección cómo la insostenibilidad de un sistema socialista democrático tuvo que liberalizarse y privatizar los servicios públicos para no derrumbarse.

No obstante, los enemigos de la libertad no están equivocados en todo. Sus propuestas colectivistas son un mal tratamiento para un diagnóstico muchas veces acertado. De la misma forma que una situación límite puede llegar a desquiciar a una persona, el origen lejano del socialismo es real, pero sus propuestas así como las diatribas del loco han perdido todo contacto con el mundo que nos rodea. La desigualdad existe, los jefes explotadores en las empresas existen, el gobierno de las oligarquías bancarias existe… Y así un largo etcétera de situaciones concretas a las que tenemos que enfrentarnos en nuestro día a día generando frustración e injusticia. Frente a estos problemas, los colectivistas proponen una batería de soluciones a corto plazo que, aparentemente, podrían solucionarlos. Por eso obtienen predicamento entre la gente.

Lo que los enemigos de la libertad no cuentan es que la mayoría de esas injusticias fueron creadas por ellos mismos: redistribución de la renta, capitalismo de amiguetes de lo público, monopolio bancario como extensión del control monetario, etc. Su solución es una mayor planificación que conecta con la aspiración humana de una salvación mesiánica. A partir de ese momento, el debate con cualquier planificador se torna imposible, pues su argumentación discurre en el ámbito de la fe -sustituye la religión por el Estado salvador-, mientras que se le oponen argumentos razonados.

El mayor reto al que nos enfrentamos no se mueve en el terreno teórico sino el sentimental. Tratamos de combatir emociones con razones y esa es una batalla que perderemos de antemano a menos que seamos capaces de transmitir no sólo los argumentos que defienden la libertad, sino también de transmitir la emoción de ser libres.

Un diagnóstico sobre Europa

En esta semana de resaca de Elecciones Europeas (y de fútbol) vuelvo a escribirles un Comentario con ese motivo, aunque esta vez referido al presente y al futuro. Y lo hago a propósito de unas conferencias magistrales que impartió a comienzos de mes Jaime Mayor Oreja en la Universidad Europea. Allí expresaba a los estudiantes varias consideraciones en torno al título: Crisis en Europa. Crisis en España. Cabeza de lista por el PP en la anterior legislatura, Jaime Mayor conoce bien el Parlamento Europeo (donde ha trabajado durante diez años y en el que ha sido Vicepresidente), a lo que se añade su actividad política en nuestro país: hablamos por tanto de alguien con un conocimiento directo sobre las instituciones públicas.

Luego veremos algunas muestras de esta experiencia práctica. Porque antes recordaré una idea central que repitió a lo largo de su conferencia: la necesidad de fundamentar cualquier proyecto político sobre la base de unos principios morales, unos valores, que descansen en la realidad antropológica del ser humano y su proyección social. En su diagnóstico, expresaba una preocupación por la profundidad de la crisis que vivimos: es mayor que un episodio económico o financiero (del que se termina saliendo, antes o después). Alcanza también lo político y lo institucional, porque se trata de una crisis global, que afecta a la persona en su totalidad.

Como manifestaciones concretas habló del relativismo moral, focalizado en la búsqueda del propio interés como único objetivo vital; el haber estado viviendo por encima de nuestras posibilidades: públicas y privadas; o el olvido de ciertos valores ejemplares, como son la decencia o la austeridad.

Mayor Oreja utilizó varias veces una interesante imagen para comparar la Europa continental, la insular y las penínsulas como la nuestra: decía que la cultura peninsular tiende a la exageración, cosa muy evidente en España (frente a las islas, por ejemplo, que tienden a la supervivencia). Esto se manifestaría en una crisis específica del concepto de nación, representada tanto por las derivas secesionistas como por el insoportable ambiente de corrupción política y económica que nos rodea. La nación sería en su análisis un "ámbito reforzado de solidaridad", y expresado por hábitos concretos de colaboración. Lamentablemente, lo que vemos es todo lo contrario, una ruptura de esa solidaridad manifestada por la tensión ideológica o territorial (que se alimenta, además, con una triste herencia histórica que algunos se empeñan en desenterrar).

A Europa la describía como una "unión inacabada", también afectada por esa crisis de valores. Nos hemos quedado, a su juicio, en las formas de poder, en las instituciones; dándole un exagerado peso a lo económico. Se ha perdido el sentido de la obligación y de la responsabilidad, por el señuelo de los derechos. Del mismo modo, consideraba un serio problema la pérdida del sentido de la verdad y la mentira: los políticos viven esclavos de las encuestas de opinión; olvidan sus convicciones sometidos al "qué dirán". El problema es que no existe una solución sencilla y a corto plazo: en otras declaraciones anteriores, Jaime Mayor insinuaba que su retiro de la primera línea política en parte se había debido a la escasa respuesta al intento de crear un "observatorio de valores" en su grupo. Y es que "a medida que han pasado los años" dice haber sentido "más necesidad de ir a este gran debate" de carácter cultural que se va a desarrollar en Europa durante la próxima década.

A Europa le faltaría un proyecto político de valores compartidos: adolece de la misma enfermedad referida, un relativismo agravado por la falta de cohesión interior. Y sin ella, tampoco puede haberla en lo exterior; de manera que otro problema añadido son las fronteras y la periferia de Europa. "No nos esperan tiempos fáciles", concluía en aquella ocasión.

En cuanto a los resultados de las elecciones, Mayor Oreja expresó a los estudiantes su preocupación por los nuevos partidos emergentes antieuropeos (sobre todo, el UKIP británico); por el que denominaba "grupo del desorden", del italiano Beppe Grillo y demás movimientos antisistema; o por el crecimiento del Frente Nacional francés. A su juicio, con el cambio en el Parlamento Europeo va a aparecer "un nuevo mapa político más complicado que el anterior".

Hoy, con los representantes elegidos, podemos confirmar ese diagnóstico, como seguramente habrán estado leyendo y escuchando estos días en los medios: el Movimiento 5 Estrellas de Grillo es la segunda fuerza más votada en Italia; y parece que tanto los euroescépticos de Gran Bretaña como el Frente Nacional de Le Pen han ganado las elecciones en sus respectivos países (es que termino de redactar estas líneas el domingo 25). Veremos cómo queda la composición final del Parlamento y la votación para elegir al nuevo Presidente de la Comisión: son muchos los eurodiputados que llegan desde los 28 países de la Unión, donde además hay un buen montón de pequeños partidos de la más variopinta ideología. Sin irnos demasiado lejos, en Holanda destacaré la elección de un partido animalista: parece que les importa más defender los supuestos derechos de los animales que los nuestros…

Beware, Europa!