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Medios públicos contra la libertad de expresión

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

En las diferentes protestas de sindicatos y otras organizaciones a favor “de lo público” en el ámbito de los medios de comunicación se observan diversas constantes. Una de ellas, que es la que nos interesa en este caso, es que se vincula la existencia de radios y televisiones de titularidad estatal (o autonómica, en el caso de España) con la libertad de expresión, como si una y otra tuvieran algún tipo de relación positiva directa. Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Los medios de comunicación públicos son órganos de propaganda al servicio del poder político, con independencia de que sea el Ejecutivo (caso más frecuente en España) o el Legislativo. En cualquier caso, son instrumentos de adoctrinamiento de los ciudadanos pagados por estos mismos. En el caso de que existiera la muy elogiada “independencia” política de los medios, tampoco sería muy distinto.

En estos casos seguirían siendo un órgano de propaganda al servicio de los supuestos representantes de los trabajadores de los medios (el poder sindical, directamente conectado con determinados partidos) o de cualesquieras que fueran las organizaciones encargadas de nombrar a los directivos de las radios y televisiones públicas. Además, se trataría de vender, y seguramente se lograría, la idea de que la supuesta “independencia” garantiza la “objetividad”, con lo que el espectador estaría con la guardia baja ante las posibles manipulaciones o incluso la mera existencia de una línea editorial.

Pero los medios públicos tienen una característica que les hace todavía más nocivos para la libertad de expresión: distorsionan el mercado de los medios debilitando al resto de empresas del sector, hasta el punto de poder poner en peligro la continuidad de algunas de ellas.

Si como ocurría antiguamente en España con TVE (y sigue ocurriendo con las radios y televisiones autonómicas) los medios públicos tienen publicidad, esto significa una merma en los ingresos del resto de radios y televisiones al quedarse con una parte nada despreciable del mercado.

Si se sigue el actual modelo de financiación de Radio Televisión Española, se impone un coste añadido al resto de cadenas, que deben entregar al Estado una parte de sus ingresos para sufragar RTVE. Esto afecta no sólo a las grandes cadenas de ámbito nacional (que al menos se han visto beneficiadas con un aumento de sus ingresos publicitarios al desaparecer la competencia de las cadenas estatales). También han de hacer frente a esos pagos televisiones pequeñas, de ámbito autonómico o local, con cuentas muy ajustadas y para las que el fin de la publicidad en TVE no ha supuesto la llegada de nuevos anunciantes.

Esto último, un incremento artificial de los costes destinado a mantener la televisión pública sin que aumenten los ingresos, se puede traducir en la pérdida de empleos en estas cadenas o incluso en el cierre de alguna de ellas que estuviera ya en una situación especialmente difícil. De esta manera, al querer dar oxígeno a un medio público se reduce la pluralidad en el ámbito audiovisual.

El modelo de la BBC, mediante el canon por la propiedad de un aparato de televisión, es simplemente un robo. Se obliga a los ciudadanos a estar suscritos a un canal que tal vez no quieran ver nunca. En cualquier caso, los medios públicos al final siempre reciben financiación pública que sale de los impuestos de los ciudanos, incluyendo algunos que no quieren verlas jamás.

En el caso de España, ocurre algo similar en otros países, otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de ver la relación entre medios de comunicación públicos y libertad de expresión y de prensa es la existencia de la agencia EFE. No se suele hablar de este caso, pero su efecto es especialmente nocivo. Creada en los inicios de la dictadura franquista, es la principal proveedora de teletipos para una gran cantidad de medios, al tiempo que está bajo control político al ser estatal. Eso significa que gran parte de la información que llega a los medios corre el riesgo de estar manipulada al servicio del Gobierno de turno (o por los sindicatos, o una confluencia de ambos).

Para la libertad de prensa, y por el respeto a los ciudadanos, lo mejor es la inexistencia de medios públicos. Sería necesario privatizarlos y para eso se puede optar por varias fórmulas. Además de la venta a una o varias empresas, existen otras opciones.

Lo ideal sería dividir el capital de estas empresas en acciones que se repartieran entre los ciudadanos (que a la postre son quienes han pagado con sus impuestos la creación y el mantenimiento de esas empresas) y después cada accionista-ciudadano podría hacer con sus participaciones lo que quisiera, mantenerlas sin más, mantenerlas sindicadas con otros accionistas, o venderlas. Otra opción viable sería convertir esos medios en cooperativas, y que los trabajadores empleados fueran los propietarios cooperativistas y tuvieran que hacer frente a la gestión y los gastos sin ayuda pública.

Si no es posible ninguna de las opciones anteriores, hay que cerrar esos órganos de propaganda y distorsionadores del sector de los medios que son las radios, las televisones y las agencias públicas. Si se admite que no es lógico que el Estado sea propietario de medios impresos (como sí lo era durante el franquismo o en cualquier régimen comunista de Europa central y oriental, o lo es en Cuba), debería resultar insostenible aceptar que sí posea medios audiovisuales o una agencia de noticias.

Recuperación del Ethos: individual e inclusivo

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El libro Regenerar la Democracia, Reconstruir el Estado (2012), del catedrático de derecho administrativo D. Gaspar Ariño Ortiz, comienza con un primer capítulo dedicado a la crisis de principios, valores y creencias que desvertebran España: 

La democracia antes y más que un sistema de gobierno, es un sistema de valores, que demanda una educación político-moral… para que el sistema político o el sistema económico funcionen correctamente y den frutos de bienestar y prosperidad generales, es necesario que estén permeados, impregnados, por un sistema de valores, que inspire el comportamiento de las personas, especialmente de líderes, sociales, políticos y empresariales.  

Toda regeneración es exógena. Los políticos son juez y parte y el cambio les haría perder poder y dinero. Es necesario pues, crear un estado de opinión que presione a los políticos.

En el anterior artículo, vimos una nueva teoría de la evolución institucional hacia la sociedad civilizada o abierta que reclama la importancia de que actúen líderes inclusivos en tres ámbitos:

  1. La recuperación de los valores (instituciones morales).
  2. La regeneración de la democracia (instituciones jurídicas).
  3. La reducción del Estado (instituciones políticas).

Hoy comentaremos la importancia de recuperar los valores morales propios de una sociedad abierta frente al deterioro institucional que supone los valores tribales de las religiones arcaicas y de las ideologías colectivistas. 

1. Recuperación del Ethos individual e inclusivo.

El "ethos" es el conjunto de los patrones de comportamiento, las instituciones morales o, si se prefiere, las normas de conducta con las que actúa la mayoría de la población de un territorio.

El proceso de evolución sociocultural hacia una sociedad abierta requiere ciertos patrones de comportamiento abstractos y universales que, generación tras generación, arraigan por evolución sociocultural entre la mayoría de la población de un territorio de modo que hacen que prevalezca el orden de mercado sobre el orden político.

Es decir, una sociedad civilizada se caracteriza por un "ethos" común individual e "inclusivo" formado por instituciones morales como, entre otras, el respeto por la vida, por la libertad individual, por la propiedad privada (plural), por el cumplimiento de los contratos, por los derechos subjetivos frente al Estado, por la familia, por el lenguaje, por el dinero, por los préstamos, por el libre comercio, por la función empresarial…

El proceso de evolución sociocultural es muy lento porque las normas de conducta se adquieren por aprendizaje neurolingüístico situado a medio camino entre lo racional y lo irracional y, especialmente, porque también requieren que prevalezcan líderes inclusivos en el orden político.

Estos líderes inclusivos se identifican porque ejercen las potestades para las que les ha elegido el pueblo, con mínima coacción y mínimo intervencionismo, dotando de triple seguridad (interior, exterior y jurídica) al territorio y respetando el "ethos" individual e inclusivo con un Estado de Derecho, digno de tal nombre, es decir, que proporciona justicia independiente y ajustada al cumplimiento estricto de la Ley, facilitando el libre ejercicio de la función empresarial y no entorpeciendo el libre intercambio entre millones de ciudadanos.

2. Deterioro del Ethos: arcaico-colectivista, extractivo-destructivo.

También vimos que la nueva teoría de la evolución institucional permite observar el rápido proceso de involución sociocultural hacia una sociedad más cerrada, cuando en el orden político prevalece una oligarquía de líderes extractivos y destructivos que atacan el orden de mercado con virulencia para perseguir sus fines concretos y propios. 

Con el crecimiento del tamaño de las formas de lo "Político" (ciudad, diputaciones, autonomías, gobierno central) y, en particular, con el incremento exponencial del tamaño del Estado-Administración, aumentan el grado de oligarquización y la colectivización de la sociedad, lo que describimos como un proceso de involución institucional desde una sociedad abierta y civilizada hacia una sociedad más cerrada y colectivista.

El ethos arcaico y colectivista se amolda perfectamente al relativismo moral de una clase dirigente, por lo que también puede emplearse la denominación de ethos extractivo y destructivo que caracteriza el comportamiento de las autoridades que depredan los presupuestos públicos y que deterioran e incumplen la legislación para conseguir mayores cotas de poder político.

El ethos arcaico y colectivista caracteriza a las sociedades más cerradas como las tribus y los regímenes políticos colectivistas, en donde arraigan los valores relativistas que favorecen las políticas intervencionistas de la oligarquía.

Permite imponer los arbitrios políticos sobre el orden de mercado, los derechos civiles y las haciendas de la población por medio del derecho positivo, el estatismo y el cientifismo constructivista.

El ethos arcaico y colectivista atropella los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de trato ante la Ley, porque quedan sujetos al arbitrio del relativismo moral que dictan los intereses de la oligarquía de élites extractivas y destructivas. Se puede identificar tanto en la sociedad tribal como en la sociedad colectivista y se distingue por cuatro características:

2.1. Negación de la libertad individual

La negación de la individualidad del ser humano libre o, si se prefiere, la anulación de la libertad individual es el ethos común que sirve de nexo de unión entre las religiones arcaicas y las ideologías colectivistas.

2.2. Imposición de un mito cohesionador

El orden social se consigue mediante un mito cohesionador que proporciona la seguridad al colectivo de hombres-masa y que mantiene en el poder a los dirigentes.

Cuando no existen los valores morales tradicionales y la nación es un concepto "discutido y discutible", los líderes extractivos y destructivos imponen una nueva moral relativista y "guían" la sociedad mediante una agenda de principios colectivos: alianza de civilizaciones, negociación con terroristas, memoria histórica, ideología de género, redistribución de la riqueza, subvenciones "sociales", aumento del tamaño del Estado…

En las religiones paganas, el mito cohesionador son los sacrificios humanos rituales que permiten mantener el control del grupo mediante el culto al Sol o a los dioses paganos para que favorezcan al colectivo y que solo saben interpretar los líderes. 

En las ideologías comunista y socialista, los mitos cohesionadores que provocan los sacrificios de otros seres humanos y que sostienen a la oligarquía y "guían" a la sociedad cerrada son utopías más mecanicistas como, entre otros: el altruismo hacia un grupo social, la solidaridad hacia la clase proletaria, la propiedad comunal de los medios de producción, la redistribución de la riqueza, o la acción de lucha contra la burguesía, la pobreza, el cambio climático, las tradiciones, la religión, el enemigo interior o exterior…

En las ideologías nacional-socialista y nacional-separatista, los mitos cohesionadores se producen también con coacción, violencia y sacrificio en masa de seres humanos por arcadias más biologicistas como, entre otras: el "Lebensraum" (espacio vital), el "Zeitgeist" (espíritu del tiempo), el lenguaje exclusivo, la cultura más sofisticada, la etnia más inteligente o la raza supuestamente superior.

2.3. Coacción y violencia en contra de los derechos individuales

El ethos arcaico y colectivista somete un grupo o bien una sociedad a los designios de la casta dominante. Se subliman los mitos cohesionadores que sirven de escusa para justificar las acciones políticas y se relativizan los valores morales, para poder atropellar y aplastar los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de trato ante la Ley del grupo que es dominado (guiado) por la oligarquía de élites extractivas y destructivas.

2.4. Culto a la tribu y al Estado-Administración

El ethos arcaico rinde culto a los caciques y hechiceros tribales en supuesto contacto con los dioses para proveer la felicidad en la Tierra con una colectivización total de los recursos de la tribu.

El ethos colectivista rinde culto a otra forma de lo político más sofisticada, técnica y artificial, que es el Estado-Administración, controlado por una oligarquía para proveer la felicidad de la población mediante la colectivización de los medios de producción y/o su distribución entre las diferentes clases y grupos sociales.

De hecho, en el siglo XX y a comienzos del siglo XXI, el principal mito cohesionador es el culto al Estado Minotauro o Total con un tamaño cercano o superior al 50% del PIB, en la creencia mitológica de que puede proveerse una completa felicidad en la Tierra.

Se puede afirmar con rotundidad que la "auctoritas" de la Iglesia y el ethos católico de la "nación" perdieron su fuerza cohesionadora y fueron sustituidos en el siglo XX por la apokatástasis que, en palabras del catedrático Dalmacio Negro, significa que:

Al menos desde el punto de vista político, parece ser la herejía dominante hoy en día en Occidente, culturalmente cristiano, pero en el que, atendiendo a los hechos, lo sagrado habría abandonado la Iglesia según el teólogo Cavanaugh, para encarnarse en el Estado… Esta herejía sería la causa soterrada del socialismo y del estatismo, que prometen y ofrecen la salvación en este mundo.

El auge de la religión secular, consecuencia de la divinización del conocimiento (cientifismo) y el culto a su sumo sacerdote el Estado (estatismo), suponen la relativización del valor insustituible de la vida humana, de la libertad, de la propiedad privada y de las instituciones morales propias de la sociedad civilizada o abierta.

3. Recuperación del Ethos occidental de origen judeocristiano

En Occidente, las raíces del ethos común se encuentran en la religión judeocristiana, cuando ha sido y cuando es liderada por fieles, intelectuales y líderes "inclusivos" que creen en los valores, patrones de comportamiento, normas de conducta o instituciones morales del orden de mercado frente al orden político u oligárquico.

En el cristianismo se halla la base espiritual y religiosa del respeto por la vida de cada ser humano, por su libertad de decidir, por sus propiedades, por su familia, por el cuidado del "nasciturus", por la veneración a los ancianos, por el intercambio pacífico de bienes y servicios resultado de la función empresarial…

Esas mismas raíces, respetuosas con el ser humano libre, también pueden encontrarse en el pacifismo del ethos Oriental desarrollado en torno al budismo, al igual que en las manifestaciones del cristianismo moderno y pacífico y en la filosofía de la libertad del individuo que se basa en la no-coacción.

En todo caso, la recuperación del ethos común no está al alcance de cualquier religión o de cualquier filosofía, si promueven la violencia y la imposición de normas de conducta sobre su grupo o sobre el resto de la sociedad. Tampoco está al alcance de una religión o de una filosofía, cuando sirve de guía a los líderes extractivos y destructivos.

Las raíces del ethos individual e inclusivo se hallan en la religión y en la filosofía, cuando fieles, intelectuales y líderes actúan de forma inclusiva al arraigar los patrones de comportamiento que caracterizan a la sociedad civilizada o abierta, con respeto por los derechos individuales y confianza en la naturaleza libre del ser humano.  

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Había motivo

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Había motivo

Cinco años de crisis, cinco, y nadie había acertado a explicar de un modo sencillo, comprensible y coherente las razones que nos condujeron a ella y que, hasta la fecha, nos han impedido superarla. En el Instituto Juan de Mariana y sus aledaños se ha escrito mucho sobre el tema, incluso antes de que estallase la burbuja. Aquí, en estas páginas, se fueron marcando los jalones que nos llevaban al desastre. Pero en España se lee poco, y menos aún sobre temas económicos. La literatura sobre la crisis ha abundado, pero por lo general y con contadas excepciones es zarrrapastrosa. Los que negaban la burbuja con vehemencia hoy la reconocen y tienen incluso la desfachatez de decir que ellos ya habían advertido de los desequilibrios. No digo nombres porque el que más y el que menos ya sabe de quién estoy hablando.

Otros, los profetas del Apocalipsis habituales, los mismos que llevan ciento y pico años anunciando el colapso inminente del capitalismo, se ilusionaron tanto con la quiebra de Lehman y el pinchazo inmobiliario que han terminado haciendo un ridículo importante. Por último, al menos en España, por la profundidad y duración de la depresión económica, la charlatanería ha sido tanta y tan intensa que el español medio no sabe bien quién es más culpable de su desgracia; si los bancos, los mercados, los políticos, la injusticia de los egoístas o la tiranía de los hombres malos.

Por estas y muchas más razones había motivo para poner la crisis y todo lo que le precedió en imágenes. Pero, ay, el empeño era largo, los medios cortos y pocos creían que fuese a interesar a demasiada gente. Tal vez por eso, porque pensábamos que era imposible, Juan Ramón y yo nos pusimos al tajo. Empezamos escribiendo un guión que bebía directamente de uno de sus libros más recientes. Todo un desafío concentrar tantas ideas en tan poco espacio, pero Rallo es de los que se crece ante la adversidad y parió un texto de alta graduación teórica sin comprometer la sencillez. Eso había que taparlo con infinidad de planos y buscar colaboradores que se prestasen a responder unas cuantas preguntas.

Los segundos los teníamos, los primeros no. Como los colaboradores eran de primera, no queríamos que el footage fuese de segunda, así que no nos quedó otra que arrastrar la cámara -sí, una única y solitaria cámara- como la Piquer arrastraba su baúl por toda la Piel de Toro. Grabamos en Madrid, en Alicante, en Benidorm, en Albacete, en Guadalajara, en Ávila, en Asturias, en Lanzarote, en Mallorca… en Fráncfort, en Estrasburgo, en Stuttgart y hasta en la Antigua Guatemala, que es una de las ciudades más bonitas de América. Se trataba de aprovechar los viajes privados para plantar el trípode, encuadrar y dar al REC en cuanto se nos presentase la oportunidad. Cuando se hace un documental con un presupuesto de cero euros esta es la única manera de trabajar si lo que se pretende es que, al final, salga algo decente.

Sobre esa colección de imágenes se montó la voz de Juan Ignacio Ocaña, uno de los mejores narradores de España, y algo de música de fondo cuyo primer requisito era que estuviese libre de derechos de autor porque no, para eso, para liquidar los derechos a la SGAE, tampoco teníamos.

Todos esos ingredientes los metimos en un ordenador de hace seis años y los fuimos poniendo en orden. Al final el resultado es el que es, mejorable, sin duda, pero lo suficientemente claro como para cumplimentar nuestro primer y casi único objetivo: explicar la crisis y dar algunas soluciones prácticas para salir de ella. Una explicación que, por lo demás, no cae en el maniqueísmo tan al uso de buenos y malos. En el mundo real no hay héroes ni villanos. A lo largo de los últimos quince años cada uno de los agentes económicos actuó como era de prever con los numerosos y cambiantes incentivos y desincentivos que se fueron encontrando. Los espectadores dirán la última palabra porque, a diferencia de los pirracas de siempre, nosotros sí creemos que el mercado -usted, su primo, su vecino, el de enfrente que pasea al perro al atardecer- tiene razón. El tiempo lo dirá, si dice bien tal vez Juan Ramón y un servidor, saquemos como el Quijote fuerzas de flaqueza y nos metamos en otro imposible.

El “impuesto negativo”

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, catedrático de Hacienda Pública, no sabe lo que es un impuesto negativo. Propuso que se estudiase para España, pero lo asimiló a un programa que no es exactamente, casi ni siquiera aproximadamente, un impuesto negativo. Y que, además, ya está en marcha en España. Más allá de que Montoro, como él dice, no tenga remedio o sí, la mención al impuesto negativo es interesante, y por eso la traigo aquí.

Milton Friedman es su apóstol más afamado, aunque ni el primero ni el último. Su planteamiento consiste en que “la pobreza es en parte una cuestión relativa”. Y señala que incluso en los países más capitalistas, “claramente hay mucha gente viviendo en unas condiciones que la mayoría de nosotros consideramos pobreza”.

Para aquellas situaciones hay un recurso, que es el “más deseable”: el de la caridad privada. Esa caridad, en las sociedades actuales, se mina por el Estado de Bienestar. Si el Estado se ocupa y me quita un buen dinero para ello, también me quita recursos, incentivos y responsabilidad para hacerlo.

Por otro lado, la caridad ha funcionado muy bien históricamente. Pero ese éxito estaba ligado a una comunidad pequeña, en la que la gente se conocía, o se sentía parte de una comunidad política, social, con grandes lazos interpersonales. Pero en las sociedades desenlazadas actuales, en las que las relaciones se traban con personas más lejanas, en las que el individuo se siente parte de una comunidad mucho más amplia, esa atención al pobre de al lado ya no te concierne. Sólo estarías dispuesto a poner algo de tu bolsillo si los demás lo hiciesen. Ese argumento lo compra Friedman de cabo a rabo.

De este modo, Friedman comete varios errores. Supone que la pulsión que hay en el alma humana de ayudar a los ciudadanos en una situación de dificultad queda superada por la modernidad. Y tiene una visión de esa compasión muy pobre. No le da una oportunidad a que esa iniciativa privada sea de nuevo eficaz si se dan las circunstancias adecuadas. Que no son, como señala Friedman, la existencia de un Estado de Bienestar. Y comete un error típico de los socialistas, que es pensar que el origen de la pobreza es la carencia de dinero. Si prevalece la libertad, si no hay frenos institucionales al comportamiento legítimo, la clave para salir de la pobreza es el comportamiento.

Una sucesión de errores que le conducen a un resultado fatal. Milton Friedman, en una obra llamada Capitalismo y libertad, dice: “Si el objetivo es aliviar la pobreza, deberíamos tener un programa dirigido a ayudar a los pobres”. Una proposición que, a su vez, encierra en pocas palabras graves errores. ¿Ha de haber objetivos asumidos conjuntamente? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se eligen? ¿Hay objetivos significativos más allá de los individuales? Friedman asume que sí. Por otro lado el pudor le impide señalar de quién es el “programa para ayudar a los pobres”. Ese “quién” es el Estado. Pero por un lado no ha demostrado que el Estado deba ayudar a los pobres, y por otro tampoco ha demostrado que la iniciativa privada sea insuficiente o peor. Apenas llevamos una página del capítulo Aliviar la pobreza, y no es muy prometedor.

Con este punto de partida es difícil que mejore. Pero sigamos. Dice que si lo importante es la pobreza, es sobre los ingresos donde se debe actuar, y no sobre los orígenes de éstos. Y debe distorsionar el mercado en la menor medida posible. Y es aquí donde hace su propuesta de un impuesto negativo. Ya se había planteado anteriormente, y James Tobin recogió la idea de Friedman y la llevó hasta donde supo. Consiste en lo siguiente:

Hay un nivel de ingresos por debajo del cual los individuos están exentos de pagar impuestos. Pongamos que se decreta en los 12.000 euros al año (cualquier elección es arbitraria). Si fijamos un tipo sobre todos los ingresos a partir de esa cantidad, obtenemos lo que se obliga a pagar al individuo. Si esa tasa es del 20 por ciento y gana 18.000 euros, pagará el 20 por ciento de 6.000 euros, que son 1.200 euros.

Pero si no llega a generar 12.000 euros, según el esquema del “impuesto negativo”, en lugar de pagar impuestos, cobrará un dinero. Y lo hará en una proporción de los ingresos que le falten para alcanzar los 12.000 euros. Si, por ejemplo, ha generado 8.000 euros y se mantiene el tipo del 20 por ciento, recibirá el 20 por ciento de 4.000 euros, que son 800. También se puede imponer un tipo distinto al “impuesto negativo” que al “positivo”. Si, en el caso anterior, utilizásemos una tasa del 50 por ciento, lo que recibiría serían 2.000 euros.

Aquí vienen las ventajas de este sistema, expuestas por Friedman: “Ayuda en la forma más útil al individuo, es decir, en dinero. Es general y no se puede sustituir por el conjunto de medidas específicas que están funcionando. Hace explícito el coste soportado por la sociedad. Opera al margen del mercado. Como otras medidas para aliviar la pobreza, reduce los incentivos de quienes reciben la ayuda a salir por sus propios medios, pero no los elimina por completo, como ocurriría con un sistema con una cantidad fija de ingresos. Un dólar más ganado siempre significa más dinero disponible para gastar”.

Lo más atractivo del “impuesto negativo” propuesto por Milton Friedman es que se propone como una alternativa al Estado de Bienestar. Esto es característico de Friedman. Toma los objetivos declarados por los socialistas como válidos, y ofrece una solución pública también, menos invasiva, y válida (o que parece válida) para ese objetivo declarado. No debemos despreciar esta propuesta en este sentido. El objetivo, el planteamiento y la solución que ofrece Milton Friedman son socialistas; es una solución más racional, menos distorsionadora e invasiva. Y, al no servir a intereses sectoriales o sociales particulares, no está tan sujeta al juego político, que consiste en la distribución de renta y riqueza de una parte de la sociedad (generalmente menos organizada) a otra parte de la sociedad (más) y al Estado. Friedman, como socialista racional, probablemente no tenga rival en el valor de sus aportaciones. Esta es una de ellas.

Podemos hablar de este esquema con total tranquilidad, en la confianza de que nunca se llevará a cabo. Es una amenaza para numerosos y poderosos intereses detrás del Estado de Bienestar.

El sistema propuesto por Friedman tiene al menos dos efectos negativos en la práctica. Uno de ellos es que desincentiva la obtención de mayores ingresos. Es decir, la generación de nuevos ingresos. Pero esto no es diferente a lo que ya ocurre. Y, en segundo lugar, es un llamamiento eficaz a un fraude masivo. En los Estados Unidos se puso en marcha un sistema parecido (muy parcial, ya que no se eliminó el Estado de Bienestar), y la Oficina General de Cuentas observó un fraude del entorno del 45 por ciento.

En definitiva, aunque es mejor que lo que tenemos, la propuesta de Milton Friedman de un impuesto negativo para aliviar la pobreza es otro esquema socialista fallido.

Leyes, legalidad y legitimidad

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Los individuos pueden preguntarse por el por qué o para qué de las leyes, su justificación, legitimación y fundamentación, y la necesidad o conveniencia de su cumplimiento. Diferentes respuestas son posibles, desde las que fomentan el sometimiento (irreflexivas y manipuladoras) hasta las que buscan comprensión (con contenido filosófico o científico): la ley es la ley y hay que cumplirla y punto, debes hacer lo que debes hacer; cuestionar las leyes es una impertinencia, un pecado o un crimen muy grave; las leyes expresan la voluntad de alguna autoridad muy poderosa a la cual conviene no enojar con su incumplimiento y así evitar represalias; las leyes expresan la voluntad de una autoridad muy sabia y benevolente y conviene obedecerlas por nuestro propio bien aunque no sepamos por qué; las leyes de menor nivel se justifican mediante leyes de mayor nivel o principios fundamentales; las normas adecuadas son necesarias y útiles porque permiten y fomentan el desarrollo personal, la coordinación social y la convivencia armoniosa.

Las leyes (reglas, normas, principios) pueden proceder del derecho positivo, de la ética, la moral o la religión. Las leyes regulan, disciplinan y ordenan la conducta de los individuos: expresan prohibiciones, obligaciones o derechos de los agentes involucrados respecto a ciertas acciones o estados del mundo en diversas circunstancias. Un acto concreto es ilegal (falta, delito, crimen, pecado) si viola alguna ley, si no es conforme o compatible con ella: hacer algo prohibido, no hacer algo obligatorio.

El incumplimiento de la ley suele implicar la aplicación de algún castigo contra el infractor: daños físicos, encarcelamiento, multa, expulsión de un grupo. Las autoridades (centralizadas o descentralizadas) generadoras y/o gestoras de las leyes deben tener algún poder para conseguir su cumplimiento: fuerza física, persuasión (por amor o por miedo), liderazgo de un grupo organizado.

No sólo hay leyes sobre acciones: también hay leyes sobre leyes (metanormas), leyes más abstractas y de mayor rango que inspiran y deben cumplir las leyes más concretas y de rango inferior. Los reglamentos de un ministerio o departamento deben cumplir y concretar las leyes que emanan del parlamento, que a su vez deben cumplir y concretar la constitución de una nación. Una ley es inconstitucional si es incompatible o contraria a la constitución; un reglamento puede ser no conforme con alguna ley que lo afecta.

La existencia de niveles normativos se aprecia en frases como “las leyes deben cumplirse”, “esto debería estar prohibido” o “prohibido prohibir”, que expresan normas acerca de normas (y probablemente también la opinión del hablante acerca de la conveniencia o no de esas reglas). Algunos pensadores pueden creer erróneamente que un tema queda zanjado simplemente con invocar un principio superior; sin embargo al criticar una ley por ser incompatible con otra norma o idea superior conviene recordar que ese principio superior quizás es a su vez criticable: no es el único posible, o es criticable mediante otra norma más alta.

Las leyes prescriptivas, como órdenes o comandos, no son verdaderas o falsas del mismo modo que las leyes descriptivas, sino que están vigentes o no, se aplican o no, se exigen o no, y se cumplen o no. Lo que es verdadero o falso es si una ley está en vigor o no, si se acata o no, y si se ha violado o no con alguna acción concreta. Pero los contenidos de las normas pueden variar en el tiempo o de un grupo social a otro.

Un buen sistema normativo es consistente y completo en la medida de lo posible: las diferentes partes se apoyan y complementan mutuamente; está libre de contradicciones, incompatibilidades, incoherencias o arbitrariedades; y es capaz de producir una respuesta para todas las preguntas o problemas relevantes.

Los sistemas normativos suelen tener estructura jerárquica: no son conjuntos de leyes desconectadas y todas al mismo nivel o con la misma importancia, sino que algunas normas son más básicas que otras. El sistema legal tiene fundamentos que soportan el sistema, o un núcleo central que lo cohesiona, o una cúspide que lo culmina (según el punto de vista y dónde se coloquen los elementos principales).

Que la estructura sea jerárquica no implica que históricamente primero aparezcan las leyes abstractas fundamentales y a partir de ellas se deduzcan o generen las reglas prácticas, concretas y detalladas. Es posible que primero existan diversas normas específicas independientes cuyas interacciones e intentos de explicación o justificación lleven a una integración y sistematización.

Las leyes pueden utilizarse como herramientas de poder: las normas son armas. Los principios expresados en el nivel superior son muy importantes porque controlan todas las demás normas y conductas: también son muy conflictivos porque los individuos pueden no estar de acuerdo sobre sus contenidos y pelean o discuten para imponer los que cada uno desea. Existen los principios superiores, pero no suele haber acuerdo sobre cuáles son: puede haber consenso sobre términos muy genéricos, pero desacuerdo sobre su interpretación (“libertad”, “igualdad”, “justicia”). También puede suceder que los principios superiores no importen demasiado si su interpretación es tan flexible que permiten implementaciones concretas prácticas muy diferentes (“hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos”).

Los seres humanos intentan controlarse mutuamente unos a otros en su propio beneficio: influyendo sobre sus preferencias y sobre el contenido de sus sentimientos morales; e intentando que las leyes sean las que cada uno desea. Con leyes de bajo nivel se controla la conducta concreta, y con leyes de alto nivel se controla la producción de leyes de menor nivel. Es posible denunciar a un individuo por incumplir alguna ley, o denunciar una ley por ser incompatible con otra superior.

Las normas están y operan en las mentes de los agentes (y tal vez en memorias exosomáticas como los libros) para regular su propia conducta y la ajena. Las leyes son generadas y gestionadas exclusivamente por los seres humanos, de forma consciente o inconsciente, y cumplidas mediante acatamiento voluntario o por imposición de los más fuertes y sometimiento de los débiles. Pero es común que muchos individuos crean que algunas leyes proceden de divinidades sobrenaturales, entidades sobrehumanas muy poderosas.

Todo sistema normativo tiene un número finito de niveles (al menos uno y quizás sólo uno) y un nivel máximo o cúspide: este nivel superior no tiene ninguno por encima que lo fundamente o justifique; si se invoca un nivel más alto como apoyo o para rechazarlo, entonces resulta que no se trataba del nivel máximo. El nivel superior es axiomático y no se deduce o infiere de ningún otro: simplemente se acepta o no. Este hecho problemático puede resultar incómodo para algunas personas, quienes lo resuelven de forma intuitiva mediante el recurso a entidades imaginarias omnipotentes, los dioses, quienes presuntamente fundamentan la ley con su voluntad y su poder: este engaño puede resultar práctico y funcional si es creído de forma compartida y sirve así para cohesionar un grupo en torno a unos principios comunes no discutidos.

Las normas morales o éticas también pueden tener diversos niveles. El nivel superior puede ser una presunta voluntad divina, algún criterio filosófico (utilitarismo, consecuencialismo, deontología, ética de las virtudes, liberalismo, comunitarismo, socialismo, comunismo) o un conjunto de principios abstractos de justicia: desigualdad según casta o estatus social, igualdad ante la ley (universalidad, imparcialidad, simetría, aplicación uniforme no discriminatoria; totalmente universal o restringida a los miembros de un grupo), igualdad mediante la ley.

La legalidad y constitucionalidad en el derecho positivo son equivalentes a la justicia y legitimidad en la moral y la ética. Justificar o legitimar es invocar los principios más abstractos, generales y universales. Pero lo que para unos es justo o legítimo para otros es injusto o ilegítimo porque esos principios pueden ser diferentes para distintos individuos.

Para algunas personas las leyes que rigen la sociedad deben estar sometidas a principios morales o éticos. El positivismo jurídico rechaza el sometimiento de la ley a la moral. Pero esto no implica que la ley positiva no tenga fundamentos de ningún tipo. El derecho puede fundamentarse en principios generales y en diversas normas que regulan la producción de leyes vigentes y exigibles: costumbre, ley común producida por jueces y jurisprudencia, definición del sujeto soberano y las autoridades competentes, utilización de procedimientos formales válidos, aprobación democrática explícita (popular directa o mediante representantes en parlamento como poder legislativo que promulga y proclama las leyes), pactos contractuales.

 

Inspectores de hacienda, esos héroes

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Entre los puestos de trabajo que menos respeto me produce siempre ha destacado el de inspector de impuestos. Reconozco que la Guardia Civil y la policía municipal hacen méritos suficientes para ocupar este puesto, pero, entre multa y multa, hacen algún servicio de provecho a la sociedad: asisten accidentes, regulan el tráfico y hasta detienen a algún criminal real, cuando la persecución al ciudadano respetable, pero con el billetero lleno, se lo permite.

No es el caso del inspector de impuestos, cuyo único objetivo es escudriñar la vida privada (sí, nuestros ingresos y gastos son parte de nuestra vida privada, no deberían ser visibles por nadie sin nuestro consentimiento) de los ciudadanos para averiguar si ha entregado parte de su riqueza al Estado voluntariamente o si es necesario quitárselo por la fuerza, más la correspondiente multa o recargo por su poca concienciación social.

Sólo el lavado de cerebro masivo que recibe la sociedad desde hace décadas puede explicar que haya muchos de estos inspectores que frecuenten medios de comunicación, la mayoría de las veces en funciones descaradas de lobbies, sin el menor reparo. En cualquier otra época estos sujetos, de existir, guardarían celosamente su condición (algo que el contribuyente no puede hacer con su dinero) e intentarían pasar desapercibidos, justificando su profesión en la pura necesidad de tener un trabajo en tiempos difíciles.

Por desgracia vivimos en una época donde está mal visto que alguien hable en contra del alarmismo del cambio climático si hace 20 años el departamento donde trabajó recibió una subvención de mil euros de una petrolera, pero si eres miembro de una asociación de inspectores de hacienda y te da por pedir, oh, qué sorpresa, que se duplique o triplique el número de inspectores para acabar con el fraude fiscal, te sacan en todos los medios de comunicación como la quintaesencia del sacrifico por el bien común.

Pero si hay algo que me hace despreciar ese trabajo por encima de todo es porque simboliza el sistema fiscal que sufrimos actualmente. Nadie necesita un inspector fiscal para saber si un vecino no ha pagado su cuota de la comunidad de propietarios. Nadie necesita un inspector fiscal para descubrir si un socio está escatimando sus aportaciones. Nadie necesita un inspector fiscal para saber que un suscriptor no está pagando por recibir su revista favorita. No hay ninguna transacción financiera honrada que requiera de un inspector fiscal para saber si el cliente está al corriente de pago de un producto o servicio. Solo el Estado necesita inspectores fiscales para conocer qué riqueza genera una persona, y así poder quitarle la parte que arbitrariamente considera suya.

Por eso es especialmente perversa la petición de más inspectores de hacienda. Estos no van a mejorar el sistema de recaudación, no van a repartir más equitativamente el peso del Estado entre los ciudadanos. Lo único que van a hacer es llevar la auditoría sobre la vida de los españoles a nuevos niveles, expandiendo el control total que ya tiene sobre los asalariados de nómina y tarjeta de débito al resto de la sociedad. Los autónomos, las PYMES y todo aquel que no está totalmente controlado por los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria tendrían que aguantar un control más exhaustivo de personas de carne y hueso cuyo mayor deseo, al parecer, es conseguir pruebas para expropiar las pocas riquezas que van generando después de 6 años de crisis, para más orgullo de la casta política que hace pésimo uso de ellas.

Pero no carguemos las tintas sólo contra los inspectores. Sus anhelos no serían posibles sin esos millones y millones de personas que, siguiendo el instinto español básico de sacarle el ojo al vecino aunque ellos pierdan los dos en el proceso, piensan que la solución a muchos de los males que sufre éste país proviene del fraude de las grandes empresas, de los autónomos que no hacen facturas y de los paraísos fiscales.

Al parecer si las facultades de un ladrón le permiten robar a cualquiera, tenga el sistema de seguridad que tenga, pasa a ser un buen recaudador de impuestos. Y según dicen en España todavía hacen falta más y mejores ladrones… ¡Quién lo diría leyendo los periódicos!

Que los traders compitan y los inversores elijan

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

En Wall Street circula el dicho de que si tienes el ratón en la mano, ya llegas demasiado tarde. Desde hace algunos años las órdenes de compra y venta de acciones ya no se negocian en ruidosos mercados de corros, sino mediante sistemas electrónicos automatizados. Los gritos de los traders han terminado dando paso al zumbido de los servidores informáticos. Dentro del mercado hay muchos tipos de operadores, cada uno con estrategias diferentes. De entre ellos existe una clase que ha ganado una gran importancia en los últimos tiempos, y son aquellos cuya ventaja competitiva se basa en la rapidez de operación, en ser los primeros en reaccionar ante los cambios. Son los denominados HFT o high-frequency traders.

Tanta importancia tiene la rapidez en la operativa de los HFT que posicionan sus servidores lo más cerca posible de la caja negra en la que se casan las órdenes en los mercados de valores y apuran cada centímetro de cable para arañar hasta el último milisegundo. Para hacernos una idea, en la actualidad una orden de un HFT puede viajar de Nueva York a Chicago y volver en unos diez milisegundos. El tiempo de reacción de Usain Bolt ronda los 150 milisegundos, y el parpadeo de un ojo humano entre 300 y 400 milisegundos. Es decir, una eternidad para un HFT.

Una de las controversias del momento en Wall Street es precisamente el papel de los HFT. La polémica se ha reabierto a raíz de la publicación del libro Flash Boys: A Wall Street Revolt, del exitoso escritor Michael Lewis. El libro es una fuerte crítica al high-frequency trading narrada con brillantez a través de la mezcla de historias de varios profesionales del sector y de una gran investigación del autor. El propio Michael Lewis dio el pistoletazo de salida de la polémica en una entrevista en la CBS en la que resumía el mensaje central de su libro: "el mercado está amañado". La conclusión de su trabajo, según él, es que los HFT amañan el mercado en beneficio propio, perjudicando a los demás operadores. Veamos qué hay de verdad en ello.

La principal crítica que hace Lewis a lo largo del libro es la capacidad de anticipación que tienen estos traders de alta velocidad. El protagonista del libro, Brad Katsuyama, es un trader del Royal Bank of Canada en Nueva York, que comienza a investigar por qué en ocasiones sus órdenes de compra o venta no se ejecutaban de la manera esperada. Lo que ocurría, descubre, es que tras pulsar ‘Enter’ en su teclado, su orden viajaba a múltiples mercados organizados localizados en diversos puntos geográficos en Estados Unidos. Pero no llegaban a todos al mismo tiempo. Los milisegundos de diferencia, antes irrelevantes, ahora cobran una gran importancia. Una vez que su orden llegaba al primero, en Nueva Jersey, los HFT eran capaces de detectar su orden y anticiparse a Brad operando en los otros mercados. Es, concluye el autor, front-running puro y duro.

El problema es que el front-running es una práctica diferente a la descrita por Brad Katsuyama. ¿Qué es el front-running? Pongamos que contactamos con nuestro bróker y le damos la orden de comprar 100.000 acciones de una determinada compañía. Como nuestra orden va a hacer subir el precio de la acción, al bróker se le ocurre comprar 1.000 acciones a título personal antes de ejecutar nuestra orden. Una vez nuestra orden ha sido ejecutada y por tanto el precio ha subido, el avispado bróker vende sus 1.000 acciones embolsándose una ganancia a nuestra costa. Ésta es una práctica fraudulenta, pero no por haber operado antes que nosotros ni por haber obtenido una ganancia a nuestra costa. El front-running es un fraude porque el bróker está incumpliendo el contrato que tiene con nosotros. Según el contrato, nosotros pagamos al bróker a cambio de confiarle la ejecución de nuestras operaciones, y fijamos para ello unas determinadas normas. Una de ellas es que no emplee la información que le confiamos para operar por su cuenta antes de ejecutar nuestra operación, es decir, que no nos haga front-running. No tiene por qué hacerse de manera explícita en el contrato, sino que puede ser simplemente comprometiéndose a cumplir con una determinada regulación o códigos de buenas prácticas. El front-running, en resumen, es un incumplimiento de contrato y por tanto una práctica fraudulenta.

Los HFT, sin embargo, no violan ningún un contrato con el inversor ni con otro trader, no están incumpliendo ningún compromiso de ejecución con ningún cliente. Simplemente perciben que el precio va cambiar y se anticipan a dicho cambio. No es una práctica muy diferente a la usada por otros traders tradicionales cuando tratan de anticiparse a los movimientos del mercado analizando la información de la que disponen. La diferencia es que ahora se hace de manera más rápida y se procesa antes la información.

Ésta es la principal crítica que hace Michael Lewis en el libro. Existen otras dos críticas tradicionales contra el HFT, pese a que Lewis no se centra tanto en ellas. Una es que supuestamente puede aumentar la fragilidad de los mercados financieros. El clásico ejemplo es el Flash Crash. El 6 de mayo de 2010, en torno a las 2:45pm, el Dow Jones se desplomó un 9% y en cuestión de minutos volvió a recuperarse. Por lo visto, aunque aún existe debate en torno a las causas, una orden de venta de gran tamaño de un fondo de inversión provocó que muchas máquinas reaccionaran vendiendo compulsivamente sus posiciones. La cuestión es que, si nos fijamos, los incentivos funcionaron: al final del día, quienes tiraron la cotización obtuvieron pérdidas y quien se puso a comprar y volvió a estabilizar el mercado obtuvo ganancias.

En mi opinión, este caso demuestra, incluso, que la automatización si acaso genera más estabilidad que una operativa pura de emocionales seres humanos. Las máquinas permiten detectar antes las oportunidades de ganancia y no se dejan llevar por euforias o miedos, y eso ayuda a estabilizar el mercado de manera más rápida. Esto no quiere decir que las máquinas siempre estén programadas de manera correcta y que no fallen. De hecho, el que era el HFT más importante del mundo, Knight Capital, tuvo un problema en un algoritmo que empezó a operar de manera alocada y desestabilizó algunos valores. En consecuencia, en un solo día Knight Capital obtuvo pérdidas de 460 millones de dólares y quedó prácticamente en quiebra. Al final, quienes dan estabilidad tienden a salir ganando y quienes desestabilizan tienden a perder.

El tercer argumento típico de los críticos con el HFT es el denominado flash trading. Algunos mercados de valores permiten que los HFT sitúen sus servidores en una posición privilegiada, y les proporcionan información sobre las órdenes que van llegando algunas fracciones de segundo antes que a los demás. Con ello, los HFT se benefician de ser los primeros en operar. A cambio, los mercados consideran que aumentan la liquidez que proporcionan a los inversores.

El high-frequency trading supone una innovación disruptiva en los mercados financieros. La competencia es muy intensa entre traders, creadores de mercado e incluso entre los distintos mercados que han proliferado en los últimos tiempos. La mayoría de los participantes en los mercados financieros admiten que esto, en general, ha mejorado sustancialmente la operativa de los mismos. Los HFT aportan una gran liquidez a los mercados, permitiendo a los inversores operar con menores costes de transacción que antes. Los bid-ask spreads, lo márgenes entre mejor oferta de compra y de venta disponibles en el mercado, se han estrechado enormemente y se han vuelto más profundos. Sin embargo, esto también fuerza a los traders tradicionales a adaptarse a los cambios. No es de extrañar que la mayor parte de las críticas no provengan de inversores, sino de entre los propios traders del sector que se han ido quedando obsoletos.

Esta innovación disruptiva no está exenta de problemas y Lewis hace un gran esfuerzo en su libro al tratar de detectarlos y explicarlos. Acertado o no, sin embargo creo que hay un motivo en particular por el que hay que aplaudir a Michael Lewis. Y es que el escritor no recurre a la fácil solución de pedir al Estado que imponga una u otra regulación, no se dedica a exigir al gobierno que aplique una solución única a los problemas que detecta. Al contrario. Lo mejor del libro de Michael Lewis es que busca, a través de sus personajes, encontrar una solución a los problemas que percibe en el mundo del HFT por la vía por la que deberían resolverse en un sistema de libre mercado: mediante la sana competencia.

Brad Katsuyama, cuando descubrió que los HFT se adelantaban a sus órdenes de compra y venta, decidió desarrollar y comercializar una herramienta, Thor, que permite enviar las órdenes a los distintos mercados de valores de tal forma que todas llegaran al mismo tiempo. De esa manera, evitaba que los HFT pudieran adelantarse y arbitrar entre sus propias órdenes. A continuación decidió crear IEX, un nuevo mercado organizado a prueba de HFT. Cualquier agente que decida operar en él sabrá a ciencia cierta que los HFT no podrán realizar las controvertidas prácticas que Lewis denuncia en el libro. Al final, la solución idónea para dirimir la polémica en torno al high-frequency trading es que cada mercado, cada exchange, ponga las normas que considere que garantizarán un mejor servicio, que los traders compitan entre todos estos mercados por ofrecer los mejores precios y que los inversores elijan. De esa manera tendremos una idea razonable de cuál es, con sus pros y contras, el sistema que mejor funciona.  

Las oscuras reconversiones

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

No puedo sino dar la razón al que, airado, asegura que España es un país de chorizos. Y no me refiero al rico manjar que nos proporciona nuestra maravillosa cabaña porcina. Hemos llegado a un punto en que cuando aparece un nuevo (o viejo, pero olvidado) caso de corrupción, no es que no nos sorprendamos, es que o no nos damos por aludidos o, en el mejor de los casos, lo comparamos con el que tenemos en mente para saber si merece nuestra atención. Si cojeamos de alguna simpatía ideológica o política es bastante probable que busquemos la fuente de la información o la militancia política del presunto para luego cargar tintas contra él, ella o ello, buscar indulgencia o incluso, en el caso más extremo, justificaciones.

Uno de esos casos que no ha trascendido demasiado a los medios nacionales, quizá más preocupados en la caza mayor de los Gürtel o los ERE andaluces, es el fraude en las subvenciones a la minería. No es que estemos hablando de caza menor, ya que de momento ronda la bonita cifra de 600 millones de euros, pero es que algunos sectores gozan de simpatías sociales y de las de ciertos medios que suelen ser más indulgentes con los implicados en estos delitos: los mineros y las compañías mineras, quizá, sólo quizá, por lo duro y poco saludable que es el trabajo y porque tradicionalmente tienen mucho peso político en las cada vez menos abundantes regiones mineras.

El juez Ignacio Candal, que es titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada (León) ha imputado a doce empresarios de siete compañías mineras como presuntos autores de un fraude cuyo montante podría seguir aumentando. Para que nos hagamos una idea, sólo en 2011, una de esas empresas, la Unión Minera del Norte S. A. (Uminsa), habría recibido 53 millones de más en modo de subvenciones. La empresa habría extraído 800.000 toneladas de carbón, pero habría recibido fondos públicos por 1,2 millones de toneladas. El periodo que se investiga parte desde 2007 y llega hasta 2012 y como ya he comentado, son siete las compañías investigadas. La cifra final podría superar los 1.000 millones de euros.

Y este no es ni mucho menos un caso aislado, ha llamado también la atención el caso del carbón volatilizado, más de medio millón de toneladas que la Sepi exige al empresario Victorino Alonso y que han desaparecido del emplazamiento declarado por éste. El empresario niega haberlo vendido dos veces y se explica diciendo que se ha “volatilizado” por la lluvia. Hunosa ha litigado en la vía penal y civil, pero de momento los tribunales no terminan de aclarar el caso.

El sistema de subvenciones es una política pública que tiende a enquistar problemas que el libre mercado resolvería en un periodo relativamente corto con la menor repercusión posible, aportando soluciones o al menos vías de acción para todos los implicados. Amparándose en el argumento moral de que hay que proteger al desamparado, al sufriente o al descamisado, el Estado capta fondos de los sectores productivos, de los ciudadanos y mantiene en estado comatoso economías, sectores, empresas y trabajadores que podrían y deberían haberse adaptado a las nuevas necesidades y prioridades de la gente, pero que se empeñan en conservar un particular y costosísimo estatus fantasma.

El sector de la minería, donde la carbonífera tiene tradicionalmente un gran peso, es uno de los más subvencionados de la incierta economía española. Desde 1990 y hasta 2012 ha recibido 23.676 millones en ayudas públicas repartidas entre cuatro planes estatales, que no parecen haber sido bastantes porque sigue lleno de problemas que la voluntad política no resuelve, porque ni puede ni quiere.

La calidad del carbón no es la más adecuada para las necesidades energéticas y técnicas de nuestras centrales (tal es el caso de la térmica turolense de Andorra, de Endesa, que se ha negado a quemar el carbón de Mequinenza al demostrar que dañaría sus calderas), pese a ello, las eléctricas españolas están obligadas a quemar una cuota de este material reduciendo de esta manera la eficiencia de los procesos y haciendo más cara la energía. Regularmente, las cuencas mineras presentan conflictos laborales con violentas manifestaciones apoyadas por sindicatos que más que defender a sus afiliados, luchan por su propia supervivencia cueste lo que cueste y afecte a quien afecte. Y como se ha visto, las empresas que nacen y se hacen en torno a este despilfarro acumulan unos niveles de fraude de los más altos de España, que ya de por sí son bastante altos.

¿Dónde está la labor de vigilancia de las propias administraciones sobre sus propias políticas? ¿No se supone que el Estado es el garante de que los “derechos” de los ciudadanos se van a respetar, que su dinero se va a invertir en cosas que ellos no son capaces de “ver”, pero que unos políticos elegidos o puestos a dedo sí lo son?¿No se supone que las instituciones públicas son las que van a corregir los “errores del mercado”? Además de luchar por su propia supervivencia y crecimiento, ¿puede el Estado hacer algo de lo que dice que hace? Un ejemplo entre muchos, la reconversión en Andorra, Teruel, lejos de suponer un sustituto al carbón y una reactivación de la región sólo ha supuesto un pozo sin fondo de recursos que, recordemos, se han detraído de la riqueza de los ciudadanos para beneficiar a unos pocos y despilfarrar el resto.

La reconversión del sector minero, como otras reconversiones de sectores tradicionalmente “estratégicos” en la economía española, son una especie de dejà vu que demuestran que las planificaciones económicas no conducen a nada bueno, que terminan saliendo muy caras, no solucionan los problemas en su base, potencian el rol de víctima de algunos colectivos, derivando todo ello en un mayor estado clientelar, una política económica y social cada vez más populista y demagógica, atrayendo a personas con pocos escrúpulos que buscan su particular lucro, pero a costa de los demás, no de su esfuerzo y su trabajo. En definitiva, no permiten que la gente involucrada tenga la opción de buscar otras maneras de seguir viviendo.

Querer es poder y no querer es no poder

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Ayer, jueves 3 de marzo, el Instituto Juan de Mariana coorganizó en la Fundación Rafael del Pino, el Free Market Road Show, una reunión de economistas, periodistas, asesores políticos, etc., dispuestos a reflexionar sobre diferentes aspectos de la lucha por la libertad. Tuve la enorme fortuna de estar en la misma mesa que el director del Instituto Juan de Mariana y compañero de tertulia, Juan Ramón Rallo, Carlos Rodríguez Braun y José Piñera. Éste último expuso el funcionamiento del sistema de pensiones chileno y las razones que explican sus más de treinta años de éxito.

Una de las cuestiones que más me llamó la atención fue que Piñera se mostró asombrado porque los españoles ante quienes explica su sistema, después de entender perfectamente la teoría, el funcionamiento, etc., invariablemente afirmaban: "Esto en España no es posible". Efectivamente, esa contestación encaja perfectamente en boca de cualquier español, de cualquier filiación política. Pero esa frase no solamente es imaginable en un español al contarle las bondades de un sistema de pensiones de capitalización frente a uno de reparto. Cualquier proyecto que implique un mayor protagonismo de las decisiones individuales se encuentra con un "Esto en España no se puede hacer".

La solidaridad no estatalizada: no se puede. Los españoles acudimos a las urnas para votar que nos quiten la mitad de nuestro medio de vida para que otros decidan a quién dárselo, pero estamos convencidos de que cada uno de nosotros dejaríamos morir al otro en mitad de la calle.

La educación libre: no se puede. Los padres pueden no ocuparse suficientemente de los hijos. El Estado, por el contrario, sabe qué necesitan tus hijos mejor que tú.

La lucha por la igualdad ante la ley de todos los seres humanos: solamente el Estado puede hacerse cargo. Las mujeres, por ejemplo, por si solas no son suficientes, necesitamos al Estado. Y así, todo. Y cuando algún entusiasta defiende un proyecto viable se encuentra con un torrente de voces que aseguran que no se puede. En España, no, no se puede.

Y José Piñera, el auténtico cartero de Neruda como explicó John Müller en la presentación, sonreía mientras señalaba los más de treinta años de éxito del sistema que aquí, al parecer es imposible, no se puede, va a ser un fracaso…

Así es como nos perdemos la oportunidad de asegurar el futuro de nuestros mayores, la justa retribución tras una vida de trabajo, y consentimos que nuestros políticos jueguen a proponer cambios en los parámetros relevantes en la fórmula que se utiliza para calcular las pensiones, sin que cambie el mal de raíz. Eso es el socialismo de todos los partidos, el que reclama y levanta la bandera por cosas que en realidad aniquila: los pobres, los ancianos, la educación de los niños, la sanidad y, como estrella, la justicia. De hecho, el socialismo de todos los partidos ha creado instituciones esenciales, supuestamente para asegurar la independencia de la justicia, la constitucionalidad de las normas, etc., como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y nos hemos creído que con eso bastaba. La triste realidad es que ninguna de esas instituciones medulares de justicia se caracteriza por un funcionamiento saludable. Y cuando uno se decide a crear un grupo de estudio, con la intención de que su finalidad última sea eminentemente práctica, para proponer reformas que faciliten el buen funcionamiento de estas instituciones, se encuentra con el mantra de siempre "En España no es posible".

Pues se puede. Se puede disfrutar de un sistema de pensiones liberal. Se pueden modificar los incentivos perversos en las instituciones. Se puede analizar la función de preferencia de los funcionarios, en concreto, los magistrados, para que les merezca más la pena comportarse honestamente que permitir que haya un sesgo político en su toma de decisiones. Solamente hay que ponerse. Y, sobre todo, hay que querer ese cambio. 

Contradicciones cargadas de ideología

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

La izquierda es esencialmente antipersona, egoísta, grupal y violenta hasta más no poder. Una persona violenta (que no sea un asesino en serie furtivo) consigue pocos resultados positivos con su acción; pronto será anulada. Pero un grupo violento es mucho más efectivo. De ahí su amor al colectivismo: por lo único por lo que aman al prójimo es para ser más y más fuertes. Que son maestros del engaño, sofistas manipuladores de la palabra y que manejan ingentes cantidades de recursos humanos y económicos (sí, especialmente monetarios) para alimentar y engordar su abyecta propaganda, además de sus agradecidos estómagos, es sobradamente conocido.

Que sus mantras (o" memes") van al corazón de la "ciudadanía" es igualmente sabido, pero su pretendido cientismo, con sus Galbraith, Krugman, Stiglitz, Sachs en la vanguardia, nos lleva a plantearnos no sólo la solidez de sus exigencias más reivindicativas (la "calle"), sino la solidez de sus teorías.

El mes pasado me referí a una de las contradicciones del socialismo: la simultánea defensa de la libertad (positiva) y de la "diversidad". No voy a insistir mucho más en los argumentos que ya espeté: diversidad, sí, siempre que ellos la sancionen y la glorifiquen. Al resto de personas no le conceden ninguna libertad.

El número de contradicciones es casi infinito y, desde luego, muy cansino. Me ceñiré fundamentalmente a casos de la macro y microeconomía. Lo que tienen en común estos mensajes es que siempre son antipersona y antimercado, recordemos. Y tengamos presente también que mercado, por más carga negativa que se le quiera imputar, no es sino la libre agrupación de personas para intercambiar, especializarse y crear valor. Por este grupo o "colectivo" que intercambia libremente no sienten la menor simpatía. No lo pueden dominar ni emplear como instrumento arrojadizo de coacción. Es un grupo extremadamente heterogéneo, no organizado (no existe una conciencia de pertenencia) y esencialmente pacífico. Lo atacan sin conmiseración. Así que en su odio al mercado o individuo, como veremos a lo largo de todo este repaso, son la mar de consistentes: no importa lo razonado del argumento (éste es sólo un medio para el fin citado), no importa si hoy dicen "A" y mañana "B".

Las crisis económicas y su contrapunto, las épocas de auge, son muy propicias para la proliferación de mensajes alarmistas.

En los auges económicos, proliferan monsergas que hacen hincapié en el exceso de consumo. Hablamos del terrible "consumismo", algo que se repite una y otra vez en las fiestas de Navidad. Autores como Galbraith nos recuerdan lo negativa que es la publicidad como engañabobos de inocentes despistados que compran por doquier (especialmente, en épocas de bonanza, claro). Es la orgía del consumo. El materialismo se impone a la solidaridad. Al tiempo que se sobreconsume, el mercado provee muchos bienes inútiles en esa época de producción desenfrenada. Desde la oferta (el empresario), además, se fuerza al consumidor a despilfarrar en casi cualquier cosa. Se pone de manifiesto una ineficiencia en el uso de recursos productivos debido a la oferta creciente de bienes absurdos. El despilfarro, por el lado de la demanda, apuntala la pérdida de bienestar social: ese dinero malgastado podría estar "mejor repartido" entre la sociedad, de manera más solidaria, aumentando el bienestar social.

El consumo, más allá de para fines realmente básicos, no está precisamente bien visto por la economía del bienestar. Pero en plenas burbujas económicas, no pueden criticar al mercado por su escasez (pobreza), sino por su exuberancia y por la propagación de valores más mundanos.

Pero y qué pasa cuando llega la crisis o recesión. ¿Cómo puede ser esto? Cambian las tornas. El consumo está por los suelos, la producción se contrae y el desempleo gana enteros. Emergen las teorías del subconsumo. Hay que revitalizar la economía como sea. La redistribución es un buen mecanismo. Consumir más allá de niveles que satisfagan necesidades más básicas (¿cuáles son éstas?) es de mal gusto. Se debe acudir a las transferencias de recursos desde los más adinerados (poderosos) a los menos con el fin de alcanzar mayor bienestar personal (y social). El Estado forzará la igualdad a través de la redistribución. Así es como personajes como Beveridge, impulsor del estado redistribuidor británico en los años 40, o Keynes (con la propensión marginal al consumo y redistribución a través del presupuesto) son tan complementarios.

En las crisis, la economía está paralizada. Los ricos, que no tienen dónde invertir en una economía en retroceso, asimismo consumen de sus rentas proporcionalmente menos que los pobres. Quitemos a unos para dar a otros y que consuman, que consuman como locos. Lo que sea, no importa, pero que consuman. La economía dejará de estar agarrotada.

Así nos topamos con que, según qué fase del ciclo, el consumo se vilipendia o se implora.

Por último, voy a detenerme en el marco regulatorio, que también da enorme juego. Si nos paramos a analizar la exposición de motivos de la legislación de competencia con la que se interviene la empresa por abuso de posición dominante, hallaremos sesudos y solidarios argumentos, todos ellos orientados, en teoría, a garantizar el bienestar del consumidor, siempre indefenso ante el egoísta y acaparador productor.

De nuevo, emerge la misma visión paternalista que ante la publicidad. El consumidor es tonto y por eso le engañan. Pensemos en las políticas sociales, monopolizadas por el Estado. En defensa de las políticas educativas del estado de bienestar, se asume que las élites políticas e intelectuales (despotismo) han de velar por los contenidos que deben recibir de forma uniforme los hijos secuestrados de sus padres para ser instruidos como colectivo y de manera inequívoca en "socialismo". El padre, como el consumidor, es tonto. Pero puede votar cada cuatro años para decidir no sobre su propio futuro y el de sus hijos (no le dejan), sino sobre el de los demás. Al parecer, sí está facultado para decidir lo que atañe a su vecino (la nación), pero no para lo que le conviene a él (que es lo que le tocaría, dado que sólo él sabe cuáles son sus planes). Bonita paradoja, señores. ¿No será que quienes nos toman por tontos son el Estado, los políticos, los burócratas y colectivos que viven del presupuesto?

El Estado no sólo crea monopolios propios, como los de provisión de servicios públicos como la sanidad, pensiones o educación, sino que los fomenta en áreas productivas de la economía (telecomunicaciones). Siempre en defensa del ciudadano o del consumidor, arguyen. El mercado abusaría del desvalido en caso contrario.

Según la teoría económica que sirve de coartada para el regulador, lo ideal es que en un sector determinado y dado, todos los productores produzcan lo mismo, sin diferenciar el producto y al mismo precio. También es ideal que sean productores pequeños que no tengan rentabilidades que exceden la tasa de beneficios de toda la economía. Y qué tiene esto de ventajoso para el consumidor. Si un empresario en un sector no está produciendo conforme a este modelo está ejerciendo, según afirman estos teóricos, prácticas desleales contra el consumidor y el resto de productores (barreras de entrada). El consumidor ve reducir su bienestar social porque en las formas monopolistas, los productores cargan mucho precio y restringen la producción (la OPEP, por ejemplo). El monopolista vende menos unidades de las que podría de no querer llenarse las manos de vil metal.

Cuál es el perjuicio al consumidor: más precio, menos cantidad y variedad de bienes de la misma categoría. Aunque no es el sitio para rebatir esto, pensemos en si Apple, bastante "monopolista" él, está impidiendo, por más que efectivamente venda caro (a gente encantada de pagar ese precio), que en su sector bajen los precios y se incrementen de manera abrumadora y gozosa para el consumidor los bienes tecnológicos de la categoría en la que esta compañía es vanguardia. Ellos son los líderes (o lo han sido hasta ahora) y otros, con otras propuestas de valor diferente, les han seguido, vigorizando el sector y satisfaciendo deseos de individuos con otro perfil comprador (y nivel adquisitivo) a precios cada vez más menguantes y atributos de producto cada vez mejores. Y todo gracias al vil metal. Quién en su sano juicio va a invertir en I+D en un sector moribundo, que no tiene el menor potencial creador, que da beneficios pírricos porque ya no hay forma de estirarlo más y está agotado…

Pero efectivamente parece que al Estado no le gustan los monopolios. Pero… ¿qué demonios es el Estado? El mayor monopolio privado (personas) que existe. A diferencia del impersonal, voluntario, dinámico y pacífico mercado, se legitima a través de la violencia institucional y sistemática (y buenas dosis de demagogia, eso sin duda). Valga la diferencia… Pero además: ¿Qué hace el Estado sino crear monopolios en los campos de la salud, la cultura, la educación, las infraestructuras, etc.? ¿Qué hace el Estado sino impedir disrupciones tecnológicas en áreas que, como la energía, tiene regulada hasta la saciedad, impidiendo la competencia y favoreciendo a las empresas establecidas? ¿Qué hace el estado sino imposibilitar que en campos estratégicos y básicos para el ser humano como la salud, la creación de conocimiento o la energía se creen nuevas formas de producción, nuevos bienes y servicios, más empleo y especialización? ¿Quién está impidiendo variedad experimental (prueba y error) a precios cada vez más reducidos? ¿Quién está empleando sus instrumentos de regulación y de política fiscal (de redistribución de rentas) para beneficiar a ciertos sectores o empresas? ¿Quién está haciendo que el individuo, el que parecía importar en todo este tinglado, se vea limitado en los servicios y bienes que podría disfrutar en una economía creativa, y constreñido en sus opciones, ahora que el conocimiento está disponible de manera prácticamente gratuita y es la clave de la creación de valor y progreso en la economía?

Hace unos días, Adolfo Lozano se preguntaba que quiénes eran más asesinos: si la enfermedad del SIDA o la enfermedad del gobierno. Aniquilan la libertad, no permiten experimentar a través de la diversidad y las personas (ellos los llaman "ciudadanos") lo pagan en sus débiles carnes.