"Cuanto más intensamente se defiende y cuanto más se amuralla una civilización frente a una amenaza exterior, menor será lo que finalmente quede por defender". Hans Magnus Enzensberger.
"Construyamos un muro alrededor de nuestro Estado del bienestar, no alrededor del país". Will Niskanen.
"Una de las razones por las que la inmigración abierta no es posible es porque no es compatible con el Estado del bienestar moderno". Chandran Kukathas.
"En vez de tratar en vano de parar la inmigración, deberíamos dedicar nuestras energías hacia la reforma del Estado del bienestar". Alex Nowrasteh & Sophie Cole.
"El hecho de que una ley del Congreso trate a los foráneos de forma diferenciada a los ciudadanos no implica por sí mismo que dicha disparidad de tratamiento sea odiosa". Extracto de la sentencia del Tribunal Supremo de los EE UU en el caso Matthews v. Diaz.
Antes de la 1ª Guerra Mundial pocos veían la inmigración como un problema. El posterior surgimiento del Estado del bienestar moderno en Occidente lo cambiaría todo. Los inmigrantes dejaron de ser un activo como habían sido siempre a lo largo de la historia para volverse una "carga". Tal vez la frase que mejor resumió esta visión fue la del escritor suizo-alemán Max Frisch a propósito de la llegada de mano de obra extranjera que iba acomodándose en Alemania mediante los programas Gastarbeiter: pedimos trabajadores pero obtuvimos personas. A medida que fue aumentando el peso del Estado providencia, se fueron simultáneamente incrementando en las democracias modernas las barreras a la inmigración.
El afilado análisis del profesor Chandran Kukathas nos señala que si el precio de la justicia social de las sociedades socialdemócratas es la exclusión de los más desfavorecidos de los países que ofrecen las mejores oportunidades, esto no habla muy bien de su justicia social y puede ser un indicio en contra de la idea de la misma. Va siendo hora de replantearse el Estado del bienestar actual porque es incompatible no sólo con la inmigración moderna sino con la globalización en general.
Para que la libertad de movilidad laboral internacional se asiente verdaderamente y no sea fuente de conflictos, es imprescindible que deje de existir una obligación moral hacia el trabajador extranjero por el mero hecho de su proximidad física, es decir, por vivir en una misma jurisdicción política.
Que un haitiano sufra lo indecible dentro de las fronteras de su propio país y desencadene poca o nula reacción entre la población de otro país parece algo normal. Pero que ese mismo haitiano logre tocar suelo extranjero e inmediatamente surja una obligación moral colectiva hacia el mismo por parte de los nativos del país de acogida parece que es una reacción desproporcionada con respecto a la primera. Sin embargo, es precisamente lo que sucede en la mayoría de los países occidentales (a diferencia de otros).
Conviene, por tanto, separar claramente la libertad de movilidad laboral internacional de la inmigración tal y como se la entiende hoy. El concepto de inmigración va generalmente ligado a la residencia permanente, a disfrutar de las prestaciones sociales, a la nacionalidad y a los derechos políticos que van asociados a esta última. Bien es verdad que el acceso a todo ello es bajo condicionantes más o menos estrictos (según cada Estado) pero, al final, todo ello se puede lograr sin grandes dificultades, una vez se haya pasado la arbitraria y muy restrictiva criba inicial de los Estados.
Pese a que, aparentemente, parezca generoso otorgar todos estos privilegios a los trabajadores inmigrantes cuando hayan residido de forma continuada una serie de años y cumplan ciertos requisitos según cada país de acogida, en realidad perjudica gravemente a los futuros inmigrantes que quieran posteriormente acceder al mismo ya que cada vez se irá subiendo más el listón bien a través de trámites engorrosos e interminables (muchas veces excluyentes) o bien se terminará por establecer un muro físico para impedir el acceso de más trabajadores al país (literalmente es lo que están levantando los políticos estadounidenses frente a México, supuesto país vecino y amigo). Esto es un error de enfoque.
El muro no habría que levantarlo en la frontera propiamente dicha sino en el acceso de los trabajadores extranjeros al sistema de transferencias masivas que implica la existencia del dispendioso Estado del bienestar, del que supuestamente son beneficiarios los nativos, sean autóctonos o ya naturalizados. Con ello, los inmigrantes serían mucho mejor tolerados.
Es lo que está sucediendo sólo parcialmente en algunos Estados benefactores que restringen a los recién llegados las prestaciones sociales un número determinado de años (p.ej., la Welfare Reform Act en los EE UU desde 1996). Es justo lo contrario de lo que hoy sucede en España que basta aquí al inmigrante con empadronarse para tener derecho, entre otros, a la asistencia sanitaria gratuita y a la educación pública.
Llegados a este punto, es llamativo comprobar cómo los recelos nativistas saltan inmediatamente para denunciar una situación injusta al percibir que los recién llegados de fuera pueden abusar de los servicios sociales ofrecidos por el actual Estado del bienestar sin haber contribuido suficientemente a ellos, pero esos mismos nativistas parecen indolentes ante abusos mucho mayores realizados por sus propios compatriotas. Los estudios realizados hasta la fecha confirman una y otra vez que los fraudes y mayores abusos en relación con las ayudas o prestaciones sociales de asistencia pública se dan en mayor cantidad y proporción entre los nacionales, no entre los inmigrantes.
En cualquier caso, si se quiere terminar con el caótico sistema actual y abrir más las fronteras a los trabajadores extranjeros debido a sus benéficas consecuencias que suponen para la economía en su conjunto, dado el estado actual de cosas en el mundo real en que los Estado-naciones son fuertemente intervencionistas en las sociedades de acogida, habría que tomar una serie de medidas inmediatas para que los problemas actuales percibidos en el ámbito de la inmigración se atenuasen. El profesor de economía Jesús Huerta de Soto propone, de manera acertada, una serie de reglas estrictas pero respetuosas con los principios liberales que deberían exigirse a los inmigrantes. Serían las siguientes:
a) Los inmigrantes no deberían ser subsidiados por el Estado del bienestar, por tanto debería permitirse abiertamente que se desengancharan de los sistemas públicos de seguridad social y que contratasen sus servicios de asistencia sanitaria, seguros de vida y fondos de pensiones a través de compañías privadas.
b) Los inmigrantes deberían demostrar que en todo momento poseen medios independientes de vida.
c) En ninguna circunstancia debería proporcionarse de entrada el voto político a los inmigrantes para que no interfieran en los mecanismos de coacción política de los países de acogida.
d) Los inmigrantes deberían cumplir en todo momento las leyes materiales del país de acogida, muy especialmente las del código penal.
La exclusión de los derechos políticos y, sobre todo, de las asistencias públicas puede implicar falta de preocupación moral hacia los recién llegados, pero a largo plazo haría correr a los trabajadores extranjeros mejor suerte. Tal y como nos advierte Lant Pritchett, Los Estados del Golfo Pérsico tienen uno de los ratios mayores del mundo de trabajadores extranjeros viviendo dentro de sus fronteras. Mientras estén viviendo allí, los trabajadores invitados no tienen ningún derecho asociado a la nacionalidad del país anfitrión. El hecho de que el ciudadano típico de cualquier Estado del Golfo petrolero no sienta ninguna obligación por el bangladesí que viva en Bangladesh ni tampoco ninguna obligación moral por el bangladesí que viva y trabaje en su Estado petrolero beneficia enormemente a los bangladesíes pobres en general. Esto les permite tener acceso a los mercados laborales de los Estados del Golfo en cantidades inimaginables caso de que tuvieran que ser tratados como iguales políticos por parte de los ciudadanos de esos mismos Estados. Lo miso sucede en Singapur, paradigma de esta exclusión política y público-asistencial con la aceptación al mismo tiempo de numerosos extranjeros trabajadores huéspedes dentro de las fronteras de su pequeño territorio. Los inmigrantes acuden allí a trabajar, no a votar o conseguir subvenciones.
El principio actual vigente en los países occidentales va, empero, en dirección contraria: que no haya trato discriminatorio para ninguna persona que comparta proximidad física en un mismo territorio. Pero precisamente dicho principio empuja a imponer barreras y controles cada vez más severos para evitar la llegada de más trabajadores extranjeros (un sinsentido económico). Por tanto, la discriminación, siendo imperfecta, es la opción menos mala para poder ser menos restrictivo en la entrada de inmigrantes en un territorio dado sin producir excesivos recelos o fricciones entre los nativos o autóctonos.
Actualmente el Estado del bienestar en los países occidentales actúa de freno a mayores flujos de inmigrantes y distorsiona los ya existentes. Si se entiende que la tendencia futura va a ir sin duda hacia un mayor flujo de movimientos migratorios, debería ser reformado de forma urgente el acceso al Estado del bienestar para excluir de sus prestaciones a los recién llegados pero obligarles al mismo tiempo a la contratación de cobertura sanitaria y de ahorro previsional necesario en el existente mercado privado.
Para un socialdemócrata le resulta del todo imposible resolver la disyuntiva entre justicia "social" para los autóctonos y justicia "social" para los potenciales inmigrantes de fuera, a no ser que desde presupuestos ideológicos maximalistas se dé por buena la solución de "papeles para todos", completamente irreal e insostenible. Para un conservador, por su parte, la solución pasa por cerrar las compuertas del corral patrio y asunto concluido (como si fuese tan sencillo). Además de ser también una solución irreal trae consigo, como hemos visto, indeseables consecuencias.
Para un defensor liberal de una política de fronteras más abiertas y sensatas, por el contrario, puede lograrse una solución más realista y sostenible que haga factible la acogida de un número mucho mayor al actual de inmigrantes con, al mismo tiempo, una clara limitación de antemano –nunca de forma retroactiva- en su participación en el Estado del bienestar del país anfitrión.
La crítica que denuncia que los trabajadores "huéspedes" o temporales se convertirían de esta forma en ciudadanos de segunda, creándose una división entre trabajadores "con plenos derechos" y otros que no los tuviesen, no se sostiene porque ello es preferible a condenarlos al inmovilismo y a la miseria en su lugar de nacimiento o bien a la humillante situación de explotación e inseguridad que sufren actualmente los mal llamados inmigrantes "ilegales"; éstos sí que forman una subclase del peor tipo imaginable (ausencia de derechos y expuestos a todo tipo de abusos, entre otros, el de jugarse la vida en el trayecto y el de vivir posteriormente en situación de marginalidad y clandestinidad).
Los lazos de solidaridad, además, tienden a disminuir con poblaciones formadas por grupos cada vez más heterogéneos. En este sentido, es relevante la observación de Bryan Caplan en torno a la combinación explosiva de más inmigración y persistencia del Estado del bienestar: la gente no le importa pagar impuestos elevados para apoyar a personas "como ellos", pero pagar para el mantenimiento de "otras personas diferentes" ya es harina de otro costal. Un control de inmigración que facilite más canales legales y una mayor diversidad cultural mermaría el apoyo a la redistribución masiva. Ambas medidas se retroalimentarían y favorecerían los objetivos de una sociedad más abierta y liberal.
A fin de cuentas, son numerosos los beneficios que acarrearían una liberalización y una legalización de los flujos migratorios tanto en la sociedad exportadora como en la importadora de estos "huéspedes" residentes temporalmente o no en el país de acogida.
Es claro que en cuanto los nuevos trabajadores inmigrantes fuesen llegando legalmente al país anfitrión por la existencia de procedimientos lícitos suficientes y, al mismo tiempo, se viesen obligados a contratar servicios educativos, sistemas de cobertura sanitaria y de previsión privada, por básicos que fueran, la mirada de los nativistas hacia ellos cambiaría radicalmente. Además, con el paso del tiempo podrían también comprobarse que los servicios ofrecidos a dichos inmigrantes por parte de los agentes privados en esos asuntos "sociales" funcionan y que no son tan inhumanos y excluyentes como los socialdemócratas se imaginan. Iría calando poco a poco en la sociedad de acogida que dichos servicios pueden desplegarse de forma normalizada fuera del actual esquema estatalizado.
Muchos de los nacionales, incluso, pedirían desengancharse de lo público al tener enfrente ejemplos vivos de la cobertura ofrecida por el mercado a los trabajadores inmigrantes y a sus familiares al margen de los servicios provistos por el Estado. Intuyo que en ese momento comenzaría el derribo del muro pensado y levantado inicialmente para los trabajadores provenientes del exterior pero que irían erosionándolo desde el interior los propios nativos autóctonos en busca de mayores cotas de libertad de elección también para sí mismos.
Sólo entonces podría empezar a desplegarse espontáneamente una sociedad civilbasada no en la falsa "libertad" sin responsabilidad, delegada a los políticos (la que tenemos actualmente en el consenso socialdemócrata), sino asentada en la libertad con responsabilidad (la que proponemos y añoramos los liberales).
Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.
VIH, años 80, homosexuales… En principio, cualquiera diría que es un telón de fondo perfecto para desplegar un mitin cinematográfico a la medida de la causa progresista. Sin embargo, en Dallas Buyers Clubsucede algo semejante a Capitán Phillips, donde una ambientación patriotera-conservadora esconde un mensaje bastante progresista. Esto es, una de las grandezas –de las muchas- de Dallas Buyers Clubes es que, mientras la portada del mensaje parece progresista, en verdad nos introduce subrepticiamente pero de modo altamente efectista un ideario radicalmente liberal y libertario.
Así, poco a poco, la película se va definiendo en torno a una batalla: la de los enfermos de VIH frente al Gobierno y la FDA. Dicho de otro modo: la lucha por una cura que sólo se encuentra con la luz de la valiente antorcha de la libertad que el Gobierno desea apagar. Y en el fondo trata de eso, de la libertad sanitaria y de su poder de salvación de los marginados enfermos de VIH de los años 80, si cabe más destacable en una ciudad tan conservadora como Dallas.
El film presenta, de manera tan sorprendente como hiperrealista, un alegato en múltiples frentes en defensa del libre mercado frente a la intervención del Gobierno en la medicina. Y es que los gays no necesitan el mismo e igualitarista trato de una medicina intervenida y regulada, sino que merecen el mejor trato de una medicina de libre mercado. La opción progresista para resolver los problemas de los homosexuales sólo sirve para una cosa: para ser echada por la borda.
En su contundencia, Dallas Buyers Clubavanza en metraje cual apisonadora de lugares comunes. Por ejemplo, presenta la medicina estadounidense como lo que realmente es: una medicina regimentada hasta niveles casi soviéticos. También, por ejemplo, ataca la idea de que el VIH es una enfermedad de homosexuales. Su protagonista, Ron Woodroof, encarnado por Matthew McConaughey, es heterosexual y padece VIH.
Ron no deja de ser una suerte de John Galt que hace avanzar el mundo con su aguerrido espíritu anti-Gobierno y empresarial. En su búsqueda de remedios efectivos frente al VIH, tiene que viajar a lo largo del mundo, dado que los bienes (las medicinas) por desgracia no cruzan libremente las fronteras. El libre mercado no sólo se demuestra lenitivo y atenuante del dolor y la enfermedad sino también de la homofobia: Ron, inicialmente homófobo, aprende la tolerancia hacia los homosexuales en su Buyers Club para ayudar a personas con VIH (el libre mercado como epítome de la apertura y la sociabilidad). Así, los hechos se entrelazan cual cuerdas (la económica, la sexual, la civil-social…) para anudar un fuerte nudo: el de la libertad como una sola e indivisible.
O pensemos por un momento en un acto puro de libre mercado como es la solidaridad: una pareja de homosexuales mayores donan una casa para que los buyers club que ayudan a las personas con VIH puedan sostenerse. Todo mientras el Gobierno persigue estas acciones heroicas.
Que la FDA o las agencias públicas sanitarias existen por nuestro bien es un eslogan que aquí se estrella en la cara de los intervencionistas como un boomerang. ¿Es mejor una muerte legal y aprobada por la FDA que vivir sin la aprobación de la misma? La competencia sí resulta brutal en el film al menos en una cosa: ¿quién de los dos es más asesino, el SIDA o el Gobierno?
Si el Gobierno se supone garante de nuestra seguridad, en Dallas Buyers Club el Gobierno ofrece algo seguro: una muerte lenta por tortura a los enfermos de VIH en su sistema farmocrático.
Ataviada con una falsa apariencia progresista, Dallas Buyers Club en realidad nos vende la mejor medicina posible. La de la libertad.
En la sobremesa de una agradable reunión con profesores de la universidad romana Della Santa Croce (que luego explicaré), estuvimos hablando un momento de las pretensiones y legislaciones sobre una justicia universal que en estos tiempos recientes escuchamos en nuestro país. Ya conocen que se ha aprobado una Ley de Reforma del Consejo General del Poder Judicial que limita la capacidad de los jueces españoles para perseguir delitos fuera del territorio nacional. No voy a entrar en consideraciones jurídicas sobre la conveniencia y oportunidad de esta modificación legal, su alcance verdadero frente a ciertas noticias mediáticas, o su fundamento constitucional (cosas que desconozco en su mayoría).
Lo que me llamaba la atención de ese debate es que ya se trató, en alguna medida, por nuestros doctores de la Escuela de Salamanca. Con el Descubrimiento de América, la Corona española se planteó las razones legales con que podría ocupar, conquistar o colonizar aquellos territorios. Fue la llamada polémica sobre los Justos Títulos, algo que hoy nos puede sonar extraño e incluso caduco, pero que refleja una sensibilidad jurídica que no han tenido otras muchas naciones tanto en aquella época como durante los siglos posteriores; quiero decir que se trató de una reflexión bastante adelantada a su tiempo, como lo fueron muchas de las consideraciones jurídicas, políticas o económicas de los escolásticos salmantinos.
La cuestión estribaba en discernir con qué autoridad se justificaba esta expansión territorial; y la primera respuesta, de plena tradición medieval, era atribuirlo a una donación papal. Como autoridad suprema del Orbe cristiano (no olvidemos que la Europa de 1500 conservaba todavía la unidad religiosa), se acudió a pedir al Pontífice romano diversas Bulas de donación para aquellas nuevas regiones. Claro, este argumento sería inmediatamente desmontado por las nuevas iglesias reformadas que no reconocían esta suprema autoridad. En todo caso, el argumento se fue trasladando a una supuesta prerrogativa del Emperador, recibida bien como concesión pontificia o bien como extensión de su autoridad temporal en aquellos aspectos que no podría intervenir la autoridad espiritual de Roma.
Lo que ya vemos aquí es la pretensión de una autoridad universal. Argumento contra el que Francisco de Vitoria dictó sus primeras Relecciones en la Universidad de Salamanca. Consultado por el poder político (algo que vuelvo a destacar, también en honor de aquellos gobernantes) y a partir de su propia reflexión intelectual, Vitoria llegó a la novedosísima conclusión de que el único derecho que podían esgrimir los españoles en su aventura americana era el de libre comunicación y comercio entre los pueblos. Que sentenciaría con esa atrevida afirmación de "el emperador no es señor del orbe", como explica en la Relectio de Indis de 1539: "nadie hay que por derecho natural tenga el dominio del mundo". Ni siquiera el Romano Pontífice, para escándalo de muchos coetáneos de nuestro fraile dominico: "ninguna potestad temporal tiene el Papa sobre aquellos bárbaros ni sobre los demás infieles".
Sería muy complicado resumir la historia de la aplicación de este principio o su dificultosa aceptación en la sociedad española; aunque sí debemos reconocer que tuvo una cierta influencia jurídica y moral. Porque lo que quería ahora es recordarles cómo estos razonamientos tuvieron un eco importante casi cien años después en el sabio escritor holandés Hugo Grocio, y a través suyo en el pensamiento jurídico y político de toda la Europa moderna, ilustrada y protestante (tanto en Gran Bretaña como en Alemania).
Esto era lo que hablaba con algunos profesores de un proyecto de investigación sobre Markets, Culture and Ethics, dependiente de la citada universidad romana, que amablemente me habían invitado a que dictase una conferencia sobre el pensamiento económico de la Escuela de Salamanca. No voy a escribirles sobre este punto, ya que como buenos seguidores del Instituto Juan de Mariana lo conocen perfectamente…Y al hilo de aquella conversación surgió la cuestión de la justicia universal y los escolásticos, a los que Grocio se refiere en su obra Mare Liberum (sobre lo que también he escrito en estos Comentarios).
En mi opinión, Vitoria no estaría de acuerdo con los supuestos de esa justicia universal, que algunos defienden, por el principio de la libertad individual: cada persona es titular de derechos de propiedad privada, acción política o creencias religiosas que ninguna autoridad exterior puede violar. Desde esta perspectiva, por lo tanto, los españoles debían respetar los bienes de los indios americanos, su organización política e incluso sus religiones primitivas: en todos los casos no se podía atentar contra tales derechos ni intervenir militarmente. Vitoria ya había escrito que "si se propone la fe a los bárbaros y no la abrazan, no es razón suficiente para que los españoles puedan hacerles la guerra ni proceder contra ellos por derecho de guerra". Porque también, como Grocio recordaba en el Mare Liberum, "los señores de estos, aunque sean infieles, son legítimos señores, ya gobiernen con un sistema político monárquico absoluto o democrático, y no pueden ser excluidos del dominio de los suyos a causa de que son infieles".
Otra cosa sería discernir bajo qué supuestos una autoridad exterior podría intervenir en los asuntos particulares de otra sociedad. Por ejemplo, Vitoria parece que sí permitía a los españoles defender a las víctimas indefensas de algunos sacrificios humanos practicados por aquellos pueblos precolombinos. Esto nos recuerda las circunstancias de genocidio que contemplan algunos supuestos de la justicia universal (aunque reconozco no haber estudiado cómo ha quedado redactado este punto en la nueva Ley…). Lo que pienso que buscaban Vitoria y sus discípulos no era justificar un mundo gobernado por una misma autoridad (aunque se tratara del mismísimo Papa o del Emperador), sino promover una communitas orbis, una asociación racional y civilizada de todas las naciones bajo unos mismos derechos universales de convivencia y ejercicio de la libertad individual. Precisamente por ello se considera a Vitoria el fundador del derecho internacional moderno.
En el año 2011 se estrenaba una película dirigida por Roman Polanski y basada en una novela de la escritora francesa Yasmina Reza que, en España, se tituló exactamente igual que este artículo.
Dos niños se peleaban en el colegio y sus padres quedaban para solucionar el tema. Pero el tema acababa como el rosario de la aurora. La historia mostraba hasta qué punto, en ocasiones, el ego desmedido de los padres puede perjudicar a los hijos. Nosotros estamos viviendo cómo afecta la invasión desmedida del Estado, nuevo "padre" de nuestros hijos sobre la principal institución de nuestra sociedad: la familia.
En pleno siglo XXI
Aunque parezca exagerado el párrafo inicial, resulta que se están dando casos que a muchos nos dejan boquiabiertos. Y no se trata precisamente de países tercermundistas dominados por tiranos, sino dos de los, supuestamente, líderes de nuestra época: Alemania, el líder europeo y, Estados Unidos, el líder mundial.
El primer caso fue denunciado por la cadena de televisión Fox. Justine, diagnosticada de una enfermedad mitocondrial de origen genético de niña, lleva una vida normal, hasta que, con quince años, aflora su mal y sus padres la llevan al médico. El equipo que la trata la medica y gracias a los cuidados de la familia, puede llevar una vida feliz. Pero al cabo de un tiempo aquejada de gripe acude al Boston Children’s Hospital donde un equipo diferente desmiente el diagnóstico de la enfermedad mitocondrial y emite un nuevo diagnóstico, una enfermedad mental. Pero los padres no se fían de este nuevo diagnóstico y lo cuestionan. Entonces, el equipo médico nuevo denuncia a los padres por sobremedicar a Justine, dado que para ellos no existe la enfermedad mitocondrial, y le retiran la custodia a los padres. Justine es ingresada en una institución mental, no le administran medicación para su enfermedad y el caso está en manos de los tribunales de Connecticut. El antiguo equipo médico, psicólogos, abogados… todos han tenido que acudir a los tribunales para asegurar que los padres de Justine son unos padres entregados y amorosos, la hermana y el padre han aparecido en programas de televisión reclamando al estado que le devuelvan a su hija, realmente secuestrada por las autoridades.
El segundo caso es mucho más habitual. Se trata de una familia alemana en la que los padres decidieron educar a sus hijos en casa, era una familia de homeschoolers. Pero no es una opción admitida en este país. El pasado agosto tras un proceso judicial los padres, se sentenció que la conducta de estos padres que se negaban a llevar a sus hijos a la escuela pública era ilegal.
En septiembre, sin previo aviso, una veintena de asistentes sociales y policías rodeaba la casa familiar del pueblo de Darmstad y se llevaba a los niños. Un policía le daba un codazo a la madre cuando intentaba besar a uno de los hijos. La hija mayor de catorce años fue llevada a la fuerza, y los padres se vieron tratados como delincuentes. En octubre, tras el compromiso de los padres de acatar la sentencia judicial, devolvieron a los niños a su hogar, pero manteniendo la custodia estatal. La familia solicitó que se le devolvieran la custodia y los pasaportes a los hijos, que están aún retenidos, para poder irse a vivir a un lugar más libre. Pero les fueron denegadas ambas peticiones.
¿Cómo hemos llegado a esto?
¿Qué razones poderosas llevan a estados como el estadounidense y el alemán a gastar recursos de los ciudadanos en arrebatar a niños de sus hogares? Aunque se pueda argumentar que son dos casos aislados, son muy graves, son dos familias amorosas, no estamos ante padres alcohólicos, abusadores, maltratadores, sin recursos… Son familias como la suya o la mía. ¿No hay en las dos democracias más relumbrantes del soberbio Occidente mecanismos que eviten estos atropellos?
Por increíble que parezca, cuando salen a la luz estas noticias hay muchas personas de bien que arremeten contra mi indignación porque creen sinceramente que el Estado protege mejor a los niños que los propios padres. La educación en casa, aún, a pesar de los esfuerzos de madres escritoras como Laura Mascaró, por ejemplo, por explicar que los padres homeschoolers no celebran ritos satánicos ni obligan a comer gusanos a sus hijos, sino que crecen en contacto con otros niños y son tan "normales" como los demás, es objeto de enormes tabúes que frenan su desarrollo.
Los argumentos simplistas contra el homeschooling que, como diría Carlos Rodriguez Braun, generalizan los casos marginales, pavimentan el camino que hemos recorrido hasta llegar donde estamos. Tal vez leer más sobre el tema ayudaría. Y que estos casos fueran portada de noticieros y periódicos, también.
Prólogo a la edición española de La maquinaria de la libertad, de David Friedman, publicada por Innisfree (disponible en papel y en Kindle), y vídeo de la presentación en Barcelona, junto a Guillem Laporta, organizada por el Instituto Von Mises. La charla es en castellano y catalán.
La familia Friedman se radicaliza un poco más con cada generación. Milton Friedman, el Nobel de economía, defendía un Estado mínimo; su hijo David, el autor del presente libro, apuesta por una sociedad sin Estado; y el joven Patri, ansioso por poner en práctica el anarquismo de su padre, dirige un instituto que promueve la colonización de alta mar. No está claro que la nueva hornada pueda continuar con la tradición familiar (¡ya han tocado techo!). Lo que sí está claro es que la estirpe Friedman tiene el gen liberal, y que cada uno ha defendido la máxima de la libertad (vive y deja vivir) a su manera, con remos distintos pero siempre navegando en la misma dirección.
La Maquinaria de la Libertad hace navegar esa máxima hasta sus últimas consecuencias, y lo hace de una forma heterodoxa, tal y como corresponde a un personaje heterodoxo. No en vano David Friedman es profesor de derecho, economista, físico, geek de la tecnología, amante de la ciencia ficción y escritor de novelas fantásticas, y este idiosincrásico perfil empapa su obra más popular y celebrada, ahora traducida al español.
Jefferson dijo que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Para Friedman, el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Todas las funciones del Estado se dividen, según nuestro autor, en dos categorías: aquellas que pueden suprimirse o privatizarse hoy, y aquellas que pueden suprimirse o privatizarse mañana. Y la mayoría pertenecen al primer grupo. Desde la sanidad a los tribunales pasando por la educación, la gestión de las calles o la policía, no hay servicio que el mercado, de forma descentralizada y competitiva, no pueda proveer mejor que el Estado. A esta corriente liberal anarquista, que no encomienda ninguna tarea al Estado, se la conoce con el nombre de anarcocapitalismo o anarquismo de mercado, y La Maquinaria de la Libertad es uno de sus libros de cabecera.
El anarcocapitalismo es una corriente fundamentalmente contemporánea, pese a sus precedentes. Nace en Estados Unidos a mediados del siglo XX y toma cuerpo en la década de los 70, cuando irrumpe la literatura de este nuevo movimiento. Entre las obras pioneras del género cabe destacar TheMarket for Liberty (1970), de Linda y Morris Tannehill; Power & Market (1970) y For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (1973), de Murray Rothbard; y por supuesto The Machinery of Freedom (1971), de David Friedman. De todas ellas la de Friedman es la más desenfadada e informal, aunque no por ello menos rigurosa y convincente. David Friedman hilvana sus razonamientos teóricos con ejemplos y analogías ilustrativas, ideas de negocio creativas, hipótesis futuristas y especulaciones, fuertes dosis de sentido del humor y sano escepticismo. Quizás por ello sea la obra anarcocapitalista que conecta mejor con el profano.
A pesar de las conclusiones radicales a las que llega Friedman, no se trata de una obra dogmática ni escrita desde el absolutismo moral. Antes al contrario, Friedman reconoce que hay problemas que, dependiendo del contexto, quizás no tengan una solución liberal, y argumenta siempre desde un punto de vista pragmático, haciendo hincapié en las consecuencias de las acciones más que en su moralidad intrínseca. El de Friedman es un radicalismo razonable. Es precisamente su escepticismo y su pragmatismo el que le llevan a defender un orden social sin Estado, un anarquismo de propiedad privada, por entender que los incentivos que éste instituye (competencia y soberanía del consumidor, experimentación descentralizada, dispersión del poder coactivo) son los que más favorecen la paz, la prosperidad y la felicidad. Friedman no busca el sistema perfecto, busca el mejor sistema. Así, no basta con encontrar defectos o debilidades al anarcocapitalismo. De eso ya se encarga el propio Friedman. De lo que se trata es de compararlos con los fallos del intervencionismo y comprobar si los estatistas no están intentando matar una mosca a cañonazos, con los consiguientes daños colaterales.
Murray Rothbard, el principal valedor del anarcocapitalismo moderno, acusaba a Friedman de no odiar al Estado, de analizar su existencia y su justificación desde una perspectiva meramente académica, como si el Estado fuera un error intelectual y no una banda mafiosa que pisotea sistemáticamente los derechos de los individuos y mereciera nuestra condena moral[1]. Friedman le daba la razón, sin arrepentirse[2]. Su enfoque tiene la ventaja de estar libre de servidumbres, pues no siente el impulso de hacer que sus argumentos lleven a una determinada conclusión coherente con unos principios éticos concretos. Por eso resulta especialmente convincente cuando de hecho llega a las mismas conclusiones anarquistas que Rothbard.
La defensa que hace Friedman del capitalismo es eminentemente utilitarista: la libertad es deseable no porque tengamos un derecho natural a ella sino por ser útil para conseguir los fines sociales que queremos (paz, prosperidad y felicidad para el mayor número). Pero Friedman no es un utilitarista al uso. Sus intuiciones éticas le llevan a rechazar el utilitarismo como criterio último (no está dispuesto a sacrificar la libertad de una persona para incrementar la felicidad de otras dos), lo cual queda patente en varios pasajes de su obra[3]. No obstante, Friedman considera que los argumentos utilitaristas son más persuasivos. Además, él es economista, la ética no es su especialidad. Por ejemplo, Friedman piensa que las drogas deberían poder consumirse y venderse legalmente como cualquier otro producto en el mercado. Opina que los individuos tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que les plazca, incluido ingerir sustancias adictivas y perjudiciales para su salud. Pero si alega esta razón probablemente solo convencerá a quienes compartan las mismas intuiciones éticas. Sin embargo, si explica que las leyes antidroga generan delincuencia debido al aumento de los precios y a las disputas en el mercado negro, y que la falta de transparencia permite una adulteración aún más perjudicial para los consumidores, entonces es posible que pueda convencer incluso a gente que no cree que los individuos tengan derecho a ingerir lo que les plazca.
En este sentido La Maquinaria de la Libertad no es una obra exclusiva o principalmente para liberales. Es una obra para todos los públicos, socialistas de izquierda y derecha. Friedman ataca la concepción marxista de la explotación y el interés, las licencias y regulaciones que en nombre de la competencia la constriñen a favor de determinados lobbies, la redistribución horizontal (el vecino de clase media subsidia tu sanidad mientras tú subsidias la suya), o el funcionamiento de la democracia vis a vis el del mercado en la provisión de servicios. Tomemos este último. Friedman compara el poder de influencia de un grupo de renta baja en democracia y en el mercado. En un caso se enfrenta a un lobby con más votos, en otro caso a un grupo con una renta más alta. Al pujar por servicios, la desigualdad en democracia tiene unos efectos desfavorables mucho mayores: votando el lobby con más votos siempre gana, pero comprando el grupo con más renta ve como ésta mengua cada vez que puja, así que solo podrá ganar la puja algunas veces. En democracia, además, se produce lo que la mayoría vota, pero en el mercado se produce todo aquello que cualquiera (ya sea mayoría o minoría) esté dispuesto a comprar. Por eso, afirma Friedman, los pobres en nuestra sociedad suelen estar peor atendidos cuando el servicio lo ofrece el Estado (educación, protección policial) que cuando lo ofrece el mercado (ropa, comida).
La Maquinaria de la Libertad también supone un desafío para los liberales clásicos, aquellos que creen que los servicios de gendarmería (ley, tribunales, policía y defensa nacional) solo pueden ser provistos en régimen de monopolio público y financiados con impuestos. Friedman propone un escenario en el que todos los servicios, incluidos los anteriores, son comprados y vendidos en el mercado. Si no tuviera que pagar impuestos, Pedro podría contratar los servicios legales y de protección de la agencia A, y su vecino Juan los servicios de la agencia B. Cada uno contrataría la protección que se adecuara más a sus preferencias y a su bolsillo, y las empresas competirían entre sí para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, tal y como hacen hoy Securitas, Prosegur, FBS o los tribunales de arbitraje, a años luz de la ineficiencia estatal. Las agencias ofertarían un determinado código legal (o se vincularían a tribunales con un determinado código legal), al cual se sometería a los que agredieran a sus clientes. Si el acusado perteneciera a otra agencia de protección, la disputa entre ambas se resolvería de la forma más económica, o sea, pacíficamente. Como es habitual en el mundo de la empresa, los litigios entre agencias de protección se llevarían a tribunales de arbitraje de reconocida solvencia y reputación estipulados de antemano. El resultado sería una variedad de agencias de protección en un mismo territorio, compitiendo en precio y calidad para atraer clientes y con acuerdos previos para llevar a los tribunales cualquier acusación o disputa que surja entre sus clientes.
Pero si cada agencia o tribunal puede ofertar leyes distintas, ¿no sería demasiado complejo, imprevisible y caótico el marco legal al que deben atenerse los ciudadanos? En primer lugar, no olvidemos que actualmente también estamos sujetos a distintos códigos dependiendo de con quién nos relacionamos: en la empresa, en el club deportivo, en la congregación religiosa, en la asociación del barrio, en nuestra comunidad de vecinos etc. En segundo lugar, la tendencia a la diversidad legal, propio de un sistema descentralizado que busca ajustarse a las preferencias dispares de los individuos, se vería compensada por la presión a la estandarización legal, que simplifica y agiliza las transacciones. Las compañías papeleras compiten entre ellas, ofrecen precios y tipos de papel de distinta calidad, pero todas venden DIN-A4 y otros formatos estándar para que sean compatibles con cualquier impresora. Miles de empresas e instituciones financieras también compiten entre sí, pero se acogen al estándar VISA de tarjetas de crédito para que sus clientes puedan comerciar con más facilidad. La sana competencia no está reñida con cierto grado de estandarización si eso beneficia a los clientes.
El anarquismo de Friedman, pues, es un anarquismo sin monopolio público de la fuerza, no un anarquismo sin ley y orden. Este matiz es fundamental, porque los críticos que solo ven hombres de paja acusan a los anarcocapitalistas de ingenuos por defender un sistema poblado por santos, donde todos cooperan y nadie utiliza la fuerza. Friedman no habla de abolir el uso de la fuerza para combatir el crimen, sino de privatizarlo y descentralizarlo. La naturaleza humana es la que es, y nadie (salvo los comunistas) pretende cambiarla. Pero la imperfecta naturaleza humana no exige que haya una sola “agencia de protección” con jurisdicción sobre un territorio (el Estado) en lugar de múltiples agencias compitiendo entre ellas en ese mismo territorio. Antes al contrario: el planteamiento anarcocapitalista es que, si tiene que haber coacción, es mejor dispersarla que concentrarla. Si está dispersa, tienes a dónde acudir en caso de que una de las facciones cometa abusos. Si está concentrada, el potentado tiene poder absoluto. Pensemos en términos de estados a escala internacional. Si un gobierno mundial se volviera totalitario, no habría a donde huir. Pero con 200 estados, pese a los costes de emigrar, tenemos la opción de exiliarnos si las cosas se tuercen en uno de ellos. El anarcocapitalismo lleva esta lógica de la descentralización y el voto con los pies hasta sus últimas consecuencias. Sería como derribar las barreras de entrada en el mercado de los estados (en lugar de 200 habría miles) y que no hiciera falta emigrar para elegir cuál contratamos.
Algunas críticas simplistas al anarcocapitalismo tienen poco recorrido. Ayn Rand, la célebre novelista y filósofa liberal, estaba obcecada en su defensa de un código legal objetivo y uniforme, obviando que la experimentación descentralizada, la diversidad y la competencia son tan necesarios en el ámbito de la ley y el orden como en el de cualquier otro servicio. Su argumento de que las agencias de protección batallarían entre ellas cada vez que sus respectivos clientes tuvieran una disputa tampoco se sostiene habida cuenta de lo costoso que resultaría ese estado de guerra permanente en contraste con solucionar los conflictos en un tribunal de arbitraje, como es común hoy en día. También en la actualidad surgen frecuentes disputas entre ciudadanos de distintos Estados que se resuelven pacíficamente en los tribunales sin que aquellos se declaren la guerra[4].
Otras objeciones, no obstante, tienen más enjundia. Tyler Cowen, por ejemplo, en su crítica a las tesis de Friedman sostenía que si las agencias de protección pueden cooperar entre sí para resolver sus conflictos y adherirse a determinados estándares legales también pueden cooperar entre sí para formar un cártel que acabe deviniendo en Estado[5]. La cooperación funciona en las dos direcciones. Si el conjunto de agencias puede reprimir a otra agencia que se comporta de forma agresiva (o se dedica a amparar a clientes criminales), el conjunto de agencias también puede cooperar para reprimir la entrada de nuevos competidores o empresas que no quieran adherirse al pacto colusorio general. Como se trata de una industria “network” (los servicios ofrecidos son más valiosos cuantos más usuarios están asociados al mismo), aquellas empresas que estén fuera del network (y no tengan acuerdos de resolución de conflictos con las demás agencias) serán menos atractivas para los consumidores y perderán su patrocinio.
Bryan Caplan y Edward Stringham recogen el testigo y responden a Cowen[6], argumentando que la cooperación en las industrias network se da a distintos niveles, no es un “todo o nada” (o se coopera en todo o no se coopera en absoluto). Hay industrias network, como la financiera, que cooperan en algunos ámbitos (tarjetas de crédito) pero compiten en los demás. Caplan y Stringham acusan a Cowen de confundir la estandarización con la colusión. En el caso de la estandarización, las empresas cooperan (estandarizan su producto) porque eso es lo que desean los consumidores. Si éstos quieren que sus DVD funcionen en cualquier reproductor, o que una tarjeta de crédito pueda utilizarse en cualquier cajero automático, sus productores tenderán a ofrecer un producto estandarizado. La empresa que quiera salirse del network verá caer su demanda, pues para la gente tendrá menos valor tener un DVD que no puede reproducirse en cualquier aparato o ser miembro de un banco que emite tarjetas que no funcionan en todos los cajeros. Pero una colusión en precios altos entre distintas empresas, por ejemplo, no es un estándar que los consumidores quieran. Así, cualquier empresa individual tendrá incentivos para salirse del cártel y ofrecer el producto un poco más barato (y acaparar así más mercado). Por eso un estándar que sirve a los consumidores es más estable que un cártel que abusa de ellos. Es cierto que en el caso específico de la industria de la seguridad y la defensa, puesto que su negocio es precisamente el uso de la fuerza, un cártel podría emplearla para suprimir disidentes o nuevos competidores. En este sentido el cártel podría ser estable una vez formado. La cuestión es si llegaría a formarse teniendo las empresas incentivos económicos para no hacerlo y acaparar más mercado.
Cowen tampoco contempla en su crítica que en una misma industria a menudo hay varios network compitiendo entre sí. En el ámbito de las tarjetas de crédito, miles de empresas cooperan bajo el network VISA, pero éste a su vez compite con el MasterCard o el American Express. Las deseconomías de escala compensan la presión hacia un único estándar.
Pero más allá de los incentivos estrictamente económicos Friedman destaca el papel relevante que pueden jugar los valores morales de las personas y su percepción de lo que es legítimo en un determinado contexto. En la actualidad la policía y el ejército también podrían sublevarse y tomar el control de las instituciones, y sin embargo no lo hacen. Es razonable pensar que existen ciertas restricciones morales internas que se lo impiden y que podrían darse igualmente en una sociedad anarquista. Incluso a nivel internacional los Estados están lejos de entrar en colusión tanto como teóricamente podrían, o de neutralizar a la mayoría de los estados “disidentes”, ya se trate de paraísos fiscales, dictaduras opresoras, amenazas comerciales etc. El argumento de Cowen no explica por qué en lugar de surgir un cártel estatal mundial los estados respetan (relativamente) la soberanía de los demás estados y compiten entre sí en múltiples ámbitos.
Friedman, especialista en análisis económico del derecho, explica que en la actualidad los costes de la legislación se externalizan (todos pagan por lo que quieren algunos), lo que resulta en una sobreproducción de leyes y políticas ineficientes. En un escenario de ley privada cada uno paga lo que contrata, y esta internalización de costes presiona a favor de un marco legal más liberal. Por ejemplo, las leyes actualmente reprimen muchos “crímenes sin víctima” (aquellos en los que la supuesta víctima ha consentido, como el consumo y la compra-venta de drogas, la prostitución, el suicidio asistido, el juego, llevar el velo o no ponerse el cinturón de seguridad). Votar a favor de esta legislación es gratis, y los costes de investigar, perseguir, juzgar y encarcelar a los infractores se reparten entre todos los contribuyentes. No obstante, en un escenario de ley privada el coste de imponer tus valores personales, fuerza mediante, corre de tu propia cuenta. Si te molesta que el vecino consuma pornografía o fume un porro ya no puedes esperar que el Estado le reprima con el dinero de todos, tendrás que contratar los servicios adicionales de una agencia con un código penal más puritano. Y como la gente está dispuesta a pagar más para proteger su persona y su propiedad que para reprimir los vicios inofensivos de los demás, tenderían a producirse leyes liberales[7].
Friedman sugiere así un matiz importante que otros autores anarcocapitalistas pasan por alto: un escenario anarquista (sin monopolio público de la violencia) no tiene que ser necesariamente liberal. Es concebible que las agencias y tribunales que descentralizadamente producen leyes para sus clientes ofrezcan normas antiliberales (si es que hay demanda para ello), y los conflictos que surjan entre clientes de agencias con códigos ideológicamente dispares se resuelvan con trade-offs y compensaciones dependiendo de qué facción está dispuesta a pujar más.
La mayoría de autores anarcocapitalistas saltan del escenario estatista al escenario anarquista dando por supuesto que en este último habría una fuerte mayoría social que demanda leyes liberales. Dada la naturaleza de esa transición (parece lógico que la oposición al Estado implique una oposición generalizada a normas liberticidas) es probable que así sea, pero no es baladí considerar, como hace Friedman, qué sucedería si la sociedad anarquista no estuviera tan uniformemente comprometida con los valores de la libertad (o con el tiempo dejara de estarlo). Su análisis es igualmente útil para explorar las consecuencias de la diversidad de opiniones dentro del propio movimiento liberal en un escenario anarquista. Por ejemplo, si la opinión pública estuviera dividida (como lo está el liberalismo) entre partidarios del derecho al aborto y antiabortistas, o entre partidarios de la pena capital y detractores, ¿qué tipo de leyes se producirían? Pues, siguiendo a Friedman, cabe especular que agencias con distintas normas encontrarían el modo de coexistir pacíficamente, haciendo concesiones y compensaciones para evitar enfrentamientos violentos que dispararían sus costes.
La Maquinaria de la Libertad describe el mejor sistema al que se puede aspirar. La pregunta es cómo vamos de aquí hasta allí. Que el anarco-capitalismo sea naturalmente estable no resuelve la cuestión de cómo llegamos a él en primer lugar. Tampoco cabe sugerir una hipotética y expedita transición de un Estado mínimo a una sociedad sin Estado, dando por resuelta la cuestión de cómo llegamos al Estado mínimo partiendo del Leviatán actual. Sobre todo porque hay buenas razones para pensar que el Estado mínimo es un escenario inestable que tiende al Leviatán.
Imaginemos dos mesas en un restaurante, con 20 comensales en cada una. En la primera los costes se socializan, esto es, las facturas individuales se sumarán y se dividirán por 20. En la segunda mesa los costes se internalizan: cada persona paga por lo que consume. ¿Qué mesa habrá gastado más al final de la velada? En la primera cada comensal piensa: “si pido un plato más caro el precio se reparte entre los demás”. Y como todos piensan lo mismo, piden en promedio platos más caros, disparando la factura.
En el contexto estatal, argumenta Friedman, los individuos tienden a despreciar los costes de que otros reclamen prestaciones y regulaciones (pues se diluyen entre todos los contribuyentes) y al mismo tiempo tienden a codiciar las prebendas estatales (cuyos beneficios recoge en exclusividad el recipiente). El resultado no es otro que una demanda creciente de prestaciones y regulaciones por parte de la población. Así es como el Estado mínimo, legitimando los impuestos y la socialización de costes, no lo es por mucho tiempo. Los intentos de limitar esta tendencia a través de una constitución, separación de poderes y otros mecanismos internos resultan a la larga infructuosos. Como decía Anthony de Jasay, es como poner un cinturón de castidad a una doncella y dejar la llave al pie de la cama[8]. Si es el propio Estado el que se pone los límites (a través del parlamento, el tribunal constitucional, etc.) puede modificarlos o reinterpretarlos cuando se vea empujado a ello. La historia de los Estados Unidos ilustra que el propósito y el significado original de una constitución cuasi-minarquista no resiste la presión del Estado por crecer y rebasar los límites que ésta impone. Así pues, quizás la disyuntiva sea entre el Leviatán y la sociedad sin Estado, siendo cualquier propuesta intermedia inestable a largo plazo.
Pero, ¿por qué estamos encasillados en el primer equilibrio, que es el peor? Siendo estable, es lógico que ahora sea difícil salir de él. Pero al menos deberíamos poder explicar por qué la sociedad ha vivido bajo Estados la mayor parte de su historia moderna (con algunas excepciones relevantes, como la Islandia medieval[9], el “no tan salvaje” oeste[10] o los comerciantes sujetos al derecho mercantil[11]). Friedman afirma que detrás del marco institucional actual está la percepción popular de que el Estado es necesario. En este sentido, para superarlo basta con convencer a la gente de que no es así, con libros como La Maquinaria de la Libertad o ejemplos prácticos que ilustren las ventajas del mercado vis a vis el Estado: fondos de inversión que aporten pensiones más altas que la Seguridad Social, escuelas privadas que eduquen mejor que las públicas, empresas de seguridad que proporcionen mayor protección que la policía nacional o tribunales de arbitraje que solucionen disputas de una forma más eficiente que el sistema de justicia público.
Con todo, puede que haya razones más profundas, y menos racionales, que expliquen el arraigo del estatismo. Daniel Klein lo llama “el romance” de la gente con el Estado[12]. Klein arguye que las personas se sienten atraídas por la idea de un proyecto colectivo que trascienda sus humildes acciones y los coordine a todos en pos de un fin común. Los individuos, en relación con el Estado, experimentan un sentimiento de coordinación mutua, poseen una percepción común de la naturaleza, el funcionamiento y la finalidad del proyecto colectivo. En el mercado, este sentimiento de percepción compartida está ausente. La coordinación es indirecta, cada individuo persigue su propio interés, lo que resulta en intercambios que traen prosperidad y armonía social. Pero a primera vista el mercado son individuos corriendo en distintas direcciones, con intereses enfrentados, sin que sea su intención hacer una sociedad más justa y próspera. No en vano Adam Smith se refería a la mano invisible del mercado. La imagen que transmite el Estado, por el contrario, es la de un épico proyecto colectivo con la misión expresa de crear una sociedad mejor. Esta visión es más romántica. El Gobierno establece instituciones permanentes que nos aportan una experiencia compartida, y las dramáticas pugnas electorales refuerzan la percepción de que nos hallamos ante una empresa heroica.
Si la hipótesis de Klein es cierta, ¿qué futuro le espera al liberalismo? El liberalismo raramente puede apelar a los instintos románticos de la gente porque la libertad es una ética de mínimos (“haz lo que quieras siempre y cuando respetes la libertad de los demás”), no un proyecto positivo, de acción. Solo en circunstancias excepcionales, como en la revolución americana, el liberalismo ha sido una empresa genuinamente romántica. Por tanto, el estatismo juega con ventaja, parece conectar mejor con las aspiraciones románticas de la gente. Una opción es redefinir el conflicto ideológico de un modo tal que la defensa de la libertad sea percibida como una lucha épica contra un enemigo opresor y no como una mera disputa académica. Otra opción es recurrir a la crítica racional y a la persuasión, o refutar los prejuicios con ejemplos. Que la gente sea proclive al romanticismo político no quiere decir que no pueda superarlo si ve que implica un error intelectual.
Por otro lado, Klein sostiene que la prosperidad y los avances en la comunicación y el transporte que el mercado ha introducido están minando los cimientos del romance de la gente. Ya no estamos vinculados a un solo grupo, que monopoliza nuestro sentimiento de pertenencia. Nuestra experiencia común disminuye, tenemos varios puntos focales y experimentamos estructuras menos jerarquizadas y más espontáneas o en forma de red. Esta dislocación no ocurre solo con respecto a la experiencia, también ocurre con respecto a la interpretación de la realidad social. La cultura política oficial está perdiendo protagonismo. La gente recurre a internet, a programas de radio o a la televisión por cable para obtener la interpretación que quiere. El intento de hacer del Estado un proyecto colectivo romántico es recibido con creciente escepticismo, y eso también juega a favor de la causa liberal.
¿Pero qué acciones concretas debe desempeñar el movimiento liberal si quiere avanzar hacia una sociedad sin Estado? Friedman evita dar una respuesta específica y unívoca a esta pregunta, y traza una analogía sugerente: si el liberal rechaza los medios políticos (planificación central, jerarquía) para organizar la sociedad, quizás también debiera rechazar los medios políticos para intentar abolir la política. En este sentido, el movimiento liberal no debería estructurarse como las instituciones a las que intenta combatir, sino imitar las instituciones y empresas propias del mercado. Así, en esta división del trabajo en el seno del liberalismo, pueden convivir, cooperar e incluso competir entre sí distintas organizaciones y aproximaciones.
El Nóbel de economía James Buchanan, en su reseña de la obra de Friedman[13], anima al lector a plantearse alternativas radicales en una coyuntura en la que el Estado, pese a fallar persistentemente, no deja de crecer. Quizás el anarquismo de mercado merece ser tenido en cuenta después de todo. Buchanan, que de hecho se declara filosóficamente anarquista aunque crea que en la práctica no sería un sistema viable, hace un último paralelismo que podría contentar a anarquistas y a minarquistas por igual (¡o a ninguno de los dos!): si el Leviatán ha crecido a la sombra de la filosofía del Estado limitado, quizás solo en el contexto de una sociedad filosóficamente anarquista puede llegar a consumarse el Estado mínimo. La Maquinaria de la Libertad, en cualquier caso, nos muestra el horizonte de lo deseable y la dirección a seguir.
[1] “Do You Hate the State?”, Murray Rothbard, The Libertarian Forum, Vol. 10, No. 7, Julio 1977.
[2] “Murray Rothbard on Me and Vice Versa”, David Friedman, Ideas blog, 17/6/2011.
[3] Véase también su artículo “Comment on Brody: Redistribution Without Egalitarianism”, Social Philosophy and PolicyJournal, 1983, una original defensa lockeana del derecho de propiedad.
[4] “The Nature of Government”, capítulo incluido en “The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism”, Ayn Rand, New American Library, 1964.
[5] “Rejoinder to David Friedman on the Economics of Anarchy”, Tyler Cowen.
[6] “Networks, Law, and the Paradox of Cooperation”, Bryan Caplan y Edward Stringham, The Review of Austrian Economics, 16:4, 309–326, 2003. Véase también la respuesta del propio Friedman, “Law as a Private Good: A Response to Tyler Cowen on the Economics of Anarchy”, Economics and Philosophy, 10: 319–327, 1994.
[7] Friedman ha escrito profusamente sobre economía y derecho en otras obras y artículos. Por ejemplo, véase “Law’s Order: An Economic Account”, Princeton University Press, Primavera 2000; y “Anarchy and Efficient Law”, en “For and Against the State: New Philosophical Readings”, editado por John T. Sanders y Jan Narveson, Rowman & Littlefield, 1996.
[8] “The State”, Anthony the Jasay, Liberty Fund, 1998.
[9] “Private Creation and Enforcement of Law: A Historical Case,” David Friedman, Journal of Legal Studies, Vol. 8, Marzo 1979, p. 400.
[10] “An American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West,” Terry L. Anderson y P. J. Hill, Journal of Libertarian Studies, Vol. 3, p. 9-29, 1979.
[11] “Justicia sin Estado”, Bruce Benson, Unión Editorial, 2000. Benson menciona varios ejemplos históricos más de ley privada.
[12] “The People’s Romance. Why People Love Government (as Much as They Do)”, Daniel B. Klein, The Independent Review, v. X, n. 1, verano 2005.
[13] “Review of The Machinery of Freedom”, James Buchanan, Journal of Economic Literature XII, 3 (septiembre 1974), p. 914-915.
Acaso pudiera pensar el lector más despistado que la última publicación de Juan Ramón Rallo, Una Revolución Liberal para España, alejaba al Director del Instituto Juan de Mariana de las tesis que dieron a Hayek el Premio Nobel de Economía. Esto es, del título de la obra así como de gran parte de la misma, se desprende un espíritu libertador de ruptura con la opresión ejercida por el Estado a los ciudadanos.
Empero, Juan Ramón ha logrado sacar a relucir (y el lector se percatará según vaya avanzando en la lectura de la obra) su lado más hayekiano para demostrar, una vez más, que atesora no sólo una enorme capacidad de esfuerzo plasmado en cada capítulo con la investigación en profundidad de los diferentes sectores explicados, sino la enorme ambición intelectual de proponer una revolución evolutiva. Esto es, si me permiten el símil, Juan Ramón plantea, probablemente por primera vez en la historia del liberalismo, una transformación radical del modelo social en el que nos desenvolvemos sin que dicha transformación suponga una ruptura caótica, desordenada y funesta para la sociedad que participe de ella.
Esta es la mayor aportación intelectual que realiza a lo largo de la obra. Porque Juan Ramón Rallo sabe, y así lo demuestra, que aun cuando la ruptura radical con el modelo social actual pudiera ser pacífica y ordenada, sólo por el hecho de ser radical y forzada por elementos exógenos a la misma estaría abocado al fracaso. Porque es plenamente consciente de que las instituciones sociales necesarias para que el establecimiento de este Estado reducido no existen en su plenitud hoy en día. Pero que con una pausada y sosegada transición se pueden ir desarrollando y sedimentando para, una vez lograr un abultado Estado del 5% del PIB continuar su reducción hasta aquellas tareas cuyo orden centralizado y no comunitario (piénsese en la Defensa, por ejemplo) pudiera resultar más lógico que la devolución absoluta de los sectores a la sociedad.
Sin embargo, esta evolución social hayekiana de manera descentralizada y ordenada espontáneamente por el proceso de mercado (así como por la función empresarial individual) era rara vez sostenida sector por sector con el estudio del mercado, su comprensión y el análisis detallado de tendencias subyacentes que explotarían de realizarse la transición.
Piénsese en otros revolucionarios que a lo largo de la historia del pensamiento han aportado sus ideales sobre la utopía ansiada y han construido la manera de alcanzar la misma. Si cogemos el caso de los pensadores utópicos clásicos del siglo XIX (Bakunin, el primer Marx, Kropotkin, etc.) confiaban plenamente en que una vez removidas las incongruencias inherentes al sistema social dominante su utopía ordenaría de manera natural la sociedad. El problema que se encontraron estas ideas al ser llevadas a la práctica, en un curioso devenir de la historia, no fue de buenos incentivos existentes para lograr esa utopía. Fue un problema de malos incentivos que la transformaron en una distopía y que acabó mutilando el único experimento realizado a gran escala hasta la fecha: la Unión Soviética.
Juan Ramón, plenamente consciente del error tremendo que cometieron los pensadores utópicos al proponer la ruptura del modelo anterior, destrozando las instituciones sociales y coartando la libertad de las personas al transformar la esencia de las mismas, apela la mayor. No busca una verdadera revolución, el Juan Ramón que escribe la obra es plenamente evolucionista y consecuente con el orden de mercado. Veámoslo a través de tres capítulos de su magnífica obra donde tal confianza, exposición y desarrollo de las instituciones sociales queda totalmente reflejada y demostrada.
Educación
Hay dos factores que, en el tema educativo, Juan Ramón desarrolla con rigor y profundidad. En primer lugar, los problemas de accesibilidad al sistema educativo universal por el conjunto de los ciudadanos pertenecientes a la sociedad y, el segundo, los problemas de eficiencia existentes hoy en día en el sistema educativo y cómo una sociedad con instituciones sanas podría afrontarlos y superarlos.
En el análisis de la relación coste-precio del sistema educativo es donde se puede admirar el enorme esfuerzo intelectual que ha llevado a cabo Juan Ramón en esta obra. Además, denominador común de todos los capítulos.
Juan Ramón no deja al azar o a las meras conjeturas la estructura de costes de un centro educativo. No plantea cómo debería ser el margen bruto de un colegio, cuánto su beneficio operativo sobre las ventas o cuánto su resultado financiero. No. Juan Ramón baja a los datos, a la realidad actual del sistema educativo, y analiza partida de coste por partida de coste hasta averiguar: (i) cuál es la que ponderadamente tiene mayor importancia dentro de los gastos variables; (ii) qué parte de los gastos fijos es directizable, cuál minorable y cuál susceptible de ser eliminada; y (iii) cómo la estructura de costes se volvería mucho más flexible ante un cambio como el planteado en el libro.
De esta manera, y no quiero avanzar ni los estudios que menciona Juan Ramón ni sus conclusiones, observa que el coste productivo variable de un centro educativo muestra una correlación fuerte con el gasto en personal del centro. Así, junto a otras partidas bastante sencillas de eliminar y que en una estructura de demanda mucho más sensible al coste no tendrían sentido en el mercado (¿demandaría un padre que el colegio de su hijo amortizase el mobiliario a 2 años con el correspondiente incremento en precio o acudiría presto a un colegio con costes menores – precios menores – arbitrando por tanto cadenas de costes?). Por ello, no sólo propone por qué se abarataría el coste (al convertir al demandante precio-aceptante en consumidor soberano) si no que extiende la correlación al salario del profesorado en función de las rentas medias de la población (y, como éstas, flexible ante movimientos bruscos de los precios a nivel agregado). Con esto, Juan Ramón le da la vuelta de una manera magistral al debate demostrando con los datos que el acceso universal a la educación no sería impedido por precio.
Pero es que, para más inri, demuestra a través de los más especializados estudios en educación cómo el mantener un sistema educativo (y esto ya es a nivel de cultura occidental) propio de la Alemania del siglo XIX lastra la eficiencia del sistema, su adaptación al alumno y su porcentaje de éxito. Sistema educativo que sólo se mantiene en aquellas sociedades donde el Estado acapara un elevado porcentaje de la provisión de oferta educativa y regula el monto restante.
Sanidad y Seguridad Social
No quiero extender mi análisis de este apartado porque considero que la lectura del mismo – sobre todo ante un gasto presupuestario en sanidad que sólo puede ser creciente en el medio y largo plazo en España ante el envejecimiento y la extensión de servicios sanitarios a servicios de geriatría – es de vital importancia para los retos sociales que nos plantea el devenir de Europa. Puesto que no son meros retos presupuestarios que pudieran ser solventados por el más atroz de los recaudadores, el problema social subyacente al desequilibrio en esta partida de gasto no debe ser obviado.
Y Juan Ramón lo afronta con el mismo espíritu que afronta su tesis sobre el crecimiento económico y sobre la expansión crediticia: ahorro, ahorro, ahorro. Ahorro para la provisión de estos servicios, ahorro preventivo, ahorro comunal. A través de las páginas – y el análisis de las propiedades mancomunadas es brillante desde un punto de vista jurídico con toda la exposición de la institución de comunidad de bienes romana y su funcionamiento, así como desde un punto de vista histórico, detallando cómo así se preveían estos avatares vitales antes de que el Estado corrompiera esta institución –.
Pero el trabajo que vuelve a realizar Juan Ramón al respecto de la inflación de costes ante la falta de sensibilidad de la demanda (apoyado en diversos estudios de mercado sanitario en Estados Unidos) es colosal para llegar a la misma conclusión que la que previamente pergeñamos en el apartado educativo: el consumidor debe volver a ser soberano con su sanidad y el presupuesto que gestiona para la misma.
Justicia
Esta es quizás una de las propuestas sorprendentes de Juan Ramón. No sólo sorprende porque no pretenda privatizar la función estatal de justicia por entero (algo que entiendo se solaparía con su sistema asistencial en el Estado del 5% por lo que, bajo su modelo teórico-práctico, vuelve a la justicia pública inútil a mi entender), si no que sorprende porque la propuesta de Juan Ramón no es que sea novedosa. No es que sea un reciclaje de propuestas de los mejores pensadores austríacos o de Adam Smith. No.
Juan Ramón concibe la idea de justicia como una idea redentora, como mecanismo de resolución (y evitación) de conflictos con el fin de resarcir al dañado. Y porque la función resarcitoria es vital para el ideal de justicia de Juan Ramón le deja a las partes que deben quedar gratificadas por el resultado jurídico la elección del sistema de justicia. ¡Como hacían los mercaderes de los gremios medievales acudiendo a árbitros o los mediadores de derecho marítimo mercantil de la época fenicia!
Es algo que – y sé que es por falta de espacio en el texto – Juan Ramón no ha podido desarrollar. Pero es plenamente consciente de que la profunda especialización que a pasos agigantados está posibilitando la siguiente fase de división del trabajo (la masiva implantación tecnológica que se avecina y ya vivimos) hace inviable que la justicia siga siendo pública, homologada y homogénea como lo es a día de hoy.
La especialización que los jueces y los demás funcionarios de justicia tienen acabará siendo menor que la de las partes. La asimetría de la información, tan manida por los círculos interventores, se producirá no interpartes si no en desfavor del órgano juzgador. Eventos que ya suceden y provocan que cada vez más contratos sometan a las partes a la jurisdicción arbitral acabará por extenderse de manera paulatina al conjunto social. No es más que esto (así como la transición) lo que Juan Ramón propone.
Este canto a la sociedad, a las instituciones pilares de la misma y al individuo libre, propietario individual y propietario mancomunado es mayúsculo, inédito hasta la fecha y revolucionario a nivel intelectual. Pero evolucionario a nivel social.
Porque Juan Ramón no busca denostar al individuo. No desconfía en él. Confía en la persona, en la sociedad, en los lazos comunales voluntarios y las instituciones que surjan de los mismos. En las herramientas sociales y libres de resolución de conflictos. Una Revolución Liberal para España deja un legado enorme a la sociedad española. Por ello, cómprenlo, difúndanlo, amplíen su contenido. Mejoren las propuestas y reflexionen sobre cómo fortalecer las instituciones que Juan Ramón plantea para que el Estado sea todavía menor y la coacción no sobrepase el 1%.
"Curiosamente", estas marchas por la "dignidad" sólo acontecen cuando gobierna la derecha. En España sigue existiendo una extrema izquierda dogmática y tirana que busca imponer a la mayoría los mantras que comparte sólo una minoría.
Es suficiente con ver el arsenal simbólico desplegado por estos manifestantes para extraer la conclusión de que bajo un hipotético gobierno suyo, la libertad sería una entelequia. Así, banderas de la extinta Unión Soviética o imágenes del Che Guevara formaron parte del atrezzo. Los cánticos suponían un regreso al pasado. En medio de este panorama, calles cortadas para que la "dignidad" circulara a sus anchas.
En efecto, las "columnas" que fueron llegando desde diferentes partes de la nación, poco o nada apelaron a la "dignidad" cuando quien guiaba los destinos de España era el PSOE de Rodríguez Zapatero. No obstante, ya antes habían avisado de su modus operandi con ocasión del Prestige y de Irak. El entonces Secretario General de los socialistas se sumó sin vacilar al pancarterismo reinante, enarbolando cualquier lema que tuviera como fin desgastar al gobierno de José María Aznar.
En consecuencia, el socialismo se vinculó con el radicalismo visceral, replicando sus modos y formas, tesis que tiene en el antiamericanismo uno de sus grandes exponentes, aunque no el único. El otro gran ejemplo es el sectarismo en función del cual la izquierda juzga como bueno o malo al sujeto de la oración, nunca el predicado.
En mayo de 2011, cuando se vislumbraba un cambio de gobierno, "repentinamente" la ultra-izquierda entendió que su "dignidad" estaba siendo mancillada. Llegó el 15-M en Sol, que dio una imagen pésima de España en el exterior por mucho que al movimiento se le quiera adornar con una mística libertaria que recurría al sempiterno espíritu asambleario, fenómeno que sus ideólogos venden como democracia en estado puro.
Además, este movimiento de ocupas espantó a turistas y provocó ingentes pérdidas económicas entre los comerciantes de la mítica plaza madrileña. Como sucediera en 2003, el PSOE trató de rentabilizar estos acontecimientos y algunas de las exigencias del 15-M las incorporó a diferentes manifiestos electorales. Curioso, o por mejor decir paradójico, que el socialismo español quisiera llevar a la práctica, "casualmente" cuando estaba en la oposición, medidas para las que dispuso de siete años de gobierno. Sin embargo, el ejecutivo de Zapatero optó por practicar un cordón sanitario al PP, formación a la que estigmatizó, subestimando de este modo a sus votantes.
Durante esos días de hace casi tres años, también observamos cómo la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad era menospreciada por los "manifestantes demócratas". Peligroso precedente que ha tenido continuación en las sucesivas algaradas que estos grupos han efectuado periódicamente desde entonces.
El sábado pasado estos radicales dieron un paso más y, ante la barra libre instaurada, procedieron a agredir a la policía y a destrozar el mobiliario urbano. El resultado es que decenas de agentes que deben de velar por la seguridad de los españoles resultaron heridos, algunos de gravedad.
Aun así, los alborotadores no se han conformado con esto y además de acudir a los juzgados de Plaza de Castilla a reclamar justicia para sus camaradas detenidos, también exigen que los miembros de la policía sean expedientados. Ver para creer… pero así es. Hoy en día, desafiar a los cuerpos de seguridad forma parte de lo políticamente correcto; por el contrario, la loa y alabanza de su actividad te convierte directamente en un "fascista", el adjetivo más empleado por los defensores de dictaduras como la cubana.
El resultado de toda esta concatenación de acontecimientos es que si la policía no está protegida, difícilmente los estaremos el resto de ciudadanos y ya sabemos que sin seguridad, la libertad es simplemente una utopía.
Daniel Kahneman, galardonado con el premio Nobel de Economía junto con el economista Vernon L. Smith en el año 2002, es uno de los psicólogos especializados en psicología conductual más importantes del mundo. Kahneman fue curiosamente el primer Nobel de Economía no economista que recibió el prestigioso galardón (algo devaluado desde que Paul Krugman también lo recibiera). Sus contribuciones al ámbito de la psicología son muy valiosas y su libro de divulgación Pensar rápido, pensar despacio, en donde recopila gran parte de sus trabajos, se ha convertido en poco tiempo en un manual de imprescindible lectura.
Hace poco descubrí una interesante entrevista que Steve Forbes, editor jefe de la revista fundada por su padre Malcolm Forbes, realizó al Nobel Kahneman. Siendo un experto en analizar la irracionalidad humana y los múltiples sesgos cognitivos en los que incurrimos sistemáticamente, fue una sorpresa comprobar que Kahneman afirmase que suscribía la Teoría de los Mercados Eficientes. Para los que desconozcan esta teoría, lo que dice básicamente es que los mercados financieros son eficientes a la hora de recoger toda la información e incluirla en el precio de los activos cotizados, habiendo tres niveles de eficiencia: débil, normal y fuerte. La principal implicación de esta teoría, como habrán podido adivinar, es que no es posible invertir y obtener una rentabilidad superior a la del mercado. Intentar batir al mercado, también llamado "stock picking" es, por tanto, una tontería, una irracionalidad más que cometemos los seres humanos. En la propia entrevista, Kahneman afirma que no es un experto en finanzas. Es decir, que el campo teórico sobre el que hace las declaraciones que comento no son su especialidad. Y se nota, puesto que todo un Nobel en Economía yerra a más no poder al suscribir una Teoría que, como comentaré a continuación, ha quedado más que refutada.
La principal implicación de la Teoría de los Mercados Eficientes es que la gigantesca industria de gestión de activos, que tan sólo en España gestiona cerca de 200.000 millones de euros, es poco menos que un engañabobos. Como afirma en el propio vídeo, si hubiese una estrategia de inversión ganadora claramente definida, todos los inversores la imitarían y pronto dejaría de tener validez. El problema es que hay no una sino multitud de estrategias ganadoras que son conocidas y no imitadas por todos los inversores y, pese a ello, siguen siendo efectivas. La más conocida y sencilla de aplicar –y personalmente la que más me gusta- es el value investing, pero no es la única. Warren Buffett es el practicante más famoso de esta filosofía de inversión. Es cierto que gran parte de la gestión activa -aquella que intenta seleccionar acciones concretas y batir al mercado- no logra obtener unas rentabilidades superiores. Las comisiones que obtienen estos gestores son del todo inmerecidas, una anomalía, un coste que un inversor muy bien informado y racional jamás estaría dispuesto a desembolsar. El problema es que ni el inversor de un vehículo de inversión es racional y dispone de toda la información necesaria ni el propio gestor del vehículo de inversión es, de media, mejor que el mercado.
No obstante, de afirmar que la mayoría del mercado no bate al mercado a afirmar que todo el mercado no lo bate hay un salto peligroso. Y es precisamente el error que comete Kahneman, un reputadísimo psicólogo no especialista en temas financieros que, sin haber analizado lo suficiente la evidencia empírica disponible, ha suscrito una teoría caduca y dañina. Tano Santos, un profesor de Finanzas de la Univesidad de Columbia y co-director del prestigioso Heilbrunn Center for Graham and Dodd Investing –la meca académica del value investing en el mundo- publicó un interesantísimo trabajo titulado "What do financial economists have to say about value?". En ese trabajo, el profesor Santos demuestra que una cartera de valor o value obtiene mejores rendimientos que una cartera de crecimiento o growth sin incurrir según el torpe modelo de evaluación de riesgos CAPM (de las siglas en inglés, Capital Asset Pricing Model) en un mayor riesgo para el inversor. El error principal de este modelo es que mide el riesgo de una inversión por la volatilidad del precio del activo en el mercado y no por la probabilidad de pérdida permanente del capital. En mi humilde opinión, la mejor y más contundente refutación de la Teoría de los Mercados Eficientes es la que hizo Warren Buffett en su célebre artículo "Los superinversores de Graham y Doddsville". En él, Buffett demuestra con un simple y divertido ejemplo cómo no es posible explicar como mero azar que todos los inversores que ponen en práctica las lecciones de Graham batan sistemáticamente al mercado.
El rol de los mercados financieros es indispensable en una economía de mercado. Su papel como mecanismo de financiación y facilitador de la expansión de empresas en indispensable. Pese a que batir al mercado es ciertamente difícil, no es, como Kahneman afirma, imposible. Si semejante afirmación calase de lleno en la comunidad inversora, las consecuencias serían negativas y perjudiciales para todos. Los buenos gestores (aquellos que baten al mercado) cumplen una función económica en los mercados financieros indispensable: mediante su trabajo detectan e intentan corregir las infravaloraciones de determinados activos. Este papel de reajuste de la valoración de activos es clave en los mercados financieros y no es posible si la industria de gestión de activos prescindiese hipotéticamente de todos los gestores profesionales. Así que, lejos de escuchar al Nobel Kahneman, hágase un favor y escuche las palabras de Graham, que solía decir que "el mercado a corto plazo se comporta como un maníaco-depresivo". Lo que ocurre con toda afirmación falsa, como la realizada por Kahneman que es aceptada por una gran mayoría, es que resulta arduo y complejo revertir esa situación y corregir esa ignorancia. Sorprende que el responsable en esta ocasión concreta de difundir una teoría errónea sobre unos supuestamente mercados eficientes sea un experto en el comportamiento irracional del ser humano, característica esta última que es inherente al comportamiento de los mercados financieros.
La postura liberal clásica sobre el Estado le otorga el único rol de proporcionar los servicios de defensa y protección de la propiedad de los individuos (entiéndase propiedad en sentido amplio, incluyendo la vida y el cuerpo de las personas).
En mi opinión, la teoría económica ya ha superado la noción de que dichos servicios hayan de ser proporcionados en monopolio legal por ninguna entidad, sea o no el Estado. Sin embargo, lo cierto es que, en la actualidad, son los Estados las entidades que, en última instancia, sea directa o indirectamente, suministran estos servicios a los ciudadanos. Otra cosa es la calidad del servicio que nos prestan, pero no es a esto a lo que dedicaré las siguientes líneas.
Aceptado el papel del Estado como defensor de nuestras derechos de propiedad, la cuestión que se plantea es si tiene sentido, ante un daño en la propiedad del individuo, la discusión de si se ha debido a un acto es de guerra, a uno de terrorismo o, simplemente, a la delincuencia común.
Desde el punto de vista del individuo propietario, parece que las causas del daño a su propiedad deberían ser irrelevantes. ¿Cambia en algo el deber de protección de la propiedad asumido por el Estado por el hecho de que se deba a una guerra o a un acto de terrorismo? No debería.
Es evidente que la protección en cada caso puede requerir de técnicas y recursos muy diferentes. Pero eso es algo a resolver por el experto en seguridad, al que supuestamente hemos contratado para que nos proteja. Cómo lo haga parece, en principio, su problema. Tampoco nos preocupa al pedir una cerveza de qué forma el camarero consigue que esté fría.
La discusión para el Estado puede ser muy relevante, porque los protocolos a usar en cada caso, los recursos a involucrar,… pueden ser muy distintos. Además, en una organización puramente burocrática, de la que es paradigmática el Estado, se funciona por políticas y no por objetivos de servicio al individuo[1]. En este contexto, la clasificación del hecho resulta fundamental para las actuaciones que se desencadenarán de forma más o menos automática.
Sin embargo, una vez más debería ser irrelevante para el individuo protegido. El único problema con los Estados es que, como reza el dicho "Hecha la ley, hecha la trampa", y por muy claras que estén las políticas, el Estado tenderá a hacer en cada caso lo que le convenga, con independencia de sus compromisos, aunque para ello tenga que hacer interpretaciones torticeras de los conceptos por los que supuestamente se rige. Ejemplos constantes de este tipo de actos no nos faltan, siendo muy comunes en el ámbito económico.
¿Es entonces el debate sobre si algo es terrorismo, guerra o delincuencia común un mero debate burocrático, típico de los Estados tratando de "escaquearse" del cumplimiento de sus obligaciones?
Para responder a esta pregunta, conviene preguntarse cómo actuaría una empresa privada que se encargará en última instancia de los servicios de protección y defensa de la propiedad de los individuos. ¿Sería relevante para esta hipotética empresa dicha distinción?
No cabe duda de que la respuesta ha de ser afirmativa, puesto que, como se ha apuntado más atrás, los recursos a involucrar en la defensa son muy distintos en cada caso. No es lo mismo defenderse de un delincuente común, que de la agresión de un ejército, o de un atentado terrorista.
Una simple consulta a la póliza de seguros del hogar o de enfermedad, mostrará con claridad que las aseguradoras no protegen nuestra propiedad de todo tipo de daños, sino solo de algunos claramente especificados. Por supuesto, es posible cubrir otros daños que los previstos en la póliza normal, pero ello tendrá seguramente un mayor coste.
Lo mismo supongo que ocurriría en el caso de análisis. El coste de la protección para nuestra propiedad se iría incrementando según quisiéramos estar cubiertos contra un tipo de acto u otro, desde la delincuencia común hasta la guerra. Y claro que iban a ser relevante para nosotros los criterios que usara la compañía aseguradora para calificar un acto como de uno u otro tipo. Por ejemplo, si solo hemos contratado cobertura contra la delincuencia común y la empresa declara el acto causante de nuestro daño como de terrorismo, no tendríamos derecho a resarcimiento/protección.
Con un agravante adicional, derivado de la específica naturaleza de los servicios de defensa, y que me atrevería a calificar de especialísima. Y es que, como nos enseña Gary Cooper en "Solo ante el peligro", los servicios de defensa no son íntegramente sub-contratables. En última instancia, es inevitable que el servicio de defensa tengamos que auto-prestárnoslo, aunque sea para evitar que la empresa que nos protege se vuelva contra nosotros. También aquí hay lecciones que aprender en el cine y las películas sobre la Mafia.
Ello hace que, incluso en un mundo sin Estado y con empresas privadas de protección, sea relevante la discusión de si un acto es de terrorismo o de guerra, pues ello influirá en la forma que nosotros mismos hemos de involucrarnos en la defensa de nuestra propiedad. Aunque sea, eso sí, pactada libremente en el contrato con la empresa de seguridad.
* Este texto es fruto de las reflexiones del autor durante su participación en el Coloquio 214 del programa Exploraciones sobre la Libertad, organizado por el Liberty Fund y la Universidad Francisco Marroquín. Por tanto, es de justicia dar gracias a los restantes participantes por las ideas aportadas, así como a las citadas entidades y a Lucy, Andrea y Andrea (¿o era Paula?) por la impecable organización y los buenos momentos disfrutados.
[1] Tal como explica Mises en su magnífica obra Bureaucracy. Mises L. von (1994) Bureaucracy. Yale University Press
Tras el término "rentas de la dignidad", que seguramente resulta populista y atractivo, especialmente después de las marchas del pasado fin de semana, se esconde una antigualla como es la renta que los paisanos pagaban al obispo o al deán (Su Dignidad) simplemente por serlo. Más allá de ese cargo honorífico, la dignidad es la cualidad de digno, que a su vez, y referido a una cosa, se define como lo que puede aceptarse o usarse sin menoscabo de la reputación, la fama o el prestigio de la persona.
La dignidad, por tanto, es un concepto subjetivo que depende en gran medida de cómo encara cada cual su relación con el entorno, su posición en el grupo y su independencia frente a la corriente principal.
Lo que no es dignidad y no lo sabemos
Uno puede limpiar letrinas y mantener intacta su dignidad, o sufrir espantosas torturas y menosprecios y mantener intacta su dignidad, o ser acusado de traidor y ser fusilado sin un juicio adecuado y mantener intacta su dignidad. No importa el qué dirán o lo que la masa de gente hace en tu entorno, eres tú el que mantiene la cabeza alta, sin soberbia pero con determinación, y pasa por encima de miradas malintencionadas, juicios de valor y comentarios del graderío.
La justicia, siendo una virtud, no es dignidad. Son cosas diferentes. Una vivienda puede corresponderse con los cánones de bienestar de una sociedad y parecer justa para una persona con un status determinado, pero no ser necesariamente digna. Conozco algunas personas obligadas a vivir en verdaderos agujeros con sus familias, debido a un régimen que (oh, casualidad) no es liberal sino socialista, y que hacen de él su hogar y viven en allí como si fuera la mejor de las mansiones.
La abundancia material, siendo deseable para muchos, aunque no imprescindible, no es dignidad. No es más digno quien más tiene en la vida, ni aumentas la dignidad del pobre si le llenas los bolsillos de billetes (suponiendo que los billetes valieran lo que dicen que valen). Hay pobres muy dignos y ricos muy dignos y al revés.
Tampoco es más digno quien se adecua mejor a las normas morales de la sociedad. Aunque el prestigio del que goce esa persona sea el máximo y la consideración social sin parangón, no muestra una mayor dignidad si no se respeta a sí mismo. No hay más que echar mano de las innumerables lecciones que nos proporciona la historia para reconocer a esos personajes de fama, nombramientos, premios, cargos, que son perfectamente indignos en la soledad de sus miserias.
Las rentas de la dignidad vuelven del más allá
Las marchas que han invadido Madrid este pasado fin de semana reclamaban no pagar lo adeudado y no recortar los presupuestos públicos. Estas personas quieren bajar impuestos, subir los gastos, aumentar la deuda nueva y no pagar la deuda antigua. ¿Por qué razón? Porque hay millones de personas sin trabajo, miles de familias con todos los miembros en paro, los comedores de Cáritas a rebosar, y una situación que parece clarear pero demasiado lentamente. No entraré a analizar si las cargas policiales fueron más brutales o menos que las de los grupos violentos que acompañaban las manifestaciones, pero me pregunto si era necesario para exigir dignidad destrozar las terrazas del Café Gijón, el Café del Espejo y el mobiliario urbano del Paseo de la Castellana, Recoletos, Colón, etc.
Dejando ese tema de lado y centrándome en las reclamaciones económicas, las más de 300 organizaciones y sindicatos convocantes, aglutinados en la Plataforma 22M, reclamaban, además, la dimisión de todos los gobiernos que colaboraran con la troika europea. Esa petición es realmente inquietante, no por indigna, sino porque la alternativa que queda es la autarquía, la famosa política franquista de pura cepa, que llevó a España a la más absoluta ruina. Ninguno reclamó a los sindicatos que aclararan los fraudes de los EREs, y quedarse con el dinero ajeno sí que es indigno, no importa la institución o la persona que lo haga. Como tampoco es muy digno incumplir los compromisos adquiridos en nombre propio o en nombre ajeno. Porque cuando hay una legítima victoria electoral, lo que ese gobierno decida es legítimo y la deuda adquirida también lo es. No es digno reclamar rentas a costa del trabajo de todos, como los obispos de antaño. No son dignas estas nuevas "rentas de la dignidad", y sí lo es despejar el camino para que haya empleo y posibilidades para todos.
Hoy, mi amigo Luis I. Gómez, padre del blog Desde el Exilio, conociéndome, me preguntaba si yo también soy una indignada, jugando con dos conceptos que, al parecer, nuestros manifestantes también confunden: indigno e indignado. Yo, sí, me declaro indignada, de indignación, no de indignidad. Como tú, Luis.
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