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La nueva amenaza para el euro se llama Marine Le Pen

La presidenta del Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, está cosechando un apoyo histórico en las encuestas de opinión de Francia. Su formación ya se sitúa como la más votada en las elecciones europeas de la próxima primavera, según un reciente sondeo publicado por el semanario Le Nouvel Observateur. Su partido podría obtener el 24% de los votos, según un sondeo de Ifop, multiplicando por cuatro el resultado obtenido en las europeas de 2009, y superando en dos puntos a los conservadores (UMP) y en cinco puntos a los socialistas.

Asimismo, el instituto LH2 también avanza que uno de cada cuatro franceses estaría dispuesto a votar al FN en las municipales que también se celebran en primavera. Por el momento, ya ha logrado vencer en unas elecciones cantonales celebradas a principios de mes en Brignoles, al sur de Francia. Por otro lado, Le Pen se sitúa entre los personajes más populares del país galo, con un 33% de opiniones favorables, tan sólo superada por François Fillon y Alain Juppé (ex primeros ministros) y Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), según una encuesta del semanario Le Figaro Magazine. El auge del populismo en Francia contrasta con la histórica debacle en los sondeos que está sufriendo el presidente socialista, François Hollande.

La razón estriba en que el FN está logrando un inesperado éxito entre la clase obrera, el tradicional campo de votos del Partido Socialista, como consecuencia del deterioro económico y fiscal que sufre el país. Sin embargo, el ascenso de Le Pen, que quedó relegada al tercer puesto en las últimas presidenciales, celebradas en 2012, tiene unas implicaciones que podrían ir mucho más allá de las fronteras galas.

Basta observar su programa político para percatarse de la trascendencia de dicho fenómeno. El FN defiende la salida de Francia del euro y carga abiertamente contra la UE. Según reza su ideario, los resultados de la UE son "bien conocidos": "apertura de fronteras, desempleo, dictadura de los mercados, destrucción de los servicios públicos, inseguridad, pobreza, emigración masiva", etc. Tacha el proyecto comunitario de "globalista" y "ultraliberal", al servicio del "sector financiero", y afirma que el euro "esclaviza" a los franceses. Por ello, el FN ve la actual crisis como una "oportunidad" para disolver la Unión Monetaria y dinamitar la UE.

"Diez años después de su introducción en la vida cotidiana de los franceses, el euro está demostrando ser un fracaso total a pesar de la ceguera de los defensores de la Europa de Bruselas y de Frankfurt, que se niegan a rendirse a la evidencia […] el euro va a desaparecer porque el coste de su mantenimiento se hace cada día más insoportable para las naciones […] El euro es una aberración económica […] Desde la introducción del euro, Alemania es el único país que he mejorado su balanza exterior", en detrimento de lo que sucede en Francia o Italia, advierte su programa. Además, según el partido de Le Pen, "Francia está siendo penalizada por la apertura total de las fronteras", ya que llegan muchos inmigrantes atraídos por su generoso Estado del Bienestar.

¿Su particular propuesta?: abandonar el euro y regresar al proteccionismo comercial bajo la promesa de garantizar los servicios públicos galos y la producción nacional. "Francia debe elaborar, con sus socios europeos, un plan para regresar a las monedas nacionales", afirma. De este modo, el FN defiende el retorno al franco para, posteriormente, devaluar su moneda con el fin de mejorar la competitividad gala. Y ello, al tiempo que se renegocian los tratados comunitarios para recuperar la "soberanía nacional" de Francia en todas las materias y competencias cedidas a Bruselas.

Este tipo de soflamas está teniendo una buena acogida entre muchos franceses debido, sobre todo, al rechazo explícito de Le Pen a las políticas de austeridad que pretende imponer Alemania y Bruselas a los países en dificultades, como es, qué duda cabe, el caso de Francia. El FN carga abiertamente contra la "austeridad" ya que, según alega, tan sólo sirve para preservar el euro a costa de castigar a la "clase media y trabajadora, jubilados, empleados públicos y pymes". El programa económico de Le Pen se inspira en el diagnóstico y recetas del economista galo de izquierdas Jacques Sapir, un fervoroso defensor de la desglobalización y la disolución ordenada del euro.

Le Pen lo tiene muy claro: si fuera elegida presidenta de Francia, lo primero que haría sería convocar un referéndum sobre la permanencia gala en la UE y el euro, sumándose así a la ola de populismo que ya ha logrado relevantes éxitos electorales en Grecia (con los comunistas de Syriza y los nazis de Amanecer Dorado) o Italia (Movimiento 5 Estrellas). Todo ello demuestra, en primer lugar, que el neofascismo que representa el Frente Nacional es, en el fondo, otra forma de socialismo, ya que su programa económico en poco o nada se diferencia del de los comunistas griegos de Syriza, los españoles de Izquierda Unida o el particular 15M italiano, culpando al euro, la austeridad y el libre mercado de todos los males y abogando por más Estado; y, en segundo término, que el auge del populismo en Europa es, sin duda, una de las grandes amenazas, si no la mayor, para la supervivencia de la moneda única a medio plazo.

Assange, un traidor al servicio del castrismo

Cuando saltó el escándalo de los cables diplomáticos hechos públicos por Wikileaks, hubo quien sostuvo que Julian Assange debía ser juzgado y condenado por traidor. Otros consideramos que esta postura es incorrecta, puesto que la documentación confidencial que desvelaba la citada web era material sensible estadounidense y Assange no tiene dicha nacionalidad. Sin embargo, lo que no se puede negar es que su alianza con Rafael Correa dejaba en entredicho su discurso a favor de la libertad de expresión, dado que se cobijó bajo el amparo del segundo mayor represor de este derecho en el continente americano, tan sólo superado por los hermanos Castro.

Recientemente, el fundador de Wikileaks ha dado un paso más que ahora sí le deja en evidencia como un traidor. No a ningún país, sino a los principios que proclama defender y a todos aquellos que creyeron en su proyecto como una manera de hacer más libre el mundo. Julian Assange participó mediante videoconferencia en una charla de una hora de duración con periodistas –tal vez sea mejor decir propagandistas– y blogueros oficialistas –los encargados del agitprop online castrista– cubanos.

Al discurso del australiano no le faltó ningún elemento de propaganda castrista. Habló del bloqueo –en realidad embargo, puesto que Cuba puede comerciar con cualquier país del mundo menos EEUU, y con este país puede hacerlo cada vez en más sectores–. El supuesto enemigo del espionaje elogió a los cinco espías cubanos encarcelados en EEUU, de los que dijo sin rigor alguno que luchaban contra el terrorismo (en realidad espiaban a la oposición en el exilio) y puso a la ‘Revolución’ (en realidad dictadura totalitaria) como ejemplo para Wikileaks.

Cargó contra los medios de comunicación privados, a los que acusó de manipular, y añadió:

El éxito y el poder de Wikileaks representa esa posibilidad y para Cuba representan la posibilidad de contar su propia historia a todos los que estén dispuestos a escucharla. Todavía tenemos una gran lucha en nuestras manos, Internet le permite a casi todo el mundo decir lo que piensa; pero hay algunas corporaciones gigantescas que están manipulando esta información y a veces se resisten a darle un sentido a esta verdad, solo tratan de enterrarla totalmente.

Es cierto que internet permite a casi todo el mundo decir lo que piensa. Pero hay una ínsula del Caribe donde no es así. En Cuba el acceso a Internet sigue estando muy restringido y la red está sometida a una férrea censura oficial. La represión llega hasta el punto de que el estadounidense Alan Gross lleva preso desde diciembre de 2009 por haber viajado a la isla para ayudar a las comunidades judías cubanas a conectarse a la red sorteando la censura del régimen. Assange silencia esto y prefiere hablar de supuestas corporaciones gigantescas que manipulan la información (aunque tengan nulo poder censor). Gross, y no el fundador de Wikileaks, es un auténtico héroe por la libertad en internet.

Y los crímenes contra la libertad del régimen del que ahora se ha hecho cómplice el famoso australiano van mucho más allá. Los demócratas que se oponen a la dictadura sufren arrestos arbitrarios, e incluso llegan a pasar muchos años en prisión, o son sometidos a palizas y actos de repudios. Hay casos de presos políticos que fallecen en huelga de hambre, como Orlando Zapata Tamayo, y disidentes que mueren en circustancias sin aclarar, como la dama de blanco Laura Pollán o el líder del MCL, Oswaldo Payá.

Por supuesto, no hay ningún tipo de espacio para la crítica al Gobierno ni para cualquier actividad política que pase por la disciplina del Partido Comunista. Todo lo anterior por no hablar de los cientos de fusilados en el pasado y terribles estragos causados por décadas de una política económica tan centralizada como demencial.

Julian Assange ahora es cómplice voluntario de todo eso, al aceptar convertirse en propagandista del castrismo. No debe ser llevado ante los tribunales por ello, pues la libertad de expresión ampara hasta a los defensores de este tipo de aberraciones. Merece, eso sí, la condena moral de todos aquellos que defienden la libertad.

Orden espontáneo e instituciones sociales

Lamentablemente, está extendida la idea de que la sociedad es un orden que puede construirse intencionalmente. Los socialistas de todos los partidos (y todo el sistema en general) nos bombardean continuamente con esta idea. Es el típico pensamiento antiliberal de que la gente dejada “a su aire” puede provocar resultados no deseados. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Dirigirla. Obvio.

¿Qué significa dirigir la sociedad? Pues básicamente tutelarla, es decir, marcar los fines de los individuos. O lo que es lo mismo: identificar los fines sociales que ellos determinan con los fines del individuo. La coordinación social debe, por tanto, ser impuesta.

Esto supone no entender nada del proceso social, ya que la sociedad es un complejísimo proceso espontáneo de interacciones humanas, movidas todas ellas por el deseo de alcanzar sus propios fines.

Una palabra clave aquí es espontáneo. Una gran aportación de Carl Menger consiste en haber desarrollado la teoría del surgimiento espontáneo y evolutivo de las instituciones a partir de la concepción subjetiva de la acción humana. Como manifestara Menger: “el problema más importante de las ciencias sociales es explicar cómo las instituciones que sirven al bienestar común y que son extremadamente importantes para su desarrollo llegaron a existir sin una voluntad común dirigida a establecerlas”.

Hayek señala entre otras instituciones que son el resultado de la acción espontánea evolutiva nada menos que al lenguaje, la moneda, el derecho de propiedad, el comercio, la lex mercatoria que rige los intercambios internacionales y la misma Common Law. Las instituciones sociales son el resultado de conductas regulares no planificadas por los individuos para hacer frente a los problemas que enfrentan. Se forman inintencionadamente, es decir, sin una programación previa.

Vemos en el orden social un vínculo interno producido endógenamente, lo que equivale a concebir la sociedad como un orden espontáneo. Esta es la naturaleza interna del vínculo social.

La teoría social comienza con el descubrimiento de que existen estructuras ordenadas que son producto de la acción de muchos hombres, pero que no son resultado de una planificación humana. Es ese permanente fluir de iniciativas individuales, que son de tal modo seleccionadas y agregadas a un nivel de conocimiento que ninguna mente humana particular es capaz de alcanzar.

La idea de que la sociedad puede construirse intencionadamente debe ser rechazada. Deberíamos confiarnos a ese gran mecanismo productivo que es el proceso social abierto a la cooperación de todos, ya que sólo de esta manera es posible el desarrollo económico y el aumento de conocimiento.

Y, sin embargo, los enemigos de la libertad siguen queriendo tutelar al individuo y sus opciones innovadoras. Quieren dirigir el mundo, cuando lo mejor sería que nos dejasen relacionarnos en paz.

Referéndum. El derecho a decidir de todos los españoles

Hemos analizado en artículos anteriores la involución institucional y la desigualdad ante la ley que han forjado una jaula de hierro en torno a los ciudadanos que se sienten impotentes ante la imposición de políticas intervencionistas por 17 oligarquías autonómicas o, si se prefiere, por 17 élites extractivas regionales en su intento de acaparar el máximo poder político y económico empleando los estatutos y leyes autonómicas, los impuestos y el endeudamiento de las generaciones futuras para "guiar" la sociedad a favor de utopías que esconden los intereses de la casta política regional.

El nacional-separatismo ha utilizado tácticas totalitarias para el control de la sociedad civil por medio del adoctrinamiento en las escuelas, la universidad y los medios de comunicación. Las oligarquías de élites extractivas autonómicas han jugado con los sentimientos tribales de la población (familia, pueblo, lengua, cultura y territorio) y con el miedo psicológico a la libertad (I) y (II), "guiando" hacia la fractura social de cada región; separando en vez de uniendo entorno a un futuro común, discriminando y estigmatizando a los ciudadanos, divididos en primera, segunda y tercera categorías en función de su grado de adhesión a los intereses políticos y económicos de la élite extractiva autonómica ([1][2][3][4][5][6]).

Pues bien, ante el actual desafío secesionista, que va consumiendo etapas para intentar desmembrar la convivencia pacífica entre las regiones que conforman España, hay que recordar varios hechos jurídicos irrefutables:

  • La Ley básica en España es la Constitución, que fue ratificada por la inmensa mayoría de españoles el 6 de diciembre de 1978 y que sirve como contrato que debe regular la convivencia pacífica entre todos los españoles.
  • El Artículo 1.2 CE legisla claramente que: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
  • El Artículo 2 CE determina: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
  • El Artículo 14 CE legisla que: "Los españoles son iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Dicho lo cual, conviene constatar los graves problemas de convivencia y de crecimiento del tamaño del Estado que ha generado la errónea redacción del Título VIII que permitía la instauración de la organización territorial en Autonomías caracterizada por la corrupción generalizada ([1][2][3][4][5][6]) con hasta 1661 casos por toda la geografía española, la irresponsabilidad presupuestaria ([7], [8], [9]), la irresponsabilidad tributaria ([10], [11]), y los excesos normativos ([12], [13]) desde 17 parlamentos autonómicos que desvertebran el poder legislativo y son responsables en gran medida de las más de 100.000 leyes, decretos y normas que se publican cada año en España.

Si hay que construir, ordenar y poner en marcha una gran política nacional basada en los principios constitucionales, sólo hay una opción moral posible que es afrontar el desafío separatista y dar la palabra y el voto a todos los ciudadanos españoles para que decidan en un referéndum cómo solventar el problema de organización territorial de España. 

Es decir, la fractura social a la que han conducido el nacional-separatismo de las Autonomías, y la inacción de los gobiernos centrales, sólo puede superarse políticamente por la decisión mayoritaria de todos los españoles. No se requiere un referéndum para jugar al juego de los intereses de la oligarquía independentista y confirmar que Cataluña es una parte fundamental de España; algo que es obvio a lo largo de la historia y que, en aplicación del artículo 1.2, sólo podría decidirse entre todos los españoles que sufragamos con nuestros trabajos, compras e impuestos el presupuesto público de la Generalitat pero que, aplicando el artículo 2 de la Constitución, es legalmente imposible.

Evidentemente, sí se requiere un referéndum sobre las políticas fundamentales para garantizar el crecimiento económico, la cohesión territorial y la convivencia pacífica, de modo que todos los españoles decidan: A) cómo limitar y fijar las competencias autonómicas, B) cómo garantizar una financiación equilibrada y responsable y, también, C) cómo exigir el cumplimiento de la Ley por las autoridades y funcionarios autonómicos.

Aplicando el artículo 92 CE, un referéndum que convocase a las urnas a todos los españoles con derecho a voto, podría ser capaz de restablecer la convivencia pacífica e impulsar la normalidad democrática que intentan romper los secesionistas. Es decir, muchos ciudadanos entendemos que sólo un referéndum puede mejorar la legalidad vigente, frenar el nacional-separatismo y hacer prevalecer las reglas de la Ley vigente con el poder de la mayoría del censo electoral de España. Por ejemplo, por medio de las siguientes siete preguntas:

  1. ¿Quiere Ud. que se fijen las competencias de las Comunidades Autónomas en el artículo 148 y que se suprima el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución que permite la transferencia o delegación de competencias? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que la educación vuelva a ser una competencia exclusiva del estado central en el artículo 149 de la Constitución, siempre que se garantice el aprendizaje en el idioma vehicular que prefieran los alumnos, tanto en español como en euskera, gallego, catalán o valenciano? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que la sanidad vuelva a ser una competencia exclusiva del estado central en el artículo 149 de la Constitución de modo que se ahorren costes y se garanticen prestaciones de calidad en todo el territorio nacional? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que el artículo 148 explicite en un nuevo apartado que cada Comunidad Autonómica cuente con un Gobierno Autonómico y se supriman los Parlamentos Autonómicos para reducir gastos, disminuir el exceso de legislación, y evitar duplicidades y barreras comerciales en España? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que cada Comunidad Autonómica cuente con sus propios ingresos tributarios con un sistema fiscal equilibrado, aplicable en todas las regiones de España y que permita sufragar los gastos de la administración y el gobierno autonómicos? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que se apliquen cupos fiscales en el País Vasco y en Navarra? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que se aplique el artículo 155 de la Constitución para que puedan ser destituidas y, en su caso, procesadas penalmente aquellas autoridades y/o aquellos funcionarios de una Comunidad Autónoma que no cumplan las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan? (Sí/No)

Un Estado de Derecho, digno de tal nombre, no puede mantenerse impasible y tolerar el incumplimiento de la Constitución, las leyes y las sentencias de los tribunales por parte de las Comunidades Autonómicas. Y una democracia parlamentaria no debe permitir un desafío secesionista que intenta imponerse a la mayoría de los ciudadanos por unas oligarquías regionales, ávidas de más poder, más corrupción y más control sobre la población.

Por un lado, el Gobierno no ha recibido el mandato del pueblo para doblegar la soberanía nacional ante los deseos del secesionismo, por más que insista la propaganda de los partidos nacional-separatistas de Cataluña o del País Vasco. Si el Gobierno accediese a las pretensiones secesionistas, se estaría infringiendo la legalidad vigente, dado que no está contemplado en la Constitución, que es la Ley básica que establece el marco jurídico e institucional válido en España.

Por otro lado, un Gobierno de España no debería tolerar por más tiempo que exista desamparo de los ciudadanos en municipios y regiones, donde son discriminados por no someterse a los deseos de la oligarquía de élites extractivas nacional-separatistas.

Contestando a las siete preguntas anteriores, por medio de la soberanía nacional de la mayoría de todos los españoles, se dotaría de certidumbre al ordenamiento jurídico y se renovaría la validez de la Constitución Española de 1978 para las próximas generaciones. Un Gobierno con mayoría absoluta sería capaz de sacar adelante los cambios normativos, aplicando el artículo 167 de la Constitución.

En definitiva, son todos y cada uno de los ciudadanos de España los que deben decidir sobre el futuro de la nación más antigua de Europa y las oligarquías no deben imponer políticas de hechos consumados con sus negociaciones entre bambalinas, su corrupción, su hipocresía, su inmoralidad y el miedo acérrimo que sienten a que sean los propios ciudadanos los que decidan; porque es en ellos donde reside la soberanía nacional, según el artículo 1.2 de la Constitución.

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Libertad y ultramodernidad

Hay un fenómeno que es nuevo, y que supone un cambio de gran calado en el ser y en la concepción de la persona. Y que, además, no parece que vaya a tener vuelta atrás. Es un cambio que separa dos épocas, una antes y otra después del mismo. Lo he llamado ultramodernidad porque tiene todos los elementos de la modernidad. Es como si la modernidad hubiera sido lanzada desde el individuo al mundo exterior, y ésta hubiese vuelto, como un boomerang. Y porque sus efectos van más allá del período histórico de la modernidad. Bien podría desaparecer ésta, que este fenómeno continuará.

Se trata del hecho de que nuestras acciones dejan una huella indeleble, lejana y recuperable. Es evidente que ese fenómeno ha ocurrido siempre. Seguimos venerando las piedras de Stonhedge, leyendo El Quijote o escuchando a Bach. En un sentido más actual, el telégrafo en 1835, el teléfono en 1876 y a finales del XIX la radio habían permitido que las personas se comunicaran a distancia. La televisión ha logrado transmitir imágenes (1927). Pero no forman parte estrictamente ese fenómeno del que hablo. Más recientemente, internet ha permitido multiplicar las huellas de nuestro comportamiento, huellas que son transmisibles y registrables por medio, por ejemplo, del correo electrónico y de las redes sociales. Hay más, porque el teléfono ahora nos acompaña físicamente, y con él llevamos una enorme cantidad de información personal. Con un elemento añadido, y es que el dispositivo indica cuál es nuestra situación geográfica.

El hecho de que podamos mantener contacto con personas con las que no hemos tenido contacto físico ni, en algunos casos, podamos tenerlo, amplía nuestra capacidad de relacionarnos con otras personas. Pero también se da la contrapartida a ello, que es que otras personas pueden acceder a nuestra información, a nuestras huellas. Esos datos los creamos y registramos nosotros en plataformas que nos ofrecen empresas privadas. Es un acto libre, que hacemos por propia conveniencia. Esas empresas atesoran y analizan esa información, que vuelve a nosotros generalmente en forma de ofertas comerciales. Esas ofertas se adaptan a nosotros, a nuestra edad y sexo, intereses y costumbres, más que la publicidad masiva de los medios de comunicación. Es un proceso en el que nosotros compartimos nuestra información con empresas que, a cambio, nos ofrecen productos que son cercanos a lo que deseamos. Es todo una relación aceptada por ambas partes, voluntaria, y legítima. No hay ningún ataque a nuestra intimidad que no hayamos aceptado antes. Es más, estrictamente hablando no existe derecho a la intimidad, aunque esa es otra cuestión.

Otra cuestión es cuando entra el Estado en esta compleja relación entre empresas y clientes. No ocurre nada que no hubiésemos podido imaginar con pararnos a pensar cinco minutos sobre el asunto, pero por suerte ya ni nos hace falta. Gracias a las revelaciones de Edward Snowden a los medios de comunicación, sabemos que el gobierno de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con varias de las principales empresas de internet para abrirle sus servidores, de modo que puede espiar de forma masiva a los ciudadanos, con un nivel de detalle que es el mismo que éstos voluntariamente han cedido a las empresas.

Era un acuerdo secreto, vergonzoso, porque suponía una cesión ilegítima de los datos facilitados por los clientes. Los mecanismos que tiene el Estado para arrastrar a las empresas a esta cesión son conocidos, y no me detendré en ellos, aunque hay compañías, como Twitter y LinkedIn, que no han entrado en ese enjuague. En la medida en la que el Estado haya recurrido a la coacción (y los impuestos son coacción), estamos hablando de un robo masivo por parte del Estado. Lo que han cometido las empresas es fraude.

Este es sólo un episodio histórico. Pero nos encaminamos cada vez más a este hombre ultramoderno, que deja huellas de su comportamiento, con coordenadas de tiempo y lugar. Y el Estado, implacable, no renuncia a conocer en todo momento lo que hacemos. Es sólo un medio para imponer su poder. No tiene buen arreglo. Hay un punto, una vez se desvela el robo masivo de nuestros datos por el Estado, en el que tenemos que elegir entre seguir facilitándolos, o dar el salto a otras plataformas alternativas, aunque no masivas. En la medida en que esas alternativas tengan éxito, la mano del Estado volverá a aparecer para coger lo que no es suyo. No podemos recoger los frutos de la ultramodernidad sin encontrarnos al gusano del Estado dentro. A no ser que se combinen la tecnología y la fibra moral de la sociedad para crear un espacio propio, exclusivo, que le cierre la puerta al gran ladrón.

La profesionalidad mal entendida

En España se habla mucho sobre nuestra mentalidad contraria al emprendimiento, o en cristiano: la manía que le tenemos al que quiere ganar dinero. Pero también otro problema igual de importante: la profesionalidad.

Mucha gente tiene una idea equivocada sobre qué es ser profesional y por qué hay que serlo; pongamos por caso la forma de valorar el trabajo en las empresas españolas. ¿A quién se premia más? ¿Al trabajador que realiza su tarea a tiempo o al que está hasta las 20h. de la tarde para acabar la suya y aprovecha para tomar una cerveza con el jefe?

Tristemente, excepciones aparte, se valora más al trabajador que más horas y más relaciones hace en la oficina que al que mejor hacer su trabajo.

Por otro lado, existe el trabajador que piensa que involucrarse en su trabajo es regalar algo a la empresa por la que no te paga. Por ejemplo, mucha gente no se forma sobre su profesión (leyendo libros especializados, asistiendo a conferencias, etc.) porque opina que es la empresa la que debe ocuparse de su formación.

La realidad es que la formación de un empleado es el capital del que va a vivir el resto de su vida, y por tanto no debe delegar esa función en la empresa, la que solo está interesada en su productividad a corto plazo.

También existe la idea de que para ser un buen profesional no tienes que tener en cuenta la rentabilidad de tu trabajo y enfocarte solo en la calidad del mismo.

Precisamente es al contrario; un buen profesional siempre tiene en cuenta el presupuesto de su cliente, ya que es consciente de que trabaja para él y no para sí mismo. Otra cosa es que el el cliente o la empresa para la que se trabaja tengan unas expectativas que sean inaceptables. Pero a nadie le obligan a trabajar a punta de pistola.

Uno puede pensar que hablar de profesionalidad cuando hay tantos millones de parados en el país es absurdo. Que el objetivo tendría que ser trabajar en cualquier cosa que te ofrezcan y no pedir peras al olmo. Pero la verdad es que la época de los trabajos poco cualificados pasó a la historia, y ahora la única posibilidad de salir adelante es vender un trabajo con una calidad lo suficientemente elevada como para atraer inversores y exportar productos que el resto del mundo quiera comprar.

Y eso no lo vamos a conseguir con una mentalidad que nos lleva a estar 12 horas en la oficina porque no tenemos la organización ni la disciplina necesarias para fijarnos horarios, ni esperando a que algún empresario nos mantenga perfectamente formados en disciplinas que evolucionan cada año que pasa, ni mucho menos produciendo productos de una calidad por debajo del precio que pretendemos cobrar por ellos.

En definitiva, hace falta que en España se pueda confiar en que cuando contratas a alguien para hacer un trabajo lo va a hacer, y no preocuparte sobre si vas a tener que perseguirle para que lo haga, o formarle para que sepa hacerlo o tirarlo el producto a la basura por lo mal que está hecho.

Por supuesto hace falta muchas más cosas aparte de eso, o para llegar a eso. Pero la profesionalidad es una de ellas.

¿Necesitamos más educación?

La educación es uno de los pocos asuntos en los que hay unanimidad: necesitamos más educación. Da igual a quién preguntes. Todos los días hay alguien en los medios, de cualquier partido o corriente ideológica, señalando que la solución a nuestros problemas pasa por "más educación". ¿Pero es esto cierto?

Todos somos, de alguna manera, expertos en el sistema educativo. Al fin y al cabo hemos pasado buena parte de nuestra vida metidos en una clase, escuchando las lecciones del profesor y memorizando libros de texto al llegar a casa. Nadie duda de que la educación es fundamental. Pero al mismo tiempo hay un hecho que admitimos en privado, pero que en público no se suele mencionar. Y es que, si echamos la vista atrás y pensamos en las miles de horas que hemos pasado en el sistema educativo, la mayor parte del tiempo no estábamos aprendiendo cosas prácticas ni adquiriendo habilidades productivas. En general damos pocos contenidos realmente útiles para nuestro futuro profesional. Cuando nos ponemos a trabajar, caemos en la cuenta de que como se aprende no es memorizando textos sino haciendo cosas.

Entonces, ¿hemos estado perdiendo masivamente el tiempo? En absoluto. Pese a que parece que buena parte del contenido educativo es inútil, al salir al mundo laboral nos encontramos con lo que intuíamos: cuantos más y mejores títulos tenemos, mayores son nuestras probabilidades de encontrar trabajo y mayor tiende a ser nuestro salario. Las empresas prefieren a los titulados. Estudiar una carrera universitaria, incluso sin subsidios, es una inversión muy rentable. En Estados Unidos es típico tener en cuenta el retorno sobre la inversión a la hora de elegir una universidad o un máster. Una carrera permite, con facilidad, multiplicar la inversión inicial realizada por cinco o seis a lo largo de tu vida profesional.

¿A qué se debe este aparente contrasentido? El economista americano Bryan Caplan está escribiendo un libro, The Case Against Education, sobre esta paradoja, del que ya ha expuesto sus ideas principales en varios artículos y conferencias. Y es que, explica Caplan, las empresas se enfrentan a un gran problema cuando entrevistan a un potencial empleado: no tienen ni idea de cómo trabaja ni saben si dice la verdad. Así que una forma muy efectiva de ver si el candidato es trabajador, inteligente y capaz de realizar un trabajo aburrido y repetitivo sin quejarse, que es lo que buscan, es tener la prueba de que el candidato ya ha realizado con éxito cosas aburridas y repetitivas que exigen esfuerzo e inteligencia. Le piden que tenga una carrera. El contenido tiene su importancia, sí, pero no es lo fundamental. Los bancos de inversión y las consultoras de élite, por poner un ejemplo, están llenas de ingenieros y físicos que cuando entran no saben lo que es un balance o cómo funciona un negocio.

Supongamos que queremos contratar a alguien y nos llegan dos candidatos. El primero, un listillo, afirma que lleva cinco años aprendiendo por su cuenta lo que considera que es útil, ha asistido a clases sueltas en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, que suelen ser abiertas, y ha ayudado voluntariamente a profesionales de sector a hacer su trabajo, complementando su aprendizaje con una formación práctica. Por supuesto, no tiene título. El segundo trae en la mano un título de Harvard. Como empresarios, pensamos dos cosas. El primero parece listo, pero también es muy posible que sea inconformista, poco constante, indisciplinado y puede que vago. No lo sabemos. Pero podemos tener bastante certeza de que el de Harvard, aunque haya estudiado algo que nada tenga que ver con el trabajo, no es un paquete. Entrar en una gran universidad es difícil, con lo que ellos ya han hecho el filtrado. Le han seleccionado de entre muchos y le han exigido disciplina y muy buenas calificaciones. Así que nos quedamos con el segundo. Puede que no acertemos siempre y tal vez se nos escape algún genio. Pero en general funciona.

El "modelo de señalización" que explica Caplan tiene todo el sentido. Pero choca con dos intuiciones que tenemos muy arraigadas. La primera es que nos resistimos a pensar que la mayor parte de ese tiempo en el sistema educativo no nos ha aportado gran cosa para nuestra vida profesional. Esto no quiere decir, en absoluto, que educarse no enriquezca nuestra vida, que no podamos disfrutar leyendo ciencia, filosofía o historia. Pero la gente que disfruta yendo a clase, a conferencias o leyendo libros y artículos, aunque abundemos en el Instituto Juan de Mariana, no es la mayoría. Lo normal no es que la educación se considere un bien de consumo, sino una inversión. Por eso nos cuesta admitir que tras todo el esfuerzo realizado podremos ser más cultos, pero no mucho más productivos. No es fácil pensar que el objetivo actual del sistema educativo, en buena parte, no es el de formarnos, sino el de ponernos un sello fácil de entender por los empresarios.

La segunda intuición con la que esta teoría choca es con la idea de que si todos aumentamos nuestros años en el sistema educativo, todos estaremos mejor. Caplan dice que no. Si los políticos, con toda su buena intención, incentivan a todo el mundo a sacar un título universitario, el empresario dejará de fijarse en quién tiene una carrera y empezará a fijarse en quién tiene dos, un máster o un doctorado. El título se devalúa. Y esto obliga a todo el mundo a pasar aún más años en clase, cuando podrían estar haciendo prácticas o trabajando, que es como se aprende de verdad. Al final, al que más se perjudica es al que en un principio se pretendía ayudar.

¿Necesitamos, como sugiere Bryan Caplan, menos educación? En mi opinión lo que necesitamos no es ni más ni menos, sino mejor educación. El hecho de que los títulos sirvan para señalizar no tiene por qué obligar a que no enseñen cosas productivas. Se necesitan programas con contenidos más adecuados, más prácticos, mejor adaptados a la vida profesional. Programas que no sólo sirvan para trabajar, sino también para emprender. Y la solución pasa por quitar de las manos de los políticos algo tan importante como es la educación. Se necesita, en definitiva, libertad. Con mayor libertad educativa los centros podrán competir en proporcionar mejores planes de estudios. Así podrá funcionar el mecanismo adaptativo por el que tenderá a prosperar lo que los alumnos y padres elijan, y no lo que dicte el ministro de Educación. No es casualidad que las escuelas de negocios y ciertas universidades privadas, con algo más de margen para diseñar sus contenidos, sean actualmente las que tienen materias más útiles, la que usan el inglés, traen profesionales para que impartan clase e incluyen prácticas laborales como parte fundamental del programa. En conclusión, no necesitamos más, sino mejor educación. Y para ello hace falta más libertad.

Inmigración (III): cinco fuerzas irresistibles

Un principio fundamental en economía es que las diferencias crean oportunidades de intercambio.
Lant Pritchett.

Las barreras migratorias enervan la tendencia a la igualación de los salarios que prevalece cuando el trabajo disfruta de plena movilidad internacional.
Mises.

Toda la seguridad del mundo no podrá separar a los trabajadores migrantes con determinación de llegar adonde están las oportunidades económicas.
Alex Nowrasteh.

De modo semejante a como rige en el principio de los vasos comunicantes, hay grandes impulsos en las sociedades humanas que tienden a un cierto equilibrio entre la oferta y demanda laboral entre los diferentes países.

Siguiendo el interesante estudio del economista del desarrollo, Lant Pritchett, podemos decir que existen cinco fuerzas irresistibles en la economía global de nuestros días que crean (y crearán en el futuro) cada vez mayores presiones para un aumento en el flujo migratorio de trabajadores a través de las fronteras nacionales, especialmente desde los países pobres hacia los ricos. A saber:

1. Diferencias en los salarios de los empleos no cualificados. Es la fuerza más intensa de todas. Las acusadas discrepancias entre salarios de trabajos no cualificados crean una presión muy fuerte para migrar fundamentalmente porque las diferencias no se explican por características o habilidades especiales de las personas sino por razones meramente espaciales (diferencias salariales acusadas según el lugar donde se produce la oportunidad laboral). La existencia de ayudas y transferencias sociales del Estado de bienestar, pese a ser algo añadido, no son ni mucho menos la razón principal de los desplazamientos migratorios. El economista Michael Clemens comentó en cierta ocasión que es muy difícil que un móvil o unos pantalones vaqueros puedan ser vendidos por una diferencia en precio de mil por ciento en dos países diferentes pero que, por el contrario, sí se dan esos diferenciales en salarios de trabajos de cajeros en un McDonald’s, de cuidador de niños o de peón de construcción entre Haití y los EE UU, por ejemplo. Las disparidades en los niveles salariales son enormes. Demasiado tentadoras, por tanto.

2. Futuros demográficos crecientemente discrepantes. Es una realidad constatada el que las sociedades desarrolladas tengan una población cada vez más envejecida. Por su parte, las poblaciones de los países en vías de desarrollo van en aumento, gracias al capitalismo y a los avances de la medicina y la alimentación a nivel mundial. El desfase entre demografías irá incrementándose y, por tanto, será cada vez más complicado contener la movilidad internacional de la fuerza laboral entre países.

3. Todo está globalizado menos el trabajo. A diferencia de la primera globalización del siglo XIX, la era posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido un experimento global de todo menos de la fuerza de trabajo. A pesar de que cada vez son más los que viajan de un país a otro como turistas o de negocios, el incremento de la movilidad internacional del trabajo ha sido exigua si lo comparamos con el aumento de los flujos de mercancías, capitales, ideas y comunicaciones a través de las fronteras nacionales. La expansión de la globalización hará cada vez más difícil el mantener inmóvil la fuerza laboral en el mundo.

4. Fuerte demanda de empleo no cualificado de difícil deslocalización. El resultado de una mayor productividad, salarios que se van progresivamente elevando, una creciente población envejecida y una más intensa globalización implica que habrá una inexorable y cada vez mayor demanda por trabajos de poca cualificación y que, además, son de difícil deslocalización o automatización en los países desarrollados. Las economías modernas precisarán de cada vez más ingenieros, médicos o informáticos pero también de más auxiliares de enfermería o geriatría, conserjes, cajeros, empleados domésticos, jardineros, camareros, empleados de limpieza o de comida rápida, por poner solo unos pocos ejemplos. Las economías avanzadas crean puestos para personal altamente cualificado pero, al mismo tiempo, también crean puestos para personas poco cualificadas. Échense fuera a los inmigrantes y dichos trabajos simplemente se esfumarán en su gran mayoría, sufriendo la economía de acogida una merma en la división del trabajo y en la especialización y, por tanto, en su eficiencia en su conjunto.

5. Crecimiento renqueante en países "fantasmas" o "zombies".Tal y como aducía Albert Otto Hirschman (1977), la emigración se produce indefectiblemente cuando se desconfía en las posibilidades que ofrece el país de origen de uno. Es un termómetro fiable que nos indica que un país está en situación de desgobierno, de fragilidad institucional, de desarticulación social o desconfianza colectiva. En estos casos la emigración se conforma como una válvula de escape de las crisis sociales y, al mismo tiempo, como una denuncia silenciosa de la endeble capacidad institucional de respuesta colectiva en los países de origen afectados.

Según Pritchett, si se da un persistente y largo declive en la demanda de trabajo en un determinado país o en un territorio dado por estallar un conflicto bélico, por inhibir su gobierno y sus instituciones extractivas de forma sistemática la iniciativa productiva de sus ciudadanos que les condene a vegetar sin esperanza de mejorar su situación o, simplemente, por haber un cambio brusco de tecnología que afecte directamente a su economía, se pueden crear dos escenarios:

A) Si la fuerza del trabajo puede ser móvil y, por tanto, existe una oferta de trabajo elástica, se crearán territorios "fantasma" al despoblarse rápidamente (i.e. ciertas ciudades deshabitadas en la historia de los EE UU por falta de oportunidades de trabajo).

B) Por el contrario, si a la fuerza laboral de un país o enclave que está en declive económico no se le permite la movilidad y, por tanto, su oferta de trabajo es inelástica, la única salida a dicha situación es la caída generalizada de salarios. Una región que no puede volverse "fantasma" (por pérdida de población) se convierte en una economía "zombie" (i.e. toda la isla de Cuba o Corea del Norte), es decir, la economía está muerta pero la gente es forzada a vivir allí.

Solo cuando la emigración es consentida o no se puede contener eficazmente se produce en estos casos masivos y contundentes flujos migratorios. Se les podrá poner trabas, pero su curso es imparable.

Estas cinco fuerzas se dan cada vez con mayor intensidad en nuestro mundo, por lo que es previsible una mayor presión para que se produzcan mayores flujos migratorios a los presentes. Según estimaciones actuales, la migración internacional alcanza los 190 millones de personas, es decir, aproximadamente el 3% de la población mundial. Si bien esta cifra es el doble que la de 1975, sigue siendo aún un porcentaje francamente pequeño en comparación con el movimiento de capitales o el comercio internacional de mercancías. Ahora que viajar es más barato que nunca y que las oportunidades económicas se multiplican más allá de las fronteras nacionales, parece que se prepara una nueva era de globalización en los movimientos de las personas. Los turistas, los hombres de negocio y los trabajadores cualificados ya lo están viviendo. Queda pendiente liberar la enorme fuerza laboral de trabajadores poco cualificados por el mundo. Impedirlo mediante estrictos controles migratorios servirá para complicar las cosas mucho más, pero no para frenarlo.

Actualmente no quedan países aislados de los flujos humanos transnacionales (incluidos los desplazamientos de trabajadores entre países menos desarrollados). Todos ellos se han acelerado en las dos últimas décadas y parece que en el futuro la tendencia irá inevitablemente en aumento. No es aventurado afirmar que las grandes corrientes migratorias aún no se han iniciado.

Sin embargo, otras fuerzas se oponen a las aquí descritas y hacen que la sola idea de un aumento de la inmigración sea algo repugnante o amenazante hoy para muchas personas. No son otras que los temores fuertemente arraigados en el imaginario de los nativistas o autóctonos del país de acogida. En un siguiente comentario trataré de analizar dichas contrafuerzas o estados de opinión dominantes en las sociedades desarrolladas y su falta de consistencia desde el punto de vista teórico y empírico.


­Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I y II.

Ignorancia: ni libertad ni determinismo

Una de las mejores aportaciones de F. A. Hayek a la teoría social es la del crucial papel de la ignorancia en la configuración de una teoría sobre la libertad. Según esta óptica, la libertad es la mejor prescripción social, política y económica, habida cuenta de que la perfección cognitiva es imposible y, por tanto, el dirigismo social, devastador. Si no podemos prever la mejor vía de acción ni para nosotros mismos ni para los demás, dado que no es posible un estado de conocimiento perfecto y de previsión sin errores, lo más inteligente es la libertad de acción, es decir, limitar la coacción al mínimo imprescindible.

Sin duda es una aportación genial que relativiza y minimiza el debate determinismo-libertad o, por ser más precisos, determinismo-indeterminismo. Nunca cerebro humano alguno será capaz de averiguar el mecanismo de funcionamiento perfecto que los deterministas suponen que existe en los planos físico, biológico y social. Por lo tanto la pregunta sobre si todo está ya escrito (sea por una precisa mecánica cósmica, sea por una voluntad extranatural) o bien lo escribimos con nuestro libre albedrío, no es más que un asunto científicamente inconsistente, aunque, como ficción cultural que es, sea relevante para entender la acción humana.

La obra de divulgación científica de Jorge Wagensberg expone con claridad cómo ambos puntos de vista pretenden definir algo imposible de resolver metafísicamente y ajusta el debate a dos enfoques funcionales de la metodología científica correspondientes a sendos momentos diferentes de esta: el libre albedrío o indeterminismo es la óptica del científico que se enfrenta a un suceso no predecible, y el determinismo es la postura, compatible con el científico aplicador, del que expone la teoría resultante mediante una mecánica de causas y efectos.

A pesar de que, como decimos, la aportación de Hayek es crucial y una buena base teórica para prescribir más libertad, resulta incontestable que las implicaciones de la misma pueden matizar severamente esa cuestión.

En primer lugar, la misma ignorancia como fundamento de la libertad excluye la existencia de una regla racional segura acerca de cuánta libertad debe prescribirse en cada caso concreto. La ignorancia, aunque inerradicable, no es absoluta, por lo que no sabremos jamás cuánta cantidad de libertad es compatible con el nivel de conocimiento existente.

Por otro lado, dado lo imposible de la omnisciencia, tan absurdo es definir al hombre como un ser libre como decir de él que pertenece a un cosmos determinista. La única materialidad que somos capaces de percibir es que los contenidos de las ideas y de los propósitos humanos en acción están atrapados en parámetros genéticos y culturales dados, producidos socialmente (algunas veces por cooperación espontánea y, las más, por coacción social o política) y siempre cambiantes. Y si bien esta afirmación parece decantarse por la opción determinista, no `pasa de ser una ilusión que se desvanece al establecer como consiguiente realidad material el hecho de que la combinación de parámetros genéticos y sociales es única en cada individuo. Esta especifidad ofrece argumentos a los indeterministas tanto como a sus contrapuestos, siendo esta una cuestión irresoluble y, por lo tanto, innecesario su planteamiento. Lo imprevisible de las acciones de los seres humanos ofrece a la percepción la ilusión del libre albedrío y, de igual modo, la existencia de algunas regularidades en dichas acciones da pie a imaginar un universo predeterminado.

En realidad resulta irrelevante ese debate, aunque siempre existirá esa tensión conceptual que supone diferencias en los programas de vida diferentes que, a la postre, se traducen en programas políticos también diferentes. Sin embargo sí es fundamental que nos demos cuenta de que la ignorancia inerradicable es la base de nuestro modo de estar y que tanto las doctrinas del libre albedrío como las deterministas se conforman, también, como parámetros culturales socialmente producidos, meras ficciones que definen diversos modos de actuar, de producir y, cómo no, de establecer nuestros regímenes políticos sin que jamás tengamos la seguridad de de acertar con el grado de libertad/coacción que maximiza el escaso conocimiento existente.