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¿Se agota el petróleo?

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en ¿Se agota el petróleo?

Uno de los sofismas económicos más difundidos por quienes buscan aprovecharse de la ignorancia económica de la gente es que los recursos naturales se están agotando. Esto, dicen sus defensores, acabará con la civilización actual debido a la crisis energética que provocará la carestía de las fuentes energéticas como, por ejemplo, el petróleo. Sin ir más lejos, en 1972 el Club de Roma dijo en su apocalíptico libro Los Límites del Crecimiento que no habría petróleo más allá de 1992.

Prácticamente desde los inicios de la Revolución Industrial oímos que los seres humanos están agotando los recursos naturales del planeta y los niveles de vida empezarán a declinar a menos que se tomen medidas inmediatas.

No deja de ser un mito. La realidad es muy distinta. Centrándonos en el petróleo, observamos que ¡las reservas no dejan de aumentar! En 1882 se consideraba que las reservas eran de 97 millones de barriles; en 1932, 10.000 millones; en 1950, 100.000 millones; en 1980, 656.000 millones; en 1991 ya superaba el Billón de barriles; y en 2012 se cifran las reservas mundiales en casi 1,5 Billones de barriles de petróleo.

¿Cómo es posible esto si desde hace más de un siglo nos están diciendo que queda petróleo para 30 años?

Veamos. Cuando la demanda de un bien aumenta también lo hacen sus precios y los beneficios de las empresas que proporcionan ese bien. El petróleo no es una excepción. Este aumento de beneficios del sector hace que sea rentable comenzar buscar nuevas fuentes de petróleo en zonas que hasta ahora eran muy costosas de explorar. De esta manera se descubren yacimientos que hacen aumentar las reservas mundiales de petróleo.

Asimismo, nuestro conocimiento científico ha aumentado notablemente, pudiendo utilizar los medios de forma más eficiente, así como desarrollar nuevas técnicas y vías de descubrimiento y extracción de petróleo.

Vemos como los precios actúan de señal para que los productores y empresarios decidan qué hay que producir, en qué cantidad y para quién. Sólo de esta manera los recursos se asignan de forma eficiente generando riqueza. Únicamente los procesos de mercado (de forma espontánea y evolutiva) pueden ofrecer esa información relevante.

En este sentido, cuando el petróleo comience a escasear verdaderamente, el aumento considerable de precios hará que se desarrollen rápidamente sustitutos a esta fuente energética. De hecho, ya existen múltiples fuentes alternativas al petróleo, pero de momento no son rentables, asequibles y viables.

Lo importante no es que el petróleo se acabe. Quizás se acabe, quién sabe. Para entonces el ser humano tendrá otras muchas fuentes de energía desarrolladas. Lo único que necesita la civilización para que esto sea posible es que se respete el sistema de precios y la propiedad privada.

España Invertebrada por la Oligarquía de Élites Extractivas

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El libro España Invertebrada de José Ortega y Gasset se editó en el año 1922 y recogía los artículos, que publicó desde 1920 en el diario El Sol, intentando indagar sobre la crisis nacional de España.

El prologuista de la vigésima edición entiende que: "quizás su mayor atractivo resida hoy en el original y certero análisis del problema capital de España, derivado de los particularismos políticos y sociales, en especial de aquel que afecta a la unidad final de España: los llamados nacionalismo particularistas".

1. España Invertebrada en la Constitución de 1931.

A continuación, analizaremos cómo, después de una lectura crítica de este ensayo, sólo parecen acertados su título España Invertebrada y algunos conceptos copiados de Robert Michels sobre la ley de hierro de la oligarquía.

Como filósofo, Ortega y Gasset señalaba la carencia de suficientes estadistas con egregia inteligencia en la política española, que fuesen seguidos por los "hombres-masa". Sin embargo, erró en su explicación del problema nacional; en vez de profundizar en los motivos institucionales del inmoral comportamiento de la oligarquía de individuos "selectos", dejó caer la culpa de la desvertebración nacional sobre los hombros de la población, con clichés de carácter como el madrileñismo y el provincianismo. Como político, veremos que, igualmente, erró al aportar una solución territorial que sólo ha acrecentado la invertebración.

En opinión del filósofo Ortega y Gasset, la raíz del problema de España no está en su oligarquía política sino que se encuentra en el "hombre-masa":

Una nación es una masa humana organizada, estructurada por una minoría de individuos selectos… Así, cuando en una nación la masa se niega a ser masa –esto es, a seguir a la minoría directora-, la nación se deshace, la sociedad se desmembra y sobreviene el caos social, la invertebración histórica… El daño no está tanto en la política como en la sociedad misma, en el corazón y en la cabeza de todos los españoles. ¿Y en qué consiste esta enfermedad? Se oye hablar a menudo de la «inmoralidad pública», y se entiende por ella la injusticia en los tribunales, la sinomía en los empleos, el latrocinio en los negocios que dependen del Poder público… La enfermedad española es mucho más grave que esa susodicha «inmoralidad pública»… Pues bien: en España vivimos hoy entregados al imperio de las masas… Yo me refiero a una forma de dominio mucho más radical que la algarada en la plazuela, más profunda, difusa, omnipresente, y no de una sola masa social, sino de todas, y en especie de las masas con mayor poderío: las de la clase media y superior.

Ortega, 2009: pp. 97-99 [1920].

Posteriormente, Ortega y Gasset publicó en el año 1930 su obra La Rebelión de las Masas, en donde repitió la idea acompañada de los tenebrosos acordes de la música hegeliana del momento:

En los capítulos anteriores he intentado filiar un nuevo tipo de hombre que hoy predomina en el mundo: le he llamado hombre-masa, y he hecho notar que su principal característica es que sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad y se niega a reconocer instancias superiores a él. Era natural que si ese modo de ser predomina en cada pueblo, el fenómeno se produzca también cuando miramos al conjunto de las naciones. También, hay pueblos-masa resueltos a rebelarse contra los grandes pueblos creadores, minorías de estirpes humanas que han organizado la historia… Europa había creado un sistema de normas cuya eficacia y fertilidad han demostrado los siglos. Esas normas no son, ni mucho menos, las mejores posibles. Pero son, sin embargo, definitivas mientras no existan o se columbren otras. Para superarlas es inexcusable parir otras.

Ortega, 1988: p. 151 [1930].

Con estos mimbres intelectuales, Ortega y Gasset señaló en 1931, en otro recopilatorio de artículos titulado La Redención de las Provincias, que la solución para la vertebración de España no eran ni el municipio ni la provincia y, por tanto, que la unidad política debería vertebrarse entorno a "grandes comarcas o regiones autónomas":

Organicemos España en diez grandes comarcas: Galicia, Asturias, Castilla-La Vieja, País Vasconavarro, Aragón, Cataluña, Levante, Andalucía, Extremadura y Castilla La Nueva… Que cada comarca, cada región se gobierne a sí misma,… que sea autónoma en todo lo que afecta a su vida particular… en todo lo que no sea estrictamente nacional…regidas por una Asamblea comarcal de carácter legislativo y fiscal y por un gobierno de la región emanado de aquella con número bastante de diputados.

Ortega, 2009: pp. 16-17 [1920].

Fue diputado en la Segunda República, por lo que tuvo oportunidad de influir e implementar su teoría de la integración de los "nacionalismos particularistas" en España, por medio de "grandes comarcas o regiones autónomas". Así lo atestiguan sus discursos políticos en las Cortes Constituyentes del 4 de septiembre de 1931 sobre el proyecto de Constitución, y en las Cortes del 13 de mayo de 1932 sobre el Estatuto de Cataluña.

Sin embargo, como vimos en un artículo previo, en sus ansias depredadoras por captar el máximo poder político y económico, la oligarquía de élites extractivas [5] en regiones como Cataluña, adoptó políticas de hechos consumados y generalizó el incumplimiento de la Ley durante la Segunda República, lo que desencadenó la Guerra Civil en España. 

2. España Invertebrada en la Constitución de 1978.

Como ha ocurrido en múltiples ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, los filósofos y pensadores cientistas [4] diseminan ideas en contra de los derechos individuales de cada persona (vida, libertad, propiedad, e igualdad de trato ante la Ley) y, a largo plazo, logran imponer políticas a favor de conceptos utópicos como, entre otros, la clase social, la redistribución de la riqueza, el hombre nuevo, la raza superior, el pueblo elegido, el lenguaje propio, la autonomía territorial,…

Sin duda, los ejemplos más evidentes de cientifismo constructivista o cientismo son Karl Marx (comunismo) y Hegel (nacional-socialismo). Salvando las evidentes distancias intelectuales, y a una escala menor, la estructura territorial autonómica de España es heredera de la arrogancia "cientista" de José Ortega y Gasset; sustentada entorno a conceptos como la ausencia de los "mejores" hombres, la necesidad de una aristocracia de "minorías selectas", la vulgaridad y mediocridad del "imperio de las masas", y la supuesta necesidad de "vertebración" de una nación por medio de "grandes comarcas o regiones autónomas". 

Pues bien, a pesar de haber desembocado en la Guerra Civil, la teoría "ortegiana" de la integración nacional con la formación artificial de "grandes comarcas o regiones autónomas" fue la fórmula más utilizada en los debates constituyentes durante el proceso de transición a la democracia; recogiéndose en el Título VIII de la Constitución Española de 1978, y en sus Disposiciones Adicionales y Transitorias que, posteriormente, fueron desarrolladas mediante la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) de 31 de julio de 1981, y reforzadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Debido a la imposición política de la falacia ortegiana de la integración nacional por medio de las "grandes comarcas o autonomías", el tamaño del Estado en España creció, en sólo tres décadas de democracia, desde un presupuesto público menor al 25% del PIB en el año 1978 hasta sobrepasar el 50% del PIB en 2008, y pasando de tener menos de 675.000 funcionarios hasta pagar el sueldo a más de 3 millones de empleados públicos.

Así, considerando el entramado público empresarial, dentro de la burbuja de incremento del gasto público en los años 2007 y siguientes, España añade hasta un 17% del PIB al gasto público debido a su modelo autonómico. De hecho, sin las autonomías, el tamaño del Estado se podría situar en niveles entre el 30% y el 35% del PIB, con provincias y municipios vertebrando un orden de mercado: 1) con los políticos más sometidos al cumplimiento de la Ley, 2) sin proyectos megalomaníacos promovidos con el dinero público que administran las élites extractivas regionales, 3) sin parlamentos autonómicos que multipliquen la legislación y las barreras comerciales, 4) sin autoridades que discriminen a los ciudadanos no-nacionalistas, 5) con funcionarios menos serviles a las utopías políticas y más cercanos a las necesidades de cada ciudadano y, en definitiva, 6) con mayor igualdad de trato ante la Ley (Art. 14).

3. Referéndum de todos los ciudadanos españoles para aprobar una nueva organización territorial.

Como consecuencia de las Comunidades Autónomas, España tiene una organización territorial sobredimensionada con 17 gobiernos regionales que redistribuyen la riqueza con criterios "sociales" de "hacer país" y en función de las redes clientelares de cada región, con 17 parlamentos autonómicos legislando leyes intervencionistas, y con 17 administraciones públicas regionales que han multiplicado por dos el gasto en sanidad y por seis el gasto en educación desde el año 2001, con una media del 86% de su gasto dedicado a educación, sanidad y personal en el año 2011.

En definitiva, debido a la aplicación de la filosofía ortegiana de las "grandes comarcas o autonomías", España debe afrontar en el año 2014 un desafío secesionista en Cataluña y en el País Vasco.

La casta política española sigue dispuesta a mantener o ampliar su franquicia de negocio regional basada en tres pilares fundamentales: la burbuja estatal en las Comunidades Autónomas, el incumplimiento de la Ley por los políticos y sus redes de contactos, y la impunidad de los delitos de su oligarquía de élites extractivas.

Como prueba de ello, actualmente, tenemos 1661 causas judiciales abiertas por corrupción. Algo inmoral pero hasta cierto punto lógico, si una oligarquía decide seguir extrayendo (robando) recursos privados con incesantes subidas de impuestos año tras año, si decide aumentar el nivel de endeudamiento (impuestos futuros) desde el 35% PIB en 2007 hasta subir por encima del 92% PIB en 2013, si se mantienen las barreras comerciales en contra de la unicidad de mercado, y si adolecemos de desigualdad ante la ley, como consecuencia de un modelo territorial "confederal", que divide a los ciudadanos en primera, segunda y tercera categorías, en función de su grado de proximidad al poder político regional.

Admitámoslo, se requiere de modo urgente una reforma mínima de la Constitución Española de 1978 aplicando el Art. 167 CE. En dicho caso, por favor, afrontemos el problema de la desvertebración territorial, con seriedad y con visión estratégica a largo plazo; sin alimentar y sin expandir la formación de nuevas oligarquías de "élites" extractivas separatistas, que es en lo que consiste el federalismo asimétrico o el confederalismo disgregador de las autonomías.
 

Dado que la soberanía reside en el pueblo español (Art. 1 CE), y dado que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación Española (Art. 2 CE) y fue aprobada mayoritariamente por todos los españoles el 6 de diciembre de 1978, legalmente y con la Constitución en la mano, un Presidente del Gobierno de España no puede seguir dialogando para negociar más concesiones con los separatistas.

Ha llegado el momento de que el Gobierno aproveche la mayoría absoluta de su partido en el Parlamento para impulsar y convocar un referéndum (Art. 92 CE), de forma que todos los ciudadanos españoles decidan una organización territorial más racional [6] [7] de España: fijando (reduciendo y/o eliminando) las competencias autonómicas (Art. 148 CE), y definiendo que, llegado el caso, se aplique la posibilidad de suspensión de un Estatuto de Autonomía ante el incumplimiento de la Ley por las autoridades autonómicas (Art. 155 CE).   

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:

[1] (Ortega, 2009) [1920]. España Invertebrada. Colección Austral. Ed. Espasa-Calpe. Madrid

[2] (Ortega, 1988) [1930]. La Rebelión de las Masas. Alianza Editorial. Madrid.

[3] (Ortega, 1974) [1931]. La Redención de las Provincias. Revista de Occidente.Madrid

[4] (Hayek, 1997) [1988]. La Fatal Arrogancia. Los errores del socialismo. Unión Editorial. Madrid.

[5] Oligarquía de élites extractivas: Una oligarquía se puede denominar de élites extractivas, cuando sus actos ejecutivos y legislativos van más allá de gobernar para garantizar la triple seguridad (exterior, interior y jurídica) de los ciudadanos, y se dedica el Estado-Administración a intervenir la riqueza del territorio a favor del gasto "social", "autonómico",… Normalmente, la oligarquía de élites extractivas sobre un territorio viene acompañada de muchas carencias y/o deterioros institucionales como, entre otros: la ausencia de independencia judicial, múltiples casos de corrupción, prevaricación y malversación de fondos públicos, el incumplimiento de las sentencias judiciales, y la impunidad en los actos delictivos de los políticos (bien con el indulto bien con la inacción o el enfriamiento judicial de procedimientos penales para su prescripción).

[6] Un análisis económico del tamaño del Estado en España recomendaría eliminar el Estado Autonómico y fortalecer los Municipios, porque las Autonomías suponen un gasto "social" del 17% del PIB de España, y aún mayor si se calculase el coste de sus barreras comerciales (*).

[7] Un análisis político de la viabilidad de los cambios institucionales recomendaría, como mínimo, intentar que quedasen 17 gobiernos regionales con competencias ejecutivas reducidas y fijas; y, si fuese posible, sin los 17 parlamentos autonómicos, porque sólo sirven para legislar leyes autonómicas que interponen barreras comerciales, rompen la unicidad de mercado y discriminan ciudadanos, contribuyendo a sumar más de 100.000 normas al año en España (**).

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El envilecimiento fiscal internacional

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

La crisis económica no sólo ha servido a Montoro para subirnos los impuestos en España. En el ámbito internacional hay una enorme cantidad de técnicos y burócratas en las estructuras paraestatales (OCDE, etc.) al servicio de los Gobiernos (especialmente del G20) para que estos aseguren sus recaudaciones fiscales en los niveles más elevados posibles.

Estas organizaciones, al mandato de sus gobiernos, han estado ideando un plan (todavía no concluido) con tres pilares fundamentales: cambiar las reglas de la tributación fiscal internacional (proyecto BEPS), implementar mecanismos para el intercambio automático de información financiera entre Estados, y la realización de una revisión del cumplimiento de estas medidas por parte de un gran número de países (no sólo ellos).

Poner en marcha estos planes a nivel internacional no es tarea fácil, y está siendo posible por el interés y necesidad de los manirrotos y anquilosados Gobiernos de los países más ricos (especialmente los europeos), que buscan nuevas maneras para recaudar urgentemente más dinero de la población. Es decir, que lo que ocurre “a nivel” Montoro está ocurriendo en los países e instituciones más socialistas del mundo desarrollado.

En cuanto a los cambios en la fiscalidad, destaca el modo en que los Estados van a tratar de gravar la economía digital. Internet está permitiendo una increíble y radical modificación de los modelos de negocio. Y esto tiene sus consecuencias para los Estados, que ven cómo la actividad de las empresas llega a sus territorios pero sin necesariamente haber una presencia (física) de la empresa, algo que permitiría un claro mordisco fiscal. También pretenden fiscalizar y auditar a las empresas para que no separen y deslocalicen los ingresos, del valor que los genera, ideando para ello métodos administrativos costosos e invasivos que podrían llegar a dictar dónde se crea el valor para así gravarlo.

Precisamente, la fiscalización y el control de la información es lo que todo Estado fuerte necesita. Y este otro pilar es lo que están impulsando (en parte ya se ha aprobado), de modo que se establezcan mecanismos de intercambio de información que en lugar de realizarse a petición de las administraciones y de sus burócratas (como hasta ahora), se haga de manera automática. Para ello colonizarán en mayor medida a las entidades financieras, que estarán obligadas a “colaborar“, e incluso están pensando en obligar a las empresas a declarar al Fisco la estrategia fiscal que diseñen. (Por cierto que este tema también se relaciona con el big data y el espionaje del Estado).

Y, ¿cuáles son las razones, si quiera de cara a la galería, para justificar estos cambios? Según los últimos informes de la OCDE, el organismo que está diseñando estas políticas, existe “una creciente percepción” (sic) de que los Gobiernos están perdiendo ingresos fiscales por la panificación fiscal de las empresas. Y es una “percepción” porque al mismo tiempo admiten su incapacidad para cuantificar esta menor recaudación. De ahí la necesidad de fiscalizar y controlar toda la información para poder monitorizarnos y cuantificarnos. Por otra parte, la propia OCDE recoge en otros trabajos que la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades ha ido creciendo desde 1965, salvo el descalabro producido durante la actual crisis. Es decir, que quitando el efecto de la crisis, la recaudación media de los países de la OCDE se ha ido incrementando.

En cualquier caso, con esta “percepción” han aireado y ayudado a propagar acusaciones interesadas contra empresas como Google, Amazon, Starbucks, Adobe, etc. (sobre todo en EEUU y Reino Unido), con el fin de manipular a la población y mostrar que estas empresas han poco menos que evadido impuestos, lo que explicaría su poco nivel de tributación. No hay más que ver el vergonzoso interrogatorio que soportó Tim Cook, el CEO de Apple, en el Senado de EEUU (por cierto, únicamente defendido por Rand Paul), que no se cansó de reiterar que pagaban lo que debían legalmente, y que el sistema fiscal yanqui crea muchas desventajas a Apple.

Y es que es así. En primer lugar, las empresas multinacionales suelen pagar lo que dicta la ley. Hecho que han reiterado todas las empresas acusadas, Google, Starbucks, Adobe, etc., aunque luego hayan tenido, motu proprio, que pagar más (Starbucks) para evitar el descrédito que están creando los burócratas y periodistas socialistas. Es decir, que no hace falta incumplir la ley (la ley de los gobiernos) para rebajar la mordida fiscal.

Lo que ocurre es que la propia operativa de las empresas conduce o facilita este hecho. Aquí en España, las mayores deducciones fiscales las encontramos en las deducciones por doble imposición internacional. Es decir, las empresas grandes se deducen grandes cantidades para no pagar dos veces (!). Y esto es posible porque son las multinacionales las que tienen diversificados los mercados y operan en más de una jurisdicción. Es decir, la mayor eficiencia operativa de una gran empresa también se refleja en el tema fiscal. Sobre todo en el coste fiscal, que es el peor de todos, pues no es un input que cree valor a la operativa, sino un peaje, un chantaje, para poder relacionarse con los consumidores de un territorio. De ahí que las empresas, ciertamente, modifiquen sus modelos de negocio para rebajar su factura fiscal y poder llegar a todos sus destinatarios de la mejor manera posible, rendir las mejores cuentas a sus propietarios, y ser más eficientes en un entorno de presión competitiva global.

Y esa eficiencia fiscal no sólo la buscan las grandes multinacionales, también cualquier persona que en su IRPF opta por un beneficio fiscal. Y si no lo hace por miedo, es por evitarse “líos” (es decir, el miedo a pagar finalmente más). Por tanto, la denominada economía de opción se ejerce en todas partes y es natural al obligado tributario (pues es obligado). No debería ser perseguida y no es algo que las malvadas compañías grandes busquen por su ruin naturaleza. Que, por cierto, se habla de grandes corporaciones, pero estas suelen tener propietarios pequeños, sus accionistas. Aun así, se aplican medidas progresivas (es decir, más agresivas) hacia estas cuando sus propietarios pueden ser más bien pequeños ahorradores. Son estos ahorradores y, en general, toda la población, la que debería desacreditar y señalar a los burócratas y gobiernos cuando se embarcan en ofensivas fiscales que no ayudan a la economía, y mucho menos a su recuperación, en lugar de competir sanamente por rebajar esas barreras a empresas y personas.

Así Nicolás Maduro como Francisco Franco

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Así Nicolás Maduro como Francisco Franco

Por mucho que pretendan lo contrario, en numerosas ocasiones los gobernantes autoritarios y totalitarios de distinto signo parecen inspirarse en el pasado. El llamado socialismo del siglo XXI no es una excepción, y la realidad que va imponiendo sobre los países sometidos a él resulta muy similar a la de los distintos socialismos (en sus versiones no socialdemócratas) de la centuria pasada.

Tras heredar el trono de Hugo Chávez, Nicolás Maduro ha acelerado el ritmo para convertir a Venezuela en una nueva Cuba castrista –que, cual dragón de Komodo del terror político, es un régimen totalitario propio de la segunda mitad del siglo XX–. Sin embargo, en el camino no faltan obstáculos. Uno de ellos es que, a pesar de todo, perviven radios, televisiones y periódicos que todavía no están sometidos al control del Gobierno bolivariano. Si su predecesor puso todo su empeño en combatir al periodismo no afín y utilizar los medios en beneficio propio, el hombre al que el presidente muerto se le presenta en forma de pajarito llega a superarle en el esfuerzo.

Maduro opta por técnicas que nos llevan a las dictaduras del siglo XX. Para la mayor parte de los españoles, el término ‘cadena’ es algo desconocido en el sentido que se le da en América del Sur –se utiliza en países como Venezuela o Ecuador para referirse a la obligación que tienen las emisoras privadas de radio y televisión de conectar con las emisiones oficiales del gobierno cuando lo exijan las autoridades–. Sin embargo, sí hay un precedente en la propia historia de España.

A lo largo de la larga dictadura franquista, las radios privadas (no existían televisiones de este tipo) estaban obligadas a emitir ‘el parte’, el informativo que elaboraba la pública Radio Nacional de España (RNE). Esto se mantuvo hasta 1977, dos años después de la muerte de Franco y uno antes de la aprobación de la Constitución vigente en la actualidad. El denominado ‘Noticiero de la verdad’ que va a imponer Maduro es en esencia la versión moderna y venezolana del extinto ‘parte’ de la RNE franquista.

Es cierto que por el momento en Venezuela no se prohíben los informativos elaborados por las radios y televisiones privadas, como sí hacía el franquismo, pero la obligación de emitir un "noticiero" (en realidad es propaganda) controlado por el Estado es el mismo. Maduro, como antaño Franco, va a confiscar tiempo de emisión a las empresas privadas para que muestren su versión de la realidad. No se puede descartar que con el tiempo dicha versión sea la única autorizada en los medios audiovisuales venezolanos.

No es en lo único que el socialismo del Siglo XXI, en este caso venezolano y otros, se parece al franquismo. Las llamadas ‘cadenas’ tienen un antecedente durante la última dictadura que ha vivido España. Si las radios y televisiones de los países del bloque bolivariano están obligadas a emitir los mensajes de las autoridades gubernamentales cuando estas lo requieran, durante el régimen de Franco los periódicos estaban obligados a insertar de forma gratuita comunicaciones del Gobierno. Esto no deja de ser un precedente impreso de las citadas ‘cadenas’ en los medios audiovisuales.

Los socialismos autoritarios, sean de derechas (el franquismo, en especial durante la época de predominio falangista) o sean de izquierdas (como los del bloque del ALBA), se parecen mucho entre sí. Las técnicas destinadas a controlar la información, o lo que se quiere hacer pasar por ella, es un buen ejemplo de ello. Como dijimos, el ‘Noticiero de la Verdad’ es en esencia el antiguo ‘parte’ de RNE. A la hora de obligar a emitir supuestas noticias, así Nicolás Maduro como Francisco Franco.

Modernidad y libertad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El liberalismo y la modernidad comparten la misma edad del hombre, y tienen una vinculación con la Ilustración. La misma idea de la modernidad entronca con lo que puede entenderse que es un ideal propio del liberalismo. Con la modernidad, el individuo adquiere una nueva autonomía. El individuo adquiría su persona en función de la comunidad en la que vive, su sexo y edad, oficio y extracción social, y según un conjunto de usos muy definidos. El individuo, en la modernidad, ya no adquiere ese rol, sino que lo fija él mismo. Fija sus expectativas, que ya no le vienen dadas por su condición social y por las escasas posibilidades de salir de ella. Y no se guía ya por lo que le dictan las normas, sino por su propio juicio, guiado por la razón.

Esa razón se aplica a la naturaleza, tanto para conocerla como para manipularla. De ahí el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esa aplicación de la razón a los recursos para satisfacer las necesidades del individuo, de la que se ocupa la ciencia económica, se da la mano con una experiencia histórica que se ha llamado capitalismo. El capitalismo contribuye al desarrollo de la modernidad, porque le ofrece al individuo más medios para construir su persona, para fijar nuevas expectativas.

Esa razón se aplica, también, al Estado. El Estado experimenta toda una transformación durante la aparición de la modernidad. En la era medieval, las relaciones entre personas (marcadas, como he recordado, por la posición que ocupan en la sociedad), están basadas en usos que se asemejan a contratos. Dado que tras el derrumbe de la antigüedad, el poder estaba muy difuminado, las instituciones que surgieron durante el medievo no llevaron inmediatamente a una tiranía tipo oriental, sino que llevaron (lo explica Powelson) a la creación de compromisos que evitaban el conflicto, y que tendían a repartir o, más bien, dividir el poder. Los reyes eran, muchas veces, primus inter pares, y su sucesión estaba abierta a la creación de diversas alianzas. Su poder sobre la gente era muy importante, pero estaba a su vez limitado.

La aparición del Estado moderno viene de que el comercio y las ciudades surten de medios económicos a la Corona, y ésta crea una nueva corte profesionalizada, y organizada en una combinación de la lógica del poder y la aplicación de la razón. El Estado, con la modernidad, pierde por un lado los lazos de dependencia con los grupos sociales: El Parlamento se ha convertido en un instrumento más del propio Estado, y la banca privilegiada o pública le ha dado nuevos medios financieros sin el control de la sociedad. Y por otro, se convierte en un instrumento más al servicio de las nuevas y crecientes expectativas del hombre moderno. No sólo quiere mantener a su familia, cumplir con las normas sociales y salvar su alma, sino que busca crear una sociedad perfecta y participar de ella. El Estado es la tecnología de esa pretensión. La modernidad, que ha ido de la mano del liberalismo, ha traído como uno de sus hijos al socialismo.

El liberalismo histórico ha sido agente de la modernidad y, por esa vía, ha contribuido al crecimiento del Estado: Le ha querido dotar de racionalidad, emancipación de las viejas servidumbres, sujeción a un conjunto de normas, sí, pero también actuación en función de un conjunto de objetivos acotados y definibles en el juego político.

La modernidad, en definitiva, ha permitido la emancipación del individuo, pero también ha permitido que se plantee la implantación de los sueños de la razón que, como decía el pintor, produce monstruos.

Dos cuestiones monetarias

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 4 comentarios en Dos cuestiones monetarias

¿Debe el dinero tener valor de uso?

Según la visión evolucionista, el dinero es una institución social que surge espontáneamente: ciertos bienes más líquidos (de valor más invariante) tienden a ser progresivamente más aceptados como medio de pago y cobro; son valorados no sólo por su utilidad inicial directa para el agente económico (valor de uso o industrial) sino sobre todo por la posibilidad de intercambiarlos por otros bienes o servicios (poder adquisitivo o valor de intercambio). El bien que realiza la función de dinero debe tener originalmente algún valor de uso: las semillas de cacao son comestibles, la sal condimenta y preserva los alimentos, el oro ornamenta y tiene aplicaciones industriales.

Pero este valor de uso podría reducirse mucho o incluso llegar a desaparecer si disminuye la demanda no monetaria del bien, sea porque cambien las preferencias de los individuos o por desarrollos tecnológicos (que aparezcan otros bienes que cubran mejor dichas funciones). Entidades como el dinero papel fiat o el bitcoin no tienen valor de uso.

El que exista el valor de uso puede limitar las pérdidas de los poseedores de un bien si este se desmonetiza, pero esto seguramente es un pobre consuelo ya que el valor de intercambio suele ser mucho mayor. Además la demanda no monetaria puede ser problemática, ya que el hecho de que exista y pueda cambiar (sobre todo si es bruscamente) puede dificultar la invariancia de valor del dinero mediante ajustes entre su oferta y su demanda en todas sus formas.

¿Es el dinero fiat un pasivo del banco central?

Originalmente el billete de banco (sea de un banco privado, público, comercial o central) es una promesa de pago a la vista de una cantidad de dinero específica al portador (casi nunca es un certificado de guarda y custodia). El dueño del billete tiene un derecho de cobro (un activo) y el banco una obligación de pago (un pasivo), y así se refleja en las contabilidades de ambos. Esto es así mientras se mantiene la convertibilidad del billete (dinero interno bancario) en oro o plata (o cualquier otra forma de dinero externo o dinero en sentido estricto).

Pero habiendo sido abandonado el patrón oro, con monopolio de emisión de billetes (y monedas) por el banco central público (y la casa de la moneda), y con leyes de curso legal forzoso (dinero fiat), el papel no convertible tiene una naturaleza anómala. Pasa de ser un pasivo a un pasivo impagado (suspensión de convertibilidad), y finalmente a un activo coactivo (dinero fiat impuesto por el Estado).

La cantidad de billetes en circulación sigue apareciendo en los balances de los bancos centrales como un pasivo de los mismos, pero esto es absurdo ya que no les supone ninguna obligación legal de pago, lo que define si algo es un pasivo exigible. Quizás se hace así por inercia (conservar la tradición contable), porque no se entiende la realidad o por ocultar el delito y fraude que supuso el impago de la suspensión de convertibilidad.

Los depósitos que los demás bancos tienen en el banco central sí son pasivos del mismo, y si los depositantes reclaman los billetes el banco central simplemente procede a imprimirlos y entregarlos.

El billete del banco central es un activo que no es el pasivo de nadie (como solía ser la moneda o lingote de oro), la base de la pirámide monetaria y bancaria actual. Es un activo peculiar: puede producirse sin apenas costes para su emisor y no tiene ningún valor de uso. Su valor depende de la inercia en los usos de los agentes económicos, de la existencia o ausencia de alternativas y sobre todo de la coacción estatal (que no tiene alcance universal): obligación de su aceptación al cobro y para extinguir deudas por particulares, y uso para pago de tasas e impuestos.

Es un activo cuya producción por el banco central está limitada y restringida por las leyes que regulan su actividad, las cuales pueden cambiar según los países y con el tiempo y pueden incluir múltiples fines: conservar el poder adquisitivo interno (inflación nula o baja) o externo (mantener tipos de cambio), estabilizar el sistema bancario y financiero (evitar corridas y quiebras bancarias, colapsos y crisis económicas), mantener o activar el crecimiento económico (evitar el desempleo de recursos productivos, mantener bajos los tipos de interés, generar inflación).

Para realizar estas funciones el banco central necesita comprar, tener y vender ciertos activos (oro, divisas extranjeras, deuda pública), que se reflejan correctamente en su balance como tales. Pero estos activos no generan ingresos ni se venden para pagar las obligaciones del pasivo constituido por los billetes de banco o dinero fiat, ya que esas obligaciones no existen. Una balanza contable más fiel y realista eliminaría este pasivo falaz e incrementaría los fondos propios o patrimonio neto.

El dinero fiat podría volver a ser un pasivo en el futuro, si se aceptara de nuevo su convertibilidad por una cantidad específica de oro, por ejemplo, pero que pueda volver a ser un pasivo en el futuro no lo convierte en un pasivo en la actualidad.

 

Intermediarios, malos o no según convenga

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Una de las cosas que más indigna a un socialista es ver cómo un pobre agricultor tiene que vender su cosecha a un precio tres o cuatro veces inferior al precio final de venta al público.

La incapacidad de entender que el valor de una mercancía depende de dónde y cuándo se vende les lleva a pensar que existe una mano negra que se enriquece con el sudor de los pobres agricultores.

Pero a mí lo que de verdad me llama la atención es otra cosa, ya que una persona puede obcecarse en una postura equivocada por falta de información o un conocimiento erróneo del funcionamiento de las cosas. Lo que sí que es verdaderamente preocupante es que haya gente, mucha gente, que mida dos situaciones idénticas con raseros totalmente distintos por conveniencia ideológica.

Esto ocurre con los agricultores y los profesores de escuela.

Los primeros deciden ser autónomos y cultivar sus propias tierras; una vez recogida la cosecha deciden libremente vendérsela al por mayor a un intermediario con los recursos logísticos y comerciales que le permitan colocar la mercancía en el lugar y momento idóneo para garantizar el mayor beneficio posible. A esto se le llama dictadura de los intermediarios y al parecer es injusto.

Por otra lado tenemos a los profesores, que si quieren ejercer su profesión tienen que escoger entre ser empleados de un colegio privado que cumpla la amplia y cara regulación fijada por burócratas, o presentarse a una oposición donde se les va a medir por parámetros fijados por los mismos burócratas, para trabajar en centros planificados por esos burócratas, dando las horas de clases fijados por los burócratas, con temarios fijados por burócratas y normas de relación con los alumnos fijadas por burócratas. A esto se le llama educación pública u obligatoria y es el no va más del progreso y la libertad.

Por supuesto comparar el cultivo de patatas con la educación de nuestros hijos es algo que solo un demagogo como yo podría hacer. Pero lo cierto es que mientras que cultivar patatas es un noble arte ya explorado y cuyas posibilidades de innovación son limitadas, la educación es un campo abierto que, con tecnologías como internet, tiene infinitas formas de llevarse a cabo que deberían ser exploradas por medio de la práctica, en vez de estar limitadas por funcionarios y expertos de salón.

Así que habría que preguntarse dónde es más necesario eliminar a los intermediarios; en una distribución que permite al agricultor dedicarse a cultivar y poder colocar su mercancía sin preocuparse de que no haya nadie en cien kilómetros a la redonda que quiera comprársela al por menor, o en un sistema educativo donde los intermediarios solo sirven para frustrar a profesores y alumnos y anular cualquier intento de innovación en un proceso educativo de cuyo éxito depende el futuro de todos nosotros.

Golpear el avispero sirio

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

Barack Obama llegó a la Casa Blanca en 2009 a lomos de su campaña contra la guerra de Irak. Ese mismo año fue galardonado con el premio Nobel de la Paz, en buena parte por su oposición a la guerra y la propuesta de un "nuevo clima" en las relaciones con el mundo musulmán. Por otro lado, el actual secretario de Estado, John Kerry, viejo activista contra la guerra de Vietnam, se enfrentó a George Bush en la carrera presidencial anterior, en 2004, también centrando su campaña en contra de la guerra de Irak. Pero ya se sabe que el poder en altas dosis puede afectar gravemente hasta al más pacífico. En las últimas fechas, no tanto tiempo después de recoger el Nobel, Obama ha expresado su intención de atacar Siria alegando el uso de armas químicas por el gobierno sirio. Kerry, a su vez, ha emergido como un nuevo halcón sobre el que recae la tarea de liderar el proceso. Pero ¿a qué viene este repentino cambio de actitud?

Antes de nada hay que decir que la situación en Siria es trágica. El país lleva dos años sumergido en una terrible guerra civil. Está gobernado por un régimen totalitario presidido por Bashar al-Assad, un gobernante sanguinario y cruel cuyo padre ejerció 30 años de dictador implacable. Por el otro lado, de las cenizas de las protestas de la "primavera árabe", sangrientamente aplastadas por el gobierno, se ha ido consolidando un bando rebelde de corte yihadista, con participación directa de Al Qaeda, que busca la caída del régimen para implantar un totalitarismo islámico. Un panorama, en fin, nada prometedor para la población siria, cuyo único deseo es vivir en paz.

A finales de agosto trascendieron algunas imágenes del supuesto uso de gas sarín por el gobierno contra la población civil cerca de Damasco, matando alrededor de 1.500 personas, 400 de ellos niños. El régimen de al-Assad niega el uso de armas químicas y a su vez acusa a los rebeldes de haber realizado éste y otros ataques de este tipo. No hace mucho, de hecho, se publicaban en la prensa americana las sospechas de que los rebeldes estaban usando gas sarín. Pese a que no se tienen pruebas en ninguno de los dos sentidos, el gobierno americano da por buena la versión de que al-Assad fue el responsable del ataque químico del 21 de agosto. Obama, que había amenazado con atacar Siria de traspasar al-Assad ciertas "líneas rojas", ahora se ha metido en un callejón en el que no se ve una salida.

Es obvio que un ataque puntual, unos cuantos días de bombardeo americano como pretende Obama, no va a solucionar ningún problema. De hecho, lo probable es que empeore la situación. No sólo para la población civil, que en todo caso es la que siempre termina pagando los platos rotos de los políticos. También Estados Unidos se encontraría en la enquistada situación en la que se ha visto en Afganistán, en Irak y en tantas otras guerras. Después del primer golpe, ¿cuál es el plan? Acabarían otra vez metidos en una guerra sin final, en un infierno que nunca termina. No seamos mal pensados, no caigamos en la tentación de pensar que cuando al gobierno americano se le acaban sus guerras tiene que buscarse otras nuevas.

Sabemos quién sale perdiendo en estas cosas: la gente corriente. ¿Pero quién puede salir ganando? En un primer momento, Obama, Hollande, Cameron y todos los políticos que logran desviar la atención de sus miserias internas hacia lugares lejanos. La guerra es el alimento último del poder político, la mejor excusa para restringir libertades e incrementar el poder del Estado. Curiosamente, los políticos suelen estar en contra de la guerra cuando están en la oposición, pero cuando llegan al gobierno la cosa se ve con otros ojos. Por otro lado, una guerra que logre derrocar al gobierno sirio le vendría de perlas a Al Qaeda y a los rebeldes yihadistas. Porque de llegar alguien al poder en un entorno de extrema violencia, será aquél al que mejor se le de jugar a ese juego.

Pero si, como decía Obama, la idea es realizar un ataque puntual y no provocar un cambio de régimen, ¿debería al-Assad estar preocupado? Al contrario. El sueño húmedo de todo dictador que se precie es que le ataquen desde fuera pero sin llegar a echarle. De hecho, cuando no les atacan, es típico de los gobiernos totalitarios fingir estar en guerra, como hacen en Corea del Norte desde hace décadas. De ese modo el dictador tiene vía libre para gobernar a placer. Puede someter a sus súbditos al plan de emergencia nacional y al mismo tiempo lograr fidelizarlos. Cuando la gente tiene miedo porque cree que les está atacando un enemigo exterior, la mayoría no duda en ceder su libertad sin rechistar y ponerse del lado de su gobierno. Y ahora adivine qué país ha estado oficialmente en estado de emergencia desde 1963 hasta 2011, año en el que entró en una guerra civil abierta. En efecto. Es Siria.

No es de extrañar, por tanto, que aunque en un principio a Obama le pida el cuerpo ser el policía del mundo, termine buscando una excusa para dar marcha atrás, de forma que sus amenazas se diluyan con el tiempo y queden en nada. Un ataque militar sería un grave error que sólo puede empeorar las cosas. Ni los propios ciudadanos americanos, otras veces partidarios de este tipo de aventuras, en esta ocasión lo apoyan. Siria es ahora mismo un nodo convulso en el que se solapan múltiples conflictos regionales, étnicos, religiosos y políticos. Siria es un avispero, y cuando se golpea un avispero no llega la calma, sino el caos. ¿Qué hacer, entonces, en un caso de violencia política como el de Siria? Para estas situaciones en las que todas las opciones son malas, lo más sabio es lo que decía David Friedman de su libro La maquinaria de la libertad: "En caso de revolución lo mejor que puede hacer, tanto desde el punto de vista moral como práctico, es ser neutral. Métase en un agujero, enciérrese y no salga hasta que la gente haya dejado de dispararse entre sí".

Cartas al director

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Se atribuye a los liberales cierta incapacidad a la hora de transmitir sus ideas de manera tan efectiva como los intervencionistas. Ese amplio sector que incluye a socialistas de izquierda y derecha parece tener más éxito, y sus ideas parecen mayoritarias, al menos en España. Ya sea porque el liberalismo es anti intuitivo en algunos aspectos, como la economía, o porque su comprensión puede requerir cierto esfuerzo intelectual, o porque la educación recibida (pública en su mayoría y con criterios colectivistas) ha "impedido" que se aprendieran otras opciones distintas, lo cierto es que las ideas liberales no suelen ser mayoritarias, y cuando lo consiguen, no es extraño que sea circunstancialmente, no por convencimiento.

Saber cuáles son las ideas predominantes en la población es importante si queremos saber a qué nos enfrentamos y qué se puede esperar y qué no en caso de crisis o cambio. Una fuente, tan buena como otras, son las cartas al director de los periódicos. Es cierto que cada periódico tiene su tipo de lector, con cierta ideología y posición política, y que sus ideas suelen ir acordes con la línea editorial, especialmente en el caso de aquéllos que escriben cartas. Sin embargo, resulta interesante ver qué diferencias y qué parecidos hay entre unos y otros.

Para ello, tomaré algunas cartas publicadas en El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia el día 4 de septiembre y que tratan desde noticias internacionales, como la guerra en Siria, a cuestiones muy locales, casi domésticas.

La política es la solución

Es una de las ideas más habituales. Alguien dijo que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Como majadería no está mal, pero ha calado y seguramente porque favorece cierto comportamiento pasivo, contemplativo, reactivo, no proactivo. En la carta, "El remo y la política", publicada en El Mundo, el lector compara la clase política americana con la española a través de la metáfora de los regatistas. Mientras que los americanos, pese a sus diferencias, reman a la vez y en la misma dirección, los remeros-políticos españoles lo hacen cada uno en una dirección y cuando quieren, haciendo que la embarcación, o sea, el país, esté en una situación lamentable. ¿Y si el remo firme va en dirección al desastre, como Adolf Hitler condujo a Alemania desde enero de 1933? Casi prefiero dar vueltas en medio del lago. En "Síntomas de Esperanza", publicada en ABC, el lector asume que la reforma laboral del Gobierno y la Ley de Emprendedores han agilizado la creación de empresas y esto ha creado empleo. Es interesante porque considera ambas como dos acciones positivas, cuando en todo caso lo que ha hecho el Gobierno es quitar algunas barreras que impiden el crecimiento de la economía, pero dejando otras. Anima el lector a quitar la fiscalidad a los que creen empleo, como si los empleos fueran algo que tienen oculto los empresarios y que se guardaran. En todo caso, es el político en última instancia el que crea "economía".

¡Viva el Estado!

En España los estatistas son mayoritarios. Creen que las instituciones estatales o supraestatales son necesarias. Cuando fallan (a diferencia del mercado, que cuando "falla" se pide su regulación-eliminación), es porque han perdido su objetivo inicial, hay corrupción (aunque la idea que la creó es válida) o tienen poco presupuesto, pero raramente se plantea si son o no adecuadas y qué incentivos crean. La ONU es la Superburocracia por antonomasia y la ONU es la que puede terminar con la guerra civil siria. En "¿Qué función tiene la ONU?", carta aparecida en El Mundo, el lector asegura que hay un juego de intereses entre Estados Unidos, China, Rusia e Israel y sus aliados, sin tener en cuenta la población civil siria. Sin embargo, el "problema de la megaburocracia no son sus ideas, sino que ha quedado desacreditada por sus actuaciones, no existiendo criterio efectivo que marque la intervención". Vamos, no dejemos que la realidad estropee una idea que no debía haber salido de la oficina donde se pergeñó.

Que lo solucione otro

El Estado de Bienestar ha dejado en manos del Estado, de gobernantes y funcionarios algunas cosas que hasta hace unas décadas nos teníamos que buscar y solucionar por nuestra cuenta. Una de ellas es hacer frente a las consecuencias de nuestros actos, a las famosas externalidades negativas. En "Dejadez en Llavaneres", el lector de La Vanguardia se queja de la escasez de papeleras en la localidad de Sant Andreu de Llavaneres, servicio que debe dar el Ayuntamiento de la localidad. De hecho, asegura que "en la avenida que llega hasta el colegio de primaria hay ausencia total de papeleras. Los niños tiran los papeles de la merienda en los parterres de las casas, ya que no tienen dónde tirarlos". Es curioso que el lector no se plantee que los niños podrían guardarse el papel en su bolsillo y esperar a llegar a su casa para tirarlos, que esa enseñanza es una labor de sus padres y que ellos son los culpables de esa suciedad. Es cierto que podemos quejarnos del uso alternativo de los presupuestos del Ayuntamiento, pero quién ensucia no es él.

¡Es que nadie piensa en los niños!

Y quien dice en los niños, dice en el medioambiente, en las minorías, en los pobres o en lo que se tercie. El caso es que no hay límite económico cuando lo que se plantea es, desde el punto de vista del estatista, crítico, esencial o que destruirá la estructura espaciotemporal del universo. En "Acabemos con los incendios forestales", el lector de El País está muy preocupado por los incendios forestales que afectan a España, provocados por "incendiarios o inconscientes criminales" y que no tienen los castigos adecuados. Como solución (que basa, quiero creer que entre otros criterios, en lo observado en series y películas americanas), propone "colgar un satélite en posición fija sobre Galicia, pero con cobertura de toda España". Asegura que es una "medida cara, sin duda, pero las enormes pérdidas materiales, en vidas humanas, animales y ecosistemas de alto valor, justificarían tal dispendio". No entro en la posibilidad técnica del sistema, que se me antoja menos eficiente de lo que el lector cree, pero sí en la cuestión del coste. En primer lugar, no me parecería mal que, por ejemplo, una empresa privada probara este tipo de vigilancia, pues es su dinero y su riesgo, pero no parece que lo hayan hecho ni en España ni en otros países. Pero en lo público, que es lo que vigila los bosques españoles, mantener un presupuesto disparatado supone detraerlo de otra partida, con lo que dicha partida quedaría malparada y otros afectados se quejarían de los recortes, o incrementar los impuestos, con lo que empobreceríamos a los españoles que no podrían gastarlo en otras necesidades. Claro, que si damos un valor infinito a los ecosistemas o a cualquier otro activo, es normal que pensemos en estos sistemas tan caros como solución. Y por qué no cien satélites y de los más costosos. Todo sea por el desmán de los Pirineos, que se lo merece.

Aún hay esperanza

Pero como todo no tiene por qué ser en esta línea, dos cartas pueden sorprender. En "Indignante anuncio" de La Vanguardia, una lectora muestra su desacuerdo con una campaña institucional de TV3 que, para incentivar los buenos hábitos, manda a acostar a los hijos para que el madrugón del cole no les pille de sorpresa. Se queja del gasto que esta campaña ha supuesto, pero sobre todo de que no es la televisión pública la que tiene que decir cuándo tienen que irse los hijos a dormir, lo cual es labor de los padres. Le parece intolerable que se considere a los ciudadanos (¿súbditos?) tan irresponsables e inmaduros. Por último, en "Pobrecitos políticos", publicada en El País, el lector nos recuerda que, además de los sueldos, los políticos reciben una serie de productos, servicios, algunos de ellos en los límites de lo moral/legal, y ventajas legales (no tienen multas, por ejemplo) que no computan como sueldo, pero que les permiten tener una situación muy distinta a la del ciudadano normal.

La senda olímpica: cultura empresarial y empresa cultural

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La noticia de la semana, la comidilla de todas las conversaciones, el tema obligado es el fracaso olímpico de Madrid en Buenos Aires el pasado sábado. Lágrimas, enfado, sorpresa, y en los casos más radicales, indignación se plasmaban en las caras de los delegados españoles vestidos de rojo carmesí. Todo tipo de valoraciones personales calibraban, en especial en Twitter, si el peinado “eléctrico” de la alcaldesa era adecuado, si su pronunciación inglesa era simpática o estridente, si el príncipe estuvo el que mejor, si teníamos que haber hecho o dicho esto o aquello. Pocos se plantearon si el verdadero fallo está en nuestras cabezas.

El modelo olímpico: tirar la casa por la ventana

Cuando Shinzo Abe, Primer Ministro de Japón, subió al atril para dirigirse a los encargados de conceder la sede olímpica a una de las tres ciudades propuestas, quedó claro que ese era el caballo ganador. Mientras que Estambul representaba apostar por una democracia islámica y quitar hierro a las diferencias entre culturas tan diferentes, Japón saltó al ruedo como el representante del poder económico. España, con su “modelo austero” no tenía nada que hacer.

¿Pero en qué cabeza cabe? Es como dar a elegir entre un fiestón por todo lo alto y un té con pastas caducadas a una pandilla de jóvenes. Si las opciones son “menos” o “más”, la gente elige “más-siempre-más”. Bien es cierto que Ana Botella no podía, de cara a la opinión pública de su feudo, presentarse como la diosa de la abundancia, pero es que no era el pueblo madrileño quien tenía en su mano el voto, sino los miembros del Comité Olímpico Internacional. Y estaba claro, tratándose de España, se podía mantener el argumento “somos austeros” junto con “cumplimos los plazos”, pero no “vamos a gastárnoslo todo” y “cumplimos los plazos”. Eso sí que habría sido incongruente. En cambio, Abelimpics, sí puede. ¿Por qué? Porque es su discurso desde hace ya un tiempo. El Primer Ministro japonés, en su día, debió pensar que si Europa tenía los manguerazos de dinero del BCE, ellos tenían que disponer de un cañón gigante de espuma monetaria para inundar la economía japonesa. Y de momento, no hay un descalabro económico en el país del Sol Naciente. Eso sí, todos aguantamos la respiración esperando el desenlace. Que un presidente con esa política diga “Nosotros sí que tenemos dinero” es creíble, y nadie va a plantearse que pasa después.  Shenzo Abe ha dejado claro que él es de los de “Après moi, le deluge” (después de mi, el diluvio), esencia del cortoplacismo más recalcitrante.

Quo vadis, deporte español

Lo que más me impresionó de la retransmisión del sábado fue la sensación que contagiaban los deportistas españoles de ser una especie en extinción. Sin los fondos del programa ADO ¿cómo vamos a pagar las facturas, el retiro necesario para entrenar de los niños que componen la cantera olímpica, los sueldos de los entrenadores, las instalaciones? Y, como suele pasar en la bendita España, muchos de nosotros, reconociendo la importancia del deporte para la sociedad, dirigimos la mirada al gobierno buscando la solución. Pero, lo cierto, es que si Ana Botella no es la diosa de la abundancia, Mariano Rajoy no puede abrir la bolsa del presupuesto nacional como Mary Poppins su maletín, y sacarse de la manga dinero para el deporte, más subsidios de desempleo, pago de la deuda, sostener el quebrado sistema de pensiones, etc. igual que la “bruja buena” de la película sacaba un perchero, un paraguas que hablaba y medicinas de color rosa y que sabían a caramelo.

La pregunta que me ronda desde entonces es, si el deporte es tan importante ¿por qué no hay empresas que lo financien? Y si la respuesta es que no es rentable ¿por qué tenemos la necesidad de ser olímpicos cuando no tenemos los mimbres necesarios? No está bien visto tratar temas que parece ser que tocan al orgullo patrio con mentalidad empresarial. No he terminado de entender qué razón explica que el deporte sea una enseña nacional, y no las empresas españolas. Pero, más allá de ese tema, creo que el problema del deporte, como el de la ópera, el arte, y la cultura, en general, está más en nuestra mentalidad, o mejor dicho en nuestra falta de mentalidad empresarial. Precisamente por ser algo que consideramos patrimonio nacional, los ciudadanos deberíamos estar dispuestos a financiarlo con nuestras empresas y dejar que el gobierno se centre en lo fundamental. Claro que para ello, esas empresas deberían ver aflojada la soga impositiva en su cuello. Y por ahí no está dispuesto a pasar ningún gobierno español.