Ir al contenido principal

Cómo salir ileso del campo de minas de Gibraltar

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

No cabe soslayar la gravedad del lanzamiento de 70 bloques de hormigón con pinchos en aguas disputadas de la bahía de Algeciras, situadas en frente del istmo que une el Peñón de Gibraltar con el resto de la Península Ibérica, y al noroeste de la pista del aeropuerto asentada sobre una lengüeta que se extiende del istmo al mar. Ese arrecife artificial puede ser beneficioso o perjudicial para el medio marino (una cuestión medioambiental) pero, también, un punto de apoyo para ganar territorio y aguas territoriales a costa de la bahía. Que, además, resulten afectados unos pocos pescadores españoles que faenan en esas aguas (utilicen o no redes de arrastre) es una consecuencia nada abstracta del statu quo. Dado el sesgo estatista de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar, el levantamiento de obstáculos para la pesca o la expulsión de pescadores en esa zona por parte de las patrulleras gibraltareñas y la Armada británica constituyen manifestaciones inequívocas de un ejercicio de soberanía del Reino Unido sobre "su" mar territorial.

El hecho de que el actual gobierno español, espoleado por el todavía parcial conocimiento de los entresijos de la corrupción de su partido –generalizada, por lo demás, entre todos los partidos del sistema-, haya encontrado en el sempiterno conflicto por la soberanía del territorio de Gibraltar un excelente filón para desviar la atención de la opinión pública y agitar una vena nacionalista que se le desconocía, no invalida la pretensión de recuperación de la soberanía sostenida por gobiernos y regímenes españoles de todo signo, si bien su defensa ha tenido bastantes fallas e incongruencias a lo largo de trescientos años (¡!). En los años sesenta un argumento ad hominen de naturaleza análoga fue hábilmente esgrimido contra la dictadura franquista por la potencia administradora y el que fuera ministro principal, Sir Joshua Hassan, a pesar de que (o precisamente porque) el servicio diplomático español, dirigido por el bilbaíno Fernando María Castiella y Maiz, logró poner a la potencia administradora contra las cuerdas, desde la propia perspectiva del Derecho internacional que el Reino Unido había contribuido a instaurar después de la segunda guerra mundial.

Para observar hasta qué punto lo anterior es exacto, deben repasarse la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por la resolución de la Asamblea general de la ONU 1514 (1960),  y las resoluciones sobre la cuestión de Gibraltar aprobadas posteriormente [2070 (1965),  2231 (1966), 2353 (1967) y 2429 (1968)]. La última, aprobada el 18 de diciembre de 1968, declaró expresamente que el Reino Unido había incumplido las anteriores que le instaban a establecer negociaciones con el gobierno de España en el proceso de descolonización de Gibraltar, salvaguardando los intereses de la población al término de la situación colonial; le pedía que pusiera término a su colonia antes del 1 de octubre 1969 y le requería a comenzar esas negociaciones. Asimismo, los testimonios y los argumentos históricos y jurídicos recabados en defensa de las partes, así como las opiniones de la mayoría de los miembros del comité recogidos en los informes del comité de la ONU avalaron la estrategia del gobierno español, consistente en aprovechar la descolonización de Gibraltar para recuperar la integridad territorial de España perdida en 1704, durante la guerra de Sucesión española, y sancionada en virtud del artículo X del Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713 por el que se cedió la ciudad, el castillo, el puerto y sus defensas y fortalezas, sin jurisdicción alguna territorial, pero con reserva de (lo que hoy llamaríamos) un derecho de opción o adquisición preferente para el caso de transmisión. 

A la postre, esa brillante victoria jurídica se reveló parcial. No en vano, al mismo tiempo que el gobierno británico se desentendía de las resoluciones de la Asamblea General y, por lo tanto, se negaba a negociar con el gobierno español, ponía en marcha un plan para preservar su guarnición, base naval y aérea a las puertas del Mediterráneo Occidental. En una primera fase celebró unas elecciones para que los habitantes del Peñón eligieran una asamblea, similar a un ayuntamiento con poderes supervisados por un gobernador general nombrado en Londres. Más adelante organizaría entre la población gibraltareña un referéndum el 1 de diciembre de 1967 para consultarle si quería mantenerse en sus dominios, invocando el derecho a la autodeterminación. La respuesta afirmativa por abrumadora mayoría fue seguida de la condena de dicho referéndum por la última de las resoluciones de la Asamblea general de la ONU, con el argumento de que contravenía las anteriores. Haciendo caso omiso a las limitaciones convencionales establecidas en el Tratado de Utrecht y a las consideraciones sobre la expulsión de la población originaria (fundadora de San Roque) planteadas en el comité de descolonización de la ONU, el Reino Unido prosiguió concediendo unilateralmente una constitución a Gibraltar que dotaría al gobierno local de más competencias. En 1969 la decisión del gobierno español de cerrar el paso a través de la "verja" levantada por los británicos en 1909, contribuyó a reforzar la dependencia hacia su metrópoli y el victimismo de los gibraltareños.

Los primeros nuevos gobiernos democráticos firmaron declaraciones conjuntas (Lisboa 1980, Bruselas 1984) sin categoría de tratados internacionales vinculantes, mediante las cuales el gobierno británico se comprometía aparentemente a negociar las cuestiones sobre Gibraltar, incluida la soberanía. En 1985 el gobierno socialista levantó el cierre de la verja para permitir el acceso de personas. En 2002 ambos gobiernos llegaron a discutir la cosoberanía, pero a finales de ese año las autoridades de Gibraltar organizaron un referéndum donde sus habitantes rechazaron también por abrumadora mayoría esa posibilidad.

En 1987 el gobierno de Felipe González firmó un acuerdo para el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, que quedaría en papel mojado. En 1996 el gobierno de Aznar alcanzaba un acuerdo verbal para permitir la pesca en las aguas en litigio proximas al Peñón. Al año siguiente se ratificó la mencionada Convención sobre el derecho del mar, con la consabida declaración de que no podía interpretarse como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los espacios marítimos de Gibraltar. Profundizando hasta el absurdo en esta línea de confusión, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero brindó con la "Declaración de Córdoba" de 18 de septiembre de 2006, un acuerdo tripartito, bien es verdad que sin naturaleza de tratado internacional, que ofrece al gobierno de Gibraltar un perfil de estado satélite del Reino Unido.

Algunos de los acuerdos o declaraciones firmadas con el Reino Unido tendrían sentido si, al mismo tiempo, se hubieran emprendido iniciativas para hacer valer los derechos reclamados. A pesar de ser una potencia administradora que dirige sus relaciones exteriores, los gobiernos británicos llevan cincuenta años escondiéndose detrás de las autoridades gibraltareñas, y los pocos más de 20.000 habitantes, tal como los han moldeado durante tres siglos. Con el tiempo les obsequiaron con una exención total del IVA en su tratado de adhesión a la CEE y un generoso estado del bienestar financiado principalmente por impuestos bajos que pagan miles de sociedades mercantiles "off-shore" establecidas en el Peñón, los derivados del juego, los derechos de almacenamiento de combustible y los gastos de la guarnición militar.

Ante esta situación, el gobierno español debería plantear esta controversia sobre la soberanía ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, distinguiendo las reclamaciones derivadas de la usurpación del istmo -adquirido sin título alguno- de las que son debatibles en virtud del Tratado de Utrecht -título de adquisición del territorio- y de las resoluciones de las Naciones Unidas donde se declaró el incumplimiento por parte del Reino Unido del proceso especial de descolonización de Gibraltar. Si no se retirasen antes los bloques de hormigón, la demanda debería ir acompañada de una solicitud de medidas provisionales (Art. 41 del Estatuto) para que el Tribunal ordene su desmantelamiento mientras se resuelven las cuestiones de fondo. Si bien la jurisdicción de este tribunal es similar a la de un árbitro, en cuanto las partes deben reconocerla, ambos estados han formulado sucesivas declaraciones de sometimiento obligatorio a sus decisiones.

Constatados los profundos desacuerdos en relación a este asunto de dos estados cuyos pueblos mantienen estrechísimas relaciones, no tiene ningún sentido demorar por más tiempo un arreglo pacífico por un tercero. A despecho del nacionalismo excluyente que aflora en ambos países en cuanto se menciona el nombre de la colonia, la historia no puede cambiarse ni descalificar o ignorar los argumentos de la otra parte. En lo que se refiere a la parte española, además, resulta urgente acudir al único Tribunal competente sobre esas cuestiones porque la falta de una reacción coherente y proporcionada ante la política de hechos consumados desarrollada por los gobiernos británicos en estrecha colaboración con las autoridades del Peñón, podría perjudicar los derechos que su gobierno está obligado a defender. Si se prolongan y repiten excesivamente a lo largo del tiempo, los "aparcamientos" de la cuestión de la soberanía y las declaraciones y las reservas rutinarias a acuerdos y tratados, podrían interpretarse no solo como muestras de una gran estulticia política, sino como una pasividad que haría prescribir las acciones para defender los derechos que se poseen.

Lincoln, la película y el glorificado déspota racista (y II)

Escrito por Sergio Alberich en . Publicado en Análisis diario.

Esta es la segunda (y última) entrega de Sergio Alberich analizando los mitos y realidades en torno al personaje del Presidente Lincoln. La primera parte puede encontrarse aquí.

“Pragmatismo maquiavélico” es la excusa a la que se recurre con más frecuencia para justificar los ataques que Lincoln perpetró contra la Libertad, pero hay otro, muy presente en la película, que se tendría que mencionar aquí. Al final de su trabajo, Spielberg dirige una escena en la aparece el presidente montando a caballo entre los restos de un campo de batalla. La fotografía es increíble y realmente se puede llegar a sentir el dolor que transmite el cuerpo de Daniel Day-Lewis. En la siguiente escena, si la memoria no me falla, el Presidente habla con el General Ulysses S. Grant sobre el final de la guerra. Todavía dolido por lo que acababa de presenciar, Lincoln se muestra benevolente en su trato hacia los soldados y oficiales confederados. En seguida, habla de las brutales imágenes que acababa de ver. En ese momento, yo sólo podía pensar en la frecuente excusa de los entusiastas de Lincoln de que él no estaba al tanto de la ofensiva contra la Libertad y de las masacres de civiles durante la guerra.

Uno de los rasgos que se ensalzan en Abraham Lincoln es su habilidad de microgestión y la fijación que tenía por ésta. El presidente era conocido por trabajar con minuciosidad en temas poco importantes, y, aun así, ¿nos quieren hacer creer que Abe no estuvo directamente involucrado y no era consciente de tales atrocidades? Medios justificando fines ya es una muy mala excusa, pero hacerse el tonto y alegar que Abe no tenía conocimiento de estas acciones, es más que ridículo.

El punto es que Lincoln vio en la guerra, y su supuesta misión de liberar a los esclavos, la oportunidad de ampliar y dar fuerza al Gobierno Federal. Él vio la posibilidad de secuestrar los poderes asignados originalmente a los Estados. En un momento dado, llegó a estar tan ansioso por empezar el combate que, por escrito, felicitó a su Comandante Naval por haber obligado a Carolina del Norte a disparar el primer tiro de la Guerra.

Es cierto que los Estados del sur querían mantener la esclavitud, pero este no era el primer punto en la agenda sureña. La región del Sur era la más afectada por los altos aranceles impuestos por el Gobierno Federal. Violaciones adicionales de la soberanía de los Estados, que incluían, pero no se limitaban, el caso de la esclavitud, contribuían a poner más tensión sobre la mesa. Por otro lado, la postura agresiva de Lincoln fue siempre evidente. En el mismísimo discurso inaugural, durante el cual afirmó que no tenía ningún problema con la institución de la esclavitud del Sur y que no era una cuestión del poder federal, Abe acaba lanzando una clarísima amenaza a los estados del Sur en lo que se refiere a la recaudación de impuestos. El Norte, y Lincoln, temía que el Sur y sus prácticas de libre comercio acabaran con un importante flujo de negocios de la Unión. Por lo tanto, el deseo de consolidación del poder federal, muy presente entre los partidarios de Lincoln, encontró en los abolicionistas un aliado perfecto para luchar contra los separatistas del Sur.

Si se permitía que el Sur se independizara y estableciera el libre comercio, el comercio exterior se habría desviado de forma masiva desde los puertos del norte a los del sur, ya que los comerciantes buscarían un régimen de aranceles bajos o el libre comercio del Sur. ‘Que el sur adopte el sistema de libre comercio’, advirtió el Daily Times de Chicago, y ‘el comercio del Norte deberá reducirse a menos de la mitad de lo que es ahora’.

 Tom Woods, The Politically Incorrect guide to American History.

 A lo largo de la mayor parte de nuestra historia, las únicas fuentes de ingresos federales fueron impuestos y aranceles. Durante la década de 1850, los aranceles representaron el 90 por ciento de los ingresos federales. Los puertos del Sur pagaban el 75 por ciento de los aranceles en 1859. ¿Qué político “responsable” permitiría la pérdida de estos altos ingresos?

Walter Willians, en Abraham Lincoln.

Finalmente, se eliminó una traba natural contra el crecimiento del Gobierno Federal. Hasta este momento, la Unión era considerada un acuerdo voluntario del modo en que había sido constituida por los Padres Fundadores. Los Estados vinieron antes y voluntariamente concedieron algunos poderes a la Unión. Poderes que, si se extralimitaban, podían ser rápidamente suspendidos a través de la simple amenaza o la efectiva salida de un Estado descontento con la Unión. Esta situación mantenía el Gobierno Federal atento todo el tiempo y, como consecuencia, impedía que se produjera un crecimiento imparable del mismo. Los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, no son suficientes para frenar el agigantamiento de la organización de la que los tres son parte: el Gobierno Federal. Pero cuando los ciudadanos pueden votar con la mayor democracia que hay, con sus pies, y las suborganizaciones (Estados y Municipios) pueden decidir cuándo unirse o abandonar la organización superior, la Libertad se protege mejor. Desafortunadamente, después de 1865, la idea de una Unión voluntaria fue suspendida y, con ella, la cuestión de la secesión se convirtió en un delito ofensivo a ojos de muchos. ¡Gracias, Abe!

En Alemania, Hitler afirmó que “deberían eliminarse todos los derechos de los estados: para nosotros el Estado como tal es sólo una forma, ya que lo esencial es su contenido, la nación, la gente, está claro que todo lo demás tiene que subordinarse a los intereses soberanos de la nación. Particularmente, no podemos concebir la idea de un estado autónomo dentro de la nación, sin la soberanía del Estado y en el punto de poder político”. Así, el “mal de los estados federados individuales… debe cesar y cesará algún día… el Nacionalsocialismo, como una cuestión de principios, debe reclamar el derecho a imponer sus principios en toda la nación alemana sin consideración de fronteras estatales antes federadas”.

Tom Woods, citando un pasaje de “Mein Kampf” de Hitler que fue reproducido en Thomas DiLorenzo de Unmasked Lincoln.

Debe enaltecerse y reconocerse la figura de Lincoln como la de un hombre autodidacta que, sin contar con más de un año de educación formal, logró convertirse en uno de los mejores abogados en los EEUU y, finalmente, subió los escalafones del mundo de la política para convertirse en el Presidente de EEUU. Pero de ahí a verlo como un santo es difícil de entender.

Dejando a un lado las atrocidades que cometió durante la guerra y olvidando el hecho de que él no era el abolicionista por lo que es adorado, sigue siendo difícil admirar el resto de su obra. Durante años fue abogado para los ferrocarriles y cuando, por fin, fue el encargado de elegir el recorrido de las líneas federales, casualmente, sus tierras se hallaban justo en el medio. Parece un poco sospechoso, pero no importa, estoy seguro de que hay infinidad de explicaciones para esta curiosa coincidencia. Además, durante los casi 30 años previos a su presidencia, fue un entusiasta del Mercantilismo. Los elevados aranceles aplicados a las importaciones y los elevados subsidios a sectores específicos fueron el núcleo de su obra. El regreso del Banco Central que previamente Andrew Jackson había eliminado fue otro de los asuntos que abordó durante esos años.

Thomas DiLorenzo tiene una teoría de lo que él llama el Culto Lincoln (The Lincoln Cult). Afirma que su deificación, impulsada tanto por Demócratas como por Republicanos e, incluso, por el Partido Comunista, es la glorificación de la Presidencia Americana y del Gobierno Federal de EEUU. Así que todo aquél que cree en un gobierno federal poderoso, todo aquél que tiene que buscar excusas para justificar ataques contra las libertades civiles, todo aquél que quiere decir a los demás cómo deben vivir sus vidas, termina por ensalzarle. En realidad, desde mi punto de vista, es difícil pensar en otros políticos que atacaran tanto la institución de la Libertad durante el siglo XIX, con unos efectos que se trasladarían a los acontecimientos del siglo siguiente (a excepción, tal vez, del hermano europeo de Lincoln, Bismarck).

Acertadamente, DiLorenzo observa que la antedicha glorificación se ha convertido en una maldición, la Maldición de Lincoln (The Lincoln Curse). Durante los últimos 150 años, la figura de Abe se ha usado para justificar la reinterpretación continua de la Declaración de Independencia y de la Constitución de los EEUU según los deseos de unos pocos. Por desgracia, tanta falta de respeto conlleva un intenso y continuo daño a los fundamentos de la Libertad en casi todos los aspectos de la vida estadounidense. El fin de la veneración de Abraham Lincoln es un paso importante hacia la restauración de la Land of the Free.

_____________________________________________________________________________

Pues bien, puesto que esto no es un trabajo académico, sino un simple artículo expresando mis opiniones y conocimiento acerca de Lincoln y su adoración, hago la sugerencia de los siguientes Artículos, Libros y Vídeos para todos los que tengan interés en profundizar su estudio del tema: 

Artículos

– DiLorenzo, Thomas,

– Williams, Walter,

– McClanahan, Brion,

– Woods, Tom, “Lincon Unmasked” http://www.lewrockwell.com/woods/woods58.html;

– On Doris Kearns-Goodwin:

Libros

– Woods, Tom, “The Politically Incorrect Guide to American History” ;

– Donald, David, “Lincoln” http://www.amazon.com/Lincoln-David-Herbert-Donald/dp/068482535X;

– DiLorenzo, Thomas,

– Bennett Jr., Lerone, “Forced into Glory: Abraham Lincoln’ s White Dream” http://www.amazon.com/Forced-into-Glory-Abraham-Lincolns/dp/0874850851/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1360957152& sr=1-1-fkmr0&keywords=Lerone+Bennett%2C+Jr.%2C+Forced+into+Glory%3A+Abraham+Lincoln%E2%80%99+s+White+Dream ;

– Fallon, Joseph, “Lincoln Uncensored” http://www.amazon.com/Lincoln-Uncensored-ebook/dp/B009FMPGQ2; 

– Denson, John, “Reassessing the Presidency: The rise do the executive state and decline of freedom” http://mises.org/Books/reassessingpresidency.pdf.

Vídeos

– Tom Wood’s Libertyclassroom.com by Brion McClanahan;

– Thomas DiLorenzo on Spielberg’s Lincoln http://www.youtube.com/watch?v=tfliZYSRDlE

Sindicatos: generadores de pobreza

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Con la muerte de una de las mejores empresarias de la historia, Rosalia Mera, los sindicatos no han dejado pasar la ocasión para mostrar su odio a los empresarios, su radical mentalidad anticapitalista y su absurda retórica marxista. Autodotados de superioridad moral sobre el resto de los mortales, tratan de hacernos creer que son los protectores de los trabajadores y que son ellos los que propician realmente el crecimiento económico y el bienestar de los países.

Nada más lejos de la realidad. Son los empresarios (y los capitalistas), y no los sindicatos, los creadores de riqueza.

Son los empresarios los que están continuamente alerta para descubrir oportunidades de negocio, es decir, descubrir nuevos productos y servicios con los que satisfacer mejor a los ciudadanos; son ellos los que diseñan planes de negocios rentables y sostenibles que añaden valor a la sociedad; son ellos los que apuestan por procesos productivos largos que acabarán haciendo (¡con el tiempo!) más productiva a la sociedad; son ellos los que anticipan los salarios de los trabajadores antes de que los productos sean producidos y vendidos; son ellos los que se enfrentan a una incertidumbre inerradicable; son ellos los que deben conseguir financiación para llevar a cabo sus proyectos; son ellos los que deben innovar y mejorar día a día para ser competitivos; son ellos los que compran a un precio conocido para vender a un precio desconocido; son ellos los que se juegan su dinero tratando de anticiparse a un futuro incierto; son ellos los que deben dejarse la piel ¡cada día! para seguir manteniendo la confianza de sus clientes; y son ellos los que quiebran si no satisfacen necesidades de la sociedad.

Los sindicatos no tienen todos estos arduos y engorrosos problemas. No tienen que preocuparse de ofrecer una propuesta de valor cada vez más eficiente, eficaz y rentable. Tampoco tienen que preocuparse de su financiación: reciben muchos millones de euros del Estado. Concretamente 15,7 millones de euros en subvenciones en 2011, 11,1 millones en 2012 y 8,8 millones en 2013.

Lo deseable y justo en una sociedad libre sería que se financiasen con las cuotas de sus afiliados. Esta sería la mejor prueba de que los trabajadores valoran a los sindicatos. Ciertamente, si los trabajadores creyesen positivamente que las organizaciones sindicales velan por sus intereses pagarían las cuotas sin dudarlo ni un instante.

Pero no es así: el número de afiliados es cada vez menor, situándose actualmente en torno al 10-12% de los trabajadores. Un apoyo verdaderamente minoritario. Para que se pudiese hablar de ‘representación de los trabajadores’ se necesitaría al menos un 85-90% de afiliación (y aun así no sería justo para el 15-20% restante).

Cualquier otra organización con ese número ínfimo de afiliados no existiría en absoluto o tendría un tamaño e influencia residual en la sociedad.

Pero la alianza entre sindicatos y políticos hace que esto no tenga demasiada relevancia. Es el Estado el que inyecta la financiación a los sindicatos. Y lo hace mediante la extracción de renta de los agentes productivos de la sociedad a través de los impuestos. Coactivamente, de forma obligatoria, parte de nuestra renta se destina a estas organizaciones aunque la inmensa mayoría creamos que no nos benefician en absolutamente nada o que incluso nos perjudican enormemente.

¿Y a cambio de qué perdemos una parte de nuestra renta para regalársela a los sindicatos? A cambio de tener una de las legislaciones laborales más rígidas y arcaicas del mundo desarrollado.

Aprovechándose del inmerecido y asombroso poder que otorga la Constitución a estos agentes “sociales”, los sindicatos mayoritarios cuentan con potestad para imponer por ley salarios y todo tipo de condiciones laborales a empresarios y trabajadores en España. No es de extrañar, por tanto, que la tasa de desempleo supere el 26%, la más elevada de la Unión Europea junto con Grecia.

Y es que cuando el rango salarial y las condiciones de trabajo son impuestas desde arriba y no son pactadas libremente entre empresario y trabajador, se desligan los salarios de la productividad, poniendo en serio peligro la supervivencia de toda la empresa y todos sus trabajadores debido a la pérdida de competitividad y márgenes del negocio.

Los sindicatos no crean riqueza, la destruyen. Y lo hacen provocando desempleo masivo, cierre de empresas y consumo de capital. Para aspirar a ser una sociedad próspera y libre es imperativo eliminar los privilegios legislativos que ostentan estos agentes “sociales” generadores de pobreza.

@jmorillobentue

Reforma escalonada o hayekiana de las instituciones

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En los años 1973, 1976 y 1979, fueron publicadas sucesivamente las tres partes que completan la obra Derecho, Legislación y Libertad del premio Nobel de Economía de 1974, Friedrich A. Hayek, en donde ofrecía sus aportaciones intelectuales para cuando el deterioro institucional de una democracia fuese más evidente:

Quisiera repetir aquí que, aunque creo profundamente en los principios fundamentales de la democracia en cuanto único método eficaz hasta ahora conocido para hacer posible el cambio pacífico,…pretendemos ofrecer una especie de instrumentación intelectual para el tiempo, que puede no estar lejano, en que la quiebra de las instituciones sea evidente y dicha propuesta pueda representar, así lo espero, una salida de emergencia. La misma debería permitirnos salvaguardar lo que es realmente valioso en la democracia, liberándonos al mismo tiempo de aquellas sus censurables características que la mayor parte de la gente acepta sólo porque las considera inevitables. Junto al recurso que ya propuse para privar al gobierno de los poderes monopolísticos de controlar la oferta monetaria, igualmente necesario para evitar la pesadilla de unos poderes crecientemente totalitarios.

(Hayek, 2006: 365)

 1. Evolución de las instituciones de la democracia

Hayek argumentaba la necesidad de promover reformas escalonadas, que también se pueden denominar reformas hayekianas, en el sentido de evolucionar las instituciones de la democracia de un país hacia la limitación del poder político; en favor de las mayores cotas de libertad de los individuos en un orden de mercado y frente a las coaliciones entre los intereses organizados (partidos políticos, sindicatos, patronales empresariales) y el gobierno, que ya vimos se constituyen en un orden de la oligarquía:

Es erróneo si se considera atributo inevitable de todo gobierno representativo o democrático, una corrupción intrínseca a la que el hombre más virtuoso u honesto no puede escapar. Esta situación no es atributo necesario de todo gobierno representativo o democrático, sino sólo el producto necesario de un gobierno ilimitado u omnipotente, que depende del apoyo de numerosos grupos. Solo un gobierno limitado puede ser un gobierno honesto… No es la democracia o el gobierno representativo en cuanto a tal, sino la institución particular que hemos elegido de un <<poder legislativo>> omnipotente, lo que le hace necesariamente corrupto…Si ningún poder judicial superior puede impedir al cuerpo legislativo conceder privilegios a grupos particulares, no tendrán límite los chantajes a que el gobierno podrá verse sometido.

(Hayek, 2006: 377)

Si bien desconfiaba de los políticos, Hayek razonaba que los cambios de leyes fundamentales como, por ejemplo, una Constitución, podían introducir esas reformas escalonadas que ayudasen a la limitación del poder político y al arraigo entre la población y, por tanto, también entre la oligarquía, de normas generales de recta conducta o, por lo menos artículos  constitucionales y leyes con relevancia a la luz de aplicar un cierto principio general.

2. Instituciones morales de la Sociedad Abierta o Civilizada

Argumentaba que el marco institucional está basado en la Ley que es un esquema normativo que reconoce las esferas personales de autonomía (Savigny, 1840: I, 331-332) o, si se prefiere, que proporciona condiciones para que la acción humana pueda desarrollarse libremente conforme a instituciones morales o patrones de comportamiento adquiridos, que generan (y son generados por) la Gran Sociedad propia de un orden de mercado (Hayek, 1997: 173-177).

Así, por ejemplo, instituciones morales de la sociedad abierta o civilizada son el respeto por el derecho a la vida, por la libertad del individuo, por la propiedad privada (plural), por la igualdad de trato ante la Ley, por el cumplimiento de los contratos, por la familia, por el lenguaje, por el dinero, por los préstamos, por el libre comercio, por el lenguaje,… 

Por otro lado, señalaba como se mantienen enraizadas en lo más profundo e instintivo de la psicología humana aquellas instituciones morales más propias de los grupos pequeños como la familia, los amigos, la tribu, la aldea o el pueblo. Son instituciones morales de la sociedad Tribal o colectivista el altruismo, la solidaridad, la redistribución de la riqueza, la gestión planificada de los recursos, el sometimiento a las decisiones del líder o líderes de la tribu,… Aunque no son exclusivas de los grupos humanos pequeños, resultan positivas y adaptativas para el desarrollo de las relaciones personales y vínculos de confianza y colaboración en los entornos más cerrados y más cercanos de cada persona e incluso en las empresas y organizaciones sujetas a fines particulares.

Sin embargo, lo más importante es que los patrones de comportamiento de una sociedad tribal o colectivista son negativos y perjudiciales para el desarrollo de un orden extenso y complejo de colaboración humana y, por tanto, para el arraigo de la Sociedad Abierta o Civilizada, cuando son utilizadas por una oligarquía de élites extractivas para lograr su acceso al poder político y para imponer sus prebendas, privilegios y utopías al resto de la población. Es decir, sirven a los políticos que pretenden “guiar” el orden extenso y complejo de colaboración humana hacia fines particulares y, por tanto, su imposición coactiva deteriora el marco institucional de normas generales que involuciona rápidamente hacia el intervencionismo y el decrecimiento económico y sociocultural.

3. Reforma escalonada o hayekiana

Hayek pretendía evolucionar un Estado de Derecho cuando se encuentre deteriorado de modo que se intenten "sustituir los fines concretos comunes por normas abstractas universales" y, desde una perspectiva liberal clásica, Hayek señalaba que: “la función única del Gobierno es hacer cumplir esas normas abstractas y proteger, por tanto a los individuos contra toda coacción o invasión de su ámbito de libertad" (Hayek, 1997: 266-267).

Propugnaba las reformas escalonadas basadas en una crítica inmanente, que aplicasen siempre el método de “falsación” científica de Karl Popper, para dotar de íntima coherencia y consistencia a las reformas, argumentando que:

(…) aunque no es posible edificar, justificar ni establecer nuestras tradiciones morales, sí lo es reconstruir los procesos que en su día contribuyeron a su aparición…Lo que al efecto se requiere es lo que en alguna ocasión se ha denominado una “reconstrucción racional” (expresión en la que la palabra <<reconstrucción>> nada tiene que ver con el <<constructivismo>> de la forma en que el sistema pudo convertirse en realidad. Se trata, en efecto, de una investigación histórica –o histórico-natural— y no de un intento de edificar o justificar el conjunto del sistema en sí.

(Hayek, 1997: 275).

Por tanto, el análisis histórico conjetural y la explicación evolutiva de las instituciones culturales pudiese realizar una reconstrucción institucional de principios generales de una Sociedad Abierta o Civilizada como podrían ser, por ejemplo, entre otros: la tutela judicial sobre los derechos individuales, la protección “efectiva” del derecho a la propiedad privada (plural), el reconocimiento de la libertad de empresa, el principio de consentimiento de los ciudadanos en las decisiones trascendentales para el futuro de un país, un código penal “exigente”, la separación “estricta” de los poderes ejecutivo y legislativo, la independencia “real” del poder judicial, la limitación del tamaño de las administraciones públicas, la limitación de las competencias del gobierno,…    

Así, por ejemplo, en la obra Derecho, Legislación y Libertad, Hayek investigaba la evolución institucional y citaba a David Hume para referirse al respecto estricto que debe establecer la Ley dentro de un marco institucional hacia: "las tres leyes fundamentales de la naturaleza: la estabilidad en la propiedad de las cosas, su transmisión por consenso, y el respeto a los compromisos establecidos". Y también citaba a John Locke cuando advertía acertadamente que: "no puede haber justicia donde no hay propiedad privada".

Como consecuencia de su investigación histórica sobre la evolución de esas instituciones. Hayek entendía que son principios fundamentales del crecimiento económico así como, también, claves institucionales para el arraigo de una sociedad abierta y, por ello, que deben protegerse explícitamente por los jueces y, en su caso, por una Constitución.

La propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y el ejercicio libre de la empresarialidad son normas abstractas que sirven de base jurídica al marco institucional que caracteriza una sociedad abierta o civilizada, para lo que, entre otros, también se requieren principios generales como el concurso de jueces y tribunales independientes, la separación estricta de poderes, y un tamaño de estado limitado o mínimo (o incluso nulo, si fuese institucionalmente posible), de modo que los ciudadanos consigan actuar con garantías de triple seguridad (exterior, interior y jurídica) en un territorio, sin la cual es imposible el ejercicio de los derechos individuales en libertad y, por tanto, sin la cual no es posible el ejercicio libre de la acción humana y, por tanto, de la función empresarial.

LEER MÁS

El caso Payá y los gobiernos como agentes comerciales

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Poco después de que Ángel Carromero fuera condenado en un juicio farsa por la muerte de los destacados disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, y mientras que el joven político madrileño guardaba silencio por consejo del Gobierno español –según él mismo ha declarado este verano–, las relaciones comerciales entre la Cuba castrista y España parece que vivieron un buen momento. No sabemos si se debe a la casualidad o a la causalidad, ese conocimiento le está reservado a algunos pocos en La Moncloa y un par de ministerios españoles, así como a sus pares en la isla caribeña, pero cuando menos da que pensar.

A principios de noviembre de 2012 se celebró en la capital cubana la XXX Feria Internacional de La Habana, en la que España fue el país con la mayor presencia. El embajador en Cuba, máximo responsable de una legación diplomática que no resultó nada molesta mientras se juzgaba a Carromero, presumió en ese momento ante los medios de comunicación de la dictadura totalitaria. Según publicaron estos últimos, el intercambio comercial entre ambos países en 2011 fue de 818 millones de euros y se aspiraba a que a finales del ejercicio de 2012 alcanzaran los mil millones de euros. Un botón de muestra lo ofreció poco después el diario Granma, del Partido Comunista de Cuba, que informaba el 24 de noviembre de 2012 sobre la apertura de dos nuevos hoteles por parte de una cadena española.

La extraña actitud del Gobierno de Rajoy y de su partido, el Partido Popular, ante la sospechosa muerte de Payá –que, para más inri, disponía de la nacionalidad española además de la cubana– pudiera tener algo que ver con la defensa de esos intereses comerciales. De otra manera resulta complicado explicar que el Ejecutivo español se muestre tan reacio a una investigación internacional sobre lo ocurrido o que, incluso, el PP se haya opuesto a la misma al tiempo que defendía la limpieza de un juicio para nada creíble.

¿Se ha puesto la diplomacia española al servicio de los intereses de grandes empresas a costa de la libertad de un ciudadano del propio país (Ángel Carromero) y el esclarecimiento de la muerte de otro (Oswaldo Payá)? Podría ser. No sería la primera vez que ocurriera algo parecido y, aunque no siempre entren en juego aspectos referidos a derechos fundamentales de las personas, es frecuente que el poder político ponga los recursos del Estado destinados a la acción exterior al servicio de empresas privadas.

Cuando un gobernante de cualquier país hace un viaje oficial al extranjero resulta bastante común que vaya acompañado de un grupo de empresarios. A casi nadie le resulta extraño ese ayuntamiento de poder político e intereses empresariales particulares en el ámbito diplomático. Es más, con frecuencia los gobiernos suelen presumir ante los medios de comunicación que sus altos dirigentes viajan en compañía de represetantes de la empresa privada que esperan lograr jugosos contratos en el lugar al que se han trasladado.

Pensemos, por ejemplo, en el último viaje del Rey de España y varios miembros del actual Ejecutivo (además de casi una decena de ex ministros de Exteriores) a Marruecos. Junto con el jefe del Estado y los miembros del Gobierno de Rajoy se desplazaron los más altos directivos de la práctica totalidad de las compañías que forman el IBEX-35 (el principal índice de referencia de la bolsa española), que participaron en encuentros con los grandes empresarios de la nación norteafricana.

Pese a que todo lo anterior esté generalmente aceptado, no se trata de algo que debiera ser celebrado. No vamos a entrar ahora en el debate sobre si se debe comerciar con países cuyos gobiernos violan de forma sistemática y masiva los derechos de sus propios ciudadanos (la citada Cuba, China, Arabia Saudí, Corea del Norte y muchos otros). Incluso dejando esa cuestión al margen, que la diplomacia se ponga al servicio de unas cuantas empresas (o muchas, eso es lo de menos), supone quitar recursos, vía impuestos, a todos los ciudadanos para gastarlos en beneficio de un reducido grupo. Este último es el formado por el de los propietarios de las compañías que hacen negocios gracias a la colaboración gubernamental.

Como dijo Carlos Rodríguez Braun: "La redistribución no es de ricos a pobres, sino de grupos desorganizados a grupos organizados". Y el tema que aquí tratamos es un buen ejemplo de ello. El dinero de todos los ciudadanos (ricos y pobres, con empleo o parados de larga duración…) se utiliza al servicio de un grupo con una alta capacidad de influencia y organización (los grandes empresarios) que así se pueden ahorrar grandes cantidades que de otro modo tendrían que gastar para poder conseguir por su cuenta algunos jugosos contratos. Eso, insistimos, por no hablar de casos como el de Carromero, donde además se juega con los más elementales derechos de una persona.

La comunicación honesta mediante señales costosas

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Un animal puede beneficiarse si consigue engañar a otros y a su vez no ser engañado. La evolución produce una carrera de armamentos entre formas de engañar o manipular contra formas de detectar engaños o protegerse de ellos. Pero la evolución también genera mecanismos de comunicación que benefician al emisor y al receptor mediante señales informativas de alguna aptitud, característica o circunstancia real: las señales fiables distinguen o discriminan lo verdadero de lo falso, al honrado del tramposo, al sincero del mentiroso, al competente del incompetente.

Una señal valiosa y honesta se basa en una diferencia real entre sus posibles emisores, y puede ser difícil de falsificar si es cara o costosa. Toda señal de una determinada intensidad tiene un coste y puede implicar algún riesgo, pero estos pueden ser mucho menores (o los beneficios mayores) para el comunicador sincero. El emisor honesto puede permitirse algo que resulta prohibitivo para el tramposo. El coste de la señal no es sólo el de su producción física, sino que incluye también todas sus consecuencias potencialmente negativas: atraer algún peligro, servir para resaltar algún defecto o imperfección.

Una posible forma de señalar honestamente aptitud biológica (poder, salud, riqueza, fuerza, atención, compromiso) es algún rasgo (conducta o morfología) que suponga un handicap para su ejecutor o portador, que le implique algún coste, dificultad o problema que un individuo menos apto no puede asumir.

La comunicación puede referirse a oportunidades de cooperación (emparejamiento sexual entre machos y hembras, información sobre localización de alimento entre miembros de un grupo), posibilidad de competencia (relaciones adversarias entre depredadores y presas, advertencias en la competición por recursos) o necesidad de ayuda (crías que reclaman alimento y protección a los progenitores). La comunicación puede suceder entre colaboradores (para ser elegidos) o enemigos (para ser evitados), y entre miembros de una misma especie o entre animales de especies diferentes.

Algunos ejemplos de señales honestas costosas:

– La cola del pavo real macho desplegada y agitada ante las hembras como ornamento sexual: “estoy sano y bien alimentado, y no temo indicar mi localización a posibles depredadores”. Abundan todo tipo de cantos, bailes y otros rasgos (como olores, marcas que resaltan alguna parte del cuerpo, coloración conspicua, simetrías, construcciones) utilizados como señales en exhibiciones para atraer pareja.

– En algunos insectos, sustancias químicas tóxicas como las feromonas indican que su portador es robusto y puede aguantarlas y utilizarlas como veneno contra sus depredadores. Las amebas sociales utilizan moléculas específicas para agregarse en condiciones de estrés ambiental.

– Los brincos de las gacelas ante sus posibles atacantes: “te he visto y te demuestro que me sobran fuerzas para escapar de ti, no pierdas tu tiempo y tu energía persiguiéndome a mí, busca otra presa más débil”. Algunas aves cantan cuando están siendo perseguidas por un depredador; algunas bandadas realizan movimientos bruscos para conseguir que el miembro más débil sea rápidamente atrapado y ahorrarse así todos los demás una persecución prolongada.

– Los gritos de advertencia de algunas aves, que en realidad no son solo para sus compañeras, sino que sirven principalmente para informar al depredador de que ha sido detectado y no va a pillarlas por sorpresa: las señales son útiles tanto para la presa como para el depredador, que no malgasta su energía inútilmente.

– En los juegos infantiles de correr y pillar, los niños más rápidos no se molestan en alejarse inmediatamente del que debe pillar a otros: su cercanía indica que pueden escapar fácilmente; si son perseguidos pueden burlarse del perseguidor mientras corren.

– Algunos depredadores señalan su presencia a sus presas y amagan movimientos de ataque (como dos boxeadores tanteándose) para detectar cuáles son los puntos débiles de sus víctimas y elegir a las más fáciles.

– Los rasgos físicos llamativos que alertan de algún peligro o amenaza (aposematismo): colores brillantes de animales venenosos o de sabor desagradable.

– Las exhibiciones de fuerza y motivación para disuadir a los competidores (amenazas creíbles como sustituto de la agresión): postura confiada (aproximación chulesca exponiéndose al peligro, gestos de desprecio al enemigo), vocalizaciones graves que indican relajación y confianza, canciones rítmicas ordenadas o miradas fijas al rival que reflejan seguridad, determinación y concentración, muestras de indiferencia, combates rituales.

– Las señales de sumisión o reconocimiento de inferioridad o derrota ante rivales superiores: agacharse, humillarse, arrodillarse, apartar la mirada, exponer una parte vital del cuerpo (el lobo derrotado expone su cuello a las fauces del vencedor).

– Los avisos de crueldad de los combatientes para conseguir que los enemigos se rindan sin luchar (piratas que amenazan con castigar duramente a quienes opongan resistencia).

– Las señales de determinación indicando el coste que uno está dispuesto a asumir para conseguir algo: autoinfligirse algún daño. Los intentos de suicidio pueden ser peticiones extremas de ayuda.

– Las señales de estatus, dominación o prestigio: el consumo derrochador, extravagante y conspicuo de un rico (vehículos de lujo, mansiones, joyas, ropas a la última moda, símbolos de estatus social), o la generosidad pública ostentosa (ceremonia del potlatch). El altruismo puede practicarse de forma competitiva para alcanzar prestigio social y así tener mejores oportunidades de cooperación (en el emparejamiento sexual, en los negocios).

– La obesidad en las culturas en las cuales la obtención de alimento es problemática.

– Una educación certificada exigente de un trabajador que ofrece sus servicios en el mercado laboral.

– La realización de proezas deportivas o artísticas típicas de jóvenes para atraer pareja (señales de fuerza o habilidad).

– La fuerza de los lazos sociales (capacidad, interés y compromiso con una relación o grupo) puede comprobarse mediante imposiciones, forzando al individuo a asumir un coste, poniéndoselo difícil para ver cuánto aguanta. Muchas hembras exigen cortejos prolongados y regalos prenupciales, o tienen caprichos y cambios de humor aparentemente inexplicables. Algunos machos (en especies en las cuales aportan una alta inversión parental) agreden a las hembras durante el cortejo para comprobar su persistencia. Algunos animales se limpian y acicalan unos a otros mucho más que lo requerido por la mera higiene. Los grupos suelen exigir demostraciones de lealtad y conformidad: tatuajes distintivos, mutilaciones, ritos de iniciación humillantes, creencias fervientes absurdas, rituales religiosos.

– Las señales de cohesión y coordinación de un grupo: canciones, rituales o movimientos coherentes, armónicos, unificados.

– Los gritos de las crías en el nido para ser alimentadas por sus progenitores. Estos gritos son amenazas de perjudicarse a sí mismas porque las ponen en peligro de ser descubiertas por un depredador (como algunos aspectos llamativos de las crías de algunas especies). El miembro más débil de una asociación de pareja puede chantajear al más fuerte con amenazas de dañarse a sí mismo, si este último está interesado en el bienestar del otro. Esta conducta no es generalizada entre crías de animales porque sólo puede ser utilizada si el riesgo de gritar no es demasiado grande (de hecho las crías no gritan si saben que hay un depredador cerca).

La producción del lenguaje humano por lo general tiene costes muy bajos, por lo cual es fácil utilizarlo para el engaño y la manipulación. Es posible mejorar su fiabilidad incrementando los costes para los incompetentes, deshonestos o mentirosos: fijarse en lo que la gente hace, no en lo que dice (descontar su hipocresía y considerar sus intereses); en lugar de vagas promesas informales, usar contratos con cláusulas penalizadoras por incumplimiento, avales y garantías; en vez de mensajes hablados privados, emplear documentos persistentes, grabaciones, testigos; en lugar de ambiguas predicciones de presuntos expertos que no se juegan nada, recurrir a apuestas y mercados financieros.

Estados Unidos, falso paladín de la libertad

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

El economista David Friedman escribió hace algunos años un libro titulado Future Imperfect, en el que analizaba las implicaciones de potenciales revoluciones tecnológicas que podrían suceder en las próximas décadas. Una de ellas era la que denominaba el Panóptico Universal. El panóptico es un centro penitenciario imaginario diseñado por el filósofo Jeremy Bentham, que permite a los carceleros vigilar permanentemente todos los movimientos de los presos de forma secreta, sin ser vistos. David Friedman decía que, con la tecnología actual, un país como Estados Unidos podía convertirse en un Panóptico Universal, un país en el que el gobierno mantuviera permanentemente vigilados a los ciudadanos con una eficacia nunca antes vista.

Hasta ahora el espionaje masivo era realmente caro. Si un gobierno quería tener vigilada a su población requería, fundamentalmente, de muchas personas contratadas a tiempo completo escuchando un sinfín de conversaciones telefónicas y viendo horas de videograbaciones. Ya no hace falta todo ese derroche de recursos. Como explica David Friedman, ahora, a un precio razonable, un programa informático puede recoger las conversaciones telefónicas, transformar los sonidos en texto, almacenarlo en bases de datos, y realizar búsquedas inteligentes de palabras o frases claves según lo que al gobernante de turno le dé por perseguir. O aún mejor, puede grabar a la población mediante una inmensa red de económicas cámaras digitales, aplicar lo último en programas de reconocimiento facial y ser capaz de saber qué hace cada individuo en cada momento. Imaginen, dice Friedman, cuando en unos años haya cámaras baratas del tamaño y las características aerodinámicas de un mosquito. Si el gobierno quiere jugar a ser el Gran Hermano, puede hacerlo a un módico precio.

El estallido del escándalo del Obamagate ha puesto de manifiesto que el futuro sugerido por Friedman no anda muy desencaminado. Un antiguo empleado de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, Edward Snowden, filtró a la prensa pruebas de que el gobierno estaba espiando masivamente a la población. Haciendo uso de diversos programas de vigilancia, el gobierno se dedicaba a recabar metadatos de teléfonos móviles, información privada de las redes sociales y otros datos en colaboración con grandes empresas con información privada de los ciudadanos, permitiendo técnicamente al gobierno saber dónde está y con quién habla cada individuo. Estados Unidos comienza a parecerse peligrosamente al Panóptico Universal. El gobierno ha recorrido ya buena parte del camino hacia ese terrible ideal totalitario y no parece dispuesto a parar ahí.

A veces conviene recordar que en su día Estados Unidos fue la tierra de la libertad. Se estableció como un país al que cualquiera podía ir a labrarse el futuro. El sueño americano no consistía, por raro que nos pueda parecer ahora, en hacerse con una plaza de funcionario ni en conseguir subsidios. Lo que Estados Unidos ofrecía a quien quisiera, al menos en teoría, era algo muy sencillo: libertad. Mientras no agreda, robe, defraude o incumpla sus contratos, nadie le impedirá que intente sacar adelante sus proyectos. Ya no es así. Aún se conserva parte de la retórica liberal, pero desde hace tiempo no coincide con la realidad. Estados Unidos ha ido canjeando espacios de libertad por poder gubernamental durante décadas, hasta llegar al gigantesco y vigilante leviatán que es ahora.

Esto no quiere decir que de pronto Estados Unidos sea el país con menos libertad del mundo, pero ya no es el ejemplo que era. Ahora se ha convertido en el falso paladín de la libertad, que predica pero no cumple. Si decían que en el siglo XIX había que vivir en Inglaterra y en el siglo XX en Estados Unidos, podríamos decir que el siglo XXI es el turno de Asia y Oceanía. Un rápido vistazo al Índice de Libertad 2013 que publica el Heritage Institute nos revela que los cuatro países más libres del mundo hoy están en esa zona: Hong Kong, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos cae al décimo lugar superado, incluso, por su país vecino, Canadá.

La última década ha sido letal para la libertad en Estados Unidos. Recientemente el The Economist publicaba un artículo titulado La década perdida de la libertad en la que denunciaba este hecho. Desde los atentados del 11-S, primero con Bush y ahora con Obama, el gobierno ha estado utilizando el argumento de la seguridad y la guerra contra el terror para ir enterrando parcelas de libertad individual. Este abandono de los que fueron los valores americanos no es cosa exclusiva de Obama, ni de Bush. La mayoría de la población americana aplaude y apoya esta triste deriva. Sin embargo, la peor señal de que esto no va a mejor es la violencia con la que el gobierno ha reaccionado contra Snowden o contra otros "chivatos" como Bradley Manning. Es una buena prueba de cómo el gobierno americano está en un proceso de blindaje contra cualquier filtración de abusos de poder. No le preocupa tanto la pérdida de libertad como la denuncia de la misma. Y quiere dejar claro que ésta sale cara.

Ladrillos de verano

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Cada verano en la Liga española de fútbol se produce un culebrón en torno al fichaje de alguna estrella del balompié. Este año lo tenemos con Gareth Bale, jugador del Tottenham, deseado por el Real Madrid de Florentino Pérez y de cuyo inminente fichaje nos llevan informando varias semanas. Forma ya parte del estío, por mucho hastío que nos causen a algunos estos ejercicios de marketing y publicidad. Pero el del fútbol no es el único ladrillo que nos encontramos en los calurosos veranos españoles. Los ladrillos de Greenpeace también son interesantes.

Al igual que en Navidad, cuando los ecologistas nos recuerdan lo malos que somos por consumir camarones salvajes, salvajemente explotados por personas sin piedad y con ánimo de lucro, en verano nuestros alegres y verdes activistas de Greenpeace nos fastidian las vacaciones con sus informes sobre el lamentable estado de las costas españolas. El de 2013, recién salido del horno, nos pone los pelos de punta y el cuerpo de perfil. Por lo visto y medido:

“Entre los años 1987 y 2005 se destruyeron 2 hectáreas al día sólo en los primeros 500 metros de costa”.

¡Alucinante! Quién se iba a imaginar, en un país que vive del turismo de playa básicamente, que la costa iba a estar tan trabajada por inmobiliarias y constructoras.Y cómo no, la burbuja inmobiliaria, la culpable de todo:

En este periodo de burbuja inmobiliaria, se construyó en nuestra costa una cuarta parte de todo lo construido hasta ahora. Algunos municipios han vendido gran parte de su patrimonio natural para dar paso a una imagen de destrucción y urbanización.

Obsérvese la “sutil” identificación que se hace al final del párrafo entre destrucción y urbanización, hasta tal punto que suenan a sinónimos. Hay que reconocerles cierta habilidad en la manipulación de conceptos, habilidad que suele ser extensible a toda la izquierda.

Pero ironías aparte, en una cosa estoy de acuerdo con Greenpeace: la costa española tiene un problema, pero no es su sobreexplotación, ni su aspecto lamentable, sino el excesivo peso de las Administraciones Públicas sobre los usos (y abusos) del suelo. Ése ha sido, es y posiblemente será el problema denuestras costas.

Greenpeace propone seis medidas para regenerar la costa española:rehacer la nueva Ley de Costas; limitar o impedir las construcciones en los primeros 500 metros de terreno costero; gestionar los espacios naturales protegidos del Estado con planes de ordenación y de uso que impidan más suelo urbano; participación pública en el control y seguimiento de los planes urbanísticos, evitando así, siempre según ellos, la corrupción; ayudar a los municipios que hayan decidido conservar sus costas con compensaciones económicas, como los pagos por servicios ambientales, y la creación de una “ecotasa” turística en los municipios más degradados, que fuera finalistay que serviría para revertir el modelo de turismo masivo de sol y playa; y por último, explicar los peligros a los que se enfrentan los propietarios de las construcciones en zonas de riesgo como los lechos fluviales, torrenteras, desembocaduras, etc., siendo el Estado el responsable de los futuros riesgos y costes.

Es evidente que estas medidas, aunque se llevaran a cabo, no iban a solucionar nada. Yes que lo que Greenpeace propone se puede resumir en dos líneas de acción: más intervención y más fiscalidad. En resumen, más de lo mismo de lo que nos ha traído a la actual situación.

Limitar el uso del suelo, o cambiar el que se hace de él de manera arbitraria o según intereses particulares de lobbies o de políticos, es lo que ha permitido a los municipios y otras entidades locales y regionales financiarse durante la burbuja, extendiendo sus atribucionescon promesas a corto plazo e inviables a largo, endeudándose y llevando unos años después en muchos casos a la entidad pública a la ruina. Cambiar unos intereses por otros no tiene por qué solucionar nada.

Durante todo ese tiempo y ese proceso, los ciudadanos no han dicho nada o casi nada ante los excesos. Es más, en algunos casos han animado a las Administraciones a establecer estas políticas económicas suicidas. ¿Qué hace pensar a Greenpeace que los ciudadanos van a retomar una obligación como la eterna vigilancia, que diría el clásico? En todo este tiempo se ha enseñado al ciudadano que para vigilar ya estaba el Estado. Pero el Estado no sabe ni quiere vigilar al Estado y creo que la gran mayoría de los ciudadanos se ha “vuelto” un poco vaga.

Guste o no, muchos de estos municipios viven del turismo y de los impuestos que recaudan de dicha actividad, incluso de los que se originan en estos supuestos o reales desatinos urbanísticos. Limitar la actividad económica, según una idealización, o simplemente prohibirla para cambiar a un “modelo económico más sostenible” no sólo no solucionaría nada, sino que puede dar al traste con la economía local, reduciendo el valor de los inmuebles y de las tierras, afectando de golpe a los negocios que surgieron, reduciendo lógicamente la recaudación fiscal, lo que a la larga impediría que las entidades públicas,y qué decir de los ciudadanos empobrecidos, cuiden de su entorno, de su medio ambiente.

Durante los últimos años, el gobierno central, los autonómicos y los locales han ido incrementando los impuestos para mantener un Estado cada vez mayor. Crear ecotasas es echar más leña al fuego. Greenpeace identifica la prosperidad económica con la destrucción del medio ambiente y, lógicamente, su respuesta es simplemente limitar la creación de riqueza, en este caso a través de más cargas fiscales que no sólo no tendrían necesariamente que incrementar la recaudación, puede que incluso todo lo contrario, yademás podrían terminar con los negocios que están en el límite de la rentabilidad, haciendo que desaparezcan, con lo que espantarían inversiones futuras y terminarían invitando a los ciudadanos afectados a buscar fortuna en otros lugares menos problemáticos, empobreciendo el entorno.

Además, al transferir riqueza de municipios que la generan (los que Greenpeace identifica con negocios de sol y playa) a otros que lo hacen menos o no lo hacen,se incentiva a los que no necesitan nada más que tumbarse a esperar las rentas ajenas y se castiga a los que con su duro trabajo generan la riqueza de la que se nutre la sociedad.

No es raro que Greenpeace proponga este tipo de medidas. Al fin y al cabo, piensan como cualquier socialista de alta cuna y moral orgullosa. Lo raro habría sido que el grupo ecologista hubiera realizado propuestas basadas en los derechos de propiedad y en su salvaguarda. Si todo es de todos, que es básicamente lo que nos proponen ellos, caemos en la tragedia de los comunes y nadie se encarga de nada porque nadie tiene razones poderosas para hacerlo, salvo si por medio de la coacción se le obliga y, en ese caso, no será con buen rendimiento y eficacia.

Partiendo de que no hay un modelo perfecto de protección medioambiental (todos tenemos ideas diferentes de cómo debe ser un medio ambiente adecuado), las propiedades privadas suelen estar mejor cuidadas que las públicas, precisamente porque ese cuidado es lo que las hace rentables o paisajísticamente bellas, o medioambientalmente equilibradas o simplemente, hace que el dueño se sienta mucho mejor.

La burbuja inmobiliaria ha destruido parte del ecosistema, pues los políticos han incentivado este comportamiento con sus precios bajos del dinero y su necesidad de recursos, mientras las empresas que habitualmente trabajan con y para el Estado han aprovechado esa oportunidad, cuando no la han buscado. Es esa corrupción la que no ataja Greenpeace con sus medidas, pues lo único que promueve es el cambio de lobby o de la actividad de un lobby ya establecido.

Una milicia bien regulada

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El debate sobre la libertad de posesión de armas suele conducir a los Estados Unidos casi invariablemente. Se debate su experiencia con las armas, la relación que tiene esa sociedad con ellas, y el origen de esta libertad. Una de las causas de confusión y polémica al respecto es la redacción de la segunda enmienda, que recoge el derecho a poseer y llevar armas. Dice así: “Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho de la gente a poseer y portar armas no se infringirá”. La palabra milicia conduce a quien no está familiarizado con esa institución a una institución militarizada, creada por el poder público o dependiente, al menos, de él, y sometida por tanto a los designios de la política. Si la política la ha creado, la política la puede eliminar. Y con ella se eliminaría el derecho sobre las armas. O, por lo menos, el Estado tendrá derecho a decidir quién forma parte de esa milicia y, en consecuencia, quién no.

La realidad es otra. Se trata de una institución centenaria que surgió en Inglaterra. Dice la Historia Oxford de Gran Bretaña: “la primera línea de defensa contra la invasión o la insurrección no era un ejército permanente, sino la milicia: unas fuerzas locales de defensa, con un entrenamiento a medias, pobremente equipadas, y a veces caóticamente organizadas”. La pertenencia a la milicia era un derecho de cualquier ciudadano, pero era también un deber. Enraíza con tres tradiciones entrelazadas, la idea clásica del ciudadano como un hombre armado, la idea republicana de virtud como la entrega de los ciudadanos al bien común, y la experiencia de Inglaterra de confiar en el desarrollo de instituciones espontáneas, surgidas de la colaboración de los propios ciudadanos más que del diseño o la imposición política. Formaban parte de las milicias sobre todo los padres de familia.

No debería hacer falta señalar que el origen del derecho en las colonias que luego se unieron para crear los Estados Unidos está en el derecho inglés. Es más, la misma Declaración de Independencia se redacta desde los presupuestos de los derechos de los ingleses. El autor más citado en las colonias y en los albores del nuevo país, por delante de Montesquieu y de todos los demás, es William Blackstone. En sus Comentarios sobre el derecho inglés Blackstone defendía la milicia como una institución natural, necesaria para la defensa de los ciudadanos y para evitar que tuviesen que recurrir a un Ejército permanente. También observó el jurista la relación entre la milicia (es decir, el pueblo armado), y el mantenimiento de los derechos constitucionales.

De hecho, este es el principal motivo por el que la defensa del derecho a poseer armas ocupa nada menos que el segundo lugar en la lista de diez enmiendas a la Constitución que forman la Declaración de derechos de aquel país. Vámonos a la Declaración de derechos de Virginia, anterior por supuesto a la de la Constitución, para captar el sentido de la segunda enmienda: “Que el pueblo tiene derecho a tener y portar armas; que una milicia bien regulada, compuesta por el cuerpo del pueblo entrenado en el uso de armas, es la defensa apropiada, natural y segura en un Estado libre. Que los Ejércitos permanentes en tiempo de paz son peligrosos para la libertad y por tanto deberían evitarse, en la medida en que las circunstancias y la protección de la comunidad lo admitan; y que en todos los casos el Ejército ha de estar bajo una subordinación estricta del poder civil, y estar sometido a ella”.

Si hacemos un repaso por las declaraciones de derechos de otros Estados, nos encontramos con lo mismo. Delaware: “18. Una milicia bien regulada es la defensa apropiada y natural de un gobierno libre. 19. Los Ejércitos permanentes son peligrosos para la libertad, y no deberían crearse o mantenerse sin el consenso de la legislatura”. Nueva Hampshire: “2. Todos los hombres tienen ciertos derechos naturales, efectivos e inherentes; entre los cuales están el derecho y la defensa de la vida y la libertad, la adquisición, posesión y protección de la propiedad y, en una palabra, la búsqueda y la obtención de la felicidad. 24. Una milicia bien regulada es la defensa apropiada, natural y segura de un Estado. 25. Los Ejércitos permanentes son peligrosos para la libertad, y no deberían crearse o mantenerse sin el consenso de la legislatura”. Massachusetts: “1. Todos los hombres nacen libres e iguales, y tienen ciertos derechos naturales, entre los cuales se podría reconocer el derecho y la defensa de la vida y la libertad, el de la adquisición, posesión y protección de la propiedad; en fin, la de buscar o lograr su seguridad y felicidad. 17. El pueblo tiene derecho a tener y portar armas para la defensa común. Y como, en tiempos de paz, los Ejércitos son peligrosos para la libertad, no deberían mantenerse sin el consentimiento de los parlamentos; y que el poder militar siempre estará en exacta subordinación a la autoridad civil, y estará gobernado por ella”.

El papel de la milicia es claro. La referencia a que esté “bien regulada” se refiere a la necesidad de que los ciudadanos cuenten con suficientes armas y estén bien entrenados en su uso. Los debates en torno a la Constitución de los Estados Unidos giraron en gran medida sobre la necesidad de crear un Estado permanente. Y los federalistas citaban la experiencia de la Guerra de la Independencia como ejemplo de que no se podía confiar del todo en la milicia, es decir, en la autodefensa por parte del pueblo, y que por tanto algún Ejército sería necesario mantener, incluso en época de paz. Para evitar que ese Ejército tuviese mucho tamaño, si es que era necesario que existiese (Hamilton, el archifederalista, propuso un Ejército de sólo 3.000 hombres), era necesario que la milicia estuviese bien regulada, y en consecuencia que no se limitase el derecho a poseer armas, o a portarlas.

El imprescindible derecho a no declarar

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Entre las muchas tonterías que se han dicho sobre el accidente de tren de Santiago, mi favorita es aquella que viene a decir que el hecho de que el maquinista se negara a declarar ante la policía, una vez imputado, era un signo claro de culpabilidad e intención de no colaborar con las autoridades. Hasta hubo algún entusiasta que propuso negar ese derecho en casos tan graves como éste.

Lo malo de la forma de pensar de la masa es que solo se fija en las consecuencias inmediatas de las acciones que propone, y nunca se para a pensar en los efectos secundarios que provocarían en el caso de que alguien les hiciera caso.

Y es que el derecho a no declarar cuando la policía o un juez deciden imputarte un delito es uno de los más fundamentales de los pocos derechos reales que tenemos.

Esto es así por una razón muy sencilla: cuando la policía decide imputarte un delito es que han decido, unilateralmente, que tú vas a ser la solución al problema abierto que quieren cerrar. Con un juez de instrucción pasa tres cuartos de lo mismo, aunque con algo más de garantías, no muchas, de que se están respetando tus derechos y no colocándote un muerto al tuntún.

Ya sé que ahora los amantes del gremio policial me dirán que estoy exagerando y que la policía es un garante de nuestros derechos y tal. La realidad es que a la gente se le debe juzgar individualmente, no por gremios, y en un cuerpo con docenas de miles de miembros hay de todo, incluidos los patanes que acusan al que pasa por la calle en el momento menos oportuno, los que quieren hacer mérito ante el jefe, y los que ajustan cuentas personales, o políticas, valiéndose de la placa.

Por desgracia la imagen que se da del trabajo policial no sólo no advierte de estos riesgos, sino que hasta se ve con buenos ojos que los policías utilicen ciertos vacíos legales para "hacer justicia". Ejemplo de ello las numerosas series televisivas donde el poli de turno engaña al acusado para que confiese antes de que llegue su abogado o le retiene con cualquier excusa hasta que le puede acusar de lo que quieren. Por desgracia los policías reales no tienen el don de la clarividencia y si pudieran usar estos trucos cometerían bastantes injusticias, que a diferencia de los delitos que persiguen, serían cometidas utilizando el monopolio de la violencia del que disfrutan, y financiado por el dinero de sus potenciales víctimas.

Así que la próxima vez que el malo de turno se niegue a declarar ante la policía, no solo no nos deberíamos indignar, sino que deberíamos estar satisfechos de que en este país aún se respete (veremos por cuánto tiempo) que un individuo, por muy malo que sea lo que presuntamente ha hecho, no es pisoteado por los poderosos, y puede tener la oportunidad de defenderse sin que le pasen por encima por el simple hecho de estar en posición de ser pasado por encima. Porque de esas cosas, y solo de esas, depende la libertad de todos nosotros.