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Asimismo, el Estado está desnudo

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Pocos son los mitos ampliamente extendidos que no se estén desmoronando durante esta gran depresión. En tanto que basados en mentiras (piadosas o de conveniencia) elaboradas por el estamento político y corporativo patrio y esparcidas por sus satélites en los medios de comunicación dominantes, en estos días no dejo de recordar la validez de aquella máxima genial con la que Jean François Revel comenzaba "El conocimiento inútil": "La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira".

Uno de ellos, que sería secundario si existiera un régimen de monarquía parlamentaria realmente consecuente con la constitución de 1978, es decir, si hubiera un gobierno de las leyes en España, es el actual Rey Juan Carlos I. Nombrado con toda la fanfarria franquista sucesor a título de Rey por el propio dictador y, una vez convertido en Rey a la muerte de aquel, principal impulsor de la transición política a una suerte de democracia, su ya prolongado reinado va adquiriendo unos tonos cada vez más oscuros, merced a unos escándalos que, aunque parecen ocurrir en estos últimos tiempos, se han ido acumulando desde muchos años atrás y demuestran hasta qué punto la corrupción se ha convertido en la estrategia para mantenerse en el poder. Los célebres equilibrios y contrapesos de las constituciones liberales, que se pueden encontrar también en la Carta Magna española, no tienen ninguna virtualidad, pues, simplemente, no hay nadie con poder que tenga la voluntad de hacerlos cumplir.

Cuando se habla de la monarquía se olvidan tres aspectos esenciales, estrechamente entrelazados, que convertían a la constitución española en una émula de las monarquías parlamentarias europeas:

1) El Rey reina, pero no gobierna.

El presidente del gobierno y sus ministros están llamados a ejercer (Art. 64 CE) el control de "los actos del Rey", ya que los refrendan y se convierten en responsables de los mismos. De no concurrir ese refrendo, esos actos carecen de validez (Art.56.3 CE) salvo en lo que se refiere a la distribución de la partida del presupuesto asignada a su sostenimiento y de su familia y "el nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa" (Art. 65 CE).

Sin embargo, de hecho parece que el Rey actual se ha reservado parcelas de poder real en la estructura del Estado, un comportamiento con la Reina consorte que no casa con las obligaciones de respeto que el Código Civil demanda al resto de los españoles con sus cónyuges y un entendimiento muy laxo sobre cuáles son los límites de la gestión de su patrimonio personal, a pesar de que recibe de los presupuestos públicos una partida anual para el sostenimiento de su familia (Art. 65).

2) La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

Esto debe entenderse como impunidad en el ámbito penal (Art. 56.3 CE). Este privilegio no se puede extender a otros miembros de su familia y, obviamente, a sus amistades, por muy entrañables que éstas sean.

3) Inhabilitación del Rey.

No obstante, y a pesar de la falta de validez de los actos del Rey sin el refrendo del presidente del gobierno o sus ministros, si sus actuaciones personales vulneran las leyes, son gravemente desacertadas o simplemente pierde la cordura o la disponibilidad, cabe la posibilidad de que las Cortes Generales reconozcan la causa concreta de inhabilitación y conviertan en Regente al príncipe heredero (Art. 59.2 CE). Esta vía de impeachment al Rey puede ser evitada por el interesado mediante la abdicación.

Por todo ello, llama la atención que nadie dentro del estamento político haya promovido de forma seria la activación de las previsiones constitucionales en esta materia, ante la conducta inapropiada (que diría Bill Clinton) de Juan Carlos I y, cuando menos, culpa in vigilando a las personas de la Casa Real investigadas en el caso Instituo Nóos de malversación de fondos públicos.

Las pruebas sobre una actuación indecente del actual Rey en distintas cuestiones no le pueden llevar al banquillo de los acusados, como él muy bien sabe. Incluso si, como parece, los indicios de criminalidad se agolpan contra su hija, su yerno y personal de la Casa Real. En el lodazal de la corrupción de los partidos que ahora le protegen, las críticas sensatas al monarca actual se vituperan como invectivas "antisistema", impidiendo la propia regeneración mediante los mecanismos previstos en la constitución. Ese tapón puede estallar algún día con imprevisibles consecuencias.

Sin que su familia ni la propia monarquía me produzcan ningún entusiasmo, observo más ventajas en mantenerla que en un régimen republicano, donde las tendencias sectarias son conocidas en la política española. Ahora bien, el buen hacer, la pulcritud y la honradez en el servicio al país al que el Rey debe unos inmensos privilegios deben hacerle recapacitar. Abdique, Majestad y no se convierta en el carcamal que impedía el cambio cuando vivía. ¿Recuerda?

¿Es deseable la transparencia en los mercados?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los fallos de mercado que identifican los economistas mainstream con la idea de justificar intervenciones en los mismos es el de falta de transparencia para la información, o existencia de asimetrías informativas. Esto es, que no todos los participantes en el mercado tienen la misma información, o que existen costes para su obtención.

Tal supuesto fallo de mercado es fácilmente trazable a una de las condiciones exigidas por el modelo de competencia perfecta, que es la referencia de buen funcionamiento de mercado utilizando por dichos economistas. En concreto, se exige que exista información perfecta para todos los participantes en el mercado.

La pregunta que se nos plantea es si realmente es deseable para el individuo y para la sociedad que los mercados sean perfectamente transparentes. Cuando se analizan otras de las condiciones exigidas por el modelo de competencia perfecta es relativamente fácil constatar que su cumplimiento sería malo para la gente. Por ejemplo, el supuesto de homogeneidad de bienes implicaría que todos los bienes son exactamente iguales y no habría diferenciación. Y, sin embargo, hay pocas dudas de que la existencia de variedad de bienes aporta riqueza a la sociedad, al satisfacer de forma más precisa las diferentes necesidades de cada individuo.

Idénticamente, el supuesto de empresas atomizadas supondría una merma de bienestar social, puesto que no se podrían explotar las economías de escala que permiten enormes ahorros de recursos, y que incluso han sido vistas como fundamentales para el desarrollo por algunos economistas como Lachmann.

Sin embargo, a primera vista podría parecer que la transparencia perfecta de la información, un mercado perfectamente transparente en que todo el mundo tuviera la misma información a coste cero, sí sería deseable para la sociedad. Si esto fuera así, estaría justificada la regulación del mercado para eliminar este fallo.

Dejemos de lado la evidente imposibilidad de conseguir tal objetivo, y centrémonos simplemente en analizar si ésta sería una situación óptima para un mercado real.

Empecemos por algo que puede parecer anecdótico. En un mundo de información perfecta, no existirían las sorpresas, pues todo lo sabemos a priori. Ello conllevaría de forma inmediata la desaparición de enormes segmentos de la industria del ocio, pues ya conoceríamos el contenido de libros, películas, canciones… según fueran creadas o puestas en el mercado. Incluso conoceríamos ya las sensaciones provocadas por posibles nuevas experiencias.

Todo ello supondría una pérdida de riqueza, pues la gente demanda sorpresas y las valora, lo que da lugar a las industrias citadas. De ello se deduciría que, al menos en determinadas industrias (las de la "sorpresa") la transparencia de información es indeseable para la sociedad. A la vista del análisis, creo que un economista mainstream coincidiría conmigo en que estas industrias no deberían regularse (para mejorar su transparencia).

Pero, ¿qué ocurre con las demás? Soslayando un nuevo inconveniente, el de identificar cuáles industrias son de la "sorpresa" y cuáles no, tratemos de progresar en el análisis. Sea cual sea la industria, estará basada en la utilización de factores de producción que, necesariamente, han de ser escasos. Por ello, cuando una empresa hace una oferta de un producto, el stock del mismo tiene necesariamente un límite.

La imperfección en la transparencia de la información fuerza a los individuos a buscar las ofertas que les convienen. Así, la citada oferta es más probable que sea encontrada por los individuos más interesados en el bien, de los que cabe esperar que más lo valoren. En este sentido, la falta de transparencia ayuda a que los recursos vayan allá donde más se precisan y valoran, por lo que es beneficiosa para la sociedad.

Desde otro punto de vista, la transparencia del mercado impediría la especialización del trabajo, pues todo el mundo sabría lo mismo, con independencia de quien generara el conocimiento. En estas condiciones, ¿quién tendría incentivos para generar conocimiento? Llevado al extremo absurdo, en un mercado transparente no sería necesario generar conocimiento, pues todo es conocido ya en el presente. Pero eso nos llevaría a deducir que si todo lo sabemos ya, es que ya estamos en la mejor situación posible y nada puede cambiar. Lo que nos lleva a la consecuencia de que en un mercado perfectamente transparente es imposible o no tendría sentido la innovación. En un mercado perfectamente transparente, por tanto, se ha creado ya toda la riqueza posible y lo único que cabe es apurar su reparto. En suma, se trata de un mercado que nos satisface perfectamente a todos, ahora y para siempre. ¿Es deseable un mercado así? ¿No podemos cambiar de preferencias?

Con todo, queda aún una objeción más grave a la conveniencia de la información perfecta. Y es que ello supondría que todos los individuos somos iguales. En efecto, aun aceptándose la existencia de información perfecta en el mercado para todos sus participantes, lo cierto es que cada individuo procesa dicha información de forma distinta, generando un conocimiento empresarial variable, en función de su contexto, experiencia, sensibilidad, interés… Así pues, una misma información puede dar lugar a reacciones completamente distintas en diferentes individuos. Por tanto, el supuesto de que todos los participantes tienen la misma información, implica necesariamente que todos generan el mismo conocimiento empresarial (pues es en este en el que se basan las decisiones) y, en definitiva, que todos los individuos son idénticos.

En mi opinión, si todos los individuos fuéramos idénticos, la sociedad sería mucho más pobre. No habría innovación, no habría ofertas, no habría "sorpresas". Pero seguro estoy de que nada de esto será óbice para que los economistas mainstream sigan pensando que un mercado funcionando con transparencia perfecta es el que maximiza el bienestar social.

Derecho al olvido… de la libertad

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La historia de un ciudadano español, enfrentado a Google ante el Tribunal de Justicia Europeo para que el buscador respete su ‘derecho al olvido’, ha ocupado, a la espera de que se dicte sentencia, numerosos espacios en medios de comunicación tanto españoles como extranjeros. Tal como se ha presentado en casi todas las ocasiones, tiene todos los elementos para hacer sentir la simpatía por el ciudadano que ve como un gigante empresarial pisotea sus derechos y decide, cual moderno David frente a Goliat, hacer frente en solitario al todopoderoso sin más arma que su dignidad y su sentido de la justicia.

Sin embargo, las cosas no son tan simples. Mario Costeja González, nuestro protagonista, no es un héroe solitario. En su enfrentamiento con Google tiene de su lado ni más ni menos que a la maquinaria del Estado. En concreto, acude ante los tribunales europeos apoyado por la Agencia de Protección de Datos. Segundo, Google es una empresa gigantesca, pero dista mucho de ser todopoderosa. Ya hemos visto como, por ejemplo, en Francia se doblegaba ante la actuación de un François Hollande que actuaba como un vulgar matón al servicio de la prensa de su país.

Y, en tercer lugar, no puede asegurarse de forma contundente que el derecho pisoteado sea tal. Es más, su implementación puede suponer riesgos reales para la libertad de expresión y para el propio funcionamiento de internet tal y como lo conocemos.

Costeja González (divorciado y parece ser que sin deudas pendientes) dice en una entrevista: “Según Google, sigo siendo deudor y casado”. Reconozcamos que la frase es impactante, buena para un titular periodístico, pero no responde a la realidad. Lo único que hace el buscador es ofrecer, entre muchos otros, un enlace a una página de un periódico de hace 15 años en la que él aparecía con esa condición. A nuestro protagonista le molesta que eso se pueda encontrar con cierta facilidad en la red, es comprensible, pero su pretensión de que Google deje de indexar por orden judicial el contenido en cuestión puede tener serias consecuencias.

En un plano general, puede afectar al propio funcionamiento de los buscadores (Google y otros), uno de los elementos fundamentales de internet. Si Google es obligada a dejar de enlazar los contenidos que pide el demandante, se abre la puerta a un escenario tremendo: todo aquel que sienta que le perjudica un resultado de búsqueda que haga referencia al pasado, pasará a reclamar la desaparición de dicho resultado. Si los periódicos en su día informaron de la condena a un terrorista, por ejemplo, este último podría (una vez cumplida su pena) reclamar su ‘derecho al olvido’ y obligar a bloquear cualquier resultado que lleve a una noticia sobre la sentencia que se le impuso.

También habría reclamaciones menores, como las referidas a multas de tráfico u otras sanciones administrativas que hayan aparecido en un boletín oficial. Si se multiplican unas y otras, los buscadores terminarían eliminando por defecto miles de resultados de búsqueda para así evitarse posibles problemas.

Pero hay más problemas. Uno especialmente importante es el referido a la libertad de expresión. Impedir, por orden de los poderes públicos, que los ciudadanos accedan a un contenido determinado es una forma de censura. Se nos dirá que no se pretende imponer que los periódicos borren los contenidos de sus páginas, por lo que dicha libertad de expresión no se vería afectada. Sin embargo, el efecto sería casi el mismo, puesto que para muchas personas sería imposible o casi imposible acceder a esos contenidos. La censura no es necesariamente destruir unos textos, imágenes o sonidos; basta con impedir que lleguen al público.

Y, una vez que se establece un antecedente, se abre toda una gama de posibilidades. Tras obligar a los grandes motores de búsqueda a eliminar resultados, ¿por qué no hacer lo mismo en los buscadores internos de periódicos y otras páginas? Y si enlazar a un contenido referido al pasado atenta contra el supuesto ‘derecho al olvido’, ¿publicar en un texto nuevo que alguien fue multado o condenado hace quince años no lo haría también? ¿Prohibimos entonces cualquier texto o material audiovisual que haga referencia al pasado? Sería la amnesia impuesta desde el Estado o el Supraestado Europeo. Una amnesia totalmente liberticida.

Para terminar, una última reflexión. Si lo que desea el demandante es que no se indexe un contenido concreto, tal vez debería haber acudido –no sabemos si lo hizo– al periódico que lo publicó. Para los responsables del medio sería muy fácil impedir que se indexara, bastaría con introducir un mínimo cambio en el código de la página afectada.

El Gobierno, y no la grasa, engorda

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

"Predigo la felicidad futura para los americanos siempre que el Gobierno no malgaste el esfuerzo de la gente bajo la pretensión de querer cuidar de ella".
Thomas Jefferson (1743-1826).

Dicen, y estoy de acuerdo, que hablar de Gobierno limitado es un desiderátum contrario a la realidad pues la realidad misma del Gobierno –como de cualquier monopolio- es crecer y expandirse ajeno a limitaciones. En este sentido, desde el comienzo de las democracias liberales allá por la Ilustración el Gobierno ha irremediablemente crecido y engordado a expensas de la sociedad civil. Pero en esta ocasión no me quiero referir a esto, sino a otra cuestión con matiz: el Gobierno te engorda. Me explicaré.

Decir que la grasa no engorda y, aún más, que hay que comer grasa para perder grasa es sencillamente una herejía nutricional. Esto da muestra de hasta qué punto hemos asumido unas recomendaciones pasadas por agua y contrarias a las evidencias. En los años 50, Kekwick y Pawan, de la Universidad de Londres, publicaron un estudio tan revelador como hoy ignorado. Sometieron a dos grupos de pacientes a una dieta muy baja en calorías, exactamente 1.000 diarias. Pero mientras un grupo consumía el 90% de dichas calorías provenientes de carbohidratos, el otro grupo consumía el 90% procedentes de la grasa. ¿Qué sucedió? Sólo perdieron peso los que consumieron un 90% de sus calorías en forma de grasa.

En el fondo, sólo hay que salir ahí fuera: desde los 70 hasta los 2000 los norteamericanos han reducido del 40% al 34% el aporte de sus calorías totales en forma de grasas y aun así han ostensiblemente engordado. Para entender nuestra sociedad grasofóbica, engañada y por ende ‘enfermante’ es imprescindible entender el rol del que parece haberse convertido en uno de los mayores enemigos de la salud pública: el Gobierno.

Los norteamericanos como nación, y el resto de países occidentales por imitación, comenzaron poco a poco a reducir el consumo de grasas –especialmente animales- tras la II Guerra Mundial impelidos por las recomendaciones políticas que tomaron forma definitiva y oficial en los Objetivos Dietéticos para los Estados Unidos de 1977. Si el Gobierno urgía a reducir el consumo de grasas, la consecuencia lógica acabó produciéndose: desde los años 70 hasta finales de los 2000, el 65% del aumento de calorías totales en la dieta del estadounidense medio no se debe a la grasa, sino a los carbohidratos.

En realidad, aquellos Objetivos Dietéticos de 1977 sólo fueron el comienzo de un constante hostigamiento burocrático contra la grasa acompañado del consiguiente ungimiento de los carbohidratos como nutriente perfecto. Así, en 1986 la FDA afirmó que el azúcar no sólo era seguro sino además saludable, ¡incluso para los diabéticos! No es de extrañar que la Asociación Americana de Diabetes (ADA), promocionada por el Gobierno americano, promueva entre los diabéticos dietas altas en carbohidratos, precisamente aquéllas que desmandarán sus niveles de glucosa e insulina. Es como recomendar trabajar en una central nuclear para prevenir el cáncer. Saber que Schweppes es una de las fuentes de financiación principales de la ADA puede hacernos entender algunas cosas. Y quien diga que con la llegada de los 2000 esta pesadilla comenzó a llegar a su fin se equivoca, y mucho: en 2011 el Congreso americano aprobó que la salsa de pizza se contaría como una ración de vegetales en los colegios. Y hablando de colegios, no olvidemos que la expropiación gubernamental de la educación ciudadana tiene realmente un profundo objetivo: la expropiación de nuestras mentes.

Al extenderse como la pólvora el mantra de lo desnatado y desgrasado al límite que ya sólo nos conformamos con el absoluto 0% de grasas, la desnutrición ha ido de la mano. Cómo puede uno obtener y absorber nutrientes esenciales solubles en grasa como las vitaminas A, E, D o K2 con una dieta sin prácticamente grasa permanece como uno de esos misterios que jamás se plantearán las preclaras mentes políticas, obsesionadas con imponer su verdad siempre antes que dejar que sus ciudadanos practiquen la libertad.

Y es que la verdad por decreto del Gobierno, también en los aspectos nutricionales, ha dramáticamente perjudicado el sano proceso de libre competencia y evolución de ideas, teorías y postulados en el ámbito de la salud y nutrición. Cuando, como es mi caso, uno se propone divulgar la importancia de la limitación de los hidratos de carbono, el infierno metabólico del azúcar y la fructosa aislada, la necesidad de incorporar determinadas grasas animales y tradicionales a nuestra dieta se topa de frente con un difícilmente franqueable muro de millonarias subvenciones gubernamentales que arrollan las mentes de los ciudadanos en forma de maná de carbohidratos caído del cielo como promesa mesiánica de nuestros líderes para una salud perfecta. Y si todo esto luego resulta mentira –que lo resulta-, los políticos vuelven a sacar rédito del asunto en tanto tendremos que pasar por la caja de las farmacéuticas compadreadas por ese mismo Gobierno, instaurándose lo que podemos llamar acertadamente una farmocracia.

El revolucionario y libertario Thomas Jefferson afirmaba que resultaba tiránico que uno tuviera que subsidiar opiniones contrarias a la suya. ¿Por qué tengo con mis impuestos que acabar promoviendo teorías e ideas nutricionales que creo falsas y aun perjudiciales? ¿Por qué tengo que subsidiar con el fruto de mi trabajo detraído en impuestos a los agricultores de maíz, trigo o soja, tres de los cultivos más hipersubvencionados en EEUU? Si en 1982 suponía el 12%, hoy el 23% de los presupuestos de compras de los supermercados norteamericanos va destinado al abastecimiento de dulces y alimentos procesados. Con una economía en crisis, uno acaba reduciendo su presupuesto alimentario. Y, ¿qué es lo más barato? Los alimentos más proinflamatorios y ricos en carbohidratos o grasas artificiales puesto que son los más subvencionados por el Gobierno.

La metafórica mano invisible del mercado y la cooperación voluntaria la hemos sustituido, también alimentariamente, por el puño bien visible del Gobierno y la coacción siempre forzosa. En Estados Unidos y Canadá hace tiempo, por cierto, tiene importante auge el movimiento en favor del etiquetado de los alimentos transgénicos hasta el punto de haber llegado a ser tema de debate político. Se trata al fin y al cabo de saber lo que comemos. En 2018, todos los estadounidenses encontrarán cuidadosamente etiquetados los alimentos con compuestos transgénicos pero no debido a un decreto gubernamental, sino gracias a la decisión de la mayor cadena de alimentación natural del mundo para sus supermercados: la empresa privada Whole Foods Market. Cinco años pues es el plazo para todos los que deseen seguir siendo proveedores del número uno mundial en alimentación natural para adaptarse a este etiquetado. En el asunto de los transgénicos, podemos decir que de momento Empresa privada, 1; Gobierno, 0. Una vez más se demuestra que cuando se le deja funcionar, el proceso de mercado atiende mejor y más rápidamente los intereses de los ciudadanos que el anquilosante proceso político. De hecho, el gigante de la alimentación natural y orgánica Whole Foods Market es producto del emprendedor John Mackey comprometido con demostrar que la conciencia social, comunitaria y la mejora de las condiciones de nuestros prójimos está al otro lado de los predios del Gobierno (donde impera la Ley de Hierro de la Oligarquía); esto es, en la sociedad civil, el tejido de relaciones voluntarias que denominamos "mercados" y el emprendimiento. Mientras el político es un monopolista aprobado o reprobado por los cautivos consumidores de sus servicios cada cuatro años, el empresario es aprobado o reprobado por los voluntarios consumidores de sus servicios cada día. Así pues, en el auténtico proceso de libre competencia, no gana el más fuerte, sino el que mejor sirve a la sociedad, el genuinamente más social cuyo favor del público debe renovar cada uno de sus días.

Quien crea que la nutrición y la ciencia social y política son cosas que deben separarse no alcanza a entender la guerra que hay ahí fuera. Hoy, comer es un acto social y político. En mi caso, seguir la paleodieta antiinflamatoria que promuevo supone un desacato y un acto revolucionario. Y yo me rebelo contra que la verdad absoluta provenga de la Derecha, la Izquierda o el Centro. Porque sólo hay un Abajo de la opresión y coacción, y un Arriba de la emancipación y autonomía de cada individuo.

Sin libertad, y el rechazo del absolutismo del Gobierno, no puede haber Verdad.

juventudybelleza.com / @AdolfoDLozano

Comprendiendo el SAREB

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Comentario diario basado en la entrevista que realizaron al autor en la Crónica de Sevilla.

Un poco de historia. ¿De dónde nace el SAREB?

Durante la burbuja financiera propiciada por la inyección de crédito artificialmente barato por parte de los bancos centrales mediante la reducción de tipos de interés, la banca tuvo la capacidad de expandir del crédito muy por encima del nivel de ahorro. Esto permitió a las entidades financieras reducir los intereses a los que ofrecían crédito a largo plazo, como por ejemplo, el interés de las hipotecas, que cayó del 6,5% en 2001 al 3% en 2004.

Como consecuencia, la demanda de crédito se disparó, pero no así los tipos de interés (como cabría esperar), que se mantuvieron bajos pese a la fuerte demanda. Esto se acabó traduciendo en un aumento del endeudamiento de las familias y empresas (promotoras inmobiliarias y empresas adyacentes) que fueron los agentes que demandaron y recibieron ese crédito artificial. Sin ir más lejos, en el año 2007 alrededor de un 65% de los créditos que daba la banca se orientaron hacia el ladrillo directa o indirectamente. Cerca de 1,2 billones de euros (más del 100% del PIB de España) estaban destinados a financiar al ladrillo fuertemente sobrevalorado.

Por lo tanto teníamos a la banca hiperendeudada a corto plazo para ofrecer préstamos a largo plazo (un peligroso maturity mismatch en toda regla) a unos deudores que sólo podrían pagar si continuaba la exuberancia crediticia y que además poseían activos sobrevalorados como garantía (vivienda y suelo). Un vez se acabaron las fuentes de financiación por el inicio de la crisis internacional, la morosidad aumentó por el paro y el quiebre de empresas, las garantías de los préstamos empezaron a depreciarse y los bancos empezaron a deteriorar su solvencia ya que sus activos disminuían notablemente frente a sus pasivos.

Y aquí entre en juego el SAREB. 

¿Qué es exactamente el SAREB? 

El SAREB, el famoso "banco malo" (que no es un banco sino una entidad gestora de activos), es uno de los tres instrumentos que ha creado el gobierno para rescatar a la banca. El objetivo es limpiar los balances de los bancos con problemas inyectando dinero para adquirir estos activos tóxicos (créditos a promotores e hipotecarios principalmente) con gran descuento, y posteriormente intentar sacarlos al mercado durante los próximos 15 años a precios superiores. 

¿Logrará su objetivo? 

Escuchando a miembros del gobierno, puede parecer que el SAREB es un negocio redondo: compro unos activos a precio bajo y luego los vendo a un precio bastante más alto, y además capitalizo a los bancos. Lamentablemente, esto se asemeja más al timo del entierro (con los contribuyentes como timados) que a otra cosa.

El principal inconveniente es que el gobierno obliga a las entidades a venderles los activos tóxicos al precio y en las condiciones que decida el FROB. Por tanto, dejan de existir las valoraciones y precios de mercado para ser sustituidas por valoraciones políticas totalmente arbitrarias. ¿Qué consecuencias tiene esto? Como estos activos se van a comprar a precios sobrevalorados (lógicamente), el SAREB obtendrá pérdidas porque solamente se podrán dar salida a los activos a precios menores a los adquiridos. Estas pérdidas serán asumidas por los contribuyentes, ya que supondrá haber transferido capital de los ciudadanos a los bancos. Si por el contrario los activos se adquiriesen a precios muy bajos (cosa extremadamente improbable), supondría realizar una quita a accionistas y acreedores de la entidad, que presumiblemente llevaría a su quiebra y a su posterior nacionalización. 

¿Será positivo para la economía? 

El resultado será altamente negativo debido a que se van a retener esos activos fuera del mercado durante 15 años, lo que supone frenar el necesario ajuste de precios de estos activos a la baja y poder ser utilizados en otros planes de negocio y líneas productivos de la economía. Además el acceso a la vivienda será claramente más difícil. Es la consecuencia de cometer el error de intentar mantener los precios de burbuja o semi-burbuja de esos activos.

Jugar a reemplazar al mercado supone actuar con una (fatal) arrogancia que tiene sus consecuencias. Podemos evadir la realidad, pero no podemos evadir las consecuencias de evadir la realidad (Ayn Rand).

Experiencias en otros países como Irlanda 

En Irlanda, se ha aportó al NAMA alrededor de 40.000 millones de euros (más del 25% de su PIB) para adquirir préstamos ‘basura’ y activos ‘tóxicos’ por valor de 78.000 millones de euros (60 % de descuento).

De momento el vehículo acumula pérdidas de unos 1.000 millones y reconoce un deterioro en el valor de sus activos de 1.490 millones en 2010 y de 1.270 millones en 2011. Por tanto, el deterioro total (en relación su coste de adquisición) ya es del 2.750 millones, alrededor del 9% sobre sus activos iniciales. No parece que los precios de los activos se estén revalorizando demasiado… 

¿Alternativas posibles? 

El rescate bancario no debería recaer sobre los contribuyentes, como está ocurriendo actualmente, en donde las pérdidas se están socializando como hemos señalado anteriormente. Las pérdidas bancarias deben recaer sobre los acreedores de los bancos mediante quitas directas o, principalmente, mediante la capitalización de deuda (bail-in). Esto significa en convertir a los acreedores en accionistas convirtiendo la deuda en equity. Es decir, se cobra en títulos de propiedad. La conversión debería ser ordenada y escalonada, convirtiendo en primer lugar toda la deuda subordinada, siguiendo por deudas garantizadas, cédulas hipotecarias y otros pasivos, y dejando depósitos a la vista en último lugar. Lo ideal es tocar poco éstos últimos para no poner en peligro el sistema de pagos y cobros (que es una de las dos funciones importantes de la banca). Es lógico que los acreedores más perjudicados sean los poseedores de deuda subordinada, ya que por su naturaleza están los últimos en el orden de prelación en caso de quiebra del banco. Han asumido más riesgo a cambio de rentabilidades mayores. Son los primeros que deben asumir las pérdidas.

¿Cuál es el mejor y el peor de los escenarios?

Cuando se toman decisiones tan injustas y antieconómicas como la creación de un "banco malo", el resultado sólo puede ser malo y perjudicial. No hay aspectos positivos.

Lo mejor que podría pasar sería que esos activos se vendieran e introdujeran en el mercado lo antes posible con el descuento que fuera necesario. Pensar que esos activos pueden mantenerse a precios de burbuja o semi-burbuja es propio de personas que desconocen por completo las causas y soluciones de los ciclos económicos.

Conclusiones o alguna información que pueda esclarecer más sobre este tema

La cuestión de fondo es quién paga y asume las pérdidas de los bancos. Mi opinión es que estas pérdidas deberían ser asumidas por los acreedores, y no por el resto de ciudadanos que no hemos tenido nada que ver.

Diría como conclusión que necesitamos un modelo de sociedad verdadera y genuinamente capitalista, es decir, que las ganancias y las pérdidas sean privadas. Lo que vemos a diario es que todo el mundo disfruta de las ganancias de sus inversiones, pero cuando obtiene pérdidas intenta que las asuman y paguen los demás. De esta forma la sociedad se vuelve injusta, infantil y poco próspera.

@jmorillobentue

Entrevista realizada por Lola Cebolla @lolacebolla

Integración vertical y evolución de la industria

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

En el sistema productivo, no solamente son importantes las características de los recursos productivos empleados y las complementariedades que existen entre ellos, también resulta fundamental el modo en que se combinan entre sí, en cómo se organizan empresarialmente. Es decir, la propia estructura organizativa de una empresa es importante y es capaz de crear valor por sí misma, aun sin modificar estrictamente los inputs. De ahí que las organizaciones o las estructuras que adoptan las empresas evolutivamente, importen y moldeen la estructura de capital (productiva) de una economía.

El sistema económico se estructura en función de los deseos presentes y futuros de los consumidores. En una industria, dicha estructuración se realiza a través de la realización, a lo largo de las etapas productivas, de un conjunto de actividades que van creando y añadiendo valor al producto que desean los consumidores (esto es, la cadena de valor).

Integración y la tendencia a la desintegración

Una empresa puede desarrollar un producto integrando toda la cadena de valor internamente. La integración vertical en una industria se da sobre todo en situaciones en donde los cambios productivos o las innovaciones son sistémicas (implican modificaciones en todas las etapas de la cadena de valor) y requieren de reorganizaciones a gran escala de las capacidades existentes en la empresa y que no pueden encontrarse en ese momento fuera, en el mercado (por no existir o porque los costes de transacción son elevados).

Sin embargo, tal como resumí en mi último comentario, durante el proceso competitivo y la evolución de la industria, puede suceder que las empresas integradas, que continuamente van innovando y mejorando su producto mucho más de lo que los consumidores están dispuestos a pagar, se vean sorprendidas por nuevas empresas especializadas que irrumpen en el mercado ofreciendo productos más baratos con una funcionalidad mínima o aceptable por consumidores menos exigentes (empresas low cost). Se produce así un proceso de desintegración –o modularización- de la industria que lleva al nacimiento y proliferación de empresas especialistas con una tendencia hacia la estandarización de los productos. Un ejemplo clásico es el de Apple, Samsung y los smartphones, pero existen más áreas en las que puede verse esta evolución (o podría, si no hubiera intervención estatal), como el de la educación –Universidad de Harvard frente a la de UC Berkeley- o la sanidad –hospitales frente a clínicas especializadas, especialistas, atención a domicilio, etc.-).

¿Empresas líderes abocadas a la desintegración?

Surge así una interesante cuestión en torno a la evolución de la industria. ¿Qué ocurre con las empresas líderes que presentan una estructura organizativa integrada? ¿Seguirán la misma tendencia hacia la desintegración? ¿Debería Apple modificar su sistema de producción y diseño de productos (sofisticado) y, en su lugar, adoptar una estructura empresarial similar a la de sus competidores más modular o sencilla (p.ej., el proceso de fabricación del sistema Android)?

El caso es que hay determinadas fuerzas que pueden hacer que una empresa integrada persista en su estructura a pesar de verse rodeada de empresas especialistas o modulares (y no me refiero necesariamente al caso estricto de Apple, que requeriría de un análisis detallado), e incluso sea esta integración vertical una de sus ventajas competitivas (Zara).

Persistencia de las empresas integradas

Por ejemplo, la necesidad de mejorar el producto en el sentido de hacerlo más sencillo o fácil de usar por el consumidor (o la miniaturización en determinados productos) son razones para la integración vertical, o la propia necesidad de nuevamente diferenciar el producto en función de las cambiantes preferencias de los consumidores en un mercado en el que se tiende a la estandarización.

Mantener esta organización integrada aprovecha las interdependencias que se dan entre las partes de la arquitectura del producto de modo que la empresa consiga ese objetivo de diseñar un producto más sencillo y fácil de usar, diferenciarlo o miniaturizarlo, de la manera más eficiente. Es decir, los costes superiores por tener una organización integrada (estructurales, logísticos, de investigación, distribución…) son compensados por la ventaja competitiva propia de este tipo de organizaciones.

Nuevas complementariedades entre empresas integradas y especialistas

Acaso sea más interesante las nuevas relaciones que pueden darse entre la empresa integrada y las especialistas de distintas etapas productivas y cómo estas pueden crear valor para ambos tipos de organizaciones. En este caso asistimos a un nuevo incremento de la complejidad del tejido productivo y del conocimiento, que trae mayores y mejores productos (véase P. Lewin o L. Lachmann), en el que se combina estructuras integradas en las que la información fluye jerárquicamente de arriba abajo, con estructuras especializadas cuyo conocimiento puede fluir en múltiples direcciones.

Así, con los servicios que puede encontrar en las empresas especializadas, la empresa verticalmente integrada puede tener acceso a un conocimiento y unas capacidades productivas que hasta ese momento no encontraba internamente. La empresa integrada, que tiene una superioridad relativa a la hora de desarrollar innovaciones sistémicas, podrá encontrar nuevas complementariedades de su conocimiento y capacidades con las de las empresas especialistas y crear valor. En la medida en que estas nuevas relaciones comerciales que crean valor compensen los costes de permanecer verticalmente integradas, estas empresas coexistirán con empresas especialistas y no tendrán por qué verse irremediablemente obligadas a desintegrarse.

Además, estos nuevos patrones extenderán el conocimiento, la división del capital y promoverán la eficiencia y las innovaciones, creando no sólo nuevos productos finales sino otros bienes de capital (que al ser indivisibles pueden crear economías de escala y alcance, con rendimientos crecientes) que, a su vez, podrán ser utilizados por las empresas y consumidores del futuro para tratar de incrementar más el bienestar…

Por otra parte, pensemos también en que no sólo las especialistas son las que prestan sus servicios (o venden sus bienes) a las integradas, también estas podrán ofrecer sus productos finales o intermedios (de alguna de las etapas de la cadena de valor que integren) a las especialistas (se desacopla la cadena de valor, se bifurca o se crea una nueva, añadiendo complejidad a la estructura de capital). En este caso, las especialistas se aprovecharán de las innovaciones de las empresas integradas y las integradas rentabilizarán determinadas áreas de su negocio y mantendrán su nivel de I+D al capturar beneficios de estas inversiones (piénsese en IBM en los años 90).

Anarquismo liberal sensato

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Anarquismo liberal sensato

El derecho de propiedad o principio ético de no agresión es la única ley universal, simétrica y funcional que permite el desarrollo armónico de los seres humanos. Los contratos libremente pactados generan reglas concretas particulares que, junto con algunas normas tradicionales, facilitan la coordinación social. El Estado, el monopolio impuesto de la coacción y la jurisdicción sobre un territorio y unos súbditos, es ilegítimo en la medida en que no respete los derechos de propiedad y no sea fruto de acuerdos contractuales libremente aceptados por los individuos: las constituciones no son contratos libremente pactados si las mayorías las aprueban en contra de minorías que no tienen oportunidad de rechazarlas. Una sociedad libre no tiene Estado así entendido.

Según el minarquismo un Estado mínimo es necesario para proporcionar a un colectivo ciertos bienes públicos: servicios de defensa y relaciones diplomáticas frente al exterior (evitar ser oprimidos por otros grupos organizados), y legislación, policía y justicia para el orden interior (preservar el orden social y la civilización, resolver conflictos y no caer en la barbarie). El minarquismo delimita las funciones del Estado e intenta controlarlo para evitar su crecimiento liberticida mediante límites constitucionales, contrapesos institucionales o mecanismos de elección de los gobernantes.

Un problema esencial es que estos controles funcionan mal en la práctica, como demuestra el progresivo crecimiento del intervencionismo estatal. Pero un problema más fundamental del minarquismo es la justificación de la delimitación del colectivo organizado por dicho Estado: cómo se define el grupo, qué individuos y qué territorios forman parte del mismo y cuáles no (y por qué), y qué requisitos son necesarios para integrarse en él o abandonarlo. Esto es esencial porque para controlar al poder la voz (libertad de expresión) y el voto (participación política) son mucho menos eficientes que la salida (dejar de formar parte del grupo o no participar en alguna actividad común).

Según el anarquismo liberal (anarcocapitalismo) los monopolios estatales no son necesarios, no son eficientes o incluso son nocivos: la eliminación de la posibilidad de la competencia deteriora la calidad del servicio o incrementa su precio; y además el poder corrompe fácilmente a los gobernantes. Las funciones del Estado deben eliminarse o privatizarse. Los presuntos bienes públicos en realidad no son tales al ser de consumo rival y/o excluible, y pueden prestarse por asociaciones, empresas o cooperativas privadas: agencias de seguridad, jueces en competencia, producción de ley mediante cláusulas contractuales.

El anarquismo liberal basa sus argumentaciones en dos ideas problemáticas que suelen proceder del ámbito de la ciencia económica: que los individuos, con sus derechos de propiedad bien asignados y separados, se integran en la sociedad porque perciben racionalmente los beneficios de la especialización, la división del trabajo y los intercambios de mercado; y que la fuerza y la seguridad son servicios como cualquier otro, y pueden producirse y distribuirse en un mercado por diversos competidores especializados.

Pero la biología y la antropología muestran que los grupos sociales animales y humanos son adaptaciones evolutivas para la supervivencia que aprovechan tres fenómenos: 1. concentración de esfuerzos; 2. compensación de riesgos; y 3. especialización. Y además la fuerza es un bien o servicio con características particulares esenciales.

1. Concentración de esfuerzos iguales: la unión hace la fuerza (rendimientos de escala), tanto para atacar como para defenderse. La acción coordinada de varios agentes semejantes tiene efectos fuertemente no lineales: varios pueden empujar y mover de una sola vez un obstáculo que uno solo no podrá mover nunca por muchas veces que lo intente. Si dos iguales luchan, la mitad de las veces vence cada uno (o siempre empatan); pero si dos luchan contra uno, no hay dos tercios de victorias para los dos y un tercio para el uno, sino que los dos vencerán prácticamente siempre. Varios cazadores pueden rodear a una presa, lo que para uno solo es imposible. Siendo muchos puede merecer la pena invertir en un bien común como un nido o refugio, lo cual además localiza al grupo y le da unidad y continuidad temporal.

2. Compensación de riesgos: reciprocidad de la ayuda ante eventos aleatorios. Si tengo un accidente y estoy solo, mis posibilidades de supervivencia son mucho menores que si alguien puede ayudarme a recuperarme, recibiendo un gran beneficio a poco coste para otros. Si me sobra comida puedo compartirla con quienes hoy no la han conseguido y la necesitan urgentemente, confiando en que en el futuro harán lo mismo por mí.

3. Especialización: complementariedad entre diferentes. Puede ser sólo temporal: yo vigilo y protejo a las crías o el nido mientras tú cavas o buscas comida, y luego cambiamos de rol. O más permanente, según las características del individuo (sexo, casta, edad) o sus habilidades y preferencias (profesiones).

Los humanos son animales hipersociales y nacen, crecen y viven por lo general como miembros integrados en grupos que se conciben como unidades diferenciadas y con los cuales se sienten identificados. En los grupos algunas cosas son propiedad individual y otras se comparten, por algún subgrupo (una choza familiar) o por todo el grupo (zonas comunes como calles, plazas, terrenos de caza o recolección), porque son difícilmente separables, porque se conservan mal (comida que se estropea) o porque los individuos no quieren separarlas. Los bienes comunes son privados en el sentido de que no se permite su uso por otros grupos, y colectivos en el sentido de que están al alcance de todos los miembros del grupo: para estos bienes son necesarias reglas de uso o mecanismos de gestión (gobierno del común) para mantenerlos y evitar abusos y conflictos (tragedia de los bienes comunes).

Además los grupos realizan ciertas acciones como unidades integradas y coordinadas en relación con otros grupos o individuos: la persona es la unidad fundamental de análisis para la acción, pero no es el único nivel posible, ya que existe acción a niveles inferiores y superiores. Una de estas actividades colectivas es la guerra contra otros grupos (esto no implica que todos los miembros participen por igual). Las agresiones individuales a pequeña escala (dentro de un grupo o entre individuos de grupos diferentes) son claramente diferentes de las agresiones entre colectivos. El uso de la fuerza a gran escala no se decide de forma individual, y la acción bélica es mucho más eficiente cuando está planificada y coordinada de forma más o menos centralizada: no lucha cada uno por su cuenta sino que se integra en equipos cohesionados y bajo un mando jerárquico.

La fuerza coactiva o violencia es un bien o servicio particular: en realidad es un mal para quien la sufre, para quien es atacado, es la capacidad de hacer daño (salvo los aspectos defensivos de la seguridad, como los escudos). Además los beneficiarios de la fuerza ajena pueden convertirse con facilidad en víctimas o perjudicados por la misma: es un servicio fácilmente invertible, de positivo a negativo, el que me defiende puede atacarme. Otras cosas son bienes cuando se reciben, y la situación es neutra cuando no se reciben, pero no tienen un lado negativo: me beneficia recibir pan, me deja indiferente no recibirlo, pero no puedes agredirme con el pan; si tú no me vendes pan me lo vende otro, o lo produzco yo mismo, o como otra cosa.

Externalizar completamente la seguridad es peligroso: no desarrollar en absoluto ninguna capacidad de defenderme por mí mismo implica quedar a merced de los fuertes; tal vez pueda encontrar a otros poderosos que me defiendan, pero quizás no sea así o incluso muchos se pongan de acuerdo contra mí. Un mercenario puede defenderme a cambio de dinero, pero también puede directamente robarme ese dinero e incluso matarme, o trabajar para mis enemigos.

Existe un caso en el cual los que pueden atacarme sin riesgo no lo hacen: porque no quieren hacerlo, les importo, soy de su familia o de su grupo, de los suyos; sienten amor o lealtad hacia mí y pueden incluso sacrificarse por patriotismo por el colectivo.

Además el uso de la fuerza tiene un carácter fuertemente local: para defender o atacar suele ser necesario estar cerca (aunque los proyectiles aumentan el alcance, y es posible proteger de forma indirecta sin estar presente con amenazas de represalias futuras contra los eventuales agresores).

Por estos motivos la seguridad suele conseguirse mediante cooperativas relacionadas con la convivencia (los que te importan y están más cerca) más que mediante empresas externas, que pueden ser un complemento. E igual que los individuos se integran en grupos (en realidad nacen y crecen en ellos), los grupos suelen asociarse unos con otros a niveles superiores de agregación mediante lazos de amistad y lealtad para defenderse o atacar conjuntamente a otros grupos. En estas agregaciones se fomenta la sensación de pertenencia y las obligaciones mutuas: un ataque a un miembro de un grupo o alianza es un ataque contra todos los miembros. Los individuos o grupos aislados o desorganizados tienden a ser oprimidos (o desplazados a zonas pobres o de difícil acceso) por los grupos organizados y cohesionados más poderosos.

Los grupos pueden ser pequeños o grandes, estáticos o dinámicos, simples o complejos, y estas diferencias son esenciales porque lo que funciona en unos puede no funcionar en otros: hay mecanismos de gestión no escalables (el tamaño importa), o que sólo son aplicables a sistemas simples y estáticos (la coordinación es difícil).

La asociación cooperativa para la defensa tiene riesgos internos, sobre todo cuando el grupo crece en tamaño y complejidad: que unos se escaqueen y se aprovechen de los esfuerzos y riesgos de otros sin ofrecer suficiente valor a cambio; que algunos sean obligados a participar de la asociación en contra de sus preferencias e intereses; que los lazos afectivos y los mecanismos de supervisión y control se pierdan o debiliten y los soldados y policías opriman (dictaduras) o parasiten (funcionarios ineficientes) a los demás ciudadanos.

Robin Hood era libertario

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

La figura de Robin Hood es una de las banderas políticas favoritas del socialismo. La supuesta historia de un simpático justiciero que robaba a los malvados ricos para entregar la riqueza a los pobres no ha sido desaprovechada por la familia socialista. La usan como símbolo de la redistribución de la riqueza y de los impuestos progresivos. Es como si hubieran encontrado un manual de fiscalidad socialdemócrata entre las leyendas de la Inglaterra medieval. Con el respaldo de tan heroico personaje no hace falta argumentación, basta con decretar el correspondiente impuesto redistributivo.

En infinidad de ocasiones se ha utilizado la figura de Robin Hood para representar a todo justiciero socialista. El recientemente fallecido Hugo Chávez, por ejemplo, era considerado todo un Robin Hood moderno por sus seguidores, como afirma The Economist. En España también tenemos la suerte de contar con nuestro propio justiciero: Sánchez Gordillo. El héroe andaluz, alcalde de Marinaleda y distinguido sindicalista, fue un fenómeno mediático en todo el mundo cuando asaltó varios supermercados por considerar que no asignaban los alimentos de manera socialista. Por algún motivo, para Sánchez Gordillo lo que mejor representa al concepto de "rico" es un supermercado de pueblo, probablemente por estar formado a partir del perverso término "mercado".

En las últimas fechas el argumento de Robin Hood se está usando para defender lo que parece la inminente llegada a Europa de la Tasa Tobin. En Estados Unidos y Reino Unido, incluso, hay un movimiento denominado Robin Hood Tax que exige la aplicación de dicho impuesto. La Tasa Tobin fue un impuesto propuesto por el Nobel James Tobin que pretendía gravar las operaciones con divisas, argumentando, erróneamente, que disuadiendo a los perversos especuladores se reducía la volatilidad en los tipos de cambio. El propio Tobin se retractó al darse cuenta de la inutilidad de su propuesta, pero eso no ha impedido que todo buen populista siga exigiendo que se saque adelante. No sólo para las divisas, sino para la mayor parte de las transacciones financieras.

Los partidarios modernos de la Tasa Tobin, como el ex ministro socialista Jordi Sevilla en El Mundo o Xavier Vidal-Folch en El País, dan fundamentalmente dos argumentos. La primera es la intención original del propio Tobin: creer que al disuadir las operaciones a corto plazo se reduce la volatilidad. Pero cualquiera que sepa un poco sobre mercados financieros sabrá que, precisamente, lo que hacen los especuladores es dar contrapartida a los inversores a largo plazo. Aportan liquidez y profundidad al mercado, reduciendo el spread entre los precios de compra y los de venta y, por tanto, reducen la volatilidad. Al competir en comprar cuando el precio cae y vender cuando sube lo que se produce es un aplastamiento de la cotización. Es, de hecho, en los valores sin especulación y con pocas operaciones en los que para tomar o deshacer una posición cuesta más encontrar contrapartida, y, por tanto, hay que subir o bajar el precio hasta que la operación case. En pocas palabras, cuantas menos operaciones en un mercado, más volátil es la cotización.

El segundo argumento esgrimido por los pro Tobin nos devuelve al asunto principal de este artículo: Robin Hood. El venerable impuesto quitaría dinero a los odiosos banqueros y especuladores y se lo daría a los pobres. Es difícil pensar en algo más placentero y desestresante que un buen arreón a los culpables de todos los males imaginables mientras se soluciona la pobreza en el mundo. Pero… un momento. ¿Sería esto lo que realmente ocurriría con la Tasa Tobin? En absoluto. Cualquier impuesto sobre una transacción impacta sobre las dos partes, y en un proceso dinámico se repercute sobre quienes están conectados a estas partes. En resumen, quienes principalmente pagarían por esto serían las familias y las empresas, que son quienes terminan estando detrás de los intermediarios financieros. ¿Pero al menos sería por una buena causa? Actualmente la gran discusión en Europa es si lo recaudado va a ir destinado a las arcas de la burocracia comunitaria, o a pagar los irresponsables déficits de los gobiernos miembros. Por enésima vez, la bandera de Robin Hood se agita para terminar sablando a los ciudadanos para pagar a los políticos.

Recomiendo un saludable ejercicio a todo aquel que utiliza el argumento de Robin Hood para defender todo tipo de impuestos: acérquense, aunque sea superficialmente, a la leyenda del forajido inglés. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Eran los empresarios y los prestamistas? Para nada. Era el Príncipe Juan Sin Tierra. Su brazo ejecutor, el Sheriff de Nottingham, no era un banquero, sino el recaudador de impuestos. En una palabra, el enemigo era el Estado. Según la leyenda, el problema era que el nivel de impuestos era tan elevado que la gente vivía en la miseria. Robin Hood no robaba a los ricos, sino que se dedicaba a devolver a sus legítimos dueños el dinero previamente usurpado por los prohibitivos impuestos. Si hubiera vivido en nuestros días, Robin Hood no habría apoyado a quienes usan su nombre para promover la Tasa Tobin, ni la redistribución de la riqueza. No habría sido partidario del socialismo, sino todo lo contrario. Robin Hood era libertario.

Ley de Hierro de la Oligarquía

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Ley de Hierro de la Oligarquía

Existe una ley de carácter universal, que diferencia entre las formas de gobierno y las formas de régimen y que, en palabras del catedrático Dalmacio Negro [1], indica cómo: "los gobiernos son siempre oligárquicos con independencia de las circunstancias, el talante y las intenciones de los escritores políticos y de los políticos".

En otras palabras, los regímenes son materialmente oligárquicos aunque no lo sean formalmente las formas de gobierno. Las familias que acceden a la oligarquía forman un grupo más o menos reducido de la sociedad política. La estructura institucional del régimen político determina que sea más cerrada o más abierta la sociedad política, de modo que haya más o menos personas que influyan en la población como "think makers" y que accedan con mayor o menor facilidad a los puestos públicos de "decisión maker". Se trata de una regularidad de la clase política o, si se prefiere, de una ley de la naturaleza humana que es inmanente a todas las formas de gobierno, cuyo descubrimiento formal fue realizado por Robert Michels [2].

 Grado de oligarquización de la sociedad

Existen dos conceptos que permiten analizar el grado de oligarquización de una sociedad. Hay que diferenciar entre la potestas (o poder formal) y la autoritas (o influencia o poder informal). Por un lado, las formas de gobierno constituyen una estructura formal que determina el número de responsables del mando en la sociedad y su grado de poder sobre los ciudadanos. Y, por otro lado, las formas de régimen constituyen el funcionamiento efectivo del orden político que determina el número de personas influyentes y su grado de influencia sobre los individuos.

De hecho, las disputas políticas en el medio y largo plazo giran entorno al grado de oligarquización de los regímenes. Así, por ejemplo, se puede tener una democracia multipartidista que formalmente establezca una sociedad abierta pero, en función del grado de involución institucional, seguir manteniéndose la casta política, heredada de una dictadura previa. Es decir, una cosa es la estructura formal y otra cosa es el régimen político. El régimen puede seguir siendo cerrado y, de hecho, sin financiación transparente y sin democracia interna, prevalecer el inmovilismo y el sometimiento a la autoridad en el seno de las instituciones, sobre el mérito y la capacidad de las personas.

De ahí, la importancia del marco institucional de cada país y de las características institucionales que lo definen porque el grado de oligarquización de la sociedad depende mucho de la dispersión pluralista del poder: la separación "real" de poderes, la independencia judicial "efectiva", el cumplimiento "estricto" de la Ley, el principio de consentimiento de los ciudadanos ante las decisiones políticas trascendentales…

Sin embargo, en última instancia, como señalaban Montesquieu o Tocqueville, la religión y las virtudes del êthos son las que moderan la oligarquía. Por ello, desde su agnosticismo, Friedrich A. Hayek llegó a la conclusión de que las religiones eran los "guardianes de la tradición" porque la existencia de un orden extenso, complejo y abierto de colaboración humana que es los que constituye una sociedad civilizada depende de que estén arraigados, entre la mayoría de los ciudadanos, ciertas instituciones morales como el respeto por la vida, la familia, la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos, el dinero…

Las instituciones morales que arraigan en la población por medio de la autoritas de las religiones (y, últimamente, de las ideologías) son el contrapeso que controla la evolución o involución institucional de la potestas un país y, por tanto, también el grado de oligarquización de la sociedad.

 Ideologías Colectivistas

Por ello, las ideologías colectivistas intentan imponer la democracia formal como religión civil e intentan controlar la educación y los medios de comunicación en aquellos territorios donde logran el poder político.

Sin excepción, todas los gobiernos colectivistas instrumentalizan el Estado de Derecho, intentan cambiar las virtudes del "êthos" por medio de legislación "al servicio de la política y no de los ciudadanos" pero, significativamente, extienden el incumplimiento de la Ley ("rule of Law") y la impunidad ante los delitos de la oligarquía.

Y, sin excepción, la sucesión en el poder de los gobiernos colectivistas se puede observar en la "híper-legislación" del Parlamento con una permanente acción legislativa "destructiva" del "êthos" o del conjunto de valores morales mayoritario entre los ciudadanos. 

Regímenes Colectivistas

Con el paso de las décadas, se puede identificar la imposición de un régimen colectivista sobre la población de un territorio porque se observan tres hechos concretos:

1) el aumento constante del tamaño del Estado –actualmente en Europa el sector público rebasa el 50% del PIB en muchos países— hasta niveles económica ineficientes,

2) la cristalización de una casta política y,

3) la tiranía del consenso de los valores colectivistas con todos los partidos políticos partiendo de presupuestos idénticos como, por ejemplo, el culto y endiosamiento del Estado, el ateísmo antirreligioso, las bioideologías, el socialismo de Mercado o, si se prefiere, el capitalismo de Estado.

Se puede observar cómo, reiteradamente, cuando detentan cargos públicos, los "socialistas de todos los partidos" actúan a favor de los privilegios de la casta política y sus redes clientelares y en contra de los derechos individuales y de las soluciones de libre mercado. Así, al alcanzar el poder, los sucesivos "gobiernos intervencionistas" intentan expandir el poder político para abarcar los últimos rincones de la sociedad, entrando a legislar e imponer normas sobre los aspectos más íntimos de la libertad del individuo como la vida, la familia, el idioma, la educación, la propiedad, la información libre o la libertad de empresa.

En definitiva, son las ideologías colectivistas las que, permanentemente, intentan aumentar el grado de "oligarquización" de la sociedad. Y la observación de la realidad política nos permite constatar que se cumple la ley de hierro de la oligarquía. 

[1] (Negro, D.: 2013). Ley de hierro de la Oligarquía. Pleno del 15 de enero de 2013. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid. [*]

[2] (Michels, R.: 1962 [1910]). Political Parties. A Sociological Study f the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Library of Congress. Transaction Publishers. New Jersey. USA. [**]

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Nueva lección de democracia a Cristina Kirchner

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Kirchner inició hace más de una año una suerte de cruzada, exigiendo las Malvinas. Era sabedora de que enarbolando esta bandera, podría lograr, por un lado, dosis de adhesión hacia su proyecto político, y por otro, desviar la atención de la precaria situación por la que atraviesa su pueblo.

Sin embargo, hasta el día de hoy, más allá de exaltaciones de rancio patriotismo, poco más ha obtenido. Por el contrario, el gobierno británico ha resistido las diferentes acometidas verbales sin caer en la demagogia, como hubiera gustado en La Casa Rosada, a pesar de que el contexto doméstico que afronta David Cameron no es el más halagüeño.

Tampoco Londres se ha dejado engatusar por declaraciones rimbombantes de intelectuales como Adolfo Pérez Esquivel, quien, más que arremeter contra con una democracia consolidada e histórica como la británica, debería ser más autocrítico con la forma en que se ejerce el poder en su país natal, donde los excesos e injerencias gubernamentales son la pauta oficial.

El tercer actor invitado en esta obra lo representaban los habitantes de Malvinas. Estos siempre han mostrado su rechazo a formar parte de Argentina, entre otras razones porque son espectadores privilegiados del camino que sigue el país bajo los auspicios del Justicialismo (el Peronismo siempre está presente, con independencia del nombre del Presidente).

El alto nivel de vida de Malvinas contrasta con el hecho de que en algunas provincias de Argentina, por asombroso que parezca, el hambre esté presente, a pesar de que si algo caracteriza a su populismo gubernamental es el intervencionismo a gran escala y con diferentes manifestaciones, una de ellas, quizás la más peligrosa, la que adopta la forma de expropiaciones de empresas. A nivel exterior, algunos de los principales socios de Kirchner no muestran ningún respeto hacia los Derechos Humanos, clara evidencia de que entre la teoría y la práctica del actual gobierno argentino existe un abismo.

La consulta celebrada ha transcurrido por los parámetros de la máxima legalidad y respeto hacia las leyes. La presencia de observadores internacionales así lo ha refrendado, pese a lo cual, la voluntad popular no parece inmutar lo más mínimo el ánimo de Fernández de Kirchner. Por el contrario, el Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado en el cual dice que los resultados de la consulta en ningún caso ponen fin a la cuestión de la soberanía, tras lo cual, se emplea el tradicional lenguaje, insistiendo que “el gobierno británico vuelve a manipular”, hablando incluso de “mala fe” por parte del número 10 de Downing Street, todo ello aderezado con las clásicas acusaciones a Reino Unido de “colonialismo”.

A pesar de todo, esta lección que le ha dado Malvinas no debería dejarla de lado el ejecutivo argentino, cuya deriva radical carece de límites. En efecto, si hace un mes fue capaz de llegar a un acuerdo con el gobierno iraní para crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de la AMIA (menospreciando, en consecuencia, a las víctimas y a sus familiares), ahora ha recibido un nuevo toque de atención por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, en cuyo informe final tampoco sale bien parada la dirigente.

En definitiva, el discurso victimista de Fernández de Kirchner está muy gastado en cuanto que conocido. Frente a lo que sucediera en 1982, los argentinos no han dado muestras de inquebrantable adhesión, conscientes de que la mejora a todos los niveles del país nada tiene que ver con Malvinas. Por el contrario, con toda probabilidad a muchos les gustaría tener la calidad de vida que disfrutan los kelpers, no sólo en cuanto a bienestar, que también, sino en lo que a la garantía y salvaguarda de sus libertades se refiere.