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La defensa de lo indefendible y sus agujeros (y II)

La defensa de lo indefendible y sus agujeros (I)

Block dice que los vendedores de droga, en la situación actual de ilegalización, contribuyen a bajar sus precios asumiendo riesgos personales importantes. Pero no considera que a menudo venden productos nocivos, adulterados, de calidad defectuosa, y que suelen utilizar la violencia, con múltiples daños colaterales, para limitar o eliminar a la competencia y así poder mantener en lo posible un monopolio geográfico y precios más altos.

La corrupción del sistema policial y judicial es un fenómeno complejo: por un lado permite que al menos cierta cantidad de droga llegue al mercado a precios algo más bajos; pero por otro genera incentivos para dar poder a policías, jueces y políticos corruptos que tal vez se comporten igual de mal en otros ámbitos de interés común.

Sobre el adicto a las drogas, Block afirma que la opinión mayoritaria (sobre cualquier tema), la mayor parte de las veces, ha sido errónea: es una proposición muy genérica y atrevida para la cual no ofrece ninguna evidencia. La mayoría se puede equivocar, y puede hacerlo muy a menudo, pero asegurar que lo hace la mayor parte de las veces es simplemente excesivo porque en realidad no puede saberlo.

Block asegura que la heroína no puede dañar a nadie excepto a su usuario. Efectivamente el efecto directo nocivo del abuso de una droga sólo lo sufre su usuario; pero el posible deterioro físico y psicológico de un adicto puede doler también a sus seres queridos, que se preocupan por su bienestar.

Los capítulos dedicados al chantaje, al libelo y a la libertad de expresión son especialmente interesantes y problemáticos: ¿existe una libertad de expresión ilimitada o debe restringirse por cuestiones como la intimidad y el honor?; ¿es el derecho de propiedad de cada individuo sobre sus órganos lingüísticos y sobre los medios de comunicación la única norma éticamente legítima?; ¿es legítimo reclamar dinero a cambio de no decir ciertas cosas?

La comunicación es una de las acciones más importantes para los seres humanos, que como animales hipersociales utilizan el lenguaje para interaccionar, relacionarse, compartir información, presentarse ante los demás y manipular a los demás. A los individuos suele importarles lo que otros piensan y dicen de ellos, valoran mucho su reputación y su estatus social, y quieren preservar ámbitos de intimidad. La fuerza física produce daños físicos que se sienten como tales a nivel psicológico; el lenguaje también puede utilizarse para producir daños percibidos subjetivamente (insultos, burlas, difamaciones, difusión de información perjudicial, críticas destructivas, engaños), o para avisar de la posible realización de alguna acción nociva y negociar al respecto (amenazas, chantaje).

La forma más simple de regular el uso del lenguaje, compatible con el derecho fundamental de propiedad, es que cada sujeto tenga pleno derecho a expresar o callar lo que quiera, verdadero o falso, con sus propios medios, sin poder exigir a los demás que le atiendan o le proporcionen recursos para difundir su mensaje; pueden regularse restricciones siempre que sean aceptadas de forma contractual.

Ciertas normas tácitas tradicionales del lenguaje pueden servir para preservar la armonía en un grupo. El lenguaje puede utilizarse para causar conflictos o para ayudar a resolverlos, para fomentar la paz o para avivar el enfrentamiento violento. La convivencia social depende de cómo se utilice y regule el lenguaje. La distorsión de la realidad, la exageración, la mentira y la hipocresía son esenciales: las relaciones amistosas dependen de realizar expresiones de afecto o interés por los demás que suelen ser poco realistas, y de no hacer comentarios ofensivos o molestos; los enemigos sin embargo pueden y deben ser criticados y demonizados.

Estas costumbres sobre el lenguaje, que pueden llegar a convertirse en ley efectiva, tienen diversos inconvenientes: los individuos intentan hacer trampas, pretendiendo ser muy escrupulosos en público pero incumpliendo la norma en privado (cotilleos, rumores, difusión anónima); las normas se utilizan para que no se sepan ciertas verdades, especialmente aquellas que perjudican a los más poderosos; se difunden presuntas verdades oficiales que en realidad convienen a ciertos intereses; prohibir expresiones según si son o no verdaderas implica que alguien conoce la realidad con seguridad, lo cual es muy problemático, y puede dificultar el descubrimiento de la verdad mediante la exploración y el debate crítico entre alternativas.

Existen sesgos psicológicos que favorecen por lo general creerse las cosas frente a no creerlas. Un sano escepticismo puede ser una barrera efectiva contra el engaño (y el autoengaño), pero requiere un cierto esfuerzo de atención crítica. Los individuos pueden volverse muy crédulos si piensan que el gobierno garantiza de forma efectiva la veracidad de las expresiones.

Block afirma que el chantaje contra algunos homosexuales concretos puede haber contribuido a liberar a los homosexuales en general, al acostumbrar a la población a la homosexualidad al hablarse de ella. Esto es muy problemático: si un chantajista exige dinero a cambio de no revelar cierta homosexualidad, si el chantaje es efectivo no se hablará públicamente de la homosexualidad y hará que los homosexuales sean más cuidadosos para no ser descubiertos y sometidos a chantaje; para fomentar que un individuo reconozca su homosexualidad un chantajista debe amenazarlo con revelar algo peor.

A mi juicio Block, obsesionado con que no hay excepciones a la libertad de expresión, cae en el absurdo cuando asegura que la persona que grita “fuego” en un teatro lleno es un héroe que nos recuerda la importancia de la libertad de expresión; incluso imagina que se estaría prohibiendo a sádicos y masoquistas ejercer sus derechos. Parece no entender que existen normas de sentido común por defecto que no es necesario formalizar en un contrato porque se aceptan y entienden de forma tácita, y además sería muy costoso y ridículo explicitarlas en cada acceso a un local público.

Sobre los policías obsesionados con que se cumpla la ley, Block tiene razón en que pueden contribuir a hacer el mal si las leyes son ilegítimas y contrarias a la libertad de los ciudadanos. Pero eso no significa que el policía que vaguea y se echa una siesta sea digno de aplauso, ya que está recibiendo un salario a cambio de nada. El policía que acepta dinero a cambio de hacer la vista gorda y permitir una actividad ilegal pero legítima no está simplemente recibiendo un regalo: habría que ver qué hace ese policía si deja de recibir ese dinero; en realidad lo más probable es que esté chantajeando con un acto violento (el encarcelamiento) si no le dan lo que exige.

Block se equivoca de pleno al considerar un héroe al falsificador no gubernamental de dinero. Su argumento es que el dinero estatal es en realidad dinero falsificado, y que quien roba a un ladrón (o falsifica a un falsificador) no comete ningún delito: ambas ideas son erróneas. Que el Estado gestione mal y de forma ilegítima el dinero no exculpa a los falsificadores. Un monopolista no es un falsificador. Un banquero imprudente, público o privado, que emite demasiados pasivos (billetes y depósitos) o los respalda con activos ilíquidos no es un falsificador.

El dinero estatal de curso legal forzoso es una imposición liberticida pero no una falsificación, no pretende pasar por otra cosa que en realidad no es (salvo en los casos en los que se manipulaba el valor nominal de una moneda). El papel moneda del banco central fue en su momento una promesa de pago convertible o exigible a la vista (no eran certificados de depósito para guarda y custodia emitidos en exceso de las reservas disponibles); su no conversión implicaría un delito de impago, pero no de falsificación. Actualmente el papel moneda no pretende ser una promesa de pago de nada.

Block confunde el sudado de la moneda (agitar monedas en una bolsa para luego recoger y aprovechar el polvo de metal precioso) con su devaluación mediante el sellado a un valor facial mayor que el contenido metálico real.

Un problema típico de algunos liberales es que parecen querer deducirlo todo de algunos axiomas apodícticos irrefutables. Quizás no entienden que lo esencial en lógica es la consistencia, la no contradicción, y que hay proposiciones en los sistemas de ideas que no son simplemente deducibles. Al construir un sistema ético es posible que existan diferentes soluciones o propuestas alternativas para un determinado problema, sin que ninguna de ellas sea deducible de un principio abstracto fundamental: estas opciones deben tratarse como posibilidades, no como necesidades.

Por ejemplo: ¿qué deben decir las normas sobre la recepción y uso de bienes robados?; ¿depende la culpabilidad del vendedor o del comprador de un bien robado de su conocimiento del hecho de que es un bien robado?; ¿quién debe asumir las pérdidas cuando se descubre que un billete es falso? Según Block el que entrega un billete falso (se sobreentiende, supongo, que sin saberlo) es completamente inocente. Pero entonces ¿por qué afirma que probablemente la pérdida debería repartirse entre los dos? ¿Ese “probablemente” expresa que no está seguro de qué debe inferirse de los axiomas básicos de la ética de la libertad, o que reconoce que no hay una sola respuesta deducible de forma única?

Block afirma que no es ningún delito quitarle a un ladrón lo que ha robado, porque el ladrón no es el dueño legítimo. Efectivamente no se comete ningún delito contra el ladrón, pero sí contra el dueño original, ya que se está utilizando su propiedad sin su consentimiento. Quizás todo comprador o receptor de regalos debería asegurarse de que lo que recibe no es material robado o está sujeto a algún tipo de problema de legitimidad.

Que el sistema monetario estatal sea ilegítimo y defectuoso no implica que los falsificadores privados sean héroes. El falsificador privado viola los derechos de gente inocente, no beneficia a grandes cantidades de personas, y asume el mismo riesgo personal que los criminales en general.

Block asegura que el heredero será colocado en un merecido pedestal en nombre del individualismo y la civilización. Pero una cosa es insistir en la importancia del derecho de propiedad y la posibilidad de hacer regalos y otra muy distinta glorificar a quienes reciben herencias, que en principio no han hecho nada por nadie.

Al decir que uno de los grandes males de la caridad es que interfiere con la supervivencia de la especie humana, Block muestra que no entiende bien la evolución biológica, para la cual da una explicación superficial e incompleta. Los rasgos que se mantienen al ayudar caritativamente a otros no son necesariamente negativos o nocivos, sino simplemente menos aptos que otras variantes. El sentimiento moral de caridad suele activarse cuando puede hacerse un gran bien a un necesitado (que puede serlo por razones más o menos duraderas, por responsabilidad o por azar) a un coste bajo para el proveedor de ayuda, y especialmente si existe la posibilidad de reciprocidad y es importante la reputación social como cooperador en grupos de auxilio muto.

Al analizar al cascarrabias o gruñón que se niega a vender su propiedad y al hacerlo bloquea algún proyecto, Block afirma que cada persona es su propio dueño porque por la naturaleza de las cosas su voluntad controla sus acciones. Es el error típico de confundir el hecho del control (la posesión) con su derecho o legitimidad. Si yo consigo que mi voluntad controle el cuerpo de otros (mediante amenazas o algún mecanismo cibernético), ¿soy su dueño legítimo? Los animales tienen voluntad y controlan con ella sus acciones: ¿qué hacemos los seres humanos apropiándonos de ellos?

Respecto a la propiedad de terrenos que en el pasado fueron robados, según Block el actual propietario debe ser considerado legítimo si no se encuentra al propietario original o a algún heredero. ¿Pero significa esto que si uno consigue eliminar al propietario y a todos sus herederos se convierte en propietario legítimo?

Como a menudo se supone que los gobernantes son sabios y bondadosos, Block señala que en realidad los individuos que forman parte del gobierno no son diferentes del resto: por una vez se queda corto, ya que es probable que sean más necios, interesados o corruptos que lo normal.

Dos últimos detalles. Los especuladores no necesitan comprar y almacenar bienes sino que pueden operar mediante derivados financieros como opciones de compra y venta o contratos de futuros. Aunque las valoraciones son subjetivas, no son arbitrarias, y existen patrones comunes muy generalizados para la valoración estética: el desierto de una mina a cielo abierto no es equivalente a un desierto natural.

Gobernados por bandidos

En ocasiones la gente despierta de la sedación a la que nos somete el gobierno. Los hay que tienden a mitificar a sus políticos, a considerarlos ángeles que velan por nuestra libertad y prosperidad sin mirar por sus intereses. Pero ya están los propios políticos para recordarnos, insistentemente, que esa idealización no corresponde con la realidad. Cuando la prensa reveló que, supuestamente, la sede del Partido Popular se había convertido poco menos que en la trastienda de Los Soprano, en la que circulaban sobres con sobresueldos y regalos de agradecimiento, el sueño de muchos se disipó. El del PP no es un caso único, por supuesto. Más bien al contrario. Todo partido político que haya disfrutado de una determinada cuota de poder tiene sus casos de corrupción, sus muertos en el armario. Y cuando asoman, se apresuran a esconderlos como si no pasara nada, negando la evidencia ante la ciudadanía.

Muchos ciudadanos se preguntan: ¿Pero es que no hay político honrado? ¿Por qué todos están pringados? Es como si fuéramos presa de una maldición, como si fuera cuestión de mala suerte. Pero no, no es mala suerte. Es lo lógico. Ya lo decía Lord Acton: "el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Los únicos partidos que no están implicados en casos de corrupción son los que no tienen ni han tenido suficiente poder. Y si en algún momento pensamos que para acabar con la corrupción hay que votar a alguno de estos inmaculados partidos minoritarios, nos equivocaremos: tan pronto como lleguen al poder se corromperán. La solución a la corrupción no consiste en votar a éste o a aquél. No es un problema de personas, sino de incentivos.

Anthony de Jasay comienza su libro El Estado con una simple pregunta: "¿Qué harías si fueras el Estado?". Es sorprendente cómo a menudo nos entretenemos demasiado pensando en cómo nos gustaría que fuera el Estado, o cómo querríamos que el gobierno actuase. Y sin embargo dedicamos poca atención a pensar qué es realmente el Estado, cómo funciona, o cuáles son los incentivos de los gobernantes a la hora de determinar sus acciones. Al hacernos esas incómodas preguntas podemos descubrir que la corrupción no es un golpe de mala suerte, sino la natural respuesta a los incentivos a los que se enfrentan los políticos.

Ludwig von Mises afirmó en su gran obra La Acción Humana que "la corrupción es la consecuencia natural del intervencionismo". "Los políticos y empleados públicos no son seres angélicos. Muy pronto se dan cuenta de que sus decisiones suponen para los empresarios considerables pérdidas o importantes beneficios. Sin duda hay burócratas que no se corrompen, pero hay otros ansiosos por aprovecharse de cualquier oportunidad segura de compartir los beneficios con aquellos a los que sus decisiones favorezcan".

Cuando los políticos pueden tomar decisiones arbitrarias que suponen una ganancia para unos a costa de pérdidas para otros, que es en lo que se basa cualquier política intervencionista, se crean los perversos incentivos que conducen a la corrupción. En este marco, el responsable de tomar la decisión recibirá una gran presión por parte de los potenciales beneficiados o perjudicados, ya sea en forma de dinero o de servicios. Escapar una vez es posible, pero a largo plazo se hace más difícil resistirse. De hecho, como en política no sucede como en el mercado, en el que los que no sirven bien a los ciudadanos quiebran y quedan apartados, sino que incluso les beneficia si saben elegir quiénes deben salir favorecidos, este tipo de prácticas tienden a prosperar. Si los ciudadanos queremos realmente combatir la corrupción gubernamental debemos tener claro que el camino para esto no es pedir un cambio de personas, sino exigir una reducción del poder discrecional que disfrutan los políticos. Como escribió Anthony de Jasay: "La reducción de la corrupción resultará de forma natural como consecuencia de una reducción en el ámbito de actuación del gobierno".

Este pecado original, el del uso del poder para beneficio de unos a costa de otros, está en la propia esencia del Estado. El sociólogo alemán Franz Oppenheimer explicó de manera esclarecedora el origen del Estado en su libro Der Staat. El Estado nace en el momento en el que las antiguas bandas de saqueadores descubren que hay una forma más rentable de obtener riquezas que arrasar con los pueblos de campesinos: someterlos. Cuando se aniquila a los más productivos, éstos dejan de producir riqueza y no se les puede volver a saquear. Pero si los bandidos se instalan en el poblado y les rapiñan poco a poco, permitiéndoles continuar produciendo, los saqueadores a la larga salen ganando. El Estado, dice Oppenheimer, nunca surgió a partir de un inexistente "contrato social", como decían Locke o Rousseau, sino de la conquista. Del sometimiento de los productivos por los grupos más organizados para el saqueo.

Es cierto que el Estado ha evolucionado mucho desde entonces. Ahora incorpora, aunque muy imperfectos, algunos contrapesos que permiten al ciudadano tratar de fiscalizar la labor del gobierno y deshacerse de él cuando la mayoría se pone de acuerdo en que es excesivamente perjudicial. Pero tampoco se ha avanzado tanto como parece. La política sigue siendo un potente mecanismo que permite a unos vivir a costa de otros. Los gobernantes son elegidos por votación mayoritaria, sí, pero a partir de listas cerradas, sin competencia, entre partidos casi iguales y por un mecanismo con insuperables barreras de entrada. El ámbito de intervención del Estado es inmenso y arbitrario. Los políticos siguen sin ser responsables por el incumplimiento de ese supuesto contrato que contraen con los ciudadanos al presentarse a las elecciones, ni tienen que responder por los daños y perjuicios que puedan provocar. No se hacen responsables de sus actos, y eso se nota. Lo que nos han demostrado es que tampoco se molestan en disimular su verdadera naturaleza. No pierden la ocasión para recordarnos que en esencia siempre fueron iguales; que seguimos gobernados por bandidos.

Los peculiares compañeros de viaje del nacionalismo escocés

Que Reino Unido ha sido siempre un socio incómodo en la Unión Europea es un fenómeno que no admite discusión. Desde la negativa inicial a tomar parte en la CECA a las históricas dialécticas con motivo del Tratado de Maastricht, pasando por el famoso give my money back de Thatcher en los años 80. Simplemente son algunos ejemplos que ilustran la tesis.

El liderazgo de David Camerón no ha variado ni un ápice esta línea euro-escéptica. Por el contrario, paso a paso la ha incrementado. Consecuentemente, la convocatoria de un referendo de permanencia frente a abandono, siempre y cuando gane las elecciones de 2015, supone una muestra más.

Mayor importancia va a tener la consulta doméstica a celebrar en 2014, donde se decidirá la nada baladí cuestión de si Escocia se separa o no del Reino Unido. A día de hoy, es poco probable que triunfen los postulados del Scottish National Party (SNP), aunque su líder (y First Minister de Escocia), Alex Salmond, lleva haciendo campaña casi desde el momento en que ganó las elecciones (escocesas) por mayoría absoluta (mayo de 2010).

¿Está sólo Alex Salmond en la empresa independentista? Bien podría decirse que sí a tenor de sus recurrentes apariciones en los medios. Sin embargo, aunque es cierto que el SNP es el abanderado de la creación de un Estado escocés independiente, no es el único. En efecto, cuenta con algunos aliados que, aunque minoritarios, tienen un discurso tan peligroso como beligerante. El principal de ellos el Scottish Socialist Party (SSP), formación que se ha sumado a la cruzada pro independencia, con un mensaje que en las formas y en el fondo provoca incertidumbre, como sinónimo de miedo.

Así, el SSP es un partido que bebe en las fuentes de la ultraizquierda más rancia y reaccionaria, al que la plataforma creada por el SNP, YES SCOTLAND le otorga un buen altavoz para hacer llegar sus soflamas incendiarias, algo que de otro modo no podría hacer, puesto que carece de representación en el Parlamento de Edimburgo. En su día, tras las elecciones de 2003, la tuvo, pero el comportamiento antisistema de sus miembros, unido a la renovación del programa del SNP, hizo que la perdieran en 2007.

La independencia es percibida por los socialistas escoceses no como un fin, sino como un medio de cara a una meta mayor: la transformación de la sociedad capitalista en una socialista. A partir de ahí no es difícil imaginar los mantras que elaboran, en función de los cuales culpabilizan al gobierno británico de todos los males no sólo domésticos, sino internacionales también, obviamente junto con Estados Unidos.

Pancarterismo en su máxima esencia es lo que mejor de define el comportamiento del SSP. Apelaciones a la guerra de Irak, a la destrucción medioambiental, a (supuestas) violaciones de derechos de las minorías, colonización de Escocia por Inglaterra o ejercicio de la opresión por parte de Londres… son, bajo su punto de vista, realidades de las que es responsable el statu quo del cual el gobierno de coalición Cameron-Clegg sería simplemente un exponente más.

Esta visión radical es probable que choque con los planteamientos más moderados del SNP, lo que en última instancia minará las posibilidades de éxito Salmond y los suyos. De hecho, en unas declaraciones no excesivamente antiguas (agosto de 2011), el socialista Campbell Martin (otrora miembro destacado del SNP) afirmaba que el actual escenario político escocés era controlado por partidos de derechas, añadiendo que un gobierno del SNP en una Escocia independiente no sería diferente al de tories y laboristas.

Quizás, la mayor coincidencia entre ambos partidos radica en el significado utópico que conceden a la independencia. Ambos la conciben como el fin de los recortes y de los especuladores. Sin embargo, esta edulcorada visión carece de realismo, pues convierte a Escocia en una suerte de arcadia feliz, alejada de la realidad.

En definitiva, el SSP es un compañero de viaje problemático para los nacionalistas del SNP cuyo proyecto político, particularmente en lo que a las repercusiones jurídicas se refiere, presenta actualmente más interrogantes que realidades.

El origen constructivista de un genocidio

En 1994 la opinión pública occidental asistió entre horrorizada y perpleja a uno de los genocidios más brutales y peculiares que se conocen. Entre abril y julio de ese año, en torno a un 70% de personas de la etnia tutsi y los pocos opositores hutus de Ruanda fueron asesinados en una operación dirigida por el gobierno, en manos de los hutu, y, aquí lo más característico, con la participación efectiva, masiva y directa de la población de este grupo. Quedó al margen de los titulares, como suele suceder, la responsabilidad del constructivismo social que los pioneros colonialistas alemanes y, en especial, los belgas que les sucedieron tuvieron en ello.

Hacia 1880 llegaron los primeros europeos y se encontraron con una sociedad estructurada en la que existía una jerarquía social, sin duda, pero con una red de vínculos que aportaban cohesión al conjunto. Se daba también una división grupal del trabajo que añadía elementos de coherencia y, por último, un sistema pautado de movilidad social ascendente y descendente que eliminaba tensiones basadas en el origen étnico. 

En aquel periodo una mayoría hutu se dedicaba a la agricultura, un 20% aproximadamente eran tutsis pastores y una exigua minoría pertenecía a la etnia twa (llamada entonces pigmeos) que transitaba desde la recolección a la alfarería. El grupo dominante, tutsi, tenía establecido con los hutus un sistema de patronazgos y relaciones clientelares que regulaba las relaciones así como los intercambios y, además, existían dos instituciones que encauzaban la movilidad social y actuaban de colchón suprimiendo la discriminación conflictiva entre ambos grupos. Una era la kwihutura (“dejar de ser hutu”), consistente en el paso de la condición hutu a la de tutsi, posible mediante alianza matrimonial o por vinculación completa de un linaje hutu a otro tutsi. El proceso contrario, “dejar de ser tutsi” (kwitutsira,) también se producía de manera regulada.

Los alemanes, al identificar al grupo hegemónico e instalar su administración imperial, decidieron delegar el poder en la minoría tutsi, para lo cual introdujeron en el imaginario nativo una reinterpretación de las diferencias étnicas que reforzara el poder delegado de los tutsis y, sobre todo, justificara su decisión acudiendo a argumentos de supremacía racial, tan en boga en la Europa decimonónica y de primeros del S.XX. La nueva mitología que asentaba la ingeniería colonial alemana otorgaba a los tutsis una superioridad racial sobre los hutus fabulando para aquellos un supuesto origen camítico, como provenientes del valle del Nilo, y una ascendencia europea. 

Tras la Primera Guerra Mundial, los belgas sustituyeron a los alemanes en el dominio colonial y continuaron con el mismo constructo social y sobre idénticos fundamentos ideológicos. Los agentes de penetración de esta ideología mítica al servicio del imperialismo eran misioneros de origen valón, a la sazón dominante en su Bélgica natal sobre los flamencos. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial y en pleno proceso mundial de descolonizaciones, los misioneros belgas en Centroáfrica pasaron a ser mayoritariamente flamencos. Quizá por constituir también el grupo marginado en su país de origen, los nuevos predicadores abordaron la cuestión étnica en Ruanda basándose en el mismo mito racial de sus antecesores pero enfatizando, al contrario que los valones, la injusticia cometida por los tutsis, advenedizos en África Central, sobre los hutus, nativos inmemoriales y legítimos propietarios de esas tierras. Sobre el mismo mito racial, se acentuaron los odios inversos, los del supuesto despojado hutu contra el invasor y depredador tutsi. De la versión supremacista se pasó así a la nativista, igualmente falsa, destructiva y foránea.

La descolonización ulterior trajo gobiernos hutus, al revés que en la vecina Burundi, donde los postcolonialistas tutsis mantuvieron el poder. No procede hacer un relato detallado de los acontecimientos desde la independencia en los años sesenta hasta el genocidio de 1994, pero sí señalar que ambos grupos étnicos dirimieron su historia imbuidos de unas ideas racistas e indigenistas llevadas desde Europa, que aspiraron, con una arrogancia fatal, a reinventar la sociedad centroafricana descoordinando una asentada estructura previa.

La creación de la banca nacional

La Guerra entre los Estados supuso una revolución en el ámbito monetario en los Estados Unidos. No es algo extraordinario que fuera así. Charles Kindleberger dice en A Financial History of Western Europe que “la historia financiera no puede dejar de lidiar con la guerra. La guerra (…) moviliza una enorme corriente de recursos, y se utiliza las finanzas para movilizarlos. Las innovaciones financieras ocurren durante las guerras”.

En el momento en el que estalló la guerra civil, “el gobierno federal no emitía billetes de banco, y la moneda del país se emitía y gestionaba solamente por bancos privados”, según recoge Nathan Lewis en Gold, The Once and Future Money. El esfuerzo de la guerra requería del gasto de 1,7 millones de dólares al día, de media, cuando la deuda nacional total alcanzaba los 66 millones. El Gobierno Federal arbitró una importante subida de impuestos, principalmente el aumento de los aranceles y otros, más la creación de un impuesto sobre la renta. También emitió una gran cantidad de deuda. Pero no fue suficiente. De modo que empezó a deslizarse, muy pronto, por el camino de la inflación.

En la Ley de Curso Legal emitió 150 millones de dólares en nuevos billetes, los popularmente llamados greenbacks, que pronto perdieron el crédito en el mercado, y en julio de 1863, el secretario del Tesoro Samuel Chase suspendió la convertibilidad de los billetes en especie. Una vez terminada la guerra, el gobierno federal optó por una política de deflación que prepararía la vuelta de los greenbacks a la convertibilidad con el oro, lo que no se logró hasta 1875, diez años después del fin de la guerra.

Este es el contexto en el que se produce la creación de un sistema bancario nacional. Con la Ley de Banca Nacional de 1863, se permitió la creación de bancos nacionales, que emitirían billetes respaldados por los bonos del Tesoro e impresos por el mismo gobierno federal, hasta una proporción fija de sus reservas de capital. Eliminó el resto de billetes, imponiendo sobre ellos un gravamen prohibitivo. Este sistema permitió “crear un mercado para la deuda nacional, que, al finalizar la guerra, había alcanzado la asombrosa cantidad de 2.800 millones de dólares”, afirman Jeffrey R. Hummel y Warren C. Gibson en Money, Banking and Finance.

En lugar de un banco central, lo que creó el sistema nacional de banca es una estructura financiera centralizada, controlada desde un conjunto de bancos fuertemente regulados. Aunque sobre el papel seguía habiendo un sistema de banca libre, de modo que cualquier empresario podía abrir una nueva entidad, lo cierto es que tenían que tener el visto bueno del Interventor de la Moneda; es decir, del gobierno federal.

Se creó un sistema dual. Por un lado, los bancos nacionales, que podían emitir la moneda impresa por el gobierno y respaldada por la deuda nacional. Por otro, los bancos de los Estados, que podían aceptar depósitos pero no emitir billetes. Los bancos nacionales tenían que mantener unas reservas del 25 por ciento en oro, plata y greenbacks.

En el sistema financiero estadounidense antes de la creación del sistema nacional bancario, había un freno a la capacidad de un banco de emitir billetes sin respaldo, y era la competencia entre las diferentes entidades. Cualquier banco que acumulase billetes emitidos por otra entidad podía redimirlos y reclamar el oro correspondiente. Ahora la situación es muy distinta, y vamos a dejar que nos la describa Murray N. Rothbard desde su A History of Money and Banking in the United State: “Ahora los bancos de reserva de las ciudades podían mantener la mitad de sus reservas en depósitos en los bancos de Nueva York, y los bancos regionales podrían mantener la mayor parte de sus reservas bien en uno o en otro. De modo que, como resultado de ello, todos los bancos nacionales del país podían piramidar hasta dos niveles, sobre la base, relativamente pequeña, de la reserva de los bancos de Nueva York. Y, lo que es más, esas reservas podrían consistir en greenbacks inflados y en especie”. Esto permitía que se pudiera hacer una política de inflación de forma más o menos coordinada y generalizada, sin el peligro de que una competencia entre entidades les llevase a esos bancos a una posible quiebra.

En un audaz movimiento, se arbitró que la capacidad de expansión de billetes de cada banco nacional estaba ligada a la propiedad de títulos del tesoro. Sólo podían emitir billetes si depositaban una cantidad igual de títulos de deuda del Tesoro como colateral.

En definitiva, con el nuevo sistema de banca nacional, el gobierno federal, ocupado por una sucesión de presidentes republicanos, logró dos objetivos. Uno de ellos favorecer la inflación en papel moneda de una forma coordinada, de modo que la competencia bancaria, ahora mermada, no supusiera un freno tan eficaz. Y, por otro, ligar esa política inflacionista a la creación de un mercado cautivo de deuda pública. Pero esta estructura financiera no evitó, claro está, que se produjesen ciclos de expansión del crédito, distorsión de la estructura económica y la consiguiente crisis. Como señalan Jeffrey R. Hummel y Warren C. Gibson, “los pánicos continuaron bajo el nuevo sistema. Los años 1873, 1893 y 1907, vieron todos pánicos bancarios”. Esta última crisis sirvió de acicate para volver a reformar el sistema e introducir un banco central, la Reserva Federal.

Del justiciero al héroe y otros animales cinematográficos (I)

Posiblemente, el sentido de la justicia es uno de los valores más profundos del ser humano. Sin embargo, y aunque cada uno podemos tener más o menos claro lo que es justo o injusto, es posible que dos personas cualesquiera no coincidan en determinar si una situación lo es. Y todo ello sin entrar necesariamente en su legalidad o ilegalidad, su legitimidad o ilegitimidad, o si responde a lo que se ha llamado justicia social.

La justicia es tan importante que la filosofía, la religión y hasta las artes le han dedicado tiempo y trabajo: los parias de la tierra encontrarán paraísos futuros donde verán saciadas sus materiales reivindicaciones, las víctimas de las injusticias verán cómo el karma les venga, los cristianos, cómo en el Juicio Final, cada uno obtendrá lo que ha sembrado durante su vida física. La víctima busca el consuelo que los acontecimientos inmediatos no le dan, y algunas veces lo hace creando, observando o zambulléndose en la vida de personajes imaginarios que satisfacen tal necesidad, aunque no sea el suyo el entuerto a desfacer.

En el cine, el justiciero es casi un subgénero: es el detective que investiga cierto asesinato para consolar a las víctimas, es el policía que busca la verdad sobre el delito, es el forastero que, llegando al pueblo, termina con el clima de injusticia en el que viven sus habitantes, es el que aplasta al poderoso para salvar al humilde, o cualquier personaje que, sin comerlo ni beberlo, se vea envuelto en una historia que los guionistas pergeñan.

El séptimo arte es diferente, en cierto sentido, a casi todos los demás: no es individual. En él, no sólo ponen su creatividad actores y directores, sino que los guionistas, productores, técnicos de luz y fotografía, los de efectos especiales, los de vestuario, maquillaje y, por supuesto, el montador final del film aportan su granito de arena, y cada uno de ellos intenta, en la medida de lo posible, dejar su huella. Hace unos años, incluso se puso de moda montar las películas de manera diferente a la original, añadiendo o quitando escenas que terminaban dando un sentido distinto al de la copia inicialmente comercializada. Y el cine, como el resto de las artes, es hijo de su tiempo, y la visión de estas obras colectivas se adapta al entorno, al marco social en el que se gesta.

El justiciero del cine del que voy a partir es un personaje con una fuerte personalidad que, ante una situación de injusticia, en la que puede o no ser víctima, se implica hasta su resolución. Puede o no trabajar para alguna organización privada o gubernamental, o hacerlo a título privado. Y lo voy a hacer analizando cómo evoluciona en dos épocas consecutivas, donde el marco social y político cambió de manera espectacular.

La década de los 70 fue una época gris en la que todo lo establecido parecía tambalearse, sobre todo a partir de la Crisis del Petróleo, que siguió a la Guerra del Yom Kipur. En Occidente, muchos analistas y algunos gobiernos daban por fenecida la democracia tal como se había conocido y apuntaban al casi inevitable triunfo de la Unión Soviética y su comunismo. El acuerdo era inevitable para sobrevivir. El Club de Roma había vaticinado el fin de las materias primas, una desaceleración económica y una recesión mundial incluso más profunda. El bloque soviético estaba peor en lo esencial, pero esa información no estaba en poder de gobiernos y analistas, o si estaba, no se creía verosímil. Socialmente, se estaba viviendo una serie de fenómenos que daban señales en esta línea: el incremento de la corrupción política, la inestabilidad social y la extensión de la delincuencia parecían dar la razón a aquéllos que pensaban que el capitalismo que había resurgido tras la Segunda Guerra Mundial estaba en las últimas.

El cine social de los años 70 es moralmente pesimista. Los argumentos en los que se desenvolvían nuestros justicieros se podían resumir en unas pocas líneas: los poderosos hacían y deshacían a su propio beneficio, los que habían trabajado para el sistema ahora no eran reconocidos, y los que vivían del mismo habían perdido esos servicios, esos derechos que se merecían y se habían ganado.

No es pues extraño que el justiciero de esta época fuera igual de gris, un personaje desesperanzado, que actuaba por despecho en ocasiones, por un sentido de la moral quizá un poco retorcido y que, en ocasiones, ni siquiera él mismo tenía un final agradable. La violencia en las películas de los años 70 fue más cruda que la de décadas posteriores y la manera de resolver las situaciones, mucho más contundente.

Harry Callahan, teniente del departamento de homicidios de la policía de San Francisco, fue el personaje que terminó de aupar al estrellato a Clint Eastwood en "Harry, el sucio" (1971) y que interpretaría hasta en cinco ocasiones durante las décadas de los 70 y los 80. Duro con los delincuentes, su frase "alégrame el día" es una de las más famosas de la historia del cine, pero también con sus superiores, con los que no se lleva nada bien, ya que sus métodos, rudos con unos y otros, perjudican la imagen del departamento policial, más preocupado en la política que en resolver los problemas de los ciudadanos. Para terminar con sus excesos, lo terminan reasignando a otros departamentos, pero eso no impedirá a Harry descubrir a una banda de policías corruptos que han perdido el norte y, pese a usar algunos de los métodos del propio Callahan, ya no saben distinguir entre buenos y malos: "Harry, El Fuerte" (1973).

Harry "el sucio" es el paradigma del que, trabajando para el sistema, sabe que todo lo que hay alrededor, incluso sus compañeros, forman parte de la misma sociedad corrupta, pero también que no puede rendirse y caer en el mismo infierno que ellos. Es significativo, que en la primera película termine lanzando su placa al río, como rechazando todo aquello por lo que ha estado luchado.

En una línea parecida, Charles Bronson interpretaría en cinco ocasiones a Paul Kersey, personaje que nace en la película de 1974 "El justiciero de la ciudad". Este justiciero se enfrenta a los mafiosos después de que su mujer y su hija murieran a manos de los delincuentes y observara con desesperación cómo la policía de Nueva York se desentendía del caso. Kersey sale a cazar, a realizar el papel que se suponía que debía haber realizado la policía y la justicia civil. Kersey denuncia de esta manera la quiebra del sistema, quiebra que de alguna manera el sistema reconoce cuando en la segunda película en la que interpreta a este personaje, "Yo soy la justicia" (1982), un comisario de Los Ángeles le ofrece que siga haciendo lo mismo que hizo en Nueva York.

Pero quizá el justiciero más extraño y reivindicativo de todos es el que interpretaría Robert De Niro en "Taxi Driver" en 1976. Travis Bickle es un veterano de Vietnam, sociópata, enamorado del personaje que interpreta la actriz Cybill Shepherd, que debido a su insomnio se hace taxista nocturno, asiste las salas X y observa cómo la delincuencia se ha apropiado de Nueva York. Como un solitario Don Quijote, decide enfrentarse él solo a toda esa sordidez que le rodea. Bickle es un veterano militar, pero también un excluido social, y eso nos lleva a otro de los pilares del cine "social" de los años 70. Dentro de esa sensación de derrota que plaga esta época, se enmarca un nuevo personaje que tendría continuidad hasta los años 80, el soldado de Vietnam.

Vietnam fue una guerra maldita para los estadounidenses. Después de las victorias de la Segunda Guerra Mundial y de Corea, la vietnamita fue la primera gran derrota del gigante militar y una muestra más para muchos de que la democracia occidental se estaba viniendo abajo. La idea que seguramente tenemos de la guerra es la que nos ha creado el cine: la de un conflicto bélico donde el joven americano iba a batallar por sus políticos, pero no por su forma de vida, una guerra en la que el soldado volvía marcado emocionalmente, triste, deprimido, afectado por el síndrome postraumático, en muchos casos con adicción a alguna droga, o con alguna enfermedad venérea, propia del ambiente disoluto y corrupto en el que había vivido, incluso con algún hijo de alguna de las prostitutas con las que se había acostado. La visión de las matanzas y barbaridades que ha visto, raramente las que ha realizado el enemigo, está en la base de su estado, situación que se agravaba cuando a la vuelta veía cómo su familia, sus vecinos y, en general, la sociedad, le rechazaban. Películas como "Apocalypse Now" (1979), "El Cazador" (1978) o "El Regreso" (1978), e incluso el musical "Hair" (1979), nos muestran todos estos aspectos, aunque de alguna manera, las críticas más fuertes vinieran unos años después de la mano de otros directores como Oliver Stone, aunque creo que por diferentes motivos.

John Rambo es un personaje de transición. Interpretado por Silvester Stallone por primera vez en 1982, este ex boina verde se dirige a visitar a un amigo suyo, también veterano de Vietnam, para descubrir que ha muerto por las secuelas de la guerra. Acusado de vagabundo, es detenido por las autoridades locales y encerrado en la cárcel, de la que no tarda en escapar. Perseguido por los policías y rechazado por la población, usa las artes aprendidas durante la guerra para librarse de todos los que le buscan, en una especie de remake de "La Jauría Humana" (1966). Sin embargo, algo varía con respecto a otras películas. El coronel Samuel Trautman, su coronel, consigue salvarlo en el último momento y aprovechar su potencial para hacer lo que mejor sabe hacer, liberar a otros soldados americanos de las garras del Vietcong, labor a la que se dedicaría en otras películas. De alguna manera, Rambo se da cuenta de que el sistema puede ayudar a remediar los problemas, y pasa de ser un justiciero solitario y opuesto a él a colaborar con él, aunque no siempre sea fácil. No sería el único.

En la película de 1983, "Los Jueces de la Ley", el personaje interpretado por Michael Douglas, Steven R. Hardin, se aliaba con un grupo de jueces que habían creado una organización para que los delincuentes no se escaparan por los agujeros que dejaba una ley demasiado indulgente con ellos e insensible con las víctimas. Sin embargo, pronto descubre que en el fondo es una organización criminal, que mata a quien sea necesario cuando se ve amenazada. Tras comprender lo que realmente estaba pasando, Steven lucha contra este grupo hasta derrotarlo, porque, en el fondo, eran ellos los equivocados. Y es que en los 80, el sistema empieza a funcionar y se da cuenta de que tiene un deber para con los ciudadanos, al menos desde el punto de vista de la industria de Hollywood.

Cuando el dueño de la comida es el Estado

Quien vivió antes de 1959 en Cuba tuvo la fortuna de encontrarse entre los pueblos mejor alimentados de América. Existía una industria alimenticia con un desarrollo tecnológico acorde a la época. Durante la revolución castrista todos los recursos productivos privados pasaron a ser públicos. El Estado se erigió en proveedor exclusivo y garante subsidiador de todos los servicios esenciales de la población, entre ellos, el abastecimiento alimentario. Echó a andar el laboratorio caribeño para deleite de muchos colectivistas dentro y fuera de la isla.

Se implantó un férreo sistema estatal de producción y distribución de alimentos. Se eliminaron de golpe los mecanismos del libre mercado que habían existido hasta entonces en Cuba. La asignación de los derechos de propiedad y las vitales señales de los precios se esfumaron. En marzo de 1962, en consecuencia, se estableció una libreta de abastecimiento alimentario para cada persona. Mediante las Oficinas municipales de Control y Distribución de Alimentos (OFICODA) se pretendió poner orden desde arriba al reparto igualitario de alimentos entre toda la población, evitando que nadie quedara sin su alimento básico. Intuitivamente y a primera vista, parecía impecable.

Se puso en práctica la añorada idea progresista de una renta básica (en este caso, en especie) a todo ciudadano por el mero hecho de serlo. Para un cubano, el estar inscrito en el Registro de Consumidores de su correspondiente OFICODA y contar con su libreta era y es más importante que cualquier otra cosa. Sin ella, uno no dispone de su canasta alimenticia, no puede trasladarse de localidad, no puede obtener su documento de identidad, no tiene acceso al suministro energético; en suma, no existe para la autoridad. Con la excusa de que el Estado te da de comer, te somete a su dictado. Así de sencillo.

Las ansias de justicia social desde el poder cubano eran infinitas. En ese contexto, se instauraron también los comedores públicos gratuitos en los centros de trabajo, en los colegios y en los hospitales, de tal forma que todos los trabajadores, obreros, estudiantes y enfermos tuvieran asegurada una comida diaria proporcionada por el papá Estado. Ese paternalismo primario y supuestamente benevolente ejercido por un gobierno centralizado tuvo secuelas muy graves.

Con el paso de los años la tozuda realidad demostró que tan eximios ideales se basaban en premisas insostenibles que condujeron, además, a resultados indeseados. Lo más destacable fue que en Cuba la productividad retrocedió en los sectores agrícola, pecuario y pesquero (en un país rodeado de mar) llevándole a una dependencia casi total de las importaciones de bienes de consumo. Asimismo dicho sistema de distribución colectivizada se fue degradando progresivamente al eliminar de la libreta cada vez más productos, así como al mermar su calidad. Dicho mecanismo de asignación centralizada fomentó también casi desde su inicio el desvío de alimentos para uso y beneficio propio de la clase dirigente donde la corrupción en todos sus niveles era (es) la norma. Pero la consecuencia más letal para la sociedad fue que condicionó las mentes y los esfuerzos de, al menos, tres generaciones de cubanos indefensos que han crecido dentro del régimen de distribución normada, creando sin pretenderlo un verdadero ejército de gente desmotivada y adicta al subsidio masivo de alimentos.

A inicios de los años 90 la URSS se desmoronó como un soufflé (papá Fidel dixit) y con ella también las ayudas que recibía Cuba de su socio privilegiado. Casi un 35% de su PIB se contrajo abruptamente. Las autoridades cubanas, presas del pánico, decretaron el llamado periodo especial en tiempos de paz. Su sola mención produce incluso hoy día gran angustia al cubano medio que lo padeció en carne propia, pues el grado de desabastecimiento de energía, suministros y víveres fue realmente atroz. Empezaron entonces las huidas desesperadas de los precarios balseros hacia costas extranjeras en busca de una mejor esperanza de vida. También se multiplicaron dentro del país las jineteras.

A partir de 1993 el poder central cubano, para evitar la explosión social, hubo de hacer varias concesiones a su sufrida sociedad civil: introdujo la despenalización de la tenencia de divisas (básicamente dólar americano), para después, en 1994, sustituirlo por su equivalente peso convertible (CUC), el llamado chavito, con el que poder adquirir apreciadísimos productos básicos importados en la red de tiendas dolarizadas. Con ello se instauró un sistema bimonetario pero con un férreo control cambiario oficial para seguir beneficiándose la élite política de la existencia de una doble economía. Por último, se autorizaron también a regañadientes modestos empleos por cuenta propia y la vuelta de los llamados agromercados campesinos -regidos por la oferta y demanda- con el reconocimiento incluido de la denostada figura del intermediario para aliviar la pésima calidad de vida y mejorar un poco las carencias nutricionales entre la población. Colaboración público/privada al estilo cubano.

Años más tarde, al convertirse Hugo Chávez en presidente de Venezuela, ideó su caro proyecto de Socialismo del siglo XXI y, con él, volvieron de nuevo las ayudas económicas a la isla y su insostenible tinglado de economía planificada. Fue el salvavidas de un sistema casi asfixiado por carecer de incentivos adecuados para la acción humana y, por tanto, ser incapaz de sustentarse por sí mismo.

Hace tiempo que la libreta de abastecimiento cubana se transformó en una especie de cartilla de racionamiento empleada por otros países en tiempos de guerra o de emergencias nacionales de manera provisional. Tal fue el caso de España tras la guerra civil o los países occidentales después de la 2ª Guerra Mundial. También Israel la padeció en sus duros comienzos como nación. Incluso los propios países socialistas de la Europa del Este la eliminaron a mitad de la década de los años 50. Vietnam la abandonó a finales de la década de los 80. China, con sus más de 1.340 millones de habitantes, no padece racionamiento alguno. Ninguna nación del mundo, salvo Cuba, ha mantenido algo semejante de forma tan prolongada: casi 51 años. Es como si la sociedad cubana hubiera vivido en situación de guerra más de medio siglo. El manido embargo de EEUU no es pretexto válido para mantener por tanto tiempo dicho sistema de privación porque siempre se pudo comerciar con el resto de países del planeta (a diferencia de lo que ocurre en auténticos escenarios bélicos o posbélicos).

Además, lo ofrecido mensualmente por la libreta sólo alcanza actualmente para alimentar a su portador unos doce días como mucho, teniendo que acudir a los llamados agromercados o bien a los arreglos voluntarios del mercado negro para complementar su necesaria dieta para sobrevivir.

Sólo la clase gobernante o aquellos que tienen la fortuna de recibir dólares de sus familiares en el exterior o tienen contacto con el turismo pueden sustraerse holgadamente a la escasez generalizada de allá de hace décadas. Las desigualdades entre el poder adquisitivo de los que tienen o no chavitos son muy significativas. Justamente por ese tipo de desigualdades hirientes se produjo la revolución…

Hoy la comida ofrecida en los comedores públicos, al tiempo que ha ido perdiendo calidad y variedad -siendo su ingesta un verdadero suplicio para el paladar- supone una pesada carga para las arcas públicas. En un intento por introducir cierta racionalidad económica y por reducir los montos de la comida robada en las empresas gestionadas por el Estado, Raúl Castro propuso a través del lema “Ahorro o muerte” su eliminación y reemplazo por dinero. Hasta la fecha, dicha medida sólo ha sido aplicada en unos pocos ministerios. También informó el hermanísimo que en un futuro otorgarían la libreta sólo a los más necesitados. Era tarde: la estructura productiva del país estaba ya gravemente descoordinada. A resultas de ello, la comida se ha convertido en una verdadera obsesión nacional.

El sistema estatista de producción y distribución alimentaria en Cuba es un gran fiasco. Los ideales han hecho mucho daño al socializarse. Ahora toca desmontarlos. Hablan de alcanzar el contradictorio “socialismo de mercado”. Un editorial del Granma aconsejó incluso acabar con el llamado síndrome del pichón, ya que muchos cubanos esperaban que el Estado les diera de comer en la boca. Lamentable.

El problema es que al pichón no se le ha dado durante muchos años ni libertad, ni oportunidades para procurarse alimento por sí mismo. Mientras la casta política de la isla siga acaparando las principales actividades económicas del país, no permita que se liberen las fuerzas productivas de la nación mediante el emprendimiento creativo y la competencia, no levante la prohibición de pescar a los particulares, tipifique como delito el sacrificar una res sin autorización del Estado; en definitiva, mientras cualquier actividad empresarial privada siga sojuzgada e intensamente mediatizada, las palabras de dicho periódico oficial son un insulto al pueblo cubano. Revelan a las claras que estamos ante una maquinaria represiva al servicio exclusivo del partido único que intenta parchear lo insalvable a costa de desparramar penuria y privaciones a todo aquello que somete.

Cuando el Estado se dedica a funciones empresariales que no le son propias, surgen siempre y en todo lugar problemas de eficiencia, de control de costes y de incentivos. Los dirigentes cubanos no asumen ni en sus sueños más audaces que el Estado está –en todo caso- para controlar los excesos, no para controlar en exceso a la sociedad civil, motor y sustento de cualquier nación próspera y civilizada.

España, ¿país de sinvergüenzas?

El viernes pasado el gobierno, utilizando uno de sus amplios poderes, concedió el indulto a una señora que había usado de forma fraudulenta una tarjeta de crédito que se había encontrado en la calle. Lo hizo después de una campaña mediática en la que, como de costumbre, se decidió que la verdad debía ser sacrificada en nombre de la demagogia.

Se nos ha dicho que esta señora se encontró la tarjeta de crédito, junto con el DNI de su titular, en la calle. La verdad es que no se ha podido demostrar que esta señora robara la cartera donde se encontraban la tarjeta y el DNI, y por tanto solo se le acusa de lo que sí se ha podido demostrar; que usó la tarjeta de crédito en varios comercios. El resto de la historia es un cúmulo de demagogia y medias verdades con el propósito de que cierta parte de las población, aquella más propensa a perdonar los delitos contra la propiedad ajena, se apiade de una estafadora.

Se dice que la pobre mujer, en el momento de perpetrar los delitos, tenía 22 años, 2 hijos y ninguna ayuda de los padres de las criaturas. Se dice también que sólo usó la tarjeta para comprar pañales y comida para sus hijos. Y por último se dice que no ha vuelto a delinquir, y que actualmente tiene pareja y un nuevo hijo.

Es verdad que tenía 22 años y dos hijos, y parece que puede ser cierto (solo tenemos su palabra para atestiguarlo) que los padres no la daban ninguna ayuda. Lo que habría que preguntarse es qué tiene que ver todo esto en el asunto que nos ocupa. La señora escogió a sus parejas y decidió tener hijos con ellas. Es su cuerpo y ella decidió, como les gusta decir ahora a ciertas feministas. ¿Dónde está el problema? ¿Justifica eso estafar? ¿Al tener hijos joven te dan un carné con puntos para cometer delitos?

Que comprara pañales y comida para sus hijos no es verdad del todo. La señora, en el primer establecimiento al que acudió, compró productos por valor de 193 euros. Nadie ha mostrado la sentencia para que podamos ver qué productos se llevó. Lo que sí sabemos es que volvió a intentar más compras: una por 57 euros (tampoco sabemos qué se llevó) y otra de 50 euros, en la que, mira por dónde, no hay duda sobre qué adquirió: gasolina. Dato que casi ningún medio de comunicación ha sacado a la luz y que demuestra dos cosas: que no sólo usó la tarjeta para comprar comida a sus hijitos, y que al parecer la señora de 22 años, tan desvalida ella, debía de poseer algún tipo de vehículo a motor (por el importe, seguramente un coche). Como en siguientes intentos fue descubierta terminó por deshacerse de la tarjeta, por lo que queda claro que la única razón por la cual solo pudo sustraer 289 euros fue que las dependientas de las tiendas fueron lo suficientemente hábiles para impedirlo. Dependientas, por cierto, que también serían madres, pero que prefirieron alimentar sus hijos por medio de su trabajo, que por desgracia incluye no dejarse engañar por estafadoras.

Una vez cometido el delito, volvió a encontrar pareja y tuvo un nuevo hijo. Por supuesto vuelve a estar en su perfecto derecho, pero no concuerda que alguien que tiene que delinquir para mantener a sus actuales retoños decida traer al mundo otra boca a la que alimentar.

Aparte de todo esto, una de las razones más absurdas para justificar el indulto a esta señora, repetida por multitud de medios de comunicación y opinadores varios, es que un gobierno que concede indultos a banqueros y kamikazes debería concedérselo también a una pobre madre que sólo robó unos pocos euros (en realidad no robó nada, estafó e intentó estafar a varios comercios).

De esta forma nos encontramos con la justificación de delitos menores al estar amparados por los mayores. O lo que es lo mismo: con un país de sinvergüenzas.

Por supuesto a nadie se le ocurre pensar que dar poder para conceder indultos al gobierno proviene precisamente de la demagogia de casos aislados, y manipulados, como el de esta señora. Y que esa legitimación permite al gobierno usar ese poder a su conveniencia en la mayoría de otros casos, siempre que se acuerde, de vez en cuando, indultar a alguna "princesa del pueblo" para que la plebe esté contenta.

Pero que nadie piense que este es un caso aislado. Es simplemente una muestra más de que la sociedad actual solo tiene una escala de valores: lo que me beneficia es justo y lo que me perjudica, injusto.

Lo curioso es que nadie se da cuenta de que esa actitud les encadena de pies y manos ante el poder. Por ejemplo, hemos asistido al deplorable espectáculo de ver a una vicepresidenta del gobierno defender "el derecho a equivocarse". O lo que es lo mismo: el derecho a que unos (los de siempre) paguen por los errores de otros (los que el gobierno decida).

Los españolitos de a pie aplauden con las orejas; ya que los banqueros, dicen, son rescatados, qué menos que rescatar a los pobres curritos que van a perder su casa. Hasta hemos visto un par de anuncios de empresa privadas defendiendo, "como lo mejor de España", los intentos de impedir desahucios. Pues bien, ¿para qué cree cualquier persona con dos dedos de frente que va a usar el gobierno el poder de sustraer el dinero del bolsillo de unos para ponerlo en el de otros? Pues sí, lo han adivinado, para llenarse los suyos, y los de sus lobbies, y esquilmar a los de siempre.

Pero no nos quedemos aquí. También podemos ver en Twitter y otras redes sociales un movimiento con muchos seguidores que piden no pagar la deuda pública. Al parecer les parece lo más normal del mundo que el Estado tenga el poder de impagar algo que ha prometido pagar. Por desgracia sí tiene ese poder (gracias a la gente), lo que no piensan es que al Estado le resulta mucho más fácil "impagar" los servicios que tiene comprometidos con sus ciudadanos que no pagar a sus deudores extranjeros. Y solo impagará a estos cuando esté obligado a hacer las dos cosas, algo que gracias a estos lumbreras estará bien visto por mucha gente.

Una y otra vez el ciudadano piensa que conceder poder al Estado para que éste pueda beneficiarles es la solución a todos sus males, cuando es precisamente todo lo contrario. El Estado siempre usará el poder para beneficiarse a sí mismo, y todos los días tenemos ejemplos palpables de ello. Lo malo es que no vale de nada denunciar la sinvergüencería de un político si uno no es consciente de la propia. Y por desgracia en España no hay que subir a las altas esferas para detectar el olor a podrido; este emana de cada rincón de la sociedad.

En defensa del derecho de secesión

Desde el punto de vista de la historia y la evolución, el estado es un invento relativamente nuevo. Los humanos hemos vivido la mayor parte de nuestra corta existencia en grupos pequeños, repartidos en territorios enormes, prácticamente incomunicados. Grandes poblaciones asentadas que exigiesen una mínima organización política aparecen hace muy poco tiempo con el desarrollo de tecnologías como la agricultura, la ganadería, los sistemas de riego, de transporte, de fabricación…

Antes, es decir, cuando el Homo sapiens convivía con el Homo neanderthalensis y el Homo floresiensis (entre los 100.000 años a.C y los 12.000 años a.C), incluso mucho antes, cuando los Homo erectus y los Homo habilis recorrían el planeta de cacería en cacería, nadie necesitaba de un estado. Todos vivíamos en grupitos pequeños, clanes familiares en su mayoría y sus líderes –"Consejo de ancianos", Jefe de Clan, Jefe de Tribu, Chamán o como se llamasen– ejercían un poder limitado por las circunstancias humanas y ambientales. Una sociedad anónima en cuyo nombre se estableciesen leyes o normas no existía, por supuesto. Nada era anónimo en aquellos tiempos.

Cuando el líder y sus más fieles seguidores no eran capaces de satisfacer las necesidades del "yo también quiero ser líder", o cuando el medio no proporcionaba los recursos suficientes para alimentar a todo el clan, lo normal era una separación en grupos más pequeños. Estos se lanzaban, o bien a la búsqueda de territorios nuevos, o a la destrucción o eliminación de los "otros". Este mecanismo no sólo era imprescindible para asegurar la alimentación de todos, sino que impedía al mismo tiempo la dominación y explotacion absoluta sobre los insatisfechos. El Jefe de Clan, consciente de que es mejor cazar un mamut con 20 guerreros que con 10 malheridos hambrientos, se cuidaba mucho de abusar de su poder arriesgando vidas o la reducción del grupo.

Si observamos los estados actuales, comprobamos cómo la segregación entre grupos de personas que ya no comparten los mismos intereses (o que incluso ven lesionados sus propios intereses) ya no es posible. Los dirigentes, los gobernantes (más tarde partidos políticos en el poder, funcionarios, burócratas) son los que definen las reglas en un determinado territorio estatal. La segregación, si es individual, es sólo posible "huyendo" a otro territorio estatal. Si es colectiva, es decir, un grupo de personas decide discutir las reglas impuestas y dotarse de otras diferentes, es imposible.

¿Y qué significa esto que les cuento?

El mecanismo natural por el que grupos pequeños podrían defenderse sin violencia de los efectos de una jerarquía incapaz de satisfacer sus necesidades, la secesión, queda anulado, facilitando –y para facilitar– la concentración de poder en manos de dirigentes, gobernantes, partidos políticos en el poder, burócratas… Aparecen las sociedades esclavistas, los estados nacionales imperialistas y cuando pensábamos que íbamos a superar el feudalismo absolutista aparecen en el siglo XIX los "estados sociales" perfectamente engarzados en sistemas de financiación coercitivos que hoy asumimos como "naturales" y cuyo único objetivo es, mediante la máxima carga fiscal soportable, mantener la estructura estatal sobre la que se alimenta la clase dominante y sus incondicionales.

La supresión del mecanismo de secesión permite la concentración de poder sobre grandes masas de personas justo hasta que la insatisfacción se convierte generalizada: la consecuencia no es una separación pacífica en busca de nuevas normas (ya no salimos a cazar para comer), es una revolución.

Llegados a este punto, el avezado crítico de los –como yo– llamados "liberales alegres", nos preguntará por qué el ser humano ha permitido que desparezca la posibilidad de secesión si esta es propia de la condición humana. ¿Acaso no es necesaria? ¿Somos los humanos estúpidos? ¿Acaso todo lo afirmado hasta ahora es un cuento libertario? La respuesta es sencilla:

a) Las estructuras políticas gobernantes jamás renunciarán voluntariamente a los ingresos vitalicios conseguidos por medio de la coacción impositiva concediendo generosamente a uno o varios grupos de gobernados el derecho de secesión, y renunciando con ello a buena parte de su botín.

b) Los gobernados no son conscientes de ser explotados. Los procesos políticos no obedecen a las reglas científicas del conocimiento, más bien se basan en el convencimiento de que la estructura sociopolítica en la que se vive es justa y legítima (o injusta e ilegítima). El condicionamiento en la legitimidad de una estructura política comienza en la más tierna infancia, motivo por el cual el estado se autoproclama único proveedor de educación. Y convierte su servicio en obligatorio.

c) Dado que los cambios políticos "legítimos" sólo son posibles desde las estructuras dadas por el estado, las posibilidades alternativas son muy limitadas. El derecho a la secesión, a la segregación, no está contemplado por la regulación de un estado que se autoproclama administrador de la unidad (y/o soberanía) de todos y para el que cualquier fragmentación supondría no sólo una pérdida de poder, sino también un desastre financiero.

Creo que es absolutamente imprescindible debatir estas cuestiones, incidir en la importancia de la segregación como vehículo pluralizador, generador de riqueza (no sólo material) y como herramienta para garantizar una mínima defensa frente a la natural tendencia homogeneizante y absolutista de cualquier estructura de poder. No olvido que muchos de nosotros abominamos de conceptos como segregación, separación, individualismo…, sin duda acostumbrados como estamos a defender Nación, Derecho, Orden Legítimo… y temerosos de que en nuestra "alegría teorizante" pongamos en peligro las bases mismas de la civilización, el estado de derecho, la paz social o el bienestar de todos. Sin embargo debemos reconocer que la de "bajarse del tren" es una opción absolutamente natural, profundamente humana y que su negación es precisamente negar algo que nos es profundamente íntimo y propio.

Efectivamente, hablar de separación o secesión es políticamente incorrecto. ¿Es también pura especulación? ¿Acaso no les estoy invitando al caos? ¿No estaremos cayendo de nuevo en la utopía alegre? Si nos detenemos unos segundos y sobrepasamos nuestra primera reacción condicionada, vemos que nuestro miedo inicial puede ser infundado. Cualquier medida política, cualquier reforma sociopolítica es casi imposible en las condiciones actuales, en el marco legal actual. Sin embargo, llevar adelante una Ley de Secesión es no sólo posible, es fácil. Basta con querer que los demás puedan elegir (sí, lo sé, nadie lo quiere, lea más arriba). Tampoco lleva al caos, puesto que las leyes en el estado del que se segrega uno o varios grupos no tienen que ser alteradas. Se disminuye el potencial de conflicto y enfrentamiento y se elimina toda posibilidad de chantaje político en cualquier dirección. Que los segregados deben hacer uso responsable de su libertad es cierto, pero eso ya no es asunto del estado, sólo de quienes han optado por el camino de la secesión y perciben su decisión como una oportunidad y no como un problema. Además, existe un efecto extra sobre el estado que queda: aparece una (o varias) estructura nueva en competencia con la que había, obligándole a proporcionar a sus ciudadanos un entorno al menos tan favorable como el mejor de los entornos segregados si no quiere que sus contribuyentes abandonen su protección o decidan segregarse ellos también.

Bajo esta premisa la voluntad del estado para llevar a cabo las reformas necesarias crecería de manera significativa, aparecerían uno o varios grupos secesionados que no sólo podrían ser mejores al estado primigenio, sino que también se encontrarían en competencia unos con otros para tratar de encontrar mejores y más efectivas formas de convivencia. La secesión o la separación no son, pues, conceptos a los que temer o ante los que permanecer escéptico. Al contrario, son el mecanismo más sencillo (el más natural, el más humano) de que disponemos para enfrentarnos a un estado superdimensionado, incontrolable, corrupto, irreformable, manirroto e ineficiente. La secesión es la vía por la que se puede conseguir la paz social duradera mediante la actividad socioeconómica voluntaria.

Lo sé, los escépticos argumentarán que los millones de políticos, historiadores, filósofos, sociólogos, neurobiólogos dedicados en cuerpo y alma a trabajar por el "bien de la sociedad" no pueden estar equivocados. Pero eso es también parte de una creencia basada en la idea de que el progreso del colectivo humano se rige por los principios de la racionalidad. Creencia falsa, mil veces refutada por nuestra propia historia: la Historia de la Humanidad es una historia de fracasos y apredizaje, de fracasos y adaptación. En realidad nuestra historia, como la propia evolución, se fundamenta en la superación de todos nuestros fracasos, de todos nuestros planes frustrados, de las consecuencias de pasiones desatadas. No hay nadie que tenga un plan evolutivo. No hay un Dios que nos proteja de nosotros mismos. La evolución es ensayo y error. Podemos temer el futuro pero nadie puede preverlo ni planificarlo. Tampoco en el contexto puro de las consecuencias de los propios actos: estos provocan actos de terceros, cuyos efectos nos son desconocidos…, no planificables.

La socialización planificada de hoy en día viene marcada por la acción política cortoplacista, financiada con el fruto del trabajo futuro de otros (las famosas generaciones venideras pagarán las deudas), fundamentada en estructuras políticas que permiten que el verdadero coste social sea soportado por quienes no se pueden defender: justamente aquellos a los que se nos niega el derecho justo a la secesión.

De “Messi o Cristiano” y otros debates

Es uno de los grandes debates presentes en la sociedad española. Se habla de ello en los cafés, en las tertulias televisivas, en el lugar de trabajo… ¿Quién es el auténtico "Número Uno"? ¿Quién es el mejor futbolista del momento? Sin duda, estamos hablando de dos auténticas superestrellas, dos superdotados para el deporte rey, dos jugadores que están haciendo historia. 

Tanto los récords de Leo Messi como los de Cristiano Ronaldo marean. 300 goles uno, tres balones de oro otro, ligas, copas. Dos estilos diferentes pero imparables y superefectivos.

Y el debate está totalmente abierto. Unos dicen que, sin Iniesta y Xavi, la Pulga no sería lo mismo, otros dicen que sin el modelo "Mou" basado en CR7, el portugués tampoco sería lo que es…

Pero lo que es indudable es que es muy difícil ser imparcial en este debate. Los culés siempre valorarán más al genio argentino, los merengues al "crack" de las Azores. Y viendo las portadas del Marca y de El Sport veremos que la prensa deportiva, dependiendo de su mercado mayoritario, tiene clara la postura editorial…

Los colores tiran, y mucho. El alma forofa, tribal que todo español lleva dentro hace que tanto en Barcelona como en Madrid, así como en el resto de España, dividida en "antimadridistas" y "antibarcelonistas", el debate razonado, fundamentado y con un mínimo de objetividad se hace imposible. Pero en fin, "fúrbol es fúrbol", como lo definió perfectamente Vujadin Voskov.

Pero, curiosamente, hay otra gran cuestión en la sociedad española que es abordada desde esa misma mentalidad futbolera, tribal, en plan "los nuestros contra los otros", otra pregunta que se plantea en bares, en reuniones familiares, en cenas de amigos…

Me refiero al gran debate sobre de la corrupción política: el ¿quién "trinca" más? ¿El PP o el PSOE? Sin duda, y al igual que en el caso de lo que las superestrellas antes mencionadas hacen sobre el terreno de juego, estamos hablando de dos organizaciones que, cada una con su estilo, han llevado el arte del mangoneo de lo público a elevadísimas cotas, a niveles de auténticos "megacracks" del asalto al bolsillo del contribuyente, que hasta hace unos años considerábamos exclusivos de repúblicas bananeras, o centroasiáticas.

(Y permita el lector que en este debate de aquí no incluya a grandísimos jugadores como Falcao o el Kun, pero, al igual que CIU y sus cuentas suizas o lU y sus mariscadas, palidecen ante los dos grandes de sus campos respectivos…).

Así, el PP tiene a su Bárcenas repartiendo sobres, el PSOE a Pepiño pululando por las "gasolineiras", el PP "la Trama Gurtel", el PSOE a Amy Martín…

Está el amigo Camps en Valencia, el "clan" Chávez en Andalucía, el aeropuerto de Castellón (PP), el de Ciudad Real (PSOE), ERES fraudulentos, alcaldes imputados, velódromos en Palma de Mallorca… Las cifras también son mareantes y, debido a que prefiero evitarle arcadas al lector incluyendo una lista exhaustiva, recomiendo a aquellos con estómago que consulten, por ejemplo, WIKIPEDIA, Corrupción en España.

Sin duda, un observador imparcial podría hablar de un empate técnico, de un número 1 ex aequo. Pero, ¡ay, amigo!, estamos en España… y aquí, repito, los "colores" tiran.

Nota del Autor: Hablando de fútbol, soy de los San Francisco 49ers y si hablamos de política y democracia, también mi modelo está al otro lado del charco…